“Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento”, escribe Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI para el caso Ayotzinapa, reconocido por su labor en varias partes del mundo con las víctimas de las violencias de Estado, quien señala que también muestra de la dolencia y la impunidad.
Hace años, visitando la sierra Tarahumara, los indígenas y pobladores de varios de esos pueblos colgados de las impresionantes montañas rocosas, me contaron que había jóvenes que eran reclutados para entrenamiento de grupos del narco. Algunos nunca volvían, otros lo hacían con las prácticas aprendidas del terror que habían sufrido, aplicado ahora a sus comunidades. Unos pocos conseguían escapar. Los rarámuris son los mejores corredores del mundo, pueden correr descalzos días y noches enteras, pero saben que se necesita algo más que varios maratones para huir del terror. En esa misma tierra fueron asesinados dos padres jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, que habían estado en un encuentro con comunidades y agentes de pastoral donde hablábamos de cómo acompañar a las comunidades, enfrentar el miedo, potenciar el apoyo mutuo. De esas montañas que estremecen, uno nunca termina de volver.
En otras partes de México, cuando empezábamos a acompañar procesos de los familiares de personas desaparecidas con grupos como FUUNDEC de Coahuila o el CEDHEM de Chihuahua, varias veces escuché los relatos de centros de entrenamiento y de que personas que estaban siendo desaparecidas habrían sido llevadas para ser forzadas a algún tipo de trabajo o para incluirse en la dinámica de esos grupos de delincuencia tremendamente organizada. Y digo tremendamente organizada porque parece que los estados no se enteran, cuando en cambio son la estructura organizada del poder. Esos relatos siempre estaban a mitad de camino de la esperanza en que estuvieran vivos, del desaliento de que fueran forzados a colaborar, de la desesperanza de que estuvieran muertos. Para alguien que necesita pruebas, todo podía parecer parte de un mito.
Uno de los papás de los 43 normalistas desaparecidos, don Margarito, había sido llevado en su juventud a un campo forzado de cultivo controlado por el narco, del que pudo finalmente huir. O sea que existe reclutamiento forzado desde hace mucho tiempo. Ahora que la escalada de la violencia no ha tenido límite en México, para mantener la maquinaria se necesita gente entrenada, a base de morir para poder matar, una vieja fórmula llevada al extremo por los kaibiles en la guerra contrainsurgente en Guatemala en los años 80.
Cuando estábamos trabajando en los primeros meses en 2015 en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, leyendo el expediente, en uno de esos oficios abigarrados de lenguaje jurídico y burocrático, encontramos un documento que hablaba de que la PGJ de Guerrero había recogido ropa de los chavos que habían sido desaparecidos de uno de los autobuses que fueron a tomar para su marcha del 2 de octubre. Cuando preguntamos a la PGR por esa ropa, la respuesta fue que no sabían nada. Tirando del hilo llegamos a un almacén de la PGR donde había un rollo de ropa embalada, y otra parte de la ropa se encontró en un archivo de la PGJ de Guerrero. El impacto de ese hallazgo para los familiares fue brutal. La pregunta que asaltaba todo el tiempo era: ¿Cómo es posible que seis meses después descubriéramos que había ropa que nunca había sido identificada ni procesada?
En una sesión en la escuela normal, con todos los padres y madres sentados en las sillas donde tendrían que estar sus hijos desaparecidos, comenzamos una reunión cargada de emociones y detalles. La antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) vino con todas las fotos de la ropa cuidadosamente tratada después de que fue descubierta y explicó a los familiares el trabajo que se había hecho con ella. La ropa estaba en condiciones espantosas porque no había sido recogida de forma adecuada ni preservada, tenía moho en muchas partes.
El equipo argentino hizo un trabajo de calidad excepcional, el examen de las camisas, de la ropa, del librito, de las cosas que aparecieron en la mochila, y traía todo preparado para compartir con las familias. Como integrantes del GIEI que éramos, explicamos que lo que íbamos a ver eran fotografías de la ropa y objetos que habían sido encontrados. La preparación para una reunión así, para lo que luego podría ser una diligencia formal con la PGR y el EAAF, era crucial. Se necesita crear un contexto favorable, explicar a las familias lo que se puede ver, darles tiempo para prepararse, responder a sus preguntas y sus dudas hasta donde sea posible. Ayudarles a poner un pie delante y otro detrás para una diligencia muy estresante. ¿Será la camisa de mi hijo? Esas botas se parecen. Yo le regalé algo igual. Es estresante y doloroso, pero las familias quieren saber y están dispuestas a enfrentarlo. La cuestión es cómo se prepara y acompaña ese proceso. Y cómo se responde a las preguntas que se resumen en una: ¿cómo es posible?
Hay un tiempo en que las cosas se muestran y otro en que se asimilan. Cada foto tiene sus detalles que tratan de identificar. En la reunión del caso de los 43, Don Mario se agarraba la cabeza y su cabello entre las manos era su llanto. Hay que explicar de vez en cuando algunos detalles. Los jóvenes se pusieron la camisa en el rostro para evitar los gases lacrimógenos, la ropa oscurecida en este caso no es sangre sino moho, el cuaderno es idéntico, los jóvenes se prestaban ropa unos a otros. Todo ello ayuda a poner los hallazgos en su contexto, a poder escuchar y atender.
La ropa, los objetos, humanizan la pérdida. Los restos óseos se parecen en todos nosotros, pero la ropa, los objetos tienen un valor simbólico clave, la ropa es el último rastro, la última huella de una presencia. Lo que se enfrenta ahí es algo que Sandra, la hermana de Richard, desaparecido en Colombia por la policía en 1995, sentía cada vez que iba a un lugar a buscar a su hermano: “que esté, que esté, que esté… y cuando iba a entrar, pensaba, que no esté, que no esté, que no esté, estaba como matándole y reviviéndole todo el tiempo”.
Las fotos de la ropa vienen con su estela de posibles sentidos, no solo de que estuvo ahí, sino de qué le pasó, qué le hicieron. El caso del Patio 29 en Chile, un caso con mala identificación de restos de personas desaparecidas por la dictadura de Pinochet, aumentó enormemente la demanda de atención psicosocial de familiares de desaparecidos, no solo de quienes estaban en ese caso, sino en todo el país.
Las evidencias del horror de esos zapatos y ropas muestran también la impunidad de las diligencias mal hechas o las denuncias nunca investigadas que se acumulan en México y su impacto en las familias se extiende por todo el país.
El caso de Rabinal, una masacre en los años ‘80 en Guatemala, fue una de las primeras exhumaciones que se hizo. Con los cuerpos de las víctimas maniatadas, aparecieron pruebas de lo sucedido que eran detalles de lo sufrido. La historia que había sido negada durante tantos años por los responsables y el Estado, estaba ahí. Ninguna reconstrucción del tejido social se puede hacer imponiendo la mentira, la insensibilidad o el olvido. En la investigación en la escombrera de Medellín de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por las desapariciones llevadas a cabo en la Operación Orión en 2002, y donde desde hace décadas hubo testimonios de que habían sido asesinadas y desaparecidas muchas personas que se encontrarían sepultadas entre cientos y cientos de toneladas de escombros, mucha gente pensó que no era cierto, que era el mismo mito del que fueron víctimas don Margarito o los rarámuri.
Cuando en diciembre de 2024, aparecieron en la escombrera los cuerpos de un hombre y una mujer finalmente identificados, en Colombia se desató una clarividencia que las mamás habían tenido desde hacía décadas, señalando que se podrían encontrar desaparecidos ahí, que apareció escrita en las calles de todo el país: «Las cuchas tenían razón». Las cuchas son las mamás en Colombia.
También en México. Las fotos que hemos visto del rancho de Teuchitlán no solo son una muestra del horror, son también la pregunta que los familiares se hacen ¿cómo es posible?, que necesita respuesta y acompañamiento. Las evidencias tienen que estudiarse científicamente, las pruebas protegerse, la negligencia o complicidad investigarse, y las familias tienen que ser atendidas con respeto a su dignidad. Todo lo demás es parte de una ceremonia de la confusión.
*Carlos Martín Beristain es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y fue comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
El hallazgo en 2023 de cientos de restos en el rancho “Los Huesos”, cerca de Mexicali, junto con Teuchitlán y otros lugares de exterminio, revela la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y la impunidad con la que operan estos sitios.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Foto: Especial
Chilpancingo
Lunes 24 de Marzo del 2025
Mientras el mundo se estremecía ante el descubrimiento de un rancho utilizado por un cártel como centro de reclutamiento forzado en Teuchitlán, Jalisco, madres buscadoras encontraron el pasado lunes 17 de marzo en la ciudad de Tijuana el cráneo de una persona abandonado sobre una banqueta, a plena luz del día y en plena calle, donde a escasos metros unos niños corrían felices, ajenos al horror.
–Lamentablemente, lo que encontraron en Jalisco no es para nada un caso aislado, ni nada que nos sorprenda a los padres y madres buscadores. Tanto las fosas clandestinas, como los hornos del narco, así como los desaparecidos, están prácticamente en todo el país, en todos los estados.
Paula Sandoval lleva cinco años buscando a su hermano Jesús Daniel Sandoval León, un estudiante de Derecho que tenía 26 al momento de desaparecer, y que alternaba los estudios con el trabajo como chofer de Uber y la venta de celulares, laptops y cámaras de vigilancia.
Daniel se encontraba el 16 de enero de 2020 en la colonia Florido de Tijuana cuando fue secuestrado. El grupo armado pidió un rescate, que la familia pagó, pero no lo liberaron. Desde entonces, el joven pasó a engrosar las estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación federal que aseguran que en Baja California, en los últimos seis años, suman 2 mil 235 denuncias que siguen activas por desaparición, más 60 casos que ya fueron hallados sin vida. Una cifra, no obstante, que activistas y colectivos de búsqueda en Tijuana consideran muy alejada de la realidad. La activista Paula Sandoval apunta que, al menos, habría 24 mil carpetas abiertas por desaparición, debido en parte por la cifra negra de quienes tienen miedo a denunciar, o por un posible subregistro de las autoridades.
Segmentos humanos hallados en un rancho llamado “Los Huesos”, en Baja California. Foto: especial
Precisamente, su colectivo y ella fueron los que recibieron la llamada anónima el lunes pasado y se apersonaron en la calle donde yacía el cráneo sobre la banqueta.
A unos pocos metros, se encuentra una bodega abandonada en la que hay un sótano a oscuras, donde se sospecha que pudiera estar el resto del cuerpo, o más restos humanos. La sospecha se debe, explica Paula, a que en ese mismo lugar ya se había encontrado anteriormente un cadáver sin cabeza –la cual fue hallada después, en enero de este año–. Sin embargo, debido a la premura con la que asistieron el lunes pasado al lugar y a la falta de lámparas y de equipamiento, el colectivo dio parte a las autoridades y ya no rastreó más a fondo la bodega.
–Hay fosas clandestinas por todas partes –dice tajante la activista–, Baja California completa es un panteón clandestino. Tan solo en Mexicali, por poner un ejemplo, se encontró un ranchocon más de 300 restos humanos.
Paradójicamente, ese rancho del que habla Paula donde fueron enterrados clandestinamente cientos de restos se llama ‘Los Huesos’. Está ubicado en el poblado ‘Los Algodones’, a unos 30 kilómetros de la capital de Baja California, y muy cerca de San Luis, Arizona, en Estados Unidos.
El lugar donde se encuentra el rancho, que básicamente es una inhóspita zona semidesértica donde hay un mar de llantas de carros tiradas por todas partes, carros desguazados y viejas autocaravanas, está en la colonia ‘Ladrillera’. Se le llama así debido a que en este pequeño asentamiento irregular la principal actividad económica es la fabricación de tabiques y ladrillos de arcilla en hornos. De hecho, en el rancho del hallazgo hay montañas de ladrillos amontonados por todas partes. Y a decir de los colectivos de búsqueda, los hornos ladrilleros de estos ranchitos es lo que hace que los grupos del crimen organizado se fijen en esta zona de Mexicali, donde según cifras oficiales hay más de 500 personas que están desaparecidas a la fecha.
Kevin fue secuestrado por un grupo del crimen organizado cuando estaba en su segundo día de trabajo como guardia de seguridad en la terraza del bar Shots, sobre la calzada Montejano, en pleno corazón de Mexicali; un lugar al que Gonzalo asegura que ya se le conoce como ‘El Triángulo de las Bermudas de Mexicali’, pues en las inmediaciones de ese y otros antros, además de su hijo, han desaparecido al menos 12 personas.
Gonzalo y la Célula de Búsqueda fueron quienes detectaron, en el verano de 2023, que en el rancho ‘Los Huesos’ podría haber indicios de cuerpos. El activista explica que habitualmente reciben llamadas y mensajes anónimos que les ponen sobre la pista de algún lugar de interés. Pero, en este caso, los indicios llegaron luego de volar un dron por la zona y detectar desde el cielo anomalías en el terreno tras un ‘geo-rastreo forense’.
–Creemos que es el momento de transitar del uso de la ‘varilla T’ (una varilla fina de hierro con forma de ‘t’ en un extremo, que los padres y madres utilizan para clavar en la tierra en busca de pistas) al uso de la tecnología –comenta el activista. Además del dron equipado con cámaras especiales, su colectivo utiliza imágenes satelitales de uso libre de la NASA, lo cual les ha dado como resultado el hallazgo, solo en 2024, de 23 casos positivos de restos humanos en diferentes puntos entre Baja California y Sonora; entidad vecina donde según los registros de la Segob suman entre el pasado sexenio y lo que va del actual casi 2 mil 700 denuncias por desaparición que siguen activas, más 134 personas que ya fueron halladas, pero sin vida, y donde precisamente el activista denuncia que en mayo de 2023 la camioneta del colectivo recibió 7 impactos de bala como amenaza.
Tras el ingreso al rancho ‘Los Huesos’, ya acompañados por personal de la Fiscalía de Baja California, Gonzalo explica que empezaron a excavar en un pedazo de tierra de unos cuatro metros cuadrados y un par de metros de profundidad, del que primero salieron dos piezas dentales, luego la cabeza de un fémur, luego un pedazo de mandíbula con dientes completos, hasta que emergieron más de 300 piezas de restos humanos.
