Marco Antonio Suástegui enfrentó hasta su muerte todas las fases de riesgo por disentir


El dirigente social resistió 22 años contra la presa La Parota de la CFE, un proyecto que han tratado “de imponer a sangre y fuego” en los Bienes Comunales de Cacahuatepec


Texto: Margena de la O 

Foto: Javier Verdín / Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Lunes 28 de abril del 2025


Marco Antonio Suástegui Muñoz egresó como arquitecto del Instituto Tecnológico de Acapulco y sus planes profesionales eran seguir preparándose fuera de México para, después, regresar y crear proyectos en la zona rural de Acapulco: carreteras, puentes e infraestructura para que el agua potable llegara hasta los Bienes Comunales de Cacahuatepec. 

Le parecía injusto que la zona donde nació y creció dotara de agua a la zona urbana del puerto y sus paisanos la carecieran. “Tenía grandes proyectos de ser un arquitecto prominente”. Los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec están en la marginalidad.

Pero las circunstancias que estaban por enfrentar sus paisanos le cambiaron la jugada y lo convirtieron en una figura de resistencia en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empujaba la construcción de la hidroeléctrica La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que significaba la desaparición de los pueblos originales. Quedarían inundados.

Marco observó despojo, por mucho que las instituciones de los gobiernos, como en todos los proyectos extractivistas o de explotación de recursos naturales que respaldan, plantearan la oportunidad de desarrollo para la zona rural de Acapulco, mientras les ofrecían una reubicación.

Convencido del riesgo, el 28 de julio del 2003, a sus 27 años, comenzó una lucha social junto a los hombres y las mujeres de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. “Tuve que regresar porque vi cómo iba a ser el despojo de las tierras de los campesinos, me di cuenta de que iba a haber una injusticia”. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del cual Marco siempre fue vocero. 

Pronto se distinguió como un líder de temple y discurso fuerte, pero de apariencia sencilla. El sombrero oscuro que usaba y el machete que traía terciado en la espalda le forjaron una identidad.

Conocía los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde nació el 17 de enero de 1976, y sus planes, desde que regresó al terminar su carrera universitaria, eran permanecer ahí para siempre.

Así es desde la tarde de este domingo 27 de abril del 2025 que fue sepultado su cadáver en el panteón del poblado de Cacahuatepec. Murió el viernes 25 al octavo día del atentado armado que sufrió en playa Icacos, de Acapulco, donde rentaba motos acuáticas. Los casi 22 años que duró su lucha social enfrentó varios desafíos por su osada resistencia, la más “terrible” de su vida, la desaparición de su hermano Vicente.


El féretro del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, al llegar a Cacahuatepec. Foto: Javier Verdín / Cromática.

Un dolor que nos tiene atrapados

De manera intempestiva Marco se levanta de la silla y dice que se va porque seguro Vicente espera que lo busque. Su reacción es abrupta. Hace unos instantes reía, pero de pronto pareció molesto, como si sintiera culpa por haberse desconectado unos momentos de su pesar.

Antes, en entrevista, dijo que la desaparición de su hermano Vicente le pegó duro. “Me duermo pensando en mi hermano Vicente, sueño con mi hermano Vicente, despierto con mi hermano Vicente, desayuno, como y ceno con mi hermano Vicente”. Marco se despide y se va después de mirar repetidas veces a su alrededor.

La noche del 5 de agosto del 2021 unos hombres se llevaron a Vicente de la avenida principal de colonia Renacimiento, en Acapulco. 

Vicente trabajaba como taxista y salió de su casa esa noche porque le pidieron un servicio que, Marco creía, fue un plan para llevárselo. En la avenida principal de Renacimiento, frente a la Secundaria Federal número 9, un pequeño carro rojo le cerró el paso y unos hombres lo interceptaron, lo bajaron, golpearon y se lo llevaron, de acuerdo con la reconstrucción que hizo entonces el líder del Cecop. No sabía si su hermano estaba herido, pero tenía la certeza de que dispararon para obligar a bajarlo del taxi.

Este entrevista ocurrió el l9 de octubre del 2021, frente a la playa Papagayo. La razón de que fuera testigo de la reacción inesperada de Marco fue que antes concedió una entrevista amplia para hablar de su lucha, que se convirtió en familiar, y la desaparición de su hermano de la cual tenía indicios de que estarían involucrados agentes policiales con otros grupos armados que en la zona se presentaban como autodefensas.

“Mi hermano está desaparecido y este sufrimiento, le decía yo, que eran como flechas mortíferas, que no solamente te atraviesan el cuerpo, no solamente te ha atravesado el corazón, sino te atraviesan el alma, rompen con tu tranquilidad, no hay paz en el corazón, hay una desesperación tremenda. No saber si Vicente está con vida, no saber si Vicente ya comió, si está enfermo o no, saber si lo están torturando, no saber si Vicente está sufriendo realmente, si está enfermo, realmente es algo que nunca había imaginado”, compartió antes.

Marco sabía que la situación que enfrentaba con su hermano era resultado de la resistencia de 18 años en ese momento–casi 22 hasta el día de su muerte–, porque se convirtieron en un “estorbo para los gobiernos que, sin duda alguna, van a seguir queriendo imponer a sangre y fuego el proyecto de la presa La Parota”.

También le quedaba claro que se la cobraban con el golpe más bajo. “No tengo miedo de morir, no tengo miedo de ser encarcelado, pero sí tengo mucho miedo de no encontrar a mi hermano Vicente con vida”.

Marco murió y tampoco lo halló.

Desmarañó la jugada

Cuando Marco enfrentaba la desaparición de su hermano ya había vivido momentos duros como dirigente social, como su encarcelamiento en el penal federal de Nayarit.

El vocero del Cecop fue de los dirigentes sociales encarcelados durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014, salió un año antes por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), considerado el periodo de este cuarto de siglo como el más letal para la lucha social, por el encarcelamiento y asesinato de activistas. 

Lo aprehendieron en Acapulco el 17 de junio del 2014 y al día siguiente ya estaba en Nayarit. En el penal también estuvo presa la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien después fue senadora. Además, en el 2013 mataron a 13 dirigentes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino Mesino, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez.

Marco ya había estado preso antes y lo estuvo varias veces después. En 2004, en el periodo del extinto gobernador René Juárez Cisneros, al año siguiente de comenzar el movimiento contra La Parota, fue detenido por primera vez. Pero nada, como su año de reclusión en Nayarit, donde perdió 30 kilos de peso. “Cuando yo fui encarcelado en Nayarit pesaba 90 kilos, regresé con 60 kilos, o sea, perdí 30”, comentó en la entrevista de hace cuatro años.

Pero tampoco ese episodio sería lo último que enfrentaría, porque el 7 de enero del 2018, hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con los que Marco coincidía, y pobladores de pueblos vecinos en La Concepción, que forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Esto ocurrió en dos momentos, en uno de ellos, el gobierno estatal, entonces encabezado por Héctor Astudillo Flores, envió una operación policiaca a esta parte rural de Acapulco, al parecer para mermar la oposición a La Parota. El enfrentamiento dejó 11 muertos, entre policías comunitarios y pobladores.

Este hecho le valió a Marco su cuarto encarcelamiento con otros 37 integrantes del Cecop.

Después vendría la desaparición de Vicente quien, compartió Marco en la entrevista de hace cuatro años, había salido desplazado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec entre 2019 y 2020.

Todos estos episodios ocurren en un acoso sistemático no solo de parte de agentes policiacos que los seguían, también de otros grupos de civiles armados. Marco compartió entonces que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una organización de autodefensas que creó el dirigente na savi Bruno Plácido Valerio, que fue asesinado el 17 de octubre del 2023, estarían detrás de la desaparición de su hermano en colusión con agentes ministeriales y de otras corporaciones.

Entonces Marco ya tenía claro que para resistir ante las instituciones de Estado había que librar batallas con diferentes rivales. “La lucha social está en verdadero peligro porque ya no son los (policías) federales, ya no son los militares, ya no es el Ejército y la Marina quien desaparece. El gobierno utiliza a grupos criminales para desaparecerte, para asesinarte, para enterrarte vivo, para torturarte, para levantarte y eso es más peligroso”. 

Marco Antonio Suástegui enfrentó todas las fases del riesgo por disentir.

Muere Marco Antonio Suástegui, líder del Cecop, a ocho días de su atentado


El opositor a la presa La Parota de Acapulco dedicó 22 años a esta lucha que le generó encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente, a quien buscó hasta su final


Texto: Margena de la O

Foto: Tlachinollan

Chilpancingo

Viernes 25 de abril del 2025


El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, murió producto del atentado armado que sufrió el viernes 18 de abril pasado en playa Icacos, de Acapulco, confirmó esta tarde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Fueron ocho días los que el dirigente social permaneció internado de gravedad en un hospital privado del puerto después de los disparos que recibió. 

Suástegui Muñoz solía estar en la playa Icacos, porque también era prestador de servicios turísticos, rentaba motos acuáticas, y fungía como representante de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi). 

De acuerdo a lo que registraron algunos medios de comunicación del puerto, el líder social fue agredido en uno de los accesos a la playa la tarde-noche de ese viernes; un hombre se le acercó, le disparó y huyó.

Lo que era público desde entonces por la información que hacían pública integrantes de otras organizaciones sociales que hacen vida en Guerrero, es que Suástegui Muñoz fue intervenido de manera quirúrgica, y que su estado de salud era de gravedad, pero estable 

Pero esta tarde, a las 14:18 horas, Tlachinollan colgó un mensaje en sus redes sociales mediante el cual informaba la muerte del vocero del Cecop. 

“Después de que el pasado viernes 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy desafortunadamente nos llegó la noticia de que perdió la vida por los disparos de gravedad que le hicieron, luego de 8 días en el hospital tratando de sobrevivir”, es parte del texto difundido. 

La organización también lamentó y exigió una investigación clara de los hechos.

Marco Antonio Suástegui Muñoz es conocido en Guerrero por la lucha social de 22 años que realizó para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–con el respaldo de servidores públicos locales– realizaran la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una parte importante de la zona rural de Acapulco aislada y marginada. 

La oposición fue para evitar que los habitantes de la zona fueran despojados de sus tierras originales, lo que también ocasionó varias diferencias internas entre los pobladores. El proyecto ha sido aplazado por esta lucha.

Estos años de resistencia le valieron a Suástegui Muñoz periodos de encarcelamiento, uno de los más recordados ocurrió durante el periodo del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvo preso por poco más de un año acusado por los delitos de robo y daños en propiedad ajena. 

El gobierno de Aguirre Rivero es de las administraciones recientes donde más dirigentes sociales fueron asesinados y encarcelados. En esa ocasión estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde también estuvo encarcelada la exsenadora y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.

De los mayores costos que enfrentó Suástegui Muñoz por su lucha fue la desaparición de su hermano Vicente, a quien el 5 de agosto del 2021 unos hombres se lo llevaron de la avenida principal de colonia Renacimiento, Acapulco, donde trabajaba como taxista. Desde entonces está desaparecido.

Marco dedicó los últimos años de su vida a buscar a su hermano.

Agrega FGE repetidamente en expediente de desaparecidos hace 12 años que las víctimas fueron sepultados de manera clandestina


Los dos hijos y el esposo de Guadalupe Vicario que supuestos policías sacaron por la fuerza de su casa en junio del 2013 estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico. El dato que está sin acreditar causa sospechas a los familiares 


Texto: Margena de la O

Foto: Colectivo María Herrera

Chilpancingo

Jueves 24 de abril del 2025


Todo pasó tan rápido, al menos así lo vivió al quedar pasmada, que en estos casi 12 años que dos de sus hijos y su esposo llevan desaparecidos, Guadalupe Vicario sigue en la reconstrucción del momento en que unos hombres vestidos como policías los sacaron por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia PRD parte alta, de la ciudad de Chilpancingo, y se los llevaron. 

Estuvo tirada en el piso, encañonada con una arma y la advertencia de no moverse por un buen rato–ya no recuerda cuánto tiempo le dieron–si quería evitar que regresaran y los mataran a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa, un niño de 12 años y una niña de seis años, y su nieta de tres. Solo dejó correr los minutos. 

Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio del 2013 cuando pasó. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano para la venta, tenía un puesto afuera de su casa.

Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta, en lo que también le ayudaban sus hijos, Agustín, de 21 años y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para cocer las tortillas. 

En épocas de lluvias, cuando Agustín, el padre, no tenía trabajo como conductor de camión trocero, como son llamados los camiones de carga, en este caso usados para transportar troncos de madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba leña para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.

En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.

Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos, porque tuvo ocho en total, le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con facha de policía entraron de manera intempestiva a su casa. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.

En la reconstrucción de los hechos que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los supuestos policías llegaron en carros particulares hasta su casa. 

Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oía gritos, gritos”.

Entre esos gritos brotaban múltiples insultos, pero escuchó que su esposo, primero, preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían, después, les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él en lugar de ellos. 

Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el pasmón por un rato más, hasta que los vio perderse para buscar a sus otros hijos y nieta que seguían impávidos de la impresión. Al niño lo halló hasta el fondo debajo de una cama.

Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena de vida. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con ese temor”.

Un intempestivo dato en la carpeta de investigación

Hay al menos dos razones por las que la historia de la desaparición de los hijos y el esposo de Guadalupe debe ser visibilizado en estos momentos. 

La primera, es que el colectivo local de buscadores de desaparecidos al cual pertenece Guadalupe, el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, estuvo sumado a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, donde familiares de desaparecidos organizados en 28 estados del país realizaron actividades durante el sábado 19 y el domingo 20 de abril de manera simultánea. El colectivo María Herrera las extendió al participar en unas mesas de trabajo que organizaron instituciones del gobierno federal en el estado de México desde el lunes pasado hasta este jueves.


Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera durante sus actividades del sábado 19 de abril del 2025, en el zócalo de Chilpancingo, al sumarse a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.

La segunda, porque en una revisión que hizo Guadalupe del expediente que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la desaparición de sus hijos y esposo halló un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El lugar es conocido en la ciudad porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.

“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo es usted?, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.

Le saltan varias dudas que se convierten en interrogantes, la principal, de dónde sacó la Fiscalía es versión si tampoco está acreditado. “Hasta me dijo el MP, pero si sabe algo usted nos puede informar o investigue, pero cómo voy a investigar yo sin de por si vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales. Los familiares de desaparecidos fungen ya uno de los papeles más importantes en la búsqueda de personas desaparecidas.

