Cifras oficiales muestran que en este sexenio han disminuido las plazas permanentes en el gobierno federal, han aumentado las plazas eventuales, se han recortado prestaciones y ha crecido la carga de trabajo, lo que afecta la calidad de los servicios públicos brindados a la ciudadanía.
Texto: Zedryk Raziel e IMCO
Ilustración: Andrea Paredes (@driu.paredes)
9 de diciembre del 2022
“Me tocó hacer más funciones porque se habían ido varios trabajadores, y nosotros el trabajo de ellos lo hacíamos los sábados. Íbamos de 9:00 a 3:00 de la tarde a la oficina y no nos pagaban más. El propio presidente había dicho que los funcionarios teníamos que trabajar 16 horas diarias. ¿Cómo las completabas? Yendo los sábados”.
Este es el testimonio de una funcionaria federal que trabajó en 2020 para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), institución que debe vigilar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, incluidos los suyos.
La funcionaria, que ejerce ahora en otra dependencia del Ejecutivo, cuenta su experiencia en la STPS a condición de que se mantenga en reserva su nombre por temor a alguna reprimenda.
“Yo, que estaba contratada por honorarios, no tenía vacaciones, ni un día; no tenía seguro, ¿y si me enfermaba en la pandemia? No tenía ninguna prestación. En honorarios no tienes nada. Y renuevas contrato cada tres meses, pero tampoco me dieron copia”, afirma.
Para ella, que tuvo un trabajo directivo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, existe una relación directa entre las condiciones laborales de los funcionarios y la calidad de su trabajo y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
“La calidad del trabajo baja, obviamente. Y segundo: en la medida en que no tienes prestaciones, en que la jornada es larga, hay una afectación a tu salud, directa o indirectamente, y creo que el gobierno reduce tanto el personal, amplía la jornada y baja los estímulos para que trabajes bien, que, obviamente, la función pública desmerece mucho. Merma la calidad del trabajo y la salud de los trabajadores (…) La reducción del personal es bien neoliberal”, sostiene.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los recortes presupuestales han causado afectaciones a las condiciones laborales de miles de funcionarios, que incluyen pérdida de plazas, reducción de prestaciones laborales, disminución de salarios y aumento en las contrataciones de personal eventual o temporal.
De acuerdo con datos oficiales de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Analítico de Plazas y el Inegi, en los cuatro años de la actual administración también se ha dejado de invertir en capacitación y profesionalización.
Las cifras de las cuatro fuentes oficiales de información coinciden en que la política de “austeridad republicana” ha impactado en la vida de los funcionarios y en la calidad de los servicios ofrecidos al público.
Existen casos específicos de dependencias, como la Secretaría de Bienestar, donde la reducción de miles de plazas de base coincide con el aumento del gasto en contratos de trabajadores temporales.
El análisis, elaborado por Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se centró en revisar el impacto de los recortes en las instituciones del gobierno federal, específicamente en los ramos administrativos (secretarías de Estado y órganos reguladores), entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). En total, se revisaron 40 ramos presupuestarios; únicamente no se tomaron en cuenta los ramos generales.
Para el análisis, se estableció una comparación entre los recursos ejercidos entre 2018 —conforme a la Cuenta Pública— y los asignados en el PEF 2022. Se decidió comparar el presupuesto ejercido, y no el aprobado, para tener una mejor aproximación a cómo se gastó. En el caso de 2022, se acudió al PEF porque la Cuenta Pública correspondiente a este ejercicio aún no se elabora.
Las variaciones de aumento o disminución entre los años están en términos reales, a partir de un deflactor basado en la expectativa de inflación de los Criterios Generales de Política Económica del Paquete Económico 2023. Estos cálculos fueron hechos por el IMCO.
Pérdida de plazas
En 19 ramos presupuestales se registraron recortes de plazas, mientras que el resto de los ramos se mantuvo más o menos estable o hubo aumentos, de acuerdo con el Analítico de Plazas de Hacienda.
Un caso relevante es el de la Secretaría de Bienestar, que perdió el 67.7% de sus plazas entre 2018 y 2022 (al pasar de 15 mil 302 a 4 mil 939). Como parte de ese recorte, esta dependencia registró una caída real de 29% en sus erogaciones por concepto de sueldos base al personal permanente, un clasificador incluido en el Capítulo 1000, al pasar de 608.7 millones de pesos ejercidos en 2018 a 531.5 millones asignados en 2022.
