En los primeros seis meses del gobierno de AMLO las cifras de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas registradas en el informe “Defender los derechos humanos en México, ¿fin de la impunidad?” muestran que del gobierno de EPN al actual, los ataques disminuyeron. Sin embargo, no se han logrado erradicar estas violencias y las medidas de prevención y protección actuales son insuficientes, denuncian activistas
Según cifras recabadas del 1 de junio del 2018 al 31 de mayo de 2019 las agresiones a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos disminuyeron, pero las medidas del actual gobierno para erradicar estas prácticas son insuficientes, advierten activistas.
El informe abarca tanto el último semestre del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto como del gobierno Andrés Manuel López Obrador.
En el informe “Defender los derechos humanos en México, ¿fin de la impunidad?”, realizado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la desaparición forzada refleja que durante los doce meses hubo 64 eventos con 822 actos durante los últimos meses del gobierno de EPN y 41 eventos con 331 actos durante los primeros meses del gobierno de AMLO
En ambos periodos la población más afectada de ejecución extrajudicial es la indígena.
“Una de las diferencias más significativas entre ambos periodos es que en los últimos meses del gobierno de EPN el uso de las detenciones arbitrarias benefició a los gobiernos estatales, mientras que en los primeros seis meses de AMLO se benefició a particulares”.
Alejandro Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACCUDEDH) denuncia que las medidas de AMLO han sido insuficientes:
“Han sido insuficientes las medidas del mecanismo federal de protección a defensores brinda el nuevo gobierno, ya que hubo ejecuciones extrajudiciales de defensores en derechos humanos y periodistas asesinados. Ante la cifra dura queda claro que es insuficiente las medidas que toman; también queda claro que no es su prioridad y el mecanismo demuestra su insuficiencia desde contratar a una empresa privada que brinde sus medidas y no hacerse cargo el gobierno federal”.
El defensor explica que no sólo son insuficientes los métodos de las medidas sino también los de análisis de riesgo que les realizan a personas defensoras y periodistas y que esto es grave ya que el análisis de riesgo es fundamental porque determina qué hacer
“Al no haber capacidad en los análisis de riesgo, al reciclar a todos los funcionarios del sexenio anterior del mecanismo de protección federal, eso limita y vuelve insuficiente una política de estado respecto a los derechos de las personas defensoras y los periodistas”.
Al tener un marco legal ACCUDEH pronostica que se fortalecerá el mecanismo federal actual, se crearán mecanismos locales y además la investigación será un punto fuerte para terminar la impunidad y para la no repetición de las agresiones.
“Que jamás suceda una violación más a los derechos humanos, eso sería transformar. Al gran problema que tenemos le deben dar una solución así de grande” dicen activistas en el Centro Cultural Universitario en la UNAM, durante la presentación del informe.
Lo que sigue
Para Alejandro la respuesta a esta ineficiencia debe ser la organización porque sin ella no se logrará nada:
“Si los defensores y los periodistas no se organizan, no exigen de manera conjunta al gobierno federal y al legislativo medidas concretas para crear una política pública que beneficie a ambas poblaciones será irreal todo lo que pidamos y el gobierno no nos tomará en cuenta”.
“Y recuerda que quienes entran a esta labor deben exigir el cumplimiento total de los estandares internacionales en materia de protección”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Según la organización no gubernamental Consorcio Oaxaca, 334 feminicidios han ido perpetrados en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, 88 de esos fueron hasta mitad de agosto de este 2019.
De los 334 que calcula Consorcio, 119 asesinatos a mujeres por razón de género sucedieron desde la activación de la llamada “Alerta de Género” el 31 de agosto 2018.
El informe de la ONG mencionada, calcula que la región de los Valles Centrales de Oaxaca es la más peligrosa para las mujeres, siguiendo este indicador, allí fueron asesinadas 73 de las 334.
El Istmo es la segunda región con más riesgo, según los datos, 68 feminicidios han tomado lugar allí; la Costa contó 54, la tercera parte del estado con más violencia contra mujeres.
Por otro lado, según datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su Reporte de Incidencia Delictiva para los meses entre enero y junio 2019, los primeros seis del año, fueron 168 los asesinatos de mujeres que han sucedido.
Esto es casi una mujer diariamente (cada 26.6 horas).
Además, en lo que va de la administración de Alejandro Murat, han sido asesinadas 291 mujeres entre 2017 y hasta abril del 2019, sin contar el primer mes del gobernador en 2016.
No obstante, ése dato es irreal, ya que en el reporte de Incidencias Delictivas de la fiscalía estatal no suman los asesinatos a mujeres etiquetados como “homicidio culposo”, cifra que, de enero a junio 2019, contó 87 víctimas femeninas, el 19% de todas las víctimas de homicidio culposo.
Si las cifras de “homicidio culposo” de 2017 y 2018 siguieran la pauta de los cuatro primeros meses del 2019, serían 318 más mujeres asesinadas. Esto daría un total de 609 mujeres a las que les han quitado la vida en el período de gobierno de Alejandro Murat, hipotéticamente, siguiendo la estadística de la Fiscalía.
La LXIII legislatura del Senado de la República, en su informe “Asesinatos de mujeres en México”, Oaxaca se ubica en la quinta entidad más riesgosa para la vida de las mujeres en el país.
Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero serían antes que Oaxaca.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Página 3 y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
La empresa Banca Mifel desalojó al inquilino Carlos Acuña de su departamento, quien tenía contrato vigente y dos amparos para protegerse. Es parte de una batalla que ha durado años en la que los vecinos del icónico edificio Trevi en el centro de la Ciudad de México luchan por su derecho a permanecer en sus hogares
Texto: Arturo Contreras Camero /Pie de Página Foto: María Fernanda Ruiz
21 de agosto del 2019
Después de más de un año de lucha, Banca Mifel, una empresa de servicios financieros, desalojó al periodista Carlos Acuña de su departamento en el icónico edificio Trevi, frente a la Alameda Central. Este es el tercer desalojo en la ciudad luego de que el Congreso local modificara el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que brindaba una protección a los ciudadanos ante el riesgo de ser desalojados.
Carlos Acuña tenía un contrato vigente, y a pesar de que su arrendatario ya no recibía el pago de sus rentas, él las siguió pagando ante un juez para no caer en incumplimiento. Además, había tramitado un par de amparos para prevenir su desalojo y estaba en negociaciones con representantes de Banca Mifel para que no lo desalojaran.
“Esta mañana a las once am llegó un grupo de 20 personas, cargadores, acompañados por un notario a dar fe de que tenía que ser desalojado”, dice el periodista en plena calle sentado en un banco que solía estar en su casa. Alrededor de él, hay una base de cama, libreros, estantes y demás muebles. “Ellos (la empresa) han interpuesto juicios en mi contra, chuecos. Me acusan de falsificar mi propia firma o de no pagar rentas, que están consignadas en el juzgado 42”.
Además de haber sido desalojado, Carlos señala que recibió amenazas directas de la abogada de la empresa. “Que tenía que pagar los daños a la imagen que había causado a Banca Mifel, y a Público trabajo, pero bueno, yo hoy estoy aquí en la calle”.
Desde hace más de un año, Banca Mifel anunció a los vecinos su intención de comprar el edificio para convertirlo en un hotel boutique y en oficinas de coworking, espacios de trabajo abiertos y comunitarios que forman parte del modelo de encarecimiento y desplazamiento de los centros urbanos alrededor del mundo.
Cuando se enteraron, los vecinos y locatarios del edificio intentaron comprar el edificio, pero no pudieron juntar los 80 millones de pesos que la empresa les pedía. Después de ello, cada inquilino y arrendatario intentó negociar con la empresa para comprar su parte del inmueble, un departamento o un local, pero la empresa se negó. Era todo o nada.
Carlos es el primer vecino que desalojan del edificio, de los de por sí pocos que aún viven ahí. “Yo no soy el único ni el más vulnerable. Yo tengo capacidad para reconstruir mi vida, pero dentro del Trevi hay personas que son de la tercera edad, que si las lanzan a la calle, prácticamente las están matando”.
Desde julio, Carlos ya había tenido una primera amenaza de desalojo, sin embargo, las vacaciones de verano de los tribunales de la ciudad lo impidieron. Al no haber jueces que autorizaran el desalojo, éste no se llevó a cabo. En esa ocasión, Carlos y sus vecinos recibieron notificaciones previas, como marca la ley. Lo que les permitió generar una estrategia de defensa vecinal. Pero esta vez no fue así. La empresa no notificó del desalojo.
