Aureliana Aguilar Mosso es originaria de El Epazote, municipio de Chilapa, tiene 59 años y 30 de éstos lleva empleándose en lavar ropa a mano. Durante la pandemia por la Covid-19, se quedó sin empleo junto a muchas de sus compañeras.
Aureliana es una de las 800 integrantes de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, tras dos años de pandemia decidieron emprender para generar recursos económicos.
La Red de Mujeres Empleadas del Hogar, con sede en Chilpancingo, busca el respeto de los derechos laborales de estas 800 mujeres, pero también que los conozcan para evitar que sufran la explotación laboral.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, hay 60,000 trabajadoras del hogar.
Desde hace siete años, Aureliana forma parte de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Una vez llegaron a Chilapa y le explicaron sus derechos para que no permitiera la explotación laboral.
A Aureliana le gustó la idea de organizarse con otras mujeres para buscar su bienestar. La red llegó en un momento oportuno: cuando más le estresaba su trabajo.
“Gracias a las compañeras que me invitaron, antes no platicaba con nadie, estaba estresada y aquí gracias a las compañeras que me invitaron, salgo”, manifestó.
Ahora, Aureliana trata de mantenerse activa en la red asistiendo a talleres y reuniones en Chilpancingo.
Aureliana perdió su empleo durante la pandemia. En estos meses, como muchas de su compañera, experimentó como se negaban a contratarlas cuando se enteraban que tenía un contagio de coronavirus, como cuando su hija se enfermó.
“Mi hija se me enfermó, ella trabaja en Iguala en un Tribunal, dice que le agarró el Covid, se vino a la casa, ni modo que le dijera que no, es mi hija. Sí nos afectó, si se dan cuenta que te dio la enfermedad no te dan el trabajo piensan que tú también tienes Covid, yo me quedaba callada, no decía nada”, explica la trabajadora.
Ante la pandemia, Aureliana y sus compañeras idearon emprender, para buscar cómo generar ingresos económicos y fue que buscaron apoyos económicos mediante convocatorias y así producir lo que saben hacer: pasta de mole, comida, postres, dulces, bordados. La producción la iniciaron el pasado 19 de marzo.
En el caso de Aureliana produjo pasta de mole, porque lo sabe hacer. Hizo equipo para producir mole con dos de sus compañeras, también de Chilapa: Olivia Bello Aguilar y Casilda Juárez Sánchez.
Las tres trabajadoras se han distribuido en su comunidad, en el trabajo de la hija de Aureliana en Iguala, con sus mismas compañeras. Las tres están motivadas para continuar emprendiendo y poco poco volver a reactivar su economía y su empleo en el lavado de ropa.
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Desde hace 30 años, Aureliana se dedica a lavar ropa a mano, con eso junto con su esposo mantuvo a sus ocho hijos.
Empezó a lavar ropa por invitación de una amiga, que al mudarse le dejó a su cargo las lavadas de ropa de las clientas que ya tenía. Aurelina aceptó.
“Ahí empecé a sobresalir con mis hijos, los mantuve con la lavada, les di estudios como pude porque la licenciatura ya no, eso ya es otro dinero, nomás le di secundaria y prepa. Ahorita gracias a Dios entre mis hijos los más grandes apoyaron a los demás, son dos los que se prepararon”, cuenta.
En Chilapa, Aureliana asiste a lavaderos públicos, donde por 2 pesos lava el tiempo que desee y utiliza el agua que necesita.
Ella pone en costales la ropa que tiene que lavar y se traslada a los lavaderos públicos, ubicados en el barrio de San Antonio.
Al inicio, Aureliana lavó hasta 12 docenas de ropa al día. Poco a poco la conocieron más personas porque todos los días la veían cargando los bultos con ropa e identificaban que a eso se dedicaba y la contrataban.
Ahora que los hijos de Aureliana crecieron y ya no dependen de ella, no abandona su trabajo, aunque lava menos, unas siete docenas diarias.
Al principio lavaba en las casas de quienes la contrataban pero no le gustó, porque los lavaderos eran pequeños y eso le complicaba más el trabajo.
Todavía recuerda a cuánto cobraba la docena de ropa al principio: 8 pesos; actualmente a 45 pesos.
“Cada año le vamos subiendo, porque decimos que entre más sube y más suben de precio las cosas no nos alcanza, a luchas algunos sí van pagado”, dijo.
—¿A raíz de este trabajo que implica fuerza usted padece alguna enfermedad?
—Hasta ahorita gracias a Dios no, pero sí ya me empieza a doler mi riñón, pero no he ido al médico. Me dolían las rodillas pero como me estoy tomando un tecito se me quita, además ya no lavo igual.
Las empleadas del hogar no cuentan con prestaciones de ley, mucho menos, con seguro social, solo perciben el pago, como el caso de Aureliana, por el lavado de la ropa.
Apoyo insuficiente: la red
La coordinadora de Proyectos en la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Petra Hermillo Martínez expuso que la iniciativa de emprender surgió porque las trabajadoras del hogar fueron despedidas de sus trabajos y a otras más les dijeron que después les llamaban, pero desde hace dos años no les llaman.
Las trabajadoras han ido a sus antiguos empleos pero les dicen que no hay trabajo y es por ello que comenzaron a trabajar en la propuesta para autoemplearse.
“Es como empezamos a trabajar una propuesta, una idea, una convocatoria que sacó la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH). Nos aceptaron”, expresó.
El pasado 8 de marzo recibieron el dinero, a los equipos, de tres o cuatro integrantes, les tocó de entre 7,000 a 10,000 pesos para comenzar su negocio.
Petra Hermillo destacó que las mujeres sí necesitan más apoyo ante las consecuencias que viven por la pandemia y así puedan generar sus propios recursos económicos, la mayoría de las 800 de sus compañeras perdieron su empleo y pocas han regresado.
La representante destacó las carencias de las trabajadoras del hogar, principalmente el de no contar con seguridad social, además de la lucha constante de que el pago que perciban sea proporcional al trabajo que hacen.
El 12 de diciembre del 2012, entró en vigor del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Trabajadoras del Hogar, que determina que los funcionarios de todos los niveles sin pretexto deben intervenir y hacer valer los derechos que desde hace décadas pelean las trabajadoras: seguridad social, salario digno, respeto y cero discriminación.
Petra Hermillo lamentó que la pandemia haya impidio accionar este convenio y exigir para que las autoridades lo cumplan, sin embargo, dice, ya es momento de retomarlo así como su lucha para hacer valer sus derechos como trabajadoras del hogar.
Afirmaciones falsas sobre las vacunas fueron las más recurrentes durante la pandemia en los países de la región, han dominado la escena de la desinformación desde octubre 2020.
Texto: Aos Fatos / Animal Político
Fotografía:
23 de marzo de 2022
Chilpancingo
“Un enfermero voluntario muestra cómo quedó después de tomar la primera dosis de la vacuna china”, anunciaba un post de Facebook en julio de 2020. Difundido en Brasil, el mensaje iba acompañado de una foto de un hombre con la cara hinchada y los ojos cerrados. La imagen, sin embargo, no tenía ninguna relación con CoronaVac, una vacuna desarrollada por China que, en ese momento, se estaba probando en Brasil. Mostraba la reacción alérgica de un estudiante a la mantequilla de maní en Estados Unidos en 2016.
Mensajes engañosos como este inundaron las redes sociales en estos dos años de pandemia. En general, estos mensajes niegan la evidencia científica, contradicen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ponen en riesgo la salud de la población. Una alianza entre Aos Fatos y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en la colaboración periodística transfronteriza Mentiras Contagiosas, que reúne a 10 medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, trazó el rastro de estos discursos desinformativos sobre el COVID-19 en América Latina, una región gravemente afectada por el virus, e identificó que las vacunas eran los principales objetivos de las falsas acusaciones.
Para este estudio, Aos Fatos investigó el contenido de 3 mil 406 chequeos sobre temas relacionados con la pandemia producidos por los medios de 14 países latinoamericanos que integran la Coronavirus Facts Alliance, de la que Aos Fatos y El Sabueso de Animal Político forman parte. Los informes analizados se publicaron entre enero de 2020, cuando el COVID-19 era todavía una enfermedad poco conocida, y febrero de 2022, mes en el que la enfermedad ya había cobrado casi 6 millones de vidas en todo el mundo.
Aos Fatos recopiló todas las verificaciones de información o chequeos publicados por los medios de comunicación latinoamericanos incluidos en la base de datos de la Coronavirus Facts Alliance, un consorcio de prensa organizado por el IFCN (International Fact-Checking Network) que reúne verificaciones sobre el coronavirus producidas por 99 medios de comunicación de más de 80 países.
En el caso de los países con información desactualizada, Aos Fatos incluyó chequeos publicados en los sitios web de los medios después de la última inclusión en la base de datos de la Coronavirus Facts Alliance. El número de verificaciones por país refleja variables como el número de medios especializados en verificación que participan en el consorcio y el volumen de publicaciones de cada una de ellas.
A continuación, se analizaron los chequeos individualmente y se clasificaron por categorías: no se tuvieron en cuenta las verificaciones de declaraciones, ni las desinformaciones repetidas y desmentidas por más de un medio en el mismo país.
Los países que forman parte del proyecto son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela.
Información infectada
El tema más frecuente, con un total de mil 103 chequeos (32% del total analizado) publicados en la región, fue el de la vacunación. También se refutaron en gran número mensajes engañosos sobre medicamentos y curas (572 chequeos, 17%), así como falsedades sobre medidas de protección (519 chequeos, 15%).
Al igual que los conocimientos científicos sobre la enfermedad, las cifras muestran que también la desinformación ha evolucionado a lo largo de la pandemia. En América Latina, oleadas de aseveraciones falsas han acompañado las diferentes fases de la crisis sanitaria. En marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia por el nuevo coronavirus, la mayoría de las publicaciones engañosas pusieron en duda la eficacia de las medidas preventivas, como el uso de mascarillas y el aislamiento.
Desde abril, con la escalada de casos y muertes en todo el mundo, las promesas de fármacos sin beneficio probado contra el COVID-19 ganaron las redes. El tema siguió predominando en los chequeos hasta septiembre de 2020.
A partir de octubre, cuando las vacunas aún se estaban probando en humanos, la desinformación sobre estas tomó la delantera. Siguió siendo el tema más frecuente de los mensajes engañosos durante los siguientes 15 meses, hasta diciembre de 2021.
Falsos efectos adversos
El miedo fue la principal estrategia utilizada por los desinformadores para desalentar el uso de vacunas. Los mensajes engañosos sobre efectos adversos duraderos e incluso mortales fueron los más comunes entre los chequeos que hicieron los medios sobre las vacunas (416 chequeos, 38%).
Noticias falsas sobre convulsiones, desmayos, problemas cardiacos y muertes súbitas llegaron a las redes sociales ya en abril de 2020, mes en el que comenzaron las pruebas de vacunas en humanos, y el ritmo de estas publicaciones aumentó en 2021.
En la mayoría de los casos, las presuntas víctimas eran anónimas. Grupos de Telegram en Bolivia, por ejemplo, difundieron en octubre del año pasado que unos pilotos estadounidenses habían muerto en pleno vuelo como consecuencia de la vacuna. “Los pilotos de las principales compañías aéreas tienen buenas razones para resistirse a los mandatos de vacunación. Sus compañeros pilotos que han tomado la controvertida vacuna COVID-19 han caído muertos en vuelos nacionales e internacionales”, decía el mensaje, que fue detectado por Bolivia Verifica.
Sin embargo, todas las compañías aéreas mencionadas en la publicación han negado que haya habido víctimas mortales relacionadas con vacunas entre sus empleados. Diferentes versiones de esta afirmación engañosa han circulado también en Costa Rica, México y Brasil.
También hubo artículos desinformativos que se aprovecharon de personalidades conocidas, como atletas, celebridades y políticos, para imputar falsas reacciones adversas a las vacunas. Cuando el futbolista danés Christian Eriksen se desmayó en el campo durante un partido de la Eurocopa en junio de 2021, en Brasil y Bolivia se difundió la información errónea de que había tomado la vacuna Pfizer días antes del problema. Sin embargo, el atleta aún no había sido vacunado contra el COVID-19.
Las teorías conspirativas relacionadas con las vacunas fueron la segunda estrategia más común de la desinformación sobre el tema en América Latina (243 chequeos, 22%). Estos mensajes cruzaron fronteras y se reprodujeron en varios países.
La tesis de que las vacunas causan daños irreversibles en el ADN humano, por ejemplo, surgió en América Latina en marzo de 2020. En ese momento, un post publicado en Facebook en Colombia afirmaba que “una nueva generación de vacunas genéticas inyectará genes sintéticos que modificarán la estructura del ADN de nuestro cuerpo, con consecuencias imprevisibles a largo plazo”. Esto es falso, ya que la vacuna no interactúa con el núcleo de las células humanas.
En los seis meses siguientes, la falsa tesis llegó también a Argentina, Brasil, Costa Rica y México. Con el inicio de las campañas de vacunación en todo el mundo, esta desinformación ganó aún más fuerza: durante el último año, circularon cadenas en apps de mensajería, publicaciones en redes sociales y videos con el mismo rumor en Bolivia, Cuba, Guatemala y Ecuador.
Otras teorías conspirativas que se extendieron por la región decían que las vacunas contenían células de fetos abortados (desmentido en nueve países) y que se convertirían en “imanes humanos” (desmentido en cinco países).
Aunque circularon por casi todos los países incluidos en la investigación, la desinformación sobre la vacuna se concentró en ciertas naciones latinoamericanas. La mayor proporción de publicaciones chequeadas se encuentra en Bolivia, donde el 49.3% de todo lo que fue desmentido se refiere a vacunas, seguido de Venezuela (38.5%) y Costa Rica (33.1%).
Remedios y curas engañosas
Si en Brasil “el tratamiento anticipado salva vidas”, como repetía la desinformación sobre curas y medicamentos, en Bolivia “el dióxido de cloro cura el COVID-19”, y en Colombia “el té de jengibre, limón y cebolla neutraliza el nuevo coronavirus”. Recomendaciones como estas resultaron ser falsas, pero estuvieron presentes en 572 piezas engañosas que circularon en redes sociales en América Latina durante la pandemia.
Estas afirmaciones comenzaron a difundirse en redes poco después del descubrimiento del COVID-19. En febrero de 2020, una cadena de WhatsApp lanzada en Brasil recomendaba el consumo de un gramo de vitamina C y zinc efervescente. “Esta es una de las formas de mejorar nuestra inmunidad y estar preparados en la lucha contra una eventual infección por coronavirus”, concluía el mensaje. Sin embargo, no es cierto que tomar estos suplementos ayude a combatir la enfermedad.
