La organización Artículo 19 informó a través de su cuenta de twitter que la Policía Militar de la SEDENA, detuvo al periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Por lo que la organización exigió a las autoridades del Estado de México y federales implicadas en la detención, respeten las garantías judiciales de Padgett y su inmediata liberación.
También solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emita medidas cautelares a favor del periodista.
Artículo 19 hizo un llamado urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación del cual Padgett es beneficiario, para que intervenga a favor de su liberación.
?? #ÚltimaHora: ARTICLE 19 tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, por elementos de la Policía Militar de @SEDENAmx mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en #SantaLucía. (1/3) pic.twitter.com/aCj2OfgAVV
El periodista Humberto Padgett, es reconocido en el país por su trabajo periodístico sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
En el 2018, Padgett fue demando por el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por un supuesto daño moral causado por la publicación de un trabajo de investigación en donde se aseguraba que el mexiquense participó en fiestas sexuales donde habría menores de edad involucrados.
Este texto fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
En noviembre de 2018, dos consejeros indígenas y un comerciante de fueron detenidos de forma ilegal, mientras la comunidad pugnaba por ser reconocida legalmente como indígena. Hace unas semanas, el Tribunal Electoral de Michoacán resolvió que Náhuatzen se puede regir como guste. El Consejo Indígena exige la liberación de sus compañeros.
En noviembre de 2018 la policía detuvo a los consejeros indígenas de Nehuatzen, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, así como al comerciante José Gerardo Talavera. Quienes los acusan de robo y sabotaje no presentaron pruebas, pero el juez dilata el proceso.
El encarcelamiento de los tres indígenas es un hostigamiento más contra la comunidad, la cual trabaja por su autodeterminación, acusa el Consejo Ciudadano Indígena. Por eso exigen la liberación de los tres detenidos.
El pasado 23 de junio el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió la causa 021/2019 y ratificó que Náhuatzen se regiría por medio del Consejo Ciudadano Indígena.
Ahora sólo falta liberar a sus compañeros.
Cherán, la inspiración
La entonces cabecera municipal de Náhuatzen, en la meseta purépecha, sufría lo que muchos poblados: secuestros, desapariciones, cobro de piso, tala ilegal. Hasta que en 2015 sus pobladores decidieron seguir el ejemplo de Cherán, la emblemática comunidad que en 2010 sacó a políticos y criminales de su territorio.
Aquel año, la Asamblea de Náhuatzen desconoció los partidos políticos y por medio de asamblea, se conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN). Nehuatzen dejó de ser cabecera municipal y se convirtió en comunidad.
De acuerdo con el seguimiento que del caso ha hecho Serapaz, el cambió sí detuvo la inseguridad. En la zona cesaron los secuestros, levantones. Incluso se detuvo la deforestación.
Para 2017, el Consejo Ciudadano Indígena fue reconocido legalmente como autoridad indígena, por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal. Los Consejeros de Náhuatzen ganaron el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.
Esto implicaba que las finanzas serían entregadas directamente a la Asamblea, explica en entrevista telefónica Efraín Avilés Rodríguez, vocero del Consejo Ciudadano.
La comunalidad gana terreno
León Pérez Manzanera, quien acompaña el caso desde la organización civil Serapaz, agrega que aquel 2015 fueron tres comunidades del municipio de Náhuatzen las que decidieron su autonomía: Santa María Sevina, Comachén y la que nos ocupa, Náhuatzen. En esta última, el ochenta por ciento de la comunidad se decidió por el Consejo Ciudadano Indígena, pero quedó un 20 por ciento que respaldaba el Ayuntamiento electoral.
Así que el Partido de la Revolución Democrática impugnó legalmente la determinación del Tribunal en la cabecera. A partir de entonces aumentaron los hostigamientos y hostilidades por personas ligadas al Ayuntamiento y el gobierno estatal, acusan los consejeros.
En las otras comunidades del municipio de Náhuatzen que buscaron su autodeterminación, se dieron procesos de discrepancia similares. Por ejemplo, Santa María Sevina enfrentó un proceso legal en el que, en octubre de 2018, el Tribunal Electoral estatal se pronunció a favor de su Consejo.
Aún así en diciembre de ese mismo año, se volvió a votar en la comunidad, y de nuevo ganó la Asamblea. Para 2019, inició el proceso para que el Ayuntamiento les traspasara sus finanzas.
Pero las agresiones por parte de autoridades estatales en el poblado de Nehuatzen escalaron a otro nivel a inicios de noviembre de 2018.
“Nos citan en una de las comunidades del Municipio de Pátzcuaro, a una 1 hora 15 de distancia. Y de forma simultánea, en nuestra comunidad golpean a uno de nuestros compañeros”.
Efraín Avilés
Venadeo en Pátzcuaro
El Palacio Municipal de Náhuatzen estaba ocupado por los Consejeros de 2015. Para 2018, aquéllos acordaron desalojarlo, para destrabar los conflictos.
Con este fin, las autoridades estatales citaron al Consejo Indígena durante la tarde del primero de noviembre de 2018, Día de Muertos. Fecha poco apropiada, ya que “para nosotros es muy importante por el tema de los Difuntos”, explica Efraín Avilés, el vocero del Consejo Ciudadano de Nehuatzen.
“Ese día nos llaman del gobierno del estado y nos citan en una de las comunidades del Municipio de Pátzcuaro, a una 1 hora 15 de distancia. Se lleva a cabo esta reunión, y de forma simultánea, en nuestra comunidad golpean a uno de nuestros compañeros encargado de conducir el camión de basura”, explica Efraín.
Las agresiones culminaron con un comunero herido de bala. “Aunque esta persona es trasladada inmediatamente al hospital de Uruapan, hasta la fecha no hay proceso ni detenidos por esa agresión”. Avilés acusa a una síndico de nombre María Elena como la responsable de la agresión.
Pero continúan las negociaciones entre gobiernos y el Consejo Ciudadano Indígena para liberar el Ayuntamiento.
El 8 de noviembre, el Consejo Indígena desalojó voluntariamente el Palacio Municipal. El proceso se hizo en presencia de un visitador regional de derechos humanos, un notario público, y un representante de la Fiscalía general del Estado. Sin embargo, el 11, 12 y 14 de noviembre fueron detenidos sus compañeros.
Rubén Espinosa fue asesinado en un departamento de la colonia Narvarte, de la ciudad de México, junto con cuatro mujeres. Sólo conocía a una de ellas: Nadia Vera, su amiga y compañera de causas durante tres años.
La había conocido en 2012, durante la acampada de 60 días que los estudiantes hicieron en el centro de Xalapa en protesta por el resultado electoral en las presidenciales de ese año. Nadia había crecido en Chiapas, pero en 2005 se mudó a Veracruz para estudiar antropología social. Era una activista cercana al grupo de estudiantes de humanidades que entre 2012 y 2014 tuvo en jaque al gobierno de Javier Duarte.
En su último año en Xalapa, fue la monitora de seguridad del grupo. Cuando las agresiones contra los estudiantes crecieron demasiado, y después de que unos desconocidos allanaron su casa, la joven emprendió una nueva mudanza. En noviembre de 2014, llegó a la ciudad de México a buscar trabajo y un lugar de renta compartida. Seis meses después, Rubén siguió sus pasos.
Ocupados en sobrevivir en la capital del país, no se veían regularmente. El 30 de julio de 2015 se reunieron a tomar unas cervezas en el departamento que Nadia rentaba con otras tres chicas. Rubén llegó con otro amigo, al que conocía de la infancia, pero tampoco frecuentaba mucho. Ahí estuvieron toda la noche. Al día siguiente, Rubén y Nadia fueron asesinados, junto con otras tres mujeres (dos que vivían ahí y una que trabajaba en la limpieza del departamento). Sus cuerpos quedaron en el suelo de una de las habitaciones, aislados de los otros.
. . .
El movimiento estudiantil de la capital de Veracruz había comenzado en agosto de 2011, con una protesta contra el alza del transporte público que fue reprimida. En septiembre de ese año, los jóvenes salieron a las calles, junto con miles de personas, cuando la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezaba el poeta Javier Sicilia pasó por la ciudad. También se sumaron, a finales de ese año, a la ola mundial de “indignados”. Para mayo de 2012, el movimiento anti PRI que inicio en la Ciudad de México, rápidamente se consolidó entre los estudiantes de Veracruz.
“Xalapa marcha, especialmente por motivos adecuados”, dice el activista Julián Ramírez, uno de los principales protagonistas de esa parte de la historia.
En el movimiento “antipeña”, los estudiantes montaron un campamento en la Plaza Lerdo el 3 de julio de 2012. La acampada se convirtió en eje de protestas masivas durante dos meses y culminó con la toma del Ayuntamiento de Xalapa, el 1 de septiembre. “Ahí conocí a Nadia”, recuerda Julián.
Los jóvenes tenían el control del comedor de la facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Después de la toma del palacio, ocuparon una casa cerca del centro a la que llamaron Casa Magnolia. Los siguientes dos años, la Casa Magnolia se convirtió en el eje operativo de un grupo de estudiantes que reivindica el anarquismo como forma de organización.
