Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia
Chilpancingo
26 de septiembre del 23
En hechos distintos registrados hoy martes en las calles de Acapulco, hombres armados asesinaron a balazos al ex presidente de la Barra de Abogados y al hermano del ex secretario particular del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) Javier Saldaña Almazán.
De acuerdo con los reportes oficiales, alrededor de las diez y media de la mañana de hoy martes, Guillermo Solís Lara, hermano de Julio Solís, ex secretario particular del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), Javier Saldaña Almazán, viajaba en un automóvil marca Volkswaven tipo Jetta cuando fue atacado a tiros por dos hombres a bordo de una motocicleta en la calle Costera Vieja, cerca de la playa La Condesa.
Guillermo Solís falleció.
Este miércoles, Javier Saldaña rinde protesta como rector de la UaGro por cuarta ocasión en el auditorio Forum Mundo Imperial, ubicado en la Zona Diamante de Acapulco.
En su cuenta personal de Facebook, Javier Saldaña, escribió un mensaje a su ex secretario particular dándole el pésame.
Alrededor de las 12 horas con 30 minutos, en la calle 5 de Mayo, en el centro de Acapulco, varios individuos armados asesinaron a balazos al ex presidente de la Barra de Abogados de este puerto, Salomé Gutiérrez Aguirre y hirieron a dos de sus acompañantes cuando viajaban en un automóvil marca Toyota, tipo Yaris, color gris.
El ataque contra el abogado ocurrió en la calle conocida como las Siete Esquinas.
Varios testigos del ataque contaron que por lo menos se escucharon unas 30 detonaciones de arma de fuego.
La gente corrió para ponerse a salvo de las balas.
Las dos personas que resultaron lesionadas de bala y que acompañaban al ex presidente de la Barra de Abogados, fueron trasladados en una ambulancia a un hospital.
En el 2021, Salomé Gutiérrez se inscribió como aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE) en el Congreso local.
Casi al mismo tiempo que se registraban estos dos hechos de violencia, llegaron a Acapulco 210 elementos del Ejército que, de acuerdo con informes de autoridades castrenses, vienen a cumplir funciones de relevo para combatir la inseguridad en las zonas con mayores índices de violencia, como las colonias Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento y La Progreso.
Los soldados a bordo de vehículos desfilaron por la avenida Costera Miguel Alemán y luego se les vio realizar labores de vigilancia en las playas de este puerto.
Maestros y trabajadores administrativos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, iniciaron un paro de labores y protestaron en las calles de esta ciudad para exigirle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cumplir demandas relacionadas con el techo presupuestal.
Los trabajadores que se desplazaron en varios vehículos de Tixtla a Chilpancingo denunciaron que las autoridades estatales no quieren respetar los acuerdos de que las plazas por defunciones o jubilación se queden en la Escuela Normal Rural.
«Llevamos varios años pidiendo que esas claves académicas se queden en la escuela Normal para cubrir las necesidades de nuestra institución», dijo el profesor Antonio García, vocero de los trabajadores administrativos y docentes.
Los profesores y administrativos marcharon por la avenida Ruffo Figueroa y llegaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
«Solución al pliego petitorio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa», decía la manta que llevaban los manifestantes.
También una de las consignas que iba escrita en la manta hacía referencia a los 43 normalistas de Ayotzinapa que este martes 26 cumplen nueve años desaparecidos.
En el mitin, el profesor Antonio García dijo que otra de las demandas es de que el gobierno estatal reinstale la mesa de negociaciones para homologados con el propósito de que los trabajadores accedan a otro nivel académico.
«Está estancado este programa de homologación pese a que muchos compañeros han escalado niveles académicos y merecen un ascenso», dijo.
«Como maestros de la Normal estamos en esta protesta para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala», dijo Antonio García.
De acuerdo con la versión de los manifestantes este lunes las autoridades de la SEG habían programado una reunión pero de último momento fue cancelada.
Pidieron una reunión con el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para que les dé respuesta a sus peticiones.
Antonio García denunció que a muchos maestros se les adeuda horas académicas acumuladas.
