Categoría: Otredad

Aunque la Fiscalía General de la República conoce desde hace más de una semana sobre la existencia del rancho Izaguirre, formalmente no ha llevado a cabo la atracción del caso.

Texto: Siboney Flores y Marcela Nochebuena

Chilpancingo 

Jueves 20 de marzo del 2025

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.

Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.

“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Criticó que para este momento todavía no tengan toda la información ni hayan comenzado con los análisis periciales, técnicos y científicos que tendrían que realizarse para poder establecer la verdad de los hechos en el caso. La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.

“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.

No obstante, la primera autoridad federal que tuvo conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre fue la Guardia Nacional (GN), a partir de una llamada anónima recibida en el C5 en la que se presumía que ahí existía un campo de reclutamiento y exterminio. Al llegar ahí –describió el propio fiscal–, fueron recibidos con armas de fuego y hubo un intercambio, tras lo cual tomaron el lugar, detuvieron a 10 personas hoy procesadas y encontraron otras dos con vida, que estaban privadas de la libertad, y una más que ya había fallecido.

Una vez ocurrido esto, la Guardia Nacional le entregó toda la información al ministerio público local. “La operación que se hizo en septiembre del año pasado la hizo la Guardia Nacional; por ser delitos del orden común los que encontró, le dio participación a la fiscalía del estado, que hizo todo un procedimiento en el que procesó a los 10 que están en la cárcel, no tuvo nada que ver el orden federal en eso, ni siquiera estábamos notificados”, justificó el fiscal general.

Texto: Darwin Franco / ZonaDocs

Jalisco 

Miércoles 19 de Marzo del 2025

#HastaEncontrarles

Este 19 de marzo se cumplen siete años de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV; pese a que su desaparición forzada significó un antes y un después en la lucha social por la desapariciones en el estado, sus familiares han tenido que pelear contra una verdad fabricada en la que el Gobierno de Jalisco aseguró que los tres jóvenes fueron asesinados y que no hay forma de localizarlos porque sus cuerpos fueron disueltos en ácido.

“Verdad histórica” que fue desechada por un juez en mayo de 2024, pues en el expediente de investigación no existen pruebas periciales y forenses contundentes para cerrar el caso bajo la versión que aún sostiene como cierta la Fiscalía de Jalisco; por ello, a siete años, las familias de Marco y Daniel exigen no sólo que los busquen con vida sino que las autoridades reconozcan que todo ha sido un engaño que se orquestó para frenar la presión social generada por su desaparición.

“En el juicio una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos, únicamente diesel”, lo anterior fue mencionado por la señora Vicki -madre de Jesús Daniel Díaz García- en la rueda de prensa que se convocó para no olvidar que este 19 de marzo de 2025 se cumplen siete años de la desaparición forzada de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, todos estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV.

El testimonio de la química forense que, por sí mismo pone en duda la versión oficial, formó parte del desahogo de la audiencia o juicio oral en Puente Grande que ocurrió entre el 1 de abril y el 17 de mayo del 2024, y en el que la Fiscalía General de la República -instancia que atrajo la investigación en 2018- “desahogó” las pruebas que tenía sobre el caso.

De ese proceso judicial se notificó que cinco personas recibieron sentencias condenatorias por 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado, no por el desaparición, tal y como exigían las familias de los jóvenes estudiantes.

Las personas sentenciadas fueron Eduardo Geovani Gómez Reynoso, alias “Cochi”; Christian Omar Palma Gutiérrez, alias “QBA”; Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias “Kalimba”; Miguel Ángel Casillas Pérez, alias “Tun Tun” y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias “Choco”; sin embargo, ese día se dejó en libertad a Alejandro N., pues no existieron pruebas contundentes de que éste hubiera participado en los hechos, algo que los padres desmienten, pues en la carpeta de investigación se sabe que éste sí fue copartícipe

“Lo más importante de ese juicio, no sólo fueron esas sentencias… sino que ese día el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había elementos suficientes para señalar que nuestros hijos hayan sido asesinados y desaparecidos como asegura la Fiscalía”,explicó Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco García Ávalos.

Para ella, el que eso haya pasado confirma que no hay forma de sostener la verdad que fabricaron las autoridades de Jalisco, pero también de que existe una obligación de que se busque con vida a los jóvenes, algo que lamentablemente nunca ha ocurrido.

