Al menos 153 mil matrimonios con menores se han realizado en los últimos 11 años en México. A pesar de su prohibición, han surgido complicidades con autoridades locales para forzar las uniones.
Texto: Alexis Ortiz / La Lista
Fotografía y gráficas: La Lista
30 de noviembre del 2022
Las niñas tienen precio en la región de la Montaña de Guerrero. Por Yetzali, de 14 años, una mujer desconocida ofreció 160 mil pesos a su mamá. Fue una tarde de primavera de 2021 cuando la señora visitó la casa de la menor en Cochoapa el Grande e hizo la oferta a cambio de que se fuera a vivir con su hijo Diego, de 17 años.
Aquel día, Yetzali estaba en casa con su mamá, a quien le ayudaba a preparar atole para vender y a cuidar a los dos bebés de sus hermanas. No era la primera vez que en su familia escuchaban una oferta similar, su madre también fue vendida cuando era más joven para vivir con un hombre que años después la abandonó con sus tres hijas.
La mamá de Yetzali pidió tiempo para platicar sobre la oferta con su hermano, la figura masculina más cercana a ella. Pero Ofelia insistió durante tres semanas, trató de convencerla diciendo que a su hijo Diego le gustaba la joven delgada, alta y de piel morena.
El tío de Yetzali se sentó con Ofelia para fijar un precio, como si estuviera negociando la venta de ganado. Pero la mujer mantuvo la oferta y soltó una amenaza: si no aceptaban, caería una maldición sobre ellos, una advertencia que tomaron muy en serio.
“La señora dijo que si no aceptaban, no me iba a casar nunca. Fue cuando mi mamá y mi familia decidieron darme”, dice Yetzali en tu’un savi, su lengua natal. Cuando la obligaron a vivir con Diego no dijo ni sintió nada, estaba resignada a repetir la historia de su mamá. Solo tenía un deseo: que la trataran bien.
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En México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021: 38 uniones cada día, según datos obtenidos por La-Lista1. Aunque la práctica está prohibida desde 2014, esto no frenó el problema. Desde la prohibición se celebraron miles y miles hasta llegar a 19 mil en todo el país. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres porque en ocho de cada 10 matrimonios, la cónyuge es una menor de edad.
En Ahome, Sinaloa, una niña de nueve años fue casada con un hombre de 43 años en 2010. En ese mismo estado, una joven de 16 años se tuvo que casar con un anciano de 83 en 2014. Entre 2010 y 2016 se registraron oficialmente 17 matrimonios de hombres mayores de 60 años con niñas que llegaban a tener hasta 14 años en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Campeche y Chihuahua.
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Los matrimonios infantiles son un problema visible en todo el país y ocurren con mayor frecuencia en Guerrero, donde se registra uno de cada cinco, le sigue Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. Los casos más recientes fueron en los municipios Allende y Dolores Hidalgo, en Guanajuato; Morelia, Michoacán, y Calpan, Guadalupe Victoria y Jonotla, en Puebla. “No solo en las comunidades indígenas sucede, en las periferias de las grandes ciudades suceden, ahí están los casos, hay que sancionarlo y visibilizarlo porque la ley tiene que ser pareja para todos y para todas”, dice Eufrosina Cruz, activista indígena y diputada del PRI.
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No hay un registro exacto del primer matrimonio infantil en México. “Es un problema añejo, un problema de décadas. Aquí en los pueblos originarios, principalmente en las cabeceras municipales, es donde se tienen focalizados los casos”, detalla Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Robert McCaa, historiador de la Universidad de Minnesota, encontró que en el siglo XVI ya había registros de este tipo de uniones donde las niñas nahuas eran entregadas entre los ocho y los 15 años.
La situación global no cambia mucho, es un problema arcaico que todavía ocurre. Actualmente hay 650 millones de mujeres en todo el mundo que se casaron antes de cumplir 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La amenaza es real: la Unicef proyecta que 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse antes de 2030.
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El trato para entregar a Yetzali se cerró con 160 mil pesos y una fiesta de tres días. En Cochoapa el Grande, las bodas comienzan el lunes, cuando los padres de la pareja le preguntan ante todo el pueblo si es su voluntad estar juntos. El martes hay una ceremonia donde la familia de la mujer recibe el dinero y la entregan. El miércoles, la pareja se va a su nueva casa. Todo esto mientras los invitados comen, toman y bailan con música en vivo.