«Desde este lunes los 60 profesores y 100 trabajadores administrativos de la Normal nos declaramos en sesión permanente en paro laboral hasta que el gobierno del estado nos dé una respuesta», advirtió el profesor Antonio García.
Las protestas de la planta docente y de los trabajadores administrativos se suman a las demandas que plantean los normalistas de Ayotzinapa que exigen mayor presupuesto para el mejoramiento físico de las instalaciones, incremento a las raciones alimenticias y material didáctico.
Los integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa denunciaron que la gobernadora Evelyn Salgado no quiere dar respuesta a su pliego petitorio.
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) clausuraron de manera simbólica las oficinas del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE) por negarse a realizar las licitaciones públicas de obras.
Hace una semana, los empresarios denunciaron de manera pública presuntos actos de corrupción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
El grupo de manifestantes llegó a la puerta principal del IGIFE y colocaron sellos de clausura.
«Es la primera dependencia del gobierno del estado a la que estamos colocando este sello de clausura pero iremos a otras oficinas más donde también sus funcionarios no son transparentes y no hacen licitaciones para las obras sociales», dijo Omar Elías Azar, presidente del CEE en Guerrero.
Momento en que Omar Elías Azar, presidente del consejo coordinador empresarial del estado de Guerrero, pega una pegatina de clausurado en la puerta principal de las oficinas del IGIFE
«Fuera funcionarios que no funcionan «, gritaron los manifestantes.
«Existe un gran cinismo en esta oficina en donde su titular Benjamín Guinto Nava tiene el gran cinismo de no recibir a la gente», dijo Omar Elías.
El dirigente del CCE mencionó que pidieron una audiencia a Benjamín Guinto para tratar el tema de la agenda del sector empresarial de Guerrero.
«Es absolutamente claro que si vinimos al IGIFE no era para pedirle la participación de una licitación para tortillas o para que pudiéramos acceder a productos de belleza sino que vinimos a ver temas de probabilidad de obras», mencionó Omar Elías.
Dijo que como empresarios tienen el derecho de participar en todas las licitaciones públicas del IGIFE y de otras dependencias.
«Estamos reclamando un derecho de audiencia con el funcionario y si no accede vamos a recurrir a instancias judiciales porque la ley nos ampara», mencionó el líder del CEE.
Leocadio Prieto Apreza, presidente del Frente de Resistencia por Guerrero, denunció que hay solicitudes para la construcción de escuelas en los municipios de San Luis Acatlán y Florencio Villarreal.
Durante la protesta de los empresarios, habitantes de Pajarito Grande y de Cuatro Bancos, de los municipios de San Luis Acatlán y Florencio Villarreal, respectivamente, se manifestaron con pancartas frente al IGIFE.
«Hemos estado solicitando una audiencia con el director del IGIFE para que nos atienda estas solicitudes pero no nos hace caso», dijo Leocadio Prieto.
Los habitantes de estas dos comunidades que requieren la construcción de escuelas solicitan que en la propuesta de presupuesto que envié al Congreso la gobernadora Evelyn Salgado se contemplen recursos para que se realicen las obras.
Después de la protesta en el IGIFE, los empresarios encabezados por Omar Elías se dirigieron al Palacio de gobierno para entregarle un oficio de solicitud de audiencia a la gobernadora Evelyn Salgado.
Protesta por parte de señoras que acompañaban a los integrantes del.consejo Empresarial en las oficinas del IGIFE
«Vamos a seguir clausurando más oficinas del gobierno del estado porque hemos detectado una serie de presuntos actos de corrupción», advirtió Omar Elías.
De acuerdo con los empresarios, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en donde es funcionario Omar Óscar Hernández, hermano del coordinador general operativo de la Oficina de la gubernatura, Rubén Hernández, pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado, han detectado una red de corrupción.
«Era un hombre sencillo y amable», dijo Fernando Hinterholzer, padre del ex titular de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Enrique Hinterholzer Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado junto con un funcionario del gobierno estatal cuando estaban en el interior de un bar ubicado a espaldas del Palacio de Gobierno.
