Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
Chilpancingo
Un albergue de mujeres en situación de violencia dado de baja en 2018 del Registro Nacional de Refugios (RNR) por haberse detectado una serie de irregularidades sigue en funciones a pesar de que continúan los malos tratos y falta de alimentos, denunciaron las usuarias.
Una ex usuaria del refugio a quien para cuidar su identidad le llamaremos Ema, contó que su «expulsión» del albergue fue después que le pidió a la directora de este espacio Susana Castro Meza que le dieran atención médica a su pequeña hija que tenía tres días con una fuerte tos.
Fue una psicóloga la que le dio un medicamento porque en el refugio no había.
La denunciante afirmó que en una visita que realizó a este espacio la Procuradora de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, ella y otras mujeres le entregaron varias cartas en las que le contaron todas las irregularidades que existen en el albergue.
El refugio funciona con recursos de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.
La denunciante mencionó que el pasado 23 de junio hubo una reunión en la que estuvo Castro Meza, la procuradora, Yuridia Melchor y la directora de administración del refugio, Yolanda Rodríguez.
«En la reunión en la que estuvimos cinco de las siete usuarias nos dijeron que ya habían leído las cartas y que por ese motivo habría consecuencias legales contra nosotras», contó Ema.
En los escritos que le dieron a la funcionaria las mujeres detallaron el maltrato que sufren los niños como es la falta de un médico y de alimentos.
«Había ocasiones en que no había tortillas, agua y leche, y era la cocinera del albergue la que compraba de su dinero estos alimentos», refirió.
La ex usuaria mencionó que en esa reunión, Castro Meza aparte de amenazarlas les advirtió que ella tenía mucho poder porque era amiga de Pino Girón.
También se habló con la delegada regional de la Secretaría de la Mujer, María Delia Figueroa Salas, quien en vez de apoyarla le dijo que los tres meses para permanecer en el refugio ya habían concluido y que era tiempo que se fuera.
Estos espacios donde se les da cabida a las mujeres en busca de protección de ellas y de sus hijos menores establece un período de tres meses para que permanezcan en este lugar y salir con las condiciones de rehacer su vida.
«Yo le decía a la delegada (Figueroa Salas) que no me quería ir porque tenía que terminar con mis procesos legales y me faltaba reforzar la autoestima de mis hijos», dijo.
Mencionó que a pesar de que le decía a la funcionaria que quería permanecer en el albergue la expulsaron sin tener afuera un trabajo y una red de apoyo para que la cuidara.
Salió del refugio y con un dinero que le dio la delegada de la Secretaría de la Mujer pagó el alquiler de una habitación en un hotel donde durmió una noche acompañada de sus dos pequeños hijos.
Actualmente la ex usuaria vive en la casa de una amiga y para mantener a sus hijos se alquila en realizar tareas de aseo en las viviendas.
Ema quien decidió dejar a su esposo porque la violentaba psicológicamente y económicamente además de que le era infiel con otras mujeres, interpuso denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
En estas denuncias, Ema, relata la serie de maltratos, escasez de insumos y de recursos públicos que sufren las mujeres que acuden a este lugar para buscar protección de su vida.
Después de que Ema fue expulsada del refugio e hizo las denuncias, Castro Meza fue destituida y la Secretaría de la Mujer publicó una convocatoria para la elección de la nueva directora.
«Cuando dije todo lo que ahí pasaba la titular de la Secretaría de la Mujer (Violeta Pino) se molestó conmigo reclamándome porque mencione su nombre en la denuncia», afirmó Ema.
El pasado 18 de julio, tres ex trabajadoras de este refugio acudieron al Palacio de Gobierno y le entregaron un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre las irregularidades en este albergue en contra de ellas y de las usuarias.
Son dos enfermeras y una psicóloga las que fueron despedidas por la entonces directora del refugio Susana Castro las que denunciaron los maltratos que sufren las usuarias y sus pequeños hijos.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que las irregularidades que existen en este refugio de mujeres que han vivido violencia extrema es de varios años atrás y no en este gobierno.
Mencionó que por la «violencia institucional» que viven en ese albergue las mujeres fue el motivo de que la Red Nacional de Refugios (RNR) lo diera de baja desde el 2018.
«Llegan (las mujeres) de vivir una violencia extrema por parte de sus parejas o ex parejas y llegan a un espacio donde tendrían que darles una atención integral para salvaguardar su vida pero no es así porque muchas veces llegan a ese espacio ahora para sufrir una violencia institucional», añadió.
Este refugio para mujeres víctimas de la violencia fue creado durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y empezó a decaer en su funcionamiento desde la administración de Ángel Aguirre Rivero quien gobernó del 2011 al 2014.
Reyna Aguilar dijo que su organización se ha ido enterando de esos abusos que se cometen en este refugio a través de las denuncias que han recibido de las ex usuarias.
«Hubo el caso del chofer de un vehículo oficial del refugio que andaba enamorando a las usuarias», contó.
Reyna Aguilar dice que el gobierno coloca es esos espacios a gente con las que tienen compromisos políticos y no a personas capacitadas que brinden una buena atención a las mujeres que sufren todo tipo de violencia.
Indica que los encargados del refugio hacen lo que les viene en gana porque no son vigilados por las autoridades y por ello va a proponer a la Secretaría de la Mujer que se nombre un comité integrado por la sociedad civil y el gobierno.
Este comité tendrá como principal tarea observar y evaluar el trabajo que se realiza en ese albergue.
Reyna Aguilar afirmó que es grave que cuando las mujeres salen del refugio no tengan una protección y tampoco un sustento económico.
Por eso dijo que es necesario que la Secretaría de la Mujer tenga un presupuesto especial para destinarlo a apoyos económicos a las mujeres que salen del albergue además de que se les dé un seguimiento a sus casos.
«No sabemos qué es lo que pasa con las mujeres después que salen del refugio expuestas a sufrir otra vez violencia», dijo la activista feminista.
Desde el 2018, refugio está dado de baja por el RNR
Debido a que el refugio de Guerrero para mujeres que en situación de extrema violencia se han detectado una serie de maltratos a las usuarias, la Red Nacional de Refugios (RNR) lo dio de baja desde el 2018 cuando era gobernador el priísta Héctor Astudillo Flores.
«Hicimos algunas observaciones después de las visitas que hicimos (al refugio) en donde recabamos algunos comentarios de las usuarias y no se corrigieron y ya no es integrante de la Red desde el 2018», afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales.
Mencionó que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la que observa y evalúa que en los refugios se respeten los derechos de las mujeres.
El protocolo de estos refugios establece no mencionar su ubicación por la seguridad de las mujeres y sus hijos.