La amenaza de la nada inmobiliaria
Desde hace un par de años la Ciudad de México es testigo de cómo empresas de construcción inmobiliaria se han hecho de edificios viejos, cuya propiedad no es clara, para crear plazas comerciales, oficinas o departamentos de lujo. Este proceso arrebata hogares a los habitantes de los edificios y promueve la gentrificación.
Ante ello, Carlos y otros vecinos que están en riesgo latente de ser desalojado se organizaron bajo el Observatorio Ciudadano 06000, que orquesta acciones de defensa, patrullaje y acompañamiento ante la amenaza que tienen sus miembros de perder sus casas.
“Lo que hicimos nosotros con la plataforma es reconocer que estos no son hipsters contra vendedores ambulantes o paracaidistas. Son conflictos de empresas que nos están arrebatando la ciudad a todos por igual. Vivimos en una ciudad donde la nada lo está devorando todo”, cuenta Carlos.
El periodista cita a la socióloga Saskia Sassen para explicar este fenómeno. Éste es un proceso de neocolonización – explica– un proceso de apropiación del suelo por parte de empresas.
“Lo que está pasando en la ciudad es equiparable a lo que pasa en el mundo con la extracción minera. Llegan a un territorio, despojan a la gente de sus tierras y la explotan hasta dejarla completamente estéril”, asegura. “En Italia tienen una metáfora para explicarlo: hay una nada que está avanzando, que está devorando todo, acabando con la belleza y la humanidad. Todo queda vacío”.
El desalojo, sin embargo, no deja a Carlos ni a sus vecinos sin aliento de lucha. Después del desalojo, el periodista y sus vecinos invitaron a toda la comunidad del centro a tomar la calle del edificio como una protesta pacífica.
“No nos faltan ganas de romper cosas y rayar paredes, pero creo que no son las proporciones. Por eso queremos hacer una fiesta para la comunidad. Demostrar que somos pacíficos. Traer música, traer vecinos. Demostrar los afectos de quienes nos están cuidando. No dejar que las empresas terminen con este sentido de comunidad”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pide
En Guerrero, 5 mil 56 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos
Esta entidad concentra el 44 por ciento de desplazados que ha habido en el país
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Arturo de Dios Palma
21 de agosto del 2019
El primer desplazamiento masivo ocurrió el 21 de abril del 2011. Las familias Santana Villa y otras de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, tuvieron que desplazarse a Puerto las Ollas, del mismo municipio en la región de la Tierra Caliente. El motivo: una ola de asesinatos de líderes ecologistas que resguardaron el bosque hasta esa fecha.
El detonante fue el asesinato de Rubén Santa Alonso, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), ocurrido en febrero de ese año. Después otros homicidios– incluidos el de su esposa Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana, en noviembre deL 2012–, obligaron a esas familias a desterrarse hasta Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, donde viven desde hace ya seis años.
La violencia en La Laguna se incrementó tras el asesinato de Rubén Santana, quien se oponía junto a Juventina a la tala de los bosques; ese asesinato fue cometido el 18 de febrero del 2011. Al asesinato de Rubén siguió la de su hijo Sergio Santana Villa, el 17 de abril en compañía de dos amigos. Después, el 5 de mayo fue asesinado Jorge Delgado Salgado, yerno de Rubén Santana y Juventina Villa.
Tras esos asesinatos, amenazas constantes, y hostigamiento la familia Santana Villa y otras familias llegaron a Puerto las Ollas. El gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que empezaba su gestión, no atendió enseguida las demandas más básicas que hacían las organizaciones que acompañaron a este grupo: los derechos a la vida y a la integridad personal, a la salud y la alimentación, a la vivienda, al acceso al trabajo, a la educación y sobre todo, acceso a la justicia.
Manuel Olivares Hernández, director del Centro José María Morelos y Pavón, quien junto al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) acompañaron a los desplazados, alertaba de uno de los principales problemas actuales de Guerrero: el desplazamiento forzado interno. Así, con su nombre completo, decía que si a los primeros no los atendían, el efecto sería un dominó.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe de 2018, puntualizó la cifra que Olivares advertía que crecería desde 2012. Tan sólo en 2018, 5,056 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos. Pero entre 2006 y 2017, la violencia en México empujó a 329.917 personas a vivir fuera de sus comunidades. Lo que aumentó hasta 338, 405 para 2018 en México.
Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), la OCESPCC alertó de las amenazas en su contra. No fueron escuchados. Los campesinos fueron emboscados en circunstancias similares por paramilitares, según denunciaron, que vivían en las comunidades aledañas de Dolores y Los Ciruelos: la disputa era por el territorio y la madera.
En toda esa franja serrana de la Tierra Caliente que colinda con municipios de la Costa Grande, como Petatlán, ocurrieron llamados de alerta desatendidos, como el asesinato de otro líder ecologista, Javier Torres Cruz, quien fue asesinado en una emboscada el 18 de abril del 2011.
Un problema desatendido en aumento
Antes, en 2009, Torres Cruz fue secuestrado por militares– según denuncias de sus deudos– y entregado a gente de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán, procesado por narcotráfico. Torres denunció a Rogaciano Alba de ser el autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa. Este antecedente sembró las condiciones para la posterior desaparición de Marcial Bautista y Eva Alarcón, en diciembre del 2011.
Los primeros desplazados de abril de 2011 que llegaron a La Laguna, eran 107 personas, la mayoría niños. Recibieron hasta 2012 una Misión Civil de Observación compuesta por organizaciones sociales y la comisión de derechos humanos guerrerense, que llegaron resguardados por militares.
Eran dos mujeres embarazadas, 77 menores de 18 años: 34 eran menores de 5 años viviendo a la intemperie. El desplazamiento inició la noche del 21 de abril.
“La dificultad que representa mantenernos desde hace cinco meses en Puerto Las Ollas, donde no pudimos sembrar, donde no hay empleo, ni maestro para nuestros hijos, ni mucho menos personal médico y medicinas para atendernos nos empuja a tomar esta decisión que pone en riesgo nuestras vidas. Sólo recibimos un poco de despensas en el mes de mayo, que nos duraron 3 semanas. Ahora no tenemos comida ni dinero para comprarla”, explicaban en un comunicado.
Traídos a la actualidad, dice Olivares Hernández, estos hechos hablan por sí solos. De una desatención que se ha prolongado y acentuado, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores. En su gobierno, pese a ser Guerrero, junto a Chiapas, los únicos estados a nivel nacional que cuentan con una ley local para regular el desplazamiento forzado interno, el problema se incrementó.
De enero a diciembre de 2018, la CMDPDH registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, los cuales se estima que han afectado a por lo menos 11,491 personas. Estos desplazamientos ocurrieron en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades. De estos más de la mitad, 13, ocurrieron en Guerrero.
Al estado le corresponde el 44 por ciento del total de la población internamente desplazada. Después está Chiapas, con 5,035 personas desplazadas, que representa el 43.82 por ciento del total. Ambos estados, con los mayores índices de pobreza del paíz, representan el 87.82 por ciento. En un lejano tercer lugar está Sinaloa, que con 860 víctimas representa el 7.48 por ciento del total de personas desplazadas durante 2018.
Las 22 comunidades de los ocho municipios afectados en Guerrero el año pasado, son colindantes a los hechos de los primeros desplazamientos registrados y se ubican en la misma franja que las organizaciones alertaron a las autoridades, debían atender.
En San Miguel Totolapan, Tierra Caliente: Laguna de Hueyanalco, San Bartolo, Jimotla, Las Ventanas; en Leonardo Bravo: Corralitos, Carrizal de Bravo; en General Heliodoro Castillo (Filo de Caballos): Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco; Eduardo Neri: Las Palmas; Zitlala: Tlaltempanapa; Apaxtla: San Felipe del Ocote (San Felipe), San Pedro de los Limones; Ajuchitlán del Progreso: Los Horcones, Las Mesas de Cerro Azul Petatlán El Zapotillal, Las Canalejas; y en La Unión de Isidoro Montes de Oca no se específico la población.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por no respetar los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.
La familia de Mariano Abarca, asesinado por oponerse a la operación de la minera canadiense Black Fire en su comunidad, interpuso una apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación sobre el asesinato del ambientalista.
“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no sólo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo ante la prensa Uriel Abarca Roblero.
Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.
Hermano y padre de Mariano Abarca, acompañados del activista Gustavo Castro. Foto: Ángeles Mariscal.
En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.
Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar al ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.
En un video que quedó registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. “Nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.
Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia sostuvieron que la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados.
“Ya hay estragos que está haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera esté agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.
No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada, que pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.
