Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
Nicolás Remigio Rojas, quien desde hace 16 años exige a las autoridades la localización de su hermano desaparecido en Chilpancingo, denunció que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) le informó que el expediente del caso se extravió.
Rogelio desapareció el 19 de octubre del 2006. El último día que su hermano Nicolás tuvo contacto con él le dijo que iba a Mazatlán, ubicado a 15 minutos de Chilpancingo, a un asunto de trabajo, pero desde ese día perdió contacto con él.
En los días posteriores Nicolás le marcó por teléfono varias veces a su hermano, pero nunca le respondió; después una mujer, compañera de él, le contestó y le dijo que Nicolás dejó su celular y que sólo se llevó la motoneta.
Entonces presentó la denuncia por la desaparición de su hermano ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo.
Según contó Nicolás entregó “información valiosa” para facilitarle el trabajo a la Agencia del Ministerio Público y la investigación y localización de su hermano avanzara, pero no hubo avances.
En el 2007 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el 2008 el organismo emitió una recomendación a las autoridades, pero todo siguió igual, el caso siguió estancado.
En el 2009, a petición de Nicolás, la Agencia del Ministerio Público remitió la averiguación previa a la Agencia de Delitos Graves de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), para que continuaran en esa instancia la investigación.
Allí, el hermano del desaparecido se topó con la misma omisión, no hubo avances, entonces comenzó a solicitar copias del expediente de la averiguación previa, pero no se las facilitaron.
Contó que, desilusionado, en el 2012 dejó de darle seguimiento al caso; “me sentía cansado, me traían en la misma situación y solamente iba a preguntar, de vez en cuando, si había algún avance, pero la respuesta era la misma: que estaban haciendo lo conducente”, pero en los hechos, dijo, todo seguía igual.
A partir del 2016 volvió a estar más al pendiente del caso; acudía con regularidad a la Agencia de Delitos Graves a pedir informes.
De pronto, un día, le dijeron que no tenían antecedentes de la averiguación previa, que debía estar en la Agencia del Ministerio Público, donde se radicó la denuncia.
Se justificaron que las investigaciones no avanzaban porque no tenían el expediente, que ni si quiera contaban con el número del registro, “seguramente porque ya habían pasado muchos titulares”, le argumentaron.
Entonces, Nicolás Remigio regresó a la Agencia del Ministerio Público para que le confirmaran si habían radicado el expediente a la Agencia de Delitos Graves y le respondieron que sí.
El hermano del desaparecido aceptó que está seguro que la Agencia del Ministerio Público envió la averiguación previa a Delitos Graves, y solicitó cuando menos el número de registro para mostrarle al titular de Delitos Graves que sí le habían enviado el expediente.
Sin embargo en el Ministerio Público le respondieron que ya no tenían el acuse de recibido, aunque le explicaron debía estar en el libro de gobierno.
Para documentar el trámite Nicolás después solicitó por escrito tanto el Ministerio Público como a Delitos Graves copias del expediente y un informe del estado procesal de la averiguación, en razón de que ya había transcurrido mucho tiempo.
El titular de Delitos Graves respondió que no era posible atender su petición porque no tenía antecedentes de la averiguación y el de la Agencia del Ministerio Público reiteró que la envió a Delitos Graves.
Derivado de ambas respuestas, el hermano del desaparecido promovió un amparo en octubre del 2021 por omisión a su solicitud y para que se obligara a los dos titulares a entregarle el expediente pero la respuesta a la autoridad federal fue la misma que le dieron a él.
Con base a esa respuesta la autoridad federal resolvió que “no ha lugar a concederle el amparo al quejoso Nicolás Remigio Rojas, debido a que no existe el acto reclamado”.
Casi 16 años después, Nicolás reprochó: “cómo es posible, en el expediente está toda la información con datos confidenciales que yo les proporcioné, eso no puede estar pasando”.
Recientemente, con el acompañamiento de David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, solicitaron una audiencia con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón pero sólo los recibió el vicefiscal de investigación, Ramón Celaya Gamboa.
Le reclamó a Celaya Gamboa que no puede ser posible que después de mucho tiempo le salgan con que se perdió el expediente con toda la información que les proporcionó y de su hermano siga sin tener indicios de su paradero.
Celaya Gamboa le prometió que van a instalar una mesa de trabajo para revisar el asunto, pero denunció que no se ha realizado a pesar de que el funcionario le aseguró que sería “lo más pronto posible” y le prometió que participarían peritos “para ver cómo se tiene que reiniciar a trabajar”.
Durante el seguimiento del caso de su hermano, Nicolás se enteró que a pesar de que en la región Centro es donde más se denuncian las desapariciones, los ministerios públicos sólo reciben las denuncias pero no realizan las investigaciones.
Dijo que tiene datos que indican que desde el 2006 cuando desapareció su hermano, se han consignado con detenidos sólo dos casos pero que “se les cayeron los asuntos al Ministerio Público por falta de pruebas”.
De tal forma que, aseguró, actualmente no hay un solo sentenciado por desaparición de personas.