La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve las autoridades aquí, todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.

Guadalupe ya informó a instancias federales sobre este dato que podría prestarse para cambiar el curso de la investigación, porque logró que el gobierno federal también asumiera las indagatorias.

Como parte de la jornada nacional de actividades, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco y el domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia que algunos científicos sociales nombraron terrorismo de Estado, caso por el que el Estado mexicano recibió una sentencia condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).


En la imagen aparecen Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, y Gema Antúnez, quien coordina el Colectivo María Herrera, en el acto de Atoyac de Álvarez el domingo 20 de abril del 2025.

Gema Antúnez Flores, quien dirige el Colectivo María Herrera en Chilpancingo, el cual creó después de la desaparición de su hijo Juan Sebastián García Antúnez, ocurrida el 27 de febrero del 2011, informó que estas mesas en las que participa empujan la exigencia de que el gobierno federal revise de manera constante las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, aun cuando sean de larga data. 

“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.

¿Quién cuida a quien nos cuida?: 3 de cada 4 policías municipales no tienen un salario digno y menos del 70 por ciento de prestaciones básicas


Solo uno de cada cuatro policías municipales en México gana más de 16,000 pesos al mes, menos del 70 por ciento tiene prestaciones básicas y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social, de acuerdo con un diagnóstico de México Evalúa


Texto: Andro Aguilar /Animal Político

Ilustraciones e Infografías: Animal Político

Ciudad de México

Miércoles 23 de abril del 2025


Domitilio es ayudante de albañil, de plomero y de electricista. También dedica 84 horas en promedio a la semana a cuidar a los habitantes de Villa Nicolás Romero, como policía municipal.

Por esta última labor gana 3,800 pesos quincenales, poco menos de los 4,182 establecidos como sueldo mínimo por las autoridades. Quizá la diferencia, dice, es porque le descuentan 250 pesos para que pague su propio seguro de vida.

“Uno llega a trabajar, nos encomendamos a Dios y adelante. Ha habido compañeros que han asesinado, que han chocado, que los han atropellado. Al final del día te acostumbras a vivir con este tipo de trabajo”, relata en entrevista.

El caso de Domitilio —cuyo nombre fue cambiado para evitarle represalias— es una constante en México, donde la precariedad laboral prevalece para los policías municipales, que son las corporaciones de seguridad más próximas a la ciudadanía.

Menos del 70 por ciento de los elementos cuenta con las prestaciones básicas establecidas en la Constitución —como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—. Y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social efectiva, lo que implica que hasta 80.7 por ciento podría carecer de la misma.

Solo una minoría recibe otros apoyos como asistencias psicológica y legal, vales de despensa o becas escolares.


Diseño: Nadia Núñez.

Esas malas condiciones laborales dificultan su reclutamiento. Así lo demuestran las cifras del Inegi, que reflejan un decremento de elementos a nivel nacional en las cifras más recientes.

En 2022, la cifra reportada ante Inegi era de 173,407 elementos, el número más bajo desde 2010, lo que equivale a 1.4 policías por cada mil habitantes. Una cantidad que no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La organización México Evalúa realizó un diagnóstico de esas condiciones de precariedad y estableció una propuesta para revertirlo. En el documento “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral”, la organización confirma que la mayoría de los policías municipales en México no percibe una retribución justa.

Policías municipales en México, sin salarios dignos

Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que el ingreso necesario para que los elementos y sus familias puedan llevar una vida digna es de 16 mil 688 pesos mensuales —antes de bonos—, solo uno de cada cuatro elementos rebasaba esos ingresos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, 9.6 por ciento ganaba menos de 5,000 pesos al mes en 2022 e incluso 2.2 por ciento de los policías municipales trabajaba sin recibir pago.

Asimismo, 27.3 por ciento de los elementos recibía entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales; 30 por ciento ganaba entre 10,000 y 15,000 pesos y 20.8 por ciento ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos. Solo un pequeño porcentaje, el 5.4 por ciento, percibía entre 20,000 y 25,000 pesos, y apenas el 2.6 por ciento de los policías obtenía salarios superiores a 25,000 pesos.

Con turnos laborales de 24 horas seguidas y 24 horas de descanso, el trabajo no solo está mal pagado, sino que absorbe la mayor parte de su tiempo.


Diseño: Nadia Núñez.

Prestaciones insuficientes para policías municipales en México

Pese a que las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones pagadas y la prima vacacional deben ser un derecho entre los policías municipales con base en la Constitución, no aplica en todos los casos. Si bien el aguinaldo es la prestación más común, con un 90.8 por ciento de los policías que lo recibe, solo 79.9 por ciento tiene acceso a vacaciones pagadas y 69.4 por ciento cuenta con prima vacacional.

Para que un policía cuente con seguridad social debe estar afiliado al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a una institución local. Así, México Evalúa concluyó que entre 19.3 por ciento y 52.5 por ciento de los elementos de seguridad municipal tiene acceso a algún esquema de seguridad social.

Además, son pocos los policías que tienen acceso a servicios y prestaciones de seguridad social. Esta situación contraviene el mandato constitucional y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, que busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y que el Estado garantice la provisión de una pensión.

De acuerdo con el Inegi, los policías afiliados a algún tipo de seguridad social se distribuyen así: 26.3 por ciento está afiliado al IMSS y 5.3 por ciento al ISSSTE, lo que les proporciona una cobertura integral de salud y prestaciones de retiro; 19.7 por ciento tiene seguridad social proporcionada por una institución de su entidad federativa, que generalmente ofrece servicios similares a los del IMSS, aunque la calidad puede variar según el estado; 15.1 por ciento de los policías reciben servicios de seguridad social a través de otras instituciones, generalmente gestionadas directamente por los municipios. De ese 52.5 por ciento, solo 45,185, es decir 26 por ciento del total, tienen acceso a prestaciones de retiro o jubilación.

Los créditos para la vivienda solo están disponibles para 7.6 por ciento de los policías municipales. Esa situación les genera que permanezcan atrapados en un ciclo de pobreza patrimonial.

Casi la mitad de los policías municipales no tiene un seguro de vida, lo que deja en desamparo a sus familias. Y apenas uno de cada cuatro (25.7 por ciento) tiene apoyo psicológico. Por lo que muchos  enfrentan solos las secuelas emocionales y mentales de su trabajo. Además, solo 28.8 por ciento de los elementos cuenta con asesoría jurídica.

Los vales o bonos de despensa son accesibles para solo 27.6 por ciento del personal. Solo 11.9 por ciento de los policías municipales cuenta con acceso a créditos personales y 5.3 por ciento con apoyo para la vivienda. La mayoría de los policías no percibe las herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Financiamiento de municipios para sus policías y ruta a seguir

Los municipios en México tienen dificultades para financiar a su policía principalmente por falta de ingresos propios.

El financiamiento de la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna a los municipios la responsabilidad de financiar las prestaciones laborales de sus policías. Los municipios, sin embargo, carecen de recursos suficientes por falta de ingresos, por una organización deficiente del gasto o por déficit de capacidades.

Entre 2012 y 2022, 72.3 por ciento de los ingresos totales de los municipios provinieron de la Federación y gobiernos estatales, es decir, 440 mil 266 millones de pesos. Lo que recaudaron los gobiernos municipales (27.7 por ciento de los ingresos totales) representó 168 mil 159 millones de pesos.

