El estigma de padecer viruela del mono: “Es como revivir la discriminación de cuando inició el VIH”

Ro, Job y Guillermo tienen en común haber enfermado de viruela del mono en la CDMX, la entidad del país con más casos de este padecimiento y desde donde acusan que el gobierno discrimina a la población LGBT y es omiso en prevenir contagios.


Texto: Montserrat Sánchez Maldonado 

Fotografía: Montserrat Sánchez 

18 de noviembre 

 

“Parece que regresamos en el tiempo y que en realidad nada ha cambiado. A quienes nos estamos contagiando de viruela de mono nos señalan, nos juzgan por nuestra orientación, por nuestras prácticas, nos señalan y nos dicen que esto nos pasa por jotos. Es como revivir la discriminación y el estigma que se vivió con el inicio del VIH”.

Él es Ro Banda, quien hace tres meses se recuperó de viruela símica. Tuvo dos pústulas en el pene que le provocaron hinchazón, irritación y dolor al caminar. Y aunque su cuerpo no se llenó de heridas ni tardó tanto tiempo en recuperarse, la enfermedad le cayó como un balde de agua fría.

“En agosto presenté los síntomas. Un día me salí de bañar y fue cuando noté las heridas. Fui a mi cita médica y me confirmaron el diagnóstico. En ese momento no quería hacerlo público, no me sentía listo para ser doblemente estigmatizado, que si así soy una persona que vive con VIH ya fui alguien que tacharon de irresponsable, que dicen que no me cuidé; ahora, si voy y digo esto, va a ser: ‘¿Ves? Ahora tienes viruela y eres doblemente irresponsable’”, relata Ro, sentado en la sala de su casa en la CDMX.

A sus 36 años, el escritor y activista no desconocía la viruela símica cuando vio su diagnóstico. Desde mayo que se confirmó el primer caso en México, Ro comenzó a brindar acompañamiento y seguimiento a los casos, sobre todo a aquellos de la población LGBT.

Parecía que ya conocía los síntomas de memoria. Ro sabía que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, un caso probable es cuando se presentan una o múltiples erupciones cutáneas o de mucosas: ese era el foco rojo.

Pero también, presentar fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga.

Y a pesar de los cuidados, de la prevención que se ha intentado hacer entre este sector, Ro considera que la enfermedad se propagó rápido. “Primero era ver un caso por semana pero luego fueron cinco, seis, luego ya fueron más, y es cuando sientes que se va aproximando, pasa en tus círculos cercanos y fue cuando me tocó a mí”.

De acuerdo con organizaciones, colectivos y activistas, las acciones prioritarias contra esta enfermedad deberían ser la declaración de emergencia por parte del gobierno de México e iniciar de manera inmediata los procesos para adquirir vacunas.

Sin embargo, a pesar de las protestas en la Secretaría de Salud y de las exigencias al gobierno para adquirir la vacuna, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre si la van a comprar o no, lo que para Ro se traduce en una decisión homofóbica.

“Que no nos escuchen, no nos atiendan, nos deja ver el nivel de desinterés que existe hacia nuestras poblaciones. Es fuerte darte cuenta de que no eres importante, que hay una política de homofobia institucionalizada y ver que a este gobierno no le importan las mujeres, los niños, las personas trans, los jotos”, insiste.

Aunque estuvo acompañado y fue acuerpado por su red —que la conforman sus amigos y sus roomies—, Ro dice que la viruela símica no es solo un dolor físico sino también político y emocional, un dolor que golpea la sexualidad.

Para Ro y la población LGBT, la prioridad es la vacuna, la cual tiene una eficacia de 85%, según la OMS. Sin embargo, el escritor afirma que también se exige el derecho a la salud pública y a una salud sexual libre y sin estigmas.

“Al contagiarte te enfrentas a que la sociedad, las autoridades de salud que te culpan por tener sexo con hombres, por ser gays. Porque piensan que cogía con 50 en el lugar más cochino del mundo y por eso me pasó esto. Y no es cierto, y aunque fuera así, no merezco no tener atención. Al tener viruela símica experimenté algo que no viví con el VIH, con ese primer diagnóstico no me asusté como con la viruela; ya sabíamos qué hacer, qué pasos seguir, y con la actual pandemia es como caminar a ciegas”, concluye.

“Me sentí como un cero a la izquierda”

“Ya no me está haciendo efecto mi tratamiento para el VIH”. Eso fue lo primero que pensó Job Juárez, estudiante de 22 años, cuando descubrió las pústulas en su piel.

Desde su hogar en la alcaldía Iztapalapa, recuerda los 27 días que tardó en recuperarse de una enfermedad que lo hizo sentirse “como un cero a la izquierda por las autoridades de salud”.

“Se me inflamó un ganglio de la entrepierna y tuve sangrado anal. Cuando me levanto de la cama y veo la mancha de sangre, no sabía qué estaba pasando y de inmediato mi mamá y yo corrimos a urgencias esa misma noche”, relata.

Para Job, lo más difícil fue perder su autonomía. Durante los 27 días que tardó en caer la última costra, señal de que podía reincorporarse a sus actividades, su madre fue quien le cocinó, lavó e incluso lo llevaba al baño.

“No pueden hacer menos nuestras vivencias. ¿Por qué no adquieren la vacuna? ¿Porque somos una población que llaman minoría? Es como decirnos que no existimos, que no somos parte del Estado, del sistema, que nuestras experiencias y nuestra salud no les importan. Pero por eso protestamos, para decir: ‘Aquí estamos, mírame y conoce la enfermedad que ya está aquí y que exige una solución y contención’”, comenta Job, mientras su madre lo abraza en la sala de su casa y posan para una fotografía.

Job reconoce que ella ha sido un gran apoyo desde sus 19 años, cuando supo que vive con VIH; sin embargo, lamenta que en la sociedad no se tenga la misma actitud y se crea que “la propagación de la viruela símica es culpa de quienes la portan”.

“Parece que se repiten ideas con la viruela símica que se tenían con el VIH. Es como si la gente entendiera que solo es una enfermedad de transmisión sexual y no es cierto”, dice.

Para el estudiante, hay más de una coincidencia. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), entre las principales ideas erróneas referentes al VIH está que la infección es resultado de la irresponsabilidad o la promiscuidad, por lo que merece ser castigada. A Job le parece que esa misma idea se vive con quienes tienen viruela símica.

“Más que el paracetamol y el descanso, lo que me ayudó a recuperarme fue la música, la fotografía y hacerme autorretratos, pero también mi hermano, mi mamá. Gracias a eso he entendido que hay que aprender a vivir con esto y hacerle entender a la sociedad, a las autoridades sobre todo, que no es una infección de putos, es una enfermedad que le puede dar a cualquiera”, señala.

