La red criminal y la red política que se coludieron y que hicieron posible el asesinato de Miroslava Breach, continúa intacta.
Texto: Patricia Mayorga / Raíchali
Chihuahua
23 de marzo del 2026
Miroslava Breach Velducea dejó las pruebas más contundentes con su trabajo, para que las autoridades hicieran su trabajo e investigaran y castigaran a los responsables del móvil narcopolítico, como lo reconocieron las autoridades los primeros meses de su homicidio, ocurrido el 23 de marzo del 2017.
Era corresponsal de La Jornada y tenía un cargo directivo en el Norte de Juárez, plataformas en las que trazó la corrupción en diferentes áreas, principalmente en aquellas que tenían que ver con el municipio de Chínipas.
La red criminal y la red política que se coludieron y que hicieron posible el asesinato de Miroslava Breach, continúa intacta. Hasta ahora, se encuentran prófugos el líder del grupo Los Salazar o Los Salazares, Chrispín Salazar Zamorano y Jasiel Wilbert Vega Villa, quien manejó el vehículo en el que fue asesinadada la periodista chihuahuense.
Las autoridades estatales ni federales han investigado la línea política, es decir, quién o quiénes colocaron a los candidatos priístas relacionados con carteles del crimen organizado, como lo señalaron reportajes y que obligaron al PRI a cambiar por lo menos a un candidato y a una candidata: Juan Miguel Salazar Ochoa (sobrino de Chrispín Salazar) por Chínipas y Silvia Mariscal Estrada por Bachíniva, quien era suegra el entonces líder de La Línea, brazo armado del cartel de Juárez.
Miroslava publicó:
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: “Más vale que se calmen; el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN”, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato.
Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez.
El grupo de Los Salazar sigue impune, incluso, este año fueron señalados por el pueblo warijó de haberlos desplazado de manera forzada de rancherías y comunidades de los municipios de Moris y Uruachi. Hay denuncias por lo menos ante cinco instancias federales: Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Gobernación, Procuraduría Agraria y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y a nivel estatal, las autoridades han conocido de la situación de violencia que ha generado el desplazamiento forzado y las causas. Los señalados y otros responsables continúan libres.
Las autoridades tampoco investigaron ni castigaron a tres personas que grabaron llamadas en las que, quien era vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo PIñera, se encargó de grabar dos llamadas de reporteras para solicitar fuentes del reportaje de precandidatos relacionados por el narcotráfico, ya que el grupo delictivo estaba culpando al entonces alcalde Hugo Amed Schultz Alcaraz, de haber filtrado la información.
Una vez que se conoció quién grabó las llamadas, Piñera declaró ante el Ministerio Público, que quien le ordenó grabar las llamadas fue quien era su jefe y secretario general del PAN en 2016, José Luévano, Rodríguez, ya que los reportajes se publicaron en marzo de ese mismo año. A su vez, Luévano declaró que el favor se los pidió Hugo Shultz y éste reconoció que le entregó los audios al grupo de Los Salazar, para deslindarse, ya que aunque las llamadas no revelaron fuentes, no lo señalaban a él.
Hay dos hombres detenidos por el homicidio de Miroslava Breach: Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, sentenciado a cincuenta años de prisión en 2020. Fue detenido en diciembre de 2027, su caso fue atraído en 2018 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El Larry fue identificado como el jefe de sicarios del grupo delictivo y como el operados de la estrategia de vigilancia y asesinato de Miroslava Breach.
En diciembre del año 2020, detuvieron al exalcalde Hugo Shultz, por homicidio en su calidad de auxiliador a los autores materiales e intelectuales. Fue sentenciado a 8 años en junio de 2021, en un juicio abreviado, es decir, al reconocer su culpabilidad, obtuvo el beneficio de que le dictaran la mitad de la condena que le correspondía.
El año pasado, Hugo Shultz cumplió la mitad de la sentencia y solicitó que la cambiaran la medida cautelar de prisión a libertad condicionada, sin embargo en mayo de ese año la jueza federal María Elena López Morales negó la libertad condicionada al exalcalde de Chínipas, por considerar que su excarcelamiento aún representa un riesgo considerable.
