Texto: Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
19 de abril de 2022
Durante el 2021, diariamente desaparecieron 14 niñas, niños y adolescentes en México, de acuerdo con datos preliminares de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
La organización alertó que desde que se tienen registro, 82 mil 328 personas de entre 0 y 17 años de edad, han sido reportadas como desaparecidas; actualmente 1 de cada 5 continúan sin ser localizadas.
Si bien, hasta la fecha, el 80% de las víctimas han sido localizadas, REDIM lamenta que 710 fueron halladas sin vida.
“A partir del sexenio de Felipe Calderón se observa un gran aumento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Este aumento alcanza su pico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con 6,103 desapariciones”, alertó Tania Ramírez, directora de REDIM durante la presentación de los datos preliminares.
Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de los cuales 5,102 siguen sin ser localizados.
Edomex, Tamaulipas y Jalisco concentran desapariciones
De acuerdo con REDIM, 40% de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes se concentran en tres entidades: Estado de México, con 3,749 casos; Tamaulipas, con 1,704; y Jalisco, con 1,231.
La directora de REDIM consideró que, a diferencia de otros años, actualmente el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, por lo que destacó instrumentos como la Alerta Amber y el PABNNA (Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes), de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como el Protocolo Alba (para niñas y mujeres adolescentes), la Alerta migratoria y la Alerta amarilla de Interpol.
Mujeres y adolescentes, el rango más vulnerable
La Red por los Derechos de la Infancia sostiene que las mujeres, y el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años han sido más afectados en este fenómeno.
“Dos de cada tres casos de personas desaparecidas entre 0 y 17 años eran mujeres, 55 mil 873, de un universo de 82 mil 328 casos”, expuso Ramírez.
En tanto, los adolescentes de entre 12 y 17 años víctimas de desaparición son 12 mil 188 de 16 mil 378.
El gobierno reconoce “crisis forense”: sin censos ni bases de datos genéticas, hay 52 mil cuerpos sin identificar registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.
No obstante, desde ese año distintas organizaciones e instituciones han registrado otras cifras, como el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento, que reportó 39 mil cuerpos y el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, que registró solamente nueve mil 400 personas.
Pero la cifra que retomó el gobierno fue la del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que –a partir de solicitudes de información y trabajo de campo– levantó un registro donde contó más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
“Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las Fiscalías o Secretarías de Salud o Tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.
Además, destacó que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.
“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.
COActualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país, según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, citados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Desde 2019 el gobierno llevó a cabo un censo de los restos humanos y cuerpos sin identificar en México, a partir del cual se registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.
No obstante, desde ese año distintas organizaciones e instituciones han registrado otras cifras, como el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento, que reportó 39 mil y el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, que registró solamente nueve mil 400 personas.
Pero la cifra que retomó el gobierno fue la del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que –a partir de solicitudes de información y trabajo de campo– levantó un registro donde contó más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
“Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las Fiscalías o Secretarías de Salud o Tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.
Además, destacó que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.
“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.
Al exponer sobre lo que ha calificado como la “crisis forense”, Encinas destacó que el presupuesto asignado para la identificación de los cuerpos en 2022 – entre lo asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, como lo que se destina a los estados – suma más de 3 mil 400 millones de pesos, “una inversión única que busca enfrentar, frenar y revertir esta situación”.
Entre las acciones que se están llevando a cabo para combatir la “crisis forense” está la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, para desarrollar capacidades de identificación humana con muestras complejas.
“Es decir, queremos tener nuestro Innsbruk mexicano, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsubruk con una institución de otro país (…) ya iniciarán en estos días los primeros trabajos de identificación”, anunció el funcionario.
Creación del Centro Nacional de Identificación de cuerpos
Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, señaló que con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación se trabaja en la iniciativa para la creación Centro Nacional de Identificación Humana.
Indicó que, si la iniciativa pasa en el Poder Legislativo, las comisiones podrán hacer búsqueda de identificación humana a través del centro con enfoque masivo y que se dedicaría exclusivamente a personas desaparecidas.
Otra de las acciones que se prevén para la atención de la crisis forense, dijo, están acciones como que la Conferencia Nacional de secretarios de seguridad pública comparta información de bases de datos y tener un repositorio de esto.
Además, el fortalecimiento de los servicios periciales, impulsar una norma oficial mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.
“La dinámica de desaparición no respeta fronteras, no importa que una fiscalía o un estado resuelva un problema porque la desaparición no respeta la frontera del estado. Tenemos que atender de manera global”, dijo.
Señalan que nunca ha hecho trabajo con las víctimas
Texto: Beatriz García
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
18 de marzo del 2022
Chilpancingo
Familiares de desaparecidos y organismos de defensa de derechos humanos expusieron que la designación de la nueva representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Enedina Medrano Serrano, nunca ha tenido acercamiento con ellos, mucho menos ha hecho trabajo a favor de las víctimas.
“El secretario de Gobierno, Ludwig Marcia Reynoso Núñez, tomó protesta a Enedina Medrano Serrano como Encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sectorizada a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero”, se lee en un pie de foto donde está el secretario con Medrano Serrano, mientras le entrega su nombramiento. La fotografía fue publicada el miércoles en el Facebook oficial de la Secretaría General de Gobierno del estado.
Ante esta designación de la nueva funcionaria, que además es cercana al senador con licencia Félix Salgado Macedonio y papá de la gobernadora, Evelyn Salgado, la representante del Colectivo de
Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y a la representante del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, dijeron que no conocían a Medrano Serrano, pues siempre han pugnado que quienes estén a cargo de este tipo de organismos sean personas que hayan hecho trabajo con las víctimas.
