Las autoridades investigan el tiroteo del sábado en El Paso como un crimen de odio tras conocerse un manifiesto del sospechoso en el que habla de una “invasión hispana”.
El ataque de este sábado en un Walmart en El Paso, Texas, que dejó 20 muertos, entre ellos seis mexicanos, fue contra un grupo en específico: los hispanos.
El tirador, identificado por medios estadounidenses como Patrick Crusius de 21 años, publicó en el sitio 8chan – un sitio sin censura donde han aparecido otras posturas extremistas – un manifiesto que incluye pasajes que critican la “invasión hispana” de Texas.
Lamentablemente se confirma la muerte de mexicanos en El Paso, Texas. Desde los primeros momentos, nuestros cónsules y la SRE están atendiendo a nuestros connacionales. A las 11:00h, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, fijará la postura del Gobierno de México.
Crusius escribió que el ataque “es una respuesta a la invasión hispana de Texas” y aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo.
Afirmó que estaba “defendiendo” a su país “del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión”.
El fiscal federal del Distrito del Oeste de Texas, John F. Bash dijo que el caso se investiga como terrorismo interno y se presentarían cargos por delitos de odio, de acuerdo con el Washington Post.
“Lo estamos tratando como un caso de terrorismo interno y vamos a hacer lo que hacemos con los terroristas en este país”, dijo Bash.
También se quejó de que el rifle AK-47 que eligió “no estaba diseñado para disparar rondas rápidamente, por lo que se sobrecalienta mucho después de que se disparan unos 100 tiros en sucesión rápida”.
Crusius escribió que probablemente pasó menos de un mes preparándose para el tiroteo. “Tengo que hacer esto antes de perder el valor”, señaló en el texto.
Curiosamente, el documento incluye una protesta contra la automatización y las corporaciones de Estados Unidos. “La verdad incómoda es que nuestros líderes, Demócratas y Republicanos, nos han estado fallando durante décadas”, opinó.
Según el diario Los Angeles Times en una cuenta de Twitter que parecía ser de Crusius – y que fue cerrada el sábado por la noche – había tuits que elogiaban el trabajo del presidente Donald Trump y su plan de crear un muro en la frontera con México para evitar el cruce de migrantes.
Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….
La policía de El Paso dijo que no hubo intercambio de disparos cuando Crusius fue detenido.
“En este momento tenemos un manifiesto de este individuo que hasta cierto punto indica que tiene un nexo con un posible crimen de odio”, dijo el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, en una conferencia de prensa.
Verónica Escobar, representante de El Paso en el Congreso, dijo que “la narrativa del manifiesto está alimentada por el odio”.
“Y está alimentada por racismo, intolerancia y división”, agregó en una conferencia de prensa junto al alcalde de la ciudad, Dee Margo, y el gobernador de Texas, Greg Abbott.
“El Paso ha sido históricamente una comunidad muy segura”, aseveró y agregó que “el atacante “es alguien que vino de fuera de nuestra comunidad para lastimarnos”. Crusius es originario de Allen, un suburbio de Texas.
El Paso, sobre el río Bravo que separa a Estados Unidos y México, tiene 680,000 habitantes, 83% de ellos de ascendencia hispana, según datos del censo.
La ciudad registró un promedio de 18 homicidios anuales en los últimos cinco años y tiene una tasa de crímenes violentos mucho menor que otras ciudades estadounidenses de similar tamaño.
Es contigua a la mexicana Ciudad Juárez, que cuenta con una población de 1.5 millones, y mantienen un intenso intercambio social y comercial, con ciudadanos yendo y viniendo de ambos lados para trabajar, estudiar o hacer compras.
Con información de AFP, Washington Post y Los Angeles Times.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Guadalupe Espinoza Sauceda fue nombrado titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, dependencia a la que ha demandado en casi una docena de ocasiones.
Guadalupe Espinoza Sauceda es popularmente conocido por ser uno de los dos estrategas legales y políticos de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, megaproyecto construido por la Comisión Nacional de Agua y la empresa española FCC en Jalisco. El abogado ahora es el coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el mes de julio recibió del nombramiento en la dependencia a la que ha demandado casi una docena de ocasiones y llevado a juicios.
Ahora está del otro lado del escritorio, poniendo en práctica los aprendizajes obtenidos en la última década; a la par de sus credenciales académicas: es doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, con la tesis: “Sujeto y legalidad en la lucha contra la presa El Zapotillo: Caso Temacapulín”, en 2018. Su maestría en Desarrollo Rural, también en la UAM, la consiguió con la tesis “El conflicto agrario entre Milpa Alta y San Salvador Cuauhtenco: Espacio para un crecimiento urbano irregular. Hacia una propuesta de política pública”.
Resistencia en todo México
Además de defender a Temacapulín, Espinoza Sauceda fue asesor de Zacualpan, Colima, contra la minería. Allí asesoró el litigio contra la Procuraduría Agraria; obtuvieron una sentencia que declaró aquel poblado nahua como el primer territorio indígena libre de minería en México.
En Presidio de los Reyes, Nayarit, Espinoza Sauceda asesoró defensa legal contra el despojo de la Muxatena y la oposición a represar las aguas del río San Pedro.
En Guerrero, apoyó a comunidades indígenas de la región de la Montaña, así como de Ayutla de los Libres. A éstos les acompañó con capacitación para litigio estratégico contra megaproyectos. A la comunidad de Cuentepec, en Morelos, contra concesiones mineras que amenazan su territorio. Y en Tapalpa, al sur de Jalisco, a vecinos contra un basurero clandestino.
En el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio donde convergen articulaciones en Morelos, Puebla y Tlaxcala contra la termoeléctrica, acercó opiniones técnicas en el ámbito jurídico.
En el Movimiento Mexicano Antirrepresas (el Mapder) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería integró el acompañamiento legal de varias resistencias. En el norte del país, de donde es originario, asesoró a los mayos del sur de Sonora, además de emprender acciones legales en la península de Yucatán, en Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Campesino abogado
El nuevo funcionario público nació en Baca, Choix. Entre surcos y pastizales creció bajo la dinámica común del desierto. Lleva casi 20 años de haber salido de la tierra que aró junto a sus hermanos bajo el amparo de su madre y su padre, sin que se haya erradicado el acento al norte y su estilo campirano, lo que quizá sea la aptitud que le permite tender puentes empáticos con los pueblos y las comunidades embestidas por decisiones gubernamentales que les afectan.
¿Cuál es el motivo para que acepte el cargo?
“Las condiciones sociales y políticas están cambiando. Aunque no se perciba el cambio drástico, pero sí hay cambio y se está construyendo”, responde.
Para pocos causa sorpresa que esté trabajando en el actual gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero simultáneamente los que saben que ha apoyado al tabasqueño también reconocen su crítica hacia él. Es un defensor de derechos humanos más político que místico, pero que sabe respetar las deidades.
Salsa de chiles y libros
Su entrega a las estrategias legales de los conflictos socioambientales más críticos de los 500 casos que tiene registrados la Semarnat, según la cuenta del propio secretario Víctor Toledo, ha sido en ocasiones un apostolado.
Junto a su pareja y fórmula profesional, Claudia Gómez, encontraron en la fabricación y venta de los Chiltemacas —salsa casera con base en chile de árbol tostado en aceite con ajonjolí– una manera de subsistir.
Las personas que representan legalmente no reciben el trato de clientes sino de sujetos de derechos. No siempre pueden pagar por sus servicios profesionales y, cuando lo hacen, el monto no representa la tarifa que un despacho común de abogados cobraría.
El sustento de la familia de Espinoza Sauceda está basado en la mencionada venta de las salsas de chile que preparan en su casa, en la producción de libros alusivos a las luchas que acompaña y en la impartición de talleres a comunidades, estudiantes y periodistas.
No es la primera vez que Espinoza Sauceda ocupa un puesto en la administración pública. Tardó un mes en aceptar la invitación de ser el encargado de los asuntos jurídicos de la Semarnat. Pero en los cinco minutos que tuvo en privado con el secretario Toledo Manzur, acordó que “él tenía la libertad de sustituirlo cuando viera que no estaba cumpliendo”. Y el abogado pidió lo mismo: “salirme y renunciar cuando lo considerara así”. Ante el cuestionamiento de cuánto duraría en el cargo, responde: “el objetivo es avanzar en una estrategia política de largo plazo”.
‘No cambio mis ideas’
En un muro que da a la plaza central de Temacapulín, Jalisco, hay una pinta sin título. Es la reproducción de la fotografía que capturó un personaje cercano a la resistencia del pueblo contra la inundación por la presa El Zapotillo. Vienen caminando entre la neblina de otoño mientras tomaban acuerdos, Gabriel Espinoza —vocero de la lucha— y Guadalupe Espinoza. Fueron capturados de sorpresa y sin dejar de hablar. Sostienen una suspicaz sonrisa y miran a la cámara.
