A partir de 2019, las pruebas positivas aumentaron en Baja California, lo que demostró que tres cuartas partes de las sustancias vendidas en Tijuana y Mexicali estaban mezcladas con fentanilo, documentó Elementa DDHH.
Texto: Marcela Nochebuena/Animal Político
Foto: Guardia Nacional
Chilpancingo
Martes 28 de enero del 2025
La llegada del fentanilo a Baja California ha ocasionado cambios significativos en las dinámicas de consumo para la población usuaria de drogas en el espacio público, asegura la organización Elementa DDHH en su estudio “Entre la calle y el uso: situación de los derechos humanos de personas que habitan calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali”.
Entre ellos están el aumento de los riesgos a la salud por su potencialidad; un mayor número de lesiones físicas, ya que si bien el fentanilo es más potente, sus efectos psicoactivos tienen menor durabilidad; la presencia de un síndrome de abstinencia más resistente que aumenta la cantidad de sustancias a usar, así como un alarmante aumento en el número de sobredosis fatales y no fatales.
De acuerdo con el documento, entre 2019 y 2021 la cantidad de personas tratadas por sobredosis de fentanilo en México aumentó en un 636 %; la mayoría ocurrió en Sonora y Baja California. Al mismo tiempo, esto ha potenciado las vulneraciones a derechos humanos en Mexicali y Tijuana, así como la obstaculización a servicios de salud en condiciones de dignidad.
Sin embargo, la ausencia de datos sobre el consumo y sus dinámicas por parte del gobierno federal, que suma ocho años sin recabar datos sobre drogas, y el gobierno de Baja California ha generado vacíos que ponen a las personas usuarias en constante riesgo y permiten políticas discriminatorias en contra de la población que usa sustancias y habita la calle.
El documento recuerda que a partir de 2019, las pruebas positivas empezaron a aumentar exponencialmente, lo que demostró que tres cuartas partes de las sustancias que se vendían en las calles de Tijuana y Mexicali estaban mezcladas con fentanilo que se vendía como heroína. Para 2023, un 100 % de las pruebas que realizaron las organizaciones que dan servicios de reducción de daños resultaron positivas a fentanilo, mientras que el 90 % de la población usuaria lo fue mediante un policonsumo entre heroína, fentanilo y metanfetamina.
En este contexto, la mirada hacia las personas usuarias “está fuertemente condicionada y estigmatizada en razón de su condición social; por eso cuando una persona que habita las calles es encontrada con una sustancia psicoactiva, tiene mucho mayor riesgo a ser detenida”, sostiene la organización.
Además, las ideas equivocadas y patologizantes sobre el consumo son la justificación para forzar tratamientos e internamientos que, a su vez, conllevan prácticas violentas. Sumado a ello, el estigma y discriminación de las que son víctimas también impactan en su derecho a la salud.
De manera común, las personas que viven en la calle –de acuerdo a lo documentado en el informe– viven acoso policial que les impide recibir atención primaria en materia de salud, detenciones por posesión de drogas o parafernalia y operativos diseñados para obligar a las personas usuarias a abandonar el espacio público.
Del mismo modo están cada vez más expuestas a traslados a otras entidades federativas para internamiento forzado o involuntario en centros de rehabilitación, trabajo forzado y desaparición, así como extorsiones para no ser presentadas ante el Ministerio Público. Igualmente experimentan robo de dinero y paquetes higiénicos para uso de drogas inyectables y fumables, confiscación o destrucción de parafernalia para uso de drogas, violencia física y psicológica, y violencia sexual en contra de las mujeres usuarias.
“Sobre las violencias que viven las mujeres que usan drogas y habitan la calle, es importante reconocer que el género es una característica que las hace más vulnerables, por lo que las violencias se experimentan de manera diferenciada, focalizada y sistemática”, añade el informe.
Obstáculos y política pública
Pese a la situación que prevalece, las iniciativas de reducción de riesgos y daños en México como Verter o Prevencasa –cuya acción documentó Animal Político– enfrentan obstáculos normativos para poder implementarse en el país, como la eliminación de apoyos gubernamentales tanto económicos como de operación, la criminalización por parte de las autoridades de seguridad y la falta de insumos y recursos limitados para expandir sus servicios.
Aunque la NOM-028 menciona la reducción de daños como una estrategia a implementar –señala el informe– en la práctica sigue siendo una formulación abstracta sin mecanismos vinculantes. Por otro lado, pese a que planes gubernamentales mencionan y reconocen que las personas que habitan la calle pertenecen a un grupo vulnerable, a nivel estatal no existen políticas públicas destinadas a este sector.
“Aunque en el imaginario colectivo se suele asociar la habitabilidad de calle con el consumo de drogas, es importante reconocer que ambas experiencias no forman un binomio inseparable”, aclara Elementa DDHH. Sin embargo, las condiciones de la vida en la calle a menudo son inapropiadas para la satisfacción de las necesidades básicas de vida digna.
En tanto, la intemperie y la itinerancia son características fundamentales para la comprensión de los riesgos que experimentan quienes viven en calle: el clima, las condiciones sanitarias del exterior y la temporalidad de los refugios o viviendas causan afectaciones directas e inmediatas en la calidad de la salud de las personas que permanecen en esta situación.
Aunado a ello, el contexto particular de Baja California, donde la garita de San Ysidro presenta uno de los puntos más estratégicos para el tráfico de sustancias declaradas ilícitas hacia Estados Unidos, hace de Tijuana un espacio territorial fundamental para las estructuras del crimen organizado, y escenario de disputa por su control.
Además, Baja California es el cuarto estado a nivel nacional con más personas privadas de la libertad, pues concentra el 5.8 % (13 mil 130) del total. En cuanto a los delitos relacionados con drogas, ocupa el tercer lugar, detrás del Estado de México y Ciudad de México, con un total de 2 mil 028 personas privadas de la libertad, entre las que mil 176 lo están por narcomenudeo y 852 por narcotráfico.
Este texto fue elaborado por Animal Político y es publicado con su autorización.