La legislación federal no precisa qué prestaciones debe incluir el esquema complementario de seguridad social, por lo que cada entidad y municipio lo definen y resuelven. Por este motivo, hay corporaciones policiales con más prestaciones laborales que otras.

La organización destaca que entre los factores que limitan el potencial de elementos policiacos influye por un lado la falta de presupuesto, tanto local como federal —derivado de la militarización de la seguridad pública a partir de la participación de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional—. Además de la precariedad laboral que dificulta que los policías hagan una carrera.

El artículo 123 de la Constitución Mexicana establece que las prestaciones mínimas que debe tener todo trabajador del Estado son sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso y jornadas laborales definidas. Además de la seguridad social con jubilación, cobertura de accidentes y enfermedad, licencia de maternidad, derecho a asistencia médica para familiares y créditos a la vivienda. Además, de otras prestaciones que serían definidas por cada gobierno local.

Para su investigación, México Evalúa contempló esas prestaciones de ley y de seguridad y estableció el estándar que deben tener las policías municipales.

Además de explicar el marco normativo de las prestaciones laborales de la policía y evidenciar cuál es el acceso en cada corporación, la investigación de México Evalúa analiza la capacidad financiera de los gobiernos locales para mejorar ese panorama.

La organización desarrolló recomendaciones para apoyar a los policías municipales y los propios municipios que incluyen reformas a leyes federales y estatales, mejor acceso a fondos federales y estatales, así como a información, investigaciones y a estadísticas, además de asesoría técnica y colaboraciones entre el sector privado y la sociedad civil.

Mientras tanto, en los municipios, los policías se han acostumbrado a estar desprotegidos y a ser vulnerables en un entorno donde enfrentan riesgos constantes, como Domitilio.

–¿Vale la pena ser policía municipal?, se le pregunta.

–No vale la pena como tal. Pero lo más valioso que te puede llevar aquí es el agradecimiento de la gente y eso es lo bonito, cuando la gente te agradece. No vale la pena el trabajo, no vale la pena que arriesgues tu vida, pero al final del día no tienes otra oportunidad de trabajar. Al paso del tiempo te vas acostumbrando.

 

Este texto es reproducido con la autorización de Animal Político, medio aliado de Amapola Periodismo. Aquí puede consultar su versión original.

Transcurre semana de vacaciones en Acapulco entre dos contrariedades, afluencia turística y asesinatos


Cerró con un promedio 91.6 por ciento en ocupación hotelera y 25 personas asesinadas 


Texto: Margena de la O

Foto: Javier Verdín /Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Lunes 21 de abril del 2025


“Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos de México en esta temporada”, es parte del texto posteado en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este domingo cuando habló de la ocupación hotelera con que cerraron Semana Santa los cuatro destinos turísticos del estado, donde Acapulco alcanzó un promedio 91.6 por ciento. 

Lo que no figura en esta información oficial son las 25 personas asesinadas en el puerto durante toda la semana pasada de descanso, mientras un parte de Acapulco estaba lleno de turistas. Seis de las personas asesinadas fueron conductores del transporte público o personas de alguna manera asociados a este servicio, lo que generó que algunas rutas del centro y la zona conturbada de la ciudad pararan por algunas horas.

Este número es resultado de un recuento de los hechos violentos suscitados en Acapulco del domingo 13 al domingo 20 de abril, todos publicados por medios locales de comunicación, lo que refleja los diferentes contextos de puerto, como si Acapulco tuviera diversas caras.

Hace unos días Amapola, periodismo transgresor público datos sobre la recuperación turística de Acapulco después de los huracanes Otis (2023) y John (2024) que difunde las instituciones del gobierno del estado y los sucesos violentos que continúan en Acapulco. Dos contrariedades que se acentuaron durante esta Semana Santa que concluyó ayer domingo, pero nunca se cruzaron.

Las playas del puerto estuvieron repletas, según las publicaciones en redes sociales de las dependencias públicas estatales, los medios de comunicación locales y los propios visitantes. Con estas publicaciones, los servidores públicos difundían las diferentes actividades de distracción que hubo en Acapulco, por ejemplo, el puerto fue sede de lo que llamaron la “Cumbre del Mariachi” y otras actividades. Publicaron recomendaciones hasta de los restaurantes que podían visitar.

Todas estas sugerencias dentro de la zona blindada, el Acapulco turístico: el tradicional, que ahora este gobierno le llama la bahía histórica; la dorada, que incluye la costera Miguel Alemán, y la diamante, entre otros puntos que son visitados, como Pie de la cuesta. 

La presencia policiaca y militar por toda la costera, en el principal corredor que conecta con otros puntos, es evidente. Dentro de los números particulares de ocupación hotelera, la zona dorada es la más ocupada, con un promedio de 93.6 por ciento.


Así estuvieron las playas de Acapulco durante Semana Santa. Foto: Cromática.

El otro Acapulco…

Pero en el otro Acapulco, la zona rural, conurbada y hasta en la avenida Cuauhtémoc, ubicada apenas a espaldas de la costera Miguel Alemán, asesinaron a estas 25 personas.

El ataque contra los transportistas llevaba semanas en Acapulco, al menos desde marzo pasado, lo que ya era un antecedente de alarma para estas vacaciones, pero durante Semana Santa hubo una sobre exposición de la situación porque, además, los agresores quemaron unidades y atacaron bases del transporte público, lo que alcanzó a otras víctimas además de los conductores.  

El martes 15 de abril seis personas fueron asesinadas en Acapulco, dos eran dos hombres taxistas. Uno fue asesinado por la tarde en la avenida Cuauhtémoc, cerca del puente Bicentenario, unas personas en moto se le acercaron y le dispararon. Manejaba una unidad de la ruta Centro-Zapata. Antes, por la mañana aún ya habían asesinado a otro taxista en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces. 

Al día siguiente, el miércoles 16, en respuesta contra los ataques, los conductores del transporte publico, de manera particular de taxis y camionetas pasajeras que circulan entre zona conurbada y parte de la zona rural, bloquearon el punto que es conocido como El retorno de la carretera federal México-Acapulco. Durante el bloqueo que duró unas cuatro horas, los conductores no dijeron ninguna palabra a reporteros que cubrían la noticia, su reclamo lo expusieron en las pancartas que portaron durante la protesta, al parecer por temor al exponerse de más.

Este temor no estaba infundado porque unas horas después otro taxista fue asesinado en el bulevar Vicente Guerreros, a la altura de la colonia Renacimiento (zona conurbada). Este conductor había participado en el bloqueo unas horas antes. Su numero de taxi, el 2980, fue visto en el lugar de la protesta.

Al día siguiente, jueves 17, mataron a otro taxista y el viernes 18 a otro. La víctima del viernes ocurrió en un ataque armado al sitio de taxis de la unidad habitacional Casa Palenque, que cubren la ruta hacia el centro de Acapulco. A conductores de esta ruta se les vio en el bloqueo del miércoles, contaron quienes estuvieron en el lugar. En ese mismo hecho mataron a una mujer que era trabajadora de un establecimiento de comida cercano al sitio de taxis, según publicaron algunos medios de comunicación del puerto.

Además, en esta semana fueron incendiadas dos unidades del transporte público, una en Caletilla, ruta Ex campo de tiro-Caleta, y una en calle Nicolás Bravo, cerca del punto conocido como El Vaquero Norteña, en el centro de Acapulco. 