Días antes de ocupar su cargo en la administración federal, Guadalupe Espinoza acudió a una asamblea comunitaria en los portales de Temaca. Ahí notificó su decisión de desmarcarse jurídicamente de la lucha por obvio conflicto de interés.
Para personajes observadores de esa resistencia podría resultar una traición. Para el abogado, titulado de la Universidad de Occidente en El Fuerte, Sinaloa, se trata de otra estrategia:
“Soy un abogado del pueblo y entiendo que el pueblo va llegando al poder otra vez después de 1917. Como en 1934 y 1940 con Lázaro Cárdenas, ahora se presenta esta oportunidad aunque algunos no la entiendan. Y en eso estamos, tratando de que el pueblo sea el Estado o esa alianza del pueblo-gobierno sea el Estado”.
Quizá lo único que va a extrañar ahora en su etapa de burócrata, explica, es la lectura. Ese apasionante pasatiempo que lo ha llevado a devorar cientos de publicaciones de literatura, historia y libros técnicos de derecho.
Junto a su hermano Luis, se ha dedicado a recuperar la memoria oral de su tierra natal, las prácticas agrícolas, culturales y pasajes inverosímiles de personajes míticos de la región. Cosas plasmadas en docenas de artículos publicados en Río Doce, en la sección cultural. También sostuvo correspondencia amistosa con Javier Valdez, su paisano, hasta días antes de que lo asesinaran. De él guarda un cariñoso recuerdo cargado de tristeza por su muerte.
El límite
—¿Cuáles son los topes que te marcas para no seguir en el cargo?
—No litigar contra los pueblos, sino ayudarlos a salir de la encrucijada en que nos encontramos junto al gobierno. Entiendo que AMLO está a favor de los pueblos pero también requiere el respaldo de la sociedad en general. En una decisión final apelaría a la objeción de conciencia sobre firmar algo. Firmar en contra de Temaca, por ejemplo, no lo haría: prefiero renunciar.
Guadalupe Espinoza es de los contados abogados litigantes que acompañan a sus representados lo mismo a una mesa de diálogo político, a una misa, una marcha o un plantón, con todo lo que pueda implicar: desgaste emocional, presión psicológica y hasta el temor de una embestida violenta.
El abogado asistirá a las próximas reuniones entre el gobierno federal y la comunidad amenazada de convertirse en un embalse artificial del río Verde para abastecer de agua a Guanajuato, pero ahora sentado del otro lado.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
De acuerdo con la extitular de la Sedesol y la Sedatu, la investigación de La Estafa Maestra fue una campaña sistemática de linchamiento en su contra que puso en riesgo su integridad y puso en peligro a su hija.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, acusó a Animal Político de emprender en su contra “una campaña sistemática de linchamiento y difamación”, ya que con la investigación periodística acerca de la estrategia para desviar recursos conocida como La Estafa Maestra se utilizó su nombre e imagen, lo que ha puesto en riesgo su integridad y colocó en una situación de peligro a su hija.
En una carta entregada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, Robles indicó que fue señalada por el medio sin considerar que presentó a los autores de la investigación “documentos oficiales del Órgano Interno de Control donde se acreditaba que no había irregularidad alguna en el proceder de los funcionarios mencionados por la Auditoría Superior de la Federación”.
“Desde el momento en que se decidió poner mi rostro a esta información periodística la única que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación, ante el Poder Legislativo y ante cualquier instancia fui yo, a pesar de que la investigación era más amplia”, aseveró.
De acuerdo con la exsecretaria, en 2018 también fue “objeto de calumnias por el periódico Reforma”, a quien acusó de usar su nombre en los titulares, “aun cuando se refería a auditorías practicadas a dependencias que yo no dirigía, o a empresas que jamás se contrataron por Sedesol o Sedatu”.
“Vale la pena destacar que en todos los casos solicité mi derecho de réplica como lo marca la ley y nunca me fue concedido”.
Robles explicó que en 2018 acudió voluntariamente ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Secretaría de Hacienda que proporcionaran información de su persona y que omitieran el secreto bancario, “porque no tengo nada que ocultar”.
“La SFP me respondió que después de hacer la investigación que la ley mandato encontró que la evolución de mi patrimonio era coherente con mis ingresos y la PGR que no había ninguna denuncia o carpeta de investigación en contra mía. Lo que sí puedo acreditar y nadie ha podido demostrar lo contrario es que tengo la misma casa en propiedad desde 1995, una cuenta personal que acredita cómo he obtenido mis ingresos y que no poseo propiedades o activos que haya adquirido durante estos últimos seis años”, aseguró.
“Todo este linchamiento mediático ha influido a mi parecer en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso. No solo. Ha expuesto a lo más importante para mi que es mi hija, la que ha tenido que vivir toda clase de insultos y vejaciones, colocándola además en una situación de peligro frente a la delincuencia que se dedica al secuestro”, acusó.
Para Robles, las publicaciones realizadas con su imagen ejemplifican “el efecto corruptor en el proceso penal por la interferencia y el juicio mediático”.
“Por todas estas razones y porque en este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que seré sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo juzgador. Confío en la palabra del Presidente de la República cuando dice que no hay de su parte consigna alguna en mi contra o de alguna otra persona. Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades judiciales de mi país”, acotó.
“No tengo nada que esconder, por lo que me presentaré el jueves 8 como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos”, finalizó.
La FGR citó a Rosario Robles a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público” por el esquema de desvíos La Estafa Maestra, el próximo 8 de agosto en el Reclusorio Sur.
De acuerdo con La Estafa Maestra, investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias del gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero estas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
La carpeta de investigación que se le sigue a Rosario Robles se inició desde 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.
El pasado 31 de julio, la exsecretaria obtuvo una suspensión provisional contra una posible de orden de aprehensión girada en su contra, o de cualquier orden de comparecencia que implique una fuerza de seguridad pública la detenga para presentarla ante un juzgado.
Dicha suspensión es efectiva siempre y cuando los delitos por los cuales se hubiera girado la supuesta orden de aprehensión no sean de los considerados de prisión preventiva automática, como por ejemplo, delincuencia organizada o hechos de corrupción.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Siete de las personas que fueron asesinadas en Walmart de El Paso, Texas, residían en el estado de Chihuahua; seis vivían en Ciudad Juárez y una más, en la ciudad de Chihuahua. Así eran en vida
Dos eran un matrimonio. Otra dedicó su vida a enseñar a niños, era maestra de primaria, esposa y madre de dos hijos. Eran personas diferentes que coincidieron en el centro comercial paseño la mañana del sábado cuando un hombre irrumpió en el complejo comercial –muy concurrido por compradores mexicanos– y disparó contra clientes del lugar, dejando una estela de muerte.
El Gobierno de México dio a conocer que entre las víctimas mortales hay siete mexicanos. Todos son residentes del estado de Chihuahua. Seis vivían en Ciudad Juárez y una más, en la ciudad de Chihuahua.
Aquí están algunas de sus historias.
Sara y Adolfo
Sara Esther Regalado Monreal, de 66 años, y Adolfo Cerros Hernández, de 68, eran un matrimonio. Ambos vivían en Ciudad Juárez.
Tras la tragedia sus familiares los reportaban como desaparecidos y pedían que los ayudaran a ubicarlos, porque creían que pudieran haber estado dentro de las instalaciones de Walmart al momento del tiroteo. Este domingo, una de sus hijas confirmó que fueron asesinados.
“Con profundo dolor en nuestros corazones, les informamos que nuestros amadísimos padres Adolfo Cerros Hernández y Sarita Regalado fallecieron víctimas del lamentable tiroteo sucedido ayer 3 de Agosto en Wal-Mart Cielo Vista en el Paso, TX US”, dio a conocer en su cuenta de Facebook, su hija Sandra Ivonne.
La mujer dijo que su familia fue notificada por las autoridades este domingo a las 11:30 horas.
“Estamos devastadas han sido horas muy difíciles, ahorita estamos unidas y viviendo nuestro duelo. Les agradecemos infinitamente sus oraciones, su apoyo, preocupación, llamadas y mensajes, han sido una gran compañía durante este viacrucis”, dijo y pidió que den a la familia tiempo de asimilar lo sucedido. El día de hoy deseamos reservarnos de contestar llamadas y mensajes, contamos con su comprensión, dijo una de sus hijas.
Sarita era nacida en Ciudad Juárez; Alfonso era originario de Aguascalientes, Aguascalientes.
Elsa
Elsa Liboria Mendoza Márquez, de 57 años. Era originaria de Yepómera, Chihuahua, pero residía en Ciudad Juárez junto con su esposo y dos hijos adolescentes.
Elsa era maestra de primaria. Fue directora de la primaria Jaime Torres Bodet, indicó Víctor Reyna, uno de sus amigos, quien en un mensaje en internet se refiere a Elsa como una “gran amiga” y “una hermosa señora”.
Estaba casada con Antonio de la Mora Covarrubias, director general de Servicios Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). De acuerdo con datos documentados por La Verdad, nació el 23 de julio de 1962.