“Desde el principio no se les buscó como deberían, por eso exigimos que se haga un plan para realizar una búsqueda en campo… para buscarlos con vida, ya que en estos siete años esto jamás de ha hecho”, explicó la señora Vicki, al tiempo que recordó que en los primeros días ella ofreció toda la información que tenía a la mano para que los buscaran, pero eso jamás pasó.

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“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizá, acá tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, precisa la madre de Daniel.

Lo que pasó también en el desahogo de pruebas es que quedaron al evidente dos cosas importantes: 1) las múltiples inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía de Jalisco, y 2) la falta de trabajo pericial y de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, instancia que tras atraer el caso no realizó ninguna nueva línea de investigación ni siquiera revisó la validez de las confesiones de los hoy sentenciados, pues al menos tres de ellos, en el propio proceso judicial, declararon haber sido torturados para firmar su participación en la versión oficial que armó la Fiscalía de Jalisco.

“Cuando el caso lo atrajo la FGR, teníamos la esperanza de que las cosas cambiarían, pero tras el paso del tiempo, pero más en el desahogo de pruebas ante el juez nos dimos cuenta de que presentaron la misma carpeta que les entregó Fiscalía de Jalisco… ni siquiera se esforzaron un poco y, a la fecha, tampoco han hecho nada”, explicó Sofía, quien hace menos de un mes intentó llamar a su ministerio púbico federal, pero ya no le contesta el teléfono.

Donde también existieron y existen inconsistencias, explica Miguel Díaz -padre de Jesús Daniel- es la presentación de las y los testigos claves en el caso, pues sin dar fundamentos contundentes, la FGR no explicó porque no fueron a declarar las últimas personas que vieron a los jóvenes antes de su desaparición:

“Nosotros señalamos lo importante que era que esas personas declararan, pero sólo se nos explicó que algunas personas no quisieron hacerlo por amenazas, otras porque no fueron localizadas… pero era importante que declararan, pero no lo hicieron”.

Quienes sí declararon, recuerdan las madres y el padre, fueron la decena de funcionarios públicos de la Fiscalía de Jalisco que desde el inicio hicieron mal su trabajo.

“Los que sí declararon fueron quienes al inicio nos dijeron que a los muchachos se los habían llevado de tal lugar, pero después en el expediente anotaban otro… lo que nos dijeron que en el lugar a donde los llevaron había estado tres días, pero después al leer el expediente decían que sólo estuvieron ahí de un día para otro… inconsistencias que nos hicieron y nos hacen desconfiar de lo que hicieron”, explicó el señor Miguel.

A casi un año, del “desahogo” de pruebas y de que la autoridad judicial determinara no sólo no cerrar el caso, sino de seguir con las investigaciones, las familias de Daniel y Marco denunciaron que no existe avance alguno del caso, pues lo único que se han girado son oficios para cotejar el ADN tomado a las familias con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, resguardos en diversos estados del país.

Pero de nuevas líneas de investigación, nada. Mucho menos saben de planes de búsqueda en vida, pues en estos siete años jamás les han presentado ninguna estrategia para buscar a Marco, Daniel y Salomón con vida.

“Lo que nosotros queremos es que los busquen, que salgan a buscarlos porque no lo han hecho en estos años… queremos que salgan a buscarlos porque algo me dice que mi muchacho está ahí en alguna parte”, precisó Vicki.

También exigen, como lo evidencia la señora Sofía, la realización de un proceso serio de investigación, pues ninguna de las acciones de la Fiscalía de Jalisco o de la Fiscalía General de la República han sido eficaces en la búsqueda de los jóvenes cineastas.

Actualmente, aunque el caso esté abierto para las familias está inactivo, pues nadie les ha notificado ningún avance, tampoco saben nada de la apelación por el auto de formal libertad que se dio a Alejandro N., pues las familias quieren que se revise el por qué se le dejó en libertad; por ello, le solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al fiscal general, Alejandro Gertz, que revisen el caso y que se busque de manera inmediata a los tres estudiantes de cine.

¿Cómo ocurrió la desaparición forzada de los tres jóvenes?

La noche del 19 de marzo, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá -ubicado en el municipio del mismo nombre- los tres jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió.

Al bajarse para identificar la falla mecánica fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Policía Estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.

A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, por presuntos policías; sin embargo, tras las pesquisas, se dijo que no fueron policías sino integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que portaban uniformes apócrifos.

La Fiscalía precisó que, a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión pues el lugar donde éstos realizaron una filmación escolar (el día de su desaparición), había fungido como casa de seguridad de integrantes del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona); específicamente, de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese mismo domicilio, armas de alto calibre y droga.

