Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
22 de noviembre del 2021
Chilpancingo
Campesinos de comunidades de la Sierra que hace ocho años resultaron afectados por las lluvias de Manuel e Ingrid realizaron una marcha en Chilpancingo para pedir obras e inclusión en programas sociales para dejar de sembrar estupefacientes.
“En nuestro pueblo (San Vicente, del municipio de Chilpancingo) somos 600 ejidatarios y desde hace cuatro meses que el gobierno federal empezó con el programa de Sembrando Vida, apenas incluyeron a 50. Es un buen programa pero que falta que entren todos», dijo el comisario de esta comunidad, Apolinar Sánchez Norberto.
San Vicente que es un pueblo que pertenece a Chilpancingo y está ubicado a unas dos horas de la ciudad; tiene 2,900 habitantes.
“Lo que nosotros hacemos (sembrar amapola) no es un trabajo fácil, le metemos inversión con la esperanza de cosechar más de lo que uno invierte, pero a veces no sacamos nada porque nos la destruyen» dijo Sánchez.
Los campesinos que son apoyados por la organización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que dirige el profesor Nicolás Chávez, bajaron de sus comunidades de la Sierra y se concentraron en la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo.
De ahí partieron en marcha hacia el ayuntamiento, ubicado en pleno centro, en donde entraron para exigir una reunión con la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
“Es una necesidad que tenemos como campesinos, allá no tenemos otro tipo de trabajo y nos conformamos para ir sacando para sobrevivir, pero también sabemos que es delito”, dijo Sánchez Norberto.
“Si el gobierno nos diera para que la gente tuviera empleos, yo creo que toda la gente no se dedicaría a eso porque la verdad no salimos de nada, simplemente es un trabajo”, agregó el campesino.
Los campesinos dijeron que las fumigaciones que realiza el Ejército a los plantíos de amapola les afecta también a sus cultivos de productos básicos, sus viviendas y árboles. Uno de ellos precisó que desde hace dos semanas el Ejército no hace fumigaciones.
“Esas fumigaciones han perjudicado también a los manantiales y esa agua que nace allá en la Sierra viene a dar a Chilpancingo para que la ciudadanía la utilice”, dijo el comisario de San Vicente.
Planteó que el gobierno en vez de utilizar aeronaves para destruir los estupefacientes, contaminar los ríos, siembras de maíz, frijol y calabaza las envíe para apagar los incendios. “Mejor debería de mandar helicópteros o aviones para apagar los incendios forestales y deje de secar la naturaleza”, mencionó.
Dijo que aun con l baja en el precio del kilo de la goma de opio, los campesinos la zona siguen con los cultivos. “La gente está bien pobre y si no hay para comer porque no hay empleo, pues, se tienen que dedicar a eso”, comentó.
Denunció también que a más de ocho años que los habitantes de San Vicente resultaron afectados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, el gobierno sigue sin acatar una serie las recomendaciones que emitió el Centro Nacional de Desastres (Cenapred), como la reubicación de las familias.
“Nosotros estamos viviendo en una zona de alