Activistas advierten sobre la situación de violencia contra las mujeres en puntos como el puerto de Acapulco, y también, que las autoridades desatienden la prevención y la investigación de crímenes con perspectiva de género.
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: José Luis de la Cruz /Archivo
Chilpancingo
El 2 de enero pasado, Luz María Mota acudió a una cita con su expareja sentimental. La citó en una colonia en las afueras de Taxco, Guerrero, y de allá nunca regresó a casa.
Una de las hipótesis del caso, planteada en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), es que su expareja pudo haberla arrojado por un barranco de una profundidad de 15 metros. Luz María murió después en el hospital de esa ciudad.
La mañana de ese mismo lunes 2 de enero, una mujer fue asesinada a puñaladas por su esposo, en una casa ubicada en la colonia Alta Cuauhtémoc, en la zona conurbada de Acapulco.
El 15 de enero, Lucía, una vendedora de aguas frescas de la colonia Las Cruces, en Acapulco, fue asesinada por un hombre de un balazo en la cabeza. El victimario caminó frente a decenas de testigos, después se subió a un automóvil que el conductor ya tenía en marcha, listo para arrancar, y huyó.
La FGE dice que el asesinato de Lucía pudo ser motivado porque se negó a pagar una cuota a un grupo criminal.
Tanto Lucía como Luz María forman parte de los 23 casos de mujeres asesinadas en Guerrero entre el 1 de enero y el 28 febrero, de acuerdo con las cifras de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM). Esto representa un alza de 43.7 por ciento respecto del primer bimestre de 2022, cuando hubo 16 crímenes de este tipo.
El incremento se da, además, en un contexto en el que las autoridades se niegan a investigar los casos con perspectiva de género, denuncian activistas.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGVM, dijo que el aumento de víctimas de crímenes con características de feminicidios en Guerrero durante los dos primeros meses del año refleja desatención del gobierno del estado y de los municipios hacia la prevención de violencias contra las mujeres.
En junio de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la primera alerta de género en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa.
La alerta se declaró porque estos ocho municipios ocupaban los primeros lugares en casos de mujeres asesinadas, así como por otros tipos de violencia.
Reyna Aguilar consideró que, de 2017 a la fecha, la violencia hacia las mujeres no ha cambiado en estos municipios. “Acapulco sigue ocupando el primer lugar en asesinatos de mujeres y no se diga de Iguala y Chilpancingo”, alertó.
La activista lo dice por las estadísticas que ella misma documenta. En 2022 ocurrieron 107 homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero: en Acapulco hubo 29, en Chilpancingo 21 y en Iguala 11.
Este año, de los 23 asesinatos documentados por la AGVM, en dos de los casos la FGE ha logrado la detención de los presuntos feminicidas.
El 15 de octubre de 2021, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asumió el poder y una de sus primeras promesas fue frenar la violencia feminicida en Guerrero.
Pero, a decir de la abogada activista Reyna Aguilar, esa promesa de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres es un tema pendiente.
“Es muy grave lo que está pasando y estamos viendo que en estos dos primeros meses del año aumentaron los homicidios con presunción de feminicidio en comparación en este mismo lapso del 2022”, dijo.
La activista —quien forma parte de los sistemas para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco— dice que en las sesiones en las que ella ha participado llegan muchas denuncias por la omisión de autoridades.
Contó que estuvo en una sesión reciente en Taxco y la fiscal especializada en feminicidios no tenía información sobre el caso de Luz María Mota, la víctima del 2 de enero en esa ciudad.
El caso de Luz María fue relevante en Taxco porque su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, fue dejado en libertad por el agente del Ministerio Público del Fuero Común la misma noche de los hechos.
“El feminicida de la joven cayó en contradicciones porque, primero, dijo que Luz María se había resbalado y cayó al barranco y, después, aseguró que ella se había suicidado porque no quería vivir sin él”, narró Reyna Aguilar.
El 15 de enero, 13 días después del asesinato de Luz María, sus familiares y amigos protestaron en las calles de Taxco para exigir la recaptura de su agresor.
Reyna Aguilar mencionó que, por la presión social, la FGE ya investiga el caso como feminicidio y no como homicidio.
Cristian Mota, primo de la víctima, dijo que es absurdo que Luz María quisiera suicidarse. Ella trabajaba de intendenta en la mina La Suriana, ubicada en Arcelia, donde percibía un salario mensual de 8,000 pesos.
El 31 de diciembre, contó a su primo Cristian que para este año empezaría a laborar en el área administrativa de otra mina y que le pagarían mejor, 12,000 pesos al mes.
“Es imposible que mi prima se quisiera aventar al barranco, porque además de que ya tenía un buen trabajo, tenía a sus dos hijos, a quienes quería más que a su vida”, dijo Cristian.
Flores Martínez, presunto asesino de Luz María, labora en una gasolinera de Taxco y, según Cristian, muchas mujeres que acuden a esta estación a cargar combustible se niegan a que él las atienda.
Reyna Aguilar denunció que el caso de Luz María es un ejemplo de que en Guerrero la FGE no investiga los homicidios de las mujeres con perspectiva de género.
Amapola, periodismo transgresor documentó que durante el primer bimestre de este 2023 se registraron 233 homicidios dolosos, de los cuales 22 fueron contra mujeres.