“Me cuidan mis pares, no las autoridades” 

Ni la Secretaría de Salud ni el gobierno representan protección para Guillermo Moreno. Para él, quienes respondieron y cuidaron de él fueron sus amigos y sus pares.

A finales de septiembre, a Guillermo, publicista en la CDMX, le vino el dolor al cuerpo, que primero pensó que era un resfriado, luego COVID e incluso alguna ETS. No fue nada de esto, sino que fue diagnosticado con viruela símica.

Hasta el 9 de noviembre, la Secretaría de Salud confirmó cuatro muertes relacionadas directamente con la infección por viruela del mono, las primeras defunciones reportadas en México por el virus. Desde el registro del primer caso y hasta el 15 de noviembre, se confirmaron en el país 3 mil 145 contagios.

La CDMX, Jalisco y Edomex son las tres entidades con mayor número de casos, con mil 833, 355 y 320, respectivamente.

Desde su hogar ubicado en el Centro Histórico, Memo —como le dicen sus amigos— recuerda el primer caso en el país: no se le olvida que, cuando llegó la infección, decidió reducir su número de parejas sexuales, pero aun así lo alcanzó la enfermedad.

“Me sentía cansado, con bajones de energía, me dolía el cuerpo, pero pensé que era por hacer ejercicio, hasta que una noche sentí comezón en el brazo derecho y me rasqué. Al día siguiente me quito la sudadera, vi la ámpula en el brazo; apenas la vi y supe que no era un piquete de mosco, ya había visto esas heridas en fotos, en compañeros y amigos, yo sabía que era monkeypox”, recuerda.

Al ser atendido en la Clínica Condesa, se repetía que todo estaría bien. Esa era su forma de evitar el pánico y apagar sus ideas, aquellas en las que pensaba que tendría pústulas en todo el cuerpo, que habría incomodidad y dolor, pero sobre todo estigma.

“Yo tengo esta marca en el brazo derecho, es la única que tengo, pero sí llegué a pensar: ‘¿Qué sería si tuviera marcas en los genitales?’, que es el punto de contacto cuando queremos intimar; fue pensar que si me queda marca me van a rechazar, empiezas a crear este estigma de que un cuerpo enfermo es un cuerpo indeseable”, dice.

Con la puerta de su departamento abierta para que entre la luz del sol, Memo no duda en reclamar que el gobierno no está haciendo nada ante esta nueva pandemia.

“Las autoridades de salud están abandonando a quienes hemos enfermado, quienes están dando la cara y apoyo somos los pares, más allá de una ONG, del activismo, somos nosotros, porque la gente con el poder nos está dejando solos”, sostiene.

Al joven, que ha ido a protestar y tomar las calles, le queda claro que la enfermedad no es su culpa ni la de nadie que decida ejercer su sexualidad, pues señala que la solución “no es dejar de coger”.

“Yo no vivo con VIH pero tengo amigos que sí y los entiendo cuando comentan que la situación se está repitiendo. Hoy por el día la pregunta no es ‘¿Quién te contagió?’, sino ‘¿Quién está haciendo algo con algo que ya tenemos aquí?’”, cuestiona Memo, quien confía en que esta interrogante pueda ser contestada.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan

Texto: Marcela Nochebuena/ Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de noviembre del 2022

 

Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato.

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero.

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de protección”, sostiene el activista.

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura.

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato.

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías que permita, efectivamente, probarlo”, explica.

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado insuficientemente atendidas.

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento.

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras cuatro.

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación.

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus resultados han sido muy criticados.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED.

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre.

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores.

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señala.

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 2021.

2022 suma cinco casos

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea.

Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos.

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián Rodríguez Barraza.

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y omisiones del Estado.

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que buscan a sus seres queridos en total indefensión.

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, acusó la organización.

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal.

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad.

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila.

En la imagen, el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso antes de iniciar una marcha en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo)

Autodefensa de Tlacotepec suple a Ejército y Guardia Nacional en tareas de seguridad en Apaxtla

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oficial 

Chilpancingo 

 

El Ejército y Guardia Nacional, las dos instituciones del gobierno que de manera técnica brindan seguridad en el país, se retiraron de Apaxtla de Castrejón para dar paso a que hombres armados de un grupo de autodefensa de Tlacotepec asuman estas tareas institucionales.

Son unos 800 autodefensas de la Sierra que desde este domingo 13 de noviembre tienen ocupada la localidad, ubicada en la zona Norte del estado.

Los hombres armados de la Sierra tienen acusaciones de desapariciones y homicidios en comunidades del municipio de Leonardo Bravo desde el 2018 que ocuparon esa parte de la Sierra al expulsar o desplazar a más de mil personas que, ahora, en su mayoría, viven en otros lugares de Guerrero u otros estados como Morelos, o hasta en Estados Unidos.

“Nosotros pedimos la ayuda de la policía comunitaria de Tlacotepec y su permanencia aquí será hasta que nosotros reorganicemos a nuestra policía”, dijo un habitante de esta cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón que participó en la reunión donde estuvieron el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y mandos militares.

Según los habitantes y autoridades del municipio las guardias civiles de Tlacotepec los protegerán de un grupo del crimen organizado (organizaciones con implicaciones criminales y asociaciones económicas y políticas) que desde hace semanas les ha fijado los precios de los productos básicos, transporte público y combustibles.

En la reunión con los funcionarios estatales y mandos militares, los habitantes denunciaron que a su municipio nuevamente intentan llegar los miembros de la Familia Michoacana a realizar extorsiones.

“En el 2013 nos organizamos, formamos nuestra policía comunitaria y sacamos a esta organización criminal y se fueron a Arcelia, pero ahora quieren regresar”, dijo uno de los habitantes que participó en esa reunión.

En esas pláticas, en la que también estuvo el alcalde de este municipio, David Manjarrez Miranda, los habitantes pidieron que el Ejército y la Guardia Nacional se retire de Apaxtla, y disuelvan los retenes que otros grupos de civiles armados –es decir, los de otro grupo que se asume como autodefensa, La Tecampanera, que tiene presencia en Teloloapan–tienen en cuatro puntos de la carretera federal Iguala-Teloloapan.

Apaxtla y Teloloapan son municipios de la región Norte que colindan. La Tecampanera también es señalada de ser parte del crimen organizado.

