Tlacolol – El poderío de la Familia Michoacana y la complicidad de alcaldes y el gobierno de Evelyn

Última actualización:

¿A quién protegen los alcaldes de la Tierra Caliente?

Por: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero.

La reunión del 27 de abril en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano entre la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, con alcaldes y diputados de las regiones de Tierra Caliente y Norte, fue todo un desencuentro. Se dieron con todo.

El único asunto a tratar en la reunión fue la seguridad, pero para los ediles y legisladores y no para la ciudadanía de estas regiones que han vivido azotados por la violencia e inseguridad desde hace por lo menos 10 años. La organización criminal la Familia Michoacana es la ley en esa región con la complicidad del poder político y económico. 

¿A caso una organización criminal se puede empoderar tanto sin el apoyo institucional? ¿Sin la protección de un gobierno o del mismo Ejército? No, sin la ayuda institucional serían imposible. 

Es de dominio público que la organización criminal que dirigen los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga tienen de aliados a ocho de los nueve municipios. Zirándaro, es la excepción porque está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien la FM mantiene una tregua.

Es decir, la FM lleva mano en los pactos con los alcaldes y diputados locales en ocho municipios. Eso le permite controlar los precios de los productos básicos, hidrocarburos, transporte, medicinas, ferreterías. Controlan, pues, la economía de la región.

La reunión con Salgado Pineda se originó por un escrito con fecha 8 de abril que le enviaron 11 ediles (ocho de Tierra Caliente y tres de la Zona Norte), dos diputadas y un diputado local, así como un legislador federal, en el que aseguraron recibir amenazas de muerte de la organización criminal de Los Tlacos, rival de la FM.

«Fue una reunión áspera y caótica», contó una fuente consultada.

Fue la diputada del distrito 17 de Coyuca de Catalán, la perredista Elzy Camacho Pineda, la que encaró con más rudeza a la mandataria estatal.

«Yo no llegué con el apoyo de un grupo, yo llegué con el apoyo del pueblo», le reviró en tono enojado la gobernadora a Camacho Pineda, quien es hija de Eli Camacho Goicochea, un ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex legislador local del PRD, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

Camacho Goicochea fue asesinado a balazos por un grupo armado de la FM en mayo de 2017 cuando era asesor del gobierno de Héctor Astudillo Flores, sin que hasta el momento se sepa el motivo.

Pues, bien, el jueves 27 fueron casi tres horas de intensó diálogo que terminó sin acuerdos, aunque la mandataria estatal propuso un nuevo encuentro, pero no les dijo a sus interlocutores la fecha ni el lugar. 

Salgado Pineda junto con los secretarios de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez; el de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y la fiscal de hierro, la coronel del Ejército Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se salieron y abordaron un helicóptero militar que los condujo de retorno a Chilpancingo.

Obvio ese desplante que les hizo la gobernadora molestó a los ediles y legisladores, así como a la cúpula de la FM.

Un día después, el viernes 28, un grupo de ediles que estuvieron con la gobernadora se reunieron en Ciudad Altamirano.

Y ese mismo día, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañado por elementos del Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en una bodega en la colonia Tierra Blanca, en Ciudad Altamirano. 

En esa bodega y en otros inmuebles decomisaron al menos diez vehículos, entre ellas una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini con reporte de robo, que tienen un costo de más de un millón de pesos. Los lugares donde fueron aseguradas las unidades son personas cercanas a uno de los Hurtado Olascoaga.

Los vehículos asegurados ya fueron trasladados a un corralón de la FGE, ubicado en la comunidad de Petaquillas, a 20 minutos de Chilpancingo. 

Resulta más extraño que días antes, el 22 de abril, en esa misma bodega de la colonia Tierra Blanca la FGE, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional realizaron un cateo en el que hallaron 30 vehículos, pero ninguna unidad fue asegurada. «Nos retiramos sin ninguna novedad», fue el parte policiaco que dio a conocer ese día la SSP.

Durante la operación coordinada por la FGE, transportistas cerraron la carretera federal durante hora y media en dos puntos, en Poliutla y en Ciudad Altamirano.

Pero el viernes 28 de abril, las cosas fueron diferentes. Los alcaldes y diputados tenían doble enojo: la falta de respuesta por parte de la gobernadora y las supuestas arbitrariedades que, según ellos, estaba cometiendo la FGE, realizando detenciones y cateos en casas.

Los mismos ediles operaron en forma inmediata el estrangulamiento de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, desde Arcelia hasta Riva Palacio, en la frontera de Michoacán.

También cerraron las carreteras que conducen a Tlalchapa y Ajuchitlán del Progreso.

La historia de estos bloqueos ya se sabe. Los transportistas y ciudadanos son obligados a participar en las protestas. Detrás de estas acciones está la FM.

No obstante, en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, hay otra historia rara y dos hechos que generan sospechosismo de los alcances de este grupo delictivo en el gobierno estatal.