Gema Antúnez comentó, de entrada, que junto con otros colectivos como el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el Centro Morelos, el Colectivo Siempre Vivos, Colectivo de Madres Igualtecas expusieron su preferencia de que quien estaba en ese momento como encargada de la CEAV, Lucia
Molina Catalán, fuera a quien designaran como la representante de ese organismo, porque la conocían y sabían de su interés por ayudar a las víctimas.
El 15 de marzo se cumplieron cinco meses de que la CEAV no tenía representante, solo estaba de encargada Molina Catalán.
Los integrantes de colectivos y organismos de derechos humanos, dijo la víctima, firmaron anteriormente un documento de respaldo a Molina Catalán.
“Estamos por reunirnos para saber qué estrategias, para ver qué podemos hacer para entrevistarnos con la licenciada Evelyn o con el ingeniero Félix porque se puede decir que ya no sabemos quién toma las decisiones, se ve raro porque parece que tenemos dos personas gobernantes”, manifestó la representante del colectivo.
Mientras que la directora del Centro Morelos, Rosales Sierra, quien acompaña a víctimas de desaparecidos y desplazados por la violencia, dijo que no conocían a la nueva representante de la CEAV.
En el caso de las víctimas que acompaña nunca se presentó con ellas, dijo.
La también abogada expuso que ni siquiera fueron tomados en cuenta quienes están al frente de organizaciones que acompañan a las víctimas para designar a quien representaría a la Comisión Ejecutiva, y se direccionara a sus necesidades, sobre todo que fuera una persona cercana a las víctimas.
El documento que comentó anteriormente Gema Antúnez, el que firmaron los colectivos en favor de Lucía Molina, fue entregado a diputados del Congreso local, para que los tomaran en cuenta.
Insistieron a los diputados que si no designaban a su propuesta les permitieran tener injerencia en la decisión que se tomara de quien representaría al organismo.
“Es gente de Félix Salgado Macedonio (Enedina Medrano) pero nadamás, no sabemos cuál es el plan de trabajo, si tiene o no tiene compromisos con la atención a las víctimas, porque lo que se necesita aquí es una persona que sea sensible, porque el tema de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio son temas muy dolorosos”, expresó.
Teodomira Rosales informó que recibió una llamada de la nueva representante de la CEAV y que supuestamente está citando a los representantes de colectivos a una reunión este viernes, para presentarse y dar a conocer su plan de trabajo.
Tanto Gema Antúnez como la abogada están en espera de saber el plan de trabajo o las actividades que Medrano Serrano desempeñará en esta gestión y que esté apegado a las víctimas. Además, saben que eso que esperan es lo mismo que espera el resto de colectivos y organismos defensores, porque en su momento, juntos, votaron porque Lucia Molina tomara el cargo de la Comisión Ejecutiva.
Los familiares de desaparecidos iniciaron la primera jornada de la búsqueda de sus seres queridos en vida, porque las estrategias ministeriales para su localización, incluso sus propias búsquedas, habían partido de la primicia de hallarlos muertos: en fosas clandestinas o en el listado de cuerpos sin identificar que tiene la Fiscalía General del Estado
Texto: Beatriz García Fotografía: 16 de marzo del 2022 Chilpancingo
Integrantes del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera iniciaron su primera búsqueda en vida de sus seres queridos en penales del estado, con el objetivo de que en tres días que durará esta jornada obtengan indicios de sus desaparecidos.
“Somos parte del Colectivo María Herrera y venimos a buscar un poquito de esperanza en ustedes. Si pueden reconocer a alguno de los familiares que están aquí en las fotografías y si nos pueden dan información, por si los han visto dentro del reclusorio o los privaron de la vida. Queremos encontrar a nuestro familiar para descansar en paz”, les dijo a reclusos del penal de Acapulco, Gema Antúnez Flores, representante del colectivo.
En nueve ocasiones los integrantes del colectivo han hecho búsquedas de sus familiares en fosas. Es la primera vez que el colectivo pide apoyo en lugares donde podrían haberlos visto vivos.
Hace dos años, la líder del colectivo María Herrera-Guerrero conformó esta agrupación junto a otras familias que enfrentan la desaparición de un hijo, esposo o hermano.
Gema Antúnez busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez desde hace 11 años.
Para que ella, compañeras y compañeros del colectivo consiguieran que las autoridades les autorizaran buscar a sus desaparecidos en vida tuvieron que pasar por una serie de trámites y finalmente este lunes comenzó esta búsqueda que culmina el próximo viernes.
Este miércoles la búsqueda inició en el penal de Acapulco. Los familiares se reunieron a las 6:30 de la mañana fuera del reclusorio. Duró cinco horas la actividad. Los integrantes del Colectivo estuvieron acompañados por representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda y de autoridades del penal, contó vía telefónica, Gema Antúnez, representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Los 12 familiares que participaron la actividad a su ingreso al penal portaron la fotografía de su ser querido desaparecido y así celda por celda preguntaron si de casualidad habían visto en algún momento a la persona retratada.
En el recorrido en el penal, los familiares, los resguardaron policías estatales del mismo penal.
Gema Antúnez compartió que para ella era muy importante que a sus compañeros del colectivo se le permitiera hacer esta búsqueda en penales, porque hace dos años, en una cárcel a ella le dieron datos de su hijo, los cuales no especificó para no entorpecer las investigaciones del caso en curso. La víctima espera obtener información de su hijo en esta búsqueda.
Los presos, dijo la representante, fueron amables con los familiares, pero no encontraron indicios de sus desaparecidos en este penal.