Fernando Hinterholzer dio un mensaje frente al féretro de su hijo en una misa de cuerpo presente en la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada al sur de Chilpancingo. Asistieron familiares, amigos y compañeros del joven funcionario e integrantes de colectivos de víctimas de personas desaparecidas.
«Era una persona solidaria y prueba de ello es de que cuando íbamos a la Comisión de Atención a Víctimas, allá en sus oficinas de Acapulco, siempre nos apoyaba; era una gente muy humana», dijo Gema Antúnez, presidenta de la Colectiva de Personas Desaparecidas y Asesinadas María Herrera.
Este sábado en la madrugada varios hombres armados irrumpieron en un bar y dispararon contra los clientes del lugar.
En el ataque asesinaron a Hinterholzer Rodríguez y Hugo Carreto, funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
Durante la agresión, cuatro personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas a un hospital.
A la misa de despedida de Hinterholzer Rodríguez ningún funcionario del gobierno del estado llegó, aun cuando en el 2021 durante la campaña electoral de la morenista Evelyn Salgado Pineda, el joven asesinado participó activamente en sus actividades proselitistas
En fotografías que se difundieron en las redes sociales, Hinterholzer Rodríguez aparece con el senador Félix Salgado Macedonio en las protestas donde exigía al Instituto Nacional Electoral (INE) que le regresara la candidatura a la gubernatura que le anularon por no comprobar gastos de precampaña.
El joven asesinado formaba parte del equipo de Jesús Urióstegui García, ex jefe de la Oficina de la gobernadora.
«Lamento muchísimo el asesinato de mi amigo Enrique Hinterholzer Rodríguez, un brillante joven inteligente y valioso líder», escribió en su Facebook, Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación y que también fue operador político de la campaña de la gobernadora Salgado Pineda.
Una mujer del grupo de desplazados de la Sierra que en 2018 llegó a Chichihualco fue herida de un balazo en las últimas balaceras en la cabecera de Leonardo Bravo
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Jose Luis de La Cruz /Archivo
Chilpancingo
23 de septiembre del 2023
Más de 100 familias desplazadas de comunidades de la Sierra no pueden salir de Chichihualco, porque desde hace casi un mes existen enfrentamientos armados entre integrantes de dos organizaciones criminales en esta cabecera del municipio de Leonardo Bravo.
Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, denunció que en estas balaceras que han ocurrido en Chichihualco, una señora del grupo de desplazadas resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo.
“Chichihualco es tierra de nadie porque el gobierno no puede hacer nada contra la delincuencia”, dijo la activista que desde el 2018 da acompañamiento a las familias que salieron desplazadas haca esta cabecera de las comunidades de Filo de Caballos, Izotepec, Los Morros, Polixtepec, Campo de Aviación y El Palmar, pertenecientes a Leonardo Bravo.
De las 122 familias desplazadas que viven en Chichihualco, 50 fueron consideradas como víctimas por la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), por eso les otorga algunos beneficios como el pago de la renta de una vivienda y una despensa.
Rosales Sierra dijo que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que a las 72 familias desplazadas que viven en Chichihualco la CEAV las reconozca en su papel de víctimas.
Contó que el actual gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda se comprometió a comprar un terreno en el estado de Morelos para que las familias desplazadas construyeran sus viviendas.
“Nosotros fuimos a Morelos y después de tanto buscar hicimos el trato con el dueño de un terreno, pero se canceló porque el gobierno del estado ya no quiso comprarlo”, dijo.
Aseguró que las familias desean salir de Chichihualco, pero en este momento es poco probable porque corren el riesgo de ser agredidas por los criminales asentados en la zona.
Del 27 al 29 de agosto ocurrieron los primeros enfrentamientos armados en Chichihualco con un saldo de cuatro muertos, dos de los cuales murieron en el fuego cruzado cuando salían de una fiesta, reportaron pobladores.
Llegaron elementos del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional para resguardar la cabecera.
Aun con la presencia de las fuerzas de seguridad federal y estatal las clases presenciales en 26 escuelas de educación básica y media superior siguen suspendidas, y la mayoría de los establecimientos comerciales siguen cerrados en Chichihualco.