Al mismo tiempo, esta secretaría reportó un aumento real de 2 mil 196% en su gasto por remuneraciones al personal eventual (de 143.1 a 4 mil 029 millones de pesos), que se explica por la contratación masiva de funcionarios temporales llamados “servidores de la nación”, quienes tienen a cargo el reparto de programas sociales.
Dos órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), perdieron, respectivamente, el 24.3% y el 20% de sus plazas presupuestales de 2018 a 2022. Estas dos instituciones recortaron el número de trabajadores tanto permanentes como eventuales, de acuerdo con cifras del Capítulo 1000.
La Oficina de la Presidencia perdió el 16.6% de sus plazas; Turismo, el 10.8%; Semarnat, el 6.9%, y Economía, el 6.4%.
En contraste con los recortes, las secretarías de Marina y la Defensa tuvieron un crecimiento de plazas presupuestales de 17.8% y 20.6% de 2018 a 2022, lo mismo que la Secretaría de Salud (22.7%), Sader (33.3%) y la Función Pública (63.4%).
¿Qué cargos desempeñaban las plazas eliminadas?
Entre las miles de plazas desaparecidas en Bienestar, se encuentran 104 de promotores sociales, 276 de jefes de unidad, 286 de coordinadores generales, 192 de técnicos especializados, 76 directores de área, 242 subdirectores y 545 jefes de departamento, entre otros.
La SRE eliminó 104 plazas de técnico administrativo “B”, 46 de subdirector de área y 15 de enlace. Turismo eliminó las plazas de delegados regionales en varios puertos. En la Secretaría de Energía se eliminaron 205 plazas del Instituto Mexicano del Petróleo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eliminó 19 plazas de auditores, 24 de supervisores de operación, 49 de bomberos de aeropuertos y 39 de supervisores de programas y proyectos.
El impacto de la eliminación de plazas también se puede apreciar según el área afectada por los recortes. Por ejemplo, en el caso de la Semarnat, desaparecieron 278 plazas en la Profepa, 799 en la Conagua, 83 en la Comisión Nacional Forestal, 15 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y 20 en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.
La Secretaría de Economía eliminó plazas de delegados y subdelegados en todos los estados y en ciudades importantes, y también las plazas en la Dirección General de Comercio Exterior, así como en las direcciones para América del Norte, Europa y África, y Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales. También transformó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en Comisión Nacional (Conamer) y le quitó 13 plazas. El Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi) perdió 23 plazas; la Procuraduría Federal del Consumidor, 137; el Servicio Geológico Mexicano, 16.
En organismos dependientes de Hacienda también hubo recorte de plazas: 14 plazas menos en Bancomext, 30 menos en el SAT, 66 menos en Nacional Financiera, 11 menos en la Consar y 28 menos en el IPAB. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes fue transformado en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero en el camino perdió 70 plazas.
Pérdida de prestaciones
El impacto de los recortes en las condiciones laborales de los funcionarios federales también se aprecia en la variación del Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos, que agrupa las remuneraciones al personal al servicio de los entes públicos y en el que se incluyen sueldos, salarios, honorarios, seguridad social y prestaciones.
El gasto en sueldos base al personal permanente tuvo un aumento del 14% en términos reales, al pasar de 154.3 mil millones de pesos ejercidos en 2018 a 214.9 mil millones asignados en el PEF 2022.
En cuanto a las erogaciones para pagar al personal transitorio, hubo una disminución del 47% en el gasto por concepto de honorarios (al pasar de 9.8 mil millones de pesos ejercidos a 6.3 mil millones asignados), pero un aumento de 141% en el pago de sueldos base al personal eventual (se pasó de 9.6 mil millones de pesos ejercidos a 28.3 mil millones asignados), lo que indica una mayor apuesta del gobierno a contratar al personal en este régimen.
Si se diseccionan estos conceptos a detalle, se observa que las remuneraciones al personal eventual crecieron 407% y los pagos por honorarios cayeron 25% específicamente entre el personal de las empresas productivas (CFE y Pemex) y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE). Entre los ramos administrativos, las remuneraciones al personal eventual crecieron 137% y los pagos por honorarios cayeron 62%; en estas instituciones las erogaciones por sueldos base al personal permanente disminuyeron 1%.