El 21 de enero de este año, policías estatales, Guardia Nacional y Ejército desalojaron a autodefensas identificados con Los Tlacos en el municipio de Apaxtla de Castrejón, donde llegaron en noviembre del 2022 para frenar a otros autodefensas de la Tecampanera de Teloloapan, vinculadas a la organización criminal de La Bandera.

En ese desalojo del 21 de enero, fueron detenidos ocho autodefensas en Apaxtla y en lugar de que las fuerzas de seguridad los llevaran a rendir su declaración ministerial al distrito judicial de Teloloapan, los llevaron a Coyuca de Catalán.

Tras negociaciones con el gobierno, los ocho detenidos fueron liberados, pero en vez de regresarlos a Apaxtla, los policías estatales los llevaron al poblado Riva Palacio, municipio de San Lucas, en Michoacán, que está bajo control de la FM.

Desde entonces los ocho autodefensas siguen desaparecidos y su líder, Salvador Alanís, aseguró que la Policía Estatal los entregó a la Familia Michoacana.

El 28 de marzo, en otra operación de la Policía Estatal en la comunidad de El Parotal del municipio de Petatlán, supuestamente se enfrentaron a balazos con pobladores. El saldo de estos hechos fue de cinco personas muertas, entre ellas el director de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz, dos policías y dos civiles.

Videos difundidos por habitantes de El Parotal, se ve cómo los agentes que tienen sometidos confiesan que los individuos que murieron en el supuesto enfrentamiento pertenecían a la Familia Michoacana.

Es decir, estos dos hombres de la FM, se unieron al convoy de los agentes estatales. Hasta el momento, el gobierno de Salgado Pineda no ha aclarado este grave hecho y el jefe que ordenó este despliegue en esa comunidad serrana, Irving Jiménez Sánchez, sigue en el cargo.

Esto no es nuevo, con el priísta Héctor Astudillo Flores también había la sospecha de que a la FM se le protegía institucionalmente.

En mayo de 2017, una magna operación efectuada por la Policía Estatal desalojó a supuestos policías comunitarios identificados con el grupo del crimen organizado de Los Tequileros, que dirigía Raybel Jacobo de Almonte, y que tenía bajo su control San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, donde realizaba secuestros masivos de personas y efectuaba cobros de piso. O sea era la competencia delictiva a los líderes de la FM,  José Alfredo y Jhonny Hurtado.

Los gobiernos federal y estatal desmantelaron a la organización de Los Tequileros. En julio del 2018, se dio a conocer que Raybel Jacobo había muerto en un enfrentamiento a balazos en una comunidad del municipio de Heliodoro Castillo.

El gobierno de Astudillo y el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, dejaron intacto el poderío de la Familia Michoacana, ahora con los morenistas Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Salgado Pineda aún no hay quien frene a esta organización.

«Los bloqueos que hubo en Tierra Caliente es una demostración de fuerza de la Familia Michoacana para darle un mensaje al gobierno que aquí con ellos nadie se mete», dijo un ex funcionario originario de Tierra Caliente.

La tarde del lunes, terminaron los bloqueos carreteros en Tierra Caliente. Y como si no hubiera pasado nada, la gobernadora y los ediles y diputados hicieron las paces. ¿Será verdad?

Esta situación no sólo evidenció los nexos políticos de la FM, si aún hay dudas, pregúntese: ¿Por qué estos alcaldes y diputados sólo denunciaron a Los Tlacos, rivales de la FM? ¿Por qué no denunciaron también a la FM para liberar a su población de la carestía impuesta, del cobro de piso y de los secuestros? ¿Por qué la Fiscalía parece actuar muy diferente al gobierno del estado? ¿Por qué la gobernadora no ordenó desalojar estos bloqueos de inmediato como lo hace en la Autopista del Sol, en Chilpancingo? ¿Por qué la alcaldesa morenista de Zirándaro, Tania Pecheco Duarte, no firmó el documento?

Al gobierno del estado nos debe más explicaciones, luego de que sólo en un boletín de la vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz, sostuvo que “grupos ligados a la delincuencia organizada gestaron bloqueos a diversas vías de comunicación de la región de Tierra Caliente con la finalidad de inhibir los operativos desplegados en la zona”.

Tras eso, quién deberá también dar explicaciones es el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, porque en esos bloqueos en los que el propio gobierno señala que son impulsados por el crimen organizado participa la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.

Documento con fecha ocho de abril firmado por alcaldes y diputados que le hicieron llegar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los representantes populares piden apoyo ante las amenazas que reciben del grupo del crimen organizado de Los Tlacos.

CHIRRIONAZO.- Ya se cumplieron más de cuatro meses de que reiniciaron los trabajos de la construcción de la biblioteca del Congreso local y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, no informa del resultado de las transas, perdón, irregularidades que detectó la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y es que la legisladora morenista está más entretenida en promocionarse en Acapulco para suceder a Abelina López Rodríguez que dedicarse realmente a su trabajo. 

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


 

Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones