La comisión finalmente hizo público su Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estima que se requieren cuatro fases distribuidas en nueve años para implementar acciones, desde la preparación hasta la evaluación de resultados.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
El Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) adeudaba desde 2018, propone nueve ejes de intervención principalmente relacionados con la regionalización, las herramientas tecnológicas y el enfoque masivo para la identificación de personas desaparecidas, y plantea que sean implementados en un plazo de nueve años.
Ante el diagnóstico de un contexto amplio y heterogéneo, víctimas en situación de vulnerabilidad, la crisis forense y el escenario de desaparición como las principales problemáticas asociadas al fenómeno de desaparición de personas en México, que suman más de 112 mil, la CNB calcula que se requieren cuatro fases de implementación para las medidas que propone: un año de preparación, del segundo al tercero para la ejecución de líneas de acción y fortalecimiento institucional, del cuarto al sexto para la atención e intervención centrada en personas, y del séptimo al noveno para evaluar la intervención y los resultados.
Además de la dimensión de la problemática por la cifra de personas desaparecidas y la crisis forense, la CNB reconoce como problemas específicos la falta de debida diligencia en la atención oportuna a desapariciones; la falta de coordinación interinstitucional efectiva para dar respuesta inmediata; la debilidad institucional de instancias de búsqueda, investigación y servicios forenses; la ausencia de mecanismos y procedimientos efectivos para rendición de cuentas, y la ineficiencia de la persecución penal para garantizar la no repetición.
En el aspecto sociohistórico, el documento identifica dos momentos críticos: el primero, conocido como “guerra sucia” —entre 1964 y 1985—, donde se utilizó la desaparición como un medio para disolver a la oposición política, y el segundo, la ola de violencia derivada de la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”, iniciado en 2006 y con impactos hasta la fecha. A este último corresponde el 83% de las desapariciones concentradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
De la misma manera, aclara que aunque prevalece un alto número de desapariciones en el país, los distintos registros y bases de datos reflejan discrepancias con la realidad actual. Hasta el momento, según el registro oficial, 112 mil 287 personas continúan desaparecidas o no localizadas. El 74.46% son hombres y el 24.87% mujeres, más un 0.67% que no está determinado.
El programa reconoce que hay sectores de la población que son afectados de manera diferenciada, debido a la desigualdad, la discriminación estructural, el sexismo y el racismo, entre otros factores. En tanto, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León se destacan con registros por arriba de las 12 mil personas desaparecidas o no localizadas. En 21 estados, los hombres desaparecen en mayor proporción; sin embargo, en 11 la desaparición de mujeres es más elevada, lo cual puede agudizarse por otras violencias de género asociadas.
Respecto de la crisis forense, el documento revela que apenas el 4.5% del presupuesto de las instituciones de procuración de justicia se dirige a los servicios periciales y médicos forenses. A esto se suma la carencia de registros útiles para la identificación de personas localizadas sin vida. En el caso de cinco estados, sus instituciones de procuración de justicia no destinan ni el 1% del presupuesto a estos servicios: Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.
Los objetivos a un plazo de nuevo años
Según el documento publicado por la CNB, el propósito principal del programa, si se cumplen las acciones y los objetivos estratégicos que plantea, es que en México las víctimas de desaparición, no localización y sus familias reciban una respuesta adecuada, inmediata y efectiva del Estado para garantizar la búsqueda, localización e identificación, así como el acceso a la justicia y la verdad.
Entre sus objetivos principales plantea homologar y garantizar el intercambio, la disponibilidad y la consistencia de los datos relativos a personas desaparecidas o no localizadas. Por otro lado, pretende que el PNBP siente las bases para que las acciones del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense se desarrollen en condiciones de menor rezago.
Esto se logrará —se plantea— mediante las líneas de acción encaminadas a la recolección de registros de ADN de familiares de personas desaparecidas, así como a sumar a la despresurización de los espacios de servicios periciales y procuración de justicia que tienen recursos limitados e insuficientes para la identificación de personas sin vida, dentro de los que pueden estar personas desaparecidas, principalmente mediante la coordinación con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
El programa subraya que está pendiente el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense (PNEIF), a cargo de la FGR, de acuerdo con la Ley General en la materia, que debería identificar aquellos cadáveres inhumados sin identidad, a través de exhumaciones planificadas, programadas y controladas, así como la recuperación y el análisis de indicios que permitan establecer una hipótesis de identidad y, en su caso, la notificación y entrega a sus familias.
Por ello, plantea que las acciones de identificación con enfoque masivo que lleva a cabo el CNIH, de personas fallecidas que se encuentran en instancias forenses, fosas comunes y sitios de inhumación clandestina, tendrán el propósito de apoyar a las instituciones de procuración de justicia en los procesos de identificación que requieren de disciplinas forenses para facilitar las condiciones para que se ponga en marcha el programa de exhumaciones.
En su implementación, el PNBP determina que prevé la participación de las familias de personas desaparecidas o no localizadas, así como de otros actores de la sociedad, que, asegura el documento, han sido parte de la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