“No tuvimos ningún positivo pero fue muy agradable ver la colaboración que se brindó con esta diligencia que se realizó en búsqueda en vida”, compartió la familiar víctima.
Antúnez Flores insistió que esta búsqueda es una esperanza, porque sabe que muchos de los presos participaron en hechos delictivos, como en el caso de las desapariciones y que el argumento a los presos es que aunque están ahí por un delito que cometieron, dentro de su ser, seguramente, sienten el dolor de las familias, porque son seres humanos.
Este jueves la búsqueda está programada en el penal de Chilpancingo.
Para trasladar las recomendaciones internacionales en materia de personas desaparecidas en México es imprescindible “sedimentar las acciones de las instituciones gubernamentales en dos ejes principales”: 1) luchar contra la impunidad que impide la rendición de cuentas y obstruye la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno; y 2) aumentar los recursos económicos y humanos dentro de las áreas de búsqueda y prevención de este delito.
Así lo reconocieron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias a 10 años de la publicación del informe en la materia y frente los retos y vacíos gubernamentales que experimenta el país que, hasta hoy contabiliza 98 mil 947 personas desaparecidas.
Texto: Samantha Anaya / Zona Docs
Fotografía: Zona Docs
15 de marzo de 2022
A diez años del informe de misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el principal reto para el país es “la impunidad que ha prevalecido como un problema endémico” afirmó Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ONU-DH México.
En un espacio de conversación organizado conjuntamente entre la ONU-DH México y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Fernández agregó que el sufrimiento de las y los familiares que se articulan, apoyan y luchan juntas es muestra de las constantes violaciones a los derechos humanos en México: “No deberíamos ni tolerar una sola desaparición, mucho menos ahora que en todo México la cifra casi llega a 100 mil”, sentenció.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2006 (año en que el gobierno federal declaró la guerra contra los grupos del crimen organizado) al 14 de marzo de 2022, han sido desaparecidas 79 MIL 569, de las cuales 18 mil 983 son mujeres (23.86%) y 60 mil 319 son hombres (75.81%).
Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que frente a esta realidad “el Estado ha renunciado a sus responsabilidades de buscar a las personas desaparecidas, delegando está labor a las familias de las víctimas”.
Por su parte, Blanca Martínez, intégrate del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, mencionó que “la violencia sistémica que está impregnada en el ADN mexicano ha llevado a las madres a tomar acciones que, en primer lugar, no deben de hacer, pero, ya que la desaparición forzada en México es una realidad, ellas actúan y realizan lo que le corresponde al Estado, un Estado omiso y ausente que viola sus derechos humanos y los de sus seres queridos desaparecidos”.
La defensora de derechos humanos añadió que en México deben existir parámetros de búsqueda con una perspectiva de derechos, pues el solo aprobar leyes “no solo no sirve de nada, sino que al no haber un impacto profundo en el sistema que logré contener las desapariciones forzadas, todas y todos estamos condenados a desaparecer”.
“Ahora solo nos dedicamos a buscar”
Mónica Ramírez Alvarado, joven estudiante universitaria, fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004 mientras iba de camino al compus en el que tomaba sus clases. Estaba a poco tiempo de terminar su carrera profesional.
Su madre Adela Alvarado, quien también es integrante del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, compartió que no fue hasta que el grupo de trabajo de la ONU les dio asesorías a ella y otras familias que “yo supe qué hacer, porque antes sólo veíamos cómo desaparecían a nuestras hijas e hijos, pero no teníamos idea del por qué, y mucho menos de qué hacer para su pronta localización, los gobiernos solo nos decían que eran desapariciones aisladas y esporádicas”.
Con dolor y rabia, Adela recordó a su hija como una joven feliz a la que injusta y abruptamente le cortaron sus sueños y los de sus seres queridos y familiares: “no solo terminan con la vida y los sueños de una sola persona, porque detrás de la persona desaparecida habemos (sic) dos, tres, cuatro y muchas más personas que les amamos y extrañamos día con día” explicó.
“Nuestras vidas, como familiares, cambian completamente: ahora solo nos dedicamos a buscar, nos enfermamos por la tristeza, por la preocupación de no saber cómo se encuentra, de si le están haciendo algo, si está enferma; muchos compañeros y compañeras de búsqueda han muerto por la tristeza; yo no quiero morir sin saber qué pasó con mi hija. Ya son 17 años sin saber nada de ella”.
Pese a que la desaparición forzada ya es reconocida como un delito, Adela denunció que no hay disposición de las instituciones gubernamentales para articular procesos de búsqueda efectivos que detengan esta crisis humanitaria: “no se reconoce ni acepta la desaparición forzada en todos los estados, lo cual nos limita a las familias”.
Además de las claras violaciones a derechos humanos que cometen las autoridades mexicanas al no garantizar la seguridad de la población y, con ello, no realizar búsquedas efectivas que lleven a la pronta localización de las y los desaparecidos, Adela añadió que, prevalecen esquemas de violencia institucional y revictimización, más aún en los casos donde las mujeres, jóvenes y niñas son víctimas de este delito: “somos revictimizadas y más cuando la persona que está desaparecida es una mujer”, señaló.
Adela continúo diciendo que “el divorcio entre las instituciones de búsqueda y seguridad” ha generado que, en todo México, haya una tasa de impunidad de más del 90%. De tal manera que por cada mil personas desaparecidas sólo se generan únicamente 35 sentencias condenatorias.
Retos y recomendaciones
“El principal reto al hablar de desaparición forzada en México es que el Estado debe reconocer la magnitud y la gravedad de la crisis”, sentenció Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU. En ese sentido, agregó que, si bien, es importante el avance obtenido al aprobar leyes en materia de desaparición forzada “no es suficiente”.