“Despido a mi compañera, la más maravillosa de las mujeres, un ser lleno de luz que seguirá iluminándonos nuestro caminar, por el tiempo que así disponga la vida… te vamos a extrañar amor!!!”, escribió Antonio de la Mora, su esposo, en un mensaje compartido en Facebook.
Sus conocidos y familiares lamentaron la muerte de la maestra y extendieron condolencias a sus hijos y marido a través de las redes sociales.
Iván
Iván Filiberto Manzano, originario de Ciudad Juárez, donde residía con su esposa y sus dos hijos, una niña y un niño.
Al trascender la noticia de su identificación entre las víctimas del tiroteo, sus amigos lamentaron su muerte.
“Me duele mucho tu partida y más de la manera violenta que fue ya que tú siempre fuiste un hombre de Paz !!! Hasta pronto”, dice una amiga de Iván.
Uno de sus allegados dio a conocer que tenía aproximadamente 45 años. Se dedicaba a las ventas y la mercadotecnia.
Hace unos años laboró en una estación de radio, en el área de ventas, y actualmente se dedicaba al negocio de los insumos médicos.
Gloria
Gloria Irma Márquez fue identificada por el gobierno mexicano como originaria de Ciudad Juárez.
Sus familiares externaron su duelo a través de redes sociales, donde dedicaron mensajes en su honor.
“En la vida hay tiempos para todo para reír, llorar, enojarse, para recordar…lamentablemente hoy es un momento de tristeza e impotencia, perdimos a un ser querido que era alegre que gozaba de la vida, pero lamentablemente llegó el momento de su partida”, publicó una de sus sobrinas, “ahorita lloramos su partida, pero algún día nos volveremos a ver”.
A los mensajes se volcaron conocidos y amigos que mostraban sus condolencias a su familia.
No se pudo corroborar el lugar de residencia ni su edad.
María Eugenia
Este trabajo fue elaborado por el equipo de La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
María Eugenia Legarreta Rothe era originaria de Chihuahua, Chihuahua, donde residía.
De acuerdo con información que sus familiares y conocidos compartieron en redes sociales, ‘La Güera’, como la llamaban, se trasladó de la ciudad de Chihuahua a El Paso para recoger a su hija al aeropuerto, procedente de un campamento.
Sin embargo, antes decidió pasar a Walmart donde se encontraba cuando se dio el tiroteo.
Al no llegar al aeropuerto, su hija lanzó una alerta en redes sociales con la foto de su mamá para pedir a la comunidad ayuda para su localización: “Si alguien tiene info de las personas que estaban en el tiroteo de El Paso o me puede ayudar a encontrar a mi mamá… ella estaba ahí”.
El día de hoy las autoridades confirmaron que María Eugenia estaba entra las víctimas del tiroteo.
Jorge
Jorge Calvillo García. Es un hombre de 61 años, originario de Torreón, Coahuila, pero era residente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos investigados por La Verdad habitaba en un fraccionamiento al sur de la ciudad.
Hasta la tarde de este domingo, no se localizó a sus familiares.
Autoridades de Estados Unidos consideran que se trata de un crimen de odio. El presunto atacante fue detenido, se trata de un hombre blanco de 21 años que antes de desatar la masacre habría escrito un manifesto antimigrante.
Con vigilias, residentes de Ciudad Juárez y paseños se solidarizaron con las víctimas de la balacera desatada en Walmart y Cielo Vista Mall, donde un hombre disparó contra clientes del lugar dejando 20 muertos y 26 heridos. Tres de los asesinados y seis lesionados son mexicanos
Frente a la valla que divide México y Estados Unidos, la luz de velas y de lámparas de teléfonos móviles se encendieron por decenas de fronterizos que se reunieron en El Punto para externar su solidaridad con las víctimas del tiroteo que este sábado se registró en un centro comercial de El Paso, Texas y que dejó 20 muertos y 26 lesionados. Tres de los asesinados son mexicanos.
“Venimos a mostrar apoyo y solidaridad con nuestra ciudad hermana, El Paso… el tiroteo nos consternó”, dijo Idhali López, de Rotaract Juárez Ejecutivo, grupo que convocó a la vigilia para repudiar ese acto de odio que se registró en El Paso, antes de las 11 de la mañana cuando un hombre, de 21 años, armado irrumpió en el Walmart del centro comercial Cielo Vista desatando una masacre.
De otro lado de la frontera, residentes paseños reunidos en El Paso High School y en algunas iglesias también iluminaban la oscuridad de la noche con decenas de velas encendidas en honor de las víctimas masivas de ese acto que dejó en duelo a la ciudad catalogada como una de las más segura de Estados Unidos.
“Deseamos de todo corazón que esto no vuelva ocurrir”, dijo a su vez Lucía Valenzuela, quien ayer se sumó a la vigilia en El Punto, lugar donde el papa Francisco celebró en el 2016 una misa binacional en la que imploró por los migrantes.
“Este es un punto donde se ve la ciudad hermana, donde ellos también nos pueden ver”, agregó Idhali antes de encender su veladora y sumarse a los fronterizos que vestidos de blanco anoche repudiaron actos de odio.
Indicó que ver este hecho violento fue como revivir lo que hace años pasó en Juárez. “Verlo en una ciudad que nos dicen es de las más segura… nos hizo volver a sentir que no estamos preparados para volver a sentir la violencia”.
Un día entre disparos y duelo
El tiroteo en El Paso, Texas se registró en Walmart y en el exterior de Cielo Vista Mall, minutos antes de las 11 horas, cuando un hombre armado irrumpió en el complejo comercial –muy concurrido por mexicanos– y disparó contra clientes del lugar, dejando 20 muertos y 26 lesionados, entre ellos varios infantes.
Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga, pero fue alcanzado y arrestado sin incidentes por agentes de la policía, se informó.
De manera oficial, el vocero del departamento de la policía de El Paso informó que hay un hombre detenido bajo investigación.
El presunto responsable fue identificado como Patrick Wood Crusius, un hombre blanco de 21 años residente en un suburbio de Dallas, Texas.
Su aspecto trascendió minutos después de la masacre en una imagen captada del video de las cámaras del sistema de seguridad de la tienda, que se difundió por internet. En ella el hombre se ve armado con un rifle, equipado con gafas y audífonos.
Diversos videos tomados por testigos y difundidos por redes sociales muestran el pánico que se extendió en medio de la balacera, con personas tiradas en el piso, sangrando, decenas de clientes corriendo a refugiarse en el interior de los locales y también cuando son evacuados por agentes de la policía.
La situación desató un caos en la ciudad fronteriza colindante con Juárez y habitada por unas 680 mil personas, que actualmente se encuentra en medio de un debate político por el arribo de miles de migrantes, solicitantes de asilo político a Estados Unidos.
“Es uno de los días más sangrientos de la historia del Estado”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbot, quien arribó a El Paso y se sumó a una oración por las víctimas en un servicio celebrado en la iglesia San Pio.
Se dio a conocer que las autoridades estadounidenses investigan un manifiesto antimigrante presuntamente elaborado por el atacante, se trata de un documento de cuatro páginas titulado “Probablemente voy a morir hoy”. El manifiesto habría sido publicado en un foro ultraderechista de Internet poco antes de la masacre.
De acuerdo con The New York Times, el documento expresa posturas racistas y habla del ataque como “una respuesta a la invasión hispana de Texas”. “Los hispanos tomarán el control del Gobierno local y estatal de mi amado Texas”, dice el manifiesto, según el diario estadounidense.
Mexicanos entre las víctimas
A unas horas de la tragedia, el gobierno de México dio a conocer la mañana de este domingo que hay tres mexicanos entre las víctimas mortales de este masacre y que se tenía información de seis mexicanos entre los lesionados que se encontraban en los hospitales paseños.
A través de su twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que al menos tres lesionados estaban identificados.
Las autoridades norteamericanas confirman 20 muertos y 26 heridos en el tiroteo de El Paso,Texas. Hasta ahora 6 heridos son mexicanos.
Se trata de Mario de Alba Montes, de 45 años, quien recibió un balazo en la espalda; Olivia Mariscal Rodríguez, de 44 años, herida en el pecho y una mano; así como Erika Alma Mariscal, de 10 años, lesionada en la pierna. Todos de Chihuahua.
Sobre los otros tres mexicanos heridos, Ebrad dio a conocer que se trata de dos hombres y una mujer de Torreón, Coahuila y de Ciudad Juárez, quienes están recibiendo atención medica apoyados por personal del consulado mexicano en El Paso.
Todos tenemos un lazo con El Paso, es nuestra ciudad hermana y el duelo que tiene no es algo que se pueda ignorar, dijo Idhali.
Las vigilias en honor a las victimas iluminaron en ambos lados de la frontera.
“Estas maneras de demostrar el odio nos hace sentir impotentes”, expresó Idhali antes de encabezar la vigilia con la que buscaron mostrar a los paseños que no están solos y mostrar al mundo que Ciudad Juárez, pese a la violencia y duelo que vive por miles de personas asesinadas por la guerra contra el narco podemos apoyar a otras ciudades.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
En la región de la Montaña de Guerrero existen 20 especies registradas de hongos comestibles. En algunos de sus pueblos indígenas todavía conservan la cultura de la recolección para consumo y uso medicinal.