Los tres jóvenes, según confesaron dos de los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales.

Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos, no tenía vinculación alguna con la delincuencia organizada.

En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García; sin embargo, de Javier Salomón Aceves Gastélum no se encontró registro de sangre.

Los hoy sentenciados por el delito de privación de la libertad (no por desaparición) también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola en la colonia Rancho de la Cruz también en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolver ahí en ácido sus cuerpos.

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus inferencias lógicas, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes tuvieron ese triste final, pues así lo precisó, Elizabeth Torres, encargada de la investigación.

Lo cierto es que, a la fecha, no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado (más de 20 perfiles) y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes; la aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido fue algo que la Fiscalía del Estado Jalisco no logró sostener científicamente en su rueda de prensa, aunque en ella y en el video utilizado se señalara que: “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido”.

Circunstancia que fue desmentida por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los estudios realizados en esos bidones no muestran ningún tipo de rastro de restos humanos, únicamente presencia de diesel.

Por ello, es que a siete años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón sus familias exigen que se les busque con vida.

Este es un texto de ZonaDocs, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cientos de migrantes han solicitado refugio en México para residir en Ciudad Juárez. Tan solo en el último mes, unas 600 personas de diferentes países realizaron su trámite con el apoyo de la oficina de movilidad de la Catedral. Son muchas sus razones para quedarse, pero la mayoría busca echar raíces de manera legal para evitar su deportación

Texto y Foto: Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

Ciudad Juárez

Martes 18 de marzo del 2025

Ciudad Juárez– Cuando salió de Venezuela hace más de un año, María del Carmen Perdomo tenía como destino Estados Unidos, pero de allá la expulsaron en cuanto cruzó la frontera junto a su esposo, sus dos niñas y su niño, lo intentó de nuevo pero el cambio de políticas migratorias en el vecino país del norte la dejó varada en esta frontera

Ahora busca echar raíces legalmente en el país. Junto con su familia está en vías de recibir refugio en México y convertirse en residente permanente de esta comunidad fronteriza donde vive desde hace seis meses.

“No es fácil comenzar de nuevo” dijo María del Carmen, de 31 años, en una entrevista en el comedor de la Catedral de la ciudad, a donde acude cada semana por una despensa de las que distribuyen entre personas migrantes.

Aseguró que a su país ya no regresa y no buscará cruzar de nuevo a Estados Unidos por miedo a que la regresen de nuevo a su país. “En Venezuela vendí todo, no tengo nada, ni un colchón, ni a donde llegar, ya no regreso”.

La mujer, su esposo, hijas e hijo solicitaron su refugio en México a finales de enero, después de que Estados Unidos prácticamente restringió su frontera a la migración irregular, a los 15 días la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les informó que fueron aceptados

“Nos respondieron que había sido aceptado nuestro asilo y que tenía que acercarme a Migración para hacer la primera firma” contó. “Me alegré, mucho”.

Como ella cientos de personas migrantes comenzaron a solicitar el reconocimiento de refugiado en el país desde Ciudad Juárez. Lo han realizado con la asesoría de organizaciones y personas que trabajan por los derechos de los migrantes.

Se solicitó a la Comar estadísticas sobre este trámite en lo que va del año, pero aún no responden a la petición. Sin embargo, tan solo en el último mes casi 600 personas hicieron su solicitud para residir en esta frontera de manera legal con la ayuda de la oficina de movilidad de la Catedral, otras decenas están en proceso de concretarlo y unas más están en lista de espera para iniciar el trámite.

Cristina Coronado, de la oficina de movilidad y encargada del comedor de la Catedral, comentó que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se derrumbaron muchos sueños de migrantes que ya habían hecho su travesía hasta esta frontera, “había mucha frustración, mucha ansiedad. La gente se preguntaba qué voy hacer”.

“Nosotros escuchamos, apoyamos, orientamos cuando podemos a la gente, pero desde ese momento muchas personas se quedaron sin opción para ingresar legalmente (a Estados Unidos) y se dieron cuenta que podían ser deportadas a su país, entonces empezamos a escuchar de la gente que quería refugio en el país”, dijo Cristina.

Ante la nueva realidad, contó que echaron mano de varias personas e instituciones para armar un programa de apoyo gratuito a los migrantes que les solicitaban orientación para gestionar el refugio.

