Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía
6 de marzo del 2023
Chilpancingo
La madrugada del 6 de marzo de 1990 el entonces gobernador priista, José Francisco Ruiz Massieu, ordenó desalojar de manera violenta de ocho ayuntamientos los plantones de personas que denunciaban fraude electoral en las elecciones del 4 de diciembre de 1989.
El desalojo de ese desalojo dejó un saldo de 21 personas asesinadas, cuatro desaparecidos e incuantificables lesionados.
A 33 años de esos hechos, los actores políticos señalados de perpetrar esa acción continúan en la escena política sin que la justicia los haya alcanzado. A lo largo de estos años han encabezado diferente cargos públicos, desde donde aplicaban políticas de represión.
Los antecedentes
Todo comenzó la jornada electoral del 4 de diciembre de 1989, en la que 24 candidatos del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a la Comisión Estatal Electoral, que dependía en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno, de cometer fraude electoral.
«Existen actas en las que queda claro que los candidatos del PRD fueron los ganadores, pero ante una comisión controlada por el Estado era obvio que no iban a permitir un triunfo de la oposición», contó en entrevista Abel Lopez Rosas, historiador que ha documentado diversos movimientos sociales.
Ante el notable fraude que representaron aquellas elecciones, entre el 18 de diciembre de 1989 y el 4 de enero de 1990, 24 planillas de los candidatos del PRD, a través de asambleas multitudinarias, decidieron tomar los ayuntamientos como una forma de protesta.
Además nombraron autogobiernos a los que denominaron Ayuntamientos Populares.
Los ayuntamientos tomados fueron los de Ometepec, Florencio Villareal, Tlacoxistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica de Guerrero.
En la región Centro fueron los de Tixtla, Mártir de Cuilapan, Leonardo Bravo y Juan R. Escudero. En la Costa Grande fueron Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión y Coauayutla.
En la Tierra Caliente fueron Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala. En la Montaña Ahuacotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec.
En la zona Norte tomaron los ayuntamientos de Teloloapan, Cuetzala del Progreso y Cocula.
El movimiento postelectoral duró los tres meses siguientes, de enero a marzo de 1990.
“La toma de protesta de los ayuntamientos populares fue un acto de justicia para los pobladores, quienes efectuaron actos masivos donde demostraron el amplio respaldo popular a este ejercicio de autogobierno”, se lee en un artículo de López Rosas en el que narra parte de los hechos.
Fue así que los ayuntamientos populares fueron conformados por la planilla de la oposición.
“Los presidentes y la presidenta popular tenían la característica de que, durante la década de 1980, habían encabezado diversas movilizaciones en sus municipios por demandas sociales como construcción de escuelas y caminos, dotación de maíz y fertilizante, y participaron en la conformación de organizaciones sociales y del Frente Democrático Nacional. Se trataba, pues, de personas reconocidas por su compromiso social con su pueblo”.
Una de las características de estos ayuntamientos fue el apoyo masivo y colectivo; muchos de los pobladores que lo apoyaron donaban comida, gallinas, tortillas, maíz, queso y mano de obra para sostener los plantones.
Los manifestantes cuidaban las 24 horas los ayuntamientos, muchos de ellos armados con machetes, piedras y palos.
Los alcaldes populares cobraban impuestos y realizaron gestiones con las que lograron arreglar el alumbrado público o realizaban algunas obras de pavimentación y construcción de manera colectiva, ya que no recibían dinero oficial.
En el tema de seguridad se crearon policías ciudadanas con voluntarios que participaron en el movimiento.
Algunos de los personajes que encabezaron los ayuntamientos populares fueron el activistas Ranferi Hernández Acevedo, en Ahuacuotzingo; Eloy Cisneros Guillén, en Ometepc; Magdalena Rodríguez Mera, en Tixtla y Roberto Salinas Herrera, en Coyuca de Benítez.
Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre del 2017.
Fotografía del El Sol de Acapulco. retomada del artículo Operativo Relámpago. Un caso más de represión policial que permanece en la impunidad, del historiador Abel López Rosas.“Operativo relámpago”
Fue la madrugada del 6 de marzo de 1990, entre las tres y las seis de la madrugada que elementos de la Policía Estatal y Policía Judicial irrumpieron violentamente en los plantones y los desalojaron.
“El gobierno utilizó argumentos que iban desde señalarlos (a los manifestantes) como promotores de la violencia hasta de promover la intervención de extranjeros y de cometer actos ilícitos. Además, los acusó de posesión de armas y de tener posibles vínculos con el tráfico de drogas. Todas las acusaciones tenían como finalidad justificar la represión que se avecinaba en contra de los ayuntamientos populares”, menciona López Rosas.
Además de su documentación, López Rosas concedió una entrevista a Amapola, periodismo transgresor y ofreció detalles de su trabajo.
El desalojo ocurrió en los 24 municipios tomados, de los cuales ocho fueron de manera violenta: Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R. Escudero.