El 15 de septiembre de ese año, planearon dirigir luces verdes al rostro del gobernador Javier Duarte durante la celebración del Grito de Independencia. La respuesta fue desproporcionada: tres estudiantes -Natán Abdiel Hinojosa García, Mario Alberto González Serrano y José Jaime Marcial y Hernández, integrantes del Frente contra la Imposición, fueron detenidos por policías estatales. Los subieron a una patrulla y durante tres horas los tuvieron retenidos ilegalmente. Los incomunicaron. Les pusieron una pistola en la cabeza. Los robaron. No los presentaron ante ninguna autoridad ministerial. Los dejaron afuera de Xalapa. Días después de la denuncia, el jefe de la policía, Arturo Bermúdez, negó la versión de los estudiantes: “No tenemos el dato de ninguna detención en Xalapa. En las redes sociales podrán quejarse pero no tenemos ningún detenido”.
Era apenas la primera señal de lo que vendría después. El 20 de noviembre, los jóvenes desplegaron una manta desde el hotel México con una una leyenda que decía: “Duarte el pueblo te tiene en la mira, ni perdona, ni olvida: No más periodistas muertos. FCI”.
Una decena de activistas, entre ellos Nadia Vera, fueron golpeados y detenidos. Rubén Espinosa tomaba fotos de la protesta y cuando quiso documentar que llevaban jóvenes al interior del hotel, recibió una amenaza que resultó profética: “Acuérdate de lo que le pasó a Regina Martínez”.
Estos tres testimonios anónimos, de diferentes personas, de lo que pasó ese día, fueron difundidos entre las redes de estudiantes:
1: “Mujeres policías vestidas de civil arrastraban a una compañera. Mientras grabo que la golpean, llegan por mí otras mujeres, me quitan el celular, nunca me lo regresaron. (…) En Lucio me empiezan a arrestar, golpeándome. Amenazándome en todo momento Que ya había valido madre, que sabían quiénes somos. Detienen a otras por defenderme. Otro policía se las lleva. Me dejan y se van detrás de las demás. Pasa una patrulla y le dicen que me lleven. Iba sola en la patrulla. Dicen que la orden es sacar a todos los integrantes del frente porque estaba alterando el orden. A mí no me presentan, me dejan en una calle. Detienen a 12. A dos compañeras las obligaron a desnudarse, una a hacer sentadillas y le metieron los dedos en la vagina. A los demás los golpearon. Que le bajemos a nuestro desmadrito.”
2: “Cuando un periodista empieza a tomar las fotografías nos sueltan. Otro policía recibe la orden y arremeten: ¿cómo no?, sí los vamos a chingar. Nos llevan a madrazos. Nos suben a las camionetas, nos golpean en los testículos, en el rostro. (…) En ningún momento nos dijeron por qué se nos detenía. Cuando estábamos a punto de salir nos dicen que por el bando de policía y buen gobierno ellos pueden detenernos cuando quiera”.
“Estaba saliendo, con alguien más, del hotel México cuando pasaron unos policías y un hombre vestido de civil. El hombre de civil nos señaló y les ordenó a los policías: ‘agarren a esos dos’. Los policías nos detuvieron y les preguntamos: ¿Por qué nos detienen? no nos contestaron y nos dijeron que nos meterían al hotel y nos madrearían. En ese momento llegó un reportero a tomar fotos y empezamos a gritar que nos querían madrear. Nos soltaron”. Lo peor estaba por venir. Lo supieron casi un año después, el 14 de septiembre de 2013, durante el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo. “Ese día conocimos a la nueva policía de Veracruz. No eran los policías gorditos, eran tipos altos, fuertes, entrenados para golpear”, recuerda una de las estudiantes del grupo anarquista.
Una de las jóvenes más activas en el grupo reflexiona lo que, desde su perspectiva, fue la ofensiva final para el grupo que se reunía en Casa Magnolia: “Creo que lo que terminó por desbarrancar todo fue el discurso de la manifestación por los estudiantes de Ayotzinapa”.
La protesta a la que se refiere fue el 22 de octubre de 2014. Desde el templete, Julián Ramírez gritó al gobernador Javier Duarte y al jefe de la policía, Arturo Bermúdez: “ustedes son los zetas”. Cinco días después, en una carta pública dirigida al gobernador Javier Duarte, 86 profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores de todos los niveles, miembros de la Orquesta Sinfónica y de académicos de Coatzacoalcos, Córdoba, y organizaciones civiles La Vida, Colectivo por La Paz y Maíz, entre otras, denunciaron “una escalada de amedrentamiento hacia los movimientos estudiantiles, en particular en la Unidad de Humanidades en la Universidad Veracruzana, por policías vestidos de civiles”. Las acciones incluían espionaje y hostigamiento, algo que los periodistas críticos de Xalapa conocían bien desde 2012
https://www.youtu.be/H3FYBtfa0h0
Para entonces, Nadia Vera ya preparaba su salida de Xalapa y Rubén Espinosa se había convertido en uno de los pocos reporteros a los que los anarquistas le permitían estar cerca de sus actividades.“
Rubén nos enseñó a distinguir prensa de periodistas y con él se abrió una puerta de confianza. Tuvo acceso a un periodo muy especial para el movimiento anarquista de Xalapa. Para nosotros, era un halo de seguridad”, dice Julián Ramírez.
El gobierno de Veracruz tenía en puerta los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarían del 14 al 30 de noviembre y al que Javier Duarte le había apostado buena parte de su estrategia de comunicación para mantener la idea de que el estado estaba en calma. En una reunión a puerta cerrada, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, pidió a los representes universitarios firmar una postura oficial para pedir al resto de la comunidad universitaria no protestar durante los Centroamericanos ni ligar la protesta con la desaparición de 43 estudiantes. Los audios de la reunión fueron difundidos por el portal Plumas libres.
El 12 de noviembre de 2014, en la inauguración de los juegos, y con el grito de “No queremos juegos, queremos justicia”, los estudiantes apagaron la antorcha. El único fotógrafo al que dejaron subir al templete fue Rubén Espinosa.
La situación, para muchos críticos del gobierno, ya era insostenible. El 3 de diciembre, organizaciones sociales enviaron una carta a Plumas Libres pidiendo detener el acoso policiaco contra estudiantes de Humanidades de la Universidad Veracruzana y la “política de terrorismo de Estado que se aplica recurrente y sistemáticamente”.
Nadia Vera se largó de Xalapa. Ya no se quedó a ver el último capítulo de una historia que cuesta trabajo creer y que tuvo como punto culminante el proceso electoral de junio de 2015.
El 1 de junio, unos encapuchados lanzarón una bomba molotov en la Junta Distrital 10 del INE de Veracruz. El gobierno de Veracruz difundió clandestinamente una especie de manual en el que señala a varios académicos críticos y activistas, entre ellos Julián Ramírez, como radicales que buscaban boicotear la elección.
El 5 de junio, ocho estudiantes que estaban en una fiesta fueron golpeados con bats, machetes, y palos con clavos por una decena de hombres encapuchados. Cuando otros estudiantes llegaron a su auxilio, vieron afuera, sin hacer nada, a tres patrullas de la policía estatal. Tiempo después videos enviados de manera anónima a Plumas Libres evidenciaron que minutos después del ataque, tres sujetos vestidos de civil llegaron a la escena del crimen, dando órdenes a los policías.
Rubén recibió una llamada de una de las estudiantes que llegó al auxilio de sus compañeros. Tomó las imágenes que envió a Cuartoscuro. Dos días después, vió que lo seguían y decidió que era tiempo, también, de salir del estado.
Llegó a la ciudad de México el 10 de junio. Cincuenta días después, fue a tomar unas cervezas al con su amiga Nadia Vera. Y al día siguiente, en el departamento que ella compartía, fueron asesinados, junto con otras tres mujeres: Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, sus roomies, y Alejandra Negrete, quien trabajaba haciendo el aseo.
Ha pasado un año del asesinato. la Casa Magnolia, donde Rubén dio cursos de seguridad, dejó de existir. Los estudiantes ya no tienen el comedor de Humanidades. El grupo se ha dispersado y las denuncias de los ocho jóvenes que vivieron el infierno del 5 de junio no avanzan. Por eso, periodistas y activistas de Xalapa insisten: investiguen sus amenazas.
— Siempre existe la posibilidad de que fuera una casualidad — le digo a Julián Ramírez.
— No. No lo creo — responde con ironía. Luego me reta—. Mídelo en las consecuencias: después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Este perfil fue elaborado por Reporteras en Guardia, un colectivo independiente y sin filiación política conformado por más de 100 periodistas, editoras y realizadoras de 24 estados de México y de su capital, entre ellos Guerrero, con la finalidad de realizar las historias de las y los periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 mil al 2019.
Tijuana, 1986-Rosarito, 2017
Asesinado con arma de fuego. Tres detenidos. Dos prófugos
En el municipio de Playas de Rosarito, al sur de Tijuana, el rostro de Luciano Rivera Delgado, de 30 años, era bien conocido. A los 17 años empezó a trabajar en el canal estatal CNR TV, recuerda su medio hermano y director del medio, Mario Rivera Salgado: “Comenzó moviendo cables y cámaras, era muy querido y le gustaba apoyar”.
Un colega del periodista, Bernardo Cisneros, describe también sus inicios: “Me platicó que fue asistente de camarógrafo, y a veces montaba los sets para los programas del canal”.