A las pocas semanas de la celebración, Yetzali quedó embarazada. La joven tenía la esperanza de que en su nuevo hogar la trataran bien, pero Ofelia comenzó a obligarla a realizar los quehaceres del hogar y a trabajar hasta por 12 horas en un campo de cultivo de chile y tomate en Amatlán, Jalisco. No recuerda cuántos kilos de verdura alzaba, solo pone la mano por debajo de su pecho para señalar el tamaño de las arpillas que cargaba hasta que cumplió ocho meses de embarazo.
“Estaba embarazada y seguía trabajando, durante todo ese tiempo me tocaba moler y llevar la comida al lugar en el que debía trabajar. Aparte tenía que limpiar y hacer lo que mi suegra dijera, solamente así estaba contenta y si no, se enojaba. Si le pedía dinero, lo único que me daba eran 10 o 20 pesos”, cuenta. Cuando estaba cerca de parir, Yetzali, Diego y Ofelia volvieron a Cochoapa el Grande, donde nació el bebé.
Los maltratos continuaron. Ahora Ofelia le decía que el niño no era su nieto porque no se parecía a su hijo. Un día de febrero, cuando la mujer estaba distraída, Yetzali aprovechó para escapar a casa de su madre, estaba cansada de la violencia. Lo único que esperaba de ese matrimonio, recibir un buen trato, nunca ocurrió.
Ofelia fue tras ella: pidió ayuda a la Policía del Pueblo, un grupo civil armado que no es reconocido por el gobierno municipal y que hace justicia por su propia mano si alguien se lo pide con un pago de por medio. Cuando se trata de mujeres que huyen de sus parejas, van por ellas, las llevan por la fuerza y las encierran en un cuarto que usan como cárcel bajo amenaza de muerte.
Yetzali estaba acostada en casa de su mamá cuando los hombres armados irrumpieron. Apenas tenía pocas semanas de haber huido. La tomaron por el brazo, a una de sus hermanas la jalonearon y las metieron a una camioneta para encerrarlas. Durante siete horas recibió amenazas de muerte por parte del grupo armado que le exigía volver con Diego o que regresara a Ofelia los 160 mil pesos que había pagado por ella. Devolver el dinero no era opción, su tío se había quedado con 100 mil pesos y su abuelo con los otros 60 mil pesos.
La única hermana de Yetzali que estaba en libertad pidió ayuda a Hildeberta Moreno, la síndica de Cochoapa el Grande, para que interviniera. Después de varias horas, por fin quedaron libres. En una camioneta de la policía municipal, la funcionaria trasladó a la familia a la ciudad vecina de Tlapa de Comonfort, a tres horas de distancia, entre caminos de terracería, baches y lodo. Las cuatro mujeres y sus hijos se atrincheraron en un refugio improvisado por una organización social –sin camas, sin baños y sin luz–, en busca de un poco de paz.
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Hasta 2019, el Código Civil Federal permitía el matrimonio a partir de 16 años para los hombres y 14 años para las mujeres. Esto a pesar de que el Congreso de la Unión prohibió la práctica cinco años antes con la creación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al igual que las autoridades federales, los congresos locales se tardaron hasta seis años en reformar sus códigos civiles para prohibir el matrimonio infantil. Avanzaron a paso lento. Baja California fue el último estado en hacerlo en 2020 y, mientras eso sucedía, sus registros civiles autorizaron 256 uniones de niñas, niños y adolescentes.
Los matrimonios infantiles en México siguen ocurriendo con la participación de las autoridades. Funcionarios del registro civil, jueces de paz y síndicos municipales son algunos de los servidores públicos que, a través de distintos mecanismos, avalan que niñas y niños vivan juntos o con alguien mayor, pese a la prohibición de ley.
Tan solo en Guerrero, los jueces de paz –integrantes del Poder Judicial– han emitido 36 actas de 2015 a 2022 para respaldar que dos menores vivan juntos por “voluntad propia”, según el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
La-Lista solicitó información a los cuatro estados donde hay jueces de paz –Yucatán, Chiapas, Baja California y Guerrero–, pero los poderes judiciales de tres entidades respondieron que no había registro de actas que avalen la unión con menores. Solo el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero admitió el problema y compartió los nombres de los funcionarios que han creado estas actas:
- Teteo Inan Reyes Luciano en el municipio de Teloloapan.
- María Patricia Guadarrama Garrido en Leonardo Bravo.
- Santana Galván Catalán en Zihuatanejo.
- Crescenciano Nava Ramos en Cuautepec.
- Hugo Quevedo Romero en Atoyac de Álvarez.