“Ya no queremos aquí el Ejército y la Guardia Nacional, porque nomás aquí se andan paseando en las calles, mejor que vayan a la carretera”, dijo uno de los habitantes cuando informó sobre la reunión que tuvieron con las autoridades.

Los lugares donde según los habitantes de Apaxtla hay retenes de la otra supuesta autodefensa son los entronques que conducen a las comunidades de Chapa, El Tanque y Ahuehuepan.

Son localidades que están casi a la orilla de la vía federal que conduce a Ciudad Altamirano, en la región de la Tierra Caliente. La región Norte colinda a su vez con la región Tierra Caliente.

Otra de las peticiones de habitantes de Apaxtla en la reunión fue el reestablecimiento del servicio de transporte público Teloloapan-Apaxtla.

“Desde hace días no hay servicio de transporte en Teloloapan y estamos pidiendo que se reanude y que a la gente que utiliza el servicio ya no se le interrogue”, dijo un lugareño.

En la plática con las autoridades estuvo el vocero de la autodefensa de Tlacotepec, Salvador Alanís, quien en 2016 dirigía las autodefensas de la comunidad de El Ocotito, del municipio de Chilpancingo.

A Alanís y a su autodefensa, se dijo antes, también son señalados de formar parte del crimen organizado.

Uno de las demandas principales que se habló en la reunión fue sobre los altos costos de los productos de la canasta básica, precios que, dijo, los ha impuesto un grupo del crimen organizado.

“Ahora ya no secuestran, ya asesinan y ahora nos tienen sometidos con el aumento de los precios de los productos de la canasta básica”, comentó otro de los habitantes de Apaxtla.

“No han subido los productos un cinco, un 10, no, hasta un 30 por ciento más caros que en Iguala y en otras partes del estado”, expuso.

Fuentes del gobierno informaron que Apaxtla no es el único municipio de región Norte donde el crimen organizado impone los precios de los productos y otros servicios públicos.

Esto también sucede en Teloloapan, Cuetzala del Progreso, Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Taxco, Pilcaya y Pedro Alquisiras.

La gente de Apaxtla se quejó de que el Ejército desde el 2018 tiene su base militar en Teloloapan y que está coludida con el crimen organizado que tiene la zona bajo su control.

Los supuestos autodefensas de Tlacotepec patrullan las calles de Apaxtla y tienen retenes en los accesos al municipio.

Estas autodefensas fuertemente armados entraron al municipio por caminos sinuosos que colindan con pueblos del municipio de Heliodoro Castillo, de donde surge la supuesta autodefensa de Tlacotepec.

Ingresaron por la comunidad de El Caracol y después de casi 40 minutos de camino llegaron a Apaxtla el pasado domingo 13. Desde ese día realizan patrullajes en las calles.

En 2006 en El Caracol, ubicado cerca de la presa hidroeléctrica con el mismo nombre, existía una base de operaciones de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

Estas instalaciones, que contaban con un cuartel, oficinas, helipuerto y hasta una alberca, fueron desmanteladas en octubre de ese año, es decir, a finales del gobierno federal del panista de Vicente Fox Quesada.

Dicha base de operaciones especiales servía para la destrucción de enervantes en esta zona de la Sierra de Guerrero y de otros estados del país.

La gente de la comunidad de El Caracol decía que la presencia de decenas de agentes de la Policía Federal, del Ministerio Público y personal de la PGR les generaban tranquilidad y, además, economía, porque se crearon fuentes de empleo y hasta pequeños restaurantes.

Pero hubo algunas denuncias de abusos cometidos por los agentes federales en estado de ebriedad.

Desde el 2006, estas instalaciones están derruidas. Por ahí transitaron los supuestos autodefensas fuertemente armados hacia Apaxtla, y ahora son los encargados de sus seguridad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensiones ¿Un sistema inútil o un enredo burocrático?

Texto: Lucía Hurtado, Sofía Fornés, Fernanda Lara y Andrea Nenninger / ZonaDocs 

Fotografía: ZonaDocs

16 de noviembre del 2022

 

Un lugar sin color, donde todos se mueven de manera monótona y donde se puede decir que, a simple vista, la humanidad no existe. Horas de espera, sin lugares suficientes para que las personas aguarden siquiera sentadas o lejos de los rayos del sol en filas interminables, todo para que al final les rechacen.

El trámite parece fácil, las personas deben presentarse con los documentos necesarios y con la esperanza puesta en que “no pasarán más de 60 días” para obtener su pensión. Sin embargo, conforme “se avanza en el proceso” estos requisitos básicos y de fácil acceso se vuelven más engorrosos y confusos. Las personas pueden pasar entre tres, siete o más meses para que se las entreguen. Si no es por la falta de una firma o porque el sello no coincide, es porque no se alcanzan a leer bien las leyendas de algún documento o cualquier otra excusa producto de la burocracia mexicana.

Hugo Mendoza, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), señala que la pensión es un derecho humano laboral fundamental. Es esencial para que las personas puedan tener un retiro digno que garantice no solo su subsistencia, sino la de sus familias. Y, por supuesto, que les retribuya la vida de trabajo que llevaron.

Los documentos, en general, de nuevo parecieran sencillos: identificación oficial, acta de nacimiento y CLABE interbancaria, todos estos son requeridos a las personas que buscan pensionarse. Sin embargo, existen tres tipos de pensiones: 1) pensión por vejez; 2) pensión por invalidez y 3) pensión por riesgo de trabajo, por lo que, estos varían en cada caso.

De acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirá poco más de un billón de pesos, de los cuales, tiene en consideración guardar el 63% para el pago de pensiones de este año.

Pero cuánto de esto toca a cada persona beneficiaria y ¿cómo se puede calcular el monto de pensión correspondiente? Hugo Mendoza explica que esta cantidad se obtiene de la multiplicación del salario diario base de la persona trabajadora por 365 días entre 12 meses.

Del 2020 al 2021 la cifra de pensionados aumentó 35 mil personas, superando de esta manera los 4.5 millones de personas que reclamaron su derecho.

La burocracia como sinónimo de un proceso de dificultades inducidas

Con burocracia nos referimos a un exceso de normas y trámites que dificultan y retrasan la solución de problemas administrativos en el sistema. Es importante hablar de ésta porque es el fenómeno que actualmente rige el sistema de pensiones mexicano, dejando a la ciudadanía sin oportunidad de un retiro digno o condicionándola a escenarios cada vez más complejos, desgastantes e indignos.

Comencemos por reconocer los cambios que surgieron tras las múltiples reformas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones.