A pesar de estar presentes en toda la región, falsas aseveraciones sobre medicamentos y curas fueron particularmente intensas en tres países: el 66% de todas las verificaciones realizadas en América Latina sobre el tema se concentró en Brasil, Colombia y Bolivia. Las particularidades locales llevaron a potenciar sustancias diferentes en cada una de ellas.
En Brasil, la hidroxicloroquina y la ivermectina fueron las principales sustancias mencionadas, en 99 y 69 contenidos engañosos, respectivamente. El llamado “tratamiento anticipado” tiene como uno de sus principales propagadores al presidente Jair Bolsonaro (PL), que no se vacunó contra el COVID-19 y que dijo haberse sometido al tratamiento cuando estaba enfermo.
Bolsonaro ha recomendado estas drogas en redes sociales y en pronunciamientos emitidos en televisión nacional. Según el contador de declaraciones del presidente de Aos Fatos, ha habido al menos 375 declaraciones falsas o distorsionadas sobre dichas drogas en los últimos meses.
Incluso en marzo de 2020, publicaciones en Facebook distorsionaron los hechos al anunciar que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) había liberado el uso de la cloroquina para el tratamiento del COVID-19, según detectó Aos Fatos. En realidad, el permiso para la administración del fármaco procedía del Ministerio de Sanidad y estaba restringido únicamente a los pacientes hospitalizados en estado grave.
En ese momento, los estudios sobre la eficacia del fármaco aún se consideraban poco concluyentes. En la actualidad, varias investigaciones atestiguan que la hidroxicloroquina, un medicamento autorizado para tratar la malaria, la artritis y el lupus, no sirve para contener el COVID-19. Tampoco hay pruebas de que la ivermectina sea eficaz contra la enfermedad.
En Colombia, el liderazgo se lo llevó la recomendación de remedios naturales, con 22 chequeos. La gente recomendaba procedimientos como la inhalación de hierbas y el consumo de tés para promover falsos tratamientos para el COVID-19.
Una publicación que se hizo viral en junio de 2020 aconsejaba nebulizar hojas de eucalipto y manzanilla y beber té de jengibre, canela, miel y limón para personas con síntomas. “Estos consejos pueden salvar tu vida”, aseguraba el mensaje. Estas sustancias pueden aliviar los síntomas de la enfermedad, pero no hay pruebas científicas de que funcionen para combatir el virus.
En Bolivia, la atención se la llevó el dióxido de cloro, un producto químico corrosivo utilizado como blanqueador y desinfectante que durante años se ha propagado como la cura para múltiples enfermedades, incluido el autismo. La solución tóxica apareció en 22 chequeos de los medios, en los que los desinformadores atribuyeron a su uso el descenso del número de casos y muertes causadas por el virus en el país.
La desinformación sobre los tratamientos ha tenido otros episodios peculiares en la región. Las sugerencias de consumir agua de mar, pastillas de Halls e incluso cannabis circularon acompañadas de falsas promesas de que estas evitan el virus o lo curan.
Intercambio de información errónea
Algunas teorías engañosas cruzaron fronteras, como los rumores desaconsejando el uso de mascarillas, que inundaron las plataformas de cada país cuando las autoridades sanitarias empezaron a recomendar la protección. Incluso antes de que la OMS recomendara la medida en junio de 2020 ya circulaba información errónea sobre el tema en la región.
Cadenas de WhatsApp compartidas en Ecuador a finales de abril de 2020 decían que “el uso prolongado de máscaras provoca hipoxia (una condición de escasez de oxígeno)” y sugerían que la gente rechazara la protección facial. Tres semanas después, la desinformación también había llegado a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Venezuela.
Por el camino, falsedades sobre los supuestos daños a la salud causados por las máscaras cambiaron e incorporaron nuevos elementos. En México, una imagen afirmaba que estas podían disminuir la inmunidad natural al reducir la producción de oxígeno y aumentar la de cortisol (hormona del estrés), lo cual es falso ya que no hay ningún estudio que avale esta teoría.
En Brasil y Ecuador, las publicaciones han relacionado los equipos de protección con el desarrollo o el empeoramiento de los casos de cáncer, basándose en falsas conclusiones de los estudios. Al contrario de lo que difunden los posts desinformativos, las mascarillas son seguras y capaces de reducir el contagio, porque crean una barrera a la dispersión y entrada de partículas respiratorias contaminadas.
En al menos cuatro países (Argentina, Colombia, Costa Rica y México), la desinformación sobre el uso de mascarillas fue amplificada por el movimiento “Médicos por la Verdad”. Formado por profesionales de la salud, el grupo negacionista tiene representantes en Europa y en 12 países de América Latina y se hizo popular durante la pandemia al difundir argumentos fraudulentos sobre tratamientos y vacunas.
Bill Gates
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha sido una de las figuras más mencionadas por los desinformadores en América Latina. El multimillonario apareció en al menos 53 publicaciones falsas relacionados con COVID-19 en 11 países de la región.
En un principio, Gates estuvo vinculado a sospechas infundadas sobre el origen del virus. Circuló en Brasil y Argentina, por ejemplo, que habría registrado la patente del virus en 2014 y que predijo la pandemia de COVID-19 en 2019. También se han difundido falsas narrativas similares en México y Venezuela.
A medida que avanzaban los ensayos clínicos de las vacunas, Gates y su fundación filantrópica, famosa por su inversión mundial en sanidad, también sirvieron para crear información errónea. En mayo de 2020, circuló una cadena en redes sociales brasileñas y colombianas en la que se afirmaba que el empresario estaría financiando la creación de una vacuna contra el COVID-19 capaz de controlar a los inmunizados a través de la tecnología de telefonía 5G y los microchips.
Posteriormente, comenzó a circular la teoría de la conspiración de que el multimillonario pretendía reducir la población mundial con las vacunas. “Bill Gates reconoce que miles de personas morirán con la vacuna COVID-19”, decía el pie de foto de un post colombiano que sacaba de contexto una frase del empresario. El rumor llegó a Brasil cuatro meses después. Otra información errónea que circuló en Bolivia, Brasil y Colombia distorsionó la declaración de Gates sobre la reducción de la mortalidad infantil a través de las vacunas.
Otro ejemplo es un video en el que el empresario explica cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, que fue editado en México para que pareciera que dijo que “la vacuna experimental cambiará nuestro ADN para siempre”. En realidad, Gates se refería al código genético del virus, no a las personas.
“Cifras” sobredimensionadas
En la mitad de los países latinoamericanos incluidos en la encuesta circularon fotos y videos de ataúdes vacíos, camas de hospital desocupadas, certificados de defunción falsos y actores que se hacían pasar por muertos. Estas publicaciones engañosas sugerían que las cifras de muertes y casos de COVID-19 se estaban inflando en la región e incluso que la pandemia era en realidad un fraude.
Un video grabado en mayo de 2020 por un parlamentario brasileño circuló fuera de contexto en Bolivia. “Segundo hospital vacío en Brasil descubierto por un diputado. El gran engaño de los enfermos y muertos de COVID-19 desenmascarado. ¿Cuántos países de Sudamérica se están dejando engañar por esto?”, decía el post falso, que en realidad mostraba estructuras inacabadas de un hospital de campaña. También circularon por Brasil imágenes de supuestos hospitales vacíos en São Paulo, Manaus, Fortaleza y Porto Alegre.
En abril de 2021, los desinformadores bolivianos importaron otra pieza de desinformación brasileña: una imagen de ataúdes vacíos desenterrados en medio del brote de COVID-19 en el país. De hecho, la foto había sido tomada en 2017 durante una investigación sobre fraude en seguros de vida.
Los argentinos difundieron un video realizado en Bolivia en el que una persona levanta el brazo dentro de un ataúd alegando que se trata de un “falso muerto” de COVID-19. La grabación se realizó durante un ejercicio protocolario de recogida de cadáveres en la vía pública en Bolivia.
También se dio el caso contrario, de mensajes que transitaban entre países y que exageraban las estadísticas, con imágenes de muertos amontonados en las calles y clínicas abarrotadas. En Colombia y Argentina se compartió una foto de decenas de cuerpos con ropa blanca apilados como si fueran víctimas de la pandemia. En realidad, se trataba de una tragedia ocurrida en 2015 en Arabia Saudí durante la peregrinación anual a La Meca.
En Ecuador, se desmintieron publicaciones que inflaban las muertes por COVID-19. “Se retiran 90 cadáveres por día de las calles de Quito”, decían los mensajes en mayo de 2020. Aunque la situación de la pandemia en el país era grave en ese momento, entre abril y mayo de ese año se recogieron 15 muertos con sospecha de COVID-19 en la capital ecuatoriana.
Desde el primer contagio hasta este 22 de marzo en la entidad suman 98,164 habitantes que se contagiaron del virus SAR-CoV-2
Texto: Beatriz García
Fotografía: Oscar Guerrero
23 de marzo del 2022
Chilpancingo
Las escuelas, las calles y avenidas, las tiendas comerciales, los negocios locales, el transporte público, las plazas y zócalos en la capital cada vez van dejando atrás la pandemia de la Covid-19, aunque los contagios siguen. La reactivación de los lugares cada día es más notorio con el movimiento y aforo en ellos, a dos años de que se declarara la cuarentena por los contagios masivos de coronavirus.
La pandemia ha vivido diferentes etapas desde el primer contagio que se registró en Guerrero el 14 de marzo del 2020, y luego el 20 de marzo de ese mismo año que las autoridades educativas declararan la suspensión de actividades para evitar aforos y por consecuencia contagios, como en el caso de las escuelas, el comercio, trabajos de oficina, suspensión de fiestas, actividades en playas.
El pasado 14 de marzo se cumplieron dos años de la pandemia por la Covid-19 en Guerrero. De acuerdo al registro que han hecho diario las autoridades de la Secretaría de Salud del estado sobre la evolución del coronavirus, desde el primer contagio hasta este 22 de marzo en la entidad suman 98 mil 164 habitantes que se contagiaron del virus SAR-CoV-2.
En el mismo registro y durante el mismo lapso de tiempo las autoridades de Salud registraron 6,700 defunciones, además realizaron 221,424 estudios para detectar el virus y se recuperaron 84,098 pacientes.
Actualmente, en Guerrero, hay 92 casos activos, y estos casos están principalmente en Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa, Ometepec, Taxco de Alarcón, Atoyac, Buenavista de Cuellar, Coyuca de Benítez y Cuajinicuilapa. En las últimas 24 horas se registraron dos contagios del virus y ninguna defunción.
Las escuelas en la capital son un sector que desde el 28 de febrero al 1 de marzo hubo una reactivación masiva y hasta el 15 de marzo, en el último registro que dieron a conocer las autoridades educativas, indicaron que en Guerrero reactivaron clases 5,500 escuelas, de las cerca de 12,000 que hay en
Guerrero, todas siguiendo las medidas sanitarias, como el portar cubrebocas.
En la capital, por ejemplo, es notorio el regreso a clases, tan sólo en la avenida Juan Ruiz de Alarcón, donde se ubica la primaria Anáhuac y el plantel particular Centro de Estudios Chilpancingo (CECH) desde las 7:30 de la mañana hay tráfico vehicular, que ya no era visto, por la entrada del alumnado a los planteles, quienes hacen una fila antes de ingresar a sus aulas, porque los docente les toman la temperatura y los desinfectan.
La misma escena se repite en la primaria Morelos –una de las escuelas más grandes de la capital, que se ubica en la calle Antonia Nava de Catalán, quien también reinició clases a inicios del mes. Esta escuela, durante los dos años de la pandemia, autoridades de la escuela hicieron modificaciones al edificio, como el de crear un pasillo donde pudieran ingresar vehículos y que pudieran salir a un costado, además de los lavabos que se instalaron.
Durante estos dos años también hubo queja de profesores de los planteles sobre todo en zonas rurales donde señalaron que aunque se anunció desde la administración pasada, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, que se les asignarían insumos de higiene a las escuelas no fue así. Los insumos los han costeado desde las escuelas o con apoyo de los padres de familia.
Otro sector que denota la evolución de la pandemia y que hay pobladores que ya han retirado por completo las medidas sanitarias es en el transporte público, donde el aforo es el mismo de siempre, es decir, los choferes aceptan hasta llevar de pie a los pasajeros cuando los asientos están llenos, se constató en un recorrido.
Además los transportistas ya no toman en cuenta si los pasajeros portan o no cubrebocas, de cualquier forma les permiten abordar, además tampoco en las Urvan de servicio público ya no proporcional gel antibacterial. Estas medidas las implementaron, aun visibles el año pasado, por los operativos que implementaba la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad de la capital, quienes verificaban que los pasajeros llevaran cubrebocas, de lo contrario multarían al chofer por permitirles el ingreso así, además debían de tener en su vehículo un bote de gel antibacterial.
En los mercados tampoco hay operativos para verificar los aforos y el uso del cubrebocas, como en el caso del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, al contrario, la práctica común de los comerciantes de pregonar su venta la hace sin cubrirse la boca, y que de acuerdo las autoridades de Salud esta práctica permite la expulsión de gotas de saliva que son las que contagian. Otra práctica común es que los comerciantes ofrecen fruta de su venta a los compradores, para verificar que está buena, pero sin haberlas lavado previamente.
En el zócalo de la ciudad también la vida volvió, con los show de payasos que hay todas las noches y que reúnen a decenas de familias. Presentación de danzas de tlacololeros, tianguis y bazares en la explanada, festivales, noches culturales que reúnen a cientos de personas, y muchas de ella no portan cubrebocas.
En los locales comerciales pocas veces hay tapetes con desinfectante para el calzado y gel antibacterial para el comprador, e incluso los comerciantes no usan cubrebocas, esto en el primer cuadro de la ciudad.
Así es como poco a poco la nueva normalidad cobra más vida en las calles de la capital, donde además continúa la aplicación de vacunas contra el SAR-CoV-2, de primera y segunda dosis, también las de refuerzo. La vacunación de este martes las autoridades encargadas la concentraron en una sola sede de vacunación de las dos que se habían dispuesto, lo que ocasionó que se terminaran las dosis y hubiera quejas entre los asistentes que estaban formados desde dos horas antes o más.
A dos años de la pandemia por la Covid-19 el panorama es este y expertos, como la doctora en Ciencias y catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Berenice Illades Aguiar, declaró anteriormente a Amapola. Periodismo, no significa que la pandemia esté terminando, pueden haber nuevas olas de contagios con consecuencias graves.