Aunque Luciano no terminó la carrera de Comunicación, tenía facilidad para detectar las noticias. En el 2005 se convirtió en camarógrafo y reportero del canal de televisión, y dos años después ya conducía el noticiario.
A los 18 años, mientras estudiaba Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, Silvia Quintero Vallejo comenzó a reportear junto con Luciano, entonces de 20 años, para la televisora.
Cuenta que Luciano buscaba ayudar a las personas. “Un día me comentó que pasaríamos a una casa, llegamos y salió un hombre en silla de ruedas, humilde, sonriendo con familiaridad: ‘¡Hola, Luciano!’, le dijo. Yo pensé que eran parientes; él llevaba una despensa y se la entregó al señor”.
El periodista le explicó que el hombre había sufrido un accidente y no podía trabajar para sostener a su familia, por eso le llevaba comida de vez en cuando. “Son las cosas que me enamoraron de él”, asegura Silvia. Con el paso de los años tuvieron dos hijos, uno que lleva el nombre del papá, de 6 años, y Fernanda, de 5.
Su esposo, dice, era un hombre muy activo: lo mismo hacía una coleta a su hija que emprendía proyectos como la conducción desde 2012 del programa de radio Informativo AM y la codirección tres años después de la revista Dictamen, que circulaba en Tijuana y Playas de Rosarito. El periodista cubría temas de política y policiacos, desde homicidios hasta las conferencias del alcalde.
Marinee Zavala, reportera de televisión en Tijuana, subraya la dedicación con la que Luciano hacía su trabajo. “A veces me contaba cómo se iba a las 4 de la mañana a cubrir un crimen”. Era un profesional arriesgado en sus notas, asegura. “Una vez se puso un micrófono entre la ropa y escondió la cámara, luego se acercó a unas personas que vendían gasolina de forma ilegal en la delegación Primo Tapia, al sur de Playas de Rosarito, y las grabó. Pasó la nota completa en el canal”.
El periodista Gerardo Díaz Valles, quien trabajó junto a Luciano en Rosarito, coincide con Zavala. Relata que, en 2007, la población de la zona estaba siendo afectada por las actividades del narcotráfico, dirigidas presuntamente por Ángel Jácome Gamboa, el Kaibil. Fue entonces cuando Luciano apoyó a un reportero.
“En aquellos tiempos difíciles, los criminales habían dado la orden de desaparecer a otro compañero (periodista). Estaba detenido en la comandancia de policía, todo el mundo se estaba yendo y se iba a quedar solo en las instalaciones. El compañero pensó que ese día lo único que podría salvarlo es que hubiera alguien ahí presente, y estaba muy agradecido con Luciano porque permaneció con su cámara afuera de la comandancia”.
A Luciano también le gustaba mucho hacer negocios, llamar la atención y vestir bien, cuenta Zavala. Así lo recuerda Díaz Valles, quien afirma que muchas veces no estaba de acuerdo con Luciano.
“Él era muy joven, un niñote noble. Lo conocí cuando tenía 25 años, yo le decía ‘Nenuco’”, refiere el autor de la columna “Rosarito Blues”. “Siempre fue muy consentido, carismático, se ganaba a la gente, pero también eso generaba muchos problemas: todo se le daba, tomaba poses que a mí me molestaban; por ejemplo, pertenecía a un club de motociclistas y siempre llegaba con toda la parafernalia, como un superhéroe, y derrochaba. Incluso un día chocó un Mustang, destruyó el carro pero él salió bien, y al final se le consecuentaba. Vivió muy rápido, siento que todos tuvimos un poco de culpa por no haberlo hecho reaccionar. Nos alcanzó (su fallecimiento). Mataron al rostro más amable de Rosarito”.
El cuñado de Luciano, Hamlet Alcántara, considera que estaba creciendo como periodista; uno de sus objetivos era mejorar la revista Dictamen, que ambos dirigían. “Era una persona seria, por eso me decidí a comenzar un proyecto periodístico con él. Se dedicaba a buscar colaboradores especializados”, precisa. “Publicábamos desde historias de centros turísticos hasta temas de inseguridad; hacíamos un trabajo objetivo, no sé si el mejor o el peor, pero no se puede reducir su muerte a un pleito de cantina”.
En mayo de 2017, Luciano publicó en Dictamen, con seudónimo, el artículo “Guerra por narcomenudeo”, sobre la supuesta liberación de José Filiberto Parra Ramos, la Perra, considerado por la DEA como uno de los lugartenientes de Eduardo Teodoro García Simental, el Teo. En el texto los relacionaba con el tráfico de drogas y el lavado de dinero de la organización Arellano Félix, una información que la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California declinó confirmar.
En el número de julio, denunció en “Desmantelan a la mafia amarilla” a una organización de taxis de Tijuana llamada Gremio de Choferes Mexicanos que golpeaba e insultaba a sus competidores. Acusó a su líder, Óscar Morales, de burlarse y corromper a las autoridades municipales y estatales.
El 31 de julio de 2017, Luciano se encontraba en el pequeño bar La Antigua, en el centro de Rosarito, acompañado por cuatro amigos. En las cámaras de vigilancia se observa a cinco hombres que ingresan al lugar y, alrededor de la 1:13 de la madrugada, uno dispara su pistola Glock 9 milímetros a la cabeza del periodista. Su cuerpo quedó tirado en el suelo mientras los agresores se alejaban en un taxi Ford Focus 2007, sin placas.
Durante la ceremonia luctuosa del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado con cuatro personas más en la colonia Narvarte de Ciudad de México, familiares y amigos del fotorreportero exigieron que se investiguen las amenazas que el fotorreportero vivió en Veracruz durante los primeros años de la administración de Javier Duarte y su secretario de Seguridad Arturo Bermúdez
Texto: Norma Trujillo Báez y Arantxa Arcos / Voz Alterna
A cuatro años de los asesinatos de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, en la colonia Narvarte, familiares de las víctimas pidieron que se investigue la posible participación del exgobernador Javier Duarte y de su ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita en los crímenes.
“Seguimos exigiendo la verdad de los hechos, así como del móvil. No nos conformamos con que el caso siga abierto pero no pase nada con la investigación y mucho menos con que no se castigue a los verdaderos culpables”, expresó Alma Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado.
“Tal parece que las autoridades son las única que no ven ni escuchan que Rubén fue hostigado y amenazado en Xalapa, por lo cual se tuvo que autoexiliar en la Ciudad de México y que Nadia también decidió salir por las mismas circunstancias, de lo cual existen grabaciones de su propia voz donde responsabiliza al gobierno de Veracruz por cualquier cosa que le llegara a suceder, pero nadie toma en cuenta todas esas pruebas, por lo que hasta hoy seguimos de pie y sin bajar la guardia seguiremos exigiendo que se esclarezca el caso y se castigue al autor intelectual de este crimen”.
Los familiares llamaron a que Duarte no salga de prisión, porque a cuatro años, no se han agotado las líneas de investigación.
“Exigimos que Javier Duarte no sea liberado ni perdonado, porque no solo es por todo lo que se le imputa, sino por todos los asesinatos que cometió en este estado”, recalcó Patricia, otra de sus hermanas.
La joven acusó que a pesar de la existencia de una ejecutoria de amparo 804/2015 en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México y de la recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de aquella ciudad, para evitar filtraciones de partes del expediente y por actos de revictimización a las familias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue filtrando información del expediente judicial.
Por primera vez, los padres del fotoperiodista asesinado encabezaron una ceremonia luctuosa, la entrega del premio “Rubén Espinosa” y una marcha en la capital del estado de Veracruz para exigir justicia y que se investiguen las amenazas que el fotorreportero vivió en Veracruz durante los primeros años de la administración Duartista.
Han pasado cuatro años del multihomicidio, en donde asesinaron a Rubén, Nadia, Mile, Alejandra y Yesenia, crímenes que siguen sin ser esclarecidos. Durante la protesta, una fotografía de Rubén en cuclillas daba la impresión que él tomaba la foto de su propio memorial; atrás, su madre Cristina Becerril y su padre Rubén Espinosa presenciaban el homenaje con un dejo de tristeza que reafirmaba que la herida siempre dolerá.
Allí en la escalinata de la Catedral Metropolitana de Xalapa estaba toda la familia de Rubén, sus hermanas y sus sobrinos, acompañados de amigos y compañeros de trabajo, igualmente por integrantes de organizaciones sociales, quienes también clamaron un grito de justicia por Nadia Vera.
Nadia Vera, ¡justicia!
Edith Escalón, activista y amiga de Nadia Vera, coincidió con la demanda de la familia del periodista que se investigue a Javier Duarte de Ochoa ex gobernador del estado y al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y expresó “el asesinato de Nadia y Rubén sí fue político, sí fue por encargo, y sí fue una persecución. ¿Por qué amenazar a estudiantes, a activistas, a periodistas en Veracruz por un supuesto robo en la capital? Hubo tortura, hubo planeación, hubo precisión. No fue un robo, fue una ejecución, la clave está en Veracruz, vean vayan pregunten”.
En uso de la voz, el integrante de Lavida Emilio Rodríguez aseguró que aún cuando ha cambiado el régimen de gobierno del país, no significa ningún cambio en la situación de los activistas y periodistas.