Además, hallaron celulares, mucha ropa, mochilas, e incluso tablets electrónicas, lo cual lleva a Gonzalo a establecer cierta similitud con el campo de reclutamiento forzado del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, aunque en el caso de ‘Los Huesos’ no saben realmente cuál pudo haber sido la dimensión real del hallazgo, pues denuncia que más de un año y medio después la Fiscalía no les ha dado detalles. Aún no se sabe, por ejemplo, o no les dijeron, si los restos corresponden a una o más personas, ni la temporalidad de los mismos.
“Todo lo quieren politizar”: madre buscadora
Lo que sí saben los padres y madres buscadores, apunta ahora Gonzalo, es que el lugar donde se ubica el rancho ‘Los Huesos’ es zona de tránsito de personas migrantes y de presencia de grupos del crimen organizado, de los que omite el nombre para evitar represalias y amenazas.
Gonzalo admite que no puede asegurar que los restos correspondan a migrantes, pero considera que debería ser una clara línea de investigación por el contexto de la zona fronteriza. Eso, matiza, en el caso de que las autoridades quieran o puedan investigar, pues recuerda que en casos como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Fiscalía jalisciense tenía desde hace meses conocimiento de ese centro clandestino, y no hizo nada por investigar el caso. Al contrario, de no ser por los padres y madres buscadores que lo sacaron a la luz pública, el lugar continuaría muy probablemente en la clandestinidad.
De vuelta al rancho en Mexicali, Gonzalo cuenta que una particularidad que encontraron es que los grupos del crimen organizado, ante la acción de los colectivos de búsqueda, están comenzando a exhumar los cuerpos que enterraron para trasladarlos a crematorios y hornos clandestinos como este de ‘Los Huesos’ en la colonia ‘ladrillera’, con la finalidad de desaparecer cualquier rastro o evidencia.
–Es una nueva estrategia o modus operandi, que podría ser catalogada como delito de lesa humanidad, y que consiste en desaparecer, inhumar y luego exhumar clandestinamente para cremar y volverlos a desaparecer –hace hincapié.
A continuación, Gonzalo apunta que lo acontecido tanto en el rancho ‘Los Huesos’, en Mexicali, como en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, así como en otros centros de exterminio descubiertos en el país, como el hallado por otro colectivo de búsqueda el pasado 12 de marzo en Reynosa, Tamaulipas, u otros lugares tristemente célebres por el horror destapado en sexenios pasados, como en ‘Colinas de Santa Fe’, en el puerto de Veracruz, donde al cierre de ese cementerio clandestino en 2019 las madres del colectivo Solecito habían hallado 298 cráneos y más de 2 mil 500 restos humanos, muestran que el problema de las desapariciones en el país es mucho más grave de lo que reconocen las autoridades, y que los grupos criminales llevan la ventaja a la hora de desaparecer personas sin dejar rastro.
–Estamos ante una carrera contra el tiempo por encontrar a nuestros seres queridos, pero también ante una carrera frente a estos grupos, en la que al momento que nosotros hacemos un hallazgo, ellos se movilizan rápido para destruir cualquier evidencia, cremando los restos, bajo la premisa de que al no haber cuerpo, no hay delito, ni caso.
Y en esa carrera, los colectivos consideran que los criminales llevan aún más ventaja no solo por la impunidad con la que operan, sino también por la pasividad de las autoridades y por el ‘golpeteo’ político que se produce cuando salen a la luz casos como el del rancho en Teuchitlán.
Foto: especial
La señora Soraya recuerda, por ejemplo, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo, cuando a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán acusó una “campaña” en contra de su gobierno y para ‘golpear’ al expresidente López Obrador, y acusó además a la ‘oposición’ de querer sacar ‘tajada’ política del hallazgo. O las palabras posteriores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuestionando que los cientos de pares de zapatos y tenis encontrados en el rancho, cuya imagen dio la vuelta al mundo, fueran realmente de personas desaparecidas.
–La verdad, es muy triste ver cómo todo lo quieren politizar –apunta la madre buscadora–. Piensan que una alza la voz por querer ensuciar el nombre de López Obrador, cuando la verdad es que yo, como madre que busca desesperadamente a su hijo, qué me voy a estar preocupando por querer ensuciar el nombre de nadie. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo.
–Ese personaje político –interviene Gonzalo, en referencia a Noroña–, al ser la cabeza del Senado de la República, debería tener mucha más empatía hacia las víctimas, y no solo en sus palabras, sino también en su corazón. Pero, en lugar de eso, lo que busca es demeritar nuestro trabajo como colectivo, como si esto fuera una ‘guerra’ en contra del pueblo que asegura representar.
Tras el hallazgo del rancho ‘Los Huesos’ en agosto de 2023, el colectivo de Gonzalo y Soraya, del que forman parte otras 8 personas que colaboran con las búsquedas, encontraron apenas el pasado domingo 18 de marzo nuevos hallazgos de restos humanos, ahora en un ejido de nombre Nezahualcóyotl, en la zona norte de Mexicali. Hasta el momento, suman 5 puntos de interés a revisar, de los cuales 2 ya dieron positivos con al menos 2 cuerpos encontrados.
El pasado viernes 21, el colectivo realizó otra búsqueda por el Valle de Mexicali, ahora en apoyo de una madre que busca a su hijo, quien también desapareció en el mismo lugar que Kevin, en el bar Shots. Y luego, sin tiempo para descansar, regresarán “lo más rápidamente posible” para continuar con las búsquedas en el ejido Nezahualcóyotl.
–Son tantos los casos de desaparecidos, que no nos damos abasto con las búsquedas –lamenta la activista y madre buscadora.
Al interior del mercado no había vigilancia, ni siquiera en el área de carnes, donde la tarde del pasado viernes 21 mataron al presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, Daniel Lorenzo Campos Nava, y a uno de sus colaboradores. Fueron tres víctimas en total de otra oleada de ataques a personas relacionadas a la venta de carne en la ciudad
Texto y Foto: Margena de la O
Chilpancingo
Lunes 24 de marzo del 2025
Los asesinatos recientes de personas relacionadas a la venta de carne de pollo y res propiciaron la vigilancia policiaca y militar en el perímetro del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla durante todo el fin de semana, pero solo de la parte frontal del sitio, sin que esto alterara el flujo ni las actividades de comerciantes y clientes en los negocios.
Los elementos, policías municipales y estatales, militares y guardias nacionales, estuvieron concentrados en la parte posterior del mercado, es decir, en el estacionamiento y en el inicio de la calle de un costado que funciona como una ala de la principal central de abastos de la ciudad. En la avenida Insurgentes están estacionadas las unidades especiales de estos elementos, con sus guardias respectivas.
Pero adentro del mercado no había vigilancia, ni siquiera en el área de carnes, donde la tarde del pasado viernes 21 mataron al presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, Daniel Lorenzo Campos Nava, de 38 años, y a uno de sus colaboradores llamado Axel Daniel Trujillo Morán, de 20 años. En ese mismo ataque hubo una tercera víctima lesionada.
Los policías estatales instalados sobre la avenida Insurgentes, frente al mercado Baltasar R. Leyva Mancilla.
De hecho, pareciera que las actividades continúan normales, porque la mayoría de los negocios abrieron durante el sábado y el domingo.
El único momento de ayer que sacó de sus actividades habituales a los comerciantes –y por ende a los clientes– fue cuando llegó al mercado el féretro del presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo, donde tenía su negocio. La familia lo despidió de su lugar de trabajo y, también, de su muerte, la carnicería Ruth.
Después de unos minutos todos volvieron a sus actividades.
En el área de carnes del mercado no había indicios mayores de que 48 horas antes ocurrió este hecho funesto, solo porque en el borde para despachar de la carnicería Ruth estaban cinco arreglos florales blancos y una cadena de cempasúchil, en el suelo unas veladoras encendidas, y en la fachada una cartulina fluorescente con este mensaje: “Quien sea gustoso de acompañar a nuestro amigo y compañero Daniel, será velado en la funeraria Santa Cruz”.
Para algunos puede pasar desapercibido porque el negocio se pierde entre otros tantos que también tenían las cortinas abajo.
Un domingo normal, contaron los comerciantes, los negocios de carne cierran alrededor de las tres de la tarde, más temprano que de costumbre, porque todavía entre cinco y seis de la tarde algunos de estos establecimientos siguen abiertos.
A esta hora de ayer ya había varios cerrados, sin que significara una alteración en el área, pero en esta ocasión una segunda razón era el motivo, los dueños y encargados acudieron a los servicios funerarios de Campos Nava.
Comerciantes de carnes cerraron sus negocios para asistir al funeral del presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo.
El chofer de una urvan de las rutas del transporte público que hace parada en el mercado compartió, a su juicio, que estos hechos violentos no modificaron en nada la fluidez en el mercado, porque ha levantado y bajado pasajeros de manera habitual. Después hizo un par de comentarios sobre cómo las personas contemplan este tipo de hechos como parte de su propia cotidianidad.
Le tocó presenciar la agresión del miércoles pasado en el perímetro del mercado. Eran alrededor de las tres de la tarde, cuando al salir del estacionamiento del mercado fue atacado a balazos el vehículo en el que iba un proveedor de carne de puerco, de nombre Alexis, con dos policías auxiliares que lo cuidaban. Producto de ese agresión uno de los elementos auxiliares murió, el proveedor quedó herido y el otro agente ileso.
El chofer recuerda que este episodio solo alteró por unos momentos los ánimos en el perímetro del mercado, en particular de quienes presenciaron los hechos. Él solo siguió su ruta después del susto.
El día que mataron Campos Nava también hubo otro ataque contra personas relacionadas a la venta de carne en Chilpancingo. Fue por la mañana, muy temprano, en pleno centro de la ciudad, a un costado del edificio público Álvarez, mataron al distribuidor de pollo de nombre Luis; fue un ataque a balazos, quedó herido, pero murió en el hospital.
Los ataques contra personas involucradas en este ramo comercial no son nuevos. En junio del 2022 asesinaron a distribuidores de pollo y a empleados, lo que provocó que comerciantes dejaran de vender esta carne en la ciudad por algunos días.
El caso más atroz documentado entonces por periodistas locales, incluidos los de este medio, es cuando un grupo armado ingresó a una granja de las inmediaciones de Petaquillas y asesinó al distribuidor, su hija de 14 años y cuatro empleados que en ese momento desplumaban los pollos para comenzar las ventas. Éstas son parte de las víctimas de una secuencia de ataques armados de ese momento.
En ese momento quedó expuesto que grupos organizados, incluidos los criminales, tenían en su interés el negocio de la venta de carnes.
En esa ocasión como ahora, las autoridades han enviado vigilancia policiaca y militar al mercado.
El gobierno del estado difundió un comunicado el viernes pasado que fortalecían la seguridad de la capital con presencia policiaca, que incluiría de del mercado, y la coordinación entre los niveles de gobierno con este propósito.
Elementos del Ejército recorren el perímetro al frente del mercado.
La presencia de los elementos está concentrada afuera del mercado, según pudo observarse durante un recorrido. Mediante redes sociales algunos usuarios, de manera anónima, denunciaron justo que la seguridad solo está en la parte de abajo (estacionamiento de la fachada) y que los rondines son esporádicos, cuando han visto que civiles vigilan las entradas y salidas del mercado.
Ayer por la noche la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de cinco personas por su presunto involucramiento en el asesinato del policía que acompañaba al distribuidor de carne de puerco, ocurrido el miércoles pasado.
Flores y velas para el presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo en su negocio del mercado.
Aunque la Fiscalía General de la República conoce desde hace más de una semana sobre la existencia del rancho Izaguirre, formalmente no ha llevado a cabo la atracción del caso.
Texto: Siboney Flores y Marcela Nochebuena / Animal Politico
Ciudad de México
Jueves 20 de marzo del 2025
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.
Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.
“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Criticó que para este momento todavía no tengan toda la información ni hayan comenzado con los análisis periciales, técnicos y científicos que tendrían que realizarse para poder establecer la verdad de los hechos en el caso. La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.
“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.
No obstante, la primera autoridad federal que tuvo conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre fue la Guardia Nacional (GN), a partir de una llamada anónima recibida en el C5 en la que se presumía que ahí existía un campo de reclutamiento y exterminio. Al llegar ahí –describió el propio fiscal–, fueron recibidos con armas de fuego y hubo un intercambio, tras lo cual tomaron el lugar, detuvieron a 10 personas hoy procesadas y encontraron otras dos con vida, que estaban privadas de la libertad, y una más que ya había fallecido.
Una vez ocurrido esto, la Guardia Nacional le entregó toda la información al ministerio público local. “La operación que se hizo en septiembre del año pasado la hizo la Guardia Nacional; por ser delitos del orden común los que encontró, le dio participación a la fiscalía del estado, que hizo todo un procedimiento en el que procesó a los 10 que están en la cárcel, no tuvo nada que ver el orden federal en eso, ni siquiera estábamos notificados”, justificó el fiscal general.
Ven problemas de coordinación entre fiscalías por caso Teuchitlán
Para el activista Contreras, las declaraciones del fiscal revelan, además, un grave problema de coordinación entre las fiscalíasy las instancias de seguridad pública, por lo que es un error afirmar que solo le correspondía a la fiscalía local dar vista a la Fiscalía General de la República. De hecho, esa acción no es indispensable para que la dependencia federal asuma competencia sobre una investigación.
“Necesita tener conocimiento por cualquier manera; una de esas maneras, efectivamente, tendría que haber sido la Guardia Nacional poniendo de conocimiento a la Fiscalía General de la República sobre estos hechos. Eso tendría que haber ocurrido, y si no, es una omisión grave de la Guardia Nacional”, apuntó el activista.
En esto coincide Joseph Olid, abogado penalista y académico del ITESO, quien explicó que la autoridad federal sí debió estar informada. “Por lo menos debieron de haber sido informados por la Guardia Nacional al momento que llegan al lugar. Más que nada porque se menciona que las otras personas portaban armas, que incluso hubo un enfrentamiento y eso por sí mismo ya configura dos delitos federales”, dijo. Se trata del delito de posesión o acopio de armas de fuego y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Olid subrayó que de haber existido una omisión de la Guardia Nacional, debió haber un segundo momento en el que también fueran notificados. “El ministerio público inmediatamente después de haber recibido todos los registros debió de haber informado. En el informe policial homologado se menciona que hay varias armas de fuego aseguradas y un enfrentamiento donde los elementos de la guardia nacional podrían haber sido víctimas de un delito”, detalló.
El que no exista una única investigación cuando ocurren delitos federales y locales en un mismo contexto termina por afectar la propia investigación, porque podría haber acciones que no se esclarezcan o incluso sean contradictorias entre federación y localidad, apuntó el académico.
Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), con sede en Jalisco, coincidió en que las declaraciones de las autoridades han evidenciado una dificultad para encontrar formas de coordinarse, debido a los diversos intereses que atraviesa el caso desde los diferentes órdenes de gobierno tanto como de los grupos criminales predominantes en el estado. Además, ha sido clara la tendencia de la FGR a deslindar a las autoridades federales, específicamente en lo relativo a la omisión de septiembre.
Sumado a lo anterior, a pregunta expresa, el fiscal general no pudo precisar la fecha exacta en la que la dependencia que encabeza tuvo conocimiento de la existencia del rancho y de la investigación iniciada por la fiscalía local. Pese a que se comprometió que más tarde el área de comunicación social confirmaría el dato a este medio, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.
“También es una omisión que la Fiscalía General de la República inmediatamente que tiene conocimiento de un rancho en donde se están realizando estos hallazgos de restos óseos, ya en este momento, no realice inmediatamente el procedimiento de atracción. No se necesitaba realizar un mayor procedimiento burocrático como el que está realizando ahora para poder asumir la investigación; tendría que haberla iniciado inmediatamente atrayendo su investigación a su competencia, como lo han señalado los colectivos de personas desaparecidas y las organizaciones que los han acompañado”, añadió Contreras.
La federación tiene derecho a realizar esta atracción según el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que indica “la Fiscalía podrá ejercer su facultad de atracción en los casos que determine la constitución, que determine los tratados internacionales y las leyes aplicables”.
Dado que la atracción aún no se confirma, el Centro Pro se dijo preocupado de que la investigación federal que eventualmente se realice lleve al sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento únicamente. Además, Gertz aseguró que si el ministerio público local, que tenía autonomía, cometió alguna irregularidad, se hará lo necesario para establecer responsabilidades de toda la cadena de mando.
Contreras precisó que la Ley General en materia de desapariciones es muy clara respecto a la responsabilidad de los servidores públicos, de todos los niveles, que presuntamente hayan cometido omisiones. Por ejemplo, en su artículo 24 establece que en casos de desapariciones relacionadas con delincuencia organizada, la federación será competente. De la misma manera, consigna la importancia de determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos que obstaculicen las investigaciones o cometan irregularidades con la búsqueda e identificación.
“Tendría que iniciarse una investigación que puede ser administrativa, pero también penal, respecto de la obstaculización en la búsqueda e investigación del caso. Eso tendría que ser tanto de las autoridades locales, como investigar si en algún momento alguna autoridad como la delegación de la FGR en Jalisco tuvo conocimiento de estos hechos y no inició una investigación o no solicitó información para poder atraer el caso en su momento”, añadió.
La actuación de la fiscalía estatal
En respuesta a las declaraciones de Gertz Manero, Salvador González, fiscal estatal de Jalisco, divulgó un video en redes sociales en el que aseguró que apenas el mismo miércoles –12 días después de la difusión del hallazgo– se entregaría todo el expediente de la investigación a fin de que la FGR la atraiga.
Aseguró que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversas acciones para avanzar en el caso, por lo que hay 10 personas en prisión. Reiteró su colaboración al fiscal y propuso que a la visita que hará este jueves al Rancho puedan sumarse madres buscadoras, colectivos, activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Añadió que el gobernador, Pablo Lemus, propone la instalación de una Comisión de la Verdad.
La mayoría de las autoridades actuales de Jalisco que están dispuestas a cooperar con la federación ingresaron a sus funciones el 1 de diciembre. El gobernador Pablo Lemus relevó al entonces gobernador Enrique Alfaro. El fiscal estatal, Salvador González, relevó a Luis Joaquín Méndez Ruiz. Mientras que Blanca Trujillo, entonces fiscal especial en personas desaparecidas, se mantiene en la misma función, aunque un cambio a la ley orgánica de la Fiscalía la define ahora como vicefiscal en personas desaparecidas.
Cuando ocurrió el caso, el entonces encargado de que las investigaciones llegaran con el juez era Jaime Navarro Hernández, director general de la dirección de Seguimiento a Procesos. Pero, poco antes de finalizar la administración, en octubre de 2024, fue asesinado mientras estaba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. Ahora las funciones de la dirección de Seguimientos a Procesos fue absorbida por el área de la Vicefiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal, encabezada por Ernesto Hernández Escorcia.
El abogado penalista Joseph Olid explicó que a nivel estatal también tienen responsabilidad distintas áreas como el ministerio público local, pues el agente en el caso, fue “quien dio el mando y conducción y quien se quedó al inicio con esa patente de investigación”. También el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), un organismo público descentralizado, que debía resguardar las prendas localizadas en el predio.
Chimiak apuntó que la responsabilidad de las autoridades municipales ha quedado desdibujada, pese a que la Ley de Personas Desaparecidas del estado es clara en cuanto a que también la comparten.
El sitio permaneció meses sin resguardo de las autoridades, pues el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco explicó a Animal Político que ingresó al predio en dos ocasiones, en diciembre de 2024 y enero de 2025. Semanas más tarde, el 5 de marzo, otro colectivo, Guerreros Buscadores de Jalisco, ingresó al Rancho Izaguirre con solo “empujar la puerta”, de acuerdo con declaraciones de las buscadoras.
Acerca de ello, el académico aclaró que las autoridades locales pudieron no haberlo realizado porque el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales no establece medidas específicas de resguardo.
“Si se clausura un restaurante la Ley en Materia Administrativa te va a decir: ponle un sello, el sello tiene que tener estas características, va a tener una previsión de que si lo rompen, va a pasar esto. Pero, eso en lo penal no existe, a veces las autoridades le ponen sellos, letreros gigantes, cadenas, pero en realidad todo eso ni siquiera está previsto en la ley”, dijo Olid.
El fiscal general de la República, Gertz Manero, enfatizó durante su conferencia de prensa del miércoles que las autoridades de Jalisco, entre los meses de septiembre y octubre, no realizaron ni las mínimas diligencias ministeriales que le correspondían, como procesamiento de huellas, identificación de prendas o determinación del dueño del rancho. Ni siquiera se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, ni se le dio intervención inmediata a la FGR, justificó.
Este es un trabajo original de Animal Político y es reproducido con su autorización.
Ahora un sobreviviente dice que habría reconocido que era el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, el lugar de su encierro forzado. Los jornaleros fueron hasta Jalisco por una convocatoria que lanzó el Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con otras áreas del servicio público y la Uagro, quienes niegan tener una relación con las funciones del rancho
Texto: Beatriz García y Margena de la O
Chilpancingo
Jueves 20 de marzo del 2025
La denuncia de jornaleros guerrerenses engañados y retenidos en Jalisco después de una convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo y otras instancias del servicio público fue expuesto desde hace dos años en medios locales de comunicación, pero ahora cobró relevancia porque una de las víctimas habría identificado al Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, como el lugar donde los retuvieron por varios días.
Existe la sospecha que este rancho, después de que el 5 de marzo pasado integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaran y descubrieran que había restos humanos, crematorios y varias centenas de prendas, pudo ser utilizado para entrenamiento forzado y exterminio.
Sospecha aún porque las investigaciones después de los hallazgos de las madres buscadoras están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ayer miércoles, un hombre que se identificó como Roberto se comunicó al programa de radio Formula Noticias, que conduce la periodista Azucena Uresti, y narró que un grupo de jornaleros de Guerrero fueron llevados con engaños a un rancho donde, además de que fueron víctimas de una explotación laboral, porque los llevaban a los campos sin la paga prometida, presenciaron varias escenas extrañas y violentas de personas que, al parecer, vigilaban ese rancho. La conductora presentó a Roberto como sobreviviente del Rancho Izaguirre.
Los jornaleros guerrerenses habrían llegado hasta Jalisco por la convocatoria lanzada por la administración de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Martínez Hernández, en coordinación con otras instancias, una de ellas la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), para una capacitación en campos agrícolas con el fin de que obtuvieran una visa para laborar en Estados Unidos.
Esta foto corresponde a la salida oficial de los jornaleros guerrerenses a campos agrícolas en febrero del 2023. En la imagen aparecen servidores públicos municipales de la anterior administración. Foto: Oficial.
Tanto la ex alcaldesa como la Uagro se han deslindado en comunicados públicos que los fines de la convocatoria sean los del Rancho Izaguirre. Pero la convocatoria sí existió para campos agrícolas de Jalisco, de acuerdo con un rastreo en las redes sociales oficiales de la pasada administración municipal de Chilpancingo.
También ya había registros públicos de una denuncia de privación y trabajo forzado de jornaleros.
Hace dos años, el periódico El Sur de Acapulco publicó la nota con el encabezada “Privan de la libertad a 55 jornaleros empresa de Jalisco; los contactó la Secretaría del Trabajo”, en la cual dan cuenta que un jornalero, de manera anónima, hizo la denuncia de que en 2023 fueron contratados, a partir de una convocatoria que lanzaron servidores públicos, con la promesa de que les darían una visa para trabajar en Estados Unidos, pero terminaron engañados, privados de su libertad y explotados.
La fuente de esa noticia informó que unas personas que, entiende, trabajaban en coordinación con la empresa Big Force–quien los habría contratado–, los mantenían retenidos en los dormitorios después de trabajar y que fueron ellos quienes habrían golpeado duramente a dos de sus compañeros que tuvieron la osadía de salir a ejercitarse en la noche; a uno de ellos, dijo, le desfiguraron la cara.
Esta información coincide en gran parte con la que Roberto le dio a Azucena Uresti.
“Fui invitado hace dos años, fuimos reclutados, más bien fuimos invitados a un programa de trabajos para laborar en Estados Unidos y adquirir la visa H-2 (H-2A es exclusiva para trabajos agrícolas), fuimos invitados por autoridades de aquí del municipio (Chilpancingo) y, bueno, la verdad ese tiempo que estuvimos en ese rancho y las condiciones en las que estuvimos fueron difíciles, porque aquí nos habían dicho una cosa y ya estando allá las cosas cambiaron demasiado”, menciona Roberto.
Esta imagen fue compartida en redes sociales por la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de la administración municipal de Chilpancingo el 15 de febrero del 2023, corresponde al acto de despedida de los jornaleros guerrerenses en la Comedor Universitario, ubicado en el centro de la ciudad. Foto: Oficial.
Además del Ayuntamiento de Chilpancingo, el sobreviviente señaló a la Uagro de participar en esta supuesta convocatoria de trabajo-capacitación que, en principio, les mencionaron como destino de trabajo Guanajuato. Contó que los jornaleros partieron en el autobús confiados en que llegarían a Guanajuato, pero los llevaron a Jalisco.
Al siguiente día, según su narración, los separaron por lugar de origen; calculó que había en el lugar (que sería el rancho en cuestión) unas 500 personas de varias partes del país. Les pidieron su documentación y datos de cuentas bancarias y, además, les informaron que estarían en el sitio durante un año, cuando les habían dicho que la capacitación sería por un corto tiempo.
Las personas que los instruían vestían pantalón café, playera azul marino y botas, similar a personal de las fiscalía oficiales. Ellos mismos les prohibieron tener comunicación con personas cercanas y salir del rancho, de lo contrario, “habría consecuencias”.
Sobre las condiciones en que desempeñaban el trabajo compartió que recibían comida maloliente y que los mantenían encerrados en unos remolques (tráilas) dispuestos como dormitorios, después de llevarlos y traerlos de los campos agrícolas.
Al cabo de un par de semanas, Roberto logró escapar junto con otros compañeros, porque dijeron que irían a comprar artículos personales.
La periodista le preguntó si reconocía el rancho–que sería el Izaguirre– y él dijo que cuando salió a la luz el caso reconoció el lugar porque caminó por una de las zonas. «Miraba apenas unas fotos y hay lugares donde recuerdo haber estado, donde desconocía absolutamente qué es lo que se hacía», dice.
También le insistió si estaba seguro que fueron autoridades quienes los convocaron para trabajar. El «sobreviviente» responde: “todos los que fuimos a esta jornada asistimos al Ayuntamiento municipal. Asistimos al área de Relaciones Exteriores, es ahí donde ellos estaban convocando a esta jornada de trabajo, y ahí fue donde nosotros entregamos papeles”.
Lo convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo aún puede ser rastreada en las redes sociales. Aquí un fragmento: “El Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con la UAGro a través de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Orlando y la Academia de Capacitación Agrícola Mexicana BIG FORCE convocaban a participar en el programa Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
La convocatoria incluye que serían capacitados en Guanajuato y Jalisco, donde recibirían un pago por su trabajo, además de prestaciones como seguro médico, con la oportunidad de obtener la visa H-2 para irse a Estados Unidos.
Hay fotos disponibles en el ecosistema digital de febrero del 2023, cuando el comedor de la Uagro ofreció alimentos a los jornaleros que partirían a los campos agrícolas.
Luego de la entrevista en Radio Fórmula, tanto la ex alcaldesa de Chilpancingo como la Uagro negaron ser participes de las actividades que se hicieran en el Rancho Izaguirre, en Tehuchitlán, Jalisco.
Este 19 de marzo se cumplen siete años de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV; pese a que su desaparición forzada significó un antes y un después en la lucha social por la desapariciones en el estado, sus familiares han tenido que pelear contra una verdad fabricada en la que el Gobierno de Jalisco aseguró que los tres jóvenes fueron asesinados y que no hay forma de localizarlos porque sus cuerpos fueron disueltos en ácido.
“Verdad histórica” que fue desechada por un juez en mayo de 2024, pues en el expediente de investigación no existen pruebas periciales y forenses contundentes para cerrar el caso bajo la versión que aún sostiene como cierta la Fiscalía de Jalisco; por ello, a siete años, las familias de Marco y Daniel exigen no sólo que los busquen con vida sino que las autoridades reconozcan que todo ha sido un engaño que se orquestó para frenar la presión social generada por su desaparición.
“En el juicio una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos, únicamente diesel”, lo anterior fue mencionado por la señora Vicki -madre de Jesús Daniel Díaz García- en la rueda de prensa que se convocó para no olvidar que este 19 de marzo de 2025 se cumplen siete años de la desaparición forzada de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, todos estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV.
El testimonio de la química forense que, por sí mismo pone en duda la versión oficial, formó parte del desahogo de la audiencia o juicio oral en Puente Grande que ocurrió entre el 1 de abril y el 17 de mayo del 2024, y en el que la Fiscalía General de la República -instancia que atrajo la investigación en 2018- “desahogó” las pruebas que tenía sobre el caso.
De ese proceso judicial se notificó que cinco personas recibieron sentencias condenatorias por 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado, no por el desaparición, tal y como exigían las familias de los jóvenes estudiantes.
Las personas sentenciadas fueron Eduardo Geovani Gómez Reynoso, alias “Cochi”; Christian Omar Palma Gutiérrez, alias “QBA”; Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias “Kalimba”; Miguel Ángel Casillas Pérez, alias “Tun Tun” y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias “Choco”; sin embargo, ese día se dejó en libertad a Alejandro N., pues no existieron pruebas contundentes de que éste hubiera participado en los hechos, algo que los padres desmienten, pues en la carpeta de investigación se sabe que éste sí fue copartícipe
“Lo más importante de ese juicio, no sólo fueron esas sentencias… sino que ese día el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había elementos suficientes para señalar que nuestros hijos hayan sido asesinados y desaparecidos como asegura la Fiscalía”,explicó Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco García Ávalos.
Para ella, el que eso haya pasado confirma que no hay forma de sostener la verdad que fabricaron las autoridades de Jalisco, pero también de que existe una obligación de que se busque con vida a los jóvenes, algo que lamentablemente nunca ha ocurrido.
“Desde el principio no se les buscó como deberían, por eso exigimos que se haga un plan para realizar una búsqueda en campo… para buscarlos con vida, ya que en estos siete años esto jamás de ha hecho”, explicó la señora Vicki, al tiempo que recordó que en los primeros días ella ofreció toda la información que tenía a la mano para que los buscaran, pero eso jamás pasó.
“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizá, acá tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, precisa la madre de Daniel.
Lo que pasó también en el desahogo de pruebas es que quedaron al evidente dos cosas importantes: 1) las múltiples inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía de Jalisco, y 2) la falta de trabajo pericial y de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, instancia que tras atraer el caso no realizó ninguna nueva línea de investigación ni siquiera revisó la validez de las confesiones de los hoy sentenciados, pues al menos tres de ellos, en el propio proceso judicial, declararon haber sido torturados para firmar su participación en la versión oficial que armó la Fiscalía de Jalisco.
“Cuando el caso lo atrajo la FGR, teníamos la esperanza de que las cosas cambiarían, pero tras el paso del tiempo, pero más en el desahogo de pruebas ante el juez nos dimos cuenta de que presentaron la misma carpeta que les entregó Fiscalía de Jalisco… ni siquiera se esforzaron un poco y, a la fecha, tampoco han hecho nada”, explicó Sofía, quien hace menos de un mes intentó llamar a su ministerio púbico federal, pero ya no le contesta el teléfono.
Donde también existieron y existen inconsistencias, explica Miguel Díaz -padre de Jesús Daniel- es la presentación de las y los testigos claves en el caso, pues sin dar fundamentos contundentes, la FGR no explicó porque no fueron a declarar las últimas personas que vieron a los jóvenes antes de su desaparición:
“Nosotros señalamos lo importante que era que esas personas declararan, pero sólo se nos explicó que algunas personas no quisieron hacerlo por amenazas, otras porque no fueron localizadas… pero era importante que declararan, pero no lo hicieron”.
Quienes sí declararon, recuerdan las madres y el padre, fueron la decena de funcionarios públicos de la Fiscalía de Jalisco que desde el inicio hicieron mal su trabajo.
“Los que sí declararon fueron quienes al inicio nos dijeron que a los muchachos se los habían llevado de tal lugar, pero después en el expediente anotaban otro… lo que nos dijeron que en el lugar a donde los llevaron había estado tres días, pero después al leer el expediente decían que sólo estuvieron ahí de un día para otro… inconsistencias que nos hicieron y nos hacen desconfiar de lo que hicieron”, explicó el señor Miguel.
A casi un año, del “desahogo” de pruebas y de que la autoridad judicial determinara no sólo no cerrar el caso, sino de seguir con las investigaciones, las familias de Daniel y Marco denunciaron que no existe avance alguno del caso, pues lo único que se han girado son oficios para cotejar el ADN tomado a las familias con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, resguardos en diversos estados del país.
Pero de nuevas líneas de investigación, nada. Mucho menos saben de planes de búsqueda en vida, pues en estos siete años jamás les han presentado ninguna estrategia para buscar a Marco, Daniel y Salomón con vida.
“Lo que nosotros queremos es que los busquen, que salgan a buscarlos porque no lo han hecho en estos años… queremos que salgan a buscarlos porque algo me dice que mi muchacho está ahí en alguna parte”, precisó Vicki.
También exigen, como lo evidencia la señora Sofía, la realización de un proceso serio de investigación, pues ninguna de las acciones de la Fiscalía de Jalisco o de la Fiscalía General de la República han sido eficaces en la búsqueda de los jóvenes cineastas.
Actualmente, aunque el caso esté abierto para las familias está inactivo, pues nadie les ha notificado ningún avance, tampoco saben nada de la apelación por el auto de formal libertad que se dio a Alejandro N., pues las familias quieren que se revise el por qué se le dejó en libertad; por ello, le solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al fiscal general, Alejandro Gertz, que revisen el caso y que se busque de manera inmediata a los tres estudiantes de cine.
¿Cómo ocurrió la desaparición forzada de los tres jóvenes?
La noche del 19 de marzo, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá -ubicado en el municipio del mismo nombre- los tres jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió.
Al bajarse para identificar la falla mecánica fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Policía Estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.
A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, por presuntos policías; sin embargo, tras las pesquisas, se dijo que no fueron policías sino integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que portaban uniformes apócrifos.
La Fiscalía precisó que, a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión pues el lugar donde éstos realizaron una filmación escolar (el día de su desaparición), había fungido como casa de seguridad de integrantes del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona); específicamente, de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese mismo domicilio, armas de alto calibre y droga.
Los tres jóvenes, según confesaron dos de los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales.
Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos, no tenía vinculación alguna con la delincuencia organizada.
En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García; sin embargo, de Javier Salomón Aceves Gastélum no se encontró registro de sangre.
Los hoy sentenciados por el delito de privación de la libertad (no por desaparición) también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola en la colonia Rancho de la Cruz también en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolver ahí en ácido sus cuerpos.
En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus inferencias lógicas, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes tuvieron ese triste final, pues así lo precisó, Elizabeth Torres, encargada de la investigación.
Lo cierto es que, a la fecha, no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado (más de 20 perfiles) y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes; la aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido fue algo que la Fiscalía del Estado Jalisco no logró sostener científicamente en su rueda de prensa, aunque en ella y en el video utilizado se señalara que: “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido”.
Circunstancia que fue desmentida por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los estudios realizados en esos bidones no muestran ningún tipo de rastro de restos humanos, únicamente presencia de diesel.
Por ello, es que a siete años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón sus familias exigen que se les busque con vida.
Este es un texto de ZonaDocs, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
La académica y periodista Alejandra Guillén alerta sobre los puntos ciegos que rodean al rancho Izaguirre: es necesario saber quiénes se benefician del reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, exigir la búsqueda en vida de quienes son capturados con la promesa de falsos empleos, entender que ese rancho forma parte de un circuito desaparecedor y no dejarse llevar por el “espectáculo del horror”
Cuando vio en las noticias los dolorosos hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán —los zapatos abandonados, las maletas polvosas, los restos humanos calcinados—, Alejandra Guillén González pensó en los casos de desaparición que ha investigado durante los últimos ocho años en Jalisco y notó similitudes: son jóvenes enganchados en plataformas sociales con falsas ofertas de empleo, y luego trasladados a diversas fincas y casas de seguridad ubicadas en la región Valles, donde son retenidos en centros de entrenamiento y exterminio. Una vez incomunicados y esclavizados, son obligados a pelear a muerte —como en el Coliseo romano— e incinerar a las víctimas como parte del entrenamiento deshumanizador de los nuevos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Lo que hay que entender al analizar este rancho [en Teuchitlán] es qué lugar ocupa en este circuito desaparecedor de personas, que es un circuito amplio, una estructura muy grande, que no empieza o se acaba solo en ese lugar. Ese rancho forma parte de una cadena con una organización impresionante que utiliza muchos lugares, muchos vehículos, a muchas personas: algunas publican los anuncios en internet, otras pasan por ellos [los jóvenes], otras los retienen, otras los entrenan, otras lavan el dinero”, dice la académica y periodista jalisciense.
En entrevista con A dónde van los desaparecidos, portal de noticias del que es cofundadora, Guillén considera que las noticias se están convirtiendo en un “espectáculo del horror”, en el que están saliendo a hablar muchos supuestos sobrevivientes, pero no se está contando la historia completa, y esto puede llevar a conclusiones apresuradas, como suponer que todos los propietarios de las prendas de ropa encontradas en el rancho están muertos, o acusar de sicarios o tachar de culpables a los jóvenes que pudieron escapar del lugar.
“Estamos en un momento delicado del manejo de la información, que también se está convirtiendo en un espectáculo del horror generado porque se suben tantas notas, mucha gente que dice reconocer una gorra, unos tenis, y sabemos lo que eso significa para las familias buscadoras. Es superimportante, válido, están buscando a sus tesoros, pero no podemos deducir que todos los dueños de esas prendas murieron. Es muy difícil saber cuántas personas pasaron por ahí, las identidades, y también tenemos que asumir que hay muchos lugares como este en los que ya nunca se pudo saber qué pasó [con las víctimas]”.
El pasado 5 de marzo, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entraron al rancho, lo encontraron sin sellos de protección a pesar de haber quedado bajo resguardo de las autoridades desde septiembre de 2024, y transmitieron en vivo imágenes que mostraban que la fiscalía estatal no lo había inspeccionado: tenía tres “hornos” con fragmentos de huesos calcinados, así como 400 pares de zapatos, 400 prendas de vestir, y maletas e identificaciones abandonadas que no fueron procesadas como evidencias. Este hallazgo causó dolor a las familias que buscan a parientes desaparecidos, e indignación a nivel nacional que desembocó en protestas por todo el país.
A Guillén, ese sitio y los relatos de los sobrevivientes que contactaron al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco le sonaron familiares.
En 2019, Guillén y el periodista Diego Petersen publicaron en Quinto Elemento Lab y en este medio el reportaje “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, en el que relataban el cautiverio que vivieron unos jóvenes a quienes el cártel —después de atraerlos con una oferta falsa de trabajo— esclavizó y retuvo a la fuerza en una finca del municipio jalisciense de Tala, donde pasaron a formar parte de los ejércitos del crimen organizado: cuidando sembradíos de drogas o entrenando como sicarios. Un sobreviviente, al que apodaron Luis para protegerlo, les relató sus días en ese infierno.
Alejandra Guillén (a la derecha) entrevista, con una colega investigadora del ITESO, a un hombre wixárika en la ciudad de Guadalajara. (Especial)
Su investigación se basó en esa entrevista, en las indagaciones de las familias de los jóvenes desaparecidos, y en la investigación de la fiscalía estatal sobre el centro de reclutamiento y exterminio hallado en 2017 en Tala, del que fueron liberados tres jóvenes cautivos y 13 personas quedaron detenidas.
Guillén siguió indagando el caso de Tala y otros parecidos en la zona Valles, la región tequilera y montañosa colindante con la ciudad de Guadalajara. La académica del ITESO se graduó en mayo de 2024 como doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara con la tesis titulada “Territorios de desaparición. Campamentos de esclavitud y dominación en Jalisco”. Las reconocidas académicas, expertas en el tema de desaparición de personas, Pilar Calveiro y Rossana Reguillo, fueron sus tutoras.
Al enterarse de los hallazgos recientes en Teuchitlán, Guillén notó que dos casas de seguridad en las que fueron retenidos los rescatados de Tala se ubicaban a unos minutos del rancho Izaguirre, donde, en septiembre de 2024, la fiscalía estatal había detenido a 10 personas y rescatado a dos personas cautivas y encontrado un cuerpo; lugar donde también se entrenaban sicarios y se asesinaban personas.
¿Qué pensaste al leer las noticias sobre Teuchitlán?
Hay que celebrar que se está dando esta movilización ciudadana, pero necesitamos plantearnos una perspectiva histórica, porque estos hallazgos forman parte de una continuidad de sucesos que se tienen que analizar en conjunto. Si se ve como algo aislado no se va a poder comprender. Teuchitlán nos arroja información sobre los dispositivos de desaparición, las atrocidades que se cometen, de cómo se han consolidado estas prácticas. Y, dando por buenos los testimonios que le han llegado a Indira [Navarro Lugo, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco] de la gente que ha podido escapar, el patrón coincide casi en todo con lo que investigamos en el campamento de Tala, que se descubrió en 2017.
Ropa, objetos y maletas encontrados el 5 de marzo de 2025 en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco).
¿Cuáles son los patrones de los casos que estudiaste que coinciden con el rancho Izaguirre?
El rancho está muy cerca, a unos minutos, a cinco kilómetros de las primeras fincas a las que llevaban a la gente reclutada en Tala [en 2017]. Por eso pienso que es importante pensarlo como un circuito que empieza con el enganche en las redes. He leído en medios, no lo he investigado directamente, que la gente había sido desaparecida en la central camionera. Lo que coincide es que, en ambos casos, buscan un trabajo en internet; encontraron muchas ofertas de empleo. Lo que sigue es que los agregan a un WhatsApp y les dicen: “Tal día tienes que estar aquí”. Como en esos trabajos no te piden muchos requisitos, te arman toda tu logística, te recogen en la central o te piden que tomes un camión, te dicen: “Vete aquí a dos cuadras y ahí te recogemos” o “súbete a tal camión, ya está pagado”. Llegaba gente de fuera, en precariedad: deportados, migrantes, lavacarros, pintores, chavos que se quedaron sin chamba, o que no pudieron estudiar, o que tuvieron un embarazo que no esperaban y deben mantener un hijo.
Los sobrevivientes cuentan en sus testimonios que eran decenas de personas por semana. Iban recogiendo a otros, las familias salían a despedirlos. Llevaban con ellos una mochila, su ropa, sus objetos personales. Como en cualquier trabajo en el que estarás fuera solo unas semanas. Los objetos que encontraron en el rancho Izaguirre son muy similares a los que describen que llevaba la gente que iba a ir a trabajar .
En el momento en que los captan ya están metidos en ese circuito: toman la carretera y empieza un recorrido por una cadena de lugares, los cambian tres veces de camionetas. Los llevaban a una finca en Cuisillos y a otra en Castro Urdiales, luego a Navajas, donde ya los subían al cerro. Los maltratos empezaban desde la primera casa, donde se encontraron con gente rota, algunos mutilados, gente que ha sufrido mucho en la vida.
En tu tesis estudiaste también la deshumanización en esos lugares, lo que le ocurre a las personas retenidas…
Luis, el que da el testimonio más amplio, dice que en la primera de esas casonas, como bodegones, encontró una cantidad de gente hacinada como sucia, supongo que cagada, meada, con hambre, sed, maltratada, y con una mirada de miserable. Los describe como gente que ya no tuviera alma, porque les han hecho mucho daño. Cuando le empezaron a gritar se dio cuenta de que había cruzado la línea de no regreso.
Me acuerdo también de las prendas que encontraron cuando reventaron las casas de seguridad: había calzones, pantalones, actas de nacimiento para solicitar ese empleo, objetos y mochilas similares a las del rancho. No sabemos de quiénes eran, si son de quienes entrenaron y fueron mandados a otros lados, de la gente que mataron, de quienes los tenían retenidos. Esa es la desgracia, que son prendas que pueden ser un indicio, pero no un indicativo de que cada prenda corresponde a alguien asesinado. No sé si en esos lugares les piden que lleven solo un cambio [de ropa], o algo leve, para subir el cerro.
La lógica ahí es convertirte en sicario, y los jóvenes que fallecen o asesinan son parte de tu material de entrenamiento. Como si fueran hojas de papel para un taller. Muchos de los que estaban al mando habían pasado por etapas previas.
Mapa con los sitios a los que fueron llevados los jóvenes rescatados en Tala en 2017 y su distancia con el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde fue localizado un centro de entrenamiento y exterminio. (Alejandra Saavedra)
¿Qué piensas al ver el rostro del joven desaparecido, que escribió su carta de despedida y ahora se sabe que ya había regresado a su casa, que está vivo? A mí me dolió el cambio en su mirada, su rostro actual…
Duele más porque inmediatamente empezaron a circular acusaciones de que era sicario o reclutador. Fue una narrativa que se impuso, de que si sobrevivieron es porque ellos estaban participando, y es una narrativa que lo pone en riesgo.
Es terrible. Hay que entender la dinámica de esos sitios: los maltratos, el uso del fuego, el rito de iniciación, todo lo que viven. En ninguna circunstancia tienen condiciones de libertad para decidir. Ese es el mal del sobreviviente, y la idea de que mueren los mejores y quien sobrevive es porque hizo algo terrible, y ya es verdugo.
En estos campos no se busca solo destruirte físicamente con violencia, también destruirte el alma y todo el entorno y tu familia, psíquica y espiritualmente. Es una destrucción de lo sagrado, que es mucho más grande que solo matar a una persona. Y quedan en ese limbo donde ellos tampoco saben qué son, ni víctimas ni victimarios. En esta zona de personas murientes.
No digo tampoco que Teuchitlán sea el Auschwitz mexicano, como se le ha nombrado, porque tiene finalidades distintas, pero la experiencia de estar en estos lugares, como en “los chupaderos” argentinos o en los campos de concentración [nazis], es similar a esa práctica de hacer a la víctima victimaria. De deshacer a la persona, de destruir su subjetividad, su psique, de romperles el alma, que es toda una estrategia militar y de entrenamiento.
Es una estructura dedicada a eso, no sé si de gente entrenada en las estrategias contrainsurgentes de Estados Unidos o Israel. Pero hay un plan armado, no es una maldad espontánea, tiene lógica, una finalidad muy clara, y hay gente preparada para hacerlo. Para convertirlos de víctimas a victimarias. Es a lo que Primo Levi se refiere al escribir sobre la experiencia de los campos de concentración. Estás con hambre, en condiciones no humanas que hacen que todo para ti sea la búsqueda de la sobrevivencia. Es muy complejo en ese contexto decir: “Ah, bueno, pues ellos participaron”. Están bajo un régimen de dominio en el que además están amenazados, y saben dónde viven sus familias.
En la investigación de Tala ustedes mencionan los castigos, los asesinatos, el uso del fuego para desaparecer personas.
Si en el rancho Izaguirre quemaron a gente, entonces es muy parecido a lo que en el campamento de Tala llamaban “echar a los elotes”, que era un castigo. Le tocó a un joven que quiso escaparse y a otro reclutado que, cuando bajaba del cerro, se metió a un Oxxo por agua, y eso fue suficiente para que lo mataran. Había muchas circunstancias por las que podían matar a los que estaban ahí, privados de su libertad o en entrenamiento.
El momento que relatan más fuerte es cuando —después de semanas de maltrato, hambre, sed, golpes y humillaciones— llega el jefe, un tal Sapo, un tipo sanguinario, y un hondureño que ya había subido en jerarquía le pide que lo deje ir a su casa. El Sapo pregunta a todos: “¿Quiénes quieren ir a su casa?”, y levantan la mano 17, y a esos los ponen a pelear. Quien iba cayendo era asesinado. A los que sobreviven les piden que arrastren a los caídos, que los seccionen y “los echen a los elotes”, que significaba juntar leña e incinerar los cuerpos. Y todo eso lo tienen que hacer las víctimas, es un rito de iniciación para los que sobreviven. “Echarlos a los elotes” implica el uso del fuego.
No ocurrió en un campamento o en un único sitio, se incineró en muchos otros lugares del bosque. Llegué a ver uno en el Bosque de la Primavera, que es de ese tipo de bosques que nacieron de la erupción de un volcán, donde el agua erosiona las piedras y forma canales, como hoyos naturales, y ahí los echaban. Y en otro lugar, al que unos campesinos me llevaron, vimos que tras el incendio quedaron muchos clavos de la extensión de una mano abierta, restos fragmentados de metal, la varilla de un brasier, dos hebillas y muchos huesos apilados. Era notorio que hubo una incineración. Ese lugar nunca se resguardó; cuando se trató de hacer, [los sicarios] volvieron. Eso también ocurre: cuando la fiscalía [de Jalisco] hace operativos, hay tranquilidad un tiempo, hasta que vuelven a tomar el control de esos sitios. La gente que sabe dónde se ubican no puede denunciar, implicaría poner en riesgo a toda la gente porque ellos siguen ahí.
Los restos quemados en el rancho Izaguirre se parecen a la práctica de “echar a los elotes”, que es parte del entrenamiento y del rito de iniciación. Los que sobreviven tienen que pasar muchas pruebas; esa es muy importante.
En uno de los campamentos localizados en Tala en 2017 encontraron leña y restos óseos calcinados. El CJNG incineraba los cuerpos de quienes asesinaba porque desobedecían órdenes o no servían para los trabajos del cártel. (Especial)
En este momento, la disputa es semántica: si son o no hornos, o crematorios, o incineradores… Desde el gobierno se están cuestionando los hallazgos y considerándolos sobredimensionados, ¿qué piensas?
Cuando hicimos el trabajo de “El país de las 2 mil fosas” [publicado en 2018 en Quinto Elemento Lab y en este medio] supimos que en el mapa de fosas había una cantidad de lugares para los cuales no había un nombre, una categoría, una forma de presentarlo; solo sabíamos que eran lugares donde se incineró [cuerpos]. No los incluimos en el mapa porque no correspondían a la categoría de fosa clandestina y porque no podíamos saber el número de víctimas. Y ese, para mí, fue uno de los hallazgos más terribles: que usar fuego o ácido ya era algo sistemático, que había un entrenamiento y una orden jerárquica para hacerlo, y la terrible perspectiva de pensar que nunca sabremos quiénes fallecieron ahí.
[En Teuchitlán] hay restos incinerados, punto. Quemados. Me acuerdo que, en Veracruz, a los sitios de incineración los nombraban sitios de destrucción de cuerpos; en Coahuila, centros de inhumación clandestinos o puntos de procesamiento para quemar cuerpos; otros han resuelto en los últimos años nombrarlos como puntos de hallazgo. Estas discusiones lo que exhiben es que aún no tenemos las palabras para nombrarlos. Puede que ya se sepan las palabras técnicas desde lo forense, pero no son familiares para todos. También sé que en la fiscalía estatal hay una discusión de si los restos fueron incinerados ahí o en otro sitio.
¿Qué observas distinto en el modo de operar de las autoridades sobre los campamentos de Tala y en la actualidad con el rancho descubierto por Guerreros Buscadores de Jalisco?
Las mismas omisiones en este caso y en otros parecidos, donde quienes los encuentran son las familias.
En 2017, lo que nos mostraron los operativos de rescate [de jóvenes reclutados] es que es posible hacerlos. Ese año revisaron y encontraron coincidencias entre las denuncias de desaparición de jóvenes que habían ido a trabajar a Tala; por otro lado, un joven escapa y va a la policía y cuenta lo que vio. Con un helicóptero Black Hawk sobrevolaron toda la zona, ubicaron en los cerros con mapas de calor dónde había gente concentrada. Lo más difícil era detener al capo que coordinaba esa región.
En ese momento hubo ruedas de prensa, exhibieron la información. Se acababa de crear la fiscalía especializada de desaparecidos y hubo un fiscal [Eduardo Almaguer] que llevó un equipo de su confianza, que estaba comprometido con el tema, y decidió buscarlos en vida y realizar otros operativos donde se liberaron personas en Lagos de Moreno, en Tala, en Vallarta y en Talpa de Allende.
Después cambiaron a ese fiscal, todavía en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y en el sexenio posterior, con [el gobernador Enrique] Alfaro y AMLO [el presidente Andrés Manuel López Obrador], se terminan de desmantelar estos esfuerzos. Claramente [gobierno federal y estatal] estaban decididos a negar que había un problema muy grave de desapariciones en el país. La gente de la fiscalía de desaparecidos decía que el gobierno federal ya no los iba a respaldar, y la fiscalía se concentró en delitos del fuero común.
Hubo operativos donde incidentalmente se liberaba a gente, pero ya no se volvieron a hacer con la intención de rescatar, o de decir: “A ver, aquí hay un patrón de desaparición, aquí tengo información de un sobreviviente que me está dando ubicaciones”, y armo un operativo. Alfaro llegó a decir que [los desaparecidos] se iban por su voluntad, porque estaban yendo a buscar trabajo y por eso no se podía perseguir ningún delito. Se decidió que los chicos ni siquiera iban a ser considerados como desaparecidos porque ya habían sido liberados, que no se investigara, que se negara.
¿Has visto casos en que se pueda prevenir que los recluten?
En noviembre, el ayuntamiento de Tlaquepaque puso carteles que decían: “Si vas por un empleo, acércate a los elementos de seguridad para que revisen si ese empleo es legal”. Se supone que se han acercado unas 28 personas a las que ofrecían trabajo por internet, de entre 5,000 y 8,000 pesos semanales [en 2017, en Tala les ofrecían 4,000 pesos semanales]. No es mucho, no alcanza para mantener a una familia, pero es una cantidad alta para la gente que ha vivido en precariedad toda su vida. También coinciden en que traen gente de toda la república, que seguramente no están enterados de todo lo que ha pasado aquí en Jalisco y del riesgo.
Ya que pasan etapas y que forman parte del grupo, hasta donde sé, se les paga. Por eso muchas familias deciden no hablar, porque recibieron en algún momento una llamada de su familiar diciendo: “Estoy bien”. Y algunas veces sí podían mandar dinero, y luego ya no volvieron a saber de ellos, pero tienen el miedo de “si denuncio y está vivo le harán algo y está por la fuerza”.
¿Hay algún tipo de esperanza en esos sitios?
Cuando lees los testimonios de sobrevivientes te das cuenta de que sí hay grietas pequeñas, momentos de resistencia. Incluso los chicos que sobreviven, aun con el temor de que los vuelvan a desaparecer o matar por lo que van a decir, se atreven a declarar que ellos vieron a personas que fallecieron, porque solo su testimonio permitirá que las familias sepan que estos jóvenes o estos hombres murieron.
Justamente, como se usó el fuego, su testimonio es muy importante porque, de otro modo, nunca se sabría qué les pasó a esos chicos. No sé si llamarlas acciones de resistencia, de dignidad, que después de lo que pasaste es quizás lo único que te queda. Y además sientes la vergüenza de sobrevivir. Porque, si sobreviviste, la gente se pregunta: “Uy, ¿pues qué habrás tenido que hacer para sobrevivir?”. No podemos verlo tan fácil.
Y también sabemos que los que sobreviven son vivos murientes, muchos salen como zombis, nunca terminan de regresar a la sociedad y no hay una vida para ellos, no hay familia, no hay trabajo, ni siquiera pueden sacar el INE porque les da mucho miedo dar su dirección y que vuelvan por ellos.
Madres buscadoras en la manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México del pasado 15 de marzo, en la que se exigió atención a las desapariciones de personas. (Marcela Turati)
Ya son ocho años desde el operativo de rescate en Tala, ¿qué ha pasado desde entonces, cómo ha evolucionado este problema?
Con el tiempo, esa gente y esas prácticas han tomado más poder. El tal Sapo era el más sanguinario, la cara visible. No sabemos quiénes más están en esa estrategia que, como dije, es una estrategia más amplia que no puede ser de unas cuantas personas, en la que participa mucha gente que no vemos.
La gente empezó a decir que los campamentos se habían movido a otros sitios, y por sobrevivientes se supo que se multiplicaron por el norte de Jalisco y por todo Zacatecas. Este grupo delictivo, estos mafiosos, lograron instalar y consolidar su estrategia. Se replicó. Y Jalisco se convirtió en el primer lugar de desapariciones [en el país]. Pero, a pesar de eso, a nivel federal y estatal la decisión fue no actuar.
El reclutamiento es más masivo, también hay una situación económica mucho más tremenda y culturalmente le llama la atención a muchos jóvenes acercarse a estos grupos. En 2017, entre los liberados también hubo un joven que en una de las audiencias para señalar a los imputados dijo: “Yo sí quería ser parte del cártel, fui invitado, pero cuando llegué me dieron vida de perro, no me daban de comer, me golpeaban, me torturaban, tenía sed, no tenía dónde dormir, pues dije: ‘¿Esto de qué se trata?’, y además, sin pago”.
No sabemos cómo deciden a quién invitar directamente y a quién reclutar con engaños, sin duda es a la gente que necesitan como carne de cañón. Y lo que no estamos viendo nunca en todos estos episodios es a los verdaderos beneficiados. Urge saber quiénes son, sus redes macrocriminales internacionales, quién se está beneficiando de esto, y qué papel juega Guadalajara, que es la capital del lavado de dinero.
Por más que tengan otros negocios, mantener una estructura desaparecedora de ese nivel es un gasto enorme. Esto es el neoliberalismo puro con más violencia, más negocios, más acumulación de dinero. Nos falta completar muchas piezas entre tanto ruido.
¿Qué debería seguir ante estos hallazgos? ¿Qué hacer?
Si ya conocemos que esto está pasando, ¿qué están esperando para hacer operativos en toda la zona para liberar a las personas que estén todavía con vida? Muchas de las prendas podrían corresponder a personas que pasaron por ahí que estén vivas en otro lugar. La exigencia es que los busquen vivos.
Como sociedad nos faltan palabras para nombrar estos lugares, nos generan mucha confusión por el horror, pero no podemos convertirlo en espectáculo porque así solo se normaliza. Que esta ola de indignación y movilización que hace tiempo no habíamos visto nos sirva para formar una organización más grande, tan grande como el tamaño del monstruo.
(Las preguntas y respuestas fueron editadas para la comprensión y para cuidar la extensión del texto.)
** Fotografía de portada: En el rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, fueron hallados fragmentos de restos óseos y más de 1,300 indicios. La fiscalía de Jalisco realizó trabajos periciales en el lugar el pasado 13 de marzo. (Facebook de la FGE de Jalisco)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.
Las madres buscadoras de Guerrero se organizan en sus colectivos para acudir a Jalisco y cerciorarse, a partir de la revisión de las prendas halladas, si sus hijos estuvieron o no en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, un lugar que pudo ser utilizado para entrenamiento forzado y exterminio.
Están a la espera de conocer más información de la Fiscalía General de la República (FGR), ahora que tomó el caso, sobre cuál será el mecanismo o método de cotejo o identificación, porque entre los familiares de buscadores locales comenzaron a brotar sospechas o inquietudes de que los suyos pudieron ser llevados a ese sitio ubicado en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Francisca Mayo Ramírez, quien fundó el colectivo Guerrero No+Desaparecidos en busca de su hijo Jonathan Munivez Mayo, desaparecido desde el 3 de noviembre del 2008 que policías municipales de Chilpancingo lo sacaron de la casa que rentaba el joven, tiene la sospecha de que su hijo pudo estar en el Rancho Izaguirre por dos coincidencias que escuchó durante el hallazgo.
Durante la narración que hicieron integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desde el interior del rancho, quienes descubrieron este sitio que antes fue cateado por autoridades, supo que en unas libretas halladas estaba el escrito el apellido Mayo y el apodo de Pelón que, coincidentemente, tienen relación con su hijo.
Contó que Mayo, su primer apellido y, por ende, el segundo de su hijo, no suele ser común, además le apodaban Pelón desde pequeño, porque le hicieron una cirugía y le raparon el pelo. Para la madre buscadora son dos elementos de peso que la tiene determinada ir a Jalisco aun si el resto de los integrantes del colectivo no se deciden.
Solo dará espacio a que la FGR proporcione más información después de documentar todas las prendas e indicios localizados en el rancho. Antes de que la federación tomará el caso, Francisca ya había notificado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Guerrero sobre su inquietud para que hiciera enlace con su par de Jalisco, pero ahora deben esperar los procedimientos que establezca la federación.
En otros colectivos locales circulan otras sospechas, pero esperarán hasta que tengan certezas.
La alameda Granados Maldonado de Chilpancingo fue establecida por un colectivo de familiares de desaparecidos como un sitio de memoria. Foto: Margena de la O.
El descubrimiento del rancho y las posibles operaciones que ahí realizaban volvió a trastocar las heridas de las madres buscadoras, incluidas las de Guerrero.
Francisca, de entrada, ha compartido que trae las emociones alteradas desde entonces. No sabe si es coraje, impotencia, dolor o, quizá, una mezcla de todo.
En eso coinciden otras madres que están al frente de otros colectivos en el estado, donde la desaparición de personas es consecuencia de un entorno atravesado por muchas violencias. “Es un sentimiento…creo que todas estamos, ay, yo lo tocó otra vez y me vuelve a afectar. Es un sentimiento de que ya nada más estamos en espera que nos digan de nuestros hijos, nuestros familiares”, dice Gema Antúnez Flores, presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, quien busca a su hijo Sebastián García Antúnez, desaparecido el 27 de febrero de 2011.
“En estos días no he podido dormir pensando que a lo mejor mi hijo pudo haber pasado por una situación así, de que lo torturaron, sabrá Dios en qué situación le quitaron la vida. Mientras no los encontremos siempre vamos a torturarnos; es una tortura sicológica la que vivimos todos los días, porque todo el tiempo estamos pensando si lo habrán hecho sufrir, si murió instantáneo y no sufrió, tal vez es mejor, pero no lo sabemos y todo el tiempo estamos torturándonos”, menciona Socorro Gil Guzmán, quien preside el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, y busca a su hijo Jonathan Romero Gil, desaparecido el 5 de diciembre 2018.
El caso de Teuchitlán también les confirma a las madres buscadoras que los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno no cumplen con una de las responsabilidades máximas, brindar seguridad a la ciudadanía, porque “sabemos que salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar”, agrega Socorro.
Ante ese panorama de desatención, las madres y demás familiares buscadores de personas desaparecidas han tomado un papel trascendental en las acciones de búsqueda de los suyos. “La verdad que ese trabajo no tendríamos por qué hacerlo las familias o las mamás, sin embargo, lo hacemos porque es a nosotras a quienes nos faltan nuestros hijos. Las autoridades han dejado a un lado esto de las desapariciones, los tres niveles de gobierno se hacen de vista gorda, nos están minimizando, revictimizando”, insiste.
Francisca coincide con Socorro sin haberla escuchado, porque fueron entrevistadas por separado. “Nosotros somos los que los buscamos porque las autoridades no lo hacen, y si lo hacen, no como nosotros”, menciona.
El Rancho Teuchitlán fue revisado antes por servidores públicos y nunca reportaron los hallazgos que el colectivo de Jalisco expuso.
Hay algo más en lo que coinciden estas tres madres al frente de colectivos de familiares de desaparecidos en Guerrero, viajarán a Jalisco en busca de indicios en los hallazgos del rancho para ver si algo tienen que ver con sus hijos.
“Sí hay posibilidad de ir, yo creo que iremos algunas personas del colectivo”, menciona Gema.
Socorro ya tiene planeado junto a otras integrantes de su colectivo viajar a fin de mes a Jalisco, porque ha sabido por los medios de comunicación de la FGR también intenta bloquear la intervención de las madres buscadoras de Jalisco, cuando son ellas las que descubrieron ese lugar de entrenamiento forzado y exterminio.
“Yo no voy a esperar mucho tiempo”, agrega Francisca después de confirmar que el colectivo que dirige pedirá formalmente que le permitan tener acceso a los hallazgos del rancho.
Tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cientos de migrantes han solicitado refugio en México para residir en Ciudad Juárez. Tan solo en el último mes, unas 600 personas de diferentes países realizaron su trámite con el apoyo de la oficina de movilidad de la Catedral. Son muchas sus razones para quedarse, pero la mayoría busca echar raíces de manera legal para evitar su deportación
Texto y Foto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez
Martes 18 de marzo del 2025
Ciudad Juárez– Cuando salió de Venezuela hace más de un año, María del Carmen Perdomo tenía como destino Estados Unidos, pero de allá la expulsaron en cuanto cruzó la frontera junto a su esposo, sus dos niñas y su niño, lo intentó de nuevo pero el cambio de políticas migratorias en el vecino país del norte la dejó varada en esta frontera
Ahora busca echar raíces legalmente en el país. Junto con su familia está en vías de recibir refugio en México y convertirse en residente permanente de esta comunidad fronteriza donde vive desde hace seis meses.
“No es fácil comenzar de nuevo” dijo María del Carmen, de 31 años, en una entrevista en el comedor de la Catedral de la ciudad, a donde acude cada semana por una despensa de las que distribuyen entre personas migrantes.
Aseguró que a su país ya no regresa y no buscará cruzar de nuevo a Estados Unidos por miedo a que la regresen de nuevo a su país. “En Venezuela vendí todo, no tengo nada, ni un colchón, ni a donde llegar, ya no regreso”.
La mujer, su esposo, hijas e hijo solicitaron su refugio en México a finales de enero, después de que Estados Unidos prácticamente restringió su frontera a la migración irregular, a los 15 días la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les informó que fueron aceptados
“Nos respondieron que había sido aceptado nuestro asilo y que tenía que acercarme a Migración para hacer la primera firma” contó. “Me alegré, mucho”.
Como ella cientos de personas migrantes comenzaron a solicitar el reconocimiento de refugiado en el país desde Ciudad Juárez. Lo han realizado con la asesoría de organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los migrantes.
Migrantes llenan los formularios para su solicitud de refugio en uno de los talleres de la Catedral. Fotografía: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Se solicitó a la Comar estadísticas sobre este trámite en lo que va del año, pero aún no responden a la petición. Sin embargo, tan solo en el último mes casi 600 personas hicieron su solicitud para residir en esta frontera de manera legal con la ayuda de la oficina de movilidad de la Catedral, otras decenas están en proceso de concretarlo y unas más están en lista de espera para iniciar el trámite.
Cristina Coronado, de la oficina de movilidad y encargada del comedor de la Catedral, comentó que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se derrumbaron muchos sueños de migrantes que ya habían hecho su travesía hasta esta frontera, “había mucha frustración, mucha ansiedad. La gente se preguntaba qué voy hacer”.
“Nosotros escuchamos, apoyamos, orientamos cuando podemos a la gente, pero desde ese momento muchas personas se quedaron sin opción para ingresar legalmente (a Estados Unidos) y se dieron cuenta que podían ser deportadas a su país, entonces empezamos a escuchar de la gente que quería refugio en el país”, dijo Cristina.
Ante la nueva realidad, contó que echaron mano de varias personas e instituciones para armar un programa de apoyo gratuito a los migrantes que les solicitaban orientación para gestionar el refugio.
Se contó con la ayuda de una migrante de El Salvador que había solicitado refugio, “ella sabía lo que se les iba a pedir”, se acercaron con una abogada de la Defensoría Pública Federal, para que lleve algunos casos, con la universidad, para tomar algunas fotos que requieren las personas, con un estudio fotográfico para gestionar descuentos por el servicio y con Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) para armar talleres de llenado de formularios y presentar solicitudes en paquete.
“En lugar de hacer el trámite uno por uno, porque esto es ya muy lento, y el trámite es muy tardado, entonces lo que decidimos fue acompañar a los migrantes desde cero, en la Catedral llenan los formularios, en forma de talleres, empezamos dando una explicación de qué es el refugio y sus implicaciones, luego les orientamos en el llenado de papeles”, cuenta Cristina al hablar sobre este programa de apoyo que inició el pasado 4 de febrero y a través del cual se ha realizado 183 trámites, para familias o personas solteras, procedentes de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Haití y hasta de África.
Son en total como 600 personas, entre adultos e infantes, los que iniciaron el trámite, dijo Cristina, pero considera que ese el número va en aumento, por la cantidad de personas que se han acercado a solicitar información del apoyo para iniciar la gestión de refugio con ellos.
“Empiezan a llegar y empiezan a se pasan la voz”, comentó. “Porque pues ellos se dieron cuenta de que ya no hay posibilidades de cruzar la frontera, al menos no por ahora”.
Migrantes llenan los formularios para su solicitud de refugio en uno de los talleres de la Catedral. Fotografía: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Estados Unidos ha sido el destino para muchos migrantes de distintas regiones del continente americano que huyen de la pobreza, la agitación política, desastres naturales o la violencia. Sin embargo, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil, dicen los migrantes, por un lado los altos costos de los polleros -como llaman a traficantes de personas- y ahora por las severas acciones del gobierno de Trump en su contra.
Desanimados por el panorama, la mayoría de los que estaban en esta frontera han retornado a sus lugares de origen o se trasladaron a otras ciudades del país, pero muchos han decidido quedarse a residir de manera legal en esta comunidad fronteriza.
“Entendí que las posibilidades están en donde uno la busque, siempre y cuando uno tenga esas ganas de progresar, salir adelante y tener su propio negocio”, dice Móises quien lleva en la ciudad 11 meses.
Él salió de Venezuela con su pareja y una hermana en busca de una mejor situación económica y por la situación política que dice se vive en su país, contó mientras esperaba información en la Catedral, donde ha recibido ayuda para su gestión de asilo, “para uno poder estar bien y estable acá en México”.
Confiesa que tenía miedo hacer su travesía por México, por las historias de violencia que se cuentan, pero dijo “bueno, entremos a México” y aseguró que ha sido superbien recibido y ha encontrado oportunidades para iniciar su emprendimiento de cortes de cabello.
“Como en todos lados hay personas buenas y personas malas” dijo, pero sus experiencias buenas son más, por eso no dudo en tramitar su estancia legal cuando se enteró que lo podía hacer con ayuda de personas de la Catedral, donde también recibió alimentos cuando recién llegó.
Móises aseguró que nunca intentó cruzar la frontera de manera irregular, buscó una cita por CBP One, lo intentó por casi un año pero nunca le salió, luego llegó Trump a la Casa Blanca y sus planes cambiaron.
Su historia es parecida a la de Yulieth Rojas, una migrante colombiana, de 28 años, aunque ella sí consiguió fecha para su cita ante autoridades migratorias de Estados Unidos, pero se quedó varada por la cancelación de CBP One el pasado 20 de enero, tras las investidura de Trump como presidente. Ella iba a cruzar el 8 de febrero.
La mujer no descarta regresar a su país, donde la espera su familia, pero mientras eso ocurre decidió tramitar refugio en México “para andar tranquila aquí, cuando uno ve a policías y militares”
El aumento en las solicitudes de asilo en México también se debe al incremento en las detenciones en operativos de las autoridades de Migración mexicana.
“Lo mejor es andar con un documento legal” comentó la Yulieth quien salió de su país en agosto del 2023 y llegó a la ciudad en tren.