De acuerdo con la jueza, la prueba contundente para negarle el cambio de medida, fue aportada por la misma defensa de Hugo Amed, encabezada por Manuel Norberto Cortez Vázquez, quien insistió por los dos días que duró la audiencia, en permitir la declaración de uno de los testigos con identidad reservada y vinculado a un grupo criminal, para demostrar la inocencia de su cliente. La jueza desechó esa solicitud al enfatizar que la audiencia era para definir una libertad condicionada más no si el sentenciado es culpable o inocente.
También desechó una lista de más de 1,500 firmas recabadas por una mujer de nombre Cruz Karina Martínez Ayón, a quien propusieron como testigo. Las firmas son personas del municipio de Chínipas, del municipio de Delicias y otros de Chihuahua y de Sonora que respaldan al exalcalde de Chínipas. De acuerdo con la defensa, también había firmas de familiares de la periodista asesinada.
A esas rúbricas les sumaron cinco cartas de recomendación: una del obispo de la Diócesis Cuauthémoc. Madera Jesús Omar Alemán Chávez y dos sacerdotes, así como dos profesoras.
La representación social, encabezada por el titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pidió desechar esas pruebas y las firmas, porque no se trataba de “un concurso de popularidad”.
El testigo de mayor relevancia para la defensa, identificado como Apolo, había denunciado ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que fue privado de su libertad en unas cuatro ocasiones y obligado a responder una entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, del medio de comunicación Los Ángeles Press.
En otro momento que también lo privaron de la libertad, fue sometido a un presunto Protocolo de Estambul para desdecirse de sus declaraciones en el proceso penal del homicidio de Breach Velducea.
La audiencia, señalada como 265/2024, duró 16 horas aproximadamente en el Centro de Justicia federal de la ciudad de Chihuahua, los días 6 y 7 de mayo del 2025.
Entre la FEADLE y la asesoría jurídica presentaron seis testigos servidores públicos federales y estatales, que le fueron aceptadas.
Los testigos propuestos por la parte acusadora fueron: Ricardo Alonso Pavón, de la Coordinación de Evaluación de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Fiscalía Especializado en Derechos Humanos; Manuel Salvador Torres Borunda, exanalista delictivo de la Fiscalía General del Estado; Romanico Joaquín Torres Osorno, de la Unidad de Apoyo Técnico Jurídico de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; Miguel Ángel Jaimes Martínez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y David José Castellanos Carrillo, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura de Baja California.
La libertad de Hugo Amed es un riesgo para víctimas, testigos y la sociedad en general
La defensa de Hugo Amed argumentó que su cliente fue torturado en 2021 para aceptar que fue enlace entre políticos y el grupo delictivo Los Salazar perteneciente al cartel de Sinaloa.
La representación social pidió desechar la presentación de esos testigos y las evidencias documentales propuestos por la defensa porque se trata de reportajes mediáticos y que, aunque respetan la libertad de expresión, no eran parte de la materia de la audiencia.
Una de esas pruebas era la publicación hecha en un medio de comunicación llamado Los Ángeles Press, en la que exhibe una llamada de Lilia Enedina Gaxiola Servín con su hijo Apolo, en la que sólo dice que su hijo fue detenido y obligado a declarar contra Hugo Amed.
“No habla de de la calidad moral (del sentenciado) ni del riesgo de Hugo. No da testimonio de lo que le consta a ella, sino lo que pasó a su hijo (…) no es la defensa quién va a presentar el video, ni ofrece como testigo a Guadalupe Lizárraga (la periodista que realizó el reportaje) (…) hay que respetarlo pero (la entrevista) no es parte de un proceso judicial”, dijo la representación social.
El testigo Ricardo Pavón, de la Coordinación de Evaluación de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Fiscalía Especializado en Derechos Humanos, dijo que los mapeos de actores que han realizado muestran a Hugo Amed con riesgo moderado y en una actualización más reciente de dicho análisis, lo muestran con un riesgo considerable.