La Secretaría del Bienestar informó que este miércoles la vacunación a personas rezagadas sólo se realizará en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH)
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
15 de febrero del 2022
Chilpancingo
La delegación estatal del Bienestar dio a conocer que en los centros de vacunación para la primera dosis a rezagados de la vacuna contra la Covid-19 en la capital hubo poca afluencia de personas.
«Tenemos muy poca afluencia para la aplicación de la primera dosis a rezagos en los dos puntos de Chilpancingo, en el Tecnológico y en las canchas deportivas de la colonia del PRI», escribió en sus redes sociales la dependencia.
También en otros municipios como Acapulco, Tecpan y Atoyac se observó poca afluencia de la gente para que le aplicaran la dosis.
«A mí me tocaba la primera vacuna en julio o agosto del 2021, pero no me vacuné porque estaba enferma y además tampoco tenía mis documentos en regla», comentó una joven de más de 20 años de edad que acudió a la cancha deportiva del PRI para que la inmunizaran.
«Apenas han venido unas 500 personas y la verdad ha venido muy poca gente», dijo un trabajador del Bienestar que se encargaba de recibir la documentación para la gente que iba a recibir su primera dosis.
El inicio de la vacunación empezó a las nueve de la mañana y a las dos de la tarde había poca gente haciendo fila.
Un señor de 40 años que se identificó como Efrén Carbajal y que estaba haciendo fila para recibir su primera dosis compartió que a él también se le pasó la vacuna porque se enfermó de Covid-19. «Además de que me enfermé cuando me tocaba hace un año, también andaba trabajando duro», dijo
Reconoció que él como otras personas de su colonia no creía que el Covid-19 existía pero que cuando se infentó tuvo otra opinión.»Cuando me enfermé de coronavirus no me vi grave, y afortunadamente la libré y aquí estamos», comentó.
Efrén Carbajal y otras seis personas hicieron fila para entrar a la cancha deportiva de la colonia del PRI para que le inyectaran la primera dosis.
Aquí en Chilpancingo se está inmunizando a la gente con la vacuna china Sinovac que es de procedencia china.
También en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH) se vio poca gente haciendo fila para recibir su primera dosis de la vacuna.
Durante enero, cuando a los adultos mayores se les aplicó la dosis de refuerzo, las filas llegaron hasta de dos kilómetros. Igual cuando apenas hace dos semanas se inmunizó a las personas de 50 a 59 años de edad.
A finales de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que entre los estados con mayor rezago de aplicación de la vacuna anti Covid-19 están Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
informó que en estas cuatro entidades la población vacunada alcanza un 70 por ciento, mientras que otras entidades, como la Ciudad de México, rebasan un 90 por ciento.
Iván Hernández Díaz, delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, quien este martes a través de las redes sociales hizo un llamado a la gente para que acuda a vacunarse, estableció algunos puntos de por qué Guerrero no figura entre las entidades con mayor población vacunada: la gente no quiere vacunarse, el tema cultural y la lejanía de los puntos de vacunación por la difícil situación orográfica.
La Secretaría del Bienestar informó que este miércoles 16 la vacunación a personas rezagadas sólo se realizará en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH).
En tanto que en las canchas deportivas de la colonia del PRI se atenderá únicamente a niñas y niños con comorbilidades que aún no han recibido la segunda dosis.
También en este mismo sitio se les aplicará la primera y segunda dosis a los adolescentes de 15 a 17 años de edad.
La incertidumbre social al iniciar el confinamiento en Jalisco fue visible para los empleados formales, comercios, escuelas e industria. Pero el impacto poco retratado fue en la población migrante estacionada en Guadalajara, ciudad a la que llegan en espera de obtener el visado humanitario.
Migrantes ya establecidos en sus propios hogares y con empleo temporal, tuvieron que volver a los albergues para personas en tránsito porque fueron los primeros despedidos.
Paralelamente a este fenómeno, aunque se establecieron restricciones para viajes, a Guadalajara llegaron deportados extranjeros y retornados mexicanos, en vuelos comerciales desde Estados Unidos de Norteamérica, como medida “de prevención”, según el país vecino.
En este episodio relatamos lo que significa la COVID-19 para quienes están en tránsito, cómo los albergues en Guadalajara se desbordaron y cómo un solo sacerdote scalabrini auxilió a deportados a miles de kilómetros de su país de origen o ciudad de nacimiento.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Reportería y foto: Rocío Salas Arreola, Susana Rodríguez Y Juan Carlos Salcido
Producción / Diseño sonoro: Jade Ramírez Y Perimetral.Press
Música original: Fabián Machuca
Al interior del Estado de Jalisco, México, en las ciudades medianas de alrededor de 172 mil habitantes, si existe la prosperidad económica es por la creación de campus de la Universidad de Guadalajara, pues los corredores industriales solo promueven la mano de obra barata.
A través de la educación pública se descentralizan servicios educativos a nivel bachillerato, licenciaturas y posgrados a tres o seis horas de la capital, Guadalajara, por lo que la movilidad académica se aproxima a un derecho más que un privilegio.
Jóvenes de pueblos o comunidades indígenas acceden a esa educación y ello genera un entramado de comercios que, paralizada la universidad por la pandemia, tuvieron que cerrar hasta extinguirse.
En este episodio relatamos cómo pequeños y medianos comercios, alrededor de los campus en Lagos de Moreno y Ocotlán, batallaron hasta la quiebra, pues no fueron rescatados por el Gobierno de Jalisco; también te contamos qué debió promover la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, más allá de solicitar un crédito por 1 mil 200 millones de pesos que sólo benefició a las cúpulas empresariales.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
El histórico rezago educativo en México se volvió un botón de muestra para hablar de inequidad y falta de acceso a la educación en condiciones dignas.
Al haberse cerrado los campus universitarios de la Universidad de Guadalajara en regiones al interior del Estado de Jalisco, estudiantes dejaron las licenciaturas en ciudades donde emigraron a adquirir competencias académicas, libertad, vivencias para el mundo laboral y un futuro que no los sometiera al autoempleo.
Pero la pandemia los hizo volver a comunidades pequeñas de donde salieron, aceptar empleos agrícolas y claudicar en la única oportunidad de romper la cadena de desventaja y pobreza. Brincar de la migración planeada, a la forzada.
En este episodio, además, te contamos la doble complejidad en alumnas indígenas y las primeras evidencias de la depresión masiva entre el alumnado a nivel licenciatura que llegó a ideas suicidas en la ciudad de Guadalajara.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Antes de la llegada de la COVID-19, la comunidad migrante en EU ya enfrentaba otra pandemia, una para la que no hay vacunas: la desigualdad. Entonces a la tragedia se le sumó la incertidumbre y a la marginación, el luto. Hace años, cuando Vicente, Guadalupe y Rosa cruzaron al norte en busca de una vida mejor, jamás pensaron en que su vulnerabilidad como migrantes les pondría tan cerca de la muerte
–Mi hermano ya llevaba años allá en Estados Unidos, cerca de 12 o 13 -cuenta Germán López Cruz desde el estado de Puebla-, todo estaba bien, él nunca dejó de llamar, estaba trabajando, siempre apoyó a mis papás económicamente, hablaba muy seguido, pero de hace un año o año y medio para acá, cambió todo.
Hace año y medio Vicente López Cruz, dedicado a la construcción, originario de Zacatlán, un municipio en la sierra norte de Puebla, perdió la vida en un hospital de Manhattan. A su muerte, le siguió su desaparición: su familia localizó sus restos hasta un año después, en una fosa común que los servicios de sanidad locales utilizaban para arrojar los cuerpos no identificados durante la pandemia.
Antes de la tragedia, conocidos de Vicente le contaron a su hermano Germán que él tenía un problema de salud debido a un accidente en el que se había golpeado la cabeza. Su familia no lo sabe bien, pero quizás por eso, a finales de marzo del 2020, se desmayó en la calle y Martín, otro de sus hermanos que también vivía en EU, lo llevó de emergencia al hospital.
A Vicente lo ingresaron al hospital Mount Sinai, ubicado en Queens, Nueva York, el 28 de marzo del 2020. Y esa fue la última vez que su hermano lo vio con vida.
–Perdimos comunicación con él -recuerda Germán.
Quisieron visitarlo en cuanto lo internaron, sin embargo, el personal médico les impedía el acceso argumentando las restricciones sanitarias por la pandemia. Tampoco les proporcionaban alguna información sobre su estado de salud. Y, poco después, el hospital ya no tenía reporte alguno del ingreso de Vicente.
“No hay ningún Vicente aquí”, le decían a su familia.
Entonces Martín emprendió su búsqueda, mientras su familia en Zacatlán hacía lo que podía para intentar dar con él a la distancia.
Martín recorrió las calles de Nueva York, sus hospitales, centros psiquiátricos, morgues y demás lugares donde pudiera existir la posibilidad de encontrarlo. No dejaba de recordar aquella tarde cuando lo acompañó en la ambulancia y lo vio ingresar en aquel hospital donde, de la nada, ya no sabían nada de él.
El tiempo pasaba y Vicente no aparecía. Ni desde Zacatlán, ni en Nueva York, sus amigos y familiares lograron obtener información. Incluso Germán viajó a Puebla para buscar ayuda del gobierno estatal, pero tampoco ahí le dieron apoyo.
“Los consulados están rebasados porque ni tienen el personal, no cuentan con el equipamiento, a veces las personas al frente de ellos no son sensibles con los problemas de las comunidades y además no tienen recursos económicos (…), ni la voluntad política para atender esta situación”, dice Arturo Villaseñor, coordinador de Puente Ciudadano en Puebla, una organización que atiende población en contexto de movilidad.
Martín seguía la búsqueda de su hermano hasta llevarse a sí mismo al límite. Sin trabajo, terminó con sus ahorros al grado de quedarse sin casa debido a que no pudo pagar la renta. A veces dejaba de comer y, cuando la vergüenza no le ganaba, se quedaba a dormir en casa de algún amigo. Desgastado y sin ánimos, luego de seis meses regresó a Zacatlán sin éxito.
Seguían sin saber de Vicente.
Hallazgo y retorno
Un año después, cuando Germán y sus hermanos estaban planeando viajar a los Estados Unidos para continuar la búsqueda, un amigo suyo les compartió una foto que había salido en una página de desaparecidos en Nueva York: era Vicente.
–Desafortunadamente sí era él; es como nos enteramos que ya había fallecido -lamenta Germán.
En más de una ocasión revisaron los registros del sistema forense en Nueva York y no encontraron información alguna de Vicente. Fue hasta que apareció su nombre en aquella publicación de personas desaparecidas, cuando por fin se mostraron también sus datos.
–Increíblemente en el papel, en el reporte, dice que venía del hospital Mount Sinai de Manhattan; sí tenía los datos, no sé por qué un año buscándolo y no nos dijeron nada -reprocha Germán.
A Vicente lo trasladaron del hospital Mount Sinai de Queens al Mount Sinai de Manhattan, donde, según el informe, finalmente falleció el 31 de marzo del 2020, por un derrame tras una lesión en la cabeza. Su cuerpo fue enviado a la morgue y finalmente a la fosa común en la isla Hart, destinada a las víctimas de coronavirus, aunque él no había muerto por eso.
–Algunos migrantes nos cuentan que muchos paisanos cayeron en la fosa común –advierte Arturo Villaseñor. Y dado que la estadística de muertes abarca solamente a cierta población, la que sí pudo ser contada e identificada, hubo personas que quedaron fuera de los registros y por ende sin identificar en estas fosas, ya que no tenían una familia que reclamara sus cuerpos, y ni siquiera un nombre tras su muerte.
Incluso, en su momento, Martín sí fue a solicitar información al hospital donde su hermano murió en Manhattan, sin embargo ahí también le dijeron que no existía registro alguno de Vicente.
–Nosotros no nos explicamos por qué, si salió de ese hospital, si sí tenían el nombre y el registro de todo, ¿por qué cuando hablamos nosotros o por qué cuando se buscó no nos dijeron que sí salía de ahí? Desde el primer día nos hubiéramos ahorrado toda esa búsqueda, toda esa preocupación -lamenta Germán.
Villaseñor explica que cuando fallece una persona migrante en EU se complica su localización por la falta de documentos de identidad oficiales, lo cual impide a su familia saber dónde y cómo está.
Repatriación de Vicente
Fue la familia de Vicente la que, mediante la adquisición de una deuda, asumió todos los gastos funerarios y de repatriación de sus restos. “Lo incineraron y lo trasladaron aquí a México”, cuenta Germán, pues a pesar de que la situación económica era difícil, no encontraron apoyos de ningún tipo. La funeraria cobró entre 7 y 8 mil dólares, y ni los gobiernos de México, del estado de Puebla o de Nueva York aportaron.
La repatriación de cuerpos ha sido en incertidumbre, es un proceso muy largo y costoso, que afectó a las familias en México, sobre todo en lo económico pero también en lo emocional.
Ángelo Cabrera, líder comunitario migrante en el Bronx, investigador en temas de movilidad y fundador de la organización Masa, recuerda casos de familias a las que les llegaron a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por gastos funerarios, y no recibieron ningún apoyo de parte de las autoridades.
En el caso de Vicente, la repatriación fue lenta: sus cenizas llegaron a su natal Zacatlán tras haber transcurrido cuatro meses, sumándose así a otros casos de Puebla en los que se vivió un proceso largo y complejo.
–Era inaudito pedirle a alguien que hiciera todo ese proceso (de repatriación) cuando está lidiando con el dolor de la pérdida de un familiar -sentencia Cabrera.
Además, al momento de que la familia de Vicente analizó la posibilidad de buscar una indemnización por parte del hospital Mount Sinai, un abogado desde Nueva York les explicó que los hospitales, en tiempos de pandemia, estaban protegidos por el gobierno y por ende, deslindados de toda responsabilidad por las personas fallecidas.
Desempleo, crisis e incertidumbre: Guadalupe
Intubado y con escasos signos vitales, el esposo de Guadalupe, Eriberto Zurita, se despidió de ella a través de una videollamada desde el hospital donde estaba internado, el 6 de mayo del 2020, justo antes de morir a causa de un paro cardiaco resultado del desgaste que le ocasionó el coronavirus.
A su muerte, a ella le aguardaban más problemas: lidiar con los gastos funerarios, el cuidado de sus tres hijos, las deudas y el desempleo.
–Se enfermó, lo internaron por 20 días; de ahí, como tres días antes de que él falleciera le metieron el tubo, me avisaron que, lamentablemente, le había dado un paro -narra Guadalupe Ángel Benítez, originaria de San Felipe Ayutla, una comunidad en Izúcar de Matamoros, municipio ubicado en la entrada de la mixteca poblana.