La respuesta llegó después el 17 de agosto de 2009, Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.
El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.
La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos, y Mining Watch Canadá, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de un centenar de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Chiapas Paralelo y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie
Pocas profesiones te ponen al borde de la muerte a diario. Esta es una de ellas.
Cuando estás en servicio sabes que pisas un lugar lleno de pólvora, que en cualquier momento se puede encender. Estás en la incertidumbre todo el tiempo. En esos momentos, sólo puedes confiar en muy pocos, dudas de los que están ahí para cuidarte. Sabes que te vigilan, que te miran con quien hablas, qué hablas, cómo lo haces. Pero tienes que estar ahí porque de tu trabajo dependen vidas.
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Cuando escuchas el radio civil de la base de la Cruz Roja donde trabajas, sabes que en los próximos minutos podrás estar frente a un episodio de violencia. La adrenalina comienza a recorrer todo tu cuerpo. Todo es incertidumbre. No sabes, de entrada, si llegarás al lugar donde requieren de tu ayuda, si en el camino te lo impiden.
Al llegar al lugar del ataque, seguirás igual, no estarás a salvo sino peor: te pondrás en el centro de la atención. Casi nadie te protegerá. Ni los militares, menos la Policía de la que estás seguro tienen complicidad con los que generan la violencia. Te sentirás un poco más seguro cuando la gente del barrio, de la colonia se comience a acercar, a rodear la escena del crimen. Pero nunca dejarás de estar atento del entorno, los riesgos están ahí y no se pueden ver a primera vista; resguardar tu seguridad, es casi lo mismo que resguardar la del herido: le ayudas más vivo que muerto.
En ese lugar no podrás estar más de diez minutos, el riesgo va aumentando; aplicarás una de las máximas que los paramédicos han creado recientemente: “carga y vete”. No te detendrás a atender al herido en la calle, vas a preferir siempre hacerlo cuando la ambulancia esté andando.
Pero mientras estés ahí, te sentirás vigilado. Lo detectarás cuando un policía o un militar se te acerque y te suelte estas frases: “muévele”, “apúrale”, “ya vete”, “¿lo vas a trasladar?”. Llegarás a una conclusión: un “actor de violencia”, como llaman a los hombres que matan en la Cruz Roja, puede que esté cerca, que te esté viendo.
Nunca termina la incertidumbre, cuando subas a la ambulancia al herido, el camino al hospital seguirá siendo peligroso, quienes lo atacaron te podrán detener, llevárselo o ahí mismo terminar con la misión que se impusieron: matarlo.
Tampoco concluye la incertidumbre al llegar al hospital, al regreso a tu base también te pueden parar para preguntarte por el herido. Preferirás que eso no ocurra, porque uno de los principios de la Cruz Roja es no ahondar sobre el herido y, en realidad, no lo sabrás, porque cuando lo atendiste sólo hiciste preguntas “objetivas”: “¿qué te pasó?”, “¿qué estabas haciendo?”, “¿recuerdas algo?”. No te interesa saber de su vida, ni a qué se dedica. Nunca preguntas por qué los atacan. Ese es tu deber: ser neutro, no estás ni con uno ni con otro, simplemente para atender a la persona que está herida, en desgracia.
Cuando llegues a tu base la adrenalina bajará, sólo hasta que el radio anuncie la próxima emergencia.
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Ser paramédico de la Cruz Roja en Guerrero es un riesgo verdadero, punzante.
Era la mañana del domingo 18 de noviembre del 2018. A la comunidad de San Juan Tenería en Taxco, llegó un grupo de voluntarios de la Cruz Roja con ayuda humanitaria: ropa, cobertores, víveres para repartir entre los pobladores. Llegaron acompañados por una patrulla de la Policía Estatal con cuatro agentes.
Cuando comenzaban a repartir, llegaron unos 20 hombres armados y comenzaron a disparar, sobre todo contra los agentes.
En la balacera todos corrieron a protegerse. Se escondieron en una vivienda que está a un lado de la cancha. Fueron 10 minutos de terror. Nueve quedaron heridos, tres policías murieron, tenían el tiro de gracias como se informó después. También murió Alejandro García Flores, un joven que estudiaba para ser técnico en urgencia médica, en la escuela de Cruz Roja en Taxco.
De ese episodio se difundió un video, las imágenes muestran el peor escenario para un paramédico de la Cruz Roja: intentar salvarle la vida a uno de sus compañeros.
Ese día, recuerda un paramédico, sus compañeros no pidieron el resguardo de la Policía, se “les pegaron”.
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Esta es la historia de un paramédico que ofrece sus servicios en un municipio de Guerrero que, por obvias razones no mencionaremos, así como tampoco su nombre. Este hombre tiene más de diez años como voluntario de la Cruz Roja. Todos esos años ha ejercido pegado a la violencia que se vive en Guerrero.
— ¿Nunca te has sentido mal de ver tanta violencia?
—Sí, siempre hay un daño psicológico. Entre los paramédicos se dice que para hacer esto se debe estar algo de loco y, sí, para ver tanta sangre, ver tantos heridos, ver a niños sufriendo hay que estar locos, porque eso afecta mucho, mucho. Hay servicios que te dejan marcados, que no se te olvidan, que pueden pasar cinco, diez, quince años y ahí está están en el recuerdo.
— ¿Cuál es ese servicio para ti?
—Me han tocado dos eventos de ese tipo y son de niños. Hay compañeros que les afecta ver a ancianos sufriendo, a jóvenes, en mi caso a mi me afecta mucho ver a niños. Un caso fue el de un niño de unos seis años que un carro le pasó por encima de su cabeza, se la explotó, no había nada que hacer, pero el niño estaba sufriendo mucho. El otro caso, fue cuando un carro arrolló a un niño y lo aventó unos cinco metros, cuando llegamos ya no había nada qué hacer, el niño estaba muy lastimado.
— ¿Cómo le hacen para que no les afecta tanto?
—Vamos a ayuda psicológica, tenemos que buscar esa ayuda, para irnos liberando, para liberar las emociones, vamos a terapias y seguimos.
— ¿Tu familia qué te dice?
—Que estoy loco para estar ahí y, si tiene algo de cierto, pero a mí en lo particular me gusta mucho lo que hago.
— ¿Tu familia te ha pedido que dejes este trabajo?
—No, nunca me lo han pedido, pero siempre me piden que me cuide, que los
mantenga comunicado. Se preocupan mucho, porque saben de todo lo que está pasando, pero siempre me dicen que me cuide y que nos vamos a ver al final de mi turno.
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Para un paramédico de la Cruz Roja, ningún servicio es igual, unos tienen más riesgos que otros y en la última década aún más. Para reducir los riesgos deben seguir un protocolo.
El protocolo comienza desde la primera emergencia que registra el radio operador. Registra los datos generales, si es hombre, mujer, niño, anciano, si fue baleado, si fue un accidente, si hay sangre.
Después fijan la ruta, se acercan hasta un punto muerto, es decir, se colocan en un lugar donde puedan entrar a la escena pero sin llegar. Entran hasta que la escena está resguardada por policías y militares.
“Si nos dicen que es segura avanzamos, mientras, no”, dice el paramédico de Guerrero.
Después analizan el entorno, bajan de la ambulancia revisan todo: atrás, al frente a los alrededores, ubican salidas, donde se encuentran los policías y militares. Entonces comienzan: trazan una línea imaginaria de acceso a la víctima que será la misma para salir con el fin de alterar lo menos posible la escena del crimen, si no cuidan eso pueden tener problemas legales. Todo está al mando del jefe del servicio. Nadie hace nada sin su orden.
Cuando se traslada al herido, la alerta es permanente. En el caso de que un grupo delictivo los detenga, el chofer debe pararse y todos tienen que obedecer lo que les indican.
“Si te dicen bájate te debes bajar, si te dicen abre debes abrir, si te dicen no veas no tienes que ver”, cuenta.
En el hospital entregan al herido pero la alerta no termina, aun les queda el regreso a la base. Pero si un herido muere en la ambulancia, por la gravedad de las heridas deben llegar al hospital para que un médico lo confirme y regresarse a la base con el cadáver. Tienen que avisar a las autoridades, a la policía y al Ministerio Público, para que lo recojan en la base.
“No hemos negado un servicio, porque hasta ahora nos han respetado por nuestro comportamiento neutral. Si a nosotros nos dicen les toca irse a la colonia más peligrosa, tenemos que ir, pero siembre con protocolos de seguridad y vamos con las recomendaciones: la unidad plenamente identificadas, con luces, uniformados, con credencial”, explica el paramédico de Guerrero.
