Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
11 de junio del 2023
Chilpancingo
Autoridades judiciales aplazaron en dos ocasiones la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia en la Sierra de Guerrero porque la Guardia Nacional pide garantías de seguridad y espacios para dormir durante los trabajos, denunciaron colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia.
El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, y la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres de una fosa clandestina en el ejido de Cuatro Arroyos, parte serrana del municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente de Guerrero.
En conferencia de prensa este mediodía, los colectivos denunciaron que dicha exhumación estuvo agendada, en un primer momento, para el 9 de mayo pasado. «Nosotros ya teníamos todo, ya estábamos listos, y de un día para otro nos dicen que se pospone para el día 19 de mayo porque la Guardia Nacional solicitó que haya un cuartel para que puedan dormir», dijo en una conferencia de prensa virtual Estela Arroyo Castro, integrante de la Asociación de Ejidos y Comunidades.
Después del 19 de mayo las autoridades ya no les proporcionaron a los colectivos otra fecha, sólo les informaron que podría reagendar después de la temporada de lluvias.
«Nosotros ya no queremos eso, del punto donde haremos la exhumación está a dos horas una base de operaciones mixtas en Puerto del Gallo, no entendemos por qué la negativa de la Guardia Nacional de acompañarnos y detener las investigaciones», mencionó Octaviano Gervasio Serrano, el asesor legal de las dos organizaciones.
A esta exhumación asistiría, además de los colectivos, los peritos de la FGR, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Guardia Nacional; esta última fue la que detuvo ya en dos ocasiones la investigación.
«Entendemos que la Guardia Nacional está llena de militares y creemos que no quieren subir porque saben que se van a descubrir todos los atropellos que realizaron durante la guerra sucia y se están protegiendo», comentó Gervasio Serrano.
Fueron los mismos familiares que vieron como los militares asesinaron y enterraron en fosas clandestinas a estas ocho personas que hasta hoy están en calidad de desaparecidas, víctimas de la guerra sucia.
Ellos mismos, como testigos, aportaron datos a la investigación y fue entonces que las autoridades de investigación determinaron exhumar los cadáveres.
En esa fosa estarían, de acuerdo con la denuncia de sus mismos familiares, los cadáveres de José Isabel Gómez Bernardino, Gervasio Bernardino Durán, Francisco Rojas Nazario, Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Zubillaga Ortiz, José Santos González Rojas y el menor de 14 años Pablo Rojas Terán.
Estas ocho personas serían asesinadas por elementos del Ejército entre 1971 y 1974 en distintos hechos, pero enterrados en fosas clandestinas.
«Lo queremos es justicia, que el presidente cumpla su palabra de que en su sexenio habría justicia y verdad, ya lleva cinco años, ya va acabar y nosotros no vemos nada de eso», mencionó Arroyo Castro.
En el marco del Día del Ejército Mexicano, colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un acceso pleno a la justicia. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola)
