Es una práctica con la que históricamente poderes dentro o al margen del Estado, pero siempre cohesionados, han intervenido la institución con el propósito de desaparecerla
Texto: Margena de la O
Fotografía: Víctor Galindo
Chilpancingo
En cada embestida sorteada por los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, está presente la infiltración de poderes dentro o al margen del Estado, como la que ocurrió el 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a otros 43, de quienes, a ocho años de distancia de los hechos se desconoce su paradero.
En agosto pasado, la familia de Julio César Mondragón Fontes y el colectivo Somos los ojos y el rostro de Julio –el normalista que fue desollado, uno de los tres que también asesinaron la noche de Iguala– pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) considerar elementos que han obviado en todos estos años, como la infiltración en la Normal Rural de personajes que pudieron crear las condiciones para que ocurriera el ataque contra los estudiantes.
En realidad, la petición es un reproche. En el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de acuerdo con lo que exponen, no hay nada de dos de los tres apartados que el gobierno federal de López Obrador prometió cumplir en la investigación: el asesinato de los tres estudiantes durante la noche de Iguala y el caso del normalista Aldo Gutiérrez, quien está en coma a causa de recibir una bala en la cabeza durante el ataque, ni de las otras víctimas de esa noche. Según la familia Mondragón sólo hubo información sobre los 43, pero sus padres y madres tampoco estuvieron satisfechos, según expusieron públicamente.
Cuestiona, a través de interrogantes puntuales, la infiltración de personas en Ayotzinapa. “¿Por qué el informe presentado por Alejandro Encinas señala únicamente al normalista Julio César López Patolzin como informante, cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados?”.
López Patolzin es uno de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala. Poco tiempo después de la desaparición, el Ejército confirmó que el joven originario de Tixtla estaba enlistado en el Ejército como miembro activo, lo que puso en evidencia, más allá de la función del muchacho, el interés de mandos militares, que representan uno de los grandes poderes institucionales, por saber o controlar lo que pasaba en Ayotzinapa.
Para abundar en esto es necesario acudir al repositorio de testimonios que Amapola. Periodismo transgresor tiene contenido en la serie Ayotzinapa. Vivir infiltrado, una secuencia de textos que condensan la oralidad de estudiantes de la Normal de diferentes generaciones que van desde 1955 hasta 2019, donde narran cómo vivieron la infiltración en sus tiempos.
En estos testimonios se hacen evidentes los intereses del Estado y de otros poderes al margen de la institucionalidad, nunca indiferentes uno de otro, como el Ejército, el crimen organizado –entendido en un dimensión amplia que incluye a agentes legales o ilegales– el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los partidos políticos, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por una razón predominante: dividir, desestabilizar o generar crisis internas para el cierre de la Normal Rural, considerada como un espacio de formación social, política e ideológica de jóvenes.
“La infiltración en Ayotzinapa se desarrolló en los años que surgió la insurgencia en Guerrero, que ha tenido diferentes periodos, primero con Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y después con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Todo esto ocurrió a partir de 1960”, se lee en el testimonio de Félix Bautista Matías, integrante de la generación 1956-1962, a la cual también perteneció el profesor y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.
Lo que les tocó sortear a ellos, de acuerdo con Bautista Matías, fue la persecución policiaca y política, y la de los caciques, que se configuraban como poderes al margen del Estado, pero estrechamente relacionados. Una de las familias de caciques conocida en Guerrero es la de los Figueroa, de donde han salido dos gobernadores en épocas distintas, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999, pero sólo gobernó tres años), padre e hijo. “Para nosotros era peligroso hasta repartir volantes contra el gobierno”, comentó.
En periodos más recientes, es decir, previo a la desaparición de los 43 normalistas, los personajes infiltrados estaban asociados a las instituciones.
Los estudiantes por separado coincidieron que en el periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) hubo una intervención, a través de la infiltración, de ex funcionarios de la SEG, como Silvia Ojeda, coordinadora de Asesores de la SEG en el gobierno de Torreblanca, donde la dependencia estuvo encabezada por José Luis González de la Vega. También de Héctor Vicario Castrejón, en ese entonces diputado local del PRI, quien incluso apadrinó la generación 2010 de Ayotzinapa, donde la funcionaria acudió como invitada especial.