Estas variaciones en los tipos de contratación también se ven reflejadas en el presupuesto. Muestra de ello es cómo el concepto de pago de liquidaciones creció 790% en términos reales entre los ramos administrativos (se pasó de 254.1 millones de pesos ejercidos en 2018 a 2 mil 775.6 millones aprobados en 2022).
En todo el gobierno federal, el gasto por concepto de seguridad social disminuyó 8%, al pasar de un presupuesto general ejercido de 106.4 mil millones de pesos en 2018 a uno de 119.9 mil millones asignados en 2022; si bien, en términos nominales, parece que hubo un aumento, el deflactor detectó que se trató de una reducción en términos reales.
Particularmente entre los ramos administrativos, las aportaciones al IMSS bajaron 5% en términos reales; las aportaciones de seguridad social contractuales cayeron 50%; las aportaciones al Infonavit sufrieron un recorte del 13%. En tanto, las aportaciones al seguro para elementos de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) aumentaron 38%.
Entre las empresas productivas del Estado y en las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE), las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro cayeron 28%; las aportaciones de seguridad social contractuales un 14%, y las aportaciones al Infonavit un 3%.
Hubo también recortes en el concepto de remuneraciones adicionales y especiales que tenían los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo, entre los ramos administrativos cayó 99% el pago de primas por antigüedad.
En toda la Administración Pública Federal (APF), el pago de aguinaldos cayó 26% en términos reales, al pasar de un gasto de 55.3 mil millones de pesos erogados en 2018 a 50.1 mil millones asignados en 2022. También cayeron 13% los pagos por horas extra (de 7 mil 540 a 8 mil 085 millones de pesos), y 24% las erogaciones para pagar primas quinquenales por cinco años de servicios efectivos prestados (de mil 875 a mil 751 millones de pesos).
Particularmente entre los ramos administrativos, y específicamente en la SRE, cayeron un 7% las compensaciones de retiro, una prestación a favor del personal del Servicio Exterior Mexicano.
Los recortes generalizados no tuvieron el mismo impacto entre el personal de las Fuerzas Armadas, a las que, por el contrario, se asignaron aumentos presupuestales al Capítulo 1000 para beneficio de los funcionarios que allí laboran.
Sueldos menores
El Inegi elabora otra fuente de información que también permite documentar la pérdida de prestaciones en la APF. El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) registra cuál ha sido la variación en el tipo de contratación del personal, a qué institución de seguridad social se encuentra afiliado y cuál es su rango de ingresos, pero también documenta su nivel de escolaridad y herramientas de formación institucional.
El CNGF 2021 registra las condiciones laborales en 294 instituciones federales a lo largo de 2020. Las ediciones anteriores reportan los ejercicios 2019 y 2018. La información recogida por el censo es aportada por las propias instituciones evaluadas, es decir, no se trata de una encuesta a una muestra representativa de trabajadores.
Conforme a los datos procesados, en 2018 —último año de gestión de Enrique Peña Nieto— había 1 millón 476 mil 478 trabajadores en la APF; en 2019, 1 millón 358 mil 653, y en 2020, 1 millón 345 mil 234. La disminución del personal entre 2018 y 2020 es de 8.8%.
Si se calcula la proporción que cada régimen de contratación representa del total de trabajadores de la APF por año, se tiene que, en 2018, la cantidad de trabajadores eventuales representaba el 6% del total, segmento que creció a 10.3% en 2020; los contratados por honorarios crecieron de 1.3 a 1.9%, y los trabajadores de base o sindicalizados bajaron de 71.8% del total a 70.7%. Aunque en este último caso la reducción parece marginal, se trata, en términos nominales, de 108 mil 167 funcionarios más que no contaron con plaza de base en 2020.
Según el mismo censo del Inegi, también se registró una disminución de la fuerza laboral que contó con seguridad social al segundo año de López Obrador.
En 2018, el 98.7% de funcionarios federales estaba afiliado a alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas u otra), proporción que bajó a 98.1% en 2020. Visto de otra manera, en términos nominales, al final del sexenio de Peña Nieto había 10 mil 479 servidores públicos sin seguridad social. En 2020, en esta circunstancia de desprotección estaban 24 mil 962 trabajadores.