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A Lorena hombres armados la hirieron a tiros en Chilapa, pero cuando la ambulancia de la Cruz Roja iba rumbo al hospital general de Chilpancingo, un grupo armado la interceptó. La atacó de nuevo. Esta vez murió.
Eran las 10 de la noche del viernes 6 de abril del 2019, cuando las autoridades recibieron la llamada de emergencia de que en el libramiento Tixtla-Chilpancingo se estaba registrando una balacera. Llegaron policías y militares. Sólo hallaron la ambulancia con una mujer muerta y los paramédicos golpeados.
Casi dos horas antes, en la colonia Zoyatal, en Chilapa, sujetos armados asesinaron a un hombre e hirieron a Lorena .
Paramédicos la trasladaron al hospital de Chilapa pero ahí decidieron enviarla a Chilpancingo. Cuando llegaron a libramiento de cuota de la carretera Tixtla-Chilpancingo, según el reporte, una camioneta se le cruzó; bajaron varios hombres armados, abrieron la ambulancia y volvieron a dispararle a Lorena. Esta vez no resistió. Murió.
Después de que llegaron los policías y militares, la ambulancia llegó hasta su destino inicial: el hospital General de Chilpancingo.
***
— ¿Te sientes respaldado por la Cruz Roja?
—Respaldado al cien por ciento no, cuando tienes un problema no te dan todo el respaldo. No tenemos seguro médico, en algunas delegaciones se enferman y los mandan al Seguro Popular y en otras los atienden los mismos médicos de la Cruz Roja. En el caso del seguro de vida es una obligación de cada paramédico tenerlo vigente. Cada año lo renovamos. A los renumerados, a los que reciben un compensación, que no es un salario, la Cruz Roja paga la mitad del seguro de vida y la otra la pone el trabajador; a los voluntarios más constantes se les apoya con la mitad, pero los voluntarios que casi no van lo tienen que pagar completo. Quien no tenga seguro de vida no puede subirse a una ambulancia. Se pagan 375 pesos al año por un seguro por 200,000.
— ¿Y a ti cuánto te pagan por ser paramédico?
—1,500 quincenales.
— ¿Te alcanza eso?
—No. Tengo otro trabajo. Lo que decimos entre los compañeros es que de la Cruz Roja no vives. Casi todos tienen otros trabajos.
— ¿Por qué te arriesgas tanto por ese pago?
—Porque me gusta, me gusta ayudar a la gente, muchos me dicen que estoy loco, pero me gusta hacerlo.
— ¿Has pensado en dejarlo?
—No, hasta ahorita no. Todavía tengo para rato.
— ¿Qué tendría que pasar para que pares?
—Que me lesione en el servicio, que esa lesión ya no me permita subirme a una ambulancia, pero aun así no lo dejaría, buscaría ayudar en la administración, en la operación del radio, en la oficina.
—Sí tuvieras a uno de los que han atacado a tus compañeros, ¿qué les dirías?
—Que nos respeten, porque nosotros actuamos de forma neutral, nosotros tenemos un principio de no decir nada a nadie, nosotros no podemos decir a quien atendemos, nosotros sólo atendemos para ayudar a salvar la vida de las personas. Nosotros pedimos respeto porque no somos parte del conflicto, simplemente estamos para ayudar, porque una vez podemos ayudar a uno de ellos pero para la otra a los de otro bando, o a uno de sus familiares. Nosotros ayudamos a todos.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
La mujer que representó al gobierno más progresista del país duerme esta semana en la cárcel acusada de proteger un esquema de saqueo del erario. De sus años como militante de izquierda sólo quedan las fotos de Mao en su cuenta de Instagram y algunos amigos que no quieren hablar. ¿Cómo fue la transformación de un emblema de la lucha social y feminista a representante de uno de los gobiernos más corruptos de las últimas décadas?
Por: Andro Aguilar y José Ignacio De Alba /Pie de Página
Fotos: Cuartoscuro
19 de agosto del 2019
Asistida por uno de sus seis abogados, Rosario Robles Berlanga desciende de su BMW que conduce el litigante Julio Hernández Barros. Atrás, otra camioneta tipo Suburban los escolta. Es el 8 de agosto de 2019, fecha de la primera audiencia en el Reclusorio Sur para enfrentar las acusaciones de ejercicio indebido del servicio público.
Robles porta un elegante vestido blanco con olanes, el mismo que vistió en octubre en su comparecencia como secretaria de Desarrollo Territorial ante la Cámara de Diputados. Y calza unos zapatos que cuestan más de 13 mil pesos, de acuerdo con versiones periodísticas.
La imagen es muy distinta de otra, ocurrida casi medio siglo antes: el 17 de enero de 1974, cuando una Rosario Robles de 17 años, rodeada de otros estudiantes, trabajadores y académicos reclama en la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan por el despido de un empleado de su escuela. Y otras imágenes de ese mismo año, como la del 14 de junio, cuando junto con su hermano Francisco encabezó el cierre de la Facultad de Economía de la UNAM; para exigir la destitución de la directora.
El espionaje que la Dirección Federal de Seguridad le hizo de 1974 a 1979 como documenta El Universaldescribe a la joven Rosario como acompañante de una huelga laboral en Guerrero, defensora de planes de estudio de corte marxista, opositora a la rectoría de Guillermo Soberón o al frente de contingentes en marchas para conmemorar la matanza del 68 y el Halconazo.
La Rosario de ahora, a sus 63 años, en nada se parece a la activista universitaria que, con una base ideológica maoísta, quería cambiar este país.
Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, a su llegada a los juzgados del Reclusorio Sur.
Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro
Tampoco tiene nada que ver con la sonriente Rosario Robles que en 1997 se convirtió en la primera mujer fuerte de la capital del país, al ser nombrada por Cuauhtémoc Cárdenas secretaria general de Gobierno… del primer gobierno de izquierda en México.
“A lo que le tengo terror es a convertirme en una política tradicional, de las que piensan que han hecho todo muy bien”, le dijo entonces al periodista Arturo Cano, en una entrevista para La Jornada.
La hormiga atómica
Tras cursar su educación básica en colegios católicos, proveniente de Echegaray, un barrio de clase media en el municipio de Naucalpan, Rosario Robles entró a la UNAM, primero al CCH Naucalpan y luego a la Facultad de Economía, donde conoció a dos maestros que después serían sus esposos: Saúl Escobar (secretario del Trabajo de la capital con Cuauhtémoc Cárdenas) y Julio Moguel, su compañero durante varias décadas y el padre de su única hija, Mariana.
En la Facultad de Economía, Rosario Robles se graduó, dio clases y se incorporó al sindicato de la UNAM, en una corriente dirigida por el actual alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, donde destacó entre el predominio de hombres. Cuentan que le llamaban La Hormiga Atómica, por la energía que tenía en un cuerpo de metro y medio.
En esos días participó en la creación de la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, donde ocupó una dirigencia en la Ciudad de México, y en 1988 en la del Movimiento al Socialismo impulsado por Adolfo Gilly, Imanol Ordorika, Carlos Imaz, Antonio Santos, Ricardo Pascoe, Pedro Peñaloza y Armando Quintero. Era parte de uno de los proyectos que nutrirían al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Su tesis de maestría en desarrollo rural (por la UAM), Voces de las mujeres de Ixmiquilpan, le valió una medalla al mérito universitario.
Rosario y el ingeniero
En 1987, Julio Moguel llevó a Rosario a una cena con Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro en casa de Óscar Pintado.
Así inició relación política de Robles con Cárdenas y se consolidó, cuando un grupo de universitarios –el que venía del MAS– promovió la candidatura de Cárdenas y luego, ya en la campaña, con el acto de Ciudad Universitaria que derivó en la declinación de Heberto Castillo en favor del ingeniero.
Cárdenas estaba a punto de deslindarse de su militancia en el PRI y competirle la Presidencia de la República encabezando el Frente Democrático Nacional que fue la semilla para fundar el PRD, un año después de las controvertidas elecciones de 1988.
Quienes conocen de cerca la historia aseguran que su mayor relación fue con Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, la madre del candidato, quien le tomó mucho afecto a la joven política.
En todo caso, Cuauhtémoc Cárdenas representó para la izquierda la entrada a la vida partidista del sistema electoral. Años más tarde, en 1994, el PRD consolidaba triunfos para la izquierda, entre ellos el de Rosario Robles, quien en ese año se convirtió en diputada federal.
Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, en abril de 2002, cuando la exjefa de gobierno de la Ciudad de México rindió protesta como líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Foto: Pedro Mera/ Cuartoscuro
Tres años después, en las primeras elecciones locales de la capital del país (antes era una Regencia del gobierno federal) Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer gobernante de una entidad postulado por un partido de izquierda.