Se contó con la ayuda de una migrante de El Salvador que había solicitado refugio, “ella sabía lo que se les iba a pedir”, se acercaron con una abogada de la Defensoría Pública Federal, para que lleve algunos casos, con la universidad, para tomar algunas fotos que requieren las personas, con un estudio fotográfico para gestionar descuentos por el servicio y con Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) para armar talleres de llenado de formularios y presentar solicitudes en paquete.

“En lugar de hacer el trámite uno por uno, porque esto es ya muy lento, y el trámite es muy tardado, entonces lo que decidimos fue acompañar a los migrantes desde cero, en la Catedral llenan los formularios, en forma de talleres, empezamos dando una explicación de qué es el refugio y sus implicaciones, luego les orientamos en el llenado de papeles”, cuenta Cristina al hablar sobre este programa de apoyo que inició el pasado 4 de febrero y a través del cual se ha realizado 183 trámites, para familias o personas solteras, procedentes de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Haití y hasta de África.

Son en total como 600 personas, entre adultos e infantes, los que iniciaron el trámite, dijo Cristina, pero considera que ese el número va en aumento, por la cantidad de personas que se han acercado a solicitar información del apoyo para iniciar la gestión de refugio con ellos.

“Empiezan a llegar y empiezan a se pasan la voz”, comentó. “Porque pues ellos se dieron cuenta de que ya no hay posibilidades de cruzar la frontera, al menos no por ahora”.

Estados Unidos ha sido el destino para muchos migrantes de distintas regiones del continente americano que huyen de la pobreza, la agitación política, desastres naturales o la violencia. Sin embargo, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil, dicen los migrantes, por un lado los altos costos de los polleros -como llaman a traficantes de personas- y ahora por las severas acciones del gobierno de Trump en su contra.

Desanimados por el panorama, la mayoría de los que estaban en esta frontera han retornado a sus lugares de origen o se trasladaron a otras ciudades del país, pero muchos han decidido quedarse a residir de manera legal en esta comunidad fronteriza.

“Entendí que las posibilidades están en donde uno la busque, siempre y cuando uno tenga esas ganas de progresar, salir adelante y tener su propio negocio”, dice Móises quien lleva en la ciudad 11 meses.

Él salió de Venezuela con su pareja y una hermana en busca de una mejor situación económica y por la situación política que dice se vive en su país, contó mientras esperaba información en la Catedral, donde ha recibido ayuda para su gestión de asilo, “para uno poder estar bien y estable acá en México”.

Confiesa que tenía miedo hacer su travesía por México, por las historias de violencia que se cuentan, pero dijo “bueno, entremos a México” y aseguró que ha sido superbien recibido y ha encontrado oportunidades para iniciar su emprendimiento de cortes de cabello.

“Como en todos lados hay personas buenas y personas malas” dijo, pero sus experiencias buenas son más, por eso no dudo en tramitar su estancia legal cuando se enteró que lo podía hacer con ayuda de personas de la Catedral, donde también recibió alimentos cuando recién llegó.

Móises aseguró que nunca intentó cruzar la frontera de manera irregular, buscó una cita por CBP One, lo intentó por casi un año pero nunca le salió, luego llegó Trump a la Casa Blanca y sus planes cambiaron.

Su historia es parecida a la de Yulieth Rojas, una migrante colombiana, de 28 años, aunque ella sí consiguió fecha para su cita ante autoridades migratorias de Estados Unidos, pero se quedó varada por la cancelación de CBP One el pasado 20 de enero, tras las investidura de Trump como presidente. Ella iba a cruzar el 8 de febrero.

La mujer no descarta regresar a su país, donde la espera su familia, pero mientras eso ocurre decidió tramitar refugio en México “para andar tranquila aquí, cuando uno ve a policías y militares”

El aumento en las solicitudes de asilo en México también se debe al incremento en las detenciones en operativos de las autoridades de Migración mexicana.

“Lo mejor es andar con un documento legal” comentó la Yulieth quien salió de su país en agosto del 2023 y llegó a la ciudad en tren.

Contó que ya se va a cumplir el mes de que hizo la solicitud de refugio con el apoyo del programa de la Catedral y aún está a la espera de una respuesta de las autoridades.

Yulieth dijo que le gusta Juárez. “Aquí conoces a mucha gente, muchos extranjeros, me he topado con gente muy buena con la que me llevo bien”.

En esto último coincide María del Carmen, la venezolana, quien asegura que su esposo consiguió un empleo como cargador en el mercado del centro y sus hijas iniciaron la escuela en septiembre pasado.

