Lo sentencian por secuestro de Hernández Cardona y otros dirigentes de la UP y aún no es juzgado por desaparición de los 43
Texto: Margena de la O
Chilpancingo
En un lapso de ocho meses, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quedó absuelto por un mismo juez de los delitos de participación intelectual en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de delincuencia organizada.
A casi nueve años de su captura, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, la única sentencia en su contra, dictada de manera reciente, es por el secuestro de siete líderes del frente de organizaciones sociales de Iguala llamado Unidad Popular (UP), ocurrido hace 10 años, el 30 de mayo del 2013.
De acuerdo con la cédula de notificación, de la cual se tiene copia, la condena es por 92 años y seis meses, y una multa judicial equivalente a 920,700 pesos, pero podría ser apelada por la defensa del ex edil.
Tres de los líderes de la UP fueron asesinados en el contexto del secuestro, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Balderas Román, pero este crimen colectivo que evidencia las relaciones políticas y criminales del ex alcalde en Iguala no figuran en la sentencia que emitió el juez Samuel Ventura Ramos el 12 de mayo pasado.
En la cédula de notificación de la sentencia aparecen siete personas por el caso de secuestro. Además de los ya mencionados, están Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Maldonado. Pero en lo registros de la prensa local de hace 10 años figura también Jimmy Castrejón; al parecer, se supo ahora, pudo escapar en el momento de la privación.
La ex regidora de Iguala, Sofía Lorena Mendoza Martínez, ex pareja sentimental de Hernández Cardona, informó que desconoce los motivos en los que versó el juez la sentencia por secuestro –el caso se dirime en Tamaulipas–, porque no la ha recibido, pero le da cierta esperanza de justicia.
Aun con esto cree que existen elementos suficientes para acreditar sanciones más profundas. “Creo que los hechos que acontecieron muestran claramente que pudo haber sido una desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los tres líderes, bueno, de los siete líderes que integraban el bloque de Unidad Popular de Iguala”, comentó por teléfono.
Para ella lo que vivieron los líderes sociales son delitos de lesa humanidad, porque son cometidos en contra de las personas que se organizan y que organizan a los demás. Planteó la necesidad de que en México haya una reforma a Código Penal parea que estos delitos sean considerados y en realidad nadie sea juzgado por sus ideas.
Antecedentes de las diferencias entre Abarca y la UP
El escenario sin frontera entre lo lícito y lo ilícito que se manejaba el ex alcalde de Iguala quedó expuesto con la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en que desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, donde sus servidores públicos, y de otros niveles de gobierno, y delincuentes en su definición explícita jugaron del mismo lado.
Pero esa no fue la primera vez que lo demostraba. Desde un año atrás, con la desaparición de los dirigentes sociales de la UP, dejaba el mensaje claro sobre cuál sería el destino para quienes se metieran con él.
Horas de su desaparición, el 29 de mayo del 2013, Hernández Cardona denunció penalmente al alcalde y a su esposa, y al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, porque consideró una amenaza directa de edil contra los dirigentes sociales. Tuvieron una discusión en el Ayuntamiento de Iguala, que habría encendido sus alertas, después de que le reclamaron su actuación como autoridad.
En particular eran dos señalamientos que los dirigentes le hacían al alcalde: nepostismo, porque Abarca Velázquez tenía familiares directos en cargos del ayuntamiento, y por sus supuestas relaciones criminales.
Hernández Cardona también dirigía la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), una de las organizaciones sociales de UP, desde donde apoyaba a los campesinos para la liberación del fertilizante subsidiado.
En el contexto de esa discusión, el dirigente social señaló al alcalde del asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido meses antes, el 8 de marzo de ese año.
Carvajal Salgado y Hernández Cardona militaban en el PRD. El ex síndico era sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, conocido líder de ese partido de izquierda desde sus inicios, ahora padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Hernández Cardona al igual que Salgado Mecedonio son de grupo del fundadores del PRD.
“Estamos sufriendo hostigamientos que sabemos proceden de este gobierno municipal, poniendo incluso llegar a privarnos hasta de la vida, como sucedió en el caso más reciente del compañero primer síndico municipal, Justino Carvajal Salgado”, es un fragmento de lo que denunció Hernández Cardona en el contexto de la denuncia penal.
El jueves 30 de mayo, los miembros de la UP tomaron desde la mañana la caseta de peaje de la carreta de cuota Iguala-Cuernavaca para exigir obra pública, fertilizante y, otra vez, la cancelación de familiares del alcalde de la nómina del gobierno municipal.