El lunes pasado hubo nuevos enfrentamientos armados en las calles de esta localidad después de que días antes se retiraron los elementos del Ejército y la Guardia Nacional.
Este martes llegaron más elementos de la Policía Estatal a Chichihualco, quienes tuvieron otro enfrentamiento con integrantes de una organización criminal.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que derivado de este enfrentamiento resultó muerto uno de los presuntos delincuentes, un agente lesionado, además de cinco detenidos.
Rosales Sierra consideró criminal que el gobierno ordene el retiro del Ejército y Guardia Nacional de las calles de Chichihualco cuando la situación de la ciudadanía es de alta vulnerabilidad.
Dijo que la gobernadora cumplirá dos años en el cargo el próximo octubre y la ciudadanía no ve claro que la violencia criminal pare.
Desplazados de Tepozonalco, Leonardo Bravo, bloquean el acceso hacia esa población donde, presumían, hubo un enfrentamiento entre grupos armados, el 25 de marzo del 2020. Foto: Archivo.
Durante el Parlamento Juvenil 2023, realizado hoy en el pleno del Congreso de Guerrero, los jóvenes parlamentaristas guardaron un minuto de silencio y realizaron el pase de lista de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes normalistas ocurrida la madrugada del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
Además, los 46 jóvenes de las ocho regiones de Guerrero pidieron, durante sus participaciones en el pleno, se legisle sobre temas de salud mental, educación financiera, justicia para mujeres violentadas, derechos para las poblaciones LGBTI+ y apoyos para la recién creada región Sierra.
El Parlamento Juvenil 2023 es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna reformas y leyes que sean importantes para ellos.
Algunas de las propuestas en las que más coincidieron los jóvenes fueron en garantizar la atención de la salud mental.
Tal es el caso de la parlamentarista María Alhely Carachure Bustos, que durante su participación habló sobre la educación emocional y el cuidado de la salud mental.
«Aún falta legislar lo relacionado al tema de la salud mental, que si bien pareciera no formar parte de las competencias de la educación, la verdad es necesario que se atiendan las necesidades emocionales, sentimentales e incluso conductuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes», mencionó en tribuna Carachure Bustos.
Otro parlamentaristas que habló sobre el acceso al derecho a la salud fue Carlos Emilio Rueda Bruno, quien durante su participación propuso se implementen clínicas móviles y de educación sanitaria y mental que recorran todas las regiones de la entidad.
Otro tema recurrente que abordaron los jóvenes fue educar en temas financieros y apoyar al emprendedurismo.
El parlamentarista Seir Eduardo Bernal Romero propuso que en el organigrama municipal se cree una dirección especial que promuevan y apoyen a las y los jóvenes emprendedores.
«Sabemos que el emprendimiento no solo es una opción, también es una necesidad para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y enfrentar los desafíos que nos presenten», mencionó Bernal Romero.
Hilda Quetzalli Arriaga Benítez, una de las parlamentaristas mencionó que el Poder Ejecutivo debe crear políticas públicas que fomenten la cultura del emprendimiento en jóvenes e impartir taller para su desarrollo.
«Los jóvenes emprendedores y estudiantes necesitamos políticas innovadoras que nos brinden la posibilidad de asistir a un taller y a capacitaciones donde podamos interactuar y recibir capacitaciones fomentando la cultura del emprendimiento», mencionó Arriaga Benítez.
Sobre los derechos laborales de los jóvenes, la parlamentarista Martha Contreras Navarrete mencionó que los jóvenes son el sector más desprotegido en el ambito laboral, ya que carecen de oportunidades, hay bajos salarios no hay acceso a seguridad social.
Contreras Navarrete propuso que el Estado cree programas que regulen los mercados de trabajo y vigilen específicamente las condiciones labores de los jóvenes y sus empleadores.
Estas imágenes de los jóvenes parlamentaristas fueron compartidas por el Congreso local.