Vicario Castrejón es un personaje muy cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo que abandonar su cargo en 1996 por la masacre de Aguas Blancas, y fue relevado por Ángel Aguirre Rivero, en condición de gobernador interino.
Todo ese trabajo de intervención fue previo a los hechos del 11 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde asesinaron en una protesta, a la que acudieron armados policías federales y ministeriales, a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Estos hechos ocurrieron durante el periodo de Aguirre Rivero, ya como gobernador institucional, quien, al igual que Figueroa Alcocer, no concluiría su periodo por un episodio funesto, como lo fue la noche de Iguala.
“En mi generación (2010-2014), el Comité decidió expulsar a tres estudiantes de cuarto año. Nos dimos cuenta que tenían relaciones con Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y con el secretario de ese entonces, José Luis González de la Vega, y también con Héctor Vicario, quien era diputado por el PRI, y desde siempre cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”, es un fragmento del testimonio titulado Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: Vicario y a otros.
El ejercicio para este texto fue ubicar en los testimonios de los normalistas a personajes claves dentro de la Normal Rural en el contexto previo y durante la desaparición de los 43, y en al menos cinco testimonios (11, 12, 14, 17 y 18, según el orden del listado) es cuestionada la actuación de un personaje clave dentro de la Normal Rural: el entonces secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, a quien apodaban La Parka.
En los testimonios 12, 14 y 18 hay cabos que se atan solos: la hazaña de que la Normal Rural de Ayotzinapa reuniera tantos camiones –los estudiantes mencionan entre 15 y 25– para trasladar a la Ciudad de México a normalistas de todas las normales rurales en el país que se concentrarían en Ayotzinapa para participar en la marcha del 2 de octubre, fue una operación que decidió Flores Maldonado, porque, según dijeron, así era él, tomaba determinaciones sin informales a sus compañeros de la dirigencia.
Lo que narran es que él lo ofreció en una asamblea de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM), el órgano que congrega a todas las normales rurales del país, como Ayotzinapa, reunir todos los camiones que se necesitaran para el traslado de los normalistas rurales a la capital del país, aun cuando la encomienda le tocaba a otra escuela.
“Él hacía las cosas a su manera, tomaba decisiones muy personales, sin consultar al resto del Comité Ejecutivo Estudiantil. Recuerdo una reunión muy importante de la Federación Estudiantil Campesina Socialista de México (FECSM) en Amilcingo, Morelos, donde ofreció que la Normal de Ayotzinapa se encargaría de conseguir los autobuses para mover a todos los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México. Ahí se decidió que esa tarea la tendría la Normal de Tenería, la que está en el Estado de México, pero La Parka ofreció que lo haríamos nosotros, y cuando llegó a Ayotzinapa informó que era una comisión que nos encomendaba la FECSM”, este párrafo es parte del testimonio de un estudiante de la generación 2013-2017.
Otro elemento que pesa en esos testimonios es la manera en que Flores Maldonado llega a la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa. En el número 11 hay más detalles, y en los otros datos complementarios, acerca de que las funciones de secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil las asumió después de maniobrar la expulsión del dirigente en funciones, Ángel Cegueda, quien estaba ausente recuperándose de una golpiza que le dieron policías federales durante una actividad en Casa Verde, un punto sobre la carretera que lleva a Iguala, donde fueron a pedir cooperación a los automovilistas.
La manera en que actuaron los policías también es cuestionada en ese testimonio: “Teníamos muchas actividades de ese tipo y las policías antes de reprimirnos negociaban con nosotros. Esa vez llegaron y se nos fueron con todo. En esa ocasión quien resultó más golpeado fue precisamente Ángel Cegueda, el secretario general, pareciera que lo tenían ubicado. Fue a quien más golpearon”.
En su ausencia, Cegueda fue acusado de infiltrado o una especie de informante a familiares, y sin acuerdo de la base estudiantil lo expulsaron de la dirigencia, y Flores Maldonado subió a ese cargo, de acuerdo con que se lee en los textos.