Este último hecho ocurrido el viernes pasado generó que conductores de al menos tres rutas del transporte público de la parte poniente del puerto pararan el servicio durante el resto del día; las unidades que iban de Pie de la Cuesta, Pedregoso y San Isidro hasta el centro no circularon y los habitantes de esa parte de Acapulco tuvieron qué resolver esa necesidad.

De estos hechos ni de las causas don fondo han hecho una mención oficial los servidores públicos estatales, a excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió en redes sociales que la semana intensificó su operación policial en los destinos turísticos, donde ya habrían unos 13 mil elementos, según los números publicados durante el arranque del periodo vacacional.

Este lunes, todavía es visible la presencia de turistas en Acapulco, debido a que las vacaciones para estudiantes dura una semana más, y la Secretaría de Turismo del estado siguen convocando a visitantes al puerto.

Recupera Acapulco turismo tras huracanes, pero violencia persiste


La Semana Santa en Acapulco es una prueba para su recuperación turística, tras los estragos de los huracanes Otis y John. Mientras que una reciente ola de violencia en las zonas populares obligó a un despliegue policial y militar en el puerto.


Texto: Margena de la O
Foto: Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
Lunes 14 de abril del 2025


La Semana Santa en Acapulco representa una prueba para la recuperación del puerto como destino turístico a nivel nacional, tras los impactos de los huracanes Otis (2023) y John (2024). Sin embargo, la persistente situación de inseguridad, con la que sus habitantes llevan lidiando desde hace más de una década, volvió a hacerse presente justo antes del inicio de la temporada.

Antes de las vacaciones, que comenzaron este fin de semana, el puerto ha experimentado dos semanas de violencia, lo que generó un despliegue policiaco que expuso la situación de alerta.

Las estadísticas de asesinatos en Acapulco en lo que va de abril lo reafirman. Un recuento de hechos violentos, basado en las publicaciones de medios de comunicación locales desde el inicio del mes hasta ayer domingo 13, arrojó que asesinaron a 22 personas en estos días. El periódico El Sur publicó a inicios de abril que marzo cerró con 44 personas asesinadas en el puerto, de las cuales 10 eran transportistas.

Los hechos violentos de los días previos a las vacaciones que iniciaron este fin de semana se concentraron en zonas populares, como la colonia La Mira, que forma parte de ese otro Acapulco que poco es considerado cuando los servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios hablan del puerto en términos turísticos.


La imagen corresponde a las diligencias después del asesinato del trabajador de una tortilleria de la colonia La Mira, el 7 de abril pasado. Foto: Andrew López.


Las maestras y los maestros del preescolar y la primaria de La Mira, de acuerdo con la sección XIV del SNTE, salieron de vacaciones una semana antes porque, a unos metros de donde están ubicados los planteles, ocurrieron ataques a balazos, y mataron a un taxista y a trabajadores de tortillerías.

La reacción institucional del gobierno del estado fue enviar vigilancia a la zona de escuelas y ofrecer talleres de activación física y dinámicas para el control de emociones y la prevención del consumo de drogas a la secundaria, que mantuvo sus actividades durante toda la semana pasada, con el propósito, según difundieron, de prevenir la violencia.

La Secundaria Técnica 151 Caritino Maldonado está un poco más lejos del lugar de los ataques. Ahí, los preadolescentes y adolescentes recibieron clases de boxeo.

Desde entonces, la vigilancia en las zonas turísticas es una prioridad, porque el periodo vacacional estaba en puerta. A lo largo de toda la costera Miguel Alemán, según los habitantes del puerto, es evidente la presencia de policías estatales, guardias nacionales y militares desde hace días.

En el contexto de este arranque, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Eduardo Arturo Baileres Mendoza, informó que el gobierno municipal forma parte de una estrategia integral nacional de seguridad pública y que la vigilancia en La Mira es importante, como lo son las áreas de cualquier otro cuadrante del puerto.

Mencionó que, como resultado de esa coordinación, ahora funcionan en Acapulco más de 2,000 cámaras institucionales de videovigilancia. Pero Acapulco también fue noticia hace unas semanas porque la Marina retiró de algunos puntos de la ciudad cámaras irregulares que podrían ser operadas por grupos criminales.

El viernes pasado, en Taxco, durante el acto oficial para el arranque de la operación policial del periodo vacacional de Semana Santa (del 11 al 27 de abril), el gobierno del estado informó que más de 13 mil elementos fueron distribuidos en el estado, en particular en lugares turísticos, como Acapulco.

Declaran a Acapulco recuperado

Para el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la recuperación de Acapulco en infraestructura turística está completa después de Otis y John; solo están pendientes algunas habitaciones o condominios particulares de la zona Diamante del puerto, lo que significa, si acaso –dijo–, un 3 por ciento.

“Tenemos ya prácticamente una recuperación total, a pesar de que hemos tenido condiciones climatológicas un poco adversas. El nivel de ocupación y lo que hemos podido ver aquí es que se está recibiendo una gran cantidad de visitantes”, comentó en entrevista.

La única alerta que los tuvo un tanto a la expectativa fue el alto oleaje por un fenómeno conocido como mar de fondo, que provocó olas altas en los últimos días en diferentes playas de la bahía, pero –aclaró el secretario– no generó ningún escenario negativo, porque ni reportes de palapas derribadas tuvieron.

Todo el discurso institucional del gobierno del estado está orientado en la misma tónica para estas vacaciones. Por ejemplo, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, en pleno acto de arranque de la operación policial especial, soltó: “Se cumplió el pronóstico, gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), de llegar a las 15 mil habitaciones en Acapulco”.

El periodo vacacional arrancó con 15,004 habitaciones reservadas en 274 hoteles de Acapulco, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia.

El funcionario celebró que la ocupación hotelera se mantenga desde el inicio de 2025 entre un 71 y 80 por ciento los fines de semana normales, y que suba durante los fines de semana largos.

Seguridad o inseguridad pública, según el lugar del puerto

La inseguridad de las últimas semanas en ciertas zonas del puerto no figura en el discurso institucional para este periodo vacacional. Algunos empresarios de Acapulco también parecen no mirarla.

Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco Servytur Acapulco), Alejandro Martínez Sidney, le llena de confianza las acciones institucionales coordinadas que –dijo– emplean los diferentes niveles de gobierno actualmente en el puerto.

Consideró que Acapulco no es el mismo que hace 20, 15 o 10 años, porque “ha habido grandes avances en materia de seguridad y prevención de los delitos. Acapulco ha mejorado mucho su seguridad. La extorsión ha disminuido”.

La queja más recurrente del sector empresarial del puerto hace algunos años, como parte del contexto violento, eran las extorsiones de criminales, y Martínez Sidney fue uno de los que más se quejó.

Pero ahora, expuso, han disminuido las extorsiones porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en particular desde el cambio de la administración federal, han respondido con mayor “eficacia”.

Sin embargo, en las zonas urbanas distintas a la costera y otros puntos turísticos podrían tener una evaluación muy diferente a la del empresario. Por ejemplo, en La Mira, donde requirieron vigilancia especial.