«La juventud guerrerense está sometida a la desregulación de los mercados de trabajo, alejada de lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente el cual denota un empleo bajo contrato, protección social, libertad de asociación prestaciones y un salario que le permita superar la pobreza», dijo en tribuna Contreras Navarrete.
Algunas leyes específicas para los lugares de origen de los parlamentaristas también se escucharon en el pleno.
El parlamentaristas originario de Ocotito, pueblo de Chilpqncingo, propuso crear un nuevo municipio en la región Centro que integre los llamados pueblos del valle, y pueblos santos, además de comunidades en la Sierra para, dijo, «asegurar su progreso».
Otro joven que pidió apoyo para su región, la Sierra, fue Juan José Reyes Angulo, quien pidió la creación de una Fiscalía Regional para que investiguen y detengan los delitos ambientales como la tala inmoderada de árboles.
Durante el acto de clausura, a los jóvenes parlamentaristas les entregaron un diploma de parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión de la Juventud y el Deporte.
La respuesta de la Comisión de la Juventud y el Deporte a las y los jóvenes fue que analizarán todos sus planteamientos y propuestas para considerarlos en el trabajo legislativo.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia
Chilpancingo
22 de septiembre del 2023
Familiares que buscan a sus desaparecidos se instalaron en plantón este viernes en un cerro de Acapulco en protesta porque peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se niegan a continuar con la búsqueda de fosas clandestinas.
Los integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia se quedaron a dormir en el cerro El Encino, en el parque nacional de El Veladero, donde desde el lunes pasado empezaron una jornada de búsqueda de fosas clandestinas.
En los cinco días de búsqueda, los familiares de desaparecidos que integran a varios colectivos han hallado ocho cadáveres y este viernes hay indicios de otros cuatro en distintas fosas clandestinas.
A las seis y media de la mañana de hoy los integrantes del colectivo dieron una conferencia de prensa en el zócalo del puerto para denunciar que la Fiscalía Regional de Acapulco y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se niegan a seguir con la búsqueda y recuperación de cadáveres en el El Veladero.
“No podemos dejar tirados los trabajos (de búsqueda) porque sabemos que hay más puntos en donde se tiene que excavar porque existen evidencias de que hay más cadáveres”, dijo Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, quien en diciembre del 2018, junto con su amigo Carlos Ignacio Rojas fueron privados de su libertad por policías municipales en la avenida Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, en Acapulco.
Carlos Ignacio Rojas fue hallado asesinado a balazos al otro día de su desaparición. Jonathan Guadalupe Romero sigue sin ser localizado.
Socorro Gil le exigió al comisionado de la CNB, Arturo Solís Felipe, que sino hay personal para continuar con la búsqueda solicite más peritos de la federación o de otros estados del país.
Los integrantes del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia denunciaron al agente del Ministerio Público de la colonia Emiliano Zapata, Juan Carlos Rodríguez Medina, de hostigar a los familiares de los desaparecidos durante los trabajos de búsqueda.
Este tarde los familiares de los desaparecidos terminaron los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas y acordaron quedarse en plantón en el cerro hasta que las instituciones reanuden los trabajos.
Hasta las 18:30 horas los integrantes de los colectivos seguían con la protesta en el cerro, aun cuando funcionarios de la FGE les pedían que bajaran a la ciudad.
Los familiares de los desaparecidos anunciaron que mañana sábado seguirán con la búsqueda de fosas clandestinas.
Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, se tituló en 2010 como Ingeniera en Computación con un trabajo en el que tomó fragmentos exactos de nueve tesis de distintas universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y seis más extranjeras.
De acuerdo con una revisión de El Sabueso al informe profesional de la aspirante presidencial titulado “Diseño de edificios verdes e inteligentes”, pudo confirmarse que el 16% del contenido es idéntico o parecido a tesis de licenciatura y otros artículos académicos y especializados en materia electrónica y computacional. En total, 3 mil 700 palabras fueron reconocidas en otros textos.