“Aquí hemos retomado nuestra vida, mi esposo trabaja, mis hijas van a la escuela y hay personas que son como ángeles que nos ayudan mucho”, mencionó la mujer, quien espera sus papeles como refugiada para trabajar y ayudar con los gastos de su nueva casa en esta frontera.

Este es un texto de La Verdad Juárez, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.

Testimonios de sobrevivientes apuntan a que, al menos desde 2018, operó un centro de reclutamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. El hallazgo vuelve a exhibir los horrores denunciados durante años por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Texto: Siboney Flores y Marcela Nochebuena / Animal Político

Foto: Siboney Flores / Fiscalía de Jalisco 

Miércoles 12 de marzo del 2025

El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, permanece custodiado por elementos de la Guardia Nacional y acordonado en un perímetro de al menos 100 metros a la redonda. Aunque a simple vista el terreno solo muestra un cancel en color negro con letras en blanco que dicen “Izaguirre Rancho”, se trata de un predio de 10 mil metros cuadrados que era utilizado como centro de adiestramiento y de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero, de acuerdo con colectivos de familias de personas desaparecidas en Jalisco, testimonios de sobrevivientes a los que tuvieron acceso apuntan a asesinatos, tortura y desapariciones forzadas cometidos en ese espacio al menos desde 2018. Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las autoridades han sido incapaces de investigar y ofrecer respuestas, limitándose a señalarse unas a otras.

Virginia Ponce, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, estuvo ahí en diciembre y enero pasado. En los tres años que lleva en búsquedas de campo –de los cuatro que su hijo Víctor Hugo Meza tiene desaparecido– el campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán es lo peor que ha visto. Cuando llegaron ahí, desde finales del año pasado, la Guardia Nacional las acompañó en custodia.

“Ellos fueron los que entraron primero al rancho, porque estaban las puertas de par en par; ya cuando vieron que no había peligro, que no había nadie, nos hicieron el llamado y ya nos acercamos, pero lamentablemente oscureció y en ese tiempo todavía había sembradío, estaba muy peligroso. Haz de cuenta que estábamos en una cueva de lobos”, describe Ponce en entrevista.

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Mientras que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, criticó que las autoridades locales no tuvieran información fundamental. Tanto el alcalde como el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, militan en el partido Movimiento Ciudadano, que es la primera fuerza política en la entidad desde 2018.

“No tenía información si estaba, mucha gente dice que mucho más atrás ya estaba funcionando, pero la verdad no tenemos así como la fecha o el dato de qué tiempo tenga. Yo creo que las investigaciones que haga ahora la Fiscalía, nos van a dar la información adecuada para no estar dando información que no es”, señaló en entrevista José Asunción Murguía Santiago.

Además, negó que por parte del gobierno estatal haya recibido alguna solicitud de información al respecto. Las únicas que le pidieron apoyo con seguridad y protección fueron las madres buscadoras, dijo el edil.

“No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental”, dijo Gertz Manero en la conferencia matutina de este martes, y declaró que la dependencia evaluará si puede atraer el caso, pero antes se investigará la actuación de las autoridades locales y estatales.

El lugar había sido previamente cateado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, durante el gobierno de Enrique Alfaro. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas por estos hechos.

En este momento, son las autoridades estatales del gobierno del también emecista Pablo Lemus, las que están presentes en el predio.

Durante una visita, Animal Político pudo constatar que al Rancho Izaguirre arribó este martes el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien descartó dar una entrevista, mientras en el punto le acompañaban la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Rivera Martínez.

“Tiene que ser la investigación desde arriba, porque ahorita la nota salió aquí en Teuchitlán y los presidentes municipales, a lo mejor sí somos algo responsables de la ciudadanía, que es nuestro cargo, llevar una administración a cabo y vigilar los dineros que nos corresponde aquí en el municipio; esos sucesos realmente les tocan al estado y a la Federación”, se desmarcó el alcalde.

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En el último año –de enero de 2024 a lo que va de 2025– el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 155 personas desaparecidas en Jalisco, el 81 % hombres. En el caso específico de Teuchitlán, las estadísticas oficiales únicamente muestran la desaparición de dos hombres en los últimos cinco años, aunque los testimonios citados por las madres buscadoras refieren que personas desaparecidas en otras localidades habrían sido trasladadas hasta este sitio.