–Cuando empezaron a llegar los contagios, empezó la tragedia -recuerda Luis Gallegos, especialista en estudios migratorios, que llegó a Nueva York para trabajar con las comunidades migrantes en marzo del 2020, cuando se cerró el tránsito de personas. –Entró el pánico muy acelerado dentro de la comunidad, pero empezó más cuando los contagios estaban mucho más fuertes y la gente empezó a morir.
La primera muerte por COVID-19 en la urbe se registró el 14 de marzo, pero el punto alto se alcanzó el 19 de abril, registrando mil 221 decesos. Hasta abril del 2021, el gobierno de Puebla había reportado la muerte de 660 poblanas y poblanos en EU a causa de COVID-19.
El esposo de Guadalupe era originario de Tepeacatzingo, Puebla, ubicado al suroeste del estado, en el municipio de San Juan Epatlán, caracterizado por la pobreza y vulnerabilidad en la que vive el 75 por ciento de sus habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Eriberto enfermó a mediados de abril y tras no responder a los medicamentos, tuvieron que internarlo de emergencia. Y a pesar de que no estaban permitidas las visitas familiares debido a las restricciones sanitarias, cuando la situación se tornó más grave, permitieron que Guadalupe, sus hijas e hijo, de uno en uno, pasaran a verlo.
En el hospital les dijeron que buscarían “limpiarle los pulmones”, pero con la advertencia de que tal vez no sería suficiente.
Cuando su estado de salud pasó de grave a crítico, el hospital permitió que su hija e hijo mayores entraran a verlo. A pesar de que “su corazón ya latía despacito”, él podía escucharlos. Y así, vestidos con equipo de protección sanitaria pudieron entrar. Con ambos a su lado, Eriberto falleció.
Paralelamente, mientras la enfermedad desgastaba a su padre, su hijo empeoraba también a causa de esta. Guadalupe, también contagiada, tuvo que gestionar su recuperación. Ella recuerda que a su hijo “se le estaban tapando los pulmones”.
–Yo ya chillaba, yo estaba mal, ya no podía caminar, estaba yo sin comer por seis días, y aún así yo me lo llevé al hospital arrastrando; no sé cómo tuve fuerzas de ver a un hijo que se me está muriendo.
Vinieron las deudas
Viuda y sin papeles de residencia permanente -también conocida como green card-, Guadalupe no pudo acceder a los apoyos de asistencia económica del gobierno de Estados Unidos, de modo que atravesó el duelo en incertidumbre.
Y es que, de acuerdo con Ángelo Cabrera, durante la pandemia, tener un documento de identificación (como el pasaporte) se volvió crucial para acceder a servicios que daba el Estado tales como: salud, fondos de apoyo para trabajadores, apoyos de asistencia en la renta, apoyos para infancias, entre otros.
–Muchas de estas familias quedaron excluidas por la ineficiencia de la representación del gobierno mexicano a través de sus consulados aquí en Nueva York -dice el líder comunitario, pues muchas personas migrantes ingresan al país sin estos papeles y necesitan tramitarlos; pero en pandemia, tardaban mucho en entregarlos.
Desde antes de la pandemia ya se documentaba la precariedad laboral, la carencia de servicios y la falta de acceso a seguridad social y programas de asistencia en que viven las y los migrantes mexicanos en este país. Tan solo en 2017, 8 de cada 10 inmigrantes (principalmente de nacionalidad mexicana) carecía de un plan de pensión y no tenía acceso a servicios de salud a través de un seguro brindado por sus empleadores.
Y sin embargo, las y los migrantes sí pagan taxes (impuestos). Según datos de New American Economy, una organización bipartidista de investigación y defensa de la inmigración, consignados por Los Angeles Times, en 2018 los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente $31.9 mil millones de dólares.
Con la enfermedad vino el desempleo, y lo primero que Guadalupe tuvo que enfrentar fueron los gastos funerarios, para los cuales la familia de Eriberto y sus amistades le prestaron dinero. En contraste, el gobierno mexicano en EU respondió con negativas.
–Mi hija con amistades, yo con amistades, juntamos (dinero) gracias a Dios, pero se siente bien feo que el propio consulado no me quiso ayudar sabiendo que yo soy mexicana, él es mexicano; no les estaba pidiendo para que yo comiera, les estaba pidiendo para su funeral – reclama. Ni el consulado, ni el gobierno de Puebla la ayudaron con el proceso administrativo y mucho menos con los gastos.
Al respecto el especialista en estudios migratorios Luis Gallegos, considera que no hubo una respuesta adecuada a las circunstancias por parte del gobierno mexicano: “cuando los paisanos empezaron a fallecer y a tener más complicaciones en su vida diaria no fueron apoyados por sus autoridades, por quienes los representan”.
Guadalupe estuvo alrededor de cuatro meses sin trabajo. Antes tenía empleos de limpieza en diferentes apartamentos, después, con la crisis sanitaria, le avisaron que no se presentara.
“Me afectó demasiado porque se me juntó la renta, la luz… se me juntó todo, como no te imaginas”. En el peor auge de la crisis, con las secuelas que le dejó el coronavirus, con las deudas encima y el duelo de su esposo, salía a buscar despensas regaladas por las organizaciones civiles para alimentar a su familia.
Hoy en día ha recuperado algunos de sus antiguos trabajos y pagado algunas deudas.
No más remesas y crisis familiar: Rosa y José juan
Cuando Rosa y José Juan no pudieron enviar dinero a México sintieron frustración. “No tenemos qué comer”, les decían por teléfono la madre y el padre de él. Entonces pedía prestado para mandar algo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7 de cada 10 migrantes en el mundo dejaron de enviar remesas a causa de la pandemia.
Rosa Mota, originaria de Tehuacán, un municipio a 132 kilómetros de la capital poblana, lleva 17 años en el estado de Nueva Jersey viviendo con su hija y esposo. Actualmente funge como niñera, aunque antes de la pandemia se dedicaba a la limpieza de hogares pero, igual que 335 mil 430 inmigrantes mexicanos en EU entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, según cifras del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), perdió su empleo y con ello la oportunidad de enviar remesas a su familia en México.
–Mi hermano falleció y la mamá de mi nuera también (en México) -recuerda Rosa, a causa del virus-, fueron situaciones bien tristes y dolorosas, la verdad: no poder hacer nada, no poder ayudar. Me sentía bien mal.
Su esposo José Juan Montoya se dedicaba a la fabricación de colchones, pero también perdió el trabajo en la pandemia. Ambos quedaron sin sueldo, compensaciones o apoyos del gobierno para resistir la crisis sanitaria con su hija, Celeste.
–Somos inmigrantes, no gozamos de los mismos privilegios que los ciudadanos de aquí, de este país, ellos dejaron de trabajar, pero seguían recibiendo su cheque por desempleo, nosotros no -dice José Juan, quien también tuvo que experimentar la angustia de tener a un ser amado enfermo en México por COVID-19: su padre
En casa también enfermaron Rosa, José Juan y su hija. “Yo estuve tan enferma que tuve miedo, mucho miedo y más que nada por mi nena, porque ella me tiene a mí y a mi esposo”.
Ambos creen que en México existe la sensación de que las y los migrantes que viven en Estados Unidos “viven bien y no les falta nada”. Sin embargo, Rosa asegura que se vive en condiciones complicadas, rodeadas de discriminación y racismo.
–Quiero decirles que se borren esa idea de la cabeza de pensar que aquí los que venimos a este país a trabajar vivimos como reyes, no es cierto, nos rompemos el lomo para ganar un peso y para poder ayudarnos, que no piensen eso de que nosotros somos malos hijos, malos hermanos o malos padres (por no enviar remesas) -sentencia José Juan Montoya.
Resistir en comunidad
–Nueva York es una ciudad de muchísimos recursos, con una infraestructura de gobierno vasta y desarrollada, pero profundamente desigual; y durante la pandemia estas desigualdades se exacerbaron y la gente que vivía marginada económica, social y políticamente se vio sumamente afectada –dice por su parte Marco Castillo, presidente de la junta directiva de la Red de Pueblos Transnacionales, una organización migrante integrada principalmente por personas de origen poblano.
Cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Puebla fueron omisos para atender las necesidades de las y los migrantes, fue la generosidad de la comunidad la que les permitió salir adelante. Berenice Santiago, integrante activa de la Red de Pueblos Trasnacionales y migrante poblana, recuerda que a través de despensas, acompañamiento y entregas de bienes básicos pudieron ayudar a las familias que más lo necesitaban.
–Para nosotros hablar de la respuesta del gobierno mexicano para enfrentar el problema de COVID en Nueva York, y especialmente para brindar apoyo a los connacionales poblanos, fue fatal, fue un insulto -sentencia Cabrera, quien asegura que la representación mexicana actuó hasta que la comunidad empezó a ayudarse.
Rosa Mota lo veía como un compromiso moral, no “soltar la toalla” hasta que la gente saliera de la enfermedad. “Nos ayudamos de parte y parte, porque aquí así es, no hay de otra”.
–Durante la pandemia, las comunidades más devastadas por el COVID fueron las comunidades migrantes, porque ellos no tuvieron el lujo de quedarse en casa para resguardarse por su estatus migratorio, por las leyes anti inmigrantes, desde este proceso de desigualdad de quienes tienen acceso a la riqueza -concluye Cabrera.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Abandonadas por el gobierno, las comunidades urbanas rarámuri que migraron a la capital de Chihuahua en busca de una vida distinta, huyendo de la sequía, la presencia del crimen organizado, los proyectos extractivos y la muerte, se enfrentaron a preguntas sin respuestas sobre la educación de sus hijos e hijas, mientras su pesadilla sobre un bicho se hacía realidad
Investigación: Óscar Rosales, Raúl Fernando Pérez, Jaime Armendáriz
Video y fotografía: Raúl Fernando Pérez
Traducción de entrevistas: Carlos Fierro
María escuchó atentamente a su cuñada. La recuerda muy inquieta, preocupada por un sueño, una pesadilla de esas que nadie quiere tener. “Decía que iban a morir muchos seres humanos, que iba a llegar una enfermedad muy grande”, relata María Luisa Chacarito y añade: “Decía que no se iba a terminar”.
Chacarito es lideresa rarámuri de Rinconada Los Nogales, una de las 18 comunidades indígenas urbanas de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en la frontera norte de México.
Era diciembre del 2019, un momento del año en que las familias indígenas, en su mayoría de la etnia rarámuri, están más atentas a la tempestad del crudo invierno, cuando las temperaturas en esta región empiezan a descender más allá de los cero grados centígrados, que a una enfermedad del otro lado del mundo.
Pero tan sólo tres meses después del 31 de diciembre, cuando se encendieron las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la notificación del primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, la pesadilla comenzó a tomar forma.
El lunes 23 de marzo el gobierno mexicano comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, nombre que se le daría a las políticas de confinamiento para contener la propagación del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, después de que se registraron los primeros casos en el país.
Por esos días, un familiar de Chacarito volvió a soñar con la enfermedad. Era la cuarta vez que en la comunidad alguien soñaba con el virus.
Para la cultura rarámuri los sueños son muy importantes. Sus médicos tradicionales, owiruame en lengua rarámuri, curan a través de los sueños. Por eso decidieron realizar el Yúmare, su principal ceremonia tradicional, en la que danzan y cantan desde la noche hasta el amanecer. Ahí le pidieron a Onorúame, el dios rarámuri, que los protegiera de la enfermedad.
Ciertamente, los temores contenidos en aquellos sueños nocturnos fueron un indicio de lo que se venía. Las medidas del gobierno para contener el virus implicaron el cierre de muchos centros de trabajo, la cancelación de eventos masivos, el aislamiento en casa y la suspensión de clases en todas las escuelas.
Sin nadie en las aulas de clase y con niños y niñas sin poder salir de casa, las dudas se repetían en los padres y las madres de las comunidades: ¿Quién acompañaría a sus hijos e hijas mientras trabajan? ¿Cómo iban a aprender ahora sin maestros? ¿Perderían el ciclo escolar? ¿El gobierno ayudaría?
Las historias y testimonios de diez de estas 18 comunidades exponen cómo la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas de Chihuahua (COEPI), órgano de gobierno destinado a realizar y gestionar políticas públicas para los pueblos originarios, no cumplió en su totalidad con las funciones que le corresponden en el ámbito educativo formal en un momento de emergencia, como la pandemia por COVID-19.
Fue con ayuda de la sociedad civil, que las familias de las comunidades Pájaro Azul, Rinconada Los Nogales, Cerro de La Cruz, Díaz Infante, La Soledad, Gabriel Tepórame, Rubio, Napawika, El Oasis y la colonia Tarahumara, lograron atender a 350 niños, niñas y adolescentes durante el ciclo escolar, supliendo así muchas de las funciones de un Estado despreocupado por sus pueblos originarios.
La adversidad antes del bicho
Los pueblos rarámuri migran a la capital en busca de una vida distinta. Dejan su hogar en la sierra por diferentes razones: falta de empleo, la sequía, la tala inmoderada de sus bosques por parte de ejidatarios chabochis, desnutrición y, principalmente, la presencia del crimen organizado y los proyectos extractivos, como la minería, que atentan contra sus tierras y sus pobladores. Tan solo desde el 2013 hasta el 2021, han sido asesinadas 18 personas activistas y defensoras del territorio indígena en Chihuahua.
La vida para una persona indígena en la urbe chihuahuense nunca ha sido fácil. En Rinconada Los Nogales, distinta a la colonia vecina del mismo nombre, pero ocupada por personas no indígenas, es decir, mestizas -chabochi, como les dicen en lengua rarámuri-, no hay pavimento ni cancha de basquetbol, como sí hay en las comunidades Pájaro Azul o Gabriel Tepórame.
Muchas de las casas están hechas con materiales improvisados, como tablones, lonas y láminas, que poco protegen de los climas extremos que se viven en las planicies centrales de Chihuahua.
Ubicada al suroriente de la ciudad, Rinconada Los Nogales está asentada junto a los desechos industriales de la antigua fundidora Ávalos. Montañas de plomo, cadmio, arsénico y zinc, abandonadas a la intemperie desde 1997, forman parte del paisaje.
Esta, al igual que el resto de comunidades, son resultado del desplazamiento de miles de personas indígenas originarias de la Sierra Tarahumara, una cadena montañosa de bosques y valles que forma parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más extensa de México.