Pero el empresario reduce la problemática a los eslabones sociales más débiles: los consumidores de drogas. “Estas ejecuciones que se han dado en el transporte son acapulqueños contra acapulqueños, entonces, no es el gobierno el causante de la violencia, son los consumidores de droga. La droga altera a las personas”.


 

Hallan muerto en carretera de Mártir de Cuilapan a exalcalde de Zitlala


Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes


Texto: Margena de la O

Foto: Facebook Roberto Zapoteco Castro

Chilpancingo

Viernes 11 de abril del 2025


A orilla de un camino de Mártir de Cuilapan, municipio de la zona Centro del estado, esta mañana fue hallado el cadáver del exalcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, junto al de otra persona, de acuerdo a unos reportes policiacos.

Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes, al costado de carreteras locales.

Los preliminares de este hallazgo indican que el cadáver del exalcalde y otras persona fueron ubicados en un paraje conocido como El Aguacate, localizado entre las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, dos pueblos de Mártir de Cuilapan. En esos reportes también hablan de un accidente vehicular, pero nunca ofrecen detalles del incidente, razón por la que no queda claro la causa de muerte.

Zapoteco Castro fue alcalde durante el periodo 2015-2018 de Zitlala, uno de los municipios que de manera oficial forma parte de la zona Centro del estado pero, a su vez, es parte de una subregión conocida como la Montaña baja de Guerrero, donde hay importante población nahua. La Montaña baja es de referencia pública durante los últimos años por temas de inseguridad y violencia criminal.

El diciembre del 2020, Zapoteco Castro sobrevivió a un atentado armado, ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de Pochahuizco, que pertenece a Zitlala. En esa ocasión fue herido en el brazo.

Cuando se exponen que han ocurrido otros hallazgos en circunstancias similares se trae a cuenta que apenas el martes por la noche fue reportado el hallazgo de una camioneta al fondo de un barranco de la carretera Ocotito-Tlahuizapa, de Chilpancingo, con cadáveres dentro.

Hasta el día siguiente que fueron rescatados, se supo que eran tres, uno era el del exalcalde de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández Solano, el de su padre y el de un colaborador. La causa de muerte que reportaron fuentes policiacas son golpes. De manera oficial las autoridades estatales no informaron del caso ni hablaron de las razones de las muertes.

Hernández Solano además es ubicado como fundador del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) y hasta unos días se había desempeñado como secretario de Desarrollo Rural de Chilpancingo, pero renunció. 

Tomó el puesto todavía por designación del exalcalde asesinado, Alejandro Arcos Catalán, y el alcalde Gustavo Alarcón Herrera lo mantuvo. El gobierno municipal de Chilpancingo colgó una esquela en sus redes sociales oficiales para dar el pésame a la familia del ex funcionario municipal.

Un día antes, el lunes 7 de abril por la mañana fue reportado el hallazgo de una de una camioneta Nissan X-Trail color rojo al fondo de un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con cadáveres dentro. Desde un principio hubo la sospecha que se trataban de los cadáveres de tres conductores del transporte público de  diferentes rutas de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes anterior.

Más tarde fue confirmado, eran ellos, pero había una cuarta víctima.

Todos estos casos tienen la coincidencia del hallazgo en un contexto de aparentes accidentes carreteros.

Denuncian habitantes de la Sierra que policías y militares pisaron y salieron de pueblos donde hubo enfrentamientos armados


Consecuencia de los hechos de este miércoles en Yextla e Izotepec las clases están suspendidas hasta después del próximo periodo vacacional. La versión de los habitantes de Yextla es que quienes ingresaron a su pueblo incendiaron una vivienda y se llevaron por la fuerza a unas personas. El gobierno estatal había ofrecido vigilancia permanente


Texto: Margena de la O 

Foto: Oficial y Especial

Chilpancingo

Jueves 10 de abril del 2025


Aun cuando el gobierno del estado dio a conocer la implementación de una operación policiaca y militar permanente en los pueblos de la Sierra donde ayer por la mañana hubo enfrentamientos a balazos entre civiles, pobladores de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, informaron que los elementos solo llegaron, vieron parte de los daños y se retiraron.

Consecuencia de los hechos de ayer, los habitantes de este pueblo tomaron medidas y los directivos de las escuelas decidieron suspender las clases y adelantar el periodo vacacional que empieza este fin de semana, ante el riesgo de que vuelvan a ocurrir balaceras. Cuando ocurrieron los hechos, entre nueve y 10 de la mañana, las niñas, niños y adolescentes estaban en los planteles. En el pueblo hay escuelas desde nivel básico hasta bachillerato.

Mediante un video difundido en las redes sociales, los pobladores de Yextla reportaron ayer parte de la balacera en su pueblo. En poco más de un minuto que dura ese video se escuchan balazos tupidos y se ve una calle solitaria ensombrecida por una nube de humo, como si algo estuviese quemándose.

Aunado a este video se supo que las balaceras comenzaron en Izotepec, una localidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo, que pega con Yextla. La Sierra de Guerrero, formada por las montañas más altas del estado, funciona como una sola región, independiente de los límites territoriales de algunos municipios.

La versión de los habitantes de Yextla es que, en efecto, los enfrentamientos armados habrían comenzado una hora antes en Izotepec, y que siguieron en su pueblo, donde incendiaron una vivienda. Esa era la razón del humo negro del video.


En la imagen se puede observar la vivienda que fue baleada e incendiada en la comunidad de Yextla, donde este miércoles 9 de abril del 2025 ingresaron personas armadas. Foto: Especial.

Quienes ingresaron a Yextla, dijeron, se llevaron a unos habitantes del pueblo, con quienes tendría una diferencia en términos criminales. Eso ha generado que otros habitantes, familiares de quienes se llevaron por la fuerza, se desplazaran de la comunidad.

Después de que ayer (miércoles) fuera público la balacera o enfrentamiento en estos pueblos, el gobierno del estado, sin ofrecer una versión oficial de que ocurrió, difundió un comunicado a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde daban a conocer operaciones de seguridad y vigilancia en Yextla e Izotepec por parte del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Además informaron que serían acciones permanentes. “La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa que estas acciones se mantendrán de manera permanente en la región, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses”, es uno de los fragmentos del comunicado.

Junto al comunicado solo publicaron fotografías de su camino hacia la Sierra, nunca de su permanencia en los pueblos donde ocurrieron los hechos.

Los habitantes de Yextla informaron que “el gobierno”, como es que identifican la presencia policial y militar, solo llegó al pueblo, revisó la vivienda incendiada y se retiró.

El compromiso público del gobierno estatal, según el texto difundido por la secretaría, es salvaguardar la integridad de los habitantes, pero los habitantes lo pusieron en duda.

Reportan nuevos enfrentamientos a balazos en pueblos de la Sierra


Texto: Margena de la O

Foto: Oficial

Chilpancingo

Miércoles 9 de abril del 2025


En el video de poco más de un minuto se ve como un humo negro sale al final de una calle vacía del pueblo de Yextla y se escuchan los balazos tupidos, uno tras otro, mientras unas personas murmullan. Esa así como habitantes de este pueblo de Leonardo Bravo dieron a conocer sobre un enfrentamiento armado que civiles mantiene en diferentes puntos de la Sierra de la parte Centro del estado.

Otro de los puntos hasta donde se extendió el enfrentamiento fue en Izotepec, otro pueblo serrano que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo. En la parte alta de Guerrero, conocida como la región Sierra, convergen varios pueblos de distintos municipios que forman un solo territorio.

