Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
A casi un año de la despenalización del aborto en Guerrero, aun falta camino legislativo, médico y social para que las mujeres tengan un acceso pleno a este derecho.
El aborto fue aprobado por el Congreso local el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo en una votación que tuvo que ser por cédula ante la presión de distintos grupos sociales que estaban a favor y en contra.
Aun cuando la despenalización del aborto fue un avance histórico para los derechos reproductivos de las mujeres, a casi un año de eso las instituciones de salud no tienen una estrategia y protocolos claros para realizar una interrupción legal del embarazo.
La iniciativa de reforma de aquel 17 de mayo contemplaba sacar el delito de aborto del Código Penal del Estado de Guerrero, pero aún falta dotar de presupuesto, equipo, capacitaciones y protocolos al sector salud para que las mujeres tengan un acceso pleno a una interrupción legal del embarazo.
Trabas en el sector salud
A las mujeres guerrerenses les niegan en los hospitales, clínicas y centros de salud el acceso a un aborto, de acuerdo con la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
“Hubo el caso de una chica en Taxco que acudió a solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y le dijeron, ven en tres días”, comentó la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, es una organización no gubernamental de derechos humanos de las mujeres que, entre otras cosas, brinda acompañamiento a quienes deseen interrumpir su embarazo.
A pesar de que una de de las causales del aborto antes de su despenalización era por violencia sexual, de acuerdo con la Red, muchos casos no son atendidos y continúan con trabas burocráticas para permitir a las mujeres acceder a un aborto.
En un recorrido que realizó Amapola, periodismo transgresor por algunos hospitales públicos de Chilpancingo se constató que no existen protocolos médicos o administrativos para atender a alguna mujer que decida realizarse una interrupción del embarazo.
“La realidad es que ya sabemos que está aprobado y que si llega una mujer con esa petición tenemos que atenderla, pero nadie nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer o algún protocolo a seguir”, contó una doctora del hospital del Instituto de Salud y Seguridad Socia para Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Chilpancingo.
Si llega una mujer a solicitar una interrupción de su embarazo se desconoce si tiene que llegar a urgencias, a consulta externa o algún o con alguna trabajadora social.
En este hospital, de acuerdo con la información recabada, sólo un médico de todo el personal dijo ser objetor de conciencia, es decir, una persona que por sus creencias o convicciones se niega (en este caso) a practicar un aborto.
Las activistas feministas han expuesto su preocupación porque sea negado un derecho a las mujeres por las creencias de una persona.
Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco coincidió en que ellos no tienen el acceso a un manual o a algún protocolo que dicte los pasos a seguir en caso de que una mujer desee interrumpir su embarazo.
Por lo mismo muchas mujeres desconfían del sector público.
Lo único que les proporcionó la Secretaría de Salud Guerrero a hospitales y centros de salud fueron una lista para que anoten los datos y cantidad de mujeres que acudieron a realizar.
Por la información obtenida por este medio menciona en el hospital antes mencionado no hay ningún caso registrado de interrupción legal del embarazo.
Datos del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero (OVM) registraron entre 2021 y 2022 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas que fueron violadas, les negaron a interrumpir su embarazo.
“Si se supone que ya había un protocolo para atención de violencia sexual, ¿qué está pasando?, ¿por qué no se está aplicando?”, dijo Candela Garzón.
Manifestó su preocupación porque si antes les negaban este acceso a las mujeres que sufrieron violencia sexual, ahora que es un derecho de todas las mujeres, los casos de negación de un servicio médico aumenten.
En marzo pasado, la Secretaría de Salud informó que habían realizado 26 procedimientos de interrupción del embarazo.
Después de la despenalización de aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 100 mujeres, datos que contrastan con los de la Secretaría de Salud del estado.
*En la Zona Norte se niegan a practicar la ILE*
“Tenemos datos de que en zona Norte definitivamente no quieren dar la atención. Se sigue castigando a las mujeres por querer decidir sobre sus cuerpos”, compartió Candela Garzón. En particular, en Taxco de Alarcón niegan el derecho al aborto a las mujeres.
En Taxco sólo un médico practicaría el aborto, los demás fungen como objetores de conciencia, de acuerdo datos de la misma Red.