Los perpetradores nombraron esa operación policiaca violenta “operativo relámpago”.
En dichos desalojos participaron 800 elementos de seguridad, comandados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial.
“Empezaron a disparar a diestra y siniestra, llegando, tirando, nos echaron gases lacrimógenos. Al sentir la asfixia y el ardor en los ojos, tuvimos que salir. Al salir, nos agarraron a culatazos. A mí me abrieron la cabeza en tres partes”, le contó Cisneros Guillén, alcalde popular de Ometepec, a López Rosas en entrevista.
Después de dicho desalojo, Cisneros Guillén fue víctima de desaparición forzada durante cuatro días, tiempo en el que fue torturado y golpeado por elementos de seguridad, de acuerdo con lo que él mismo ha contado en diversos actos públicos.
El alcalde popular de Ahuacotzingo, Ranferi Hernández Acevedo, también fue detenido y trasladado a la Procuraduría de Chilpancingo, donde lo golpearon y torturaron.
En Florencio Villareal, en la Costa Chica, el desalojo duró 10 horas, tiempo en el que hubo un enfrentamiento a balazos entre policías y los pobladores que defendieron el plantón.
“¡Éntrenle hijos de la chingada, aquí está el pueblo cabrones!, –gritaba una templada voz cruceña desde la galera que albergaba el ayuntamiento, al tiempo que contestaba las ráfagas de R-15 con una escopeta recortada, pero con el coraje de quien defiende lo suyo”, se lee en el documento de López Rosas.
El resultado del desalojo en Florencio Villareal fue de tres policías muertos y un integrante del Ayuntamiento Popular.
Los pobladores que resistieron el desalojo evitaron ser detenidos y aprovecharon para retirarse cuando el comandante de la policía pidió una tregua para auxiliar a los policías heridos.
Los perpetradores
Detrás de la decisión para efectuar la operación policiaca estuvieron diversos políticos y funcionarios priistas que ocupaban cargos en ese momento
En la documentación de López Rosas saltan los nombres de Rubén Figueroa Alcocer, en ese entonces presidente estatal del PRI y diputado federal; José Rubén Robles Catalán, procurador de Justicia del estado; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en la Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación y el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
Ninguno de estos personajes son ajenos por muchos otros actos que cometieron.
Rubén Figueroa Alcocer, por ejemplo, le atribuyen la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en 1995. Fungía entonces como gobernador de Guerrero.
Por la masacre y la presión social expuesta en diversos medios de comunicación por activistas, Figueroa Alcocer pidió licencia al cargo y su lugar lo asumió Ángel Aguirre Rivero.
En 1998 Aguirre Rivero es acusado de perpetrar otra masacre contra campesinos, esta vez en El Charco, en la Costa Chica del estado.
En el Charco fallecieron 11 campesinos, la versión fue que el Ejército abrió fuego contra una primaria en la que estaban guerrilleros del entonces Frente Popular Revolucionario (FPR), pero eran campesinos na savi que acudieron a una asamblea.
En 2014, 15 años después, Aguirre Rivero, fue protagonista de otro hecho de violencia contra los movimientos sociales.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, presuntamente por integrantes de un grupo delictivo, con ayuda del Ejército, Policía Federal y Policía Estatal.
En ese entonces, Aguirre Rivero era el gobernador constitucional de Guerrero.
El final
El mismo día de la operación policiaca en los ayuntamientos populares, el gobernador Francisco Ruiz Massieu dio un mensaje que fue transmitido por televisión en el que dijo: “el estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
Por su parte, el secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, a través de un comunicado dijo que “los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales da (daban) por terminadas las acciones ilícitas como ayuntamientos paralelos, supuestas policías populares, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía así como arrestos administrativos sin justificación y la prestación ilícita del servicio del Registro Civil”.
Las acciones ciudadanas para valer su decisión fueron descalificadas por las instituciones, además de los actos represivos con la fuerza del Estado que clausuró a los ayuntamientos populares. Muchos de los alcaldes populares continuaron como activistas y fueron o son oposición.
El uso de la fuerza pública en los ocho municipios donde había ayuntamientos tomados obligó a los pobladores de los demás municipios a aceptar las condiciones del gobierno del estado.
En Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala y Apaxtla de Castrejón, el Congreso local aprobó un decreto en el que asignó regidurías de representación a los militantes del PRD.
En seis municipios establecieron consejos municipales: Coahuayutla, Cuautepec, Malinaltepec, Teloloapan, Tlacoachistlahuaca y La Unión.
En el municipio de Leonardo Bravo, el PRI se quedó con la presidencia municipal y el candidato del PRD fue designado como síndico.
En los municipios de Atoyac, Mártir de Cuilapan, Cuetzala del Progreso y Coyuca de Benítez, los pobladores lograron que el Congreso local designara un presidente municipal neutral, y que el síndico y la mitad de los regidores fueran ocupados por militantes del PRD.