Andrés, Mario, Hugo y Víctor, niños indígenas nahuas de 9 a 11 años, recorren los bosques de su comunidad en busca de esos hongos como parte de la herencia cultural y ancestral que les enseñaron sus padres.
Durante la temporada de lluvias los hongos comienzan a brotar de los árboles del bosque de la comunidad de Chalma, municipio de Atlixtac.
Andrés es el primero en salir de casa hacia el bosque. Recorre de 5 a 10 kilómetros diarios, según su suerte, en busca de los hongos. Él y sus hermanos han tardado hasta cuatro horas buscándolos.
Los niños se guían por el color para ubicar las especies de hongos comestibles, a los que han dado nombres de elementos de su entorno: pájaro, escobetilla, cuerno de venado colocosa, lengua de vaca, hongo de leche.
Los padres de Andrés, Mario, Hugo y Víctor los esperan a que lleguen del bosque para instalarse a orilla de la carretera que comunica a los municipios de Zapotitlán Tablas y Acatepec para vender los hongos en jícaras a un costo de 10 y 20 pesos.
Familias de esta zona indígena de la Montaña han generado una manera de vivir de los hongos comestibles que les da la naturaleza, a la que cuidan y respetan.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
Texto: Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero.
Foto: Internet
2 de agosto del 2019
Alberto Nava López, director de Actividades Comerciales Industriales y Espectáculos Públicos del ayuntamiento de Zihuatanejo, región Costa Grande, y también administrador de la página de Facebook «La Verdad de Zihuatanejo» fue asesinado por hombres armados.
La Fiscalía General del Estado(FGE) emitió un comunicado en el que aseguró, investiga el hecho. Explicó que Nava López fue asesinado de un tiro con un arma de calibre 9 milímetros.
El parte policiaco indica que el homicidio ocurrió alrededor de las diez horas, cuando Nava hacía un recorrido en la playa como parte de su labor institucional en esta temporada vacacional.
De acuerdo a periodistas de Zihuatanejo, consultados por la APEG, Alberto Nava López comenzó como reportero en 2006, en el Diario de Zihuatanejo.
Después trabajó en el Despertar de la Costa. Colaboró también con el Grupo Milenio.
Desde la administración municipal que empezó en 2018, Nava López combinaba la dirección de su portal, donde principalmente subía información de corte policiaco, con sus actividades reporteriles.
“La primera vez se lo llevaron a plena luz del día. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba afuera del periódico en el que trabajamos. Llegaron por él en una camioneta blanca. todos bajaron las cortinas. Era noviembre de 2012. El subdirector llamó a la Marina. En 2010 nos habíamos quedado sin policía municipal y entró la del estado. Los marinos tenían un retén en la caseta, así que pusieron un cerco en toda la ciudad y los rescataron. Ellos (los criminales) dejaron a la gente que tenían secuestrada y huyeron a los cañaverales. Nunca los detuvieron. En esos días había un ambiente raro en la ciudad. Camionetas y vehículos daban vueltas en lugares públicos. En un solo mes desaparecieron a los chicos jugando futbol, a los policías municipales, a los bomberos. Eso sí estuvo horrible. Se llevaron a 4 de protección civil y bomberos, entre ellos la radio-operadora y un maquinista. Eran estos (muestra fotos): Vero, tenía tres hijos… ella y yo estuvimos juntos en la escuela; Cardel y Pablo. Todos estaban muertos a batazos y alrededor había unas imágenes de la Santa Muerte.
“Regresó porque habían abatido al jefe de la plaza en un operativo conjunto, el 19 de diciembre. Dicen que le pasaron una camioneta encima. Sergio regresó el 1 de enero de 2013. Durante esos días estuvo muy temeroso. Mi madre le decía: ‘¿a qué regresas?’, pero el siempre respondía: ‘no pasa nada, vieja’. Ya no tomaba, había cambiado mucho. Cuando desapareció recuerdo que acabábamos de cobrar la quincena. Le entró una llamada, se fue al baño a contestar. Regresó blanco. Agarró los guantes para la moto y el casco y me dijo: ‘déjame la compu prendida, que voy a regresar a trabajar’. Ya no volvió”.
El testimonio es de un reportero de Cardel, una ciudad que está entre el puerto de Veracruz y Xalapa. Habla de su compañero, Sergio Landa Rosado, el último de los periodistas desaparecidos en el estado. La historia es, apenas, una primera mirada a lo que viven los periodistas en ese estado más letal del mundo para el ejercicio periodístico.
Sergio Landa, el “reportero de hule”, como le decían en la región, cobraba mil 500 a la quincena y no tenía días de descanso. El Diario de Cardel, empresa para la que trabajaba, es parte de la Editorial Olmeca, propiedad de Edel Álvarez, político priísta y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado. La empresa se desentendió de la familia y del caso, después de la desaparición de su reportero policíaco. La motocicleta en la que Sergio Landa acudió a su última cita fue recuperada tiempo después por policías estatales y sigue “puesta a disposición de la autoridad”. Tres años y medio después de su desaparición, nadie sabe realmente qué pasó. Y como en todos los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en Veracruz que han sido atraídos por el gobierno federal, el expediente no fue turnado a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sino a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (Seido), por presumirse que se trata de un asunto relacionado con el crimen organizado y no con su actividad periodística.
En Veracruz han sido asesinados 24 periodistas y fotógrafos en los últimos 11 años, que abarcan los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. (Esta cuenta incluye a dos que fueron asesinados fuera del estado —uno en Oaxaca y uno en la ciudad de México— pero que trabajaban allí). Otros 8 reporteros están desaparecidos, una característica muy propia de México, que no ocurre en otros países peligrosos para la prensa. Su lista incluye al primer reportero desaparecido en todo el país: Jesús Mejía Morales, un reportero de radio que cubría política en el municipio de Martínez de la Torre, al norte de la capital y desapareció en el último año del mandato de Miguel Alemán, en julio de 2003.
En la última década se han documentado 21 ataques a medios (desde hackeos y amenazas hasta incendios) y al menos 40 reporteros han tenido que dejar su hogar por temor a perder la vida. En esta última lista estaba Rubén Espinosa, quien después de un largo anuncio de su muerte, fue asesinado en la capital del país, el 31 de julio de 2015, en circunstancias no aclaradas hasta ahora.
¿Quién o quiénes están detrás de la muerte que cubre a la prensa veracruzana? ¿Qué buscan? Comencé a documentar testimonios de periodistas agredidos en mayo de 2012, unos días después del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, en Xalapa. Ella fue extrangulada en su casa por un hombre que está prófugo y con quien, según la versión oficial, tendría una relación sentimental. El único detenido, José Antonio Silva, es un hombre analfabeto y seropositivo, que ante el juez declaró que fue torturado para declararse confeso (aunque en realidad, sólo confesó haber estado presente en el asesinato, pero no participar en él). Edel Álvarez, el magistrado dueño de varios diarios -entre ellos el diario donde trabajaba Sergio Landa-, lo dejó libre por falta de pruebas. Luego fue reaprehendido.
Álvarez es un político priísta distanciado del grupo gobernante al que los reporteros ubican ahora más cercano al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, otro político de larga trayectoria en el PRI que en 2016 contendió por la gubernatura a través de una alianza electoral opositora. Así de complejo es tratar de entender Veracruz, donde los políticos son dueños de medios, los periodistas completan su sueldo trabajando para políticos o en oficinas de comunicación, y los límites entre grupos políticos y grupos criminales parecen no existir.
La revisión de más de 300 agresiones a periodistas registradas en Veracruz entre 20003 y 2016, un registro que incluye datos oficiales, bases de datos diferentes organizaciones de libertad de expresión y agresiones no reportadas que son producto de entrevistas con reporteros de todas las regiones del estado, permite comenzar a armar el complejo rompecabezas de los ataques a la prensa en el estado.
Una de las primeras cosas que llama la atención es que en la mayoría de los casos que el gobierno considera “cerrados”, hay tres móviles: 1 ) robo 2) crimen pasional o por motivos personales 3) crimen relacionado con los grupos criminales.
El análisis de la información permite identificar tres bloques de periodistas agredidos:
Los policiacos. Periodistas que quedaron atrapados en medio de un territorio disputado por distintos grupos criminales. Que recibían llamadas o instrucciones de qué publicar o no. Y que antes de ser asesinados fueron torturados y los dejaron desmembrados o exhibidos públicamente. El único que se sale de ese patrón es el columnista de Notiver, Milo Vela, quien fue asesinado con su familia, por tres desconocidos que entraron de noche a su casa y dispararon con saña. “Eso podría indicar que fue un grupo criminal distinto al de los otros policiacos”, dice un investigador consultado para este trabajo.