La seguridad social de 1973 prometía a la y el ciudadano financiamiento por parte del Estado después de cumplir 500 semanas trabajadas o, incluso, tras haber llegado a los 60 años. Sin embargo, después del año 1997 el requisito cambió a 775 semanas cotizadas y haber llegado a los 65 años de edad.

Avanzando un poco al futuro, para 2021 la ley experimentó nuevas modificaciones, ahora se requiere a las personas trabajadoras alcanzar las 1000 semanas cotizadas y haber llegado a los 70 años de edad.

Por otro lado, pese a que la Ley del Seguro Social establece que “el Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social, para aquellos trabajadores que ganen hasta cuatro veces la unidad de medida y actualización” (como se muestra en la tabla). No obstante, el obstáculo mayor está en las y los patrones, afirma Hugo Mendoza.

“Aún así con las reformas que se han implementado, hay muchas empresas que hemos detectado que dan de alta a sus trabajadores con el salario mínimo. Esta problemática no va a cambiar si no se resuelven los problemas estructurales primero uno por uno” afirma el director del CERAL.

¿Qué es lo que hace tan difícil tramitar una pensión? La respuesta, al parecer, gira en torno a los extensos fallos en el sistema.

Georgina, -a quien hemos modificado su nombre con fines de reservar su identidad-, relata que buscaba realizar el trámite de una pensión por viudez, sin embargo, el acta de nacimiento de su esposo, la cual fue expedida en las propias plataformas del Gobierno de México, no fue admitida por el funcionario que debía procesar la solicitud debido a que uno de los números tenía un error: “el acta de nacimiento de mi marido estaba incorrecta aunque la saqué de un kiosko de servicio. Me dijeron que el folio no servía”, expresa molesta “no sirven para los trámites a pesar de que cada una cuesta un aproximado de 120 pesos” insiste.

A ello se suma el conteo de semanas acumuladas, el cual, “es un proceso lento”, dice un ciudadano que busca tramitar su pensión por invalidez en la fila de las oficinas de la subdelegación Hidalgo del IMSS, ubicadas en avenida Ávila Camacho en Guadalajara.

Esto se debe a que la página oficial del IMSS sólo brinda el dato de dichas semanas cotizadas a partir de 1982, dejando en responsabilidad de cada persona trabajadora demostrar a través de otros documentos, que ha laborado previo a este año y con determinado salario base.

En entrevista, una ejecutiva independiente en el asesoramiento de pensiones, mencionó que esto se debe a que, antes de 1982, todos los procesos se hacían con archivos físicos, no digitales, por lo que, las subdelegaciones deben hacer una búsqueda manual de estos documentos a los que llaman CAO o “archivos muertos”, mismos que se encuentran en cajas dentro de una bodega “abandonada”, volviendo al proceso más extenso e, incluso, inexacto, según la disposición de quien hizo la búsqueda. Esto puede llegar a tardar un mínimo de tres meses.

Esta ejecutiva independiente a la que por temas de anonimato se le llamará Lorena, solía trabajar como agente de pensiones. Ella explica que hasta antes de la ley de 1997, el seguro social administraba el dinero de las personas pensionadas, luego de ésta el IMSS pasó la responsabilidad a las aseguradoras para que, al momento de morir el pensionado, su dinero pase a estas empresas. Así, Lorena, en su trabajo de asesoramiento fue obligada a llevar a muchas de estas personas a optar por una jubilación bajo la ley de 1997 y no la de 1973, la cual, permitía al IMSS administrar el dinero

Después, con el fin de obtener una ganancia rentable para las aseguradoras, se le pedía a los ejecutivos que ofrecieran un préstamo a los pensionados, asegurándoles que obtendrían una pensión mayor, aunque deberían pagar mes con mes una parte de su sueldo. Los intereses que estos préstamos generan son muy altos y las aseguradoras obtienen una ganancia segura. Según narra Lorena esto la obligó y obligó a sus compañeras y compañeros a conseguir personas que aceptaran este préstamo, pues de lo contrario serían privados de su comisión. Esta situación hizo a Lorena salir de ese trabajo para mejor dedicarse a la gestoría en pensiones de forma individual.

Hugo menciona que esto “es un problema estructural, un problema que no se cambiará de la noche a la mañana (…) y tiene que ver con una cuestión de voluntad”.

Así lo reconoce también la ejecutiva, quien cuestiona el trato al que son sujetas las personas que acuden a solicitar un derecho ante esta institución del estado “¿Por qué los empleados del IMSS tratan así a la gente?” advierte. En su opinión esto demuestra la poca sensibilidad del personal, quienes de manera reiterada y como si se tratara de un trámite más, olvidan que las personas que acuden a buscar la solución a un trámite llegan en condiciones particulares, dolencias físicas o emocionales, ya sea por algún accidente o la pérdida de algún familiar, como es el caso de Georgina.

Gestoría, el último empujón

“Cuando una persona va a construir su casa, necesita contratar a un ingeniero, cuando vas a llevar un negocio, necesitas contratar un contador, cuando vas a atender tu estado de salud, necesitas a un médico; para que las cosas marchen bien. De igual manera es importante recibir una buena asesoría para que las cosas marchen bien” afirma Lorena.

La corrupción prevalece como práctica cotidiana en todas las áreas de los sistemas gubernamentales, aún donde parecería innecesario o absurdo.

En el caso del sistema de pensiones, la ciudadanía se enfrenta sistemáticamente a obstáculos y dificultades dentro de los procesos más sencillos; como lo es la entrega de documentos oficiales o la obtención de citas. Estas deberían ser las partes más sencillas, pero hay trabas. Dichas situaciones se alargan y terminan cansando a la población solicitante, lo que lleva a las personas a buscar alternativas que “faciliten el proceso”, aunque esto les implique más corrupción.

Aquí es dónde entran los servicios de gestoría, mejor conocidos como ‘coyotaje’.

Durante nuestra visita a las oficinas del IMSS notamos que había una persona que acompañaba a varias otras en sus trámites, se le acercaban con documentos y preguntas antes de continuar en la fila o antes de entrar a las instalaciones. Nos acercamos a hablar con él y tras un par de preguntas nos reveló que su trabajo consiste en ‘facilitar’ los procesos de las personas; sin decírnoslo explícitamente, nos quedó claro que era un gestor… un coyote, que podría estar trabajando para una aseguradora, ya que comentó que la persona a la que se encontraba asesorando en ese momento había aceptado realizar el pago a cambio de un préstamo que, como mencionó Lorena, se les exige a los ejecutivos con el fin de obtener su comisión.