Gálvez comenzó sus estudios en la Facultad de Ingeniería en 1981, los concluyó en 1985, y consiguió su título en 2010, con el informe profesional que entregó en mayo de ese año. Ese mismo mes y año se registró como candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición “Hidalgo nos une”, entonces conformada por el PAN, PRD, PT y Convergencia, hoy MC, con la intención de arrebatarle el cargo público al PRI, entonces gobernada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Luego que comenzaron a circular en redes sociales párrafos de su informe profesional idénticos a un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y otro fragmento tomado de Wikipedia, y medios como Etcétera y El País publicaron hallazgos en el mismo sentido, el pasado 20 de septiembre, Gálvez reconoció que sí tomó fragmentos de otros documentos, que no citó.
Sin embargo, justificó que no presentó tesis para obtener el título profesional y entregó un informe profesional, una modalidad que otorga la UNAM a los alumnos para demostrar su experiencia laboral en campo. Este documento académico presentado en mayo de 2010, le permitió a Gálvez tramitar su cédula profesional con número 6713213 que la acredita como Ingeniera en Computación.
Para la revisión del documento, Animal Político utilizó la herramienta digital Copyleaks, en la que se detectó que en el trabajo titulado “Diseño de edificios verdes e inteligentes”, tomó párrafos textuales y parafraseó ideas, conceptos y procesos técnicos que fueron previamente publicados por los autores de tres tesis divulgadas por la UNAM, sin las citas correspondientes.
Se trata de “Infraestructura y tecnologías en México para edificios inteligentes”, 1998; “Introducción al desarrollo y descripción de los sistemas tecnológicos utilizados en un edificio inteligente”, 2005; y “Planeación general del proyecto residencial Reforma 27”, en 2009.
También se detectó que otras ideas fueron extraídas de tesis universitarias ubicadas en el extranjero: en Ecuador, Colombia y España.
Ante los señalamientos de plagio en la elaboración del documento académico, Gálvez lo minimizó, pues consideró que se trataba de conceptos técnicos.
“La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental y es un tema que sí la ‘pendejié’ porque sí debí poner de dónde era”, reconoció un día después de las acusaciones.
Ernesto Villanueva, Doctor en Derecho e investigador de la UNAM, aclaró que la senadora panista sí se apropió indebidamente de las ideas de otras personas al no citar la fuente original en la elaboración del informe profesional, lo cual no es compatible con los estándares de ética académica, consideró.
“Puede haber un error, pero cuando son párrafos completos o varios párrafos completos ya no es un error, ahí hay una actitud dolosa de de tomar como tuyo o como ideas personales algo que fue reflexionado y hecho por alguien más”, señaló.
Villanueva aclaró que los conceptos técnicos también deben ser citados al momento de introducirse en un nuevo texto.
“La forma de explicar, de analizar, de llegar a una conclusión, siempre es distinta y cada persona le imprime su propia particularidad o una forma de expresión de la idea que le da una originalidad”, explicó el también académico.
A pesar de que la apropiación de ideas podría ser calificado como un agravio, Villanueva pronosticó que no podría aplicarse el Reglamento General de Exámenes de la UNAM, que recientemente fue reformado para evitar plagio en la elaboración de tesis, debido a que la ley no es retroactiva.
En el caso de obtener ideas de tesis sin citar adecuadamente, los autores originales podría interponer una denuncia, según el Artículo 424, fracción segunda, del Código Penal Federal, por apropiación indebida de ideas con fines de lucro, sin embargo no podría proceder en el caso de Gálvez debido a que el supuesto delito prescribe a los seis años, detalló Villanueva.
“Las ministras y ministros de la SCJN deben conducirse con toda honorabilidad y rectitud, más aún aquellas personas que aspiran a presidir nuestro más alto tribunal de justicia. Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República solicitamos que la ministra Esquivel se abstenga de participar en cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto no se aclare su situación”, reclamó la fracción parlamentaria.
El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que las oleadas de violencia que hay en distintas regiones de Guerrero obedecen a que un grupo del crimen organizado rompió la tregua que ya estaba pactada con otras agrupaciones armadas.
En entrevista, el monseñor dijo que recientemente habló con miembros de una organización del crimen organizado quienes le dijeron que ya había un acuerdo de paz.