“La crisis de desaparición que enfrenta México no es comparable con la de otros países”, manifestó.
Otro de los desafíos es la sostenibilidad, permanencia y continuidad de las estructuras conformadas por las leyes actuales en la materia. A esto se suma la deficiente articulación que existe entre las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalía del país, cuyo trabajo “no es ágil y tampoco eficaz” por la falta de coordinación y colaboración.
Asimismo, apuntaron que se requieren de fuerzas de seguridad interna con perspectiva de derechos humanos, ya que, hasta ahora, la militarización del Estado “sólo ha traído consigo que la cifra de personas desaparecidas crezca”. Recordaron que en 2018 (año en que Andrés López Obrador tomó posesión de la presidencia, e instauró la Guardia Nacional) han sido desaparecidas 34 mil 470 personas (8 mil 570 mujeres y 25 mil 690 hombres).
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció también que la crisis de desapariciones forzadas ha traído consigo otra crisis: la forense, una que hasta la fecha contabiliza 50 mil personas sin ser identificadas dentro de los servicios forenses del país. Atender esta nueva y dolorosa problemática, expresaron implicará al Estado mexicano la asignación de recursos humanos y económicos en esas áreas.
Finalmente, consideraron que la perspectiva humanitaria debe atravesar cada una de las acciones que se establezcan para localizar a las casi 100 mil personas desaparecidas en el país, siempre teniendo en el centro a las víctimas y sus familias:
“No se debe avanzar desde una mirada triunfalista, sino desde una idea que ayude a erradicar esta grave crisis de inseguridad y desesperación” concluyeron.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
12 de marzo de 2022
Chilpancingo
Familiares y víctimas de desaparición forzada de los años 70´s se reunieron con integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Exigieron a las autoridades justicia para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el periodo denominado Guerra Sucia, así como la presentación con vida de sus familiares.
En el encuentro, que se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, las víctimas expusieron sus casos particulares y sus expectativas sobre la Comisión.
Entre los asistentes estuvieron hijas, hijos, hermanas y esposas de personas desparecidas y torturadas, también algunos sobrevivientes de tortura y encarcelamiento.
Las víctimas contaron sus experiencias en la búsqueda de justicia y realizaron exigencias a las autoridades.
Nicolás Catarino Vásquez contó a la Comisión que él fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado por el Ejército Mexicano en 1970, tenía 18 años y estudiaba la preparatoria. A 50 años de esos hechos pidió tener acceso a una reparación del daño.
«Yo no me refiero a una reparación económica, me gustaría una reparación psicológica y saber que mis torturadores sean alcanzados por la justicia», comentó.
Trinidad Cuevas, quien militó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, lo que le costó la persecución del Ejército, contó que es desplazada de Jalisco. En la Guerra Sucia, los dos hijos de Trinidad fueron desaparecidos. No sabe nada hasta la fecha, exigió su presentación con vida.
Leticia Gutiérrez, hija de Lauro Gutiérrez Santana, arrestado por el Ejército en Atoyac de Álvarez por ser presunto militante del Partido de Los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas, también acudió a la reunión.
Fuentes cercanas a la familia les informaron que Gutiérrez Santana estaba arrestado en al Campo Militar número 1, donde posteriormente fue ejecutado.
Las víctimas denunciaron algunos problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de justicia, como la falta de protocolos en los servicios médicos forenses, lo que calificaron como una “crisis forense”. No les permiten un reconocimiento eficiente de los cadáveres, lo que dificulta el reconocimiento a los familiares.
Pidieron también tener acceso a una reparación del daño que no sólo sea económica, si no también psicológica, justicia para las víctimas y un castigo a los perpetradores.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados.
Pidieron a la Comisión valorar la creación de un museo para rendir un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Sucia.
Integrantes de la Comisión contestaron a los presentes que tomarán en cuenta sus testimonios y propuestas; además, prometieron que recabarán más información sobre las víctimas.
Abordarán el tema de los militares y propondrán otra Comisión de la verdad que abarque la década de 1990 para revisar casos como los de El Charco y Aguas Blancas.
En el foro estuvieron presentes integrantes de la Comisión de la Verdad, el Colectivo de esposas e hijos desaparecidos de la Guerra Sucia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Las víctimas dijeron tener esperanza en estos espacios y esperan que sus casos y testimonios no sean archivados como en sexenios anteriores.
Los integrantes de la Comisión se comprometieron a mantener un diálogo permanente con las víctimas y los resultados de la investigación serán presentados en un informe.
El 7 de octubre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Comisión, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para dicha finalidad.
El mecanismo tiene como referente a las comisiones que hubo en Uruguay, Argentina y Ghana. La mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de los movimientos contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales.
Cuando hablamos de quienes buscan a las personas desaparecidas pensamos solo en personas adultas, sin embargo, muchas niñas, niños y adolescentes hoy buscan a sus padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, amigas y un largo etcétera de seres queridos.
Al menos 97 mil personas han sido desaparecidas en México, según cifras oficiales. Cientos de personas, principalmente mujeres, emprendieron la tarea de localizarles. Tomaron varillas, picos, palas y cribas, para buscar entre la tierra, en un país repleto de fosas clandestinas. En medio de esta tragedia se habla poco de las miles de niñas, niños y adolescentes que buscan a sus seres queridos.
Históricamente siempre ha sido el mundo adulto el que reclama a los desaparecidos, y pocas veces ha habido la posibilidad de dar herramientas y de hacer escucha de niñas y niños que también buscan. El 15 de julio de 2021 se publicó el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual se señala que este grupo de la sociedad tiene el mismo derecho que las personas adultas a conocer de sus personas desaparecidas.