Contó que ya se va a cumplir el mes de que hizo la solicitud de refugio con el apoyo del programa de la Catedral y aún está a la espera de una respuesta de las autoridades.
Yulieth dijo que le gusta Juárez. “Aquí conoces a mucha gente, muchos extranjeros, me he topado con gente muy buena con la que me llevo bien”.
En esto último coincide María del Carmen, la venezolana, quien asegura que su esposo consiguió un empleo como cargador en el mercado del centro y sus hijas iniciaron la escuela en septiembre pasado.
“Aquí hemos retomado nuestra vida, mi esposo trabaja, mis hijas van a la escuela y hay personas que son como ángeles que nos ayudan mucho”, mencionó la mujer, quien espera sus papeles como refugiada para trabajar y ayudar con los gastos de su nueva casa en esta frontera.
Este es un texto de La Verdad Juárez, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
Los hallazgos en el rancho Izaguirre lo ven como una muestra del infierno que pudieran estar viviendo sus hijas e hijos
Texto y Foto: Marlén Castro
Chilpancingo
Sábado 15 de marzo del 2025
Cecilia Balanzar, mamá de Mario Alberto García Balanzar, a quien desaparecieron policías municipales en Acapulco el 25 de mayo del 2023, dice que Teuchitlán le removió todo y ahora siente mucha angustia, no puede dormir y tiene la impresión de que no articula bien las ideas.
Cecilia es una de las madres buscadoras que, como parte de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco y Chilpancingo, se sumó a la jornada de vigilia y luto nacional en solidaridad con las víctimas de Teuchitlán, Jalisco, en donde hallaron un rancho con crematorios y restos humanos, el pasado 5 de marzo.
El tercer sábado de cada mes, la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia realiza actividades en el zócalo de Chilpancingo.
Despliega las fotos de todas las personas desaparecidas que acompaña su colectiva y de colectivas de otras entidades del país, con la que se acuerpa para exigir justicia.
En esta ocasión, coincidió con la convocatoria de las colectivas de madres buscadoras de Jalisco, por el horror hallado en Teuchitlán. Las madres, hermanas y hermanos de los desaparecidos hoy están diferentes. El dolor está más por encima que otras veces.
Ese es el estado de Esther Deaquino Velázquez, madre de Luis Geovany Rodríguez Deaquino, a quien desaparecieron en esta capital el 14 de mayo del 2016.
Esther suelta el llanto a cada rato desde que escuchó la noticia del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, porque hace aproximadamente cinco años, cree haber escuchado a su hijo y ver sus manos en una noticia relacionada con la entrega de despensas de parte de un grupo del crimen organizado en Zapopan, Jalisco.
Ese día pensaba en Guicho, que era como ella lo llamaba, y pasaba rápido su dedo por el celular viendo todas las cosas que tenía Facebook, cuando de repente salió una noticia de Univisión, en donde escuchó la voz de su hijo.
“Gracias”, escuchó. Vio las manos de esa persona que no salía a cuadro. Eran las manos de Guicho y era su voz. Desde ese 2020 el corazón le ha estado diciendo que su hijo estaba en Jalisco y la noticia del hallazgo de ese campo de entrenamiento y exterminio, en un municipio de Jalisco, la atormenta.
Esta tarde de sábado, Esther se ha quebrado varias veces. Las personas de la colectiva acuden rápido a sostenerla. “Guicho, miniño te sigo buscando, papasito tu no merecías esto en tu vida, tu debías estar estudiando”, grita con ganas en el quiosco de Chilpancingo, como esperanzada de que su hijo la escuche.
En el quiosco, las familias prendieron veladoras y desplegaron lonas con las fotos de varias personas desaparecidas, también llevaron pares de zapatos de algunas personas que no han sido localizadas.
No es la única madre guerrerense que se está haciendo pedazos. Socorro Gil Guzmán, la presidenta de la Colectiva y progenitora de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido también en Acapulco por policías municipales el 5 de diciembre del 2018, tiene los mismos sentimientos en estos momentos y desde días atrás.
“No ha sido fácil para nosotras esto. Desde que escuché lo de Teuchitlán no he podido dormir pensando en lo que pudieron haber sufrido, los jóvenes que estuvieron ahí”.
Socorro suplicó a quienes se llevaron a sus hijos. “Por favor, que se termine esta pesadilla que vivimos todos los días, dígannos dónde están nuestros hijos”.
El Colectivo Lupita Rodríguez Enciso de Chilpancingo también realizó actividades como parte de la jornada de vigilia y luto nacional. Fue en el punto conocido como la estatua del caballito, al sur de la capital, la tarde de este mismo sábado.
Las madres, padres, hermanas y hermanos de este grupo de desaparecidos de varias partes de la entidad exigieron una verdadera investigación para dar con los responsables de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre.
La tarde del viernes, los colectivos Centro Minerva Bello, María Herrera, el Centro de Derechos Humanos Morelos y Guerrero No+desaparecidos hicieron también un acto en solidaridad con las víctimas de Teuchitlán.
Cuando suenan los cohetes por la noche, la gente de Huamuchitos y de todos los pueblos del oriente de Acapulco saben que hay una nueva pareja de novios, lo que ocurre muy seguido.
“Preguntamos: ¿quiénes son los nuevos novios? Averiguamos y luego sabemos que se trata de la hija de tal familia con el hijo de tal”, explicó Bertha Bailón, una habitante de Huamuchitos.
En este pueblo de 2,100 habitantes, a 33 kilómetros de la zona turística del puerto más importante de Guerrero, no hay nada qué hacer. Los cohetes se traducen como fiesta en los siguientes días.
Los alegres por la nueva unión, son las familias ajenas al compromiso matrimonial.
Las familias del novio y de la novia están obligadas a cumplir con una tradición que los endeuda, por la fiesta que deben ofrecer en el pueblo.
“Una se alegra cuando hay nuevos novios pero si no es nuestra hija o hijo. Cuando son los nuestros nos entristece, sobre todo si se trata de nuestra hija, porque significa que de ahora en adelante estará en otra casa y a una ya no nos va a ayudar”.
Estos hechos ocurren, casi siempre, entre menores de edad, la mayoría de veces entre los 13 y 15 años. Así ha sido siempre.
Bertha Bailón, ahora de 38 años, se puso de novia de 15, vivió seis años en unión libre y tuvo su matrimonio civil y religioso a los 22.
La comisaria municipal suplente de Huamuchitos, Leodegaria Vázquez Estrada, huyó con el novio dos meses antes de cumplir 18 años, lo que para el pueblo ya significaba que lo hizo grande.
La familia del novio truena las cohetes para que los parientes de la novia, angustiados porque su hija no regresa, se tranquilicen.
“Así la familia se entera que su muchacha no está secuestrada o desaparecida; aunque la familia se queda triste, por lo menos, se queda tranquila”, comenta Bertha.
Lo que sigue abona al compromiso social. La familia del novio, sea muy noche o ya de madrugada, busca entre sus vecinos y parientes, unas dos familias que lo acompañen a la casa de la niña que ahora tiene de nuera, a ofrecer su palabra de que su hijo va a responder responsablemente, es decir, se va a casar y va a proveer.
Esa misma noche acuerdan una fecha para juntarse y hacer el arreglo matrimonial, que no tiene que ver con negociar el matrimonio, es acordar las fechas para los enlaces civil y religioso.
El arreglo matrimonial se convierte en una fiesta grande a la que acuden todos las familias conocidas de ambas partes.
Como se trata de menores, el arreglo es como una preboda. La boda ocurrirá cuando cumplan la mayoría de edad, tiempo para el cual ya tienen uno o dos hijas o hijos.
Celia, de 14, y Gael, de 15, cuya fiesta de arreglo matrimonial ocurrió el pasado 23 de febrero, evento que se hizo viral en las redes, se casarán hasta dentro de cuatro años.
Las fiestas más populares en estos pueblos son las de los arreglos matrimoniales. Las familias pagan por un video de la fiesta. Hay muchos en Youtube sobre estas uniones entre adolescentes de los pueblos de esta zona rural de Acapulco.
“Nuestro arreglo matrimonial: Emmanuel y María”.
“Nuestro arreglo matrimonial: Antonio y Diana”, por ejemplo.
El que ya no está disponible es el arreglo entre Celia y Diego.
El grupo Producciones Beto, el que lo compartió en su página, lo bajó después de la polémica, pero mantiene las fiestas de arreglos matrimoniales de otros adolescentes.
“No sabemos porque estos muchachos tuvieron mala suerte y salió su arreglo en todos los medios”, cuenta la comisaria suplenta Leodegaria Vázquez.
“Estas fiestas solo son del pueblo y con Celia y Gael, Huamichitos se hizo famoso”, expresó Bertha.
Celia y Gael: escondidos por la comisaría para que la polémica se olvide
Este martes 11 de febrero, el pueblo estaba en los preparativos de la velada de la Virgen de Guadalupe, es la fiesta anual más importante de Huamuchitos.
En la iglesia, señoras y señores cuidaban las ollas de comida. En la calle principal, los juegos mecánicos y los puestos de la feria, anunciaban fiesta.
El comisario iba y venía para atender los contratiempos, entre ellos, que el corral de toros, el que registraba varias averías, estuviera bien para el jaripeo de la tarde.
Se excusó para atender al único medio de comunicación que se presentó en la comunidad para explicar a la audiencia, la noticia viral del matrimonio entre adolescentes.
Comisionó a la comisaria suplente, Leodegaria Vázquez, quien explicó las tradiciones de las uniones matrimoniales, acompañada de varias señoras de diferentes edades que cuando adolescentes les tronaron los cohetes cuando se fueron de novias, tuvieron su fiesta de arreglo matrimonial y, después, su boda civil y religiosa.
Durante la plática con las señoras del pueblo, todo indica que el comisario giró indicaciones para que escondieran a Celia y a Gael.
En la casa de Gael, a dónde viven, los familiares dijeron que él y ella se habían ido a otra comunidad a visitar un familiar enfermo de Celia. Informaron que tampoco estaba la mamá y el papá de Gael. Los que estaban en casa, hermanos, hermanas o tíos de Gael anticiparon que no sabían nada.
El comisario y todos en la comunidad están molestos con los medios de comunicación por hacer viral la noticia, sin confirmar detalles sobre los hechos.
“Dijeron que vendieron a la muchacha. Aquí no se venden a las muchachas, no hay nada de eso”, expresó la comisaria suplente.
La familia de Gael vive, digamos, en el centro de Huamuchitos, muy cerca de la iglesia.
Antes, en la plática con el puñado de señoras, contaron que por la lejanía y el costo económico de salir, los habitantes hacen esto muy poco.
Salen solo si tienen que vender sus productos como jamaica, ajonjolí o semilla de calabaza, pero a estas alturas del ciclo agrícola, ya no les queda nada por vender. El contexto de los habitantes está reducido al pueblo que, a la vez, parece una isla por la marginalidad en la que les puso el abandono institucional. Para llegar de la zona conurbada de Acapulco a este pueblo se requieren al menos de dos horas en carro y cruzar un río en pangas.
Al buscar a la familia de Celia, algunas personas no quisieron dar informes. Incluso dijeron que no la conocían.
La familia de Celia vive alejada del centro, en un caserío disperso entre los cerros, en dónde para llegar se camina por el cauce de una barranca que durante las lluvias forma un incipiente río, pero en tiempo de secas corren aguas negras.
En la casa de Celia tampoco estaba la madre y el padre, solo una hermana y una cuñada que, dijeron, venían de otro pueblo para la fiesta de la Virgen de Guadalupe.
La hermana dijo que no estaba enterada de nada y no sabía dónde habían ido su mamá y su papá, tampoco su hermana. Estaba molesta también por la noticia del arreglo matrimonial de Celia.
Uniones tempranas sinónimo de pobreza intergeneracional
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, consideró que cuando se normaliza que las uniones tempranas llevan siglos realizándose es lamentable porque se convierten en el mecanismo con el que se perpetua la herencia intergeneracional de la pobreza.
¿Por qué? Porque esos adolescentes pierden la posibilidad de tener una formación académica, quedan condenados a trabajos precarios y a la dependencia del subsidio familiar.
Lo anterior porque el hombre tiene que demostrar que es un buen hombre siendo proveedor y la mujer de que es una buena mujer teniendo hijos.
Para Pérez García la validación social que hay en las comunidades a las uniones tempranas es una imposición y presión del mundo de los adultos, atropellando los derechos de las niñas y los niños.
Si las madres y los padres quieren dar su apoyo a sus hijas e hijos, los menores involucrados tienen que estar en libertad de tener un noviazgo, sin sucumbir a la coacción social de que los obliguen a vivir juntos.
“A los 13 o 14 años ningún niño o niña está en condición de decidir algo tan trascendental como una relación de pareja”, asegura el experto.
“Lo más seguro es que cuando cumplan la mayoría de edad ya no estén pensando lo mismo, pero quedan atrapados por la presión y coacción de las familias”, agregó.
Consideró que si la comunidad en su conjunto está molesta por la exhibición de la unión temprana y la condena de la sociedad “es porque siguen sin entender nada de los derechos de niñas y niños”.
El experto dijo que espera que esta comunidad y otras donde continúan las mismas prácticas “vean que hay otra forma de ver el mundo, que lo que ellos creen que está bien puede ya no ser apropiado”.
Condenó el papel del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) porque cuando ocurren estas uniones tempranas solo atiende que no ocurra un acto civil de matrimonio entre menores, lo que no ocurre porque la ley no lo permite, pero pocas veces aprovecha para realizar actividades con toda la comunidad, para abordar el rechazo social, no contra la comunidad sino por la vulneración de los derechos de los menores.
Por el caso de Celia y Gael, el DIF visitó a las familias de ambos menores y emitió un comunicado en el que reprobaba cualquier “práctica” en contra de los derechos de la niñez y adolescencia. También difundió que acordó con las madres y los padres intervenir de manera integral en la comunidad a fin de brindar información a la población sobre los derechos de las infancias y adolescencias, como el cuidado y prevención del embarazo infantil.
Pero las mujeres sentadas en la iglesia también criticaron que el gobierno, en lugar solo de condenar la unión de estas uniones tempranas, debería de tener un programa al menos de pláticas entre los jóvenes para transmitirles que hay muchas cosas por hacer, como estudiar, antes de casarse. Lo que significa que el DIF no ha brindado ninguna información.
