Texto: Beatriz García
Fotografía:
14 de junio del 2021
Chilpancingo
Los integrantes Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón advirtieron que la violencia en los municipios de Tierra Caliente crecerá más, porque son cientos de miles de hectáreas de maderas preciosas, yacimientos de oro y otros recursos naturales los que codician inversionistas y grupos de “narco-paramilitares” que actúan bajo el amparo de los tres niveles de gobierno.
La evaluación del Centro Morelos es a raíz de los cinco días recientes de enfrentamientos en el ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, uno de los municipios de esa región. El ejido está ubicado en la parte más alta del territorio, la Sierra.
En día pasados, pobladores del ejido repelieron la agresión de un grupo criminal al que señalan como La Familia Michoacana. Ellos, los pobladores, a través de las redes sociales han denunciado lo que viven en sus comunidades, y también por esa vía, la única que tienen para comunicarse, han pedido el apoyo a las autoridades, pero aún así su situación no cambia.
Hoy se cumplen tres días de la última balacera en la zona.
Los habitantes del ejido aseguran que esto sólo es una aparente calma, porque en cualquier momento volverán los enfrentamientos, por lo que exigencia, otra vez, que les asignen una base militar.
Lo que provocó el enfrentamiento en esa zona, denunciaron los habitantes, fue el retiro de los efectivos policiacos de un retén que instalaron en la zona después de que pidieron ayuda en las redes sociales, pero el 4 de junio pasado, sin explicación se retiraron.
El secretario del Comisariado ejidal, Javier Hernández Peñaloza, había advertido que se avecinaba un ataque armado. Sucedió. Esto lo documentó Amapola. Periodismo transgresor.
De los cinco días de enfrentamiento, el último fue entre criminales y elementos del Ejército y Guardia Nacional, porque los elementos subieron cuando se supo de las balaceras. De hecho, se sabe que algunos elementos policiacos y militares siguen en la zona, pero eso no significa que la violencia haya terminado en esa región donde los habitantes defienden sus recursos naturales.
En un documento emitido por el Centro Morelos se expone que desde que inició el año advirtieron del riesgo de violencia en ese lugar y, además, por el asesinato del comisario municipal de la localidad de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Carlos Marquez Oyorzábal, quien también defendía los bosques.
Los defensores de derechos humanos contaron que el 26 de abril acudió una comisión de habitantes desde la Sierra a la Ciudad de México, para dar seguimiento a la petición de que se brindará seguridad a las poblaciones que están en alto riesgo por la violencia e inseguridad.
Ese mismo día, los recibió la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra. El 20 de mayo tuvieron una reunión con un mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para avanzar en la construcción de una ruta integral de pacificación de la zona, por lo que, posteriormente se tuvo una reunión servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal Protección al Ambiente (Profepa) para tratar el tema de las irregularidades en el otorgamiento de los permisos para la explotación de la madera.
Ahí también se solicitó la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército para detener la tala clandestinade los bosques, y que se estableciera una base para garantizar la seguridad. Nada de eso se hizo efectivo, por eso en la zona la actual violencia.
“Vemos cómo de manera reiterada el gobierno federal y estatal minimizan la violencia, tratando de invisibilizarla, negando hechos que mantienen a mujeres, niñas, niños y ancianos hundidos en el terror, provocándoles secuelas psicológicas y psicosociales irreversibles, y un rompimiento del tejido social que podría tardar decenas de años en reconstruirse”, se lee en el documento.
Los que integran el Centro Morelos lamentaron que familias tanto de Coyuca de Catalán y San Miguen Totolapan, aun con el riesgo de perder la vida, se negaran a salir de sus comunidades.
Los integrantes de estas familias han manifestado que no quieren dejar su casa, sus tierras, lo que han trabajado, porque, además, ahí está su vida, fuera de ahí no conocen nada y no tienen nada.
Los defensores hicieron un llamado a los organismos internacionales, nacionales y no gubernamentales de derechos humanos a exigir a las diferentes instituciones del Estado mexicano garantizar cumplimiento a los derechos humanos de la población de las zonas que se disputan los diferentes grupos armados, que se detenga el ecocidio y la ejecución de la concesiones mineras, que se desarticule a los grupos delincuenciales y a “pseudo” grupos de policías comunitarias.
Este lunes, en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, insistió que se atiende a la población del ejido, a quienes se les llevó atención psicológica y apoyos alimentarios junto con la Guardia Nacional y el Ejército.
Incluso dijo que no hay mayor evidencia de enfrentamientos entre civiles armados, pero esa, sólo es la versión institucional.