“Es para nosotros una realidad que los periodistas siguen siendo hostigados, asesinados y no hay quien pare esta violencia”.
Recordó el caso del activista asesinado en Amatlán de los Reyes, Noé Vázquez, quien se oponía a los proyectos hidroeléctricos.
“Nos queda muy claro que si de algún lugar vendrá la justicia será de los hechos que estamos haciendo ahora, tomando fotos, tirando el gatillo de las cámaras, arrastrando la pluma, gritando, informando, yendo a las comunidades y defendiendo nuestros derechos en la acción solo existirá la justicia”.
Crece reclamo de justicia
Rubén volvió a marchar en calles de Xalapa. Aunque han pasado cuatro años de ser asesinado junto a cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, “Rubencillo” –como le decían de cariño sus amigos- cargó su cámara al hombro y protestó con sus padres, Rubén Espinosa y Cristina Becerril.
Su familia lo acompañó. Él no permaneció físicamente pero fotoperiodistas como Victoria Razo lo encontraron en la ciudad.
“Hoy como cada 31 de julio siento su presencia aquí, lo he sentido tan cerca a través de la lucha de todos ustedes, lo escucho en las palabras de resistencia de sus hermanas y lo puedo ver en la danza de sus queridas sobrinas y en la sensibilidad de las fotografías que él nos dejó”, dijo la fotoperiodista, quien recibió la tercera edición del premio al fotoperiodismo “Rubén Espinosa” que entrega el Colectivo Voz Alterna.
Entre sus palabras mencionó no coincidir entre coberturas informativas con “Rubencillo”, pero lo encontró entre quienes mantienen su exigencia de justicia por crímenes de periodistas.
“Rubén es y siempre será un gran referente que marcó la historia del periodismo en México y recibir este reconocimiento que lleva su nombre, en presencia de su familia y amigos, es un gran honor que me motiva a seguir en esta lucha fotografiando nuestra realidad con coraje y verdad como lo hacía Rubén. Y a nunca guardar silencio como Nadia Vera nos enseñó”, añadió.
El premio de fotografía “Rubén Espinosa” no es galardón económico, es simbólico para inyectar a las nuevas generaciones de fotógrafos el gusto y el compromiso para retratar la realidad veracruzana, los problemas sociales, es la esencia de lo que significó Rubén en el periodismo veracruzano.
La cámara de “Rubencillo” volvió a captar imágenes intangibles. Fotografió el cielo soleado. La plaza pública donde se manifestó desde el asesinato de Regina Martínez lo volvió a ver metros más adelante, sobre las escaleras de la Catedral de Xalapa ya que desde hace un mes, integrantes de la agrupación Los 400 Pueblos mantienen un campamento insalubre.
Ese espacio no sintió sus pisadas con sus botas, ni sus pantalones bombachos, tampoco sus dedos que en 2013 rosaron el cemento por pegar una placa simbólica por nombrar ese sitio con el nombre de la periodista corresponsal de la Revista Proceso, asesinada el 28 de abril del 2012.
Para no olvidarlo, Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas mayores de Rubén, lo pronunciaron públicamente.
“Estamos exigiendo justicia en esta plaza donde mi hermano solía venir a exigir justicia por otros y a realizar su trabajo. Es muy triste cada vez que venimos y cada año recordar que si él estuviera vivo estaría aquí trabajando y siendo uno más de nosotros”, dijo Patricia Espinosa Becerril-
La justicia por su asesinato da fuerzas a la familia Espinosa Becerril quienes exigen a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México voltear a ver la persecución que tuvo en Xalapa, Veracruz.
Así como las autoridades de justicia de la capital del país, amigos y familiares de Rubén demandaron que el gobierno de Veracruz apoye en la investigación prestando expedientes donde refuercen la labor periodística que desempeñaba Rubén en la entidad veracruzana.
La solicitud pública incluyó formalidad, ya que desde el crimen se ha filtrado información a medios de comunicación.
Las primeras filtraciones ocurrieron a meses de lo ocurrido y fueron comprobadas por el juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, que determinó que la Procuraduría General de Justicia capitalina, entonces dirigida por Rodolfo Ríos Garza, era el responsable de filtrar el expediente.
Para el 10 de diciembre del 2015, cinco meses después del multihomicidio, Rodolfo Ríos informó que un funcionario de la PGJ capitalina fue consignado ante un juez penal acusado de ser el presunto responsable de filtrar información de la investigación a medios de comunicación. Cuatro años más tarde y con cambio de autoridades que se autodenominaron “La Cuarta Transformación”, las filtraciones continúan.
“Hemos visto que hay otra vez filtraciones en medios de comunicación sobre el tema y eso nos hace sentir que estamos en el mismo hoyo y que la gente sigue siendo la misma a pesar que tienen otro nombre”, reiteró Patricia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Voz Alterna y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Rubén Espinosa colocó la placa en uno de los escalones de la Plaza Lerdo: “Plaza Regina Martínez”. Era el 28 de abril de 2015. El rebautismo de la plaza central de Xalapa había sido ideado y convocado por un grupo de periodistas de la capital de Veracruz para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de la emblemática reportera, asesinada en su casa en 2012.
Rubén Espinosa, fotógrafo, era parte de un grupo de periodistas que se comenzó a gestar el año del asesinato de Regina y que en los días siguientes se haría público con el nombre de Colectivo Voz Alterna. El grupo buscaba capacitar a periodistas en el estado y funcionar como un medio alterno, donde se pudieran publicar las historias que los medios de Veracruz no cubrían debido al fuerte control que había del gobierno estatal. Pero Rubén ya no vió la salida del colectivo en Xalapa. Cuarenta y dos días después de rebautizar la plaza, anunció su autoexilio del estado que, para entonces, sumaba 13 periodistas asesinados en 5 años.
— ¿Por qué te fuiste?
— Por sentido común —, nos dijo el 9 de julio en el programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento TV.
Lo que contó no parecía tan grave: que saliendo de su casa vio a un hombre y que horas después lo volvió a ver en otro lado; un hombre alto, de corte militar, que estaba con otro hombre y que no hicieron nada por disimular que lo estaban vigilando. No le dijeron nada. No lo amenazaron. Sólo lo vieron. Sólo sintió su aliento cuando pasaron junto a él. Pero el contexto del estado, los 13 periodistas asesinados en cinco años, el hostigamiento constante de la policía estatal hacia los reporteros, sus propias amenazas previas, eran suficiente. No quería ser el próximo en la lista de bajas.
“Ayudo más vivo, que muerto”, dijo fuera de cámaras.
Tres semanas después de la entrevista, fue asesinado en la ciudad de México, donde se refugiaba.
Lo mataron junto con cuatro mujeres, tres de ellas (Nadia Vera, Mile Martín, Yesenia Quiroz) vivían juntas en el departamento de la colonia Narvarte donde fue el multihomicidio; la cuarta (Alejandra Negrete) trabajaba ahí.
Los periodistas de todo el país, pero sobre todo, los de Veracruz, quedaron paralizados con la noticia. El asesinato del fotógrafo, de 31 años, se convirtió en el asesinato más largamente anunciado de un periodista en México.
La primera vez que Rubén Espinosa llegó a pedir ayuda a la ciudad de México fue en octubre de 2013. Un domingo, en un restaurante de la colonia Roma, contó a cuatro integrantes de Periodistas de a Pie una historia que parecía difícil de creer: en el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo, el 14 de septiembre, apagaron las luces y comunicaciones de la plaza y la policía uso perros y toletes eléctricos; a maestros y activistas los persiguieron por las calles aledañas; a los periodistas les quitaron sus cámaras. Rubén hablaba de muertos, que nadie podía confirmar (hasta ahora no se han confirmado); él mismo, juraba entonces, había visto a una patrulla aplastar a tres personas frente a la puerta de un banco.
Estaba aterrorizado. Contaba la historia de lo que definió como un “minitlateloco”, en relación con la matanza de estudiantes de 1968. Pero no había pruebas —ni siquiera los nombres de los maestros heridos, aunque otros testigos también lo vieron— y el gobierno estatal de Veracruz negó cualquier exceso durante el desalojo.
La misma historia que platicó ese domingo la contó después a directivos del semanario Proceso, donde colaboraba, y a un grupo de fotógrafos que, en solidaridad, crearon el colectivo FotorreporterosMx.
Con miedo, pero arropado por el apoyo que sintió en el gremio, regresó a Xalapa. Ahí se sumó a un grupo de periodistas que había estado reuniéndose desde 2012 para trabajar en la capacitación de reporteros y fotógrafos. Era la semilla de lo que en 2015 se presentó públicamente con el nombre de Colectivo Voz Alterna.
Rubén tenía contacto con este grupo desde finales de 2012. Entonces, él todavía trabajaba en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Xalapa, aunque regularmente mandaba fotografías a Proceso y a Cuartoscuro.
Y en esta dualidad de empleadodegobierno-fotógrafofreelance, que es común en muchos lugares de Veracruz, había recibido la primera amenaza de su vida.