Los regionales. Periodistas de zonas limítrofes o municipios pequeños que tienen conflictos con caciques o con poderes locales específicos, como Gregorio Jiménez de la Cruz, en Coatzacoalcos. A ellos los sacaron de su casa y los enterraron en fosas o, como en el caso de Armando Saldaña, los fueron a dejar en otro estado. En este grupo originalmente entraría, Moisés Sánchez, director de la Unión de Medellín que fue secuestrado por policías municipales y asesinado en enero de 2015; el gobierno de Veracruz se apresuró a responsabilizar al alcalde panista, Omar Cruz Reyes, quien está prófugo; pero no se han explorado otras líneas de investigación. “Todo parece indicar que el problema fue con la policía estatal, por el apoyo que dio Moisés a la creación del Comité de Autodefensas de la Colonia Gutiérrez”, dice un reportero de la zona.
Los políticos. Periodistas con perfiles más altos, que tenían una influencia mayor por su relación con medios nacionales y sus coberturas de movimientos sociales y políticos. Sus asesinatos han tenido impacto más allá de círculos locales y, desde el inicio, las investigaciones han evitado evidencias que pudieran relacionar los asesinatos con sus actividades periodísticas. Son los casos de Regina Martínez y Rubén Espinosa, cuyos nombres “aparecieron” en abril de este año en una gran manta que nadie sabe quién colocó enfrente del palacio de gobierno de Xalapa. La manta está firmada por “amigos” de los periodistas y pide que no haya juicio político al gobernador. Nadie la ha quitado. “A Rubén no lo mataron por lo que sabía, sino por lo que representaba”, confía otro reportero.
“Me avisaron de un ejecutado en Rinconada, lo hicieron cachitos y la metieron a tambos con ácido. Tomé 7 fotos y arranqué la moto. Era un camino de terracería. Una camioneta con un enmascarado me hizo el alto. Varios hombres me rodearon. El hombre me dijo: ‘Te voy a hablar claro: esta chamba es de nosotros y no queremos que salga. Borra esas fotos y no seas pendejo. Para la otra, pregunta’. ‘¿A quién?, pregunté yo. ‘Siempre hay alguien’ me dijo. Borré las fotos, les dejé la memoria y me fui”. (Testimonio de la región del Sotavento)
“Un día de 2013 llegó el jefe de una tránsito y me dijo: ‘necesitamos tu casa para el nuevo jefe de la plaza’… Se la dejé. Llevábamos tres presidentes municipales, de distintos partidos y todos relacionados con los de la letra (…) El día que me secuestraron, me dijeron que le bajara a la información del alcalde. Después de eso anduve a salto de mata durante unos meses. Cuando regresé, me encontré al presidente municipal en un evento y le dije que por qué me había mandado hacer eso. Él me dijo: ‘No, yo no fui. Pero vamos a arreglarlo. A ver –le dijo a su asistente- búscale una plaza’. Y me dieron la plaza de policía”. (Testimonio del sur de Veracruz)
“En el periódico siempre tenemos llamadas. Hay un enlace. Todos los periódicos de la zona tienen un enlace que se comunica con los grupos criminales para ver qué se publica y que no. Un día llegó el dueño y corrió a toda la sección local, que porque estaban involucrados. Pagaron unos por otros”. (Testimonio de las montañas)
“El problema es la corrupción y que los propios periodistas funcionan como espías, orejas del gobierno. No sabes en quien creer, ni en quien no”. (Testimonio de Xalapa)
“Lo más cabrón es la soledad, te sientes nada. En un lugar tenías a tus amigos, tu vida, eras reconocido. Y llegas a otro donde no eres nadie. Al principio, yo sólo quería emborracharme”. (Testimonio de un periodista desplazado)
En todas las regiones de Veracruz, los entrevistados hablan de una limpia de zetas que comenzó en 2009, cuando los “Matazetas” de cartel de Jalisco Nueva Generación hizo su presentación en el puerto de Veracruz. Unos ubican en esta limpia a La Marina, otros al cartel de Jalisco y otros a la policía estatal que comanda Arturo Bermúdez
Bermúdez llegó a Veracruz con Fidel Herrera, como coordinador del C4, y luego, Javier Duarte lo puso a cargo de la policía estatal, que en estos años tuvo cambios importantes, primero se creó la policía intermunicipal (o regional) y luego una fuerza de élite, entrenada militarmente, que está presente en todo el estado, pero muy marcadamente en la capital del estado.
La fuerza civil, presumida por el presidente Enrique Peña Nieto como “la mejor policía del país” no solo tiene decenas de denuncias por desapariciones forzadas en la era de Bermúdez, también acumula más de 90 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.
“Veracruz tiene una lógica de guerra desde que se tomó la decisión de eliminar a los zetas y para eso usa de todo: marinos, otros grupos criminales, policía estatal o lo que necesite; si en esa lógica, se identifica al movimiento social como un enemigo, lo van a tratar así, como un enemigo”, explica un experto en seguridad.
Otro investigador de la Universidad Veracruzana, experto en seguridad, asegura que el control y el temor son tan grandes que los académicos lo último que quieren es que se conozcan sus investigaciones.
Esa puede ser una explicación para la persecución estatal contra periodistas que identifican como cercanos a grupos “desestabilizadores”. En marzo de 2013, el propio Arturo Bermúdez acusó al fotógrafo Félix Márquez de publicar fotos falsas de autodefensas en el municipio de Tlalixcoyan. “El único que debería estar detenido es el que les fue a tomar fotos y les paga a los ciudadanos para que pongan cosas”, dijo el jefe policiaco.
En todo caso, la marca del gobierno saliente de Javier Duarte ha sido la descalificación de los reporteros que son agredidos.
En julio de 2011, unas horas después de que fue encontrado el cuerpo de Yolanda Ordaz, reportera policiaca de Notiver en el puerto de Veracruz, el entonces Procurador de Justicia, Reynaldo Escobar, vinculó el homicidio con el crimen organizado y para sustentarlo, difundió unos videos en los que se escucha a la periodista ponerse de acuerdo con un hombre para difundir las manifestaciones contra militares y apoyar a un preso del Penal de Villa Aldama.
Pero el rasero para validar los dichos de delincuentes no fue igual cuando un líder zeta capturado en Córdoba involucró con esa organización al secretario de Gobierno, Erik Lagos. “El señor es un delincuente que mató, torturó a muchas personas. Es una persona sin ninguna moral”, dijo el gobernador Duarte en ese caso. En cambio, en julio de 2015 advirtió a los periodistas en Poza Rica: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos y quienes están metidos con el hampa (…) vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación”.
“Ni siquiera es que te hagan algo, ya ni siquiera sabes si es para hacerte daño, o sólo para mostrarte que lo pueden hacer en cualquier momento. A mí ya no me siguen, Siguen a mi esposa”, cuenta otro periodista en Xalapa, la capital, y donde cualquier historia increíble puede ocurrir.
En mayo de 2012, acompañé a Laura Salas, que entonces era relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Mike OConnor, corresponsal del Comité para la Protección a Periodistas, a documentar agresiones a periodistas en Veracruz. Después de un foro convocado por el movimiento Yosoy132, en el que pudimos platicar con varios colegas, fuimos a cenar. Luego, Laura y yo dejamos a Mike en su hotel, con el acuerdo de salir al día siguiente a las 8 de la mañana para el puerto.
En la mañana hablamos y no contestaba. Fuimos a su hotel y la mujer de la recepción nos recibió con una noticia sorprendente: “El señor bajó a desayunar borracho y lo tuvieron que subir a su cuarto”. Nunca habíamos visto a Mike tomar alcohol, pero dimos la versión por cierta y nos fuimos al puerto en camión. Entrevistamos a otros reporteros y poco después de las 3 de la tarde recibí una llamada de Mike:
— ¿Daniela? No sé qué pasó. Acabo de abrir los ojos.
— Si Mike, nos dimos cuenta que apenas te dejamos y te fuiste con tus amigos periodistas borrachos — le dije bromeando.
— No. No fui a ningún lado – respondió él, muy serio —. Tomé una pastilla para el dolor de cabeza y me perdí. Abrí los ojos ahorita, y estaba en penumbras. Sólo que alguien me dejó aquí unos chocolates de regalo.
— ¡Cómo que unos chocolates!… Mike, ¿estás bien? ¿Te robaron algo?
— No estoy seguro. Tengo aquí mi teléfono y mi directorio, parece todo normal, pero no están unas hojas en las que apunté las entrevistas que hicimos ayer.
Mike nunca quiso regresar a Xalapa. Lo siguiente extraordinario que escuché de un periodista ahí fue el testimonio de Rubén Espinosa sobre lo que parecía una persecución fantasiosa.