A más de uno sorprendió cuando, al nombrar a su gabinete, designó en el segundo cargo en importancia del gobierno de la ciudad a Rosario Robles.
La Ley Robles
Un funcionario saliente dice: “Lo difícil de andar en bicicleta no es pedalear, sino mantener el equilibrio. Los izquierdistas del PRD saben pedalear, pero nunca han dejado de hacerlo, nunca han gobernado, y se pueden caer de la bicicleta” ¿Qué opina de esa expresión?
—Los de izquierda hemos aprendido a vivir en la pluralidad y con la tolerancia. Pasamos de las definiciones sectarias a convivir con expresiones muy diferentes a las nuestras, a convivir en el PRD con proyectos que tenían otro origen y hemos tenido un aprendizaje muy importante para ser gobierno. Otra ventaja es la frescura. Llegar al poder sin estar atados a intereses ni a los patrones tradicionales de hacer política, de los cuales la gente ya está cansada.
(Rosario Robles, secretaria de Gobierno del DF, en entrevista con Arturo Cano en La Jornada, 1997).
* * *
La carrera política de Rosario Robles dio un vuelco al llegar a la secretaría de Gobierno. Solía decir que había llegado la frescura y la mezclilla al poder. Y comenzó a acuñar una frase que ha repetido muchas veces: “tengo las faldas bien puestas”.
En agosto de 1998, cuando Cuauhtémoc Cárdenas pidió licencia para contender por la presidencia, Robles fue aceptada por los perredistas como natural para sucederlo.
Desde el gobierno de la ciudad impulsó políticas progresistas como la despenalización del aborto (llamada por sus detractores Ley Robles), llenó el zócalo de conciertos gratuitos, instauró el transporte nocturno y lideró causas feministas. Su imagen pública era mejor que la del propio Cárdenas, aunque ya desde entonces muchos empezaron a cuestionar el derroche que hacía en su promoción personal.
Un par de entrevistados para este trabajo, que aceptaron hablar sin ser mencionados, dicen que fue entonces cuando comenzó a distanciarse de sus antiguos compañeros de batallas. Internamente, dicen, era “soberbia, terca, y hasta déspota”.
Pero lo más delicado comenzó a conocerse con el cambio de gobierno. En su libro Con todo el corazón ella asegura que apoyó a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000. Entre los funcionarios que entraron hubo versiones de un desaseo en las finanzas de su administración. Pero las denuncias no se formalizaron.
En 2002, Robles se convirtió en la presidenta nacional del PRD, y desde ahí aspiraría a ser la primera mujer presidenta del país. Pero en pocos años su carrera dentro del partido quedaría truncada, y su vida personal daría un giro de 180 grados.
Rosario y Andrés Manuel
Para entender la relación entre Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador hay que regresar esta historia a 1996, cuando el tabasqueño le ganó a Heberto Castillo y Amalia García la contienda interna para dirigir al PRD y nombró a Rosario Robles como secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional perredista.
La mancuerna AMLO-Robles y la candidatura de Cárdenas en el entonces Distrito Federal llevaron al joven partido de izquierda a convertirse en la segunda fuerza política de la Cámara de Diputados en 1997.
A Robles se le adjudica la creación de las Brigadas del Sol, en las que jóvenes recorrían la capital para empadronar a sus habitantes en las listas de programas sociales y eventualmente sumarlos a su base electoral.
Este modelo organizativo es el mismo que años después, ya como priista, Robles intentó aplicar para la Cruzada contra el Hambre de Enrique Peña Nieto. Y es también la fórmula aplicada por el actual gobierno de López Obrador para crear su ejército de “Siervos de la Nación”.
“Ellos se conocen demasiado bien y conocen muy bien cómo organizar estas bases electorales”, dice un operador que conoció esa etapa de cerca y que asegura que Robles realmente nunca fue la operadora, sólo era la que capitalizaba el trabajo de otras personas que se mantienen cerca del presidente.
Varios entrevistados ubican desde entonces una suerte de “pique” entre ambos políticos que a la luz de lo que ocurrió después terminó en mutuas acusaciones de traición.
En 2003, Televisa presentó una serie de videos donde aparecieron importantes perredistas y funcionarios del Distrito Federal como René Bejarano y Carlos Imaz –exesposo de Claudia Sheinbaum- recibiendo dinero en efectivo de un empresario ligado sentimentalmente a Rosario Robles.
El rompimiento era inevitable. El jefe de Gobierno fue implacable en su deslinde con todos los involucrados. Rosario renunció al PRD.
Velas y jets privados
Julio Moguel y Rosario Robles se casaron un 13 de marzo de 1993, después de vivir 17 años juntos.
Se habían conocido en una conferencia que él dio en el CCH Naucalpan, cuando ella cursaba su último año de bachillerato, y se reencontraron años después en la Facultad de Economía, cuando él fue su profesor y ella ya estaba divorciada de su primer esposo, Saúl Escobar, quien también había sido su maestro.
Ella diría después que desde el CCH decidió que se casaría con Moguel. Su relación, sin embargo, nunca fue sencilla. Él era un hombre celoso y ella siempre llamó la atención por su personalidad. Duraron casados una década, hasta la aparición en su vida del empresario Carlos Ahumada.
En el año 2000, el mismo en el que López Obrador se convirtió en jefe de Gobierno de la capital, el delegado de Iztapalapa, Ramón Sosamontes, presentó a Rosario Robles con el empresario Carlos Ahumada.
Dos años después, ya como dirigente nacional del PRD, la mujer estaba en busca de fuentes de financiamiento para las campañas electorales; por su parte, Ahumada buscaba contratos con el gobierno local para ganar dinero en el ramo de la construcción. Este vals empezó por necesidad y acabó en un amargo romance.
Ahumada deslumbró a Robles con las excentricidades de un millonario, en alguna ocasión el empresario organizó un viaje sorpresa en el que Robles abordó un jet privado que aterrizó en República Dominicana, luego un helicóptero la llevó al paradisiaco Punta Cana: lo que encontró la dirigente del partido fue un camino de velas que conducía a una mesa para cenar con el empresario.
La estudiante maoísta de la UNAM quedó en el pasado. Después de Ahumada nada volvería a su lugar.
El empresario Carlos Ahumada Kurtz posa para los fotógrafos después de tres años preso en el Reclusorio Norte. Foto: Guillermo Perea / Cuartoscuro
La banda presidencial
Andrés Manuel López Obrador está convencido de que los videoescándalos fueron parte de un complot orquestado por Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos para minar su candidatura presidencial de 2006.
Los videos fueron grabados por el propio Carlos Ahumada en sus oficinas, pero el hombre decidió entregar las cintas al abogado Juan Collado –ahora detenido por operar una red financiera ilegal-. Según él, decidió exponer a los funcionarios debido a que el gobierno de la capital estaba cancelando contratos con su constructora Quartz. Collado entregó las grabaciones a Carlos Salinas.
En el sálvese quien pueda en el que se convirtió la novela Ahumada-Robles, lo único que queda claro es que a él poco le importaba la suerte de la entonces presidenta nacional del PRD.
El propio Ahumada ha dicho que fue utilizado por Fernández de Cevallos y Salinas de Gortari.
En su libro Derecho de Réplica el empresario describe a Rosario Robles como una mujer que “estaba obsesionada con ser presidenta de la República” y relata “una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida”: una cena en la casa de Carlos Salinas a la que asisten Robles y Ahumada; los comensales pasan a la biblioteca donde el expresidente tiene una colección de condecoraciones y fotografías. Antes de despedirse, ya un poco bebidos, Robles le dice a Salinas que debe ser un gran honor portar la banda presidencial. El expresidente sube a la vitrina, saca la banda, se la pone a su oponente y le dice: “se te ve muy bien”.
El periodista Raymundo Riva Palacio, quien conoció de cerca a la pareja cuando dirigió El Independiente, un periódico cuyo propietario era Ahumada, cuenta que incluso Rosario Robles fue a la casa de Carlos Salinas en Londres, Inglaterra, para pedirle dinero que financiaría campañas del PRD. El expresidente llamó a tres gobernadores priistas que aportaron dinero para el partido de izquierda. La transacción se completó y Robles adquirió más relevancia en el partido.
En esos días Robles ya manejaba un BMW y vivía en la calle Reforma de la Colonia San Ángel, uno de los barrios más caros de la capital del país. Cuauhtémoc Cárdenas llegó a regañar a Robles por la vida ostentosa de la dirigente del partido.
