Programas sociales “raquíticos”, el ofrecimiento institucional a migrantes en riesgo de deportación, cuestiona Centro Morelos

La imagen corresponde a una segunda expulsión masiva de habitantes de pueblos de la Sierra, ocurrida el pasado 26 de marzo. Fotografía: Amapola Periodismo.

La organización ha acompañado a víctimas de desplazamiento forzado por violencia que pidieron asilo en los Estados Unidos, quienes, evalúa, no tienen un lugar seguro dónde volver de ser expulsados


Texto: Amapola Periodismo

Foto: Archivo Amapola

Chilpancingo

Domingo 2 de febrero del 2025


El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que el ofrecimiento de apoyo del gobierno federal para los migrantes que sean deportados de los Estados Unidos por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump es insuficiente, porque estriba solo en una incorporación a programas sociales raquíticos.

Esta organización con trabajo en Guerrero ha acompañado a víctimas de desplazamiento forzado por violencias –criminal, la más evidente– de pueblos de la Sierra de la zona Centro del estado y de Zitlala, uno de los municipios ubicados en una subzona conocida como Montaña baja, y una parte importante de ellos está en Estados Unidos, la mayoría por asilo político; 290 en total. Todos ellos están en riesgo de deportación al igual que quienes arribaron de manera ilegal.

Mediante un comunicado, el Centro Morelos, de principio, expone que este grupo de migrantes que acompañan no habrían salido del país si las instituciones del Estado hubiesen garantizado a sus habitantes la seguridad pública o, en su caso, la atención al “problema de la violencia y la inseguridad”.

Pero muchas víctimas en este país, como los desplazados que han acompañado, además de vivir esos procesos fueron criminalizados al ser responsabilizados de su propia situación y “ahora no cuenta con un lugar seguro para su retorno forzado”.

Antes de irse tampoco lo tenían. En otras ocasiones, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, ha denunciado que no a todos los desplazados del grupo les han incorporado a los programas de atención a víctimas–aun cuando los ampara una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 171/2023, que les reconoce como víctimas– y que la exigencia al gobierno federal que sigue pendiente es la reubicación de las familias en esta condición.

Ahora si regresan la situación tampoco cambió. “La promesa de incorporarlos a los raquíticos programas temporales de asistencia social, que más parecen ser para una persona que se encuentra casi en una situación de calle, con ese dinero nunca le podría resolver la vida a toda una familia (…)”, se lee una parte del comunicado.

La organización considera que los ofrecimientos del gobierno mexicano hasta ahora distan mucho de ser dignos, en particular por “los problemas estructurales en lo económico y la corrupción de las autoridades y gobernantes que ahora son parte de los grupos “Generadores de Violencia”, como se le denomina ahora a los grupos de narcoparamilitares y delincuenciales”.

La interrogante puntual en este comunicado es si el gobierno en realidad está preparado para atender a los migrantes mexicanos deportados con pleno respeto a los derechos humanos porque, recuerda, muchas salieron para salvar su vida al no tener garantías. Además, anticipa otras situaciones, como el hecho que para muchos migrantes de otros países México sea la opción para asentarse.

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