Durante casi todo el video se escuchan los balazos de lo que habitantes reportan como un enfrentamiento aparentemente criminal, pero las autoridades no ofrecieron un reporte oficial.

Mediante las redes sociales se supo que las balaceras comenzaron desde temprano y que siguieron hasta avanzada la mañana. Al mediodía la refriega había terminado.

Algunas personas que tienen familiares en estos pueblos informaron que desde temprano les reportaron que personas armadas llegaron a sus pueblos y comenzaron a dispararse unos con otros, como si trajeran un pleito desde antes, lo que generó que los habitantes se encerraran.

Lo que se ve en el video que circula en la redes sociales es que el enfrentamiento a balazos en Yextla fue en pleno pueblo, porque el humo negro sale de un punto de entre las casas.


Captura del video que habitantes de Yextla comparten del momento de las balaceras.

Una habitante de la Sierra que está desplazada desde hace varios años informó que ya pudo comunicarse con su familia que vive en Yextla, y “están bien, solo asustados, pues, pero bien, gracias a Dios”.

La Sierra es una zona apartada de la zonas más urbanizadas en el estado y suele ser referencia desde hace varios años como un punto atravesado por varias violencias, la más notable, la criminal que ha generado que pueblos completos sean desplazados de manera forzada.

El gobierno del estado no ofreció una versión oficial de los hechos de esta mañana en estos pueblos de la Sierra, solo difundió mediante un comunicado que derivado de algunos reportes ciudadanos habían implementado una operación especial en la zona para preservar el orden. “(…) La Base de Operaciones Interinstitucionales conformada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementa operativos de seguridad y vigilancia en la localidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo”, es una parte del comunicado.

En ese misma información difundieron que el patrullaje y puestos de atención los mantendrán en la región de manera permanente.

Suspenden docentes de La Mira de Acapulco labores presenciales hasta después de vacaciones por asesinatos en la colonia


El líder de la sección XIV del SNTE reportó que son unos 40 maestros que mantienen sus clases virtuales. La SEG desconoce de esta suspensión presencial


Texto: Margena de la O 

Foto: Andrew López / Cromática agencia fotográfica y multimedia

Chilpancingo

Martes 8 de abril del 2025


Derivado de los ataques a balazos y asesinatos ocurridos en la colonia La Mira de Acapulco, docentes de los planteles educativos de nivel básico ubicados en la zona suspendieron actividades presenciales para hasta después del periodo vacacional de Semana Santa, informó el secretario general de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Silvano Salgado Palacios.

La suspensión de actividades la iniciaron desde la semana pasada. Son dos planteles donde no hay clases, un preescolar y una primaria que, de acuerdo al líder sindical, están a unos 90 metros de donde han ocurrido los hechos violentos.

Por el momento los docentes mantienen a los estudiantes con asesorías por mensajes o con clases virtuales. Según el reporte que le hicieron saber de las mismas escuelas al dirigente, son entre 30 y 40 maestros y maestras que suspendieron clases presenciales a causa de la violencia. 

Mencionó que los docentes tomaron esta decisión también porque está cerca el periodo vacacional, el cual comienza el próximo lunes, lo que significa que las clases oficiales cierran este siguiente viernes. Después del periodo vacacional, dijo, los docentes valorarían si regresan  clases presenciales, porque La Mira es una colonia de «alta inseguridad”.

“El tema de inseguridad es un tema que le ponemos mucha atención, porque es muy importante resguardar la seguridad y la integridad física de los compañeros. El jardín de niños y la primaria están muy cerca de don fue el suceso lamentable, están a metros, por decirlo así, y por esas razón suspenden el trabajo presencial, pero lo retoman de manera virtual”, comentó Salgado Palacios en entrevista.

Del miércoles de la semana pasada hasta hoy han ocurrido cuatro episodios violentos en La Mira, en los que han asesinado a varias personas. Ese miércoles mataron a un taxista, al día siguiente asesinaron a una trabajadora de una tortillería y quemaron una tienda, y apenas ayer unas personas armadas entraron a otra tortillería y mataron a un trabajador.

Esto ha generado, dijo el líder sindical, que los docentes de estos dos planteles decidieran la suspensión de actividades. Comentó que también hay incertidumbre entre los profesores de la secundaria técnica de la zona, pero todavía están en clases presenciales.

“Esperemos que sea por estos días nada más (la suspensión de clases presenciales), ya vez que se atraviesa el periodo vacacional y quizá, los más seguro, es que regresando haya condiciones de continuar su trabajo de manera presencial”, mencionó.

El dirigente agregó que el sindicato protegerá los derechos laborales de estos docentes.

El secretario de Educación en el estado, Ricardo Castillo Peña, desconocía si hubiera suspensión de clase en los planteles de La Mira de Acapulco, pues, dijo por teléfono, que los docentes “siguen protocolos no escritos” en casos como éstos. Después mencionó que como autoridad tampoco pueden permitir que se expongan.

Reportan hallazgo de tres cadáveres en barranco sobre carretera federal México-Acapulco


Podría tratarse de tres choferes del transporte público de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes pasado. Los cadáveres estaban dentro de una camioneta similar en la que se vio por última vez a los transportistas


Texto: Amapola Periodismo

Foto: Captura de pantalla 

Chilpancingo

Lunes 7 de abril del 2025


Una camioneta con las mismas características en las que fueron vistos por última vez tres conductores del transporte público de Chilpancingo, reportados como desaparecidos desde el viernes pasado, fue localizada este mediodía en un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, con tres cadáveres dentro.

Esta coincidencia expone que las víctimas podrían ser los mismos conductores del transporte público desaparecidos; está pendiente la confirmación de las autoridades estatales. En el lugar del hallazgo, de acceso complicado por la profundidad del barranco, servidores públicos todavía realizaban las diligencias de ley hasta esta tarde.

El reporte que familiares y conocidos compartieron mediante redes sociales este fin de semana, es que tres hombres, que identificaron como conductores de diferentes rutas del transporte publico de Chilpancingo, estaban desaparecidos desde el viernes pasado. La referencia que ofrecieron es que los vieron por última vez a bordo de una camioneta Nissan X-Trail color rojo, después de salir de sus domicilios.

Los identificaron como Rey David, Diego Alexis y Jorge. 

Este mediodía se supo del hallazgo de una camioneta hasta el final de un barranco de la carretera federal libre México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con tres cadáveres dentro. Las características del vehículo del vehículo son las mismas donde se les vio por última vez a los transportistas.

El punto donde fue abandonado el vehículo está algunas decenas de metros abajo de la carretera, hasta donde llegó a pie personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluidos de las áreas de Ciencias Forenses y Policía Ministerial. Los vehículos los dejaron algunos metros antes, hasta donde el camino se los permitió.

En Sinaloa, el crimen organizado caza a jóvenes con falsas ofertas de trabajo

  1. El caso de Teuchitlán refleja la grave falta de oportunidades en México, donde los jóvenes, al buscar mejorar sus vidas, se convierten en víctimas de fraudes, trata, reclutamiento forzado y privación de la libertad.

