“Cuando la historia se repite, la primera vez es una tragedia, y la segunda, una farsa”, dice el filósofo alemán, Karl Marx. Y para muchos políticos de nuestro tiempo, revisar la historia los agota y llena de hastío. Más cuando la actualidad se asemeja bastante al pasado.
La violencia utilitaria, la corrupción burocrática y la impunidad que ejerce la clase política es sistemática en Guerrero.
El 18 de abril, el secretario de Seguridad Pública estatal, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez; el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza y la secretaria de Seguridad de Chilpancingo, Martha Isela Velázquez Adame, se reunieron con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Chilpancingo.
Al encuentro acudieron 26 empresarias y empresarios, durante dos horas ocurrió lo que seguramente muchas veces pasa desde hace años, pero en pocas ocasiones permiten a la prensa ser testigos por seguridad, precaución o miedo: escuchar de viva voz sus quejas del asecho de los grupos criminales que operan en la capital.
Plantearon sus quejas: desde que presuntos integrantes de grupos criminales se hospedan en los hoteles, amedrentan a los trabajadores y dueños y no pagan; las extorsiones generalizadas al comercios: algunas tiendas de la esquina son obligadas a pagar 5,000 pesos cada semana.
También denunciaron secuestros y que la fiscalía libera a los ladrones y asaltantes aun cuando hay denuncias interpuestas; así como que en el número de emergencia 911 no responden, y si lo hacen, tardan en llegar.
Resaltaron que desde hace años las organizaciones criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, controlan el comercio en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, la producción y precio del pollo.
También contaron que los grupos criminales exigen al Ayuntamiento de Chilpancingo parte del presupuesto del Ramo 33, obras públicas y el control de secretarías o direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Gobernación y Finanzas.
El colmo: los empresarios expusieron que en la pasada Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, los delincuentes extorsionaron a vendedores escoltados por cuatro policías municipales.
Ante los reclamos, Méndez Gómez reventó. Desairó lo narrado, se quejó que sólo habían perdido su tiempo hablando “del pasado” en lugar de construir juntos soluciones.
La arrogancia del funcionario fue repelida por una empresaria. Le respondió que hacían alusión al pasado porque “ese pasado” sigue intacto.
Recuerdan la frase del inicio: “cuando la historia se repite, la primera vez es una tragedia y, la segunda, una farsa”. La farsa es que los encargados de darnos seguridad minimicen las denuncias de los empresarios.
¿Qué esperar de ellos, cuando escuchan las quejas de los más pobres del estado? ¿Les creen acaso? ¿Es decir, qué hacen, un borrón y cuenta nueva en cada sexenio? ¿Acaso en campaña todos los políticos que aspiran a gobernar juran y perjuran que si votas por ellos sí van a cambiar el pasado? Y para cambiar el pasado hay que conocerlo, es más, ser un experto.
Es claro que Evelio Méndez no desconoce la realidad que le contaron, pero, entonces, nos preguntamos por qué su reacción: ¿tuvo un mal día? ¿se levantó con el pie izquierdo? ¿le regañaron en casa? ¿se pasó con algunos tragos la noche anterior, está estresado, lo amenazaron?
La repuesta que sea, no importa. Porque lo que se espera de un secretario es que atienda las quejas de inseguridad de todos los ciudadanos, que modifique sus esquemas o estrategias con base en las denuncias y los delitos, que se enfrente a la delincuencia común y a la más especializada, aunque esta última, no esperamos que la cambie, porque es un conjunto de complicidades que no se ha podido resolver en este sexenio.
Lo gracioso del asunto, es que en la reunión, la encargada de Seguridad Pública de Chilpancingo dijo que el municipio sólo cuenta con 21 a 25 policías para dar seguridad a la ciudad.
Lo que no informó Velázquez Adame, es que de las 81 cámaras de videovigilancia que se adquirieron en la administración del perredista Antonio Gaspar Beltrán, 28 no funcionan.
En estas videocámaras, dos drones para la vigilancia aérea y el equipo del Centro de Control de Videovigilancia (C-2) invirtieron 15 millones de pesos.
Hay que recordar que en fechas recientes han ocurrido asesinatos en pleno centro de Chilpancingo, donde se supone están instaladas videocámaras.
Pero tampoco los dos drones funcionan y su reparación cuesta 14,000 pesos, pero la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez se hace maje para ordenarle al secretario de Finanzas que libere el recurso. ¿Acaso la edil tiene un interés de que este equipo de seguridad no funcione?
Hay que recordar tres casos: el 23 de febrero, el comerciante Luis Alberto Salazar, fue asesinado a balazos por un individuo en el interior de su tienda de venta de teléfonos de celulares en la avenida Guerrero, a dos cuadras del zócalo.
El 14 de marzo asesinaron a balazos a dos hombres e hirieron a otro en el interior de un billar ubicado casi frente al ayuntamiento, en la calle Valerio Trujano, casi esquina con la avenida Ignacio Ramírez.
Días después, en la avenida Juárez, frente al edificio Vicente Guerrero, oficinas del gobierno del estado, un ex policía municipal que conducía un vehículo acompañado de su esposa y dos hijos, fue asesinado a balazos.
Con estos hechos se puede entender que a los delincuentes nadie los vigila y, lo peor, tienen permiso para matar. En esta semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) dio a conocer una encuesta en la que ubica a Chilpancingo entre las primera 10 ciudades del país como la más insegura.
Lo más trágico fue el dato que arrojó el vicefiscal, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, de que en la FGE hay 181,000 carpetas de investigación abiertas por delitos del fuero común.
Algo aún más trágico es que para atender todas esas carpetas de investigación, la fiscalía sólo tiene 270 agentes del Ministerio Público. Es decir, a cada uno le tocan 670 carpetas… ¡y las que se vayan acumulando!
Seguramente una de esas carpetas de investigación rezagadas está la que presentaron contra el senador Félix Salgado Macedonio que fue acusado por el delito de violación en agravio de una trabajadora del desaparecido diario La Jornada Guerrero, medio del cual, Salgado fue dueño al igual que su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Estas cifras son un mensaje contundente…pero para los delincuentes pueden estar seguros casi todos o todos sus crímenes quedarán impunes.
CHIRRIONAZO.- La alcaldesa Norma Otilia Hernandez si que se voló la barda con eso de la entrega de las preseas Nicolás Bravo a personalidades de diversos sectores, pero nosotros no vamos a juzgar a muchos de los premiados sólo cuestionaremos a uno. ¿Quién? ¡Adivinaron! Nada más y nada menos que al que manda en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán. La pregunta es qué méritos tuvo o tiene Saldaña para haberse hecho acreedor a esa tal distinción.
La del estribo: Nuestra solidaridad hacia el compañero Yener de los Santos Matías, quien fue víctima de un asalto en su casa. Los amantes de lo ajeno, como dicen, se robaron su equipo de trabajo. Seguramente el caso de Yener será una más de esas más de 180,000 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) que no investigará, porque simplemente esta institución y los y las que la dirigen, están coludidos con delincuentes. Así de sencillo.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