Ahumada, dice Riva Palacio, fue para Rosario Robles “una reconversión política”.
La boda de Mariana
Los alrededores de la iglesia Santa María Tonantzintla de San Andrés Cholula son vigilados por elementos del Estado Mayor Presidencial. Se espera una boda fastuosa entre un ex diputado federal y la hija de una secretaria de Estado.
Es el 26 de enero de 2013. Mariana Moguel Robles entra al templo escoltada no sólo por su padre, sino también por su madre, Rosario Robles, a petición de ella misma.
La miran pasar los secretarios de Estado Gerardo Ruiz Esparza y Alfonso Navarrete Prida, piezas del priismo mexiquense, con apenas dos meses de vuelta a Los Pinos.
Son invitados de honor de la mamá de la novia. Más tarde se incorpora el exgobernador poblano Mario Marín, padrino político del novio. Son las amistades de una Rosario Robles cercana al gobierno de Enrique Peña Nieto, desde que se sumó a su campaña presidencial.
Su acercamiento al peñismo inició cuando Carolina Monroy, la directora del canal TV Mexiquense, y esposa de Ernesto Nemer, entonces secretario de Gobierno con Enrique Peña Nieto, la invitó a colaborar en el programa Mujeres en el Risco.
La Rosario Robles del peñismo se definía hasta hace unos meses como una mujer de las grandes decisiones, con un estilo de gobernar “para trascender”. Decía ser la misma de siempre: “La mujer de las faldas bien puestas”.
La llegada al gabinete presidencial en 2012 le significó a Robles el regreso a las grandes ligas. Primero como secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Agrario, la experredista se consolidó como una de las principales figuras femeninas en el gabinete de Peña Nieto.
En una entrevista ofrecida en 2016, destaca el agradecimiento hacia Enrique Peña Nieto por haberla llevado de vuelta: “Mi mamá murió viéndome reivindicada”.
Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social y el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, encabezaron el Foro “México Incluyente” en abril de 2013. Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro
Desde hace nueve meses familias enteras salieron huyendo de sus hogares. No sólo dejaron sus tierras, animales, casas y recuerdos, también la tranquilidad de dormir todos los días. En este tiempo dos personas han fallecido esperando certezas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos calculó que en 2018, unas 5,056 personas fueron desplazadas de sus comunidades: la violencia criminal, la primera causa.
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Arturo de Dios Palma
19 de agosto del 2019
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Antes de matarla, armados golpearon el estómago de la hija embarazada de Ángela Salgado García, originaria de Leonardo Bravo (Chichihualco). También le extrajeron a su bebé. A su nieta de seis años la dejaron herida; y, mientras sepultaba a su mamá, el 18 de abril del 2018, el día de su cumpleaños, la niña se recuperaba en el hospital llena de fierros y mangueras.
La hija de Angelita murió porque la atacaron a balazos en una combi del transporte público. Iba de Chichihualco a Chilpancingo, a una consulta médica. No sabía que meses después su mamá, sus amigos y familiares huirían de esa violencia en un viaje sin retorno: desplazados, porque sus casas serían ocupadas; quizá, por esa misma gente que la asesinó.
Angelita es una mujer bajita con voz clara. Está en un foro hablando de desplazamiento forzado interno. A su lado está Joaquina Cantor, quien ya no busca regresar a Tlaltempanapa, una comunidad nahua del municipio de Zitlala, que colinda con Chilapa, y que presuntos criminales mantienen sitiada: esperan que su voz sea un llamado de auxilio.
El desplazamiento forzado interno es uno de los principales problemas de Guerrero. El estado, ocupa el sitio número uno a nivel nacional. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe del 2018, 5,056 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos.
Angelita y Joaquina pertenecen a las más de 338, 405 personas que desde 2006 han dejado sus hogares, principalmente, de acuerdo al documento, por la violencia generada por organizaciones criminales. Tan sólo en 2018 hubo 11,491 víctimas de desplazamiento forzado interno en México. Seguido de Guerrero están Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.
En 2018 hubo trece episodios de desplazamientos masivos– considerados a partir de 50 personas–, 22 comunidades de ocho municipios fueron las afectadas. De San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri (Zumpango), Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión. Estas comunidades tienen coincidencias: varias sembraban amapola, carecen de varios servicios básicos; en la mayoría, la gente muere hasta por un piquete de alacrán, y para llegar a ellas, transcurren varias horas.
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El desplazamiento más numeroso ocurrió después el 11 de noviembre del 2018, recuerda Crescencio Pacheco González, uno de los líderes de desplazados que se mantuvo 39 días frente a Palacio Nacional esperando respuestas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de febrero a marzo pasados. Recuerda su casa en Campo de Aviación, en la que sujetos armados que, según le han contado, ya rompieron hasta las copas de 15 años de su hija.
Chencho, como le dicen desde que era activista pro legalización de amapola, líder de un grupo de policías civiles y comisario de su comunidad enclavada en Leonardo Bravo, pertenece junto a su familia de cinco integrantes, a las 2,000 personas –casi una cuarta parte menores de edad–, que huyeron de La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar, Tepozonalco, y Los Morros comunidades de su municipio y Heliodoro Castillo, tomadas por alrededor de 3,000 armados, que esperan corra la Guardia Nacional.
Crescencio duerme en una cama que no es la suya y convive con otras 80 familias que están en su misma condición desde hace nueve meses. Luego del plantón en Ciudad de México, lograron que la Federación los apoyara con el pago de una renta en Chichihualco, pero sólo para 80 familias. Ellos lo que quieren es volver: dejaron sus parcelas, animales, varios vecinos se quedaron, y no se hallan en ningún otro sitio.
Pero admite que sus deseos parecen lejanos de resolver. Chencho dice que ya nadie siembra amapola, que era el cultivo al que se dedicaban en su mayoría sus compañeros desplazados. Perdieron su vida entera, y durante el movimiento a dos amigos que murieron fuera de su pueblo: Francisco Barragán y Virginia Zúñiga, quienes también resistieron los 39 días a la espera de que les cumplieran.
A nueve meses de ese desplazamiento, Chencho opina recuenta el incumplimiento: “el gobierno federal se ha comprometido desde que se firmó el documento el 28 de marzo de brindar las condiciones. El primer punto es dar seguridad, nosotros pusimos tres para que las familias volvieran a Leonardo Bravo: apoyos con alimentación y renta, desarme de los grupos que mantienen nuestras casas tomadas y tres puntos de vigilancia federal”.
De estos tres puntos, el más importante, que es la presencia de la Guardia Nacional y una estrategia clara para que la gente que sigue rentando o refugiada con familiares, pueda regresar a sus casas, tampoco se ha cumplido. Crescencio dice que la situación es tan grave, que hubo enfrentamientos en julio, de los que él conoció por redes sociales.
Son catorce municipios que abarcan la zona de la Sierra. Los tres más cercanos a Chilpancingo: Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, siguen, de acuerdo a Chencho, con el resguardo policial y militar sin que esto le dé garantías de retorno. O si quiera de reactivar sus actividades, retomar su vida. La gente que sigue viviendo allí, para él, son rehén.
El regresar a su pueblo cada vez es más lejano, porque hubo una división entre los civiles armados dirigidos por Salvador Alanís –por quienes salieron de sus hogares en noviembre– y “Los Rojos”, un grupo delictivo de la zona.
Según cuenta Chencho, los enfrentamientos de julio fueron entre gente de Corral de Piedra, Heliodoro Castillo y Polixtepec, Leonardo Bravo. Para él la raíz del problema fue la detención Santiago Mazari Hernandez, «El Carrete», presunto líder de Los Rojos.
Después de su detención a finales de julio, Chencho vio un video de gente en una cancha que por las balaceras quedó atrapada en sus viviendas. Hay testimonios de señoras que denunciaron la situación y un nuevo desplazamiento. No sabe qué harán. Lo peor siguen huyendo. Tienen tanto miedo, que hay eventos masivos de los que no tiene registro, cuenta.
Han intentado de todo. Seis días después de que salieron por los enfrentamientos ocurridos en la zona tras ver varias escenas de casas baleadas, autos quemados y granadas de fragmentación, unos 1,800 desplazados de once comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri decidieron volver. Era 17 de noviembre. Pese a que iban en caravana escoltados por el Ejército y la Policía estatal, fueron atacados a balazos desde los cerros. No lograron llegar.
Por eso Chencho cree que hay abandono oficial. Él junto a Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos)–que ayuda legalmente a las familias desplazadas–, lamentan el incumplimiento del compromiso más importante, por el cual se retiraron en marzo de Palacio Nacional: dar seguridad a las familias para volver.
