Personas con discapacidad exigen reforma para inclusión laboral; iniciativas, frenadas en Congreso y con resistencia de empresas

Organizaciones de personas con discapacidad exigen una reforma que obligue a las empresas a abrirles espacios. En las cámaras del Congreso hay iniciativas en la materia, aunque ninguna ha recibido apoyo para ser aprobada en su totalidad.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

Aunque en las leyes vigentes en el país se reconoce que las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas en la selección, contratación o tipo de empleo, en la realidad viven situaciones de exclusión y falta de oportunidades, lo que ha llevado a esta población a organizarse con la exigencia que se reformen las normas en la materia para una verdadera inclusión.

Desde 2021, el Movimiento de Personas con Discapacidad ha tomado como una de sus banderas la exigencia de trabajos dignos, ya que, de acuerdo con su fundadora, Martha García, no existe ninguna norma “que regularice el tema de contratación más allá de esperar que las empresas sean buena onda».

“Aun con lo que dice la ley, en muchas empresas existe todavía el sesgo de que no nos contratan por el tema de la discapacidad, o no tienen las condiciones de accesibilidad y los ajustes para que se pueda dar la contratación, y como nada los obliga no lo quieren hacer, el texto de la norma pasa desapercibido», comenta.

Este panorama ha llevado a las personas con discapacidad a articular su movimiento en todos los estados del país, para discutir cuáles son sus principales necesidades y llevar sus exigencias al Poder Legislativo.

¿Qué dice la ley sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad?

La Ley Federal del Trabajo vigente establece que los empleos dignos son aquellos en los que “se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y no existe discriminación».

En su artículo 132, apartado XVI Bis, indica que una de las obligaciones de los patrones es “contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad».

El tema también se menciona en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 11 señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas para que se incorporen al trabajo “atendiendo sus competencias laborales», y tendrá que instrumentar un programa nacional de empleo para esta población.

Sin embargo, ninguno de estos instrumentos contempla la exigencia a las empresas para incorporar a quienes viven con discapacidad, ni especifica cuáles son los ajustes que los espacios laborales deben contemplar para contratarles, ya que cada tipo de condición requiere de infraestructura distinta.

“No hablan de accesibilidad y ajustes razonables, son definiciones que no aparecen en la Ley del Trabajo; entonces, en los lugares donde presumen que se adaptaron todo mundo hace como que ya con lo que hayan hecho está, que hay ergonomía adecuada, pero no obedecen a la diversidad humana del colectivo», explica Cecilia Guillén, abogada integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad.

Es por eso que, a través de la organización de foros y manifestaciones en diferentes estados, las y los integrantes del movimiento buscan ser tomados en cuenta dentro de las discusiones que se encuentran pendientes para ampliar las garantías de empleo de esta población.

Las iniciativas pendientes

En diciembre de 2018, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado promovió una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para que todas las empresas cuenten con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.

La iniciativa propone la adición del Título Quinto Ter a la legislación, para describir y desarrollar las obligaciones de las autoridades y de los patrones en temas de contratación, capacitación, formación y profesionalización.

Establece “la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas desarrollen programas dirigidos a promover políticas públicas, promover acceso a bolsas de trabajo, fomentar la inclusión laboral, entre otros, de las personas con discapacidad», y enuncia el derecho de estas de “solicitar a sus empleadores los ajustes razonables que requieran».

En adición a la esta propuesta legislativa, en octubre de 2019 la senadora Patricia Mercado presentó un dictamen para que también se contemple la medida de que las empresas con más de 20 trabajadores otorguen, por lo menos, el 5% de sus plazas a personas con discapacidad.

El dictamen fue aprobado por el Senado en febrero de 2022, por lo que fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión, lo que aún no sucede.

Otra reforma a la Ley Federal del Trabajo que se encuentra en pausa fue propuesta por la diputada Yessenia Olua, de Morena, que busca que se establezca en el artículo 7 un apartado Bis, en el que se determine que en toda empresa el patrón deberá emplear mínimo 4% de trabajadores con discapacidad, excepto aquellos establecimientos “que por naturaleza en sus actividades puedan ocasionar un riesgo laboral».

También establece que a los patrones que no cumplan con estas obligaciones, y su plantilla laboral sea de más de 100 trabajadores, se les impondrá una multa equivalente a entre 250 y 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 25 mil 935 pesos y 259 mil 350 pesos. Sin embargo, esta iniciativa presentada en abril aún no ha sido discutida.

La resistencia al cambio

La senadora Mercado reconoce que las propuestas de hacer obligatoria la contratación de esta población han encontrado resistencia por parte del sector empresarial, que reclama que en poco tiempo le han pedido muchos cambios, como el aumento de vacaciones, el incremento del salario mínimo y el fin de la subcontratación o outsourcing.

“Las organizaciones de personas con discapacidad han estado en comunicación con legisladores, han buscado a los asesores de algunos y han intentado hacer presión sobre esta reforma, pero no ha habido posibilidades. La cuestión es que se necesita que exista voluntad, una voluntad que yo no he visto en la mayoría parlamentaria», comenta en entrevista.

En el caso de los empresarios, en diversas conversaciones le han expresado “que son muchas cosas demasiado rápido, piensan que se les imponen cosas con las acciones afirmativas, y lo que yo les he planteado es que tuvieron 30 años para poner solos las reglas pero no las pusieron; entonces, el Estado tiene que garantizar los derechos humanos, y uno de ellos es el del trabajo».

“También hemos tenido reuniones con ejecutivos encargados de la inclusión en algunas empresas y nos damos cuenta que en realidad estamos de acuerdo en las necesidades, pero la cuestión es que no sucede, no se da la reforma, lo que no significa que vamos a quitar el dedo del renglón», dijo.

La legisladora anunció que buscará impulsarla en el siguiente periodo legislativo, “que no es el último (de la actual Legislatura), pero ya es muy definitivo».

“Hoy tenemos al senador Eduardo Ramírez (de Morena) como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien participó en el parlamento que se hizo sobre derechos laborales, por lo que él ha sido claro con su apoyo a estas propuestas; entonces, bueno, es una coyuntura nueva, buscaremos algún acuerdo para que posiblemente pueda reunirse con su homólogo en Diputados y podamos avanzar con la discusión», agregó.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el texto original en este enlace.

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