El momento en el que consideraron bajo el riesgo para las dos víctimas que representan fue en 2020, a partir de la detención de Hugo Amed, ya que disminuía la posibilidad de que molestara a las víctimas. Dicho mapeo lo han actualizado y dio a conocer que aún persiste el riesgo.
El funcionario explicó que entre los actores de riesgo que tienen se encuentran dos exgobernadores y una persona más que apareció muerta.
Los Salazar ejercen control político y social: análisis de contexto en el juicio del caso Miroslava
Manuel Salvador Torres Borunda, ex analista delictivo de la Fiscalía General del Estado, fue el encargado de realizar el análisis delictivo en 2017 cuando el caso estaba en el fuero común. Ante la jueza, dio a conocer el contexto en el que opera el grupo delictivo Los Salazar o Los Salazares.
El ex funcionario dijo que se tiene conocimiento que el grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, originario de Chínipas. Tenía sus actividades hasta la frontera con Estados Unidos desde Chínipas (municipio de Chihuahua), Agua Prieta, Magdalena, San Luis Ríos Colorado, Caborca, del estado de Sonora. La siembra y cosecha consisten de marihuana y amapola, así como la confección de metanfetaminas.
Las características del grupo es que es una organización bastante grande de trasiego y oscultación de productos. “La extensión que cubren, refiere gran cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control Jesús Alfredo Salazar Ramírez (…) Adán es contemporáneo a otros líderes delictivos en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael ‘Mayo’ Zambada”.
Torres Borunda relató que de 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidio, de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas.
En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas. Operan u operaban en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor hoy turístico y en su momento también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.
Sobre la relación de Los Salazar con la política detalló que tenían o tienen actividades en el estado de Chihuahua y de Sonora, a través de control social. “Las actividades del grupo se confundían con actividades normales: ayuda social, amigos de la zona. Ejercían fortaleza porque exigían cosas. Algunos ciudadanos eran tratados bien, otros con violencia, hacen actividades de despojo de propiedades de tierra y agresión física que llegaban hasta los homicidios”, agregó Torres Borunda
La forma en que normalmente condicionan el control social es que su cercanía les permite influenciar la selección de candidatos, para influir en las elecciones. “Eran las únicas personas que podían autorizar la siembra de enervantes y actividades comerciales, también decidían quién participaba o no en la actividad minera, obra pública, en hacer caminos vecinales”.
La designación de candidatos la imponían o imponen a nivel político local en tres municipios de Chihuahua, con sus propias actividades de selección de candidatos. En Sonora influyen en otros municipios. Los municipios de Chihuahua que controlaban o controlan son Chínipas, Urique y Guazapares. Todos hacen parte de la región que llaman Chínipas, ya que forman parte de la misma región.
El Larry mantenía control municipal. En Urique y Gazapares había personas encargadas de una sola actividad como jefes de plaza. Elba Nidia en Guazapares y José Noriel Portillo Gil, El Chueco, en Urique, eran jefes de plaza. En ese entonces no pasaba de 20 años de edad El Chueco. Junto con otros, ejercían el control como partes de la comisión que El Larry les concedió, según establece el relato oficial.
José Noriel Protillo hacía las mismas actividades para mantener el control sobre territorios y hacer un esquema de control de territorio para cultivo de drogas. Él fue el responsable del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales El Gallo y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022. En 2023 fue asesinado.
El trabajo de Miroslava Breach se basó en gran parte en la relación de políticos con grupos delictivos, como candidatos de distintos municipios y la manera en que partidos políticos se vinculaban con la delincuencia.
Entre los candidatos que señaló Miroslava fue a Juan Miguel Salazar Ochoa, impulsado por Hugo Amed, y que Miroslava evidenció y vinculó con el grupo de Los Salazar, que obligó al partido a mover la candidatura, así como la candidatura a la alcaldía de Bachíniva, Silvia Mariscal.
En el análisis que realizaron, señalan a Chrispín Borunda como la cabeza del grupo Los Salazar, tío de Wilbert Jasiel Vega, quien condujo el vehículo en el que huyó quien disparó contra la periodista.