Ninguno de los dos está ahora. Así que solo queda seguir investigando lo que dejaron inconcluso.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
El homicidio y los feminicidios de Alejandra Negrete, Mile Martín, Yesenia Quiróz, Nadia Vera y Rubén Espinosa cumplió 4 años y la fiscalía de la Ciudad de México siguen sin resolver por qué los mataron. El multihomicidio visibilizó la continua falta de perspectiva de género en las investigaciones. Familiares, amigos y activistas encontraron formas de hacer memoria para luchar en contra de la estigmatización y pedir justicia a través de una serie de acciones colectivas
Los asesinatos de Alejandra Negrete, Mile Martín, Yesenia Quiróz, Nadia Vera y Rubén Espinosa, el 31 de julio del 2015, siguen sin aclararse. A cuatro años, a pesar de que existen tres detenidos, no se sabe qué pasó. Las familias, amigos de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos siguen luchando contra la estigmatización, la revictimización y la impunidad en el caso a través de formas diversas que abarcan desde manifestaciones artísticas hasta herramientas digitales que buscan interactuar con la ciudadanía.
Cartas a Rubén
Cartas a Rubén es una exposición itinerante del fotoperiodista mexicano. La exposición fue un sueño de Rubén Espinosa: “Cuando llega exiliado de Veracruz a la Ciudad de México plantea hacer una exposición de su trabajo y de otros compañeros con el objetivo de empezar a unir al gremio”, cuenta el fotoperiodista Alejandro Meléndez en un video de Artículo 19.
La intención era mostrar lo que sucede en el país pero también crear narrativas contra el miedo “mostrar la dignidad ante la adversidad y la esperanza” como se lee en la introducción de la exposición.
Para Patricia Espinosa, hermana de Rubén, la exposición es muy importante para que conozcan el trabajo de su hermano. Este jueves, lo presentaron a un grupo de niños que muy atentos y participativos escucharon la historia.
“Fue un momento muy importante, un día muy especial. No podía decir que Rubén fue asesinado y torturado ante un grupo de niños pequeños. Tuve que buscar una estrategia para contarles que mi hermano ya no estaba con nosotros. Decirles que ojalá les gustara y les inspirará para hacer la cantidad de cosas que sueñan hacer en la vida. Inmediatamente los niños tomaron sus hojas y sus colores y le escribieron una carta a Rubén. Incluso un niño se acercó y me dijo ‘siento mucho y lamento mucho la muerte de tu hermano’. Que un niño haya puesto atención a la explicación y que se acerque a decirte que lo lamenta fue algo muy gratificante”, recuerda.
Memorial: ni perdón, ni olvido
La más reciente manifestación contra el olvido es la Plataforma Memorial Caso Narvarte que la organización Artículo 19 lanzó este jueves. Un espacio digital que reúne informes, investigaciones periodísticas, perfiles, una novela gráfica del caso y un podcast.
La realización fue de varios meses y muy cercana a las familias, enfocada en cómo les impactó el crimen y en que sea algo que para las familias tenga sentido. Un espacio de dignidad que tumbe la estigmatización.
“La estigmatización busca deshumanizar a las víctimas. Buscamos que en la plataforma memorial se sientan como alguien cercano, mostrar sus lados humanos, quiénes eran, qué les gustaba, cuáles eran sus sueños”, explica María de Vecchi, coordinadora de derecho a la verdad y rendición de cuentas de Artículo 19.
Ya que el Estado no ha garantizado el acceso a la verdad, Artículo 19 pretende con esta plataforma recopilar toda la información del caso para todas las personas que busquen respuestas y a quienes quieran acercarse más.
“Un periodista preguntó si de verdad existe la prensa con perspectiva de género y por qué es importante. Emanuela Borzacchiello, una de las autoras del informe de análisis del discurso de la cobertura mediática, le contestó con varios ejemplos de periodistas que trabajan con ese enfoque. Falta aprender de esas personas y replicar esas voces, como personas que nos faltan, como un crimen que nos pasa a todos como sociedad y que desde el periodismo se puede aprender de quienes ya lo están haciendo. Hay un camino muy largo pero también hay trabajo de quienes ya lo están haciendo de esa forma y es importante voltear a ver esos trabajos”, cuenta María.
El primer concierto
La primera manifestación artística que se hizo en la calle del multihomicidio fue un “Toquín Feminista contra la violencia feminicida”. Un grupo de feministas protestó desde el primer mes por la omisión de Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera y Yesenia Quiroz en las primeras manifestaciones contra los asesinatos.
“Tratamos de visibilizar que fue un crimen de Estado feminicida, que mataron a cuatro mujeres que no estaban siendo nombradas y que aparte presentaron violencia sexual. En ese entonces eramos pocas feministas y vieron mal lo que hicimos. Decidimos organizar la tocada y fue el primer evento que buscaba dar fuerza, sacar la fuerza de la tristeza” cuenta la feminista Ana Dino.
-¿Encuentras diferencias del 2015 al 2019 en la cobertura que da la prensa y en las investigaciones de las autoridades?
“Ha cambiado sí y no. No ha cambiado porque se sigue viendo al feminismo como un tema y no como una mirada para tratar los temas. Ha cambiado en que hay más mujeres que aprendimos a no reproducir mensajes machistas y a luchar porque se visibilicen los feminicidios.
En cuanto a la investigación, existe más capacitación de perspectiva de género pero estas solo tienen una repercusión discursiva. En las formas, en lo tangible, no lo hay y por eso seguimos sin saber qué pasó el 31 de julio del 2015. El Estado tiene muy claro como simular” expresa Dino.
Arte para no olvidarte
En 2016 Itza Ponce platicó con Mirtha Luz Pérez, madre de Nadia Vera. Hablaron de hacer algún ritual, de limpiar el espacio donde sucedió el crimen. Itza agregó la idea de hacer algo que les represente, esas fueron las raíces del Festival Arte Para No Olvidarte.
El festival es un encuentro artístico de música, mesas de discusión, danza y actividades pensadas en lo que les gustaba a las cinco. Una forma de hacer memoria y de exigir desde el gozo pero también un reencuentro entre las familias y amigos.
“Hablamos de recuperar el espacio, de la necesidad de crear homenajes de resistencia y de sanación, desde el gozo y la vida. Un momento para mirarnos y abrazarnos” cuenta Itza, quién en ese entonces era pareja de Rubén.
En el Festival de Arte Escénico Contemporáneo 4×4 Itza conoció a Erika Lozano en el conversatorio “Ser frágiles juntes”. Esa edición fue dedicada a homenajear a las cuatro mujeres asesinadas. Después de eso se encontraron de nuevo en una reunión convocada por la organización Artículo 19. Después de eso comenzaron a organizar el festival.
“Nos resonó la importancia de accionar por la misma voz de Nadia que decía: “tenemos que hacer algo. El crimen de las cinco devela el sistema de impunidad de cualquier caso. Sabemos que por Rubén y Nadia hubo visibilidad pero, ¿qué pasa con otros casos? Al final devela el sistema en el que vivimos. Este lugar en el que parece que no somos nadie”, menciona Erika Lozano.
Itza Ponce añade:
“Cada asesinato resuena porque lo que nos quieren inculcar es el miedo. Como justo esta parálisis de hacerse de la vista gorda, o de no entender porque es demasiado el horror en el que vivimos pero necesitamos hacer frente, decir: nuestras vidas valen, todas, la de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén, Yesenia porque eran personas que tenían familias, oportunidades, sueños, una voz, que ahora nos queda solo en la memoria. Pensaba hoy, que unos compas dijeron antier en Jalapa: Necesitamos más Nadias, más Rubenes que tengan esa firmeza porque estamos callados por el miedo. Necesitamos dejar de permitir que nos sigan matando. Hacer frente y acompañar la vida con las enseñanzas que nos dejaron”
“Recordar lo que sentimos el 1º de agosto del 2015 cuando nos enteramos. El miedo, el terror, la intención de paralizarnos. Justo seguir con el impulso del principio de responder con rabia y transformarla para seguir exigiendo justicia, para hacerle frente al mensaje, a lo que querían decir con sus muertes. Mantener ese impulso es muy importante”
-Erika Lozano
El miedo no nos paraliza y podemos seguir exigiendo que cambien las cosas y lo hacemos desde esta propuesta de encuentro de fiesta mencionan Itza.
Este sábado 3 de agosto en la calle de Luz Saviñón se hará la cuarta edición. El festival comienza al mediodía con la puesta en escena Maravatío de Mariana Arteaga; le sigue una mesa con las familias y luego música a cargo de Batallones Femeninos, Musas Sonideras y la banda punk Los Incorregibles. También se leerán los poemas de Mirtha a Nadia.
“A Rubén le gustaba el ska y el punk entonces siempre trato de que haya una banda que le hubiera gustado escuchar” cuenta su hermana.
Para Lozano y Ponce el acto artístico es político. Y la fuerza del festival la sienten cuando año con año se siguen encontrando y la gente sigue asistiendo. Algo que resaltan es que en estos años se han entrelazado luchas, hay personas que siempre han estado y personas que conocieron por el festival, se ha formado un tejido grande y solidario entre gente que cree en la importancia de la memoria de las cinco.
“Me encantaría pensar que el festival tiene algo que resuena y que se puede replicar en otras luchas”, dice Erika Lozano.
