Tlacolol – En la FGE, corrupción, nepotismo e impunidad

Última actualización:

Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

En diciembre de 2021, un informe de «Impunidad Cero» del Índice de Desempeño de las Fiscalías y Procuradurías (IEDF) calificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero como una de las peores evaluadas a nivel nacional en la procuración de justicia.

La efectividad en las resoluciones de la FGE al mando de la militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón no ha cambiado actualmente.

No sólo se trata de la ineficacia de la FGE para resolver los delitos que diariamente se cometen en Guerrero sino también de la corrupción que existe en esta institución, denunciada por los trabajadores mediante una serie de documentos que han expuesto de manera pública en sus protestas contra Valdovinos Salmerón.

Algunas de las irregularidades que existen en esta institución van desde nepotismo, aviadores y altos salarios que perciben funcionarios. También que muchos de los allegados de la fiscal no cumplen el perfil pero están en ese cargo porque al igual que ella, pertenecen a las filas del Ejército Mexicano.

Vamos por partes. En la nómina de la FGE hay una lista de 132 militares que tienen cargos de coordinadores de zona, agentes del Ministerio Público, vicefiscales, fiscales, subsecretarios y directores de diversas áreas.

Valdovinos Salmerón cuenta por lo menos con 15 escoltas con grado militar.

Pero no es todo. En la nómina de la FGE, aparecen como agentes de la policía ministerial Karen Pacheco Valdovinos y David Castro Reduncindo que, según los trabajadores, son familiares de la fiscal.

También figura en esta lista como policía ministerial, Andrea Cerrillo Molina, hija del encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Juan Daniel Cerrillo Huerta, quien aparece en la misma nómina con el cargo de subsecretario de despacho.

De acuerdo con una denuncia de los trabajadores, en la nómina, un grupo de cinco militares tienen un cargos de subsecretario de despacho, con un salario de 44 mil pesos mensuales, pero que en realidad cumplen la función de escoltas de la fiscal Valdovinos Salmerón.

Además, otros cuatro militares, tres de ellos, están en la nómina como subsecretarios de despacho y otro como titular de una agencia del Ministerio Público, cuando en realidad son asesores externos, quienes prácticamente están de aviadores.

Otros dos funcionarios que aparecen en la nómina de la FGE como coordinadores de zona, en realidad dan una hora diaria de clases de defensa personal a agentes de la Policía Ministerial, uno de ellos cobra 44 mil 129 mil pesos al mes, y el otro 55 mil 129 pesos.

Estos dos instructores también dan clases a familiares de Valdovinos Salmerón.

El próximo 28 de diciembre de este año, Sandra Luz Valdovinos cumplirá dos años como titular de la FGE, a quien designó el Congreso local, a pesar de la oposición de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, y de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quienes querían en ese cargo a su alfil, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, actual secretario general de Gobierno.

En estos dos años, la FGE no se ha anotado ningún resultado.

En 2022, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reportó que en Guerrero se registraron 1,141 homicidios y hasta julio de este 2023 ya van 835, y se prevé que en el cierre la cifra de asesinatos supere al del año pasado.

En un documento enviado a la gobernadora, los trabajadores denunciaron que con la llegada de la teniente coronel a la FGE, la institución se militarizó.

«Ahora en la Fiscalía se patrulla y se persigue a delincuentes, ya no se investiga», aseguran los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial que desde la llegada de Valdovinos Salmerón a la FGE, han realizado seis paros de labores y plantones.

Cuando los trabajadores dicen que en la FGE ya no se investigan los delitos se refieren a que hay cientos de carpetas de investigación rezagadas.

O sea hay criminales paseando en las calles con toda impunidad porque la FGE no actúa, porque una de dos, es lenta o es cómplice de los infractores.

Los trabajadores que han protestado por el despido de sus compañeros, muchos de ellos (agentes del Ministerio Público, comandantes, agentes de la policía ministerial, peritos y administrativos) tienen 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad y dicen que es mentira que la FGE sea autónoma financieramente.

En este 2023, la FGE ejerce un presupuesto de 1,390 millones 490 mil pesos, pero este dinero lo proveé el gobierno estatal, y según el estado de ánimo que tengan los Salgado, la Secretaría de Administración y Finanzas, libera el dinero.

El problema financiero y la corrupción que siempre ha enfrentado la FGE se refleja en las carencias que prevalecen en las agencias del Ministerio Público, fiscalías regionales y comandancias de la Policía Ministerial y en servicios periciales.

La FGE se ubica entre las fiscalías que ocupan los últimos lugares a nivel nacional en pagar buenos salarios a sus servidores públicos.