Él mismo lo contó, en una entrevista con SinEmbargo: “Cubrí el del 20 de noviembre del mismo año que asesinaron a Regina Martínez, en el desfile estaba Javier Duarte y no podíamos estar en frente del templete. A los fotógrafos y camarógrafos nos encerraban a los lados. Yo pedí que me dejaran tomar unas fotos y en el momento que me acerco, veo que despliegan una manta que decía: ‘Javier Duarte, el pueblo te tiene en la mira, no perdona ni olvida’. En eso viene un estudiante y me dice que estaban golpeando a unos de sus compañeros. Le di la cobertura y cuando tomo la foto de que estaban deteniendo a los estudiantes, me toma del cuello una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado y me dice: ‘deja de tomar fotos, si no quieres terminar como Regina’”.
Esa no fue la única vez que hubo una referencia a la periodista asesinada ese año. Por las mismas fechas, su nueva jefa en la oficina de comunicación, le prohibió seguir publicando fotos de manifestaciones en Proceso y Cuartoscuro.
“Hubo un cambio en la oficina de comunicación y entró Vicky Hernández; un día, ella le sacó un bultito de revistas donde estaban sus fotos y le dijo: ‘No creas que no te estoy viendo. Acuérdate de Regina, la asesinaron, ¿es lo que tu esperas?’” — cuenta un amigo cercano de Rubén — “finalmente lo corrieron, a principios de 2013. Él estaba molesto porque le querían dar 800 pesos”.
En este colectivo las mujeres se acompañan y trabajan juntas para combatir los abusos machistas que sufrieron durante años. Pero más allá de las experiencias personales esta comunidad lucha por sus derechos en un proyecto de país en el que no fueron incluidas
La sala de juntas en La Casa de las Ideas, un centro comunitario en el área céntrica de San Salvador, está lleno de mujeres un caluroso sábado por la mañana a mediados de mayo. A simple vista no hay nada inusual, excepto que las mujeres allí reunidas hayan podido escaparse de sus deberes familiares. Pero mirando con más detenimiento, uno empieza a preguntarse sobre el motivo de la reunión: el grupo de unas veinte mujeres es variado. Hay quienes rondan los ochenta años y hay otras veinteañeras a las que solo se les permitió cursar hasta la preparatoria. La mayoría de los rostros son de rasgos indígenas y piel morena quemada por el campo. Hay quienes hablan bajito, casi en suspiros, y lanzan sonrisas tímidas. También hay rostros imponentes que no tienen miedo de opinar y dirigirse a las otras mujeres como “compañeras”.
Estas son las alumnas de la escuela feminista.
El Salvador es un país violentado. Uno de cada tres embarazos es de una madre adolescente y el aborto es penalizado con hasta treinta años de cárcel. El grado de violencia a nivel cultural e institucional ha hecho que el suicidio ya perfile como una causa de muerte materna. En este país de postguerra, la violencia sexual no se denuncia por miedo a los agresores o la falta de confianza en las autoridades. De las denuncias, pocos casos se judicializan y aún menos tienen sentencia condenatoria para el agresor.
El taller empieza con un desayuno tradicional de frijoles, rebanadas de queso fresco y tortillas gruesas de maíz que ofrecen las organizadoras. A las ocho de la mañana ya están las mujeres conversando sobre la semana que acaba de terminar. Muchas vienen de lejos en transporte público y les toca madrugar. Varias se conocen porque son parte de la misma organización en su comunidad. Las emprendedoras traen consigo productos para vender hechos por ellas, como jabones orgánicos, cosméticos naturales y gorritos tejidos.
El ambiente se siente cargado de emoción y grandes expectativas. Las mujeres se encuentran ansiosas por “aprender sobre los derechos y hacerlos valer”, “aprender más,”, “aprender de todas”, y con “todas las ganas de aprender”. Para ellas el derecho a la educación todavía resulta un privilegio. Un total de 33 mil 753 niñas y adolescentes abandonaron la escuela en 2017. Según datos del Ministerio de Educación, el 33.4 por ciento de las deserciones están relacionadas con ambientes que pusieron en riesgo la vida y la seguridad de las niñas. Tres de cada cuatro adolescentes embarazadas abandonan sus estudios con un promedio de escolaridad de entre cinco a siete años.
La Escuela Feminista es un programa de formación para mujeres organizadas en sus comunidades; lo lidera La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, una organización que desde 2004 ha sido clave en la lucha por los derechos de la mujer en El Salvador; en particular respecto a la despenalización del aborto.
Las estudiantes proceden de territorios rurales y colonias en cascos urbanos de la zona central del país. Este año participan veinte mujeres y conforman la segunda escuela feminista.
“Cuando llegamos a las comunidades y hablábamos sobre el tema de la despenalización del aborto con estas mujeres que ya tenían años de estar organizadas, el feminismo era un tabú,” explica Claudia García, parte del equipo de La Colectiva en San Salvador. Las mujeres conocían sus derechos, hacían incidencia política, denunciaban la violencia de género, criticaban la ideología machista pero en el tema del aborto volvían a sus creencias religiosas. “Para ellas estar a favor o en contra del aborto es lo que marca si eres o no eres feminista aunque hagan todo lo demás”. Así fue como La Colectiva comenzó sus cursos de capacitación en teoría feminista, tanto por su apuesta a la despenalización del aborto como la de cambiar el pensar de la gente para ir construyendo transformaciones profundas. Formar a mujeres para que se proclamen feministas.
En la escuela se abordan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, las corrientes feministas y cómo surgieron. Se habla de todo tipo de violencia y las leyes del Estado que, en teoría, deben protegerlas, de los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, y de la importancia de organizarse. Los temas no se abordan únicamente desde la teoría, sino a través de las mismas vivencias de las mujeres y las de aquellas que las rodean.
Para comenzar la reunión de este sábado, Zuleima Araúz, la facilitadora, abre la jornada con una dinámica de presentaciones; un comienzo “ligero” al tema que se trataría más adelante: los derechos sexuales y reproductivos.
Así que pide a las mujeres que digan su nombre y contesten una pregunta clave: ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?
Las mujeres dan respuestas simples y contundentes. “Decidir si quiero o no quiero tener sexo con mi pareja”, dice una mujer de 64 años de la colonia San Jacinto en San Salvador. Ella asiste a la escuela porque asegura que nació machista.
“Decidir cuántos hijos queremos tener”, añade otra mujer recién separada de su marido. “Yo decido con quién me acuesto y con quién no”, señala la más mayor del grupo a sus 77 años, desatando risas explosivas de sus compañeras.
El ambiente festivo no dura. Cuando le toca el turno a la siguiente mujer, ésta baja la mirada y decide no contestar. El cuarto se sumerge en silencio y antes de que Araúz continúe con la siguiente mujer, aquélla se arma de valor y conteniendo las lágrimas dice:
–Esa palabra, “sexual”, me trae muchos malos recuerdos.
A sus sesenta y pico de años todavía recuerda con nitidez la noche en que el hombre con quien se casó por obligación, la violó. Tenía quince años. “Esa palabra la fui a aprender yo hasta ahora”, dice. “Yo tengo una hija ahora amargada que no acepta y me reclama que quizá no fue hija deseada. Me ha costado salir de eso. Es un trauma. Le agradezco al movimiento de mujeres porque estoy aprendiendo a olvidar y sacar eso de mi mente y mi corazón”.
Este testimonio frena el ritmo de las presentaciones. Poco a poco las mujeres se abren y relatan casos de abuso, violaciones, y agresiones. La violencia que han vivido las mujeres en el grupo es un reflejo de los paradigmas que enfrenta El Salvador como Estado. Morena Herrera, una feminista eminente y cofundadora de La Colectiva, explica que en El Salvador “se considera un problema menor”, ya que la violencia de género se esconde bajo la violencia estructural. “No siempre mata, así que no lo ven como importante.” Según Herrera, como la violencia no siempre termina en un feminicidio, los diputados no la ponen en primer plano en la agenda nacional, aunque El Salvador registró tasas de feminicidios por encima de lo considerado una epidemia a nivel internacional.
Pero, como lo demuestran en la escuela feminista, la violencia a la que se enfrentan las salvadoreñas penetra en cada aspecto de sus vidas y daña las fibras del tejido social. La violencia violenta su derecho a la libertad cuando hay mujeres en la cárcel condenas por homicidio en caso de un aborto. Limita su acceso al estudio cuando los padres las sacan por miedo a que “salgan embarazadas” o porque “al cabo se van a acompañar”. Frustra su acceso a la justicia. En 2017 se iniciaron 4 mil 621 casos de agresión sexual a menores de 18 años. De estos se judicializaron 1 mil 552 casos y solo 997 casos han tenido solución judicial.
Una hora y media después iniciado el taller, las mujeres todavía no acaban con su ronda de presentaciones. Poco a poco se abren heridas que usualmente no se hablan. El grado de dolor se manifiesta en lo cotidiano donde la violencia se esconde al punto de volverse casi imperceptible; natural. Discuten casos y cuentan sus experiencias:
“En mi cantón no se puede caminar después de las seis de la tarde”, se lamenta una. “A mi hija casi me la violan”, confiesa otra. “La vecinita tuvo que dejar de estudiar porque salió embarazada”, agrega otra voz. “Mi primera hija fue deseada, no por mí, sino por su papá”, revela una de las facilitadoras, “ninguno de mis hijos fueron planificados. Las hijas que él deseó las abandonó”, continúa. “Los hombres deciden qué hacer con su vida y a las mujeres nos dejan amoladas”.