«Me junté con un grupo, me dijeron que ya se habían reunido con los demás grupos para pacificar, tranquilizarse pero desgraciadamente una de esas agrupaciones rompió la tregua y empezó de nuevo (la violencia) pero ojalá y haya un acuerdo de pacificación», afirmó Salvador Rangel.
El obispo emérito y el obispo José de Jesús González Hernández oficiaron una misa en la iglesia de San Mateo por el santo patrono del barrio que lleva este mismo nombre, en Chilpancingo.
Después de la homilía, los dos prelados se sentaron a degustar un pozole y mezcal con el ex gobernador priísta Héctor Astudillo Flores, la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, el ex alcalde de esta capital, Marco Antonio Leyva y el ex candidato a la gubernatura de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.
Salvador Rangel dijo que él se reúne desde hace años con líderes de las organizaciones criminales, según él, con fines de pacificación y otras veces como intermediario para que dejen en libertad a sus víctimas.
En la imagen, de derecha a izquierda, la alcaldesa Norma Otilia Hernández; María de Jesús Pineda, madre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; el obispo diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, el párroco Benito Cuanca Mayo y el obispo emérito, Salvador Rangel después de la misa en celebración de San Mateo.
Renuente a dar declaraciones a los reporteros porque según él, algunos políticos no quieren que él hable, Salvador Rangel, soltó: «yo me sigo reuniendo con algunos grupos para que se logre la pacificación».
El obispo José de Jesús González lamentó la situación de violencia que prevalece en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, en donde hace casi un mes las actividades económicas se paralizado y las clases presenciales en 26 planteles educativos se suspendieron.
Pidió a los que provocan las violencia (las organizaciones criminales) a que se perdonen.
«Estamos pidiendo a esos corazones que perdonen», expresó.
El prelado solicitó a los integrantes de estas organizaciones del crimen organizado que dejen sus armas y que las conviertan en instrumentos de trabajo.
La madrugada de hoy fueron hallados los cadáveres desmembrados de una mujer y un hombre, además de que el empresario Rogelio Figueroa, quien organiza jaripeos en la región Norte de Guerrero, sigue desaparecido.
De acuerdo a los reportes de las autoridades, a las cuatro de la madrugada de este jueves personal de las áreas de Seguridad Pública recibió una llamada al 911 con el reporte de que en la calle Yahualtepec, esquina con Siervo de la Nación, de la colonia Insurgentes, había dos cadáveres tirados.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañado por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército realizaron la inspección del lugar donde estaban esparcidos los cadáveres desmembradosde un hombre y una mujer.
Las dos víctimas fueron decapitadas.
A un lado de los dos cadáveres fue hallada una cartulina con un mensaje, presuntamente escrito por una organización criminal que está asentada en Iguala, informaron las autoridades estatales.
Usuarios de las redes sociales, dieron a conocer que desde el pasado sábado 16 de septiembre sigue desaparecido el empresario Rogelio Figueroa, quien se dedica a organizar jaripeos en la región Norte, principalmente en los municipios de Iguala, Taxco y Huitzuco.
Al empresario se lo habrían llevado por la fuerza integrantes de una organización criminal.
Los trabajadores afiliados a la Sección 14 del Sindicato Independiente que desde hace 10 días tomaron el Ayuntamiento de Chilpancingo anunciaron que solicitarán al Congreso local la revocación de mandato de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
Los trabajadores recibieron una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de que su paro de labores era ilegal, razón por la cual, ahora exigirán la salida de Hernández Martínez.
Este miércoles, por tercer día consecutivo, los trabajadores cerraron las principales calles del centro de Chilpancingo, lo que provocó las protestas de los automovilistas.
El síndico procurador, el morenista Andrei Yasef Marmolejo Valle y la secretaria general del ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, acompañaron al representante del TCA a entregar a los dirigentes sindicales la notificación.
Andrei Yasef Marmolejo anticipó que no será el Ayuntamiento el que ordenará a la policía municipal que desaloje a los paristas sino otras instancias.