Las frustraciones de una persona que lidia con las consecuencias monetarias de haber contratado un servicio de gestoría es arrollador, afirma Hugo Mendoza. Y es que las personas llegan a pagar mucho dinero –en muchas ocasiones el primer mes de la pensión se va en esto–, cuando en organizaciones como el CEREAL la asesoría es gratuita, ya que reconocen que la información es parte del derecho laboral a la pensión.

Lorena, la gestora de pensiones asegura que “se debe conocer el sistema desde dentro” para entender donde están las trabas y los obstáculos impuestos por la burocracia; pues estos son definitivamente con el fin de que las y los ciudadanos vayan poco a poco perdiendo la esperanza y las ganas de pelear por su pensión digna.

Para una persona como ella que se dedica a ‘ayudar’ a las personas solicitantes de una pensión, es sencillo descifrar el sistema, pues tras tanta experiencia sin duda conoce todos “los trucos” que hay detrás. Pero qué pasa con la persona que no los conoce, la trabajadora que está incapacitada, el que cumplió con todos sus años de trabajo y se merece un descanso, para quien recientemente perdió a su cónyuge, ¿Dónde queda la justicia? ¿Tendremos que conformarnos con un sistema como este para toda la vida?

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Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como socio formador.

Asesinan a dos mujeres y dos hombres en Huamuxtitlán

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Archivo

Chilpancingo

 

Dos mujeres y dos hombres que habrían sido privadas de su libertad en el estado de Puebla fueron hallados asesinados este lunes en la noche en una comunidad del municipio de Huamuxtitlán, región de la Montaña.

Las cuatro personas asesinadas tenían huellas de tortura y fueron degolladas, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fabiola «N», Santa «N», Pedro «N» y Gonzalo «N», originarios del municipio de Tulcingo del Valle, Puebla, fueron hallados en un paraje conocido como El Terrero de la comunidad de Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, que colinda con el estado de Puebla.

Las dos mujeres y dos hombres fueron privados de su libertad.

En otro reporte, la FGE dio a conocer que en la cabecera municipal de Cochoapa El Grande, también en la región de la Montaña, una mujer fue asesinada a balazos y a su nieto de un año y tres meses lo hirieron de bala.

La mujer de nombre Delfina «N» fue hallada asesinada en el zócalo de esta localidad.

Según los reportes periciales, la mujer recibió un tiro en el lado izquierdo del tórax y su nieto recibió un rozón de bala en la frente que le desprendió la piel.

El niño está internado en el Hospital General de Tlapa.

En la imagen, hombre fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en la colonia Omiltemi, ubicada al poniente de la ciudad de Chilpancingo,
personal de la Fiscalía acudió a realizar las diligencias de ley. Foto: José Luis de la Cruz

 

No hay avances de la investigación sobre psicólogo acusado de abusar de ocho mujeres en Tierra Colorada

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: archivo 

Chilpancingo

A 15 días de que denunciaron al psicólogo Emmanuel Valencia Vela por abuso sexual en el municipio de Juan R. Escudero, las autoridades no ejecutan la orden de aprehensión por lo que las víctimas temen que tenga protección de alguien del gobierno y ya se haya fugado.

Valencia Vela trabajaba en el ayuntamiento de Juan R. Escudero como psicólogo desde la administración pasada y el pasado 27 de octubre mediante un perfil anónimo en Facebook, una de las víctimas, denunció el abuso cometido por parte de Valencia Vela.

“Hace aproximadamente más de un año empecé a ir a consultas con él con la finalidad de poder mejorar mi autoestima pero lo único que hizo fue hacerme mucho daño. Un día en una consulta me ofreció un masaje corporal para según enfrentarme a mis miedos”, se lee en la publicación de Facebook.

Después de esa denuncia surgieron otras siete en contra de Valencia Vela por los mismos delitos.

De acuerdo con las denuncias, algunas de las víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los abusos.

Por una de las denuncias se giró una orden de aprehensión que fue liberada el día 2 de noviembre, “y es la fecha que el MP (Ministerio Público) no ha ejecutado la orden”, compartió una afectada que se comunicó a este medio.

En dicha denuncia se externa la preocupación de que por el tiempo que ya pasó, Valencia Vela haya escapado.

“No sabemos si aún se encuentra en Tierra Colorada o ya salió pero las víctimas tienen mucho miedo porque no se sienten protegidas por la justicia”, dijeron en un documento enviado a este medio.

Hasta la fecha, las familias de las víctimas aseguran que no hay avances en el caso porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no les dice nada concreto, por lo que piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien consideran, “no ha puesto atención al caso”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchan colonos contra nuevos impuestos que contempla la Ley de Ingresos de Chilpancingo

Texto y fotografía: Beatriz García

15 de noviembre del 2022
Chilpancingo

Representantes de 30 colonias de Chilpancingo, agrupadas en el Frente de Resistencia por Guerrero, marcharon y protestaron afuera del Cogreso local para exigir la intervención de los diputados y diputadas locales para que modifiquen la Ley de Ingresos que envió el cabildo del Ayuntamiento, el cual al aprobarse originará aumentos en los servicios públicos.

Más tarde, el director de Catastro en Chilpancingo, Juan Carlos Méndez Olea, negó que habrá estos aumentos.

Unos 80 líderes y vecinos de Chilpancingo, comerciantes y personajes como la morenista Silvia Alemán Mundo, quien contendió para presidenta municipal de la capital  en el pasado proceso electoral, se concentraron en la explanada del Monumento a Las Banderas para marchar afuera del Congreso local.

Los manifestantes portaron pancartas en las que se leían sus demandas: «El pueblo demanda revocación de mandato», «El pueblo ya está cansado de tanta tranza» y «Trabajando juntos por la 4° Transformación».

En consulta, el representante de la comisión de prensa de la organización, Isidro Lázaro Encarnación, declaró que  la inconformidad es la propuesta de Ley de Ingresos que el Cabildo de Chilpancingo aprobó para el ejercicio fiscal 2023.

Dentro de esta Ley de Ingresos, de acuerdo con el vecino, se aumentará el costo a los servicios públicos, entre un 100 y hasta el 400 por ciento.
Los aumentos se reflejarán en la recolección de basura, agua entubada y licencias de comercios.

Una de las propuestas de los vecinos es que en el caso del agua entubada pagarán, si el servicio llega puntualmente cada mes, y los meses que no caiga agua no los pagarán, pues hay colonias que el servicio no llega hasta en unos tres meses.

Los manifestantes marcharon por la avenida Lázaro Cárdenas para llegar al Congreso local, donde mediante una bocina externaron su situación.
Una comisión fue recibida por diputados locales para entablar un diálogo.