Después de la protesta, de regreso a la ciudad, alrededor de 16:30 horas, la camioneta de Hernández Cardona, una marca Honda tipo Pilot, donde viajaban los otros siete dirigentes, fue interceptada por personas armadas; a todos se los llevaron.
Los cadáveres de Hernández Cardona, Román Ramírez y Balderas Román fueron hallados por las autoridades el 3 de junio siguiente cerca de la colonia Valerio Trujano, un lugar que queda sobre la carretera Chilpancingo-Iguala.
Corría la noticia del hallazgo de los cadáveres y también circulaba que cuatro dirigentes habían escapado del cautiverio. Del único que no se sabían noticias fue de Castrejón.
Arroyo Delgado, el dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, minutos después de escapar, llamó al teléfono al ya fallecido Bertoldo Martínez Cruz, compañero de procesos de la izquierda de Hernández Cardona, mientras protestaban en Acapulco por su liberación y presentación con vida.
“Al ingeniero (como se referían a Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes; luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Balderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy de Iguala porque me van a matar”, alcanzó a decirle por teléfono.
En noviembre de 2013, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo público el documento de una declaración notarial de Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de los dirigentes de la UP, donde narra momentos de su cautiverio y el de sus compañeros y señala como responsable al ex alcalde quien, aseguró, asesinó de manera directa a Hernández Cardona.
“El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen y luego el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole ‘¡Que tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!’… se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y el presidente municipal Abarca Velázquez le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa…”.
Hasta ahora Abarca Velázquez se ha librado de estos señalamientos.
Las relaciones que llevaron a Abarca a robustecerse
Iguala, sobre todo en décadas pasadas, fue la referencia, primero, de la creación, y después de la venta de piezas de oro; familias completas y por generaciones, desde los años 50, se dedicaron a este oficio.
La familia Abarca Pineda, proveniente de la región vecina de Terra Caliente, hasta antes de que asumiera la alcaldía (2012), de manera pública estuvo dedicada a la vente de estas piezas, con el tiempo su nivel subió al de empresarios locales, estatus que aún mantienen.
Galerías Tamarindos, ubicada sobre Periférico Oriente, frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, es la propiedad públicamente más conocida de Abarca Velázquez, sobre todo por todas las facilidades que le concedieron sus amigos políticos.
Mazón Alonso apoyó el proyecto de la plaza desde su segundo periodo de alcalde (2002-2005), y como senador (2006-2011, porque dejó el cargo un año antes) gestionó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la donación de una franja de tierra para “vías de acceso y áreas recreativas” del conjunto comercial.
Abarca Velázquez también logró ser alcalde de Iguala con el respaldo de Mazón Alonso, en principio, después por otros dirigentes del PRD estatal.
Otro político que le ayudó a Abarca a conseguir la donación de la Sedena fue el priista Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores del estado de Guerrero –familia acusada por las organizaciones sociales del estado de caciques–, en sus tiempos de diputado federal (2003-2006). El ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, padre de este ex diputado, es señalado en la actual investigación del caso Ayotzinapa como el personaje de El Patrón, por presunta relación en los hechos donde desparecieron los 43 normalistas, pero desde la posición autor intelectual.
Mazón Alonso, en la ceremonia de inicio de la obra, el 22 de enero de 2008, de acuerdo a lo que documentaron los medios de comunicación, agradeció al menor de los políticos Figueroa por su colaboración, que consistió en buscarle una entrevista con los mandos de la Sedena.
La plaza comercial se construyó con una inversión aproximada de 300 millones de pesos (de éstos 80 millones requirió la mega tienda de autoservicio que ocupa la mitad de la fachada), información que circuló en los medios de comunicación. La plaza en 2015, después de la captura de la pareja Abarca Pineda, era administrada por la hermana del ex alcalde de Iguala, Roselia Abarca Velázquez, directora del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, también negocio familiar.
Es decir, aun con todos los señalamientos, la familia siguió con sus bienes, incluidos los negocios de joyería y la escuela privada, intactos. Todos, de acuerdo con habitantes de la ciudad de Iguala, funcionan en la actualidad y siguen a cargo de los familiares de la pareja Abarca Pineda.
Hubo un momento en que Abarca Velázquez congregó los beneficios de grupos políticos, económicos y criminales en esta parte de la zona Norte de Guerrero.
Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.