Además se hacen murales colectivos. El domingo se empezará uno en la cerrada de Heredia y avenida José Martí, en la Colonia Escandón. Patricia Espinosa está haciendo una rifa de huipiles y tatuajes para apoyar la creación de estos murales.
La importancia de no soltar
Patricia Espinosa destaca la importancia de la memoria.
“Se dice que las personas no mueren hasta que se les olvida. Yo creo que sabemos que ya no están pero ha sido muy importante para nosotros mantener año con año la memoria de nuestros seres queridos”.
Para ella no hay vuelta atrás respecto a la estigmatización de autoridades y prensa pero sí tiene que existir una búsqueda para subsanarla y una forma es la disculpa pública. El gobierno de la Ciudad de México se acercó a la familia y propuso hacer un acto en marzo, pero los padres y hermanas del fotógrafo lo rechazaron porque la investigación estaba detenida. Después de que cambiaron al Ministerio Público comenzó a haber disposición:
“Al menos ahora hay un plan de investigación, es el primero en años. Aún así preferimos que haya avances y que de verdad trabajen, porque si no la disculpa es como un cheque en blanco”, explica.
Lo único distinto es que se considerará la labor periodística dentro de la línea de investigación, cuenta su hermana.
Dice que le gustaría que se le recuerde a partir de su esencia:
“Solidario, buen amigo, siempre con ganas de aprender, aguerrido… y creo que así lo recuerdan y eso me da gusto. Que Rubén dejó semillas entre nosotros”.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
La mañana del domingo 2 de agosto de 2015, el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, sus principales colaboradores, y la Secretaría de Gobierno Patricia Mercado, se reunieron con un grupo de periodistas con los que Rubén Espinosa tenía una relación de trabajo y defensores de organizaciones de libertad de expresión.
Habían pasado 36 horas del hallazgo del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, entre ellos el fotorreportero amenazado, cuya identidad era la única que se tenía confirmada hasta ese momento.
La reunión fue convocada por la secretaria de gobierno y duró cerca de 40 minutos. No fue un encuentro sencillo. El procurador Rodolfo Ríos aseguró a los asistentes que no descartaba ninguna línea de investigación.
“Tengan la confianza de que nosotros estamos trabajando muy fuerte (…) tenemos a todo un equipo importante que está trabajando en este asunto porque no vamos a permitir que haya impunidad, no vamos a permitir que esto quede así como un homicidio más, quiero que tengan esa certeza”, dijo al presentar a su equipo.
Pero antes de cinco minutos, soltó una bomba: “No era contra él”, aclaró, en tono de confidencia.
“No quiero adelantarme”, insistió una y otra vez, ante los alegatos de los periodistas y activistas presentes. “No puedo abrirlo a los medios, pero si te puedo decir que en las investigaciones que llevamos no fue un ataque en contra de Rubén (…) los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”.
¿Cómo podía saberlo? En la misma reunión, los responsables de la investigación aseguraron que no se habían comunicado con la familia de Rubén Espinosa, ni habían entrevistado a ninguno de los periodistas cercanos al fotógrafo durante las diligencias del día anterior, porque no sabían quién era. Los peritos que revisaron el departamento, desde la noche del viernes 31 julio, no habían encontrado ni sus credenciales ni su teléfono, ni alguna pista que les indicara quien era el único hombre asesinado en el homicidio múltiple. ¿Cómo, entonces, la noche del sábado, la secretaria de Gobierno de la ciudad de México había podido comunicarse con periodistas y defensores para citarlos a la reunión?
Ni en ese momento, ni un año después, los funcionarios del gobierno de la capital del país han podido explicarlo. Tampoco han encontrado el teléfono celular del fotógrafo ni sus credenciales, a pesar de que esa misma semana Rubén había recibido su nueva credencial de elector.
Tras de la reunión, en la que los investigadores se comprometieron a tener informados a los asistentes de los avances de sus pequisias, el procurador Ríos Garza se dirigió a una conferencia de prensa, en la que básicamente dijo dos cosas: que se había abierto una investigación por el delito de robo, aunque no especificó qué objetos habían sido robados y que Rubén Espinosa había regresado de Veracruz a la ciudad de México para para buscar “nuevas oportunidades como fotógrafo profesional”.
No quiso dar los nombres de las mujeres asesinadas, porque se activó el protocolo de investigación “con perspectiva de género por el delito de feminicidio”, pero confirmó que ya habían sido identificadas, dijo sus profesiones, edades, y aclaró que “tres eran del país y la de 29 años, de Colombia”
No hizo ni una mención a las denuncias de amenazas provenientes de Veracruz que habían hecho Rubén Espinosa y Nadia Vera, aunque ese había sido un tema ampliamente tratado en la reunión previa. Pero sí se tomó tiempo para aclarar: “La dependencia concluyó una reunión de trabajo con PEN internacional, Artículo 19, Periodistas de a Pie, Cuartoscuro y Proceso, con quienes se asumió el compromiso de agotar todas las líneas de investigación, así como una continua comunicación para el esclarecimiento de los hechos”.
Reunión privada con el titular de la PGJDF, con Periodistas y ONGs previa a la conferencia de prensa del 2 de agosto de 2015
Audio Animal Político: Conferencia de prensa con el titular de la PGJDF, el 2 de agosto de 2015.
Escuchar del minuto 1:58 al 2:36 y del 3:45 al 4:08.
El sábado 1 de agosto de 2015 ocurrió algo poco común en la clasemediera colonia Narvarte de la ciudad de México: una camioneta recorrió las calles voceando el diario sensacionalista ¡Pásala!, cuya nota de portada titulaba: “Torturan y matan a 5?.
La nota se refería a un homicidio múltiple ocurrido el día anterior en el departamento 401 del edificio de Luz Saviñón 1909, en esa colonia. Las fotos de la portada mostraban los cuerpos de los cinco asesinados, ubicados en distintos lugares del departamento. Las imágenes eran muy duras, dejaban claro que también habían sido torturados, pero no permitían identificar sus rostros.
Poco después de las dos de la tarde, un fotógrafo que monitoreaba a Rubén Espinosa en la ciudad de México se comunicó con otros periodistas para avisar que había algo extraño, porque el fotógrafo no respondía su teléfono y no se había comunicado con su familia desde el día anterior. Su hermana, Alma, lo estaba buscando porque no había llegado a dormir el viernes, como quedó.
Desde el viernes en la tarde, Alma Espinosa localizó a Antonio C., el amigo con el que sabía que su hermano había ido a tomar cervezas el día anterior. Él le dijo que lo acababa de dejar en una reunión, que no se preocupara, que estaba bien, y que más tarde él volvería a reunirse con Rubén. Pero no lo hizo. Y el sábado, cuando Alma volvió a llamarle, le dijo que no había regresado a la reunión y que no sabía nada.
Antonio C. era un amigo de la colonia en la que vivía su familia, al que conocía de muchos años pero que no frecuentaba. Según su declaración inicial, los dos estuvieron platicando la noche del jueves 30 de julio en un bar del centro, donde los alcanzó Nadia Vera. En la madrugada, los tres se fueron al departamento de Luz Saviñón, donde se amanecieron bebiendo. A las 9 de la mañana decidieron irse porque tenían que trabajar. Preguntaron en un módulo de policía (no ubica dónde) por la parada más cercana del Metrobús y un oficial les explicó cómo llegar a la estación Centro SCOP; sin embargo, metros antes de ingresar al metrobús, Rubén decidió regresar al departamento con Nadia.
Es la última persona que lo vio con vida, pero la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no hizo nada por comprobar su versión. Ni siquiera cotejó los registros de las cámaras cercanas al metrobús. Tiempo después, cuando Antonio amplió su declaración, aseguró que no tenía idea de que a Rubén hubiera sido amenazado o tuviera temor por su vida. “Él jamás me comentó nada, de hecho nunca me dijo que lo hayan perseguido, pues inclusive yo no me expondría a salir con él”, declaró.
El sábado 1 de agosto, Alma Espinosa lo convenció de acompañarla al departamento en el que había dejado a Rubén.
En las redes sociales de periodistas de la ciudad de México y de Xalapa, comenzó a correr rápidamente el aviso de que Rubén Espinosa estaba desaparecido.
A las 5 de la tarde, el fotógrafo Alejandro Meléndez, uno de los monitores de Rubén, llamó a varios periodistas para darles una información que provocaba escalofrío: “Malas noticias, parece que está relacionado con en el multihomicidio en Narvarte”.
Meléndez es integrante de FotorreporterosMx, un colectivo que se había creado a partir de las primeras denuncias de Rubén Espinosa sobre la situación de hostigamiento que vivía en Veracruz. Cuando dio el aviso, iba camino a encontrarse con Alma y Antonio en el edificio de Luz Saviñón.
“Estaba acordonado y no los dejaban pasar al cuarto piso, un policía le dijo a Alma que había un multihomicidio pero que al parecer también había un detenido. Eso le dio esperanza. Le dijeron que tenía que ir en una patrulla al Semefo de la delegación Benito Juárez. Nosotros los seguimos en el carro”, recuerda el fotógrafo.