Provienen de municipios como Bocoyna, Guachochi, Carichí y Guadalupe y Calvo. Su presencia permanente en la capital comenzó en la década de los 30’s, aunque hay historiadores y antropólogos, como Enrique Servín, abogado, políglota, activista, escritor, poeta y lingüista mexicano, destacado defensor y estudioso de las lenguas indígenas, que sostienen que en la ciudad siempre hubo personas rarámuri.
Sin embargo, la construcción de las comunidades no ocurrió sino hasta 1957, cuando la Misión Evangelística Mexicana levantó las primeras casas de adobe, sin servicios básicos, sólo techadas y con piso de tierra, en la comunidad que hoy se conoce como El Oasis, al suroeste de la ciudad.
Con el paso de los años, gracias a la filantropía chihuahuense, el apoyo de la sociedad civil, la iglesia y la extinta Coordinación Estatal de la Tarahumara (el organismo anterior a la COEPI, esta última creada en 2016), algunas comunidades pudieron mejorar un poco de su infraestructura.
Las comunidades indígenas en la capital se asemejan a pequeños fraccionamientos, ubicados dentro de una colonia mucho más grande, normalmente habitadas por chabochis.
En la comunidad Gabriel Tepórame, también al sur de la ciudad, las casas son de una o dos habitaciones y un baño. Están construidas de manera contigua, desde una vista aérea forman un rectángulo, y en el centro hay una amplia cancha de baloncesto.
En Pájaro Azul forman la misma figura, solo que su cancha se encuentra en la entrada de la comunidad y los caminos entre casas son de tierra. En las orillas de ese rectángulo, hay un comedor y una cocina comunitaria, donde se reúnen para hablar de los temas importantes para ellos.
Su organización interna replica la forma de gobierno de los pueblos en la Sierra Tarahumara. Cada una tiene tres gobernadores o gobernadoras (siríames, en lengua rarámuri), cuyo período dura tres años. Son quienes encabezan todas las reuniones, dan consejos y coordinan todos los asuntos de interés colectivo, como sus fiestas tradicionales.
Algunas comunidades en vez de gobernadores o gobernadoras, tienen líderes o lideresas, como es el caso de María Luisa Chacarito en Rinconada Los Nogales. Para que un medio de comunicación pueda entrar y documentar o reportear, debe pedir la autorización de dichas autoridades.
Es también a través de estas personas que las comunidades gestionan apoyos para mejorar la infraestructura de sus hogares o la calidad educativa de hijos e hijas. Sin embargo, la educación formal siempre ha sido una especie de privilegio para la mayoría.
En la comunidad Rinconada Los Nogales, de 15 niños que hay, solo 6 asisten a la escuela, es decir, menos de la mitad. María Luisa Chacarito explica que, para muchas familias, conseguir el dinero de la inscripción resulta muy complicado, sobre todo para las madres solteras (que son mayoría), aún con el descuento que les dan las escuelas públicas en la cuota de inscripción, que se cobra en muchas de ellas pese a que el artículo tercero de la Constitución Mexicana garantiza que la educación del Estado es gratuita.
La mayoría de las madres trabajan largas jornadas como empleadas domésticas, sin prestaciones laborales. En el mejor de los casos, por limpiar y atender una casa ganan de 200 a 300 pesos por día. Sin embargo, gastan hasta 50 pesos diarios sólo en transporte de traslado, en el que también invierten de 2 a 4 horas de su tiempo.
Por otro lado, los padres recurren a empleos distintos. “Ganan muy poco porque trabajan como jardineros o en la albañilería. Están cansados, algunos ya son muy mayores”, explica Chacarito.
Obtener trabajos mejor remunerados en la ciudad tampoco es fácil. La mayoría de los rarámuri desplazados a la capital de Chihuahua no tuvieron oportunidad de terminar la primaria o la secundaria, un requisito mínimo solicitado. Terminan en empleos que satisfacen a las urbes, alejadas de las necesidades de las comunidades donde vivían, abandonadas y estigmatizadas por los tres niveles de gobierno.
Su rezago educativo se explica por el trato que han recibido por parte del Estado, pues históricamente el gobierno mexicano ha visto a sus pueblos originarios como una cultura inferior. La falta de entendimiento de cómo se conectan con la naturaleza, su desinterés a la forma de aprendizaje de pueblos como el rarámuri y la imposición de sistemas de enseñanza no indígenas en la Sierra Tarahumara, les ha impedido avanzar como cultura en sus propios términos de progreso.
El contexto de la discriminación en México tampoco ayuda. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.9 por ciento de las personas indígenas mayores de 12 años no ha podido obtener un trabajo o un ascenso por pertenecer a esta población.
Los rarámuri pasaron de proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, a cuidar el brillo del piso de las familias más privilegiadas de la capital de Chihuahua. De sembrar sus propios alimentos en el monte, a hacer las compras de otros en el supermercado.
La brecha de desigualdad entre mestizos e indígenas ya era bastante ancha.
Entonces, apareció un bicho: un gusano en las manos. Así es como se les describió a niños y niñas rarámuri el Sars-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. La idea del gusano era simple, ayudaba a entender lo importante que era protegerse del virus y acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias a nivel nacional: lavarse las manos, evitar el contacto físico y, principalmente, no salir de casa.
Para muchos estudiantes, el no salir de casa y poder tomar clases desde la distancia, fue sinónimo de comodidad. Para las familias indígenas de la mancha urbana significó incertidumbre.
La maestra esperanza
Guadalupe busca dónde sentarse. Se aleja muy poco de la mesa que está llena de hojas, libros y colores. El cuarto está repleto de sillas muy pequeñas y mesitas cuyas patas no pasan del medio metro. Decidida, se acomoda a un lado de la puerta por donde entra un cálido haz de luz. Observa el pequeño espacio vacío y, entre discretas y cálidas sonrisas que externa durante la entrevista, recuerda su labor ahí.
“Trabajamos ayudando a los niños para que no pierdan las ganas de ir a la escuela, ya que es muy importante estudiar, si no estudiamos, no aprendemos nada”, dice Guadalupe Espino, una joven rarámuri de la comunidad Pájaro Azul que, desde mayo del 2020, apoya y acompaña la realización de tareas de alrededor de 20 niños y niñas rarámuri de preescolar.
La maestra Lupita, como le dicen sus vecinos, nació en la ciudad de Chihuahua, pero sus padres son originarios de Norogachi, una comunidad ubicada en el municipio de Guachochi, al sur del estado, en la Sierra Tarahumara.
Contrario a lo que se pudiera creer, al no haberse criado en la sierra, su manejo del rarámuri es claro y fluido, debido a la educación de sus padres y la convivencia con sus vecinos de Pájaro Azul que siempre le hablaron en su lengua materna. Para ella, trabajar con niños y niñas después del cierre de escuelas es una oportunidad de recordar raíces, recuperar el idioma y conservar tradiciones.
“Les enseño a los niños en tarahumara y en español para que aprendan los dos idiomas, para que no pierdan nuestra forma de hablar. Es muy importante conservar nuestra lengua», señala.
Lupita forma parte de un proyecto educativo, deportivo y cultural para las comunidades indígenas urbanas que empezó en mayo del 2020 con la asociación civil Paz y Convivencia Ciudadana.
Lupita, la maestra encargada de niños y niñas en edad de preescolar. Además de ayudarles con el programa de la Secretaría de Educación Pública, también les enseña a leer y escribir en rarámuri.
Después del cierre de las escuelas a finales de marzo, la organización civil se acercó a Yolanda, Hilda y Guadalupe, las gobernadoras de Pájaro Azul y explicó sus intenciones para apoyar la educación de los infantes, previendo la situación que se avecinaba por la pandemia.
Las y los estudiantes comenzaron a recibir folletos y hojas de contenido realizado tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como por sus docentes y directivos de la escuela, con tareas y ejercicios. Este material era enviado, en su mayoría, mediante mensajería de WhatsApp.
La directora y las maestras de la escuela le hacían llegar esos materiales por semana a Guadalupe Espino, para que ella ayudara a niños y niñas a realizarlas. De esa manera, cada viernes, les devolvía los trabajos hechos y con eso la escuela calificaba a sus estudiantes.
Otras tres personas acompañaban a Guadalupe cubriendo otras necesidades formativas. Emma Martínez con atención psicológica para estudiantes y sus familias; Danelia Reyes generaba y realizaba actividades artísticas, y Jorge Girón, con clases de educación física. Esta dinámica de cuatro personas es la misma en el resto de comunidades donde tiene presencia el proyecto.
Ocasionalmente, se impartían aprendizajes distintos a lo común, como sencillas clases de guitarra y electrónica básica.
“Nuestra intención es que vean que hay oportunidades para salir adelante”, comparte Jorge Girón quien, además de ser profesor de educación física, es el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.
“Muchas son madres solteras, o no cuentan con un trabajo establecido que les pueda brindar una guardería o son trabajadoras del hogar sin prestaciones”, añade Girón. Señala que, desde antes de la pandemia, los horarios laborales y las distancias no permitían que muchos niños y niñas de preescolar fueran a la escuela.
Madres y padres sintieron más tranquilidad al saber que sus hijos e hijas tenían una compañía formativa mientras trabajan.
El profesor ausencia
El proyecto Paz y Convivencia fue concebido como un programa de educación no formal, ya que no está apegado a los esquemas de enseñanza de la SEP. No siguen un sistema de calificaciones y busca “revalorizar la comunidad indígena, conservar sus tradiciones y conocimiento, y edificar su valor”, describe Paola Contreras, coordinadora del proyecto en la comunidad Cerro de La Cruz y Rinconada Los Nogales.
Este esfuerzo no empezó al mismo tiempo en las diez comunidades. El acercamiento con las gobernadoras de Pájaro Azul fue el primero y único que se dio en abril del 2020, debido a las limitaciones presupuestales de ese momento.
A pesar de conocer este proyecto desde el inicio y tener responsabilidades con las personas indígenas de Chihuahua, la COEPI, dirigida entonces por María Teresa Guerrero, no concretó ningún apoyo económico.
Según Luis Echeverría, presidente de Paz y Convivencia, la dependencia estatal argumentó una falta de presupuesto. Accedió a impartir cursos de pertinencia cultural para el equipo multidisciplinario que trabajaría en la comunidad, pero estos no se dieron ese año. Su excusa por ambas ausencias: la pandemia.
Tras varios intentos por conseguir el recurso, la organización civil concursó en una convocatoria emitida por la oficina estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Fue ahí donde lograron obtener 260 mil pesos que se ejercieron a partir de mayo del 2020 en Pájaro Azul.
En noviembre de ese año, la sociedad civil logró replicar el proyecto en la comunidad Díaz Infante, utilizando parte del presupuesto del DIF. El objetivo era extenderse a todas las comunidades en la ciudad, pero sin el apoyo monetario de la COEPI, la tarea resultaba casi imposible. Además, después del 2020, no había ningún presupuesto asegurado para continuar el proyecto. Pero las cosas cambiaron antes de finalizar el año.
La COEPI se comprometió con la sociedad civil a otorgar el 30 por ciento necesario para continuar el proyecto en el 2021, según comentó Nidia Castillo, coordinadora general. Es decir, COEPI daría alrededor de 1 millón 404 mil pesos.
Después, Paz y Convivencia ingresó el proyecto a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), donde les aprobaron 3 millones 254 mil pesos, el 70 por ciento faltante, según el informe de proyectos de enero del 2021 de la misma fundación.
Con el presupuesto total alcanzado, de 4 millones 659 mil pesos, había la posibilidad de extenderse a otras ocho comunidades. La asociación civil estaba tranquila y las familias de Pájaro Azul y Díaz Infante tendrían asegurado el apoyo educativo por otro año.
Sin embargo, esa esperanza cambió de un momento a otro.
Antes de comenzar el 2021, la COEPI avisó a Paz y Convivencia Ciudadana que no facilitaría ese casi millón y medio que había prometido. El pretexto, nuevamente, la pandemia. Tampoco hubo mucho éxito con solicitudes de apoyo realizadas al DIF estatal, la oficina de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación.
Hasta ese momento, el órgano estatal de los pueblos indígenas tampoco había cumplido con su promesa de impartir cursos de sensibilización sobre la cultura indígena a las personas que integraban los equipos que apoyaban a las comunidades.
La preocupación llegó de nuevo. El compromiso por parte de la sociedad civil ya estaba hecho con las autoridades de otras siete comunidades. No querían “echarse para atrás”, expresa Nidia Castillo.
La COEPI, ahora a cargo de Enrique Alonso Rascón Carrillo, declaró que en su momento la dependencia proporcionó insumos de limpieza y transporte a visitas guiadas en museos, pero que el presupuesto para el resto de necesidades solo fue proporcionado por la FECHAC. Se solicitó un total y desglose de los gastos realizados por COEPI, pero no se recibió respuesta, argumentando que el proyecto aún no ha finalizado.
También señalaron que impartieron capacitaciones de pertinencia cultural indígena, pero estas no se dieron hasta 2021, un año después de lo prometido.
Sin embargo, las comunidades ni la sociedad civil “se echaron para atrás”. Todo el 2021 realizaron las actividades contempladas para el proyecto, pero con el 70 por ciento del presupuesto pensado originalmente.
Aprender en la carencia
La pintura blanca ya ha empezado a descarapelarse de la vieja puerta metálica del comedor comunitario de Pájaro Azul. Al cruzarla, se puede leer en una pared, con letras recortadas y de diversos colores: “Arte comunitario”. Bajo el mensaje, hay varias hojas con dibujos. En uno hay un caracol arrastrándose lentamente sobre un hongo verde con puntos. Parece moverse hacia la casa café del dibujo a su izquierda. Cerca de los lienzos, pegada en una columna de concreto, está una hoja sobre la que escribieron “Horario”. Va desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde.
“Lo cambiamos para que no les dé ni frío ni calor”, explica Jorge Girón.
El área no puede utilizarse en un horario distinto al establecido. La infraestructura del lugar no resguarda lo suficiente para los constantes y drásticos cambios climáticos que registra la ciudad de Chihuahua en un solo día. La falta de ventanas los expone al sofocante calor del verano durante las tardes o a las heladas matutinas de otoño e invierno, y los fuertes vientos que sorprenden ocasionalmente a la capital pueden volar el techo de lámina que los cubre. Se ha solicitado apoyo para mejorar el espacio, pero la COEPI no ha mostrado interés.
Esa falta de atención de la COEPI se replicó en casi todas las dependencias e instituciones locales. Yolanda, Hilda y Guadalupe, gobernadoras de Pájaro Azul, explican que solo encontraron puertas cerradas. Las solicitudes que habían hecho para mejorar las áreas comunes de la comunidad, como la cancha o el comedor, quedaron en la incertidumbre. ¿La excusa? La misma, la pandemia.