Director de Catastro de Chilpancingo niega los aumentos

El director de Catastro en Chilpancingo, Juan Carlos Méndez Olea, negó que se tengan contemplados aumentos de impuestos para el 2023.

Mediante un comunicado, el funcionario municipal  pidió a la población no caer en rumores ni en interpretaciones «erróneas o dolosas».

Explicó que la iniciativa presentada este año por el municipio al Congreso local en referencia a la Ley de Ingresos contemplaba una tasa de cobro de 2.6 por ciento al millar en lugar de la actual que se encuentra en 4 por ciento al millar, que aunque se trataba de una disminución no se las aprobaron, por lo que mantendrán la tarifa para 2023, en la misma situación que este año.

El funcionario dijo  que todos los municipios presentan sus propuestas y es la Comisión de Hacienda del Congreso quien laz revisa y ajusta, y avala las tablas aplicables a cada municipio.

Llamó a la población a no dejarse sorprender o utilizar por supuestos gestores o intermediarios, porque además de  no estar autorizados representan un riesgo al poner en manos de terceros documentación importante como la que ampara una propiedad.


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Estudiantes de partería de la Montaña protestan para exigir destitución de directora

Pese a la prevalencia de 50% del hígado graso y sus riesgos, México carece de política para detectarlo y prevenirlo

El peligro de esta condición radica en que puede evolucionar hacia la cirrosis y después hacia el cáncer de hígado, advierten especialistas.


Texto: Andrea Vega / Animal Político 

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

15 de noviembre del 2022

 

La obesidad, el sobrepeso, la diabetes, el colesterol y los triglicéridos altos que aquejan a buena parte de la población mexicana han hecho que la prevalencia del hígado graso (el número de personas que tienen el padecimiento) sea de más de 50%. Y pese a que este es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de hígado, el sistema de salud público no tiene una política para hacer estudios para detectarlo a tiempo y revertir esta condición.

El hígado graso se produce por la acumulación de grasa en este órgano. Puede evolucionar hacia la cirrosis (cicatrización o fibrosis del hígado que no solo se produce por consumo excesivo de alcohol) y después al cáncer, o bien, una persona puede pasar directo de tener hígado graso a desarrollar cáncer.

La prevalencia de 50% del hígado graso la estableció el Consenso Mexicano de la Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico, un grupo que se formó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Asociación Mexicana de Hepatología para hacer una revisión actualizada y a fondo de temas como epidemiología, fisiopatología, formas clínicas, diagnóstico y tratamiento de esta condición en el país.

No hay cifras oficiales de este trastorno. La expansión del hígado graso no se mide en la Encuesta de Salud y Nutrición (Ensanut) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ni tampoco en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como sí se hace con la obesidad y el sobrepeso, la diabetes o la hipertensión.

“No hay un reporte oficial sobre la prevalencia y la incidencia (nuevos casos) de hígado graso, para poder ver cada corto periodo de tiempo cómo vamos. Pero lo que sí sabemos, además del dato del 50% del consenso, es que de las personas que tienen obesidad hasta 90% de ellas pueden tener hígado graso; de quienes tienen diabetes, hasta 70% pueden tenerlo”, dice Nayeli Cointa Flores, especialista adscrita al departamento de gastroenterología y miembro de la clínica del hígado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Es por eso que —de acuerdo con especialistas— desde el primer nivel de atención de las instituciones de salud se deberían hacer estudios a las personas con obesidad, sobrepeso, diabetes, colesterol o triglicéridos elevados o a quienes tienen hipertensión, que son quienes están en mayor riesgo de padecer esta condición.

Cointa Flores explica también que en la población mexicana existe un rasgo llamado polimorfismo o una variedad genética llamada PNPLA3, que favorece la presencia del hígado graso incluso en personas delgadas. “Claro, no todas las personas tienen que ir a hacerse estudios, pero sí quienes tienen los factores de riesgo mencionados o consumo excesivo de alcohol”, dice.

Los estudios que se hacen incluyen un ultrasonido y pruebas de función del hígado, que se realizan a partir de muestras de sangre. “No son complicados los estudios, y la mayoría de las veces no se hacen en primer nivel para prevenir. Llega al consultorio alguien con obesidad o diabetes y no le hacen los estudios para descartar que tenga hígado graso”, alerta Cointa Flores.

Detección que da vida

Como no se detecta el hígado graso y el cáncer de hígado no da síntomas en sus fases iniciales, el 85% de los pacientes llega a tratamiento ya en las fases avanzadas de la enfermedad, cuando solo queda ofrecerles tratamientos paliativos, explica Luis Enrique Gómez Quiroz, investigador y miembro de la Alianza a Favor de los Pacientes con Hígado Graso.

En cambio, cuando alguien tiene hígado graso y este se detecta a tiempo, dicha condición se revierte con dieta y ejercicio. “El hígado es tan noble —afirma Gómez Quiroz— que con un programa de alimentación y con ejercicio se recupera. Si una persona pierde el 5% de su peso corporal, el hígado graso empieza a sanar”.

Ambos especialistas señalan que es importante que, en el primer nivel de atención, los médicos busquen de forma intencionada a las personas que tienen hígado graso y les den las recomendaciones adecuadas para revertir esta condición.

También aseguran que es importante que la población conozca sobre este problema para que pueda exigir los estudios pertinentes. De hecho, María Eugenia Hernández Pérez, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que el 30 de octubre se designe como el Día Nacional de la Concientización del Cáncer de Hígado.

“A pesar de que el cáncer de hígado es uno de los cánceres que más afecta a la población mexicana, al día de hoy todavía no contamos con una fecha conmemorativa nacional para sumar esfuerzos en dar visibilidad y mayor información sobre las características, impacto y prevención de este padecimiento, como la detección de quienes tienen hígado graso”, señala la diputada.

En la imagen, el Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo)

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en el siguiente enlace. 

Hombres armados cumplen dos días con la toma de Apaxtla 

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Gobierno del estado

Chilpancingo

 

Hombres armados que se identifican como policías comunitarios de la Sierra de Tlacotepec cumplieron tres días en Apaxtla de Castrejón, supuestamente, para evitar que un grupo armado imponga los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios públicos como el transporte.

Desde este domingo en la tarde arribaron a la cabecera de este municipio las autodefensas con su dirigente Salvador Alanís Trujillo.

Según los reportes, son más de 500 hombres armados los que están en este municipio.

Apaxtla está ubicado en la región Norte del estado y actualmente es gobernado por el alcalde David Manjarrez, quien milita en las filas del Movimiento Ciudadano (MC).