Cada testimonio pone en evidencia la normalización de la violencia con la que se vive en El Salvador. Por eso al pronunciarla, al hacerle frente, muchas de las mujeres no pueden contener la emoción. Las palabras de aliento no tardan en acogerlas a todas. Tampoco fallan las miradas empáticas de aquellas mujeres que prefirieron guardarse el dolor. Entre más comparten, más se repiten las unas a las otras que lo que han vivido no es normal.
“El objetivo de la escuela es que las mujeres defiendan sus propios derechos, identifiquen los de las otras y los defiendan juntas”, agrega Herrera, quien fue guerrillera para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra civil de El Salvador. Con el fin de la guerra y los acuerdos de paz de 1992 nació el movimiento feminista. Herrera y otras mujeres guerrilleras son de las primeras en sumarse. Ellas lucharon en el conflicto armado por un mundo más justo a la par de los hombres y les tocó presenciar a esos mismos compañeros omitir los derechos de la mujer en el nuevo proyecto de nación. Desde entonces ellas luchan.
La Colectiva cree en que la transformación social tiene que venir primero de abajo. Por ello ofrece procesos de formación como la escuela feminista en territorios a lo largo del país. “Queremos que se apropien del movimiento feminista”, advierte Herrera. “Lo importante es que muchas estemos convencidas de la necesidad de luchar por todas.”
En esta escuela feminista se encuentran líderes comunitarias activas que compartirán la información con otras mujeres. Al cuestionar los paradigmas que conforman su vida, las mujeres buscan romper los círculos de violencia y empezar con lo más básico.
Una maestra de San Salvador exige que se le reconozca su derecho a vestir como ella quiere, porque hay hombres que hasta la ropa interior le compran a sus parejas para asegurarse de que no sean deshonestas. Una joven de 33 años con dos hijos se rehúsa a tener que ir por la sal a la hora de la comida. Otras deconstruyen los mitos de la planificación: que si las mujeres “son putas por planificar”, egoístas y malas madres. En los barrios de donde proceden las mujeres de esta escuela, si después de seis meses de casada “no se le ve la pancita, a las mujeres se les llama machorras”. No hay acción que sea insignificante.
Tras siete horas de conversación, las anécdotas no se han agotado, pero llega el momento de partir. Terminada la clase viene la tarea más difícil; poner en práctica la teoría. Araúz no esperaba que el taller fuese a ser tan desgarrador para las mujeres pero no le sorprende.
“Cuando una pasa por estos procesos aprende a poner límites y decir ‘esto no está bien’”, señaló después de la clase. Son estos talleres los que sirven para despertar conciencias e inspirar valentía.
Las palabras de una mujer tímida, nueva en estos procesos, son muestra del claro efecto que la escuela feminista quiere tener en las mujeres.
“Yo pasé maltrato verbal de mi esposo y ahora ya digo: ¡momento!”. Con lágrimas en los ojos agradece a las mujeres en el grupo por enseñarle a quererse y valorarse. “Sí se puede salir adelante”.
Este reportaje se realizó con el apoyo de International Women’s Media Foundation’s Reproductive Health, Rights and Justice in the Americas y Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Veracruz es la pista intocada en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte. Este reportaje, realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas, busca poner luces sobre las huellas que la PGJDF no ha querido seguir en la investigación del asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa.
Esta no es una investigación de lo que pasó el 31 de julio de 2015 en el departamento del cuarto piso de Luz Saviñón 1909. Sino el resultado de más de 50 entrevistas con periodistas de todas las regiones de Veracruz, activistas, abogados, amigos, colegas y familiares de Rubén Espinosa, para quienes la versión de que el día de su muerte estuvo “en el lugar y el momento equivocados” es, simplemente, increíble.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Presuroso un grupo de mujeres y hombres se mueven en el escenario del auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo.
–Así, así, jala más para arriba – ordena una joven a los que acomodan un cuadro con la imagen de la virgen de Guadalupe que mide casi tres metros de largo y uno de ancho.
La joven insiste, busca que las luces enfoquen bien ese punto para cuando se realice el acto religioso convocado por la iglesia católica a las seis de la tarde del viernes 26.
En la marquesina de este edificio público ubicado frente al Palacio de Gobierno, está el anuncio. La cuota de entrada para evento llamada «Encuentro con Dios», es de 200 pesos para los adultos. Niños entran gratis.
A este recinto, según su portal, tiene un cupo de mil 995 personas, incluyendo a diez asientos disponibles para gente de capacidades diferentes.
Uno de los trabajadores del edificio de gobierno, contó que en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, se han realizado cinco actos religiosos adentro del teatro.
Pero también otros eventos de asociaciones religiosas se han llevado a cabo en el Cinema Jacarandas, el cual pertenece al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
Amapola. Periodismo transgresor a través de una solicitud de información pidió al ISSSPEG el número de eventos religiosos en las instalaciones del antiguo Cinema Jacaranda. El instituto contestó que en la revisión «minuciosa» de sus archivos no se encontró información.
Pero el testimonio de los propios trabajadores de este complejo turístico, aseguran que si se han llevado este tipo de eventos en el antiguo Cinema, al que Protección Civil, ya una vez recomendó un reforzamiento en sus estructuras debido a su deterioro provocado por los sismos.
Astudillo y la Luz del Mundo
Astudillo a través de la Secretaría de Cultura, no solamente facilita el auditorio Sentimientos de la Nación para que las asociaciones religiosas realicen actos de culto pese a que se lo prohíbe la Ley de Asociaciones Religiosas, también presume sus buenas relaciones con dirigentes de algunas iglesias.
El 11 de mayo de este año, en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, el gobernador asistió a la inauguración de la tercera cumbre iberoamericana de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México(APEM), organización que está adherida a la Luz del Mundo.
En este evento estuvo, Rogelio Zamora Barrada, diácono de la Luz del Mundo.
Astudillo aparece en una fotografía al lado de Zamora Barrada y el hijo de éste, Rogelio Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM quien gestionó el préstamo del Palacio de Bellas Artes para que se realizara un homenaje al máximo líder de esta iglesia, Naason Joaquín García.
Nasson a quien los de la Luz del Mundo lo consideran como su apóstol, está siendo procesado en California, Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas, abuso sexual, pederastía y producción y distribución de pornografía.
La noche del 15 de mayo cuando en Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se realizaba el homenaje al líder de la Luz del Mundo, Joaquín García, aquí en el zócalo de Chilpancingo, hubo una concentración de cientos de fieles de esta iglesia para presenciar la transmisión del reconocimiento que se le hacía a su líder a través de una pantalla.
En una solicitud de información que se le hizo al ayuntamiento, la unidad de trasparencia, contestó que de octubre del 2018 a junio de este año, se han realizado diez actos religiosos en la plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac a distintas asociaciones religiosas.
Destacan la de la Luz del Mundo, con dos eventos.
Uno el 21 de abril, en donde los jerarcas de esta iglesia realizaron un bautismo.
Fue colocada una alberca inflable de más de tres metros de largo y uno dos metros de ancho en donde los fieles recibían en su cuerpo las aguas, según bautismales.
«Inmoral e ilegal» actos religiosos en edificios públicos
Para el académico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UAG, Duval Reyes Guerrero, no sólo son ilegales sino «inmorales» los actos religiosos que realizan diversas asociaciones religiosas en edificios públicos autorizados por el gobierno.
Sin embargo, señala que tanto a los políticos como a los que están en el gobierno les conviene mantener esa relación con los representantes de las iglesias.
En su lógica, el investigador universitario, la mayoría de los políticos utilizan un mensaje apocalíptico para convencer a la gente, usan la figura de el salvador.
«Ahí tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre ha utilizado ese mensaje (apocalíptico) y por eso algunos intelectuales como Enrique Krauze lo han calificado como un «mesías».
Por esas razones, dice el investigador, es insana la relación que existe entre los hombres del poder y los representantes de las iglesias religiosas; «porque ambos manejan el mismo discurso manipulador».
Reyes Guerrero planteó la necesidad de que los funcionarios públicos respeten la ley no permitiendo el uso de los edificios públicos para actos religiosos.
En el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas, establece que los actos de culto religioso se celebraran ordinariamente en los templos, pero sólo se podrán llevar a cabo fuera de ellos ( de los templos) en casos extraordinarios, a través de medios de comunicación no impresos previa autorización de la Secretaría de Gobernación.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Global Witness registró el año pasado en el mundo 164 asesinatos de defensores del medio ambiente; la ONG señala que el origen de los ataques está en la “imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades”.
Julián Carrillo, activista rarámuri de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fue asesinado el 24 de octubre de 2018. Cinco miembros más de su familia perdieron la vida de forma violenta en los últimos dos años y medio. Todos ellos defendían el territorio de diversos proyectos extractivos, incluida la minería. Se trata de uno de los 14 ambientalistas que perdieron la vida a causa de su labor durante el pasado año, según recoge un informe de la ONG Global Witness.
México es el sexto país más peligroso del mundo para los activistas que defienden el medio ambiente, según este informe, que documenta el asesinato de 164 defensores del medio ambiente durante 2018. Hace un año, el país se encontraba en cuarto lugar y registró un total de 15 homicidios de ambientalistas.
Filipinas (30 defensores muertos en 2018), Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16) y México (14) encabezan el ranking de países en los que denunciar actividades como la minería, los proyectos hidroeléctricos o la explotación forestal puede resultar más peligroso.
