Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
A menos de un año de que asumió el cargo, el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, presentó su renuncia que surtirá efectos a partir del próximo de 1 de noviembre.
Celaya Gamboa se va de Guerrero y analiza si acepta un cargo que le ofrecieron en la Fiscalía General de la República (FGR).
El vicefiscal participaba en las investigaciones de la masacre que perpetró un grupo armado contra 20 personas –según el numero oficial, porque los pobladores hablan de 23– el pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente. Conrado Mendoza Almeda, alcalde de ese municipio y su padre Juan Mendoza fueron dos de las personas asesinadas.
La renuncia de Gamboa Ayala, que él mismo la dio a conocer este sábado, tomó por sorpresa a funcionarios del primer nivel de la administración estatal de la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, quien acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira de trabajo en el municipio de Olinalá, en la región Montaña.
“No sabía. Todavía este viernes hablé con él”, declaró un funcionario del gabinete de seguridad de Salgado Pineda al enterarse de la renuncia de Gamboa Ayala a través de las redes sociales.
Durante los meses que estuvo en la vicefiscalía, Gamboa Ayala denunció que en Acapulco y en municipios de la Costa Chica, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), supuesta organización de seguridad y justicia ciudadana liderada por Bruno Plácido Valerio, tiene relación con el grupo delictivo de Los Rusos que, de manera oficial se sabe, está dedica a la distribución de droga, extorsiones y secuestros.
A principios de agosto, durante una operación que encabezó para desalojar a miembros de la UPOEG de la carretera Acapulco-Pinotepa-Nacional que tenían cerrada, Gamboa Ayala fue atacado a balazos junto con policías ministeriales, de cual salió ileso.
En esa operación fueron detenidos los agresores, a quienes los identificó como integrantes de la supuesta Policía Comunitaria de la UPOEG.
A finales de julio, Ayala Gamboa acusó a los dirigentes del grupo criminal de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olaoscaga y a Jhonny Hurtado Olascoaga, de obligar a transportistas de la región de Tierra Caliente de cerrar la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.
El bloqueo en la vía fue, según Ayala Gamboa, para evitar que elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal entraran a esa región para detener a los hermanos Hurtado.
Hace dos semanas, el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que en ese despliegue de las fuerzas de seguridad federal y estatal era para catear cinco ranchos en San Miguel Totolapan que son propiedad de líderes criminales que operan en esa zona.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional Mejía, Mejía Berdeja también comentó que una jueza de control de Guerrero retardó a la FGE dos días la orden judicial para realizar los cateos.