Los dirigentes de las autodefensas de Tlacotepec acusaron a los integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera y al grupo del crimen organizado denominada La Bandera de imponer los precios del refresco, cerveza, combustible, productos básicos y hasta de los productos chatarra.

Un huevo que costaba 2.50 pesos, ahora su precio es 5.50 pesos con 50; un refresco de 10 pesos lo subieron a 19.

Habitantes de Apaxtla contaron que los miembros de la Tecampanera y La Bandera detienen a los proveedores a quienes les compran la mercancía y después la distribuyen con un precio más elevado.

Comisarios de comunidades que colindan con los dos municipios de Apaxtla y Heliodoro Castillo acordaron la entrada de las autodefensas y exigir la intervención del gobierno.

Denunciaron que desde hace tres semanas la situación se agravó porque La Tecampanera y otro grupo armado no permite el paso a los transportistas que llevan los insumos a Apaxtla de Castrejón.

La incursión de los supuestos policías comunitarios de Tlacotepec se registra después de que hace una semana los miembros de la Tecampanera cerraron dos días la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de Teloloapan.

El bloqueo fue para exigir al gobierno que impida el ingreso a esta zona de los supuestos policías comunitarios de Tlacotepec, que según los líderes de la Tecampanera, tienen nexos con el grupo del crimen organizado llamado Los Tlacos.

El pasado 8 de noviembre, cuando todavía estaba el bloqueo en la vía federal, individuos armados se enfrentaron a balazos en la comunidad de Cuaxilotla, del municipio de Cuetzala del Progreso, dejando como saldo dos personas asesinadas y dos camionetas incendiadas.

Se presume que el enfrentamiento fue entre integrantes de la Tecampanera y Los Tlacos.

Cuetzala es un municipio que colinda con los municipios de Apaxtla y Teloloapan.

Adrián Wences Carrasco, líder estatal del MC, afirmó que está enterado de que estos supuestos policías comunitarios llegaron a Apaxtla para frenar el alza de precios de todos los productos y hasta del transporte que supuestamente impone un grupo armado a la población.

«Yo hablé con el alcalde (David Manjarrez) el pasado sábado y me dijo que esperaba una situación como ésta y por eso canceló una reunión que íbamos a tener con otros ediles del Movimiento Ciudadano en Tlapa», comentó el líder de este partido.

«La verdad en esa zona Norte y Tierra Caliente es una situación muy delicada porque la delincuencia tiene todo bajo control; los precios de la tortilla, el maíz, la carne, los refrescos, los combustibles son ellos los delincuentes los que imponen el precio”, dijo el líder del MC.

Wences Carrasco afirmó que está enterado de que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente en Apaxtla y que la situación se mantiene en calma.

La policía comunitaria de Tlacotepec que tiene bajo su control Apaxtla se dio a conocer en noviembre del 2018 cuando irrumpió en comunidades del municipio de Leonardo Bravo en donde más de mil personas fueron desplazadas de esa zona de la Sierra.

En la imagen, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, en asamblea con pobladores de Apaxtla de Castrejón. Foto: Gobierno del Estado

 

Colectivas piden la suspensión del ex gobernador Rogelio Ortega

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

Chilpancingo

 

A seis días de que un grupo de estudiantes denunció públicamente en un tendedero de acosadores al académico y ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, por acoso sexual, el director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados – Ignacio Manuel Altamirano (IEPA – IMA) quitó el tendedero y no atiende las demandas de las alumnas.

A través de un comunicado, las alumnas del IIEPA denunciaron que el director de la institución, adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Marco Antonio Adame Meza, no atiende las denuncias de acoso sexual en contra de distintos maestros del mencionado Instituto.

Por el contrario, el día de hoy el director mandó retirar el tendedero donde, entre otros profesores, destacaba el de Ortega Martínez, a quien acusan de ofrecer dinero a las estudiantes a cambio de «favores sexuales».

El pasado 9 de noviembre, las estudiantes del IIEPA se organizaron y realizaron un tendedero de acosadores para que «las autoridades hicieran algo más que solo hablar con nosotras, cosa que hasta el día de hoy no han hecho», se lee en el comunicado firmado por la colectiva Universitarias Violeta.

El día de hoy, de acuerdo con la denuncia de las estudiantes se quitaron las hojas donde acusaban de acosadores a maestros y alumnos.

Además las hojas de protesta retiradas no fueron devueltas a las estudiantes a pesar de que se pidieron al director.

Por esas acciones la Colectiva Universitarias Violeta pidió la suspensión inmediata en el IIEPA de Ortega Martínez, el seguimiento a cada uno de los casos del que el director tiene conocimiento y que no hizo nada para resolverlos y la protección de las alumnas que organizan el colectivo.

En el comunicado advierten que de no cumplirse sus demandas llevaran el caso al Tribunal Universitario y a las autoridades correspondientes.
Hasta este momento, las autoridades universitarias no han emitido ninguna posición oficial sobre estas denuncias por parte de las estudiantes.

Ortega Martínez, quien ha sido candidato a rector de la Uagro, fue gobernador interino del 2014-2015 después que el perredista Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia al cargo derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

 

CNTE, madres y padres de los 43 marchan a CDMX, piden reinstalación de mesas de trabajo con el presidente

Texto: Beatriz García

Foto: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales iniciaron la caravana rumbo a la Ciudad de México para exigir la reinstalación de mesas de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Desde las 10 de la mañana unos mil docentes de esta organización magisterial se reunieron en la Autopista de Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués, en el carril central sur-norte.

» La marcha caravana es una acción de masas, de alto impacto, no violenta, que se hace necesaria ante la cerrazón, incapacidad, desatención, desdén y soberbia de los distintos gobiernos, en este caso, el de la cuarta transformación, en el ámbito estatal y nacional», se lee en el flayer que circuló entre el magisterio previo a la caravana que llegaría al otro extremo de la ciudad, en Tierras Prietas, para partir en vehículos y autobuses a Iguala, la primera parada que harán antes de llegar a la Ciudad de México.

De acuerdo con el cronograma de actividades del magisterio está prevista que la caravana llegue a la Ciudad de México el próximo martes 22 de noviembre.

Las paradas que harán los integrantes de la caravana además de Iguala son: Buenavista de Cuéllar, después en Morelos en Amacuzac, Alpuyeca y Cuernavaca. Luego en la Ciudad de México harán parada en Tres Marías, Topilejo y, posteriormente, tomarán la ruta Taxqueña-Zócalo.