En la administración lopezobradorista también hubo un “desplazamiento” o “inversión” de la pirámide salarial. Es decir, según el CNGF del Inegi, entre 2018 y 2020 creció o se ensanchó la base laboral que gana sueldos más bajos, y disminuyó el segmento que gana mejores sueldos.
Por ejemplo, en 2018, un 83.4% de funcionarios se ubicaba en el rango salarial que percibía entre uno y 25 mil pesos mensuales. Para 2020, la proporción aumentó a 91.1% del total de la base laboral. Este crecimiento en el segmento de los sueldos más bajos trajo consigo una reducción en los rangos salariales más altos.
Así, el segmento de trabajadores que ganaban entre 25 mil 001 y 50 mil pesos pasó de representar el 13.2% en 2018 al 6.7% en 2020. De igual modo, el porcentaje de funcionarios que se ubicaba en el rango de 50 mil 001 a 70 mil pesos bajó del 1.01% al 0.84%, y el grupo de quienes ganaban más de 70 mil pesos pasó de representar el 2.25% al 0.85%.
El Analítico de Plazas de Hacienda es otra fuente de información que permite documentar la disminución de las percepciones salariales en la APF. Para realizar esta estimación, con cálculos elaborados por el IMCO, se obtuvo un promedio del salario asignado a todas las plazas de cada institución, desde el más bajo hasta el más alto (de titular de dependencia).
De este modo, se pudo confirmar que en instituciones de la APF hubo una caída en las percepciones salariales anuales entre 2018 y 2022.
El caso más drástico sucedió en la SRE, donde el salario promedio de los funcionarios cayó un 40.9% en términos reales, al pasar de 631.3 mil a 372.9 mil pesos al año.
Otra caída se dio en la Secretaría de la Función Pública, donde el salario promedio pasó de 867.1 mil a 582.5 mil pesos al año, una disminución del 32.8%. En la Secretaría de Marina, la reducción fue del 30.75%; en la de Defensa Nacional fue del 27.2%; en la de Gobernación fue del 25.1%.
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría / Animal PolíticoRecortes a la profesionalización
La actual administración también ha hecho recortes al presupuesto destinado a la profesionalización de los servidores públicos. De hecho, las estadísticas no solo muestran un descenso en las actividades de capacitación a los funcionarios, sino que, incluso, hubo una variación en los grados de formación académica del personal laborando en el gobierno federal.
De acuerdo con información de la Cuenta Pública y el PEF, entre 2018 y 2022 hubo una caída real de 26% en las erogaciones por concepto de apoyos a la capacitación de los servidores públicos, incluido en el Capítulo 1000 del presupuesto y el cual afecta a los burócratas que laboran para los ramos administrativos y los autónomos. En términos monetarios, se pasó de 222.7 millones de pesos nominales erogados en 2018 a 203.1 millones asignados en 2022.
También hubo un recorte de 18% al concepto de estímulos al personal operativo, que incluye gratificaciones por titulación de licenciatura, calificación de méritos, estímulos a la eficiencia y calidad, estímulos al desempeño, premios y recompensas a empleados, estímulos por años de servicio, estímulos por puntualidad y asistencia, entre otros.
La falta de recursos tuvo efectos negativos, pues provocó una caída en los mecanismos o esquemas de profesionalización con que contaban las instituciones públicas federales, según demuestra el Censo Nacional de Gobierno Federal.
Para Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, los recortes a la profesionalización de los servidores públicos son contraproducentes y resultan más costosos.
“La austeridad tiene que ver con seguros médicos, sueldos altos, gastos de separación. La pérdida en la relación de los estados con funcionarios técnicamente preparados es brutal. Cuando tú dejas de tener un interlocutor que era técnicamente el que incluso a ti te orientaba, y entra a un actor político al que tienes que orientar tú, se pierde tiempo, dinero”, dijo en entrevista.
Otra funcionaria federal de la Unidad de Transparencia de Segalmex señaló que, tras los recortes de personal en su área, llegaron trabajadores de confianza sin experiencia.