Un titular del Ministerio Público percibe un sueldo de 18 mil pesos mensuales, un auxiliar del MP, 16 mil; y no cuentan con pago de viáticos ni tampoco un seguro de vida.

En el documento que hicieron público los trabajadores aseguran que los agentes de la Policía Ministerial, carecen de armas de fuego nuevas y chalecos antibalas, tampoco les proporcionan suficientes balas y vehículos en buenas condiciones mecánicas.

En las oficinas de las agencias del Ministerio Público se carece de computadoras en buenas condiciones, no hay baños, las sillas y escritorios están inservibles.

Uno de los principales argumentos que ha expuesto la fiscal para justificar dos situaciones que prevalecen en la FGE, es la falta de recursos para atender todas las necesidades de la institución.

La otra es, según ella, la añeja corrupción y complicidad de algunos mandos policiacos y agentes del Ministerio Público con la delincuencia, que ha existido desde la anterior Procuraduría de Justicia y ahora Fiscalía de Guerrero.

No dudamos que esto siga ocurriendo en la FGE, pero lo cierto es que desde que llegó la teniente coronel Valdovinos Salmerón, no ha dado resultados en procurar justicia a la ciudadanía que es víctima de un delito.

En Guerrero todos los días hay asesinatos, secuestros, desapariciones, asaltos a mano armada y robos, que son delitos graves.

¿De esos delitos que se cometen diariamente cuántos ha resuelto la Fiscalía?

Tal vez habrá que darle a la FGE el beneficio de la duda. A lo mejor si ha resuelto casos, pero analicemos los últimos delitos de gran impacto que se han cometido en Guerrero y que conmocionaron a la opinión pública.

Por ejemplo, que informe la fiscal a la ciudadanía sobre las matanzas que cometieron integrantes del crimen organizado la Familia Michoacana en San Miguel Totolapan y en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.

La primera ocurrió en octubre de 2022 con un saldo de 23 personas asesinadas y la segunda en diciembre de ese mismo año, donde fueron asesinados siete hombres, entre ellos, un menor de edad.

¿Por qué la fiscal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no detienen a los líderes de esta agrupación criminal que desde hace más de una década tienen en jaque a la ciudadanía de Tierra Caliente?

Otra de las interrogantes es: ¿Cuándo la FGE va a informar sobre el resultado de las investigaciones a alcaldes, alcaldesas, una diputada y un diputado que a finales de abril de este año cerraron las carreteras de Tierra Caliente en protesta porque fueron asegurados 13 vehículos con reporte de robo que tenían en su poder familiares de los líderes de la FM en Ciudad Altamirano?

También que informe la fiscal, ¿cómo va la investigación a la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien fue captada en fotografías, audios y en video platicando amenamente con un hombre armado y que fuentes de la FGE aseguran que se trata del líder del grupo del crimen organizado de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez?

Ante la omisión con la que actúa la FGE se puede establecer que en Guerrero los alcaldes, alcaldesas o diputados locales no solamente pueden cohabitar con los dirigentes de las organizaciones criminales sino hasta son cómplices de las atrocidades que cometen contra la ciudadanía.

CHIRRIONAZO: Para no dejar nada en el tintero de los errores de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, comentaremos que el teniente coronel Víctor Manuel Salas llegó este sábado a Coyuca de Catalán a tomar posesión como fiscal regional en Tierra Caliente, mismo cargo que ocupó hasta este viernes 8 de septiembre en Tlapa.

Víctor Manuel ni siquiera había analizado algunos expedientes de carpetas de investigación cuando este sábado en la noche integrantes de la Familia Michoacana lo privaron de su libertad, lo asesinaron a balazos y lo fueron a tirar a la comunidad de Jaripo.

El detalle es que Víctor Manuel Salas había participado en las indagaciones que culminaron con el aseguramiento de 13 vehículos con reporte de robo que tenían en su poder familiares de los meros líderes de la FM en Ciudad Altamirano, en abril de este año, y además en la detención de un líder de esta organización criminal en la Tierra Caliente.

Comentan en la FGE, que Víctor Manuel no quería regresar a Tierra Caliente, pero como buen militar obedeció órdenes de su superior, Sandra Luz Valdovinos.

El fiscal regional ni siquiera durmió su primera noche en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, ubicadas en Ciudad Altamirano.

El antecedente cercano fue el 21 de agosto cuando hombres de la FM se sacaron del Ministero Público de Coyuca de Catalán y la privaron de su libertad, a la también recién nombrada titular Patricia Jaqueline Salgado González.

¿Será que el grupo delincuencial deja ocupar los cargos sólo a quienes ellos imponen o aprueban?¿Y los defensores del Estado de Derecho? ¿Y la gobernadora? Seguro que apoyando a su candidata, Claudia Sheinbaum.

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.