Evelyn Salgado Pineda es la primera mujer en gobernar Guerrero. Su arribo al poder ocurrió como ningún otro. Fue vertiginoso: a finales de abril del 2021 apoyaba a su padre, Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Morena; en mayo lo sustituyó y en junio ganó la elección. En octubre rindió protesta como gobernadora.
Desde que se encumbró en la política, Salgado Pineda ha sido cuestionada. Primero cuando la nombraron candidata: “será la próxima Juanita”, se dijo repetidamente. Acusaron que su candidatura se trató de una imposición de su padre y de la dirigencia nacional de Morena, porque sin ninguna trayectoria política desplazó a otros que también buscaban ser abanderados.
Ahora como gobernadora, el cuestionamiento permanece: “quien toma las decisiones es su padre”; “es un gobierno con varias cabezas”, se repite y se repite.
Así ha gobernado estos siete meses: cuestionada y, su padre, poco le ayuda: un día sí y el otro también hace de todo para fortalecer las dudas.
Un día anuncia nombramientos de funcionarios, el otro reprende a secretarios, luego les ordena en público y, la mayoría, dice que para llegar a un acuerdo en este gobierno es inevitable dialogar con Salgado Macedonio.
Desde que pasó la elección, casi siempre detrás de Salgado Macedonio va un enjambre de personas —con currículo en mano— pidiéndole trabajo. Al inicio del gobierno se formó una fila de hasta de unas 1,000 personas fuera de un salón de fiesta al sur de Chilpancingo buscando al senador de la República para pedirle trabajo. No acudieron con la gobernadora quien se supone tiene la facultad legal de otorgar los nombramientos.
Opositores y alguno que otro simpatizante han criticado la falta de control en el gobierno de Salgado Pineda. Hace unos meses, el priista Mario Moreno Arcos, quién compitió contra la gobernadora en la pasada elección, escribió en sus redes sociales:
“Hay algo que preocupa y que tal vez sea el origen: es la falta de dirección en la toma de decisiones en las diferentes áreas de gobierno. Hoy la queja recurrente es que son demasiadas cabezas las que expiden nombramientos incluso para un mismo cargo. Que hay un secretario que forma parte de un grupo y un subsecretario de otro por lo que los acuerdos se nulifican o de plano no existen, generando incluso pleitos porque los responsables obedecen a distintas líneas gubernamentales”.
El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo dijo más claro: la inexperiencia de Salgado Pineda y la injerencia de su padre provocan un descontrol en el gobierno.
Hasta ahora no se conoce cuál es el estilo de gobernar de Salgado Pineda. Sus hechos son cuestionados por la injerencia de su padre y sus discursos son constantes repeticiones de las frases, las ideas, los postulados y los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Repite tanto los dichos del presidente que ya los convirtió en un lugar común.
Cada vez se ha vuelto más difícil descubrir ese estilo. En estos meses ha decidido realizar la mayoría de los actos de gobierno sin acceso a la prensa, a puerta cerrada regularmente en Casa Guerrero. De la mayor parte de sus eventos se dan cuenta a través de las redes sociales, sin la posibilidad de que los reporteros la cuestionen.
Y cuando sus actividades son públicas, las entrevistas con reporteros son cada vez más complicadas: terminan los eventos y de inmediato se escurre para evitar que la entrevisten.
Esto ocurre incluso cuando en el estado están ocurriendo crisis de seguridad, como en Acapulco que se dan repuntes de violencia o los casos de feminicidios (que en lo que van del año suman 40 mujeres asesinadas); o para saber su postura ante la posible despenalización de aborto. Ha pasado días sin responder preguntas.
La última vez que lo hizo fue el 5 de mayo en la zona militar de Chilpancingo que dejó a una decena de reporteros con sus preguntas listas. Antes lo hizo en el cuartel de la Guardia Nacional.
Su equipo de prensa todos los días difunde su agenda, por lo regular es la misma: “Sin actividades públicas programadas”, aunque sí tenga “actividades públicas programadas”. Da la impresión de que se tratara de una estrategia para distraer a los reporteros o visto de otra forma: para no exponerla ante ellos.
Que cada vez sea más complicado que Salgado Pineda responda los cuestionamientos de la prensa, es lo menos grave. Lo grave es el silencio imperante en gran parte de su gobierno, sobre todo, en el tema de la inseguridad.
Por ejemplo, la Vocería de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz no informa de la incidencia delictiva y su vocero, Randy Suastegui, no responde las solicitudes de los reporteros. Confirmar con alguna fuente oficial algún acto de violencia puede tardar horas, incluso, días.
Fotografía: Amílcar JuárezLo mismo ocurre con la dirección de Comunicación Social y otras secretarías, como la de la Mujer, que saber en qué va la estrategia para prevenir, combatir y castigar los matrimonios forzados que se realizan en algunos pueblos de la Montaña y Costa Chica es imposible. La secretaria, Violeta Pino, no responde a solicitudes de entrevista, pero tampoco se hace pública esa información.
Aún hay algo más: en el gobierno de Salgado Pineda se desconoce por completo cuánto gasta para publicidad oficial. Oculta a quienes les asignó un convenio publicitario y cuánto le asignó pero, sobre todo, se ignora cuáles fueron los criterios para esas asignaciones. Esa es una información que Salgado Pineda ha guardado como lo hicieron los priistas.