Este reportaje pone frente a la cámara a varias de esas niñas, niños y adolescentes
Familiares de personas desaparecidas en México, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas han demandado al Gobierno de México la asignación de recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para la operación de las funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Texto: Zona Docs
Fotografía: Consejo Nacional Ciudadano
15 de febrero de 2022
Reconociendo que el Consejo Nacional Ciudadano es un componente fundamental del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sus integrantes exigieron al Gobierno de México que cumpla con su obligación y asigne el presupuesto suficiente para que tanto las familias, como las organizaciones y personas expertas que lo conforman puedan llevar a cabo sus funciones como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Según advirtieron en un comunicado, desde la integración del Consejo Nacional Ciudadano en el año 2018, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación “ha incumplido deliberadamente” en asignar recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
Por lo tanto, denunciaron que frente a esta omisión, ni la primera generación del consejo (2018-2021), ni la segunda (2021-2024) han recibido hasta el día de hoy respuestas de la autoridad o voluntad política para que se haga cumplir este mandato de ley.
Expusieron que en múltiples ocasiones han intentado establecer comunicación con las autoridades encargadas, sin embargo, no ha existo una respuesta.
Una de estas solicitudes fue enviada al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas el 21 de abril de 2021, a través del oficio 2104/06. De acuerdo con las y los integrantes del consejo, esta comunicación pretendía, además de solicitar estos recursos, gestionar una reunión con el funcionario para tratar temas relacionados con el funcionamiento del consejo.
A la par, intentaron llamar la atención del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aunque obtuvieron el mismo resultado: ninguna respuesta.
Por ello, hicieron un llamado respetuoso pero firme al Gobierno Federal para que, a través de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación se cumpla con lo establecido en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para que el Consejo cuente con los insumos suficientes para el optimo desempeño de sus funciones.
Los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
Por tercer día consecutivo, peritos de las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) realizaron la búsqueda de los huesitos de la niña Ayelín que fue hallada mutilada en octubre del 2020 pero que en esa ocasión todos sus restos no fueron recuperados.
Esta vez, los peritos y la mamá de Ayelín, Flora Marcelo Rojas, recorrieron la vereda donde fue la última vez que caminó la niña y que se presume en esa zona fue privada de su libertad por sus victimarios.
Esto fue en la colonia La Candelaria, en una de las zonas más empobrecidas de Tixtla.
Desde este lunes, peritos forenses acompañados por perros que son adiestrados para localizar a personas fallecidas y la mamá de Ayelín, recorrieron la zona para hallar los 89 huesitos de la niña de 13 años que quedaron en ese lugar.
A los peritos de la Fiscalía de Guerrero que en octubre del 2020, después de la desaparición de Ayelín, no pudieron recuperar los 89 huesitos de la niña.
La niña desapareció el 15 de octubre del 2020 y después de cuatro días de búsqueda por parte de peritos de la Fiscalía del Estado fue hallada mutilada pero no fueron recogidos todos sus restos.
Doña Flora Marcelo Rojas quien después de que su hija fue sepultada se desplazó de su comunidad por haber recibido amenazas realizó protestas en la Ciudad de México para exigir castigo a los responsables y la localización de los demás restos de su niña.
Se informó en esa ocasión que el 15 de octubre la niña recibió una llamada telefónica de su madre quien le dijo que la esperaría en su negocio de material de reciclaje ubicado en la colonia Santa Cruz que estaba ubicado a un costado de la carretera federal Tixtla-Chilapa.
La niña se dirigió caminando por una vereda de la barranca de la Candelaria para reunirse en el sitio donde la esperaba su mamá pero nunca llegó.
Ese mismo día 15 de octubre, doña Flora Marcelo acompañada por sus familiares y vecinos realizaron la búsqueda de Ayelín.
Fue hasta el 19 de octubre cuando peritos de la Fiscalía del estado localizaron mutilada a la niña.
En estos dos días de búsqueda de los demás restos de la niña, fueron hallados varios huesitos pero que se podrá determinar si pertenecen a Ayelín después de que se realicen los estudios de ADN.
Por el homicidio de la menor de 13 años, desde el 25 de octubre del 2020 hay cuatro hombres bajo proceso judicial.
Doña Flora Marcelo, señala que debido a la pandemia por el Covid-19, el proceso judicial en contra de los presuntos responsables del asesinato de su hija, va muy lento.
Mañana jueves a las diez de la mañana, se realizará una protesta en las calles de Tixtla para exigir castigo a los responsables del asesinato de la niña.
Exigiendo en la Fiscalía investigaciones, recorriendo cerros y veredas para buscar a sus seres queridos, así se encuentran las mujeres buscadoras en Guerrero: en Chilpancingo, Acapulco, Tlapa, Iguala y otros lugares madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos fundaron sus propios colectivos y gritan justicia
Texto: Beatriz García
Fotografia: Oscar Guerrero y Angie García
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
En los últimos 11 años Gema Antúnez Flores ha sido aprendiz y maestra. Ha aprendido a buscar a su hijo junto a otras familias de víctimas de desaparición forzada, pero también ha enseñado la ruta que ella tuvo que trazar ante la poca o nula ayuda que recibe de las autoridades para realizar investigaciones y búsquedas en fosas clandestinas, sobre todo.
De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), hasta el 26 de noviembre del año pasado, estaban registradas oficialmente 95 mil 121 personas desaparecidas en el país, a estas se suman los que los familiares no denuncian, muchas veces por temor.