Los normalistas de las generaciones alrededor de la desaparición de los 43, que con claridad hablan de la infiltración en Ayotzinapa como una práctica conocida y asumida en la Normal Rural (como también la conocen la de otras generaciones), también cuestionan las decisiones que se tomaron al interior de la Normal Rural ese 26 de septiembre del 2014.
La primera, fue por qué la dirigencia estudiantil decidió llevar a estudiantes de primer año a una actividad de retención de autobuses, cuando eran los que menos experiencia tenían, la segunda, y la hace en particular el maestro Eduardo Moreno Peralta, parte de la generación 2012-2016, quien exponen que él como muchos estudiantes nunca estuvieron de acuerdo en reunir todos esos autobuses y viajar a Iguala, si lo tenían prohibido desde el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 3 de junio del 2013.
Era arriesgado ir hasta esa ciudad porque los estudiantes de Ayotzinapa participaron en las actividades de protesta del 3 de junio por la muerte de tres de los dirigentes de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez. En realidad la protesta fue convocada para exigir su aparición, pero en los preparativos se supo del hallazgo de los cadáveres de los dirigentes sociales desparecidos días antes, y en respuesta, las organizaciones sociales, entre ellas Ayotzinapa, respondieron causando destrozos en la alcaldía, en ese entonces encabezada por el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
El ex alcalde ahora está preso por el asesinato de los dirigentes sociales, además de vínculos con grupos criminales, y es señalado por el caso de los 43.
El maestro cuestiona además la información proporcionada por Flores Maldonado en una entrevista para este medio, donde relata su versión de la noche de Iguala. Por ejemplo, dice que él no estuvo desde el mediodía en Chilpancingo con su novia ese 26 de septiembre del 2014 como contó, porque el maestro lo vio en la Normal Rural dando la indicación de que todos los estudiantes de segundo a cuarto año se retiraran de la escuela, al parecer para ahorrar las raciones de comida para tener que ofrecerles a los miembros de la FECSM, porque Ayotzinapa sería la sede para partir a Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.
“A ustedes les dijo en la entrevista –que Amapola publica el 25 de septiembre del 2019– que desde el mediodía hasta el anochecer de ese 26 de septiembre él estuvo en Chilpancingo con su novia. La hora de la comida establecida en la Normal es entre la una cuarenta y dos cuarenta de la tarde, y fue en ese lapso que lo vi y escuché”, es parte del fragmento del texto.
La familia Mondragón exigió el 22 de agosto pasado que el gobierno federal también investigue al ex alumno de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, y a sus allegados durante su periodo como dirigente estudiantil, a quienes los define como infiltrados.
Después que egresó (2016), Flores Maldonado mantuvo una relación cercana a las instituciones, durante el gobierno federal anterior, es decir, en el del presidente Enrique Peña Nieto, formó parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), apareció en el organigrama como subdirector de Atención a Docentes. Se supo que todavía se mantiene un espacio en la dependencia.
Los Mondragón también exigen que las autoridades investiguen a Manuel Vázquez Arellano, conocido como Omar García, quien se asumió como el 44 al difundir que fue uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Ahora es diputado federal plurinominal por Morena.
“Ellos dos representaban el poder político y estudiantil de la normal en esa época”, es una línea del comunicado de la familia de Julio César Mondragón Fontes.
Con este texto no se intenta descargar la responsabilidad o señalar a uno, dos o un puñado de estudiantes de la responsabilidad de la noche de Iguala, sólo se pone el dedo en el renglón de que la infiltración es una estrategia de distintos poderes que ha funcionado por años para mermar el funcionamiento de Ayotzinapa.
Cuando se expone que hay poderes detrás de la infiltración, es una referencia a poderes dentro del Estado y fuera de él, y como evidencia se deja una de las exigencias públicas que hizo la familia Mondragón para que el gobierno federal de López Obrador que se comprometió a aclarar el caso, la incluya en la investigación: “¿Por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército, a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo?”.
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