Los trabajadores cerraron el Ayuntamiento desde el pasado 11 de septiembre para exigir a las autoridades del municipio el pago del salario mínimo de 207 pesos diarios.
Domingo Salgado, secretario general del Sindicato Independiente, aseguró que son 1, 100 trabajadores los que participan en la protesta y que más de la mitad de ellos perciben un salario de 1,500 pesos a la quincena además sin prestaciones sociales como el seguro social, seguro de vida, aguinaldo y vacaciones.
«Varios de nuestros compañeros han fallecido y la alcaldesa no ha autorizado el pago del seguro de vida a sus deudos», mencionó.
Los integrantes del comité de la dirigencia sindical acordaron solicitar al Congreso local la revocación de mandato de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández por no cumplir con lo que marca la Constitución de pagar el salario mínimo a los trabajadores.
La alcaldesa despacha en una casa particular y funcionarios de su gabinete en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac.
Este lunes 18 de septiembre, la alcaldesa de Chilpancingo aseguró que su gobierno no cuenta con suficientes recursos para darle solución a las demandas de carácter económico de los trabajadores que tienen tomado el ayuntamiento.
Hernández Martínez estuvo acompañada de líderes de cuatro sindicatos que le dieron su respaldo. Aseguró que los que participan en las protestas no son mil 100, sino «mucho menos».
Trabajadores afiliados a la sección 14 del sindicato independiente mantenían si bloqueó alrededor de las 2:30 la Avenida Benito Juárez a la altura de la comisión de los derechos humanos.
Si se concreta la demanda de revocación de mandato, la alcaldesa se enfrentará a dos situaciones complicadas en su administración, pues ésta solicitud se suma a las investigaciones que desde julio de este año iniciaron en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por un video, fotografías y audios en donde aparece en una reunión con un hombre que porta un arma en el cinto y que las autoridades lo identifican como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo del crimen organizado de Los Ardillos.
Ya casi transcurrieron 60 días que la FGR y FGE dieron a conocer la investigación a la alcaldesa Norma Otilia Hernández y hasta el momento no se ha informado la etapa del proceso.
En la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena está abierta una investigación a Norma Otilia Hernández sobre una solicitud de expulsión de las filas del partido tras el escándalo de los videos, fotografías y audios con el presunto líder de la agrupación del crimen organizado.
Fotografía: Captura de pantalla de transmisión en vivo
Chilpancingo
20 de septiembre del 2023
Elementos del Ejército disuadieron con disparos al aire y al piso a un grupo de personas y transportistas que los tenían retenidos y, en respuesta, por la noche, los manifestantes demolieron con maquinaria las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), en Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
Todos estos hechos se generaron cuando la gente retuvo en una calle del centro de Arcelia a un grupo de militares a quienes acusaron de que con su unidad arrollaron al joven Miguel Ángel, en la comunidad de Cuauhtitlán, municipio de Tlalchapa.
El joven que de acuerdo con la versión de los militares llevaba un bote que contenía supuestamente marihuana falleció en una clínica de Ciudad Altamirano a causa de un traumatismo craneocenfálico.
A las 18 horas de ayer, los militares accionaron sus armas con disparos al piso, al aire y contra un camión de volteo que los manifestantes atravesaron en la calle Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Arcelia para impedir su salida.
«No se acerquen», «ya lárguense», les gritaba un militar a los manifestantes que también les exigían que se fueran de Arcelia.
«Váyanse de Arcelia para que ya no maten a más gente», les decía un individuo a los soldados.
Los militares con disparos al aire ahuyentaron a los manifestantes y así pudieron salir con sus unidades.
En respuesta, la gente se concentró en el centro de la localidad y se trasladó a las oficinas del MP, donde exigió a los trabajadores que se salieran para, con maquinaria pesada, demoler el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la noche, se dio a conocer la versión de la FGE de que en Arcelia ya no tienen oficinas y que opera un MP móvil y las únicas sedes ministeriales que tienen en Tierra Caliente es son en Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, esta última puesta en marcha recientemente después de la masacre de 23 personas por integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, en octubre del 2022.