México también vive una grave crisis con más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
La desaparición en Guerrero está a la orden del día, en la prensa local y en las redes sociales se leen las denuncias de familiares, hijas, hijos, esposos o esposas que desaparecieron.
La omisión de las autoridades es constante ante estos hechos de desaparición. Los familiares de desaparecidos decidieron unirse, crear colectivos para reunir fuerza y salir a las calles a marchar, bloquear avenidas, hacer huelgas de hambre y presionar a las autoridades. Deciden hacer sus propias investigaciones, búsquedas en campo, aprenden a identificar lugares donde posiblemente haya algún cadáver enterrado.
Estas luchas burocráticas, recorriendo cerros y veredas las encabezan, principalmente mujeres: madres, esposas, hijas, sobrinas o compañeras de las y los desaparecidos.
En Guerrero hay colectivos de familiares de desaparecidos en diferentes partes del estado: el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del País Guadalupe Narciso, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de la Montaña baja, el Colectivo Madres Igualtecas, Los Otros Desaparecidos de Iguala, Colectivo Luciérnaga de Tlapa, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
En la región centro el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el País, era liderado por Guadalupe Rodríguez Narciso –que actualmente lleva su nombre-, antes de que el 28 de agosto del año pasado muriera víctima de la Covid-19, sin encontrar a su hijo desaparecido en junio del 2014, Josué Molina.
Doña Lupita, como le nombraban de cariño fue un ícono y referente de la lucha y exigencia por sus desaparecidos en Guerrero, así la recuerda Gema Antúnez, que como ella dice, gracias a sus enseñanzas ahora también lidera otro colectivo, Familiares en Búsqueda María Herrera, e Ivón Álvarez Gil, integrante del ahora Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y el país Guadalupe Rodríguez Narciso.
La unión hace la fuerza: Gema Antúnez
El calvario de Gema Antúnez inició por la desaparición de su hijo, el próximo 27 de febrero cumple 12 años sin saber de él, Juan Sebastián García Antúnez. Gema no tiene ni el menor indicio de su paradero, porque ninguna autoridad le ha informado nada. Los chispazos de información que tiene los ha obtenido por sí sola, pero sin una versión verídica que indique su paradero.
A 12 años de la desaparición de Juan Sebastián García, que en ese entonces tenía 22 años, Gema Antúnez no camina sola, camina con familias de 69 desaparecidos que conforman el colectivo en Guerrero llamado María Herrera.
Juan Sebastián estaba feliz porque su negocio de hamburguesas, ubicado en la plaza comercial de la colonia Universal en Chilpancingo, tenía éxito. Recientemente acababa de abrir otro negocio por el bulevar. Estos eran sustento de él, su hijo de dos años y de su pareja.
Eran las 10 de la noche, recuerda Gema Antúnez, cuando a Juan Sebastián se le acabaron algunos insumos y fue a su casa a traerlos para continuar con la preparación de sus hamburguesas. Se fue del puesto junto a un menor de 14 años que le ayudaba en el negocio.
A un costado del río Huacapa, esquina con calle 18 de marzo, hombres armados lo interceptaron, lo golpearon y se lo llevaron, el niño que fue testigo y que después contó a la mujer, logró huir porque se aventó al cauce del río.
Gema Antúnez es madre soltera de Juan Sebastián y de otros dos hijos, se puso al frente para buscarlo, porque su nuera decidió irse con su bebé, no quiso saber más de la situación. Gema llora al recordar que desde ese entonces no sabe de su nieto, lo único que le quedó de su hijo.
La mujer interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pero le refutaron que su hijo seguramente estaba de fiesta, aunque sus hijos no toman, no fuman, no van a fiestas. Se sintió sola, sin apoyo. Acudió al penal de la capital, a los hospitales, al Servicio Médico Forense (Semefo), pero no encontró nada.
Luego pidió apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tampoco.
En este tiempo ha estado en tres colectivos, pero desistió de dos porque no le gustó la forma de trabajo, en ese tiempo conoció a Guadalupe Narciso, con quienes formaron en el 2016 el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados del Estado y el país.
Entonces las y los integrantes del colectivo protestaron, hicieron huelgas de hambre, pese a la diabetes de Gema Antúnez y de la propia Guadalupe Rodríguez.
La última huelga de hambre la hizo Gema Antúnez con sus compañeras y compañeros en la Ciudad de México. Durante 15 días lograron que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) les recibieran carpetas de investigación que se efectuaron en el estado para que se investigaran sus casos desde la federación.
En marzo del 2020, Gema Antúnez conformó el Colectivo María Herrera, pero no dejó de coordinarse con el colectivo de Guadalupe Narciso.
La organización ha sido importante para las familias que tienen un desaparecido, mencionó, porque allí depositan su fe y esperanza, hay empatía, se acompañan, confían en que hallarán a sus hijos, además de gestionar apoyo para las madres e hijos que se quedaron sin el sustento principal en casa.
Ivón Álvarez Gil y el legado de Lupita Narciso
Ivón Álvarez Gil es otra muestra de fortaleza para seguir en pie y en colectivo para buscar a su hermano Juan Álvarez Gil, que desapareció el 5 de julio del 2013 en Chilpancingo. Ellos son familiares de Guadalupe Rodríguez, quien les dejó grandes enseñanzas, compartió en entrevista.
Ivón coincidió con Gema Antúnez en la importancia de caminar en colectivo para unir fuerza y exigir a las autoridades ser escuchados, además de liderar las búsquedas de sus desaparecidos ante la inacción de las autoridades.