“Queríamos amueblarlo o acondicionarlo para los niños”, explicaron las gobernadoras en torno al comedor comunitario. “Para ir a pedir apoyos también se nos decía que no saliéramos de nuestro hogar hasta que pasara el COVID”, señalan.
“Y ciertas cosas que faltaban en la comunidad, para nosotros empezar bien la gobernanza. Mejoras de agua, drenaje, alumbramiento”, agregan. Les decían que las oficinas estaban cerradas, aunque les recibieron los documentos. Las gobernadoras no sabían si alguna de estas peticiones procedería. Hasta el momento, siguen buscando ayuda.
Por otro lado, la operación al 70 por ciento de las capacidades presupuestales ha dificultado la tarea de Paz y Convivencia. De hecho, también repercute en los salarios de los equipos. Ninguno lo percibe al 100 por ciento.
“Nuestra intención sería integrar el comedor comunitario, que de perdida en la mañana ya hubiera un alimento para todos”, explica Jorge Girón, ya que han detectado a infantes que acuden a las actividades sin desayunar, un problema que se replica en las otras nueve comunidades.
Las familias han recibido donaciones que les permiten resarcir los efectos de ese recurso faltante de la COEPI. Alimentos como burritos y materiales escolares como cuadernos, lápices, mochilas e incluso zapatos, son cosas muy necesarias para cada comunidad.
“Teniendo el material básico, los niños pueden hacer una infinidad de cosas. Se facilita el aprendizaje”, señala el coordinador del proyecto en Pájaro Azul.
A la lista de carencias en medio de la pandemia, la maestra Lupita cree que se suma otro elemento: el idioma. Aunque Lupita tiene consigo algunos libros en rarámuri impresos por la SEP, ella afirma que este tipo de material no es común en las escuelas con alumnado indígena.
Según datos de la oficina de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), en el ciclo escolar de enero a junio del 2021, se imprimieron a nivel estatal, como apoyo a las labores de enseñanza de los docentes de educación indígena, casi 20 mil Cuadernos de Trabajo para niños y niñas indígenas. Pero en todo el estado, según datos de la misma dependencia, existen alrededor de 25 mil alumnos registrados.
Para compensar la falta de reproducción de contenidos educativos en rarámuri, la maestra pide a sus alumnos utilizar otros elementos para recordar sus raíces. “En ocasiones les digo que vengan vestidos con su ropa típica para que no se olviden de nuestras tradiciones, (nuestras) danzas, matachín y pascol”, refiere.
Pese al esfuerzo en conjunto entre familias y sociedad civil, desde su comienzo el proyecto tiene los días contados, pues finalizó el 15 de diciembre del año pasado.
Ahora, el reto vuelve a ser casi el mismo: obtener financiamiento. Paz y Convivencia ven probabilidades de que el FECHAC retome la propuesta de trabajo y puedan dar seguimiento a las comunidades a partir de febrero o marzo de este 2022, pero nuevamente con tan solo 70 por ciento de lo necesario. El otro 30 por ciento seguiría faltando y desde el año pasado, la COEPI no ha dado indicios de facilitar este recurso.
Aunque las gestiones y esfuerzos por conseguir el dinero están ahí, no hay certezas de nada.
Las tareas pendientes
Después de las elecciones a nivel estatal que ocurrieron durante junio del 2021, el mapa político en las dependencias gubernamentales de Chihuahua se ha reconfigurado.
La gobernadora electa María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional (PAN), considerado un grupo político de derecha conservadora, ha dejado a cargo del órgano de gobierno a Enrique Alonso Rascón Carrillo, un joven sin ningún tipo de experiencia sobre comunidades indígenas, pero con una larga trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerado de centro-izquierda.
La designación de Rascón al frente de la COEPI ha sido cuestionada por tener un conflicto de intereses, ya que es suplente en el Congreso de Chihuahua del diputado Omar Bazán Flores, quien tiene una demanda penal contra la comunidad rarámuri de Mogótavo, con la que busca desalojar al pueblo ubicado en la zona de Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique.
Los habitantes de Mogótavo señalan que el despojo que busca cometer Bazán tiene intereses inmobiliarios, pues hablan de la construcción de complejos turísticos e incluso de campos de golf en su territorio.
Por lo tanto, comunidades indígenas y activistas piden la destitución de Rascón como titular de la COEPI. Aseguran que su nula experiencia con los pueblos originarios y su relación con el legislador Bazán pone en peligro a las comunidades y lo hacen indiferente a las necesidades de estas en cualquier región del estado.
Y aunque la falta de apoyo en términos educativos para las personas indígenas de la ciudad de Chihuahua no ocurrió durante la gestión de Rascón, sino de su antecesora María Teresa Guerrero, el exgobernador panista, Javier Corral el tema no ha sido retomado.
Por lo pronto, así como niños y niñas al final de un día de escuela, el Estado aún tiene tareas pendientes. Lo único seguro, tanto para las comunidades indígenas urbanas como para la sociedad civil, es la incertidumbre y la permanente desigualdad.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
Guerrero, penúltimo lugar en vacunación ante cuarta ola de covid-19. Hasta este jueves, en el registro diario de contagios por la Covid-19 indica que hay un total de 3 mil 408 casos activos, y en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos
Texto: Beatriz García
Foto: Lenin Mosso / Archivo
4 de febrero del 2021
Chilpancingo
En Guerrero la distribución de la vacuna contra la Covid-19 por parte de la federación sí se está efectuando, pero hay factores como los culturales y de distancia a los puntos de vacunación que impiden que la población se la aplique, motivo por el cuál la entidad ocupa el porcentaje más bajo de aplicación a nivel nacional, de acuerdo con el delegado federal.
Mientras que la doctora en Ciencias de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Berenice Illades Aguiar, insistió que la vacunación es un elemento importante para ir frenando la pandemia, además de la responsabilidad de cada persona al siguir las medidas de sanidad impuestas por las autoridades de Salud.
El martes pasado en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, informó que Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen el menor número de población vacunada, apenas alcanzan la media nacional que es del 70 por ciento.
Para conocer los factores que está impidiendo que se eleve el número de personas vacunadas, se consultó al delegado federal en Guerrero.
El delegado aseguró que las vacunas que están llegando al estado son suficientes, pero hay otros factores que impiden que una parte de la población decida no aplicársela: el cultural y la lejanía de los puntos de vacunación a sus poblados.
Aseguró que se detectaron desde un inicio de la aplicación de las vacunas, que fue en febrero del año pasado, se han sumado a estrategias para dar solución.
En entrevista el delegado federal en Guerrero explicó que la llegada de las vacunas al estado siempre es por la disposición de vacunas que hay a nivel nacional y se distribuyen en función de las metas que hay en cada estado y del número de población que se tenga. En el caso de Guerrero hay 2.5 millones de habitantes mayores de 18 años en la entidad –población asignada para la vacunación-.
En Guerrero han recibido el esquema completo de vacunación aproximadamente un millón 400 mil personas mayores de 18 años, y con primera dosis cerca de los dos millones, de 2.5 millones que hay en total de este segmento poblacional, aseguró el funcionario.
Hasta este jueves, en el registro diario de contagios por la Covid-19, de la Secretaría de Salud del Estado, indica que hay un total de 3,408 casos activos, y en las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos.
Ante ese panorama, Hernández Díaz, dijo que el tema “bastante complejo” es la aceptación de vacunas en la población.
En regiones como Costa Grande y Región Norte, ejemplificó, la aceptación de la población es “bastante buena” arriba del 70 por ciento, pero en regiones como Costa Chica y Montaña disminuye de manera importante la aceptación.
Según el delegado este panorama mejoró.
“El primer recorrido en la Montaña que tuvimos hasta el 9 por ciento de aceptación, o menos. Ahora aunque ha mejorado, el 25 por ciento,, evidentemente, no hay suficiente”, especificó el funcionario federal.
Hernández Díaz expuso que después de observar la problemática para la aplicación de las vacunas se dio una coordinación entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Guerrero para concientizar en lenguas originarias sobre la importancia de la vacunación.
Aseguró que en localidades completas de la Montaña que decidieron no vacunarse, posteriormente se logró que habitantes sí se las aplicaran, aunque no todos aceptaron.
Además otro de los problemas que se está tratando de resolver son las distancias largas que hay de una localidad a los puntos de vacunación, como en el caso del punto de vacunación que había solamente en la cabecera municipal de Tlacoapa, entonces se determinó instalar otros puntos como en Totomixtlahuaca, y en Acatepec, se instaló también en Mexcaltepec y Yerbasanta.
La pandemia no termina, se debe seguir con las medidas sanitarias: Berenice Illades
La investigadora Illades Aguilar expuso que tan sólo en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la Uagro, las personas que acuden a hacerse una prueba Covid, los resultados, durante enero, en su mayoría fueron positivos; es decir, sigue una alza de contagios después de las vacaciones de diciembre.
Especificó que en el primer corte de enero, del 100 por ciento de quienes se hicieron una prueba, el 38 por ciento salió positivo, un segundo corte, el 19 de enero, de un total de quienes se hicieron la prueba un 44 por ciento resultó positivo y el 31 de enero, el último corte, del 100 por ciento, el 46 por ciento resultaron positivos. Entonces del total de personas que se hicieron una prueba en Labdis durante enero, el 80 por ciento fue positivo y la mayoría estaba vacunado.
Sobre la vacunación en el estado y este porcentaje bajo de vacunados que dijo López Gatell el martes, la doctora coincidió con el delegado federal en Guerrero, porque le consta que no ha sido por falta de campaña de información en la entidad que las personas no se quieran vacunar, que más bien hay lugares en que la población se resiste, y otro factor es la lejanía de puntos de vacunación a algunos poblados.
La catedrática insiste que la vacunación es importante, que eso hace la diferencia, que ciertamente la población se puede contagiar pero la mayoría podrá desarrollar síntomas más leves.
-¿Es probable que la pandemia este año disminuya su efecto?
– Es difícil decirlo, lo que si se está viendo es que ya a nivel global, a nivel del estado, las estadísticas que se encuentran indican que ya vamos en descenso, no muy fuerte, pero sí. Yo creo que esta ola si tardó un mes en subir, todo enero prácticamente, ya empieza la bajada, esperemos que a finales de febrero se comporte igual, eso no lo podemos saber- respondió.
Insistió que nadie asegura que pueda ocurrir una nueva ola de contagios en el estado y por ello es importante mantener las medidas sanitarias: uso de cubrebocas preferentemente KN95, lavado de manos, uso de gel antibacterial, ventilación en lugares aglomerados y sana distancia.
Desde que Ciudad Juárez se convirtió en un punto de concentración masiva de migrantes, cientos de personas se han sumado de manera voluntaria para atenderles, impartir clases a niños, niñas y adolescentes, empoderar a las mujeres, y dar atención médica en los albergues, enfrentando una crisis humanitaria que se agudizó con la pandemia. Estas son sus historias
Texto: Verónica Martínez / La verdad de Juárez
Fotografía: Rey R. Jauregui
4 de enero de 2022
Ciudad Juárez. Cruzar el área de oración y el comedor comunitario del templo El Buen Pastor, desde la puerta de entrada hasta el altar, era imposible; el piso estaba cubierto de colchonetas donde dormían decenas de migrantes, recuerda Martha Esquivel y narra cómo tuvieron que orillar los bancos de madera para abrir espacio, y recibir cada vez a más personas que llegaban de otros países.
“Recuerdo que podían llegar de día y de noche, en la madrugada, sin avisar, y nosotros los teníamos que aceptar”, dice Martha, de 59 años, voluntaria en la cocina del templo donde habilitaron el albergue El Buen Samaritano, que ha alimentado a miles de migrantes que llegaron para cruzar a Estados Unidos.
Aunque el lugar operaba como comedor desde el 2011, en octubre del 2018 recibió por primera vez a un grupo de cerca de 90 personas que agentes del Grupo Beta, encargados de auxiliar a migrantes en el país, llevaron hasta su puerta. A los pocos días ya eran más de 250; el refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores, estaba abarrotado.
Desde entonces, las políticas migratorias de Estados Unidos convirtieron a Ciudad Juárez en uno de los puntos de concentración masiva de migrantes, principalmente de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de estados del surponiente de México, como Michoacán y Guerrero, que llegan a esta frontera, colindante con El Paso, Texas, con la intención de cruzar a Estados Unidos.
La situación se agudizó por el flujo de personas migrantes retornadas desde Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), un programa iniciado por el gobierno de Donald Trump en enero de 2019 que obligó a solicitantes de asilo a esperar en México, y en marzo del 2020, con el inicio de la pandemia, por la orden de salud pública conocida como Título 42 impuesta por la misma administración estadounidense ante la expansión de la COVID-19, mediante la cual justificaron la expulsión de migrantes.
Tan sólo en 2021, en medio de la pandemia, las expulsiones de migrantes desde el otro lado de esta frontera aumentaron casi cuatro veces, lo que encendió la alerta de los albergues –operados en su mayoría por organizaciones civiles y religiosas– así como de las autoridades, quienes tuvieron que hacer frente a las dificultades para atender esta nueva oleada en medio de una contingencia de salud.
Cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) exhiben que 430 mil 457 personas han sido detenidas en el sector de El Paso, Texas, de octubre del 2018 a septiembre del 2021.
A partir del 2018 en los albergues comenzó a haber “una situación extraordinaria” por la llegada masiva de personas. Antes de eso daban servicio a un flujo de migrantes relativamente bajo, explica Rodolfo Rubio Salas, investigador social del Colegio de Chihuahua (Colech) y experto en materia migratoria.
Antes, quienes llegaban a los albergues eran principalmente personas mexicanas, en su mayoría deportadas por Estados Unidos, pero en 2018 empezaron a llegar a Ciudad Juárez ciudadanos de Cuba y de otros estados de México, que se habían desplazado desde otros puntos de la frontera al intentar solicitar asilo sin éxito.
Esta oleada de personas puso a esta comunidad en una situación inédita, al pasar de ser una ruta de migrantes a una sala de espera para miles.
La situación se complicó con la expansión del coronavirus en la ciudad, con albergues en condiciones de hacinamiento, algunos migrantes enfermos y sin dinero para comprar medicamentos.
Conforme iba escalando la magnitud del fenómeno migratorio, cientos de hombres y mujeres se sumaron, aun en medio de la pandemia, para hacer frente a una crisis humanitaria: registrando las llegadas de migrantes, cocinando cenas calientes, en la ampliación y construcción de edificios que no estaban preparados como albergues, convirtiendo áreas de oración de templos en dormitorios, con atención médica, psicológica o convirtiéndose en proveedores.