Dan vista al MP por presunta tortura de periodista y defensa de Shultz, contra testigo Apolo
En la misma audiencia, la Feadle dio a conocer que el testigo Apolo denunció en marzo de 2023 ante esa instancia, que fue privado de la libertad por lo menos cuatro ocasiones, para obligarlo a decir que fue torturado por las autoridades para declarar en el caso Miroslava. El testigo es hijo de Chrispín Salazar y relató en su momento, que su papá mandó asesinar a Miroslava durante una fiesta que mantenían en Chínipas, y de lo que él fue testigo. También declaró sobre la relación de Hugo Amed con Chrispín Borunda.
El 27 de febrero de 2020, Apolo se presentó ante el juez Néstor Pedraza en el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, para ratificar que él estuvo presente cuando su papá Chrispín Salazar ordenó asesinar a la corresponsal de La Jornada, y que él escuchó cuando El Larry se ofreció a cometer el delito.
En esa fecha, marzo de 2020, Apolo se encontraba recluido por el delito de extorsión, por lo que declaró por videoconferencia. Según su testimonio, también escuchó cuando Juan Carlos Moreno le confirmó a Crispín Salazar, que “ya había quedado su encargo”.
Apolo dijo en aquel momento, que conoció de esa información porque llevaba seis años viviendo con su papá en Chínipas, a quien identificó como líder del grupo criminal Los Salazar.
Esa declaración no fue retomada en la audiencia para valorar la libertad condicionada, pero es el contexto de la delcaración de Miguel Jaime Martínez, agente del MP federa, quien entrevistó a Apolo el 25 de marzo de 2023, cuando ya se encontraba libre, porque éste pidió ayuda a la Fedale por su seguridad, ya que había sido privado de la libertad en tres o cuatro ocasiones, para obligarlo a desdecirse de sus declaraciones y temía por su vida.
Apolo declaró por primera vez e implicó a Hugo Amed, en el proceso penal contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry.
La entrevista del MP fue registrada en las instalaciones de la Feadle de manera formal e institucional, por lo que se le informaron sus derechos y juró conducirse con la verdad. Todo quedó documentado en la carpta 214/2017, del caso de Miroslava.
En las audiencias del 6 y 7 de mayo de 2025, la representación social solicitó proyectar partes del video sobre la declaración de Apolo, para demostrar que un testigo protegido del caso de Hugo Amed, ha sido hostigado y por lo tanto éste último representa aún un riesgo para testigos, víctimas y ofendidos, así como para la sociedad en general.
“Me hicieron decir que me estaban pagando para que declarara contra mi misma familia, que me torturaron todo eso, pues (…) Me golpearon un chingo (…) Como mis declaraciones contaban mucho (…) para desacreditar todas las declaraciones que rendí ante las autoridades contra ellos, ante el juez. Como toda mi vida he vivido con ellos, pues (…) He declarado con fiscales y luego en lo federal como 4 veces. Está en el expediente esa madre”.
El Ministerio Público le pregunta en el video si lo obligaron a declarar en el caso de Miroslava y respondió que no. “Es lo que yo sabía porque toda la vida ha vivido con mi papá. Yo ponía mi huella y mi firma, voluntariamente”.
Recordó que en junio o julio de 2023, logró escaparse después de que lo privaron de la libertad. “Me tiré a perder porque todo el tiempo tenía pleito con mi familia, por lo de las declaraciones. Cuando fui a la cárcel (por otro delito), me achacaban la muerte de la periodista Miroslava, yo les dije que no iba a pagar los platos rotos y de ahí es donde decidí declarar para no tener que ver nada con eso, son muchos años los que estaban dando por eso”.
“Cuando estuve en la cárcel me agarraron y me llevaron para Baja California”, aclaró. En prisión, declaró contra su papá y Hugo Amed. También reveló que fue amenazado de muerte por lo menos en 3 ocasiones.
Una vez que quedó libre, ha vivido en constante zozobra porque lo tienen monitoreado y lo han privado de la libertad para desvirtuar sus declaraciones ante el juez y ante el Ministerio Público.