“No hay un protocolo de atención, el hecho de ir y no saber con quién dirigirse y que las mantengan en espera, hace que las chicas mejor se vayan”.
Otra preocupación de la Red es que ellas como acompañantes, no tienen datos de todo lo que sucede en el estado. El caso de la zona Norte es sólo un ejemplo.
Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del producto.
Falta camino legislativo
Para la creación de los protocolos, un reglamento y dotar de presupuesto a la Secretaría de Salud para este rubro, los legisladores tienen que reformar la Ley 1212 de Salud del estado.
Por ley, en menos de 180 días después de la despenalización del aborto, debían estar listas dichas reformas secundarias, pero ya casi se cumplen los 365 días, el próximo 17, y del Congreso local aún no salen estas reformas.
La reforma está en la Comisión de Salud pero, de acuerdo con la diputada Yesica Ivette Alejo Rayo, integrante de dicha comisión, no han dictaminado subirla al pleno por dos razones.
La primera porque desde que llegó la reforma a la Ley de Salud a Congreso local, la Comisión solicitó un informe a la Secretaría de Salud para conocer su situación presupuestal, “pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, comentó la diputada.
En la solicitud de la Comisión a la Secretaría, los diputados requirieron un panorama general de la situación de la dependencia estatal para lograr implementar la reforma.
El otro tema pendiente es que los diputados locales esperan que el Congreso de la Unión apruebe las reformas de ley para el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabbi).
Una de las diputadas impulsoras de la despenalización del aborto, la morenista Nora Yanek Velázquez Martínez, mencionó que aún no avanzan las reformas sanitarias porque en el Congreso de la Unión todavía reforman la Ley General de Salud para el marco legal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Hasta entonces armonizarían las leyes locales.
“Estaba pendiente la reforma sanitaria a nivel local, pero ya con la reforma federal y la incorporación de varios hospitales públicos al Insabi, todo eso va a quedar cubierto”, mencionó en entrevista Velázquez Martínez.
Dijo que con estas reformas sanitarias, en los hospitales y centros de salud ya no pondrían obstáculos para practicar un aborto, “por el momento la Secretaría de Salud capacita al personal para que puedan practicar uno”.
“Todavía falta, claro, pero esperemos que con la reforma federal ya quede subsanado todo para que se haya un acceso pleno a este derecho”.
Estas declaraciones las dio la diputada antes de que el Congreso federal aprobara la desaparición del Insabi el pasado 25 de abril.
Con esta reforma ahora los servicios de salud que proporciona esta institución serán absorbidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar.
Ante este nuevo panorama, la Comisión de Salud en el Congreso local tendrá que esperar las nuevas resoluciones de lo que aprobó el Congreso federal para poder homologar las leyes locales.
La burocracia y la penalización social, otras formas de castigar a las mujeres
Una nueva forma de negarles el acceso a un aborto a las mujeres, insistió Candela Garzón, es a través de prácticas burocráticas en los hospitales.
“No es que les digan no, como tal, pero al no pasarlas, al hacerlas esperar y decirles ven después, causa un conflicto en las usuarias de cómo resolver la situación en la que está”, narró.
Las mujeres que van a solicitar este servicio han denunciado a la Red que en ocasiones las hacen esperar o les piden que vuelvan después. Además, de poner como pretexto los cambios de turno en los hospitales.
Si una mujer acude cuando cambia el turno del hospital, es suficiente para que no la atiendan o le digan que tiene que esperar.
“El turno de la mañana le hecha la bolita al tuno de la tarde”.
El acceso a la información y el derecho a la salud también limita a las mujeres.
Desde el ámbito social también, expuso, es complicado abordar el aborto, porque aún hay estigmas.
“Hay un contexto que a las mujeres les dice que está mal”.
El contexto religioso en el estado, mencionó, también pesa en la despenalización social del aborto. Está el caso de Taxco. Aún hay mujeres que dentro de sus círculos cercanos son señaladas y criminalizadas por realizarse un aborto.
“Es un derecho, así como se respeta a quien decide continuar un embarazo, debería también respetarse a quien decide interrumpirlo”, agregó la defensora.