Detrás de la necesidad humanitaria que ha azotado a Ciudad Juárez, está el trabajo y los rostros de juarenses que les abrieron los brazos.
Una noche de noviembre, como en muchas ocasiones, Martha escuchó que tocaban el portón que da al patio del templo. Esta vez, ya sin espacio en el albergue, la voluntaria no podía dar acogida a más personas.
“Me dijeron: ‘Si tan siquiera nos dejaras entrar al patio estaríamos más seguros’”, cuenta Esquivel, pero tuvo que negarles la entrada. Sin embargo no podía dormir, pensaba en las personas que dejó a la intemperie.
“Déjalos pasar y nosotros les hacemos un lugar aquí”, le comentaron otros migrantes que se encontraban en el albergue. Las personas aún permanecían afuera, aferrándose al portón y temblando de frío. “Los pasé, pero cuando los miré me doy cuenta que venían cerca de 20 niños”. Los menores abrazados de sus padres y madres se ocultaban entre las chamarras y cobijas.
Esta situación visibilizó de una manera más contundente la realidad de movilidad humana en la frontera para los residentes juarenses, afirma Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“Todo esto ha mantenido a Juárez en tres años consecutivos de una demanda de atención humanitaria permanente, que no habíamos visto más que en otras fronteras, como Tijuana”, advierte.
Eso detonó que organizaciones y colectivos, o personas en lo individual, buscaran la manera de apoyar de manera esporádica, afirma Blanca, “pero también hubo quienes se sumaron ya de forma continua en el trabajo humanitario a las personas en movilidad”.
Una de las razones que Navarrete considera el motor de esa acogida extraordinaria a los migrantes en los últimos tres años, es el origen de los habitantes de Ciudad Juárez: cerca del 40 por ciento son migrantes y llegaron principalmente de otros estados de México, con el objetivo de alcanzar territorio estadounidense o para quedarse trabajando en la industria maquiladora.
“Somos una comunidad conformada por muchas personas de muchos estados, entonces dar este acogimiento es reconocer la propia historia de la ciudad”.
***
José Uzueta, pastor de la iglesia evangelista Alabanzas al Rey, cuenta que a finales del 2018 el Consejo Estatal de Población llamó a una reunión para solicitar apoyo con la recepción de las personas migrantes.
“Aquí en el templo se quedaron muchos en colchonetas en el piso y fue así que empezamos a acogerlos, porque de otra forma estarían en la calle”, afirma.
Pastor José Unzueta
En un espacio que solía usarse como salón de eventos y posteriormente como el templo de la iglesia, acomodaron lateralmente decenas de colchonetas que iban desde la base del altar hasta la entrada. Los que no alcanzaron colchón se acomodaban en cobijas o en las bancas del templo.
Cuando se le hizo la misma solicitud al templo Solus Christus, el pastor Rodolfo Barraza consideró que no. Su hijo Andrés Barraza y otros voluntarios de la comunidad ya habían apoyado al gobierno estatal cocinando la cena para más de 600 migrantes, alojados provisionalmente en el Gimnasio del Colegio Bachilleres.
Pastor Rodolfo
“Cuando me dicen que se quedaron 54 personas a la intemperie y esa noche estando bajo cero no sabía qué hacer”, dice Barraza. “Pensé en Santiago 4:17. Si sabes hacer algo bueno y no lo haces se te toma por pecado, entonces dije que sí.”
En marzo del 2019 llegó otro reto a la ciudad con la extensión del Protocolo de Protección a Migrantes a El Paso, que devolvió a miles de personas y familias a México para esperar el largo proceso de acudir a sus citas en las cortes estadounidenses y pedir asilo humanitario.
Bajo el esquema de MPP, el Instituto Nacional de Migración registró la devolución de 20 mil 649 migrantes por Ciudad Juárez hasta el 31 de marzo del 2020, según datos de una encuesta realizada por la Organización Mundial para las Migraciones.
“Fue en agosto del 2019 cuando realmente la cantidad de flujo migratorio ya había descendido en términos de la llegada, pero la gente seguía en la ciudad esperando una primera cita para formalizar la solicitud de asilo”, explica Rubio. Esos casos se iban juntando con aquellos que ya habían sido atendidos y que formaban parte de este programa conocido como “Quédate en México”. Estas largas esperas, de hasta dos años, impusieron la necesidad de más espacios humanitarios en Ciudad Juárez.
El alto flujo de movilidad humana se complicó aún más cuando en el 2020 inició la pandemia de COVID-19 y bajo órdenes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las autoridades estadounidenses empezaron a retornar a los solicitantes de asilo bajo el Título 42.
Solo en el año fiscal 2021, autoridades migratorias estadounidenses han retornado a 146 mil 463 personas bajo el esquema del Título 42, según datos registrados por CBP hasta el mes de septiembre. Una cantidad que supera a todas.
El Gimnasio Municipal Enrique ‘Kiki’ Romero, que se acondicionó como albergue temporal, abrió en abril de 2021 con el propósito de recibir a migrantes retornados bajo la orden de salud y por la necesidad de espacios en la ciudad, y hasta noviembre del año pasado había acogido a más de 5 mil 300 personas, dice el exdirector de Dirección de Derechos Humanos Rogelio Pinal, quien fue coordinador del refugio.
La pandemia, el otro reto
Para marzo del 2020, los flujos migratorios que llegan a Ciudad Juárez habían disminuido, pero aquellas personas que alcanzaron la frontera se encontraban con albergues limitados en aforo para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 y tuvieron que adaptarse a los retos que trajo la pandemia.
Las personas que presentaban síntomas o eran casos confirmados de COVID-19 pasaban la cuarentena en un hotel que tenía como función ser un filtro. Los albergues solo aceptaban a personas que habían cumplido con su cuarentena en el hotel, y además acondicionaron sus propios filtros en sus instalaciones.
La pandemia supuso otras dificultades, principalmente por la ausencia de asociaciones civiles y organizaciones internacionales que redujeron sus visitas a los albergues.
“Todas las organizaciones dejaron de ir a los albergues por la pandemia”, cuenta Lucero de Alva, voluntaria que imparte talleres educativos en distintos albergues de la ciudad. “Yo me encomendé a Dios y me puse doble cubreboca, porque era cuando más se necesitaban estas actividades”.
Para Martha Esquivel, la pandemia también significó trabajo agregado en limpieza y en los registros de personas. Ahora todos debían pasar por una cuarentena de 14 días en una habitación separada del resto. “Yo iba toda cubierta, me encargué de tomarles la temperatura, hacerles preguntas de cómo se sentían, aparte de registrar las entradas al albergue”, explica Martha.
Martha Esquivel
Bajo órdenes del pastor Juan Fierro, las únicas personas que podían salir del albergue eran Martha y su esposo, por lo que se convirtieron en el único contacto de los migrantes al exterior durante el confinamiento. Esto agregó la responsabilidad de hacer viajes a las farmacias y supermercados para comprar lo que se necesitara. Pero además de limitar los recursos de personal, hubo escasez de productos como papel higiénico y fórmula para bebés, recuerda Martha, quien se refugiaba en su fe para seguir sirviendo en medio de una pandemia.
“Le decíamos al señor que era su trabajo y su obra la que estábamos haciendo, entonces le pedíamos que nos protegiera”, dice la voluntaria.
La oficina del ministerio de Movilidad Humana, ubicada en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se cerró y muchos de los voluntarios se fueron, dijo la coordinadora Cristina Coronado. Había cerca de 180 a 200 familias que procuraban las oficinas para recoger despensas y con la falta de empleos que ocasionó la pandemia, gran parte de la población que atendían ya no podía pagar rentas, ni recibían remesas de sus familiares en Estados Unidos que también habían perdido sus empleos.
Aun con un equipo reducido, Coronado no pensó en dejar de servir y consideró que más que nunca las poblaciones especialmente vulnerables requerían ayuda. La voluntaria solicitó más fondos a la Diócesis y al Ministerio San Columbano para comprar equipo de protección personal y generar más despensas.
“Lo que hicimos fue llevar comida a las familias que teníamos ubicadas. Íbamos vestidos como astronautas, con trajes y caretas. Dejábamos la comida, llevábamos renta, recorríamos toda la ciudad llevando lo que la gente necesitaba”, narra Coronado, quien en ese entonces sólo tenía la ayuda de otra misionera y algunas mujeres migrantes.
El trabajo que hizo durante el 2020 la aisló de su familia, apenas llegaba a su casa para bañarse y dormir. Ella se consideraba un riesgo y muchas veces tuvo miedo de contagiarse. Todos los días que dejaba su casa oraba y al regresar oraba de nuevo, pero la pandemia les dejó enseñanzas, dice Coronado.
“Tengo mucho más confianza ante cualquier cosa o evento que se nos venga y que siempre habrá alguien dispuesto a dar los recursos. Nosotros ponemos nuestras caras, nuestras manos y nuestro trabajo.”
Flujos cambiantes
Además de que el flujo migratorio incrementó, también se presenció un cambio en la demografía de las personas migrantes que llegaban a Ciudad Juárez, señala Rubio, investigador del Colech.
Anteriormente eran hombres que buscaban cruzar la frontera, pero desde el 2018 eran en su mayoría familias expulsadas de sus lugares de origen por la violencia, que migraban para pedir asilo humanitario, un proceso tardado que implicaba una estancia más larga en los albergues. Entre más personas llegaban a solicitar asilo, las esperas se extendían.
Para diciembre del 2018, los albergues en la ciudad reportaban estar saturados y ya no aceptaban a más personas. En febrero del 2019, 11 iglesias evangelistas y católicas se acondicionaron para recibir al alto flujo migratorio en la ciudad.
Adaptarse al movimiento migratorio y asegurarse de brindar un acogimiento digno fue un reto para quienes se encargaban y hacían voluntariado en los albergues, que en un principio consideraron que la necesidad de ayuda humanitaria sería pasajera. No fue así.
Cuando Rodolfo y Lilia Barraza recibieron al primer grupo de migrantes, los acomodaron en el templo ubicado en la zona sur de la ciudad, en la calle Del Granjero. Fue el organismo estatal de COESPO quien les facilitó los colchones para acomodar a las más de 40 personas, pero en otras necesidades los pastores dependieron del apoyo de la comunidad de la iglesia.
“Nunca hubo planes de abrir un albergue para migrantes. Mi esposo, mi hijo y yo estábamos muy a gusto en la iglesia sirviendo al señor. Sabíamos que (los migrantes) estaban en el puente. Sí nos movió el corazón y queríamos ayudar, pero en sí nunca se nos ocurrió iniciar un albergue”.
La mujer consideraba que la necesidad humanitaria de dar acogimiento a los migrantes duraría solo unos meses, pero Solus Christus ya está cerca de cumplir su tercer año como un refugio para migrantes.
“Fue un alivio siempre tener algo que darles de comer”, dice Lilia.
NAVEGAR CON EL DOLOR HUMANO
José Uzueta estima que cerca de 350 migrantes han pasado por el albergue Alabanzas al Rey y, como pastor, muchos de ellos han confiado en él, al estar sentados frente al altar.
“Yo me sé la historia de casi todos. Cada una es diferente y cada una te impactará mucho”, dice Uzueta. El hombre asegura que es importante escucharlos para que puedan “descansar de ese dolor que han llevado”.
Atender a personas que llegan desde lejos, huyendo o en busca de una nueva vida es cansado, tanto físicamente con las tareas del día a día, como emocionalmente.
Es “navegar con el dolor humano”, afirma Blanca Navarrete, la directora de DHIA, quien se ha dedicado por años a la atención de grupos vulnerables, como son los migrantes.
“Hay un desgaste muy fuerte emocional y físico en las personas que ofrecen este trabajo. Para nosotros, finalmente, ellos son personas defensoras de la vida digna”, dice Navarrete.
Además de coordinar el funcionamiento del albergue y el pago de los servicios, muchos asumen la responsabilidad de dar protección a cientos de personas y asegurar su alimentación.
“Sí, es cansado”, reconoce Uzueta. “Pero en ese cansancio vas aprendiendo cómo sobrellevarlo y cómo llevar esas cargas para sentirte fortalecido al día siguiente”.
Navegar con el dolor humano
Ante el panorama, Alejandra Ortigoza, psicóloga experta en temas de violencia y que presta servicios en diversos albergues de Ciudad Juárez, considera que es importante cuidar la salud mental de las y los cuidadores de migrantes.
Las personas voluntarias deben estar conscientes de posibles síntomas, resultado del exceso de trabajo, que a menudo son muy sutiles, como el cansancio, la irritabilidad y la tensión física, dice Ortigoza. Con el tiempo estos síntomas pueden evolucionar a consecuencias médicas más graves como la fatiga crónica, dolores de cabeza, migrañas, gastritis y colitis… se puede llegar a la primera etapa del burnout o estrés crónico.
“Están viendo personas que tienen muchas necesidades diariamente. (El burnout) los conlleva a que los cuidadores presenten mecanismos de defensa que no son los más óptimos”, explica Ortigoza. Entre estos mecanismos se encuentra la despersonalización y el distanciamiento emocional que los lleva a no trabajar de la mejor manera.
Desde octubre del 2018, Martha Esquivel, voluntaria en el albergue El Buen Samaritano no había tomado un descanso. Esquivel permanecía 24 horas en el templo. Su rutina era despertar a las cuatro de la mañana y oraba antes de preparar el desayuno para cerca de 200 personas. También cocinaba comida y cena, y terminaba la limpieza y las labores hacia las ocho de la noche.
Su esposo Armando Guerrero también ayudaba con el mantenimiento del templo y a transportar alimentos, donaciones y en caso de ser necesario llevar a personas al hospital. Fue en mayo del 2021 que Esquivel y Guerrero decidieron al fin tomar un descanso.
“La verdad me sentía muy cansada”, dice Esquivel mientras recuerda que se apoyaba en la mesa de la cocina del templo por los calambres que sufría en las plantas de los pies.
Es importante que los cuidadores tengan una variedad de espacios y dinámicas para que no permanezcan completamente inmersos en las actividades de los albergues, dijo Arlene Woelfel, psicóloga en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Las personas voluntarias y encargadas de los albergues en su mayoría sirven en las iglesias y templos, y no solo permanecen en estos espacios de refugio para atender migrantes, sino también para cumplir su vocación religiosa.
“Pueden hacerlo continuamente por un año o dos, pero lo que a menudo pasa es que las personas trabajan de esta forma sin darse cuenta que sus niveles de tolerancia tienen límites,” dice Woelfel.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
La pandemia llegó a Oaxaca causando enfermedad y muerte como en todo el mundo, solo que en este estado, que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social, las comunidades indígenas se enfrentaron además a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos en esa población.