- Ana Lilia Cuevas Monroy en Juan R. Escudero.
- Clemente Tagle Pérez en Ahuacuotzingo.
- Norberto Ceballos Suastegui en Tlapa.
- Esperanza de la Cruz Godoy, secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez.
A los registros civiles y los jueces de paz se suman los síndicos municipales, funcionarios que dan su aval para que niñas y niños se unan de manera informal. “Hay algunas comunidades donde hemos detectado que (las familias) van con el síndico o el alcalde, y ahí generan este proceso de formalización del matrimonio”, describe Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde se han registrado 84 matrimonios con menores desde 2014.
En Chiapas, donde hubo 776 uniones con menores a partir de la prohibición, estas ocurren de manera distinta: las familias llegan a acuerdos para que los jóvenes vivan juntos y, cuando cumplen 18 años, acuden al registro civil para formalizar el matrimonio. Carlos Bautista, síndico del municipio de Amatenango del Valle en el estado, dice que es parte de los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas.
Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley, sentencia Neil Arias, de Tlachinollan. “Si estas autoridades saben que es delito, si saben que están prohibidos los matrimonios infantiles, entonces ellos tienen que hacer esa labor de convencimiento y compartirlo en sus lenguas originarias para que la gente entienda que el hecho de que a una menor de edad la casen violenta sus derechos porque no está decidiendo por sí sola”, agrega la abogada.
Al ser intercambiadas por dinero, alcohol o ganado, las mujeres dejan de ser consideradas personas y enfrentan una vida de violencia física y verbal.
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Originaria de Michoacán, Irma no entiende por qué su papá la casó con un hombre que le doblaba la edad. Darío, quien intentó violarla a los nueve años, se convirtió en su esposo cuando ella tenía 15. Le dijeron que era para que no le faltara nada, pero la promesa no se cumplió: abusó sexualmente de ella y la obligó a trabajar como albañil sin paga. Después de 10 años, la abandonó con cinco hijos.
Cuando las niñas y adolescentes se casan, tienen menos oportunidades de tener un desarrollo de vida digno, dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “Se interrumpe su trayectoria escolar y su desarrollo físico cuando tienen embarazos tempranos. Ellas no pueden tener un desarrollo profesional, sobre todo cuando son ofrecidas y ofertadas como si fueran una pertenencia de la familia”.
Las niñas menores de 18 años que viven con su pareja tienen 10 veces menos probabilidad de ir a la escuela que las que el resto. En 2020 había 226 mil 699 niñas de 12 a 17 años que vivían en pareja con otra persona y la mayoría ya tenía un bebé, según datos de Inegi.
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Eufrosina Cruz tenía 12 años cuando dejó de comer como forma de protesta porque no se quería casar. Le dijo a sus padres que quería irse de Quiegolani, un municipio de la sierra sur del estado de Oaxaca. Terminaron por ceder, su mamá le arregló sus mejores vestidos y huaraches de plástico en una malla y caminó con su papá 12 horas hasta el lugar donde salían los camiones para llegar a Tehuantepec, donde vivían sus tíos.
Con ella se rompió el destino que vivieron su abuela, su madre y su tía. Años más tarde, Eufrosina se convirtió en la primera mujer en ganar una elección para ser presidenta municipal de Quiegolani, pero los hombres de su comunidad no la dejaron asumir el cargo porque es mujer. Después fue electa como diputada local y se convirtió en la primera presidenta del Congreso de Oaxaca. Ahora es diputada federal y está convencida de que los matrimonios infantiles no son parte de los usos y costumbres, sino una forma de esclavitud para las niñas.
En diciembre de 2021 comenzó a impulsar una reforma al Código Penal Federal para que se castigue con 15 años de cárcel a quien permita que una niña o un niño vivan en pareja. “Hay que construir una nueva narrativa para decir: eso se llama abuso, eso se llama violencia, eso se llama trata y tiene una sanción”, dice indignada. “Lo prohibido y lo que no está sancionado es permisible”.
La iniciativa de reforma de la diputada Eufrosina Cruz ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en el Senado de la República a la espera de ser discutida. El objetivo es que no haya más jóvenes obligadas a casarse o a vivir con alguien más.
A sus 15 años, Yetzali ya fue vendida, hizo trabajos forzados, tuvo a su primer hijo, escapó de sus agresores, la amenazaron de muerte, estuvo en la cárcel y huyó junto con su familia para salvar su vida. Hoy no está dispuesta a guardar silencio y exige justicia. Ni una Yetzali más, ni una niña más.