La familia de la gobernadora también es una de las familias que maneja medios de comunicación en Guerrero. De hecho, su padre antes de ser político dirigía el diario Acción en Iguala. Tras ser alcalde de Acapulco adquirió la mayoría de las acciones de la franquicia del periódico La Jornada Guerrero.
A unos meses de que Salgado Pineda se convirtiera en gobernadora, La Jornada Guerrero cerró sin ninguna explicación a sus lectores. A los reporteros les dijeron que por un brote de Covid-19 en la redacción durante 15 días dejaría de circular.
Antes de ser cerrado, en plena crisis por la pandemia, a los reporteros que cobran por nota les bajaron el pago: pasó de 100 a 80 pesos.
La Jornada Guerrero fue sustituida por El Guerrero. La edición impresa de este nuevo diario comenzó a circular el 16 de octubre del 2021, un día después de la toma de protesta de Salgado Pineda como gobernadora.
Una de las versiones fue que cerraron La Jornada Guerrero para cambiar de nombre a la empresa que operaba el diario porque la razón social era Editorial Eve S.A de C.V. y, podría ser Evelyn Salgado la representante legal.
Sin embargo, algunos reporteros que cobran por nota, afirmaron que continúan emitiendo su recibo de honorarios a la misma razón social: Eve S.A de C.V.
Durante su gestión como director, Salgado Macedonio desmanteló al diario: le quitó derechos laborales a los trabajadores, sobre todo, a los reporteros. Cada año ofrecía liquidaciones y a los que aceptaban les daba la posibilidad de continuar pero ahora por nota publicada, sin salario fijo, ni prestaciones, sin ningún vínculo formal que lo obligara a darle algún tipo de protección a los trabajadores. Le redujo páginas.
Tanto La Jornada Guerrero como El Guerrero son utilizados por la familia Salgado Pineda como su brazo propagandístico: ahí lanzan campañas políticas propias y de sus amigos, así como las defensas.
Ahora El Guerrero,que es dirigido por otra de las hijas de Salgado Macedonio, Sol Salgado Pineda, es uno de los diarios que todos días sus páginas están llenas de publicidad oficial del gobierno de estado pero también de algunos ayuntamientos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de Congreso local.
Hasta ahora es un misterio cuánto dinero recibe del gobierno que encabeza Salgado Pineda. Pero también hay una duda constante: ¿Habrá un alcalde, diputado o magistrado que le niegue un convenio publicitario a El Guerrero?
En materia de comunicación social la política con Salgado Pineda sigue siendo la misma que con el priista, Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero: el reparto de dinero para el sometimiento de las líneas editoriales y repartiendo “chayotes”.
Mantuvo en el presupuesto el Fondo de Apoyo para Periodista (FAP), un programa constituido en los tiempo del priista Francisco Ruiz Massieu, que da recursos y servicios que, en primer momento, le quita responsabilidad a las empresas de contratar legalmente a sus reporteros y, también, que en el verdadero fondo busca el control de la prensa.
Salgado Pineda tiene enormes retos: pacificar el estado, reducir la pobreza, parar la violencia feminicida y estructural que sufren las mujeres, combatir la corrupción que está enraizada como en ningún otro lugar.
El cambio de gobierno en Guerrero coincidió con el aumento de asesinatos, desapariciones y extorsiones y no se vislumbra una estrategia para combatir y reducir estos crímenes.
La gobernadora sólo repite lo que ha dicho por muchos años López Obrador: “que atenderá las causas de la violencia: la pobreza, la marginación”. Pero tampoco eso no se muestra. Lo que es tangible es el aumento en la violencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó hace unos meses la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) y en las tres principales ciudades de Guerrero, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, se sintieron más inseguros en el último trimestre del 2021.
Actualmente hay focos rojos bien marcados. En Acapulco los homicidios no se detienen pero tampoco las extorsiones contra comerciantes y empresarios.
También son focos rojos la región Centro y la Norte, donde organizaciones criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, operan con plena libertad y, no sólo eso, han desafiado a las autoridades.
Por ejemplo, Los Tlacos —como nunca antes— declararon un toque de queda en Huitzuco. Era noviembre del 2021 y los presuntos criminales ordenaron: nadie podría estar en las calles después de las 6 de la tarde. La consecuencia: el asesinato. Al día siguiente tres jóvenes desafiaron el aviso, a las 9 de la noche salieron a comprar de cenar; un grupo armado los atacó a tiros. Los tres murieron.
Después de eso, el toque de queda se cumplió a rajatabla: en cuanto caía el sol todos se encerraron, los comercios bajaron sus cortinas y el transporte público acortó sus corridas. Las escuelas suspendieron las clases. La respuesta del gobierno del estado fue una operación policiaco-militar que hasta ahora no ha dado resultados: no hay ningún detenido y la gente sigue viviendo en vilo.
A inicios de febrero, Los Ardillos intentaron tomar la comunidad de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo. Por la noche llegaron unos 40 hombres armados en siete camionetas pero hubo resistencia del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). El saldo fueron siete hombres asesinados.
Días después, el Ejército, la Policía Estatal y la Ministerial encabezaron una operación en el municipio de Quechultenango, el bastión de Los Ardillos. Los resultados fueron timoratos: aseguraron carros convertidos en chatarras, unos kilos de droga y tres tigres. Ninguno de los líderes fue detenido.
La operación terminó después de que el pueblo corrió a soldados y policías.
Este es el Guerrero que Salgado Pineda hasta ahora ha querido gobernar desde las redes sociales y alejándose de las preguntas de la prensa.