En otro apartado del video, Apolo cuenta que los lugares a donde lo llevaban cuando lo privaban de la libertad eran casas privadas y estaba vigilado con guardias. “No me dejan salir, son 4 u 8 cabrones, incomunicado, sin televisión ni radio. Los únicos radios los traen ellos para comunicarse (…)
En el video relata de igual forma varias anomalías para hacerlo firmar documentos y ser grabado.
En otro fragmento del video, Apolo relata la entrevista con Los Ángeles Press. “Me estaba amenazando la gente que me tenía privada de la libertad (…) En una entrevista me estaban amedrentando. Todos estaban vestidos como policías, estaban clonados tal vez. Las grabaciones creo que sí han salido al público. Era una oficina, como comandancia con 4 personas”.
“La periodista venía a hacer su jale. Me decían (sus raptores) qué le contestara, como que la tenían arreglada. Arreglaron el video para que saliera (…) salían cosas para que le contestara y me decían qué contestara. Esa vez la vi y no la he vuelto a ver a la periodistas”.
El agente del Ministerio Público le muestra un texto “Torturas y amenazas de la Feadle a falsos culpables en caso Miroslava”, publicado en Los Ángeles Press y Apolo reconoce que es de cuando tomaron el video, el 22 de marzo 2023.
“Ese soy yo (…) la foto la sacaron de ese video (…) A raíz de la entrevista de Los Ángeles, la defensa de Hugo Amed obtuvo la evidencia de tortura (…) Yo creo que lo sacaron de lo que me trajeron con el psicólogo. Ahí mienta a un Cortez (…)”, narra.
En el caso de la entrevista con el psicólogo que presuntamente le aplicó el Protocolo de Estambul, no le dieron el documento del dictamen psicológico, ya que sólo le tomaron fotos de sus cicatrices y firmó sin ver lo que firmaba.
El agente Miguel Jaimes Martínez, dio a conocer ante la jueza que con las pruebas presentadas, principalmente el video, es notorio que son hechos constitutivos de delitos, por lo que dieron vista a las fiscalías de Ciudad de México y de Baja California.
El titular de la Feadle dijo en entrevista, que la denuncia en Ciudad de México es por el caso de la privación de la libertad en donde le aplicaron el presunto Protocolo de Estambul y en Tijuana, Baja California, por la entrevista en la que presuntamente lo presionaron para responder lo que sus captores querían difundir.
Explicó que el lugar de la denuncia que hizo Apolo en Feadle y que presentaron en el video, la realizaron con todos los protocolos, en un lugar abierto a la vista de todos, con cristales. Mientras que en la entrevista que le hicieron para Los Ángeles Press, fue en un lugar dudoso, entre otros aspectos.
Un hecho notorio durante la audiencia, evidenció el riesgo que representa la libertad de Hugo Amed
La jueza María Elena López Morales enfatizó la existencia de riesgo objetivo y razonable por el externamiento o liberación de Hugo Amed.
“Al no actualizarse la falta de riesgo no procede el beneficio de libertad condicionada”. En ese momento, Hugo Amed volteó a ver a su familia que se encontraba en la sala. Mientras la jueza leía su resolución, el sentenciado movía ambos pies de manera recuerrente.
La jueza consideró que en los dos días de audiencia se estableció la relación de Hugo Amed con grupos criminales. “Existe una serie de actos que tuvo que ver con la política e imposición de candidatos”, subrayó.
Torres Borunda enfatiza que Hugo Amed formó parte de la política como alcalde de Chínipas y que patrocinó o impulsó candidatos como Juan Salazar Ochoa, quien declinó cuando se le evidenció.
La jueza relató las constantes capturas y las veces que escapó el testigo protegido Apolo hasta que denunció los hechos de privación de la libertad y tortura, todo con la finalidad de dar beneficio testimonial al exalcalde de Chínipas.
“La nota periodística (de Los Ángeles Press) deriva de una narrativa propia de testigo porque lo estaba amedreantando, parecía que era en una comandancia porque había hombres vestidos de policías. Dice que la periodista hacía su jale, pero a él sólo le decían qué responder (…) En la nota periodística menciona el nombre completo (del testigo)”, añade y destaca la jueza que el testigo reconoce a uno de sus captores como Cortez, que corresponde a su defensa.
