Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
El Congreso de Guerrero no aprueba la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares porque va acompañada de presupuesto para la creación de un centro regional de identificación humana, denunció el representante del Colectivo de familiares de personas desaparecidas, Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez.
Desde el 7 de marzo pasado varios colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon y tomaron el edificio del Congreso local para exigir a los diputados y diputadas que retomaran los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
Esta ley es impulsada por los colectivos desde el 2018 y cinco años después, siguen en espera de que sea discutida en el pleno.
“Los diputados no quieren aprobar la Ley en Materia de Desaparición porque va acompañada de recursos, y ese es el principal problema, porque queremos que haya recursos necesarios para la construcción de un centro de identificación humana, y esa plática la tuvimos apenas en el Congreso con otros colectivos”, comenta Molina Rodríguez.
El problema en este punto es que no hay acuerdo entre los diputados y las instituciones sobre de quién dependería el mencionado centro de identificación humana.
De acuerdo con Molina Rodríguez, la Fiscalía General del Estado (FGE) es la que pretende administrar dicho centro “porque según ellos hacen todo, pero hemos ido a otros estados y hemos visto que allá lo dirigen las comisiones de búsqueda estatales y se manejan de una manera muy eficiente con las víctimas de los colectivos”, menciona.
La iniciativa actualmente está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, donde, afirman, trabajan para poder presentarla al pleno, aunque sin una fecha clara aún.
El secretario de dicha comisión, el morenista Osbaldo Ríos Manrique, dijo que los trabajos para presentar la ley ante el pleno están en marcha, pero mencionó que al ser un problema grave y complejo analizan todos los puntos de vista.
Son dos los documentos sobre los que todas las partes involucradas trabajan para crear este ley, el más reciente es una iniciativa que se presentó el 10 de noviembre del 2022, los promoventes de esta iniciativa fueron las diputadas Nora Yanek Velázquez Martínez, de Morena; Leticia Castro Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), y el también el morenista Alfredo Sánchez Esquivel.
El otro documento es otra iniciativa que los colectivos trabajan con organizaciones internacionales desde 2018 y que en el 2021 la presentaron a los diputados de la 62 legislatura, quienes la mandaron a la congeladora y al final resultó perdida.
De acuerdo con Molina Rodríguez, la ley tampoco es aprobada porque uno de los promoventes es el ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel.
“Como fue una iniciativa que presentó Sánchez Esquivel, vemos que el golpeteo político que hay en su contra también nos pasa a afectar a nosotros, como él la presentó, no la quieren pasar”, comenta Molina Rodríguez.
Sánchez Esquivel en estos momentos enfrenta una resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ), su partido, por violencia política de género, interpuesta por su compañera y actual presidenta de la Jucopo, la morenista Yoloczin Domínguez Serna.
La última resolución de la CNHJ sobre el caso es que Sánchez Esquivel sea expulsado de Morena, la cual impugnó y está espera de la resolución.
El aún morenista apoya de manera abierta como aspirante presidencial de su partido a Marcelo Ebrard Casaubón. Domínguez Serna, al igual que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, apoyan a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En entrevistas, Sánchez Esquivel dijo que hay una “persecución política” en su contra por parte de “actores políticos en el poder”, nunca mencionó nombres.
En esta iniciativa los colectivos pidieron presupuesto y autonomía para las instituciones encargas de atenderlos, como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), con el propósito de que realcen un trabajo más eficiente en la búsqueda de las personas no localizadas.
Molina Rodríguez denunció que la CEBP carece de presupuesto para capacitaciones, a pesar de que el personal tiene la disposición de apoyar a las familias de las víctimas.
En los próximos meses el Colectivo Lupita Rodríguez asistirá a Jalisco una capacitación para el uso de drones con fines de búsqueda y los acompañará un elemento de la CEBP, pero asistirá con sus propios recursos porque en la dependencia, que es parte de la Secretaría General de Gobierno, no le asignan presupuesto para capacitaciones.
“Si no hay recurso para operativos, menos para capacitación, por eso no vemos avances ni por dónde quiera caminar esta ley”, agrega.