En tanto, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (Sisovid) ubica al municipio dentro de aquellos que tienen las tasas más bajas de personas desaparecidas: entre 11 y 50 al 28 de febrero de 2025. De los más cercanos, Tala crece en categoría, de 101 a 500, mientras que Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, que son los que siguen, llegan al rango de más de mil.

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“¿Cuántas personitas estuvieron ahí?”

Indira Navarro, del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, recibió una llamada la madrugada de este martes. Era una joven sobreviviente del campo de reclutamiento y exterminio, quien sostiene que estuvo ahí tres años, y asegura que la operación del sitio data desde por lo menos 2012. Aunque hasta ahora es el único testimonio que habla de esa fecha. La joven aseguró que ahí les obligaban a pelear por comida, que la gente de los alrededores sabía y que en el rancho, si veían a alguien llorando, lo aventaban sin ropa a un lugar cerrado donde había cerdos.

De acuerdo con los testimonios y colectivos, el centro subsistía gracias a la colusión con autoridades. “María”, sobrenombre que puso Indira, señaló que alrededor de mil 500 personas pudieron haber sido asesinadas ahí durante el tiempo que ella estuvo, en contra de su voluntad y obligadas a hacer todo tipo de actividades, durmiendo en el suelo, bajo un domo, según narró la buscadora durante una entrevista telefónica en Aristegui Noticias.

Por separado, en entrevista con Animal Político, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, de donde se desprende el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco —del que a Indira se separó para formar Guerreros Buscadores de Jalisco—, explicó que acudieron al predio luego de recibir un testimonio de un sobreviviente en un sentido similar.

“Hasta ahora que se dio a conocer que ya habían trabajado y que estaban sacando los crematorios, pero las madres fueron las que hicieron el descubrimiento de esa finca a raíz de ese anónimo, de esa persona que se animó, aún con el miedo, a decir que él estuvo reclutado en ese lugar y que había al menos 200 personas ahí donde él estaba”, relató Flores, quien la tarde del lunes dio a conocer un hilo de X con imágenes de aquellos hallazgos.

La segunda vez que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco entró al rancho, cuando regresaron en enero, sin que las autoridades les hubieran dado permiso de excavar, hicieron videos, prenda por prenda, diciendo tallas y colores. “Fue un día muy triste, muy doloroso, al ver esa situación que estaba pasando y transmitía mucho dolor ahí, una inseguridad que la verdad sí trabajamos con miedo al creer que alguien nos iba a llegar”, relata Virginia Ponce.

Eran dos cuartos. A ella le tocó la parte de abajo. Había mochilas, gorras, equipajes, velices, muchos zapatos, llaveros, carteras, objetos en tal cantidad y diversidad que evidenciaban que ahí habían estado muchas personas. No hay un cálculo exacto, dice ella, pero era demasiado. Apartaron camisas, pantalones, chamarras y shorts. Había medicinas, shampús, jabones y era evidente el rastro de mujeres.

Abajo también había cartitas y recados, continúa. En tanto, arriba había un altar de la Santa Muerte, y más prendas: “Se sentía más tenebroso, porque como que había un murmullo”, acota. “Fue muy doloroso, tanto como para mis compañeras, como para mí”, lamenta. Llegaron a un tejabán donde había un montículo de zapatos, incluso un traje forense lleno de sangre. El olor era tremendo, remarca, pero por amor a sus hijos tenían que estar ahí. Sogas, esposas y navajas también eran parte del panorama.

En otro cuarto había bidones y llantas. Siguieron caminando. El terreno era grandísimo: había un laberinto. Siguieron caminando. Había alambres de púas crecidos a aproximadamente 30 centímetros del suelo, llantas, una cocina con trastes y una alacena completa, un cazo y tres baños por fuera. Parecía que uno se utilizaba para mujeres, porque había toallas femeninas.

Este martes la fiscalía jalisciense dio a conocer una lista de 495 indicios con sus respectivas imágenes, recolectados durante las diligencias en el Rancho Izaguirre. Aclaró que el hallazgo no implica la confirmación de identidad o condición actual de las posibles víctimas.

“Alcanzamos a ver la magnitud de lo que había. Nos hacemos la pregunta de cuántas personitas estuvieron ahí, y la pregunta del millón: ¿Dónde están? Porque con la magnitud de todas las prendas que había, ¿dónde están? Es una tristeza y es un gran dolor. Gracias a todas las pruebas que sacamos, varias personas se han estado comunicando y nos han dicho que han reconocido prendas. ¿Qué podemos decir nosotras? No tenemos respuesta alguna”, subraya.

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