En Guerrero, el 20 de octubre del 2022, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para prohibir y sancionar conductas relacionadas con el matrimonio infantil, la cohabitación y las uniones tempranas.
Es decir, que Celia y Gael cohabiten como pareja también está penado.
Educación y empleo, la solución
Antonia Ramírez Marcelino, una lideresa nahua de la Montaña, originaria de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, expone que los matrimonios forzados y las uniones tempranas se acabarán cuando la autoridad lleve las oportunidades de educación a estas comunidades apartadas.
Acercar los servicios educativos, además deben de ir acompañados de estrategias para que las y los adolescentes tengan los recursos económicos para ir a la escuela.
En las zonas indígenas, principalmente entre los me’phas, acceden a casar a sus hijas a temprana edad, porque eso significa recursos para la sobrevivencia del resto de la familia.
Antonia Ramírez cree que un programa de empleo para los varones en las comunidades donde se da este fenómeno podría desactivar tales arreglos tradicionales.
Antonia, como integrante de una comunidad nahua, sabe que su destino era casarse de unos 15 años, pero tuvo la fortuna de ir a la primaria y continuar por esa ruta de su preparación hasta hacer estudios de licenciatura y a eso deben tener acceso todas las mujeres como una norma, no como excepción.
Actualmente Antonia Ramírez es la directora de la radiodifusora La Voz de la Montaña y consejera electoral federal, en su caso, en su familia, rompió la condena de la pobreza intergeneracional, y la educación es la razón.
El hallazgo de tres hornos crematorios clandestinos, realizado por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ofrece una nueva postal de cómo la opera en el estado una maquinaria de muerte y desaparición, pero también da evidencia de cómo el trabajo colectivo de madres buscadoras puede arrancar a la impunidad y la barbarie todo aquello que desean ocultar, pero también es una muestra fehaciente de que el Estado mexicano no busca a las personas desaparecidas, pues el hallazgo se da en un lugar que había sido cateado por la Fiscalía de Jalisco y que estaba bajo resguardo de autoridades federales.
Texto y Foto: Darwin Franco/ Zona Docs
Jalisco
Jueves 13 de marzo del 2025
“El día de hoy nos encontramos en una búsqueda en un predio que según eso ya se había cateado, pero nos estamos encontrando varias fosas, hornos crematorios y la localización de varios huesos“, así inicia la narración de uno de los videos que grabaron, el 5 de marzo de 2025, integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco al interior del Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad La Estanzuela del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Lugar que antes y después del “cateo y aseguramiento” realizado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, en septiembre de 2024, se presume fue utilizado como sitio de entrenamiento forzado y un lugar de exterminio.
“Ponte los guantes para que me muestres molares”, precisa la voz de una buscadora. Su compañera, guante en mano contesta: “aquí hay uno”. Y en primerísimo primer plano se muestran dientes, placas que en algún momento ayudaron a soldar huesos rotos y partes de craneo que las y los buscadores decidieron colocar dentro de una cubeta blanca tras la revisión minuciosa de los tres hornos crematorios localizados al interior del rancho.
Aquellos hornos que la Fiscalía de Jalisco no localizó porque no le dio tiempo de inspeccionar todo el lugar cuando ahí, en septiembre de 2024, detuvieron a 10 personas y hallaron el cuerpo sin vida de una persona. Dicho lugar tiene una dimensión menor a una hectárea y, pese a ello, las autoridades de Jalisco no concluyeron la total inspección del sitio, tal y como en su momento se lo demandaron las familias buscadoras.
Tras los “trabajos” realizados por la Fiscalía, el sitio quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.
Una llamada anónima, de un ex reclutador del lugar, alertó de nuevo al Colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, razón por la cual regresaron al Rancho Izaguirre para dar cuenta del horror que ahí se hizo presente.
¿Cuánto tiempo? No es posible saberlo, aunque la cantidad de prendas y las centenares de zapatos encontrados dan evidencia de que el sitio operó de manera impune por varios meses sin que autoridad alguna sospechara de que ahí, como asegura Indira Navarro -líder del Guerreros Buscadores-, se entrenó y posiblemente asesinó a las personas que se reportaron como desaparecidas tras haber llegado a la Nueva Central de Camiones de Guadalajara, tras un ofrecimiento laboral.
Y el video sigue…
“En esta finca de entrenamiento se están localizando estos hornos crematorios… esta situación es muy delicada, pues al parecer se hacían los pozos se quemaban y se tapaban de vuelta… y así es como estamos localizando… ¿Mary qué estás viendo?”.
Lo que vemos a cuadro en la transmisión del colectivo es dantesco. Una madre buscadora armando con sus manos la dentadura de una persona. Y lo hace para que quien ve el “en vivo”, grabado para el perfil de Facebook de Guerreros Buscadores, pueda tener credibilidad de que no se trata de restos óseos de animales, sino de personas que fueron no sólo asesinadas, sino calcinadas para que toda huella de la violencia que se ejerció en su contra se perdiera bajo tierra.
Sin embargo, ahí estuvieron las manos de las madres buscadoras para extraer de la tierra restos humanos con el objetivo de darles identidad, si es que aún es posible hacerlo porque el alta exposición al fuego -o algún otro combustóleo- de acuerdo a expertos forenses, elimina toda posibilidad de extraer alguna muestra genética.
“Aquí también encontramos mucha ropa, maletas y así es el escenario que se ve el día de hoy. Lamentablemente, esto es una: ¿cómo le podemos llamar? ¿fosa o crematorio? Lo que vemos son huesos calcinados… lo que nos comentó la persona anónima es que hacían hoyos para hacer las cremaciones”, afirma Indira Navarro.
Y el video continúa, mientras la madre buscadora nos muestra a sus compañeros a ras de tierra buscando restos óseos o nos deja ver a otras que tratan de acomodar la ropa que se encontraba dentro de una bodega. Y ahí es cuando la pila de zapatos -como aquellos que se muestran como poderoso artefacto de memoria de las víctimas del holocausto en el Museo de Auschwitz-Birkenau, ubicado en Polonia- se hace presente como una evidencia de que ahí cientos de personas fueron despojadas de todo para quedar a merced de una delincuencia organizada para quien los cuerpos de aquellos que desaparecen son mercancías que pueden desechar o intercambiar.
Una muestra de que la necromáquina -como nombra Rossana Reguillo a la insaciable maquinaria de muerte operada desde el narcotráfico- existe, pero su potencia no radica en la cantidad de zapatos presentes, sino en lo que éstos en conjunto hacen visible: cientos de personas que llegaron ahí de manera forzada para ser despojadas de todo. Y las ropas localizadas por las madres buscadoras son la evidencia de que ahí estuvieron, pero ahora no. O quizá, sí… pero ya no de la forma en la que la esperanza nos incita a pensarles.
Tras el trabajo valiente de las familias en el Rancho Izaguirre, la Fiscalía de Jalisco se vio forzada a registrar cada una de las prendas, a las que para fines de investigación denominó indicios, los cuales numeró del 1A al 50J. En total, 492 indicios de prendas que van desde pantalones, blusas, suéteres, camisas, playeras y mochilas. Dicha lista puede consultarse aquí.
Hacer un recorrido por cada una de estas piezas es profundamente doloroso, pues como explicaban las madres en el video, ver tal o cual prenda dispara preguntas como: ¿era la prenda que usaban cuándo les desaparecieron? ¿era la ropa que llevaban a quienes aquí les quitaron la vida? Preguntas que quien llamó al colectivo no reparó en contestar, pues sólo habló para decirles que regresaran a Teuchitlán porque ahí operó un sitio de exterminio y entrenamiento forzado.
En el listado que compartió la Fiscalía de Jalisco, los 400 zapatos localizados en el lugar no aparecen como indicios de investigación.
Transmisiones que devuelven identidades
“Buenas tardes, buenas tardes… espero se conecten para seguir la transmisión” se escucha en un segundo video que da continuidad al trabajo de Guerreros Buscadoras de Jalisco.
“La persona que nos llamó nos dijo que en este lugar donde están estas ropas eran donde dormían las personas que fueron desaparecidas, eso nos dijo quien nos llamó… si ven o reconocen alguna prenda no duden de acudir a la Fiscalía”.
En los comentarios al video, las preguntas se multiplican: ¿encontraron alguna identificación? ¿podrían mostrar más las prendas para ver si no están la de mi familiar?
Las respuestas no se dieron por completo en el video “en vivo”, pero sí en fotografías posteriores que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó en sus redes sociales, tal y como la siguiente imagen en la que aparece una collar con tres imágenes: la de una mujer, la virgen de Guadalupe y la del San Francisco de Asís.
Días después se supo que la joven que aparece en el relicario era conocida como “La China”, era madre de un hijo y fue reportada como desaparecida desde 2024.
Una conocida de nombre Myriam Hernández, a través de su perfil en Facebook, escribió:
“Fuiste una buena madre buscando un mejor futuro para tu hijo, siempre te recordaremos como una guerrera. Tu hijo se queda en buenas manos. Siempre te recordaremos como una mujer fuerte, no sabemos cuánto sufriste, pero al menos sabemos que ya descansas en paz. Te amamos, Chinita. No es un adiós, sino un hasta pronto. Dios te tenga en su Santa Gloria”.
También localizaron credenciales, una perteneciente a Édgar Fabián Solis Santamaría, con residencia en Tlajomulco de Zúñiga, y otra de Eduardo Lerma Lito, originario de Cortázar, Guanajuato.
Sobre Fabián no se localizó reporte alguno de desaparición; de Eduardo se supo que fue desaparecido el 26 de febrero de 2024 en Lagos de Moreno, Jalisco. Incluso, de él se encontró una carta con el siguiente mensaje:
“Mi amor si algún día ya no regreso solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: se me fue mi enojón berrinchón y celoso. J.G.L .Eduardo Lerma Nito 02 mayo 2003 Cortázar, Guanajuato”.
Afortunadamente, el joven fue localizado con vida a finales de ese mismo año.
A la par de las prendas también se encontraron artículos personales, y algunos mensajes escritos en libretas, como el que se puede ver a continuación y donde se hace un listado de la forma en la que se referían a las personas que se encontraban ahí.
“Lo que nos dijeron es que aquí era una escuelita, así nos dijo el anónimo, que acá se traían a las personas que eran desaparecidas… era un centro de entrenamiento y exterminio, eso fue lo que nos dijeron”, precisa una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Como el Rancho Izaguirre, otros sitios más
Aunque este puede ser uno de los hallazgos más relevantes, centros de adiestramiento forzado y sitios de exterminio, con características similares, han sido localizados en Jalisco desde el 2017, aquí parte de este terrible recuento.
27 de julio de 2017: La Fiscalía General de Jalisco desmanteló múltiples campamentos en el municipio de Tala, utilizados como “narcoescuelas” por el CJNG. Estos sitios servían para reclutar y entrenar a nuevos miembros, a menudo mediante engaños y coerción. Las víctimas eran jóvenes atraídos por ofertas laborales falsas y luego sometidos a entrenamientos forzados en manejo de armas y tácticas de combate.
22 de noviembre de 2017: En el municipio de Cañadas de Obregón, se descubrió un campamento clandestino del CJNG. Este hallazgo formó parte de una serie de intervenciones en las que se identificaron instalaciones similares en diversas regiones de Jalisco, evidenciando la expansión y operatividad del cártel en el estado.
9 de agosto de 2021: La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un campo de adiestramiento del CJNG en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. En el lugar se encontraron cartuchos, chalecos tácticos con las siglas del CJNG y otros equipos utilizados para entrenar a miembros del cártel.
25 de marzo de 2023: La Guardia Nacional localizó un campamento clandestino en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Se decomisaron armas, artefactos explosivos de fabricación artesanal y otros materiales bélicos. Se presume que el sitio era utilizado por el CJNG para entrenamiento y operaciones ilícitas.
Octubre de 2023: En Teocaltiche, Jalisco, las autoridades desmantelaron tres centros de videovigilancia clandestinos operados por el crimen organizado. Estos centros contaban con múltiples pantallas y equipos tecnológicos para monitorear actividades en la región, evidenciando la sofisticación de las operaciones delictivas.
Colectivos que buscan a personas desaparecidas en Jalisco, denuncian que tras lo ocurrido en Teuchitlán, tienen dudas de que los trabajos hechos en otros sitios similares no se hayan realizado de manera adecuada. Razón por la que piden trabajar de manera adecuada, para que este sea ya el último sitio con dichas características.
“Aquí nadie se lava las manos”: gobernador de Jalisco
Luego de que el fiscal general, Alejandro Gertz, anunciara que la dependencia a su cargo no sólo atraería el caso sino que “daría un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes estaban protegiendo esa área”, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que en su gobierno no se lavará las manos de nadie.
“Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la Presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades”, afirmó en un video en el que en Casa Jalisco aparece con diversos mandos estatales y federales relacionados con dependencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas.
Y agregó que más de que el caso se vaya a la Fiscalía General de la República, su gobierno seguirá trabajando de manera conjunta con las autoridades, pero también con los colectivos de búsqueda para que este fenómeno (las desapariciones) se termine por completo.
Por su parte, en comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado confirmó que, en efecto, en septiembre de 2024 en ese lugar se dio la detención de 10 personas, de las cuales dos fueron liberadas por falta de apruebas, y se localizó a una persona sin vida, aunque no precisó si ya se logró ser identificada.
También indicó que tras la labor realizada por el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas detectó una modalidad que no había sido utilizada por lo grupos criminales locales, pues “además de calcinar los restos, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra”.
Así mismo se señaló que por instrucciones del Fiscal González de los Santos se giraron instrucciones para iniciar una investigación ante los órganos de control internos para deslindar responsabilidades “por eventuales omisiones en la búsqueda de septiembre y, de proceder, se sancione al funcionariado que corresponda en estricto apego a la ley”.
También la dependencia emitió un mensaje a las familias buscadoras:
“Se advierte que la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien la utilizaba esté sin vida, ya que durante el operativo de septiembre de 2024 hubo un enfrentamiento entre autoridades y civiles, y un número indeterminado de personas huyó del sitio para evitar ser detenidas”.
Hasta el momento, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas ha registrado los siguientes indicios:
5 lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica
400 prendas e indumentaria, como ropa, calzado y mochilas
96 casquillos de diversos calibres
3 cargadores
1 aros aprehensores metálicos
3 libros
1 libreta
1 identificación oficial
***
Este es un texto de Zonadocs, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