Juan Álvarez era policía ministerial y guardaespaldas y ese 5 de julio le dijo a su hermana que iría a un compromiso a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, que regresaría a comer a las cinco de la tarde.
Supo que su hermano llegó a la casa de un conocido, donde había una fiesta, luego se ofreció a ir a comprar bebida, pese a que él no tomaba alcohol. Llegó al Oxxo en el Parador del Marqués y ahí hombres armados se lo llevaron. Es el recuento de hechos que investigó por su propia cuenta Ivón.
Cinco días después Juan la llamó, pero lo único que le dijo fue que tenía problemas, no dijo más. A su teléfono celular entraban las llamadas pero no respondía, después el celular ya estaba apagado. Dos semanas después hallaron su vehículo y desde ese entonces Ivón busca a su hermano, además de interponer la denuncia formal, pero no hay avances en la investigación.
Guadalupe Rodríguez la invitó a ser parte de su Colectivo y desde ese momento Ivón registró cada uno de los hallazgos de las cerca de 10 búsquedas que hicieron en campo y en fosas, lideradas por su organización, hallaron más de 200 cadáveres y restos óseos. Tres de ellos ya fueron entregados a sus familiares, compartió.
“Somos hermanos del pinche dolor que tenemos. Es un pinche coraje que tenemos, cada quien trae su pinche dolor contra el gobierno que nos está mintiendo. Debemos unirnos”, soltó entre llanto la mujer.
Ivón Álvarez ha sido amenazada para dejar de buscar a su hermano, pero en lugar de debilitarse se siente con más fortaleza para seguir y no dejar de buscar, una promesa que además le hizo a su madre, quien murió hace dos años si conocer el paradero de su hijo.
La hermana de Juan tampoco desiste a pesar de la diabetes que padece, es como si ella se autoimpusiera que no tiene el permiso de descansar, porque debe hallar a su hermano.
Enseñanza, lealtad y empatía entre hermanos del mismo dolor
Gema Antúnez tiene clara su misión al acompañar a decenas de familias que así como ella, buscan a sus desaparecidos, alzar la voz juntos y exigir a las autoridades respuestas de sus seres queridos y crear precedente de lo que se vive en el país.
“Desde el momento que nos desaparecen a un ser querido nuestra vida cambia totalmente, es como si nos dejaran huecas. Pueden suplir a un hermano, a un esposo, pero un hijo es como si te dejaran vacía”, replicó.
—¿En estos dos años qué ha ganado el colectivo María Herrera?
— No recursos económicos pero sí un prestigio de trabajo, de lealtad y no necesitan ser parte de María Herrera para yo brindar un apoyo. Hay compañeras que tiene colectivos en otras ciudades, por ejemplo
Iguala, Chilapa, Zitlala, Acapulco, donde existe la coordinación
Hace dos años que surgió el colectivo logró con sus compañeros seis búsquedas en campo —la última del martes al viernes pasado— en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, Comisión Estatal de Búsqueda y peritos de la FGE.
En ocasiones, como en la última búsqueda que hicieron, no encuentran cadáveres o restos óseos, pero sí indicios de que ahí retuvieron a personas, sus objetos como credenciales, carteras, bolsas de mujer, zapatos, ropa.
En estos dos años han encontrado ocho cuerpos, dos incompletos y seis completos. Y de todos, la fiscalía, no ha entregado ninguna identificación genética, con la justificación de que no cuentan con dinero para hacer las confrontas.
Gema Antúnez no se rinde aun con su fractura de columna porque en una búsqueda cayó a una barranca. Desea que sus compañeras aprendan, por si un día falta sepan qué camino seguir para no quedarse calladas. Su motivo: Juan Sebastián. Gema mantiene la esperanza de encontrarlo.
Eloy Cisneros opina que se inhibe la lucha social ante el cerco policiaco de la caseta de Palo Blanco, mientras que Tlachinollan y padres de los 43 lamentaron que el Estado en lugar de darles respuestas reprima al movimiento
Texto: Jesús Guerrero y José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero y Amílcar Juárez
05 de febrero del 2022
Chilpancingo
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa condenaron el cerco policiaco impuesto por la Guardia Nacional y la policía del estado sobre la Autopista del Sol, que dejó un saldo de varios estudiantes y policías heridos.
Mediante un comunicado, respaldado también por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el objeto de manifestarse fue para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes y denunciar la falta de avances en las investigaciones; sin embargo, en respuesta, más de 800 policías los encapsularon coartando su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Los padres de familian narraron que ayer, durante la confrontación con los elementos de seguridad, “los estudiantes optaron por retirarse a su escuela, pero un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses, razón por cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran, pero fueron rechazados violentamente con gases lacrimógenas que lanzó la Policía Estatal”.
En el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, hay cinco estudiantes que fueron detenidos y luego liberados, y dos más heridos que recibieron atención médica en un hospital de Tixtla.
En la opinión del movimiento, era totalmente innecesario emprender acciones de encapsulamiento y choque contra los estudiantes dado que estos ya se retiraban a su escuela evitando entrar en confrontación con las fuerzas policiales, pero en una acción injustificada e innecesaria.
“La Policía del Estado inició acciones de hostilidad y represión contra los jóvenes lo que implica un uso desproporcionado de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos”, ponderaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Respaldados por Tlachinollan, que también exigió al gobierno de Salgado Pineda alto a la represión, las madres y padres consideraron que: «se privilegia el uso de la fuerza del estado contra los que se movilizan por verdad y justicia, pero se deja que los grupos de la delincuencia organizada ejerzan un autogobierno e impongan sus reglas en varios territorios del estado de Guerrero, donde nada hace para contener el saldo de violencia y muerte que dejan a su paso”.