Un grupo de maestros encapuchados, previo al inicio de la marcha,  retuvieron cuatro autobuses que circularon en ese momento y pidieron que bajaran los pasajeros. Estos vehículos serían usados para el traslado del magisterio a la Ciudad de México.

En la marcha participaron algunos secretarios generales de la CNTE de Estados como Chiapas, Durango, Michoacán y Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, declaró que esta movilización es para exigir la reinstalación de la mesa de trabajo con López Obrador.

El magisterio busca que el presidente de la República cumpla con lo que les prometió, principalmente la mesa de trabajo,  además de que cuando estuvo en gira de trabajo en el estado le pidieron mediante un oficio un diálogo pero no los atendió.

Un maestro representante de Chiapas en su participación dijo que era importante reactivar los acuerdos que se tomaron en las 18 mesas de trabajo que tuvieron con autoridades federales.

Reiteró el apoyo del magisterio de Chiapas para la exigencia de la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El vocero de las madres y padres de los 43, Melitón Ortega García, también participó en el inicio de la caravana.

En su intervención externó al magisterio que tiene conocimiento de sus demandas que son históricas.
Reconoció que los profesores han contribuido en su lucha para dar con los estudiantes.

Entre las demandas del magisterio además de la instalación de las mesas de trabajo está la aprobación de la ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), jubilación digna, revalorizado del magisterio, la eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de pensiones y regresar al pago en salarios mínimo.

También demandan la entrega de uniformes y útiles escolares para alumnos de educación básica y por programas de alimentación y transporte.

El magisterio llegó a Tierras Prietas donde culminó el primer tramo de la marcha para abordar los autobuses y partir hacia Iguala, para continuar la caravana mañana martes.

Los manifestantes permanecieron cerca de una hora para bloquear los dos carriles de la carretera federal, en Tierras Prietas.

Durante su permanencia en este punto retuvieron otros dos autobuses, es decir que durante esta marcha retuvieron un total de seis autobuses de transporte. Minutos después de las cuatro de la tarde los abordaron y partieron rumbo a Iguala.

Fin de semana en Acapulco con muchos turistas y mucha violencia

Cadáver de un hombre tirado en la playa Calinda ni inmuta a turistas


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oficial

Acapulco

 

Una fotografía que circuló en las redes sociales en donde se ve el cadáver de un hombre tirado en una playa de Acapulco y los turistas quitados de la pena se bañan y otros juegan en la arena es el reflejo de que la normalidad de la violencia en Guerrero forma parte de la cotidianidad.

Esta imagen captada por el portal de noticias El Bocón, corresponde al asesinato de un hombre en una playa conocida como Calinda, ubicada a un costado de un hotel que tiene este mismo nombre en la avenida costera Miguel Alemán.

La victima de pantalón color gris claro y playera negra está tirado boca arriba y con las manos extendidas a los lados.

Se supone que cuando esta gráfica fue tomada, al parecer, todavía no llegaban las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las fuerzas de seguridad.

Este fin de semana, dos playas de Acapulco, La Calinda e Icacos, fueron escenarios de asesinatos.

El fin de semana, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal hubo 77. 50 por ciento de afluencia de visitantes al puerto, sus playas lucieron atiborradas sin ser puente largo o vacaciones por la inauguración de la Nao de China.

También fue un fin de semana con mucha violencia. Estas oleadas no paran a pesar de que en esta nueva normalidad hay presencia del Ejército, Guardia Nacional y La Marina. Solo en esta semana llegaron otros 200 soldados a Acapulco.

De acuerdo con los reportes oficiales, del viernes a este domingo, se registraron cinco asesinatos, cuatro de los cuales ocurrieron en dos playas además de un ataque armado a un bar en la Costera Miguel Alemán con un saldo de dos heridos de bala.

La tarde del viernes 11 de noviembre, individuos armados persiguieron a tiros a un hombre por la playa ubicada cerca del hotel Calinda Beach.

Se trata de Ángel «N», un salvavidas del Centro de Atención y Protección al Turismo de Acapulco (CAPTA) quien después de correr por la arena de la playa se fue a refugiar a una cabañita en donde fue alcanzado por sus agresores quienes lo asesinaron a tiros y a puñaladas.

El sábado 12 por la mañana, en la playa Icacos, ubicada cerca de la Zona Nava Militar, fue hallado el cadáver de un hombre con orificios de bala en la cabeza.

Posteriormente en las cercanías de la playa del hotel Calinda fue hallado el cadáver de otro hombre flotando en el mar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que varios turistas que estaban en la playa observaron que varios hombres a bordo de una lancha arrojaron este cadáver al mar y después realizaron detonaciones de arma de fuego.

Cuando el personal de la FGE realizaba las diligencias del levantamiento de esta víctima fue hallado el cadáver de otro individuo flotando en el mar.

Este individuo fue hallado con las manos y pies atados y con una bolsa de plástico en la cabeza.

Las autoridades de la FGE informaron que otro hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de El Quemado, en la zona rural de Acapulco.

Alrededor de las 11 de la noche de este sábado, varios hombres armados ingresaron al bar Samantha y abrieron fuego contra dos personas que resultaron heridos de bala.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y La Marina.

El ataque a balazos en este bar ubicado cerca de la playa La Condesa provocó la huida de los visitantes de este negocio nocturno.

Este domingo 13 de noviembre se informó extraoficialmente que en el estacionamiento de la playa cerca del hotel Calinda hubo un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos grupos del crimen organizado sin que se registraran personas asesinadas o heridas.

La FGE, de manera oficial, negó la existencia de ese enfrentamiento.

Sin embargo, informó que en el estacionamiento de esta playa fue hallada una camioneta blanca con impactos de bala.

Durante este año llegaron más de mil elementos de fuerzas de seguridad federal a este destino turístico, este jueves, tocó el turno de pisar suelo acapulqueño a otros 210 soldados del Ejército.

Asesinan a comisario y a policía estatal

Este sábado varios individuos armados asesinaron a balazos al comisario de la comunidad de El Rincón de la Vía, municipio de Chilpancingo, en el interior de su tienda de abarrotes.

Familiares de la autoridad municipal no permitieron que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se llevara el cadáver.

En tanto, en la carretera de terracería que comunica a la localidad de Corral Falso, municipio de Isidoro Montes de Oca (La Unión) fue hallado el cadáver del policía estatal Juventino «N».

El agente fue asesinado a balazos de calibre 7.62X39, conocido como cuerno de chivo.

En la imagen, peritos de la Fiscalía hacen diligencias en una camioneta que fue baleada en el estacionamiento privado del hotel Calinda, ubicado en Acapulco, Guerrero este 13 de noviembre del 2022.
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