Cuando 48 de las y los 162 habitantes que viven en José López Portillo -o Chocomanatlán como también se le conoce a esta comunidad-, tuvieron dificultad para respirar, ojos enrojecidos por la fiebre y el cuerpo flagelado por dolores intensos en las articulaciones, pensaron en la muerte.
Era julio del 2021 y hasta entonces habían evitado que la COVID-19 llegara a este pueblo de la etnia zoque, enclavado a 1,053 metros de altitud en la serranía del llamado “pulmón de México”, el macizo selvático más grande del estado de Oaxaca.
Inicialmente pensaron que era dengue o chikungunya, desestimaron al virus Sars-CoV-2 dado el aislamiento natural de esta comunidad indígena separada por 146 km de Santa María Chimalapa, su cabecera municipal, y cerca de 400 km de la capital del estado, que se recorren en hasta 12 horas de agreste y sinuosa serranía.
Pero la pandemia sí les alcanzó en la tercera ola y para enfrentarla solo tenían yerbas, tés y paracetamol, si lograban conseguirlo.
El 26 de julio de 2021, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) calificaron de “emergencia sanitaria” el brote de COVID-19 que postró a una buena parte de la población de Chocomanatlán.
Aunque tienen una clínica de salud, ante una enfermedad “fuerte” que necesite hospitalización, corren el riesgo de morir en el camino, pues el hospital más cercano se encuentra a casi dos horas, en territorio del municipio de Cintalapa, en el estado sureño de Chiapas, dice Adrián León Corso, suplente del agente municipal de la comunidad.
Si deciden ir a un hospital de Oaxaca, entonces deben recorrer de seis a siete horas hasta Juchitán de Zaragoza, sorteando la lluvia o la niebla y el mal estado del camino.
Para salir lo piensan mucho porque además no hay transporte público, ni dinero suficiente para pagar el viaje:
“Para llegar a Cintalapa el camino es de terracería y en temporada de lluvias es cuando se descompone. Tenemos un arroyo que cuando llueve mucho no nos deja pasar. Solamente los que tienen moto logran pasar por un puentecito artesanal que tenemos”, explica León Corso.
Un viaje a Cintalapa en transporte particular cuesta entre mil 500 o mil 600 pesos, y solo incluye la ida. “Para llegar a Juchitán es peor porque son como 3 mil pesos, es el doble. Como ve, es muy caro salir de aquí. No hay para pagar tres mil o seis mil pesos para irse a curar, sin contar que hay que comprar medicamentos. Entonces, es más barato morirse aquí”.
Menos hospitales más muertes
Y es que en el estado de Oaxaca el camino al hospital puede ser un viaje a la muerte, pues muchas comunidades indígenas tienen que recorrer dos, seis o hasta 12 horas para llegar a un hospital, como sucede con los pueblos angpen y odepüt (zoques), ikoots (huaves), ayuujk (mixes), ñuu Savi (mixtecos) o los binnizá (zapotecos).
Es por ello, y por su propia orografía, que muchas comunidades prefirieron cerrar sus fronteras durante la pandemia.
La falta de acceso a la salud en este estado del suroeste del país es uno de los factores por los que desde el año 2000 a la fecha, Oaxaca se ha mantenido en los tres primeros lugares nacionales en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Y ahora en la pandemia, Oaxaca es primer lugar en número de casos positivos de COVID-19 en población indígena del país, con 4 mil 727 registros, de acuerdo con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), con fecha al 10 de noviembre de 2021
Esto significa que la población indígena en Oaxaca se ha muerto de COVID-19, tres veces más que la población general del estado, revela Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural con enfoque hacia Antropología Médica y profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con base en un análisis de los datos disponibles en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
Para Sesia, se trata de una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud para la población indígena.
Ejemplos de esta situación existen en todo el estado, donde hay 50 hospitales abandonados, algunos que incluso se inauguraron hasta dos veces para quedar después en el olvido, junto con las comunidades que más los necesitan.
Huajuapan espera espera y espera
, Huajuapan de León es un municipio de la Mixteca oaxaqueña, en el noroeste del estado, donde en lugar de un hospital hay montículos de tierra y una pequeña represa.
El prometido nuevo hospital reemplazaría al viejo, de nombre Pilar Sánchez Villavicencio, creado en 1982 y cuyas 30 camas son insuficientes, al grado de que han tenido que atender pacientes en los pasillos.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el sistema de salud debería contar con 4.7 camas por cada mil personas, por lo que el hospital de Huajuapan debería tener al menos 423 camas.
Este hospital abarca una población de 90 mil habitantes en un área de influencia de 198 mil personas de 54 comunidades, incluidas San Simón Zahuatlán y Santos Reyes Yucuná, dos de las cinco con mayor pobreza en el país, de acuerdo con el Coneval.
Tras cuatro colocaciones de “primera piedra”, el 5 de febrero del 2014 el gobierno estatal, entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo, iniciaría los trabajos de construcción del nuevo hospital con una inversión de 285 millones de pesos. Sin embargo eso no sucedió.
En junio de 2015, el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional 38/2015 porque el hospital no se había construido, y el 24 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Oaxaca construir el hospital y le dio 18 meses para hacerlo.
El actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, ha dicho que se va a cumplir con esta resolución, pero no cuándo. Mientras tanto la Mixteca oaxaqueña sigue con un hospital que apenas pudo destinar cinco camas para el área COVID, que tan solo en los primeros 25 días de 2021 se saturó y había una lista de espera de más de 15 personas. No todas sobrevivieron.
“Se envió a pacientes a sus domicilios; vía telefónica se les monitoreaba y recetaba”, explica el personal médico. Hubo gente que se fue a clínicas y con doctores particulares, con las complicaciones de costo y distancia que ello representa. También hubo escasez de oxígeno.
Además, el hospital tuvo que funcionar con 60 por ciento del personal, pues el resto se confinó por padecer comorbilidades.
“Hubo un momento en el que ya no teníamos médicos para esa área y el personal se empezó a enfermar; la necesidad del hospital siempre ha estado, pero la pandemia vino a recrudecerla, porque los demás hospitales también estuvieron saturados; fue desesperante, vimos morir hasta a cinco integrantes de una familia, no todos se pudieron internar, unos no quisieron por temor y otros porque ya no teníamos espacio y no alcanzaron a llegar a otro hospital”, lamenta el personal médico.
La huella del abandono
La fotografía de cuatro integrantes de la familia Maldonado que enfermaron de coronavirus -acostados en su patio- tres de esas personas conectadas a un tanque de oxígeno, en Magdalena Tequisistlán, en la región del Istmo de Tehuantepec, al sureste del estado de Oaxaca, se viralizó en las redes sociales.
Agosto del 2021 fue letal para las familias de este municipio oaxaqueño donde habitan 6 mil personas. De acuerdo con un censo municipal, una de cada seis personas de Tequisistlán se contagió de COVID-19 y cursó la enfermedad en su hogar, con atención médica a distancia y tratamiento particular de hasta 100 mil pesos, debido a que desde hace 10 años el hospital está inconcluso.
Todo es silencio y vacío en el edificio, no hay personal médico, ni de enfermería y tampoco mobiliario. Fue inaugurado en dos ocasiones: la primera por el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz, y la segunda por Gabino Cué Monteagudo, emanado de una coalición de partidos de izquierda.
Es uno de los 50 hospitales abandonados en Oaxaca y 300 a nivel nacional, que el propio gobierno federal reconoce que necesitan rehabilitarse, construirse y equiparse.
A Magdalena Tequisistlán le conocen como “La llave del Istmo”, porque es el poblado que conecta al Istmo de Tehuantepec con la capital oaxaqueña; entre ambos lugares hay una distancia de poco más de 200 kilómetros que se recorren en unas tres horas y 40 minutos en auto.
Enfrentar la pandemia sin personal médico y por sus propios medios no fue nada sencillo para las familias. Una veintena de personas fallecieron en este municipio oaxaqueño donde el coronavirus visibilizó el abandono sanitario.
“Nos da tristeza ver cómo se va desgastando el inmueble, costó mucho dinero para que no funcione”, lamentan habitantes que saben y denuncian que no tener un hospital concluido es una violación a su derecho a la salud.
Durante 15 meses, esta localidad istmeña de origen chontal estuvo sin contagios de COVID-19, pero con semáforo epidemiológico verde y una relajación de las medidas sanitarias en las elecciones del 6 de junio, cuando en Oaxaca eligieron un nuevo Congreso y 153 Ayuntamientos, todo cambió.
Las personas enfermas vivieron una odisea. Los hospitales más cercanos en Tehuantepec y Salina Cruz -ubicados a 60 minutos de distancia-, estaban saturados; la única opción fue atenderse en casa.
Antonia, de 46 años de edad, estuvo conectada a un tanque de oxígeno durante 30 días. Ocupó cerca de 25 tanques para su rehabilitación; actualmente vive con secuelas.
“Es lamentable que esta unidad médica esté abandonada, la construyeron e inauguraron en dos ocasiones y nunca funcionó porque no tiene equipo, es un cajón enorme y vacío, nos da mucho coraje que esté desgastándose por la irresponsabilidad de las autoridades en echarlo a funcionar. Pudo haber salvado muchas vidas”, dice el presidente municipal Roel Filio.
Es un derecho humano
A 98 kilómetros de Tequisistlán se localiza Unión Hidalgo. En este municipio zapoteca también hay un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) abandonado desde hace seis años.
La madrugada del 5 de enero del 2021, Juan, derechohabiente del ISSSTE de 60 años, murió de un paro respiratorio dentro de la ambulancia que lo trasladaba desde “Rancho Gubiña”, como se conoce a Unión Hidalgo, al Hospital Civil de Juchitán, localizado a 30 minutos de distancia; estaba contagiado de COVID-19.
Rosa María, su esposa, está molesta. Cree que Juan pudo haber sobrevivido si el hospital funcionara: esos 30 minutos de distancia le costaron la vida. A nueve meses de su muerte exige su reapertura y funcionamiento como un derecho humano a la salud.
“Llevamos 19 meses viviendo una pandemia y la clínica del ISSSTE de Unión Hidalgo está cerrada, ¿cuántas vidas se hubieran salvado?, por eso exigimos su apertura”, expresa.
De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta el 9 de octubre de 2021 en Unión Hidalgo se habían registrado 147 casos confirmados y 27 defunciones, aunque la autoridad local reconoce un subregistro que triplicaría el número de contagios y decesos.
Un candado en el portón principal avisa que el hospital, inaugurado en 2006, está cerrado; desde el 2015 no opera por falta de equipo y personal.
En este municipio habitan 14 mil 500 personas y solo existe una unidad básica de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde las quejas por la falta de medicinas son una constante, por lo que un grupo de la sociedad civil impuso un amparo para exigir la apertura del hospital.
“El amparo firmado por aproximadamente una centena de ciudadanos ya tuvo eco y aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se ha negado a firmar, las autoridades de Salud estatal ya saben que hay una demanda que exige su funcionamiento”, advierte el abogado Edward Martín Regalado, promotor del recurso judicial ciudadano que fue admitido por el juez séptimo de distrito.
Martín Regalado refiere que por un lado las autoridades -a través del portal de transparencia- informaron que dicha unidad está en construcción y, por otro, el 13 de agosto pasado, sin avisar y en total discreción, el entonces director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió las instalaciones y admitió que desde hace tres años se abandonó, tras su construcción, pero se comprometió a equiparlo, aunque sin fecha para ello, y a su renuncia al cargo ocurrida el 30 de noviembre de 2021, no había aún cumplimiento del compromiso.
En el catálogo de clínicas del ISSSTE esta unidad aparece como abierta y en operación, por lo que, al menos en teoría, recibe un presupuesto anual que hasta el momento no se sabe ni de cuánto es, ni a dónde va a parar. Y aunque se preguntó, ninguna autoridad tuvo respuesta.
Según datos del mismo Instituto, obtenidos por transparencia, en el 2016 autorizaron 12.4 millones para reconstruirlo, pero a la fecha solo existe un cascarón y en los primeros días de diciembre del 2021 apenas la estaba pintando.
“La información no coincide, entre ellos mismos se engañan y eso es lamentable, los ciudadanos de Unión Hidalgo lo que deseamos es que esta clínica brinde servicios a la salud, que dé medicinas, que atienda a la gente que lo requiera, es una urgencia”, reitera el abogado.
Se volvió costumbre
Tan solo la administración del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz (1 de diciembre de 2004 – 30 de noviembre de 2010) dejó 102 obras hospitalarias inconclusas, entre las que sobresalen dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco.
Tampoco se concluyeron seis hospitales de 30 camas, entre ellos los de Santa María Huatulco y Pochutla en la región de la Costa; en Tehuantepec en la región del Istmo, y en su natal Chalcatongo, en la región de la Mixteca oaxaqueña.
De igual forma, esa administración no concluyó los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Telixtlahuaca, Tlacolula, y Acatlán de Pérez Figueroa.
La administración de Gabino Cué Monteagudo (1 de diciembre de 2010 – 30 de noviembre de 2016), también fue señalada de no concluirlas.
Gabriela Velásquez Rosas, ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que Cué dejó un sistema de salud colapsado y 175 obras inconclusas, de las cuales 75 estaban calificadas como obras prioritarias.
El 19 de agosto del 2021, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, reconoció ante el Congreso del Estado que esa institución se encuentra en un proceso de reingeniería y saneamiento de salud, pero la realidad es que atraviesa una severa crisis financiera que apenas permite pagar sueldos.
A cinco años del gobierno del priista Alejandro Murat, su colaborador justificó la crisis que atraviesan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por la deuda que le heredaron las administraciones de Ulises Ruiz y Gabino Cué, que supera los 9 mil 440 millones de pesos.
Problema estructural
Para Paola María Sesia, doctora en Antropología Sociocultural, una de las gravísimas consecuencias del problema estructural de la falta de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 es el alto porcentaje de defunciones entre la población indígena.
La profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) región Pacífico Sur expuso que esa situación se presenta en todo el país, pero en Oaxaca se agrava porque es el estado con mayor población indígena del país.
“Entonces aquí estamos hablando de un problema estructural de falta de acceso a servicios, que es gravísimo porque estamos hablando de porcentajes de defunciones de la comunidad indígena que son más del doble que el resto de la población, y eso también sucede en Oaxaca”, puntualizó.
* Este texto forma parte del proyecto Covid y Desigualdad de la Red de Periodistas de a Pie elaborado en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