Condena luchador social acciones policiacas contra Ayotzinapa
El luchador social Eloy Cisneros Guillén se pronunció contra las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de permitir que la Guardia Nacional y la Policía Estatal impidan que madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa se manifiesten en las casetas de cobro de la Autopista del Sol.
“Yo difiero de las acciones que realiza la Policía Estatal y el ejército disfrazado de Guardia Nacional en las casetas de cobro, ya que inhiben la lucha social, que lo único que quieren es saber de sus familiares”, comentó después de presentar su libro “Rimas y calaveritas”, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
Estas declaraciones las da después que Salgado Pineda dijo en un acto público que los cercos policiacos instalados en las casetas son para impedir actos de vandalismo.
Cisneros Guillen presentó su libro de poesía titulado Rimas y Calaveritas donde narra la persecución que sufrió de parte del Estado mexicano en la década de los setenta.
En el evento estuvo presente la secretaria de la cultura, Aida Martínez Rebolledo, quien dijo ir en representación de Salgado Pineda e hizo referencia al contenido del libro, dijo que las historias de persecución que se narran ya no se repetirán, “Quiero decirles que este no es un gobierno represor, ahora ponderamos la justicia social”, mencionó.
Mientras Martínez Rebolledo dirigió sus palabras al público que asistió a la presentación del libro, en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol normalistas de Ayotzinapa se confrontaron con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.
Cisneros Guillen defendió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y dijo que la lucha que ellos emprenden todos los días por saber de sus familiares es una lucha justa y sentida por miles de personas.
Dijo comprender el sentimiento de tener un amigo y familiar desaparecido, ya que él vivió en carne propia la desaparición.
“En mi caso estuve desaparecido nueve días los cuales fueron una tortura generalizada para mi familia, ¿Qué será de los padres de los 43 que tienen más de siete años sin saber de sus hijos?, ellos viven una tortura psicológica”.
Hizo un llamado a las autoridades estatales a no usar las fuerzas policiacas ni militares para reprimir la lucha social y recomendó usar siempre el diálogo antes de usar la fuerza pública.
“La gente no hace plantones, bloquea calles, ni toma casetas por gusto, lo hacen porque tienen un problema, yo propondría abrir espacios para que la gente se exprese”, dijo.
El luchador social, Eloy Cisneros Guillén, durante la presentación de su libro Rimas y Calaveritas, en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo. Foto: Amílcar Juárez
Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
30 de enero del 2022
Chilpancingo
Familiares de tres jóvenes desaparecidos desde el 24 pasado en el municipio de Tlacoapa protestaron en la Agencia del Ministerio Público de Tlapa, para exigir su búsqueda y presentación con vida.
Los hermanos y madres de Galileo y Leonel Bruno Morán, así como de Erwin Sánchez Sánchez, dijeron que la última vez que supieron de ellos tuvieron una plática con el alcalde panista de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez después de las siete y media de la noche del lunes 24 de enero.
“A las ocho de la noche sus teléfonos celulares dejaron de sonar”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.
Los tres jóvenes fueron contratados por el alcalde Amado Basurto Gálvez para que realizaran una obra de rastreo de un camino.
Para realizar los trabajos rentaron una retroexcavadora, un camión de volteo y otra camioneta.
“No sólo ellos desaparecieron sino también los vehículos y la retroexcavadora. Eso no nos interesa lo que queremos es de que ellos regresen con vida”, dijo Martha Morán Arellano, madre de Galileo y Leonel Bruno Morán.
En la protesta también estuvieron Citlali Cárdenas Martínez, esposa de Galileo y Anel Bruno, hermana de Leonel y Galileo.
Los familiares de los tres jóvenes desaparecidos exigieron al alcalde de Tlacoapa que dé la cara y que los presente con vida.
“Este sábado nos dijo el alcalde que nos daría información y es la hora que estamos esperando porque él debe saber dónde están ya que la desaparición de mis hijos ocurrió en su municipio”, lamentó Martha Morán.
Los tres jóvenes que se dedican a obras para la construcción son originarios de Malinaltepec, municipio vecino de Tlacoapa, en la región de la Montaña alta.
Los familiares anunciaron que se van a trasladar a Tlacoapa para realizar protestas y exigir la búsqueda y presentación con vida de los jóvenes.
“Vamos a bloquear la carretera de Tlacoapa para presionar al alcalde y nos digan a dónde están nuestros familiares”, dijo la esposa de uno de los desaparecidos.
A su vez, el ayuntamiento de Malinaltepec publicó en las redes sociales un cartel en donde le pide a la población informes sobre el paradero de los tres jóvenes quienes fueron vistos por última vez el lunes 24 en Tlacoapa.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas y puso en marcha un operativo de búsqueda.
La dependencia explicó que de acuerdo con la información que tienen, los tres muchachos iniciaron un contrato de trabajo para trabajar en Tlacoapa a partir del 19 de enero.
“Pero el día 24 de enero del presente año, se disponían a regresar y ya no llegaron y fue la última vez que se les vio en el municipio”, dice la Fiscalía.
Desaparece Comisario de Tlapa
Dirigentes del Frente Popular de la Montaña (FPM) denunciaron ante la Fiscalía Regional de Tlapa la desaparición del comisario de la comunidad de Zacualpan, Germán Portillo Velasco.
De acuerdo a la denuncia que se interpuso ante al MPF, el comisario fue hace cuatro días al campo a cuidar a sus animales, pero ya no regresó a su casa.
Dijeron que gente del pueblo ya organizó brigadas de búsqueda, pero hasta el momento no lo han localizado.