Texto: Scarlett Nordahl / Revista Espejo

Foto: Redes

Culiacán, Sinaloa

Lunes 31 de Marzo del 2025


En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De estos, casi la mitad, alrededor de 15.9 millones, están empleados, pero con un ingreso promedio de tan solo 33.8 pesos por hora, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta realidad económica crea el escenario perfecto para que organizaciones criminales exploten la vulnerabilidad de esta población, engañando, reclutando y privando de libertad a muchos jóvenes que buscan una vida mejor.

El caso de Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan muchos jóvenes en México. Como relata Alejandra Martínez Carrizales, miembro del colectivo Por las Voces Sin Justicia y quien busca a su hermano, Ismael Alejandro Martínez Carrizales,  desde el 12 de julio de 2020.



“Muchos jóvenes van buscando trabajo con la esperanza de mejorar su vida, intentando cumplir sus sueños, pero terminan siendo reclutados por el crimen organizado”, comentó.

Martínez señaló que el caso de Teuchitlán debe servir como advertencia para no caer en ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad.



El colectivo Por las Voces Sin Justicia también subraya la importancia de que las autoridades, especialmente la Fiscalía General del Estado, reconozcan que una persona privada de su libertad podría ser víctima de diversos crímenes, incluido el reclutamiento forzado por el crimen organizado.

“Volvemos a lo mismo, siempre se criminaliza y revictimiza a los desaparecidos, aseguraron que andaban en algo o podían andar en algo, pero la realidad es esa, mira a todos esos jóvenes que con engaños fueron a ese rancho o muchos otros lugares con la promesa de trabajar, sin saber que era para el crimen organizado. Eso quiere decir que no todos andan mal, algunos solo querían cumplir sus sueños de salir adelante”, subrayó la buscadora.

Durante la conferencia mañanera del 24 de marzo, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abordó el caso de Jose Gregorio “N”, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al Campo Izaguirre. García Harfuch reconoció que este individuo se encargaba del reclutamiento de personas, utilizando principalmente redes sociales para ofrecer falsas oportunidades laborales. Entre las ofertas que promovía se incluían vacantes de vigilantes de seguridad con sueldos que iban de 4 mil a 12 mil pesos semanales.



Los interesados, tras contactar a los reclutadores, eran citados en diversas centrales de autobuses y, desde allí, trasladados al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Allí, los nuevos reclutas eran adiestrados en el uso de armas de fuego y acondicionamiento físico. Durante este proceso, se les retiraban los teléfonos celulares y permanecían incomunicados por un periodo de hasta un mes, dependiendo de su comportamiento. Después de este tiempo, se les asignaba un puesto dentro de la estructura del crimen organizado.

El Gobierno de México también reconoció que aquellos que se negaban a participar en las actividades delictivas o intentaban escapar eran asesinados o sometidos a torturas. Además, a través del Área de Investigación y Patrullaje Cibernético, se descubrió que existen al menos 39 perfiles en diversas plataformas dedicados al reclutamiento de personas para estos fines.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), advierte que, aunque no haya denuncias formales sobre reclutamiento forzado o trata de personas, siempre existe lo que se conoce como la “cifra negra”.

“He conocido casos, no en esta comisión, pero como activista he recibido informes. Un caso fue el de una joven que fue engañada para viajar a Durango, donde fue localizada por el Ejército junto con otras tres jóvenes. Era un caso de trata, y las iban a prostituir”, comentó Loza Ochoa, quien subraya la importancia de atender incluso un solo caso, ya que detrás de cada uno podría haber muchos más sin denuncia.

El defensor de derechos humanos también explicó que la falta de denuncias podría deberse al desconocimiento sobre el tema o a la confusión con otros delitos, como el secuestro o el secuestro virtual. Sin embargo, destacó que la existencia de incluso un solo caso de trata es alarmante, especialmente en lugares turísticos como Mazatlán y Vallarta, que, según él, podrían estar siendo utilizados para actividades de explotación sexual.

Cifras oficiales y víctimas vulnerables

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) reporta que desde 2010 se han abierto 69 carpetas de investigación relacionadas con trata de personas en Sinaloa. Estas investigaciones involucran a 177 víctimas, de las cuales 77 son mujeres y 92 hombres, con ocho personas cuya identidad de género aún no ha sido determinada.

De las mujeres, el grupo más vulnerable son las menores de edad, con 41 casos registrados. Esto refleja una clara tendencia hacia el tráfico de personas, especialmente en el contexto de la explotación sexual.



Priscila Salas Espinoza, activista y miembro del colectivo No se metan con nuestras hijas, sostiene que la trata de personas es el segundo negocios ilegal más rentable a nivel mundial. Mientras que los hombres son principalmente víctimas de trabajos forzados, las mujeres son explotadas sexualmente. Sin embargo, la falta de protocolos adecuados y la incapacidad de las autoridades para investigar estos delitos profundizan el problema.

“Les cuesta mucho trabajo de delincuentes que son y no quieren visibilizarlo y no quieren hablar de ello. No quieren saber la verdad. La trata es un delito muy complejo y yo creo que la Fiscalía no tiene la capacidad y como no tiene la capacidad para investigar delitos de genero, no hay unidades de contexto, no hay gente especializada, no tienen la capacidad ni humana, ni institucional o tecnológica o el presupuesto para que eso suceda”, denunció Salas.

Salas Espinoza también subraya la relación entre los casos de desapariciones de mujeres y la trata de personas. Asegura que muchas veces, las desapariciones no son reportadas adecuadamente como casos de trata, lo que impide su investigación correcta.

“Si caes en una red de trata, en 90 horas desapareces. La única manera de que la Interpol te busque es a través de una ficha oficial de búsqueda. Parece que hay un hoyo negro en este estado en donde desaparecen niñas, adolescentes y mujeres y nadie sabe nada, nadie sabe qué pasó”, explicó.

Otro problema que Salas señala es el uso de ofertas de trabajo falsas a través de redes sociales y otros medios, donde se engaña a jóvenes con promesas de empleo en el extranjero, solo para ser explotados sexualmente o en trabajos forzados.



“Las ofertas de empleo falsas son una de las maneras más comunes en las que los jóvenes son engañados. Prometen sueldos altos y pocas horas de trabajo, así como facilidades en los tramites para que te vayas a otro lado. incluso te pueden ofrecer una beca o una capacitación. Hay recursos porque es un negocio ilegal rentable, entonces hay como moverte para que termines siendo víctima de trata”, agregó.

A través de los años, este colectivo indentifico en casos de mujeres que fueron localizadas y regresaron con sus familias, tres rutas principales que salen desde Sinaloa para ser explotadas en otros estados: Jalisco, Oaxaca y Sonora.

La respuesta del gobierno: La responsabilidad cae en la sociedad

A pesar de los llamados de los colectivos de búsqueda y los activistas, el gobierno estatal ha minimizado el problema.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno en Sinaloa, aseguró que, hasta el momento, no tienen información sobre casos de reclutamiento forzado en la entidad, aunque reconoció que algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones.

“Afortunadamente, no hemos tenido casos de este tipo en Sinaloa, pero es importante que las familias y la sociedad se mantengan alerta y no caigan en ofertas de trabajo sospechosas”, afirmó.

El también vocero oficial del Gobierno de Sinaloa recomendó a los jóvenes a “interactuar” en sus hogares, comentar y preguntarse si una oferta de trabajo es demasiado buena para ser real, con el fin de evitar que caigan en estafas o sean víctimas de este tipo de delito.


Este es un texto de Espejo, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

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