“Por eso nos movimos de Palacio Nacional. Le dijimos a Alejandro Encinas (subsecretario de Gobernación), que nos íbamos seguros que, en el tiempo determinado, los trabajos correspondientes para devolvernos a nuestros hogares se harían. La Guardia Nacional salió la misma gata, pero revolcada: allá arriba se sigue matando la gente; perdimos cosechas, ganado, casas y todo. Y siguen sin resolvernos la minuta de acuerdo, no se ha cumplido con el tema de seguridad: sentimos que nos metieron el dedo en la boca”, señala Pacheco.
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Manuel Olivares Hernández, secretario técnico del Centro Morelos, considera que esta problemática que se desencadenó en la parte alta de la Sierra, entre grupos de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, complica más la situación y esperanzas de estas familias para regresar a sus hogares.
Apenas el 16 de julio entregaron una petición a Encinas para tener una reunión con el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo. De esta reunión esperan un plan real de pacificación, que incluya o no a la Guardia Nacional. “Los desplazamientos continúan y el gobierno no tiene voluntad de pacificar la zona”.
Para Olivares hay un subregistro. Su organización documenta el fenómeno de desplazamiento desde 2011, cuando familias huyeron de Puerto las Ollas –municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente–, ante el acoso de delincuentes que asesinaron a sus vecinos. El punto más grave del desplazamiento forzado interno, es la gente que se va de poco a poco. Que deja sus casas sin dejar huella. No hay registro de eso.
“El gobierno está permitiendo a estos grupos delincuenciales, que se aniquilen entre ellos. Hay mucha población civil en medio de esta lucha encarnizada y eso es lo que más nos preocupa. Que no haya protocolos de actuación en estos casos. Y que no se pueda garantizar la seguridad de las familias que quedan entre esas confrontaciones”, dice.
Al problema se agrega el hecho de que sólo 84 familias están formalmente censadas como víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque son más de 100 mil familias que viven en esta cordillera de catorce municipios, incluido San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, sin que las autoridades sepan realmente cómo viven ni en qué situación están. Si ahora mismo que está haciendo declaraciones hay un nuevo desplazo.
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En el informe de la CMDPDH, la explicación sobre los desplazamientos en Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo –que son los más numerosos–, tuvieron que ver con la disputa de grupos delictivos que se disputan el control por la siembra, cosecha y trasiego de la amapola y sus derivados.
“El 9 de junio de 2018, un comando de entre 150 y 200 sicarios, presuntamente dirigidos por “El Teniente”, irrumpió el poblado de Corralitos, en el municipio de Leonardo Bravo. Durante el enfrentamiento con otro grupo delictivo, el grupo de sicarios vestidos de militar y con armas largas atacaron viviendas, ejecutaron a tres hombres (entre ellos al comisario del pueblo) y quemaron vehículos y tres casas”, precisa el informe.
Estos acontecimientos violentos provocaron el desplazamiento forzado de al menos 600 personas de Corralitos; casi la totalidad de la población huyó del poblado, sin la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias. El grupo de desplazados eran familias de ganaderos, agricultores, médicos y profesores. La mayoría se dedica a la venta de durazno, pera y chile manzano, a la siembra de maíz y a la cría de animales de granja.
Chencho explica que muchos desplazamientos se dieron por el territorio y no por la amapola. De hecho, ya para 2019 el panorama es diferente: “ya no hay narcotráfico en la Sierra. Lo que está en juego son las zonas mineras, el trasiego de droga en ese corredor de Chichihualco, de armas; hay extorsión, secuestros, robo de carros. Nadie, nadie ya siembra amapola”.
Las familias no tienen trabajo, viven de los apoyos que les llegan de la Federación, de los gobiernos municipales, de sus amigos. El Centro Morelos, considera que la cifra aumenta cada día, porque la gente que aún resiste en esos pueblos, se queda sin opciones de arraigo, aunque una vez fuera de sus casas, el proceso más difícil es adaptarse.
De los 25 episodios de desplazamiento en 2018 en el país, la CMDPDH alerta que en todos se registró la presencia directo de la violencia. La generada por grupos armados organizados y la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. “En la gran mayoría de los episodios, la causa directa y principal de los desplazamientos fue la violencia generada por grupos armados organizados”. Cinco desplazamientos fueron a comunidades indígenas como Tlaltempanapa.
Mientras, los desplazados esperan. Angelita y Joaquina añoran el día en el que sea todo distinto. Angelita añora sus vaquitas y pasar una tarde tranquila con su esposo. “Yo no le deseo a nadie lo que yo pasé. Me mataron a una hija embarazada. La patearon de su barriga, el bebé se lo sacaron, estaba muy mal. Y yo sé que mi hija es inocente, una muchacha buena, ella nunca se metía con nadie”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Cientos de trigres, hombres, mujeres, niños y niñas salieron a las calles de Chilapa a devolverle a su gente el esparcimiento y la diversión arrebatada de su cotidianidad, por la violencia.
Los tigres y la fiesta de la virgen de la Asunción, que llega con sus fuegos artificiales y colorida vista, llenó de alegría la celebración. Como desde hace 50 años, los pobladores sacaron sus trajes típicos amarillos con manchas negras, y máscaras de tigre para desfilar al ritmo de música de viento.
Este 14 y 15 de agosto, desde hace medio siglo, salen los tigres con sus cadenas, las arrastran y braman en una reminiscencia a los cultos del jaguar en la región.
También, ayuntamientos de al menos 20 municipios, grupos de danza y de baile moderno mostraron sus danzas y música en la festividad llamada La Tigrada.
La fiesta que reunió a cientos de familias fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional que, no ha podido contener la taza anual de unos 140 homicidios en el municipio desde 2015.
Las garnachas, elotes hervidos, antojitos mexicanos, taquitos, juegos mecánicos, máscaras artesanales de madera, recuerdos, fandango tixtleco, mezcal y cerveza llenaron el zócalo de la localidad los dos días de fiesta.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Este perfil fue elaborado por Reporteras en Guardia, un colectivo independiente y sin filiación política conformado por más de 100 periodistas, editoras y realizadoras de 24 estados de México y de su capital, entre ellos Guerrero, con la finalidad de realizar las historias de las y los periodistas asesinados y desaparecidos del año 2000 mil al 2019.
San Miguel Tlacamama, 1957-Acapulco, 2007
Asesinado con arma de fuego. Un sentenciado.
En la trayectoria de Amado Ramírez destacan dos coberturas: la masacre de Aguas Blancas de 1995, y los daños que provocó el huracán Paulina en 1997, pero hubo otro hecho violento, menos conocido, en la comunidad de El Zapote, que varios de sus amigos piensan debió tomarse en cuenta al investigar el crimen del periodista.
El corresponsal de Televisa en Acapulco acudió en 2003 a un poblado del municipio de Atoyac de Álvarez para reportear el secuestro y rescate de una familia de ganaderos.
Amado fue el único periodista que estuvo en el lugar, y su camarógrafo logró grabar a los delincuentes heridos en el enfrentamiento cuando eran llevados a Acapulco para su atención médica.
Sin pensarlo dos veces, Amado subió a su automóvil y, como él mismo relató a un grupo de amigos, siguió a la camioneta, pero en el camino, a la altura de la comunidad de El Zapote, se encontró con un escenario inesperado: a la orilla de la carretera estaba el vehículo con impactos de bala y sus ocupantes muertos.
En el lugar estaba un comandante de la Policía Ministerial, Leopoldo Benítez Pérez, con un arma en la mano y salpicado de sangre, detalló a sus colegas.
“Amado entendió la gravedad, prendió la cámara, preguntó qué ocurrió y el comandante le dijo que eran asaltantes y se habían enfrentado. Pero él ya sabía quiénes eran los muertos, entró en pánico, se regresó, y durante todo el trayecto los policías lo venían siguiendo. Lo querían matar, pero él se vino hecho madres”, refiere Misael Habana, periodista y amigo del corresponsal.
Aún con miedo por lo que había presenciado, Amado emitió la noticia, dice Habana, por lo que el caso se investigó y el comandante fue detenido y encarcelado. Tiempo después llegó a amenazarlo por teléfono: “Te vas a acordar de mi”. Cuatro años después, el periodista fue asesinado.
La tarde del 6 de abril de 2007, Amado siguió su rutina habitual. Salió de las instalaciones de Radiorama de Televisa Radio, donde dirigía y conducía desde hacía cuatro años el noticiero Al tanto, y caminó sobre la calle La Paz, a pocos metros del zócalo. Ese día no vestía con su formalidad habitual: llevaba playera y pantalón de mezclilla.
Habana, su compañero de micrófono, cuenta que solo dos horas antes, Amado le había avisado que se ausentaría del programa porque quería estar con su hija, quien había llegado de Puebla para pasar las vacaciones de Semana Santa.
“Me dijo que no iba a ir, pero de repente, a los 15 minutos de empezado el noticiero, llegó. Venía hasta en sandalias”.
Como corresponsal, las coberturas de Amado eran variadas. Ese día había realizado notas sobre el arribo de turistas al puerto y sobre un asalto a una joyería en el hotel El Mirador, publicó Habana en La Jornada.
Tras finalizar el programa, Amado le propuso que fueran a tomar un trago al Bar Chico: “Decía siempre que la fórmula para un buen descanso en la noche era tomarse una, dos o tres copas de whisky”.
Ese día se separaron, poco después de las 19:00 horas, en la entrada de la emisora. Amado caminó unas decenas de metros y, al abordar su automóvil, fue atacado por su asesino. Intentó protegerse, pero apenas dio unos pasos cuando tres balas le impactaron por la espalda y le perforaron un pulmón. Herido de muerte, llegó hasta la entrada del Hotel California, donde se desplomó. Tenía 50 años de edad.
Ese Viernes Santo, el zócalo de Acapulco estaba lleno de gente. Muchos corrieron confundidos cuando se escucharon los disparos, porque no era algo normal en la ciudad, a diferencia de ahora, cuando los crímenes suceden a diario.
Desde hacía 11 años, Amado era el corresponsal de Televisa en Acapulco, un puesto que lo convirtió en uno de los periodistas más poderosos del estado. Gobernadores y funcionarios lo buscaban para darle información, y las invitaciones que le enviaban siempre eran personalizadas.
“No, ningún reportero se lo esperaba (que lo mataran) porque eran otros tiempos”, recuerda el veterano periodista Carlos Ortiz, amigo de Amado desde su juventud.
Ortiz es de los pocos que conocen su pasado, cómo siendo joven se marchó del pueblo de San Miguel Tlacamama, en Oaxaca, donde vivía con sus padres campesinos.
“Uno de sus trabajos de supervivencia fue hacer síntesis informativas en la Secretaría de Gobernación, a finales de los setenta y principios de los ochenta”, relata.
También laboró en el área de Comunicación Social del gobierno de Guerrero durante la administración del priista Alejandro Cervantes Delgado (1981-1987). Se encargaba de repartir los boletines oficiales, que entregaba a cada uno de los 20 periódicos que existían en esa época en Acapulco.
Después trabajó cuatro años en la redacción del periódico Novedades Acapulco, en el que cubrió las fuentes de gobierno, turismo y política.
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Este trabajo fue elaborado por el equipo de Reporteras en Guardia y lo reproducimos con su autorización
Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad, calculan especialistas en un foro abierto del Senado.
Pero en las leyes mexicanas, lo que está tipificado es el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y no como delito grave, además de que es difícil de probar y prescribe a los pocos años. Ello aunque las estadísticas muestran que es un delito común, pasa en todo tipo de entornos y prácticamente siempre queda impune. Ante lo cual, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado presentará en el próximo periodo de sesiones, que empieza en septiembre, un paquete de reformas legales para combatir la situación.
Se trata de un delito con una gran cifra negra en cuanto a denuncias y falta información oficial, por el temor de las víctimas a hablar, la vergüenza y el ocultamiento de casos, estos son algunos datos que muestran la gravedad de la situación, expuestos por especialistas en un foro abierto realizado este miércoles en el Senado.
Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.
La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos.
De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.
Un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos especialistas del tema. Pero los códigos penales de México permiten que este delito prescriba a los 5 o 10 años.
En 2015, 309 niños y adolescentes requirieron hospitalización tras haber sufrido una agresión sexual, reveló un estudio de la organización Early Institute.
Tenemos que ser conscientes de que en #México, los delitos de #AbusoSexual continúan en aumento. Mientras que en el 2015 se registraron 11,894, en 2018 se registraron 18,595, lo que implica un crecimiento del 56% en 3 años.
En el hogar es donde suceden casi seis de cada 10 agresiones, y cuatro de 10 son contra menores de 15 años.
En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser: el padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante.
En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% de las veces y sacerdotes en otro 30%.
Durante la adolescencia, de los 12 a los 17, las víctimas sufren agresiones sexuales el 80% de las veces ya en entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas.
Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, están diciendo la verdad en 93% de las ocasiones. Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de divorcio, la falta de veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se desestima la declaración de los menores de edad por considerar que mezclan fantasía.
Un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia, según han calculado especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales.
En tanto, el 40% de los agresores fueron violados en su infancia. Mientras que uno de cada cinco niños violentados se convierte en agresor cuando crece.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización
El 24 de julio el gobierno estatal presento el Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla
Por: Samantha Páez/ Periodistas de a Pie Foto: Fernando Santillán
Infografía: Lucía Vergara
15 de agosto del 2019
Puebla es el tercer lugar en agresiones a periodistas a nivel nacional, esto de acuerdo con la estadística del primer semestre de 2019 de la Red de Periodistas de a Pie, cuya base es información hemerográfica.
En ese contexto, el gobierno estatal presentó el Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla, que se basa en la aplicación de 72 encuestas a personas defensoras y periodistas, así como revisión de notas periodísticas y la realización de mesas temáticas.
Los resultados de la encuesta revelan que 45.8% de las personas encuestadas consideran que sí son frecuentes las agresiones, a pesar de ello siete de cada diez consideraron que existe una seguridad regular para ejercer su trabajo y el 61% consideró regular el nivel de amenaza que puede llegar a sufrir por el ejercicio periodístico o por la defensa de derechos humanos.
Asimismo, es la policía municipal a quien menos tienen confianza personas defensoras y periodistas, seguido de funcionarios municipales y la policía estatal. En tanto que la policía federal, el gobierno estatal y la Policía federal tienen un nivel de confianza regular.
En cuanto a los posibles agresores, tanto periodistas como personas defensoras, ubicaron a la delincuencia organizada como la principal fuente de riesgo, después al gobierno municipal, al gobierno estatal y a los lectores. Siendo las principales agresiones las verbales, que incluyen las amenazas, insultos y vejaciones.
Falta profundidad al diagnóstico
Jade Ramírez Cuevas, Coordinadora de Redes y Libertad de Expresión de Periodistas de a Pie, dijo que tras revisar el documento encuentra que le faltó profundidad, ya que se encarga de resumir y recapitular información que ya había sido evidenciada por organizaciones locales y nacionales que también han documentado la situación en el estado.
El diagnóstico cumpliría con informar a las personas que no están familiarizadas con la situación de violencia que viven periodistas en Puebla; sin embargo, no tiene información detallada sobre cómo están compuestos los medios de comunicación, es decir, cuántos son medios autogestivos, cuántos medios independientes, cuántos colectivos y cuántos grandes consorcios. También cuál es la relación de estos medios con los poderes que hay en el estado.
Para Jade Ramírez el diagnóstico tiene respuestas interesantes, pero no profundiza en el tema para entender lo que pasa en el estado, porque si bien a nivel nacional sí hay riesgo por la cobertura de megaproyectos, ésta no es la única fuente de agresiones: también la hay por el robo de hidrocarburo y la corrupción.
— Lo que sí nos queda claro que puso en riesgo a los periodistas de Puebla y a los foráneos que iban a coberturas a cubrir el huachicoleo, fue eso y también la corrupción y la agenda política también los pone en riesgo, pero no entiendo cómo una pregunta sencilla como esa no se preguntó.
Los datos no coinciden
Mayra López Pineda, del Área de Protección y Defensa de Artículo 19, mencionó en entrevista que lo primero que le salta a la vista es que todo es que la percepción del riesgo en el estado -según el diagnóstico- es regular, cuando la tendencia a nivel nacional es que la percepción es mala.
— Por lo general en todo el país, si tú le preguntas a los periodistas cuál es la amenaza por su labor periodística, por la defensa de los derechos humanos, etc., te van a decir que es mala.
Otra cuestión que mencionó la integrante e Artículo 19, es que la clasificación amenaza como regular no se explica, es decir, no se
detalla qué se considera como una amenaza regular.
En cuanto a la relación de confianza para con las instituciones, también le resultó sorpresivo que se considere regular o que hay “algo de confianza”, porque da la impresión de que tiende más a hablar bien del propio gobierno, que a detectar errores o riesgos de periodistas y personas defensoras.
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