“Yo necesitaba para funcionar mínimo cuatro personas, y me dejaron solo una persona que no sabía nada, no estaba capacitada para el cargo. Esta persona llegó como trabajadora de confianza. Mínimo debía tener el conocimiento básico de la Ley de Transparencia y de los procedimientos, pero no tenía esa parte”, afirmó.
Para esta trabajadora, el recorte de personal y la no apuesta por la profesionalización del personal contribuyen a que los servicios públicos prestados sean deficientes.
El grado de escolaridad de los funcionarios que laboran en la APF también registró una variación en el actual sexenio. Según el CNGF, entre 2019 y 2020 aumentó la proporción de burócratas que solo tienen educación básica, y disminuyó la base laboral que contaba con educación media superior. Sin embargo, también se registró un aumento en el segmento de los trabajadores con educación superior.
Carga de trabajo sin pago de horas extra
A la par de que han caído sus prestaciones laborales, la carga de trabajo para los funcionarios públicos federales —sin pago de horas extra— ha aumentado en la actual administración, y también creció el número de trabajadores en condición de subocupación, según datos de 2018 a 2022 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
La ENOE es una encuesta en la que se recogen las respuestas de una muestra representativa de los trabajadores de todos los sectores económicos, incluida la población que labora en la APF.
Con auxilio de personal del Inegi, se elaboró una comparación de la duración de la jornada laboral exclusivamente entre la población ocupada que trabaja en el gobierno federal.
En 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, 609 mil 839 personas dijeron laborar en la APF; el 28.3% declaró trabajar más de 49 horas a la semana, lo que significa una jornada diaria de más de 10 horas por cinco días de la semana. El 49.7% refirió trabajar de 40 a 48 horas, que se considera una jornada laboral habitual de ocho a nueve horas al día.
En 2019, el 25% de 621 mil 776 funcionarios federales dijo laborar más de 49 horas a la semana; en 2020, en esta situación estaban aún menos trabajadores: el 23.4% de 663 mil 355 burócratas.
Si bien al inicio de la administración lopezobradorista se registró una disminución en el número de funcionarios que laboran jornadas de más de 10 horas al día, hoy es una circunstancia que se está revirtiendo.
Para 2021, el 27.5% de servidores públicos de los 708 mil 710 encuestados dijo estar en esa situación, una proporción parecida a la que imperaba en 2018.
En 2022, con datos al primer trimestre del año, 26.7% de los 621 mil 952 encuestados trabajó más de 10 horas al día.
El aumento de la carga de trabajo no se vio acompañada del pago correspondiente por horas extraordinarias laboradas.
En toda la APF cayeron 13% los pagos por horas extra, de 7 mil 540 millones de pesos erogados en 2018 a 8 mil 085 millones de pesos asignados en 2022. Una vez más, si bien nominalmente hubo un incremento presupuestal, en términos reales se trató de una disminución.
Un funcionario de la Oficina de la Presidencia refirió una prolongación de su jornada laboral debido a que continúa trabajando de manera remota en su casa.
Su jefe —relató— aprovechó la inercia del home office y mantuvo al personal a su cargo en este esquema aun cuando la gran mayoría de instituciones públicas ha retomado labores de manera presencial en oficinas. En este esquema, cuenta el servidor público, su jornada de trabajo aumentó sin pago de horas extra, así como sus gastos por un mayor consumo de servicios como luz, agua, internet y gas, por los que tampoco recibe una compensación.
Si bien hubo un incremento de las cargas de trabajo en el servicio público, durante la actual administración también aumentó la cifra de trabajadores subocupados, es decir, que tienen un empleo en la APF pero trabajan menos horas de las que quieren o necesitan, lo que con frecuencia conduce a la búsqueda de un segundo empleo u otra fuente de ingresos.
De acuerdo con la ENOE, en 2018 la proporción de funcionarios federales que trabajan hasta 24 horas a la semana (cinco horas diarias o menos) era del 2.6% del total, cifra que en 2020 y 2021 se mantuvo por encima de 5%.
La proporción de quienes trabajan de 25 a 34 horas semanales (de cinco a siete horas diarias) fue de 6.9% en 2018, de 7.9% en 2019, de 9.3% en 2020, de 6.9% en 2021 y de 7.4% al primer trimestre de 2022, según la estadística consultada.