El informe analiza datos de 2018, que en México coincide con la última etapa de mandato de Enrique Peña Nieto y el primer mes de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada con Global Witness a través de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, alerta que las actitudes de criminalización no se han erradicado con el nuevo gobierno.
Sin embargo, cree que existe “una oportunidad de que se empiecen a construir políticas de avanzada. Hay algunos integrantes de la administración que son sensibles al tema y, ojalá que entre la secretaría de Gobernación, la de Medio Ambiente y el Congreso se pueda empujar junto a sociedad civil algunos pasos claros”.
“De los países que ocupan los primeros lugares, cuatro son de América Latina. Esto nos indica que la región sigue siendo una de las más violentas en temas de criminalización”, dice Sánchez.
En su opinión, esto puede explicarse porque “hay una sociedad civil mucho más estructurada, más organizada que en otras regiones, y que se vuelve un blanco para los intereses de quienes quieren acceder a los recursos de manera ilegítima en los territorios”.
Un asesinato cada tres semanas
Uno de los principales datos que revela el informe es que cada tres semanas un ambientalista fue asesinado en alguna parte del mundo.
“Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchas más personas fueron silenciadas a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, dice el documento.
La minería y las industrias extractivas están a la cabeza de la conflictividad en todo el mundo, estando presentes en 43 de los 164 asesinatos de defensores. Le siguen la agroindustria (21), el agua y las represas (17), la explotación forestal (13), la caza ilegal (9), la pesca (2) y la energía eólica (1). No obstante, en 55 de los casos no había un vínculo claro con ningún sector.
La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores; pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos.Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes, dice el documento.
Sigue leyendo este trabajo completo y consulta el informe en Animal Político
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
A sólo 10 minutos de Chilpancingo hay un respiradero natural. Un espacio de conservación donde hay decenas de especies de árboles, algunos en peligro de extinción como el linaoe. Hay yuka de la india, mangos, limones, tamarindos, guayas y bambús. También diferentes tipos de mariposas, insectos y cultivos. Es una apuesta por cambiar los hábitos de la gente que dañan al ambiente. Un lugar para la consciencia ambiental.
Texto y fotografía: Vania Pigeonutt
30 de julio del 2019
Mariposas amarillas, anaranjadas y blancas sobrevuelan el terreno de las milpas que ya crecieron de tres a cinco centímetros sin ningún fertilizante químico. Tres jóvenes voluntarios arrancan la maleza donde viven chapulines multicolores. Con un machete de garabato dejan libres a las milpas para que sus elotes florezcan sanos y grandes en noviembre. La conciencia ambiental llega a estos chicos sembrando y amando la tierra.
Ranchito Viejo es un parque de educación medioambiental que funge también como un pulmón en la comunidad de Petaquillas: la más grande de Chilpancingo, capital guerrerense con varios problemas en el aire, agua y la misma tierra. En este lugar, que surgió como un proyecto familiar hace 33 años y tiene un total de 13 hectáreas, hay manos voluntarias de chavos que pretenden rehabilitar un terreno de dos hectáreas.
Los problemas de Chilpancingo van desde la acumulación de basura, la contingencia ambiental de mayo por la contaminación en el aire –por incendios forestales–, y de conservación de espacios verdes, por mencionar sólo algunos. Para contrarrestar los efectos, este domingo de julio, Biyú, Otikio, Dinora y Rafael preparan compostas orgánicas, remueven la maleza de las milpas y se organizan para sembrar cempasúchil.
Visto desde la entrada, a la que llegas por un camino serpenteado de tierra, el área de conservación es un paraíso natural de varias tonalidades, sobre todo verdes: hay manantiales, presas artificiales, cocinas y baños ecológicos; varios animales: peces tilapia, iguanas, conejos, patos silvestres, tortugas, hasta venados que bajan a tomar agua en tiempo de sequía.
Se observa el área de compostas orgánicas a las que también alimentan con lombrices rojas californianas; de sus heces hacen parir en forma natural decenas de frutos libres de químicos. Árboles de guayas, una fruta de pulpa; mangos, chico zapotes, zapotes blancos, parotas, pinos, cirianes, litches y huamúchiles.
Cerca de un enrejado de bambús está el Centro de acopio de desechos sólidos urbanos, un lugar donde disponen pet, cartón, vidrio, pero ya clasificados. También hacen ecoladrillos: botellas rellenas de bolsas.
¿Cómo nace Ranchito?
En 1987 Saúl López López pensó este sitio como un lugar de descanso. Debido a su ubicación, alejada del bullicio y la contaminación, el profesor que trajo a Ranchito Viejo a decenas de estudiantes de diferentes carreras, preparatoria, secundaria primaria hasta preescolar, llegaba a descansar, disfrutar de los árboles que crecían rápido, gracias a la tierra sana. No era para enseñarle nada a la sociedad, más bien era para los días de campo.
López López empezó a sembrar arbolitos en la parte de abajo del terreno porque es donde podía traer un poco de agua con la camioneta que tenía, una combi. Cerca del río Huacapa que comienza en Petaquillas hay una torre que mide como 20 metros y hasta arriba tiene un tambo, allí había una bomba mecánica para traer agua de un manantial. El maestro bombeaba al tambo hasta el Ranchito: el agua caía por obra de la gravedad. Pronto el lugar albergaría decenas de ecosistemas.
“Hubo un viñedo para empezar, necesitaba muy poca humedad. En la parte de esta zona, tenemos fotografías, se dio el viñedo muy bien. Todo se da, no importa de qué región sea, siempre se va a dar, claro, siempre y cuando le des el cuidado y mantenimiento que requieren. A lo mejor no te da la misma cantidad de lo que te da la montaña que aquí por el cambio de clima”, relata Oti.
Para lograr este parque ecológico donde ya hay kayaks y cocinas ecológicas para guisar los pescados que siembran, “todo fue ensayo y error: así es como se triunfa en la vida, tienes que ir experimentando. Primero se llevaba el talud, se fue estudiando de por qué ese talud no soportaba. Se fue haciendo más ancho, salidas, vertedores, para que llegando a cierto nivel liberara el agua y no generara tanta presión”.
Con los años se fueron construyendo los tres manantiales, dice Oti. Ya con el aprovechamiento de recursos en Ranchito empezaron las visitas guiadas. Ellos les dicen a los estudiantes, sobre todo, lo que hacen y cómo lo hacen.
“Enseñamos los diferentes tipos de siembra: con semilla, codo injerto, dependiendo del grupo qué es lo que quiera en ese tema nos enfocamos más, lo que les interesa más: tipos de semilla, estaca, espolón. Vamos entrando más al tema. Hacemos compostas: la simple, en cada jardín, y una más elaborada, que aprovechamos el lixiviado, enriqueciéndola con la lombriz roja, que es la que se reproduce más rápido en corto tiempo”, explica.
Son las 13:00 horas y es hora de almorzar. Sobre la mesa, a un costado de una pequeña cabaña desde donde se ven las decenas de especies, colocan carnitas y el grupo combina el espacio de trabajo a una convivencia donde no hay desechables. Las estufas ecológicas están en desuso, pero cuentan que han hecho comida para varios mientras ven las sábilas, la yuka o el árbol de canela o lináloe que los custodia mientras comen y trabajan.
En Ranchito la finalidad es ofrecer: “un referente de desarrollo rural integral en el que se impulsen como actividades centrales la producción orgánica de alimentos y la educación/capacitación ecológica, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y aumentar la conciencia social respecto al cuidado y protección del entorno ecológico”, se lee en los objetivos que prometen en su página en internet.
¿Cómo mejorar la cultura medioambiental?
A inicios de mayo, la Secretaría de Salud en Guerrero, emitió recomendaciones ante la «contingencia ambiental» por el humo ocasionado por los incendios forestales, sobre todo al gran incendio de la comunidad de El Calvario. Este y otros problemas son atribuidos por los voluntarios a los malos hábitos de consumo.
La faena está casi terminada. Las semillas de cempasúchil listas para ser usadas, pero ellos descansarán un poco y regresarán a la faena el próximo domingo. Rafa, el biólogo experto en la tierra, reflexiona sobre lo que compramos, porque dice: sí, en efecto hay un problema de acumulación de basura –en Chilpancingo se recolectan 40 toneladas diarias– y de tierras infértiles, pero tiene que ver con el sistema.
“Todo este rollo de la basura es un monstro más grande. Es el hábito de lo que consumes, y el consumismo como tal es bloque de un sistema en el que estamos viviendo. Atender el tema de la basura es cambiar un chip. Compro un té de menta en el mercado con las hierbitas y con eso ya no contamino, pero hay gente que sí tiene: yo me chingué en la escuela, porque yo estoy en un sistema de competencias, entonces voy a prenderle al boiler a través del piloto. Aunque ese es un lujo: es una necesidad de lo que hay que cambiar. La gente tiene que replantearse sus necesidades, y mejorar sus hábitos de consumo”, considera.
El sembrar hortalizas en casa no garantiza tu seguridad alimentaria. “Por eso es importante no hacerlo de forma individual, sino que aprendas a hacer comunidad. Aspirar a ser un consumista responsable. Es algo que podríamos empezar a cambiar. Quitar kilos de basura al mes”.