“En la delegación, Alma Espinosa identificó a Rubén. Pero le dijeron que por tratarse de un multihomicidio debería ir a presentar la denuncia a la Fiscalía de Homicidios, que está en Azcapotzalco”.
La noticia corrió entre periodistas de la ciudad de México, que comenzaron a llegar a la Fiscalía Especial de Atención al Delito de Homicidios poco después de las 8 de la noche. Para entonces, ya se sabía que una de las mujeres asesinadas era Nadia Vera, su amiga. Y también comenzaba a identificarse el nombre de Yesenia Quiroz, pues su familia –a diferencia de la del fotógrafo—fue avisada por las autoridades y su madre ya había llegado a la fiscalía desde Mexicali, donde reside.
A Alma Espinosa, el ministerio público que le tomó la declaración en la Fiscalía le recomendó que no dijera la profesión de su hermano “para no entorpecer las investigaciones”.
Ocho migrantes que acompañaban a la víctima han presentado denuncia por homicidio. La Fiscalía de Coahuila dice que investiga a sus agentes, señalados de matar al hondureño, y que alegan una supuesta persecución a narcomenudistas
Un migrante hondureño murió baleado la noche del 31 de julio en Saltillo, Coahuila. Se llamaba Marcos, tenía 29 años y se encontraba con su hija de ocho años, que le vio caer malherido. Ambos querían llegar a Estados Unidos y formaban parte de un grupo de unas 20 personas acababa de abandonar la Casa del Migrante, con la intención de tomar el tren y seguir su camino hacia el norte. La siguiente parada era Piedras Negras.
Sus planes fueron interrumpido a tiros.
Ahora hay que determinar quién apretó el gatillo, y por qué se iniciaron los disparos.
Las versiones de los testigos y de las autoridades son incompatibles. Solo hay una certeza: en el suceso se vieron involucrados agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Los migrantes les señalan a ellos como autores únicos de las detonaciones. La Fiscalía dice que hubo una persecución a presuntos narcomenudistas que no han sido detenidos, y que ahí se dieron los disparos.
El resultado: un migrante muerto y una niña que se ha quedado sin su padre, y un caso con muchas interrogantes.
El homicidio llega después de varias semanas en las que organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento al que Ejército y policía estatal sometieron a la Casa de Migrante.
Desde que se conoció el suceso, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal reiteraron que no tenían nada qué ver. A mediodía emitieron un comunicado junto a la secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad, desligándose por completo del operativo.
Así que la situación queda del lado del Estado de Coahuila, que es donde debe investigarse la muerte.
Los testigos hablan a través de su abogado
“Llegaron unas camionetas, gente con pasamontañas, con rodilleras, coderas, chalecos, todos de negro con casco. Al verlos tratan de correr porque piensan que es una redada de migración, ya que últimamente se registraron muchas. Escucharon balazos y vieron caer a su compañero”.
Esta es la versión que ofrece Javier Martínez, abogado y coordinador del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo. Él asistió en sus declaraciones a ocho sobrevivientes, que presentaron denuncia ante la FGE por un delito de homicidio.
Según estos testimonios, la reconstrucción de los hechos que derivaron en el asesinato del migrante hondureño es la siguiente: el grupo sale de Casa del Migrante en dirección a las vías del tren, en una zona ubicada junto a la colonia 5 de mayo. El trayecto es de aproximadamente kilómetro y medio. En el tránsito, los migrantes, hondureños y salvadoreños, se sienten intranquilos hasta el punto en el que uno de ellos resguarda a su hijo en una abarrotería cercana.
Una vez en el arroyo, en la zona cercana a la vía del tren, llega la tragedia. Policías encapuchados, una persecución y los disparos que acaban con la vida del hombre.
Del grupo de 20, algunos siguieron su camino hacia el norte y otros once regresaron al albergue. De ellos, seis son menores de edad. Una es la hija de la víctima.
Ocho de ellos interpusieron la denuncia y podrían optar a una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, por haber sido testigos de un crimen. Solicitarla o no es su decisión. Ahora están intranquilos. Quieren pasar desapercibidos del foco mediático.
La FGE cambia de relato
La versión de la FGE es completamente distinta. Desde el primer momento reconoce que son sus agentes los que están involucrados. Pero su relato se modifica con el paso del tiempo.
En la madrugada del 1 de agosto emite una primera comunicación.
“La noche del 31 de julio, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas de sexo masculino agreden verbalmente a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre, los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido”, dice la tarjeta informativa.
Esa primera nota señala al migrante de portar un arma. Pero la explicación cae horas después.
El jueves 1 de agosto, pasadas las 16.30 horas, comparece el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara.
Su relato es el siguiente: dos unidades de investigación criminal de la PGE identifican a cuatro sospechosos de vender drogas. Los tenían en la mira desde hace una semana, cuando se produjeron otros dos arrestos, y los vinculan incluso con un homicidio. Se dirigen a ellos, pero se produce una confrontación. Los cuatro delincuentes se separan. Dos corren hacia el arroyo, hacia la zona cercana al ferrocarril, donde se encuentra el grupo de migrantes. Se producen disparos, tanto por parte de los presuntos criminales como de los agentes. Hasta que los policías se encuentran con el hondureño malherido y piden una ambulancia.
Según esta versión, en la zona se asegura un arma escuadra, aunque no se ofrece el calibre para no perjudicar la investigación.
Los seis policías involucrados están concentrados en la dirección general. No están detenidos, pero serán investigados. Lo primero es cotejar de quién era el arma que mató a Marcos. El fiscal general pidió tiempo hasta que se judicialice la causa para determinar si hubo excesos o de quién es la culpa.
En términos optimistas se expresó Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. “De acuerdo al camino que se está trazando, veo posible que haya voluntad para poder judicializar en un término breve”, dijo.
Este viernes podría haber datos sobre autopsia y balística
Según Márquez Guevara este viernes podrían conocerse datos relevantes sobre las pruebas de balística y la necropsia. Es decir, los estudios que deberían determinar de quién era la bala que mató al hondureño. Porque las versiones de los testigos y de los vecinos recogidas por la prensa local hablan de que solo los policías dispararon. Únicamente la FGE, a la que están adscritos los agentes señalados, menciona una supuesta persecución y tiroteo.
A pesar de ello, el fiscal general insiste en que “no habrá impunidad”. Rechaza que su institución tenga intención de proteger a los agentes.
Sin embargo, Javier Martínez no se fía. Por eso indica que podrían pedir que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de la investigación.
Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, pone en valor la presencia de su institución, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México como garantía de transparencia.
Por el momento, diversas instancias gubernamentales han entrevistado a los sobrevivientes. Martínez cree que como el caso se ha convertido en algo mediático, las instituciones se ven obligadas a moverse. Pero el foco se marchará y el abogado teme que la muerte de Marcos termine impune.
El homicidio generó un amplio rechazo entre diversos sectores que apoyan a los migrantes.
El obispo Raúl Vera López calificó de “asesinos” a los policías que, presuntamente, apretaron el gatillo. “Esta sociedad se está pudriendo. ¿Cómo es posible que tengamos autoridades para asesinar a gente inocente? Tienen que ir a la cárcel. Que el fiscal, con todos sus esbirros vayan a la cárcel. Deben de ir a la cárcel porque son asesinos”, dijo el religioso, durante una misa oficiada el jueves.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicana como centroamericana, emitieron un comunicado en el que exigían una investigación que esclarezca los hechos, un castigo a los culpables y una revisión de la política migratoria.
“Vamos a transparentar todo. No vamos a cubrir nada. Queremos aclarar la situación”, dijo Márquez Guevara. Eso es lo que piden las organizaciones de la sociedad civil, que no separan el homicidio de un contexto de incremento de la presión sobre los migrantes.
Este reportaje fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
La organización Artículo 19 informó a través de su cuenta de twitter que la Policía Militar de la SEDENA, detuvo al periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Por lo que la organización exigió a las autoridades del Estado de México y federales implicadas en la detención, respeten las garantías judiciales de Padgett y su inmediata liberación.
También solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emita medidas cautelares a favor del periodista.
Artículo 19 hizo un llamado urgente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación del cual Padgett es beneficiario, para que intervenga a favor de su liberación.
?? #ÚltimaHora: ARTICLE 19 tiene conocimiento de la detención arbitraria del periodista Humberto Padgett, en Tecámac, Estado de México, por elementos de la Policía Militar de @SEDENAmx mientras realizaba una investigación sobre el nuevo aeropuerto en #SantaLucía. (1/3) pic.twitter.com/aCj2OfgAVV
El periodista Humberto Padgett, es reconocido en el país por su trabajo periodístico sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
En el 2018, Padgett fue demando por el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por un supuesto daño moral causado por la publicación de un trabajo de investigación en donde se aseguraba que el mexiquense participó en fiestas sexuales donde habría menores de edad involucrados.
Este texto fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
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