Para el ambientalista Octavio klimek Alcaraz, cambiar los malos hábitos ayudaría desde la cultura. Desde la fotografía, los libros, la escultura y la pintura: las bellas artes como una forma de resistencia. “Necesitamos alguna forma de seguir en esa escuela, tenemos que convencer a la gente; incentivarla desde la poesía ligando a la conexión de la naturaleza, del respeto y la conservación. No creo en prácticas punitivas para generar consciencia”.
Ricardo Pérez Carmona, presidente del Colegio de Biólogos, considera que sí debe haber acciones desde la política pública. Para él el tema ambiental está abandonado. “Creíamos en el tema de la basura, que se limita a separarla, cuando si no hay un sitio de disposición final que separe lo orgánico de lo inorgánico, no sirve de mucho”.
La basura producida por los hospitales, por los restaurantes y las casas es distinta, y desde ahí se va generando un problema: toda va junta. “Las acciones ciudadanas no dejan de ser acciones, como dejar de usar popotes, uno tiene consciencia ambiental y puede hacerlo. Pero esas acciones no cubren un total de necesidades: de qué sirve que depares la basura; si el ayuntamiento no dispone de sitios para generar abonos orgánicos, compostas”.
Hay una planta de aguas residuales sin servir, y el ayuntamiento aún paga millones de pesos en luz para 16 bombas que bombean agua del sistema más grande: Acahuizotla.
Los bambúes de Ranchito Viejo parecen despedirse como en forma de custodia cuando sales. Son árboles que requieren poca agua. La grandeza del lugar también consiste en saberlo aprovechar. La reflexión con la que se despiden los voluntarios es ser voluntario mismo, porque de otro modo la incidencia de cambio no ocurrirá.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Otikio Carballo, un mecánico y biólogo de 32 años sigue las enseñanzas de Saúl López López, el artífice del proyecto: un maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), pionero en la preservación de los suelos, la reforestación y la búsqueda de opciones para cambiar la cultura de cuidados a la naturaleza.
La primera actividad en este domingo para Oti, como le dicen sus amigos, es vaciar el desperdicio orgánico que trajo desde Chilpancingo: preparan compostas el fin de semana, porque los demás días tienen otros trabajos. Él y Biyu Marcos, un administrador de empresas que cree que sólo con manos voluntarias lograrán fertilizar la tierra, vacían las cáscaras de huevo, jitomates podridos, cáscaras de frutos cítricos y demás materia, colocan un sustrato de tierra y dejan que haga su proceso natural de descomposición.
“Tenemos una primera etapa: la composta se hace poniendo una capa de sustrato, ya sea tierra, estiércol de cualquier animal, luego va una capa de materia orgánica. Se le puede ir humedeciendo un poco para ir desintegrando la materia. Cada semana se va traspaleando. En un mes está listo para usarse”, dice.
Mientras Rafael Organista, un biólogo especialista en la preservación del suelo vacía las cubetas de desperdicio en el área de compostas, llega Dinora Sinsed, una chica de 27 años de edad que de las relaciones públicas pasa a la agricultura porque le gusta y cree que son ellos, los jóvenes, quienes generarán la consciencia para que en cada casa la gente entienda que debe de cambiar sus hábitos. El equipo está completo. Va a sembrar.
“Lo que hace es enriquecer la tierra a la hora de sembrar. Para preparar un jardín haces tu composta, siembras. Enriquecido, no corre el riesgo de que se descompongan las plantas. Los fertilizantes químicos sí queman porque es demasiado, éste es un abono balanceado: la planta solo toma lo que necesita”, explica Oti mientras recuerda que en el parque también hay zorrillos, armadillos e insectos que jamás había visto.
Son una nueva generación que cree en que sembrando y conviviendo con la naturaleza, la conexión y el compromiso con la Tierra será otro. “Necesitamos voluntarios, más gente que chambeando agarre la onda de que estamos destruyendo la vida. Estar aquí te cambia la visión”, dice Biyu mientras agarra la pala y se dispone a trabajar el campo.
Este domingo se llevó a cabo en Los Pinos la tercera subasta de objetos incautados, principalmente, al crimen organizado (una subasta más fue de vehículos oficiales). Esta vez las ganancias obtenidas por joyas, alhajas, clips, plumas, hebillas y relojes serán destinadas a mejorar caminos rurales de Michoacán. Pero en el país de la inseguridad ¿quién compraría un reloj de 3 millones de pesos?
La puja más emocionante de la tarde es por un reloj para hombre de la marca Corum, con caja de oro blanco de 18 quilates, 111 diamantes, un brillante y pulso de piel. El precio de salida del cronógrafo es de 87 mil 200 pesos. En cuanto es anunciado por el subastador, un joven levanta su paleta para señalarse como interesado, él y sus dos acompañantes se han llevado varios lotes de joyas, principalmente oro.
Filas adelante, otro postor levanta la paleta e inicia una intensa competencia por el reloj Corum, que al final del día los asistentes recuerdan por tener la imagen de dos caballos con incrustaciones de diamantes. La pieza pasa rápidamente los 100 mil pesos y luego, de a poco llega a 150 mil. Los paseantes curiosos rodean las carpas de la subasta, aplauden y gritan emocionados cuando el precio aumenta.
Esta es la cuarta subasta pública organizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del SAT y la tercera que se realiza en Los Pinos de objetos incautados (la primera fue en Santa Lucía yse subastaron vehículos oficiales). La venta del día son más de dos mil artículos divididos en 153 lotes. La mayoría de fueron confiscados por la antigua Procuraduría General de la República a la delincuencia organizada. Abundan los diamantes, los “san juditas”, las referencias a la marihuana y una que otra bala extravagante.
“No lo vale, ya están pujando solo para ver quien tiene más dinero”, comenta sobre el reloj de caballos un comerciante de oro de Guadalajara que ha comprado una docena de lotes.
El trío de jóvenes acepta la derrota cuando la pieza llega a 202 mil 500 pesos. El comprador echa un gritito de victoria y los moderadores lo felicitan. Los jóvenes se dan palmadas de consolación. Pero no todo es en vano, dos horas más tarde el grupo se lleva un reloj suizo Patek Philippe Geneve por un millón de pesos, la venta más alta.
Aunque en total, las dos mil piezas de joyería y relojes, estaban valuadas en 21 millones de pesos, se recaudó poco más de 10. Solo se vendió el 70 por ciento de los lotes. Además los postores se mantuvieron alejados de las joyas más extravagantes, como un reloj Piaget con 226 diamantes con precio de salida cercano a los tres millones de pesos, que no fue vendido aun cuando se subastó dos veces.
El monto preciso de lo recaudado será anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes y los fondos serán destinados a remodelar carreteras rurales en Michoacán. En las pasadas ediciones, una de autos de lujo y otra de propiedades, el dinero fue entregado a comunidades marginadas de Oaxaca y Guerrero, respectivamente.
Ricardo Rodríguez Vargas, encargado de la subasta, explica que las piezas fueron obtenidas en decomisos hechos por la entonces Procuraduría General de la República, y cuenta que una pieza fue devuelta al SAT por un funcionario público que la había recibido como regalo.
Rodríguez también explicó que esta será, probablemente, la última subasta temática y que las siguientes combinarán propiedades y bienes inmuebles. Y dijo que aunque hubo una menor participación de compradores, solo 70, las subastas siguen siendo una buena opción para la recaudación y que esperan que con el tiempo se desarrolle una cultura de subasta entre la ciudadanía.
A unos pasos de la subasta, las joyas estuvieron en exhibición en el edificio Venustiano Carranza, donde los visitantes al complejo cultural Los Pinos pudieron ver las joyas de cerca.
— ¿Si pudiera comprar cualquier cosa, qué se llevaría?
— El reloj este, de los tres millones (el de los 200 diamantes) — contesta Mariana, una mujer de mediana edad que recorre la exhibición con sus tres hijos adolescentes.
“Podría andar con él en la muñeca y si alguien me pregunta les puedo decir que lo saqué de Tepito, y sí me creen”, asegura.
Antonio y Jesús Gaspar, padre e hijo originarios de Oaxaca, también ven las joyas con asombro.
“Cuando era joven si compraba mis joyitas, me gustaban las cadenas y los anillos”, dice Antonio quien está de visita en la casa de su hijo radicado desde hace años en la Ciudad de México.
“Lo veía como una inversión y un gusto pero me fueron robando todo, ahorita no saldría con nada a la calle, la inseguridad está muy dura, yo si me pregunto quien puede andar en la calle con estas cosas”, dice.
Su hijo interviene: “Pues solo ellos (los narcotraficantes) son los únicos que pueden usarlas, quien crees que se las va a ir a quitar?”, dice Jesús.
La larguísima fila de visitantes que esperan entrar a la sala de las joyas obliga a los organizadores a apresurar la visita, las personas se aglomeran en las dos vitrinas que guardan las joyas más caras.
— ¿Usted sabe si ya vendieron este reloj de los caballos, o porqué todos le toman fotos? — pregunta un policía que cada par de minutos tiene que ayudar a apresurar a las personas a seguir su recorrido.
— Se lo pelearon como 20 minutos, lo compraron en 200 mil pesos.
— , pues para todo hay gustos porque está refeo.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
%2011.13.40.png)
%2011.14.02.png)
%2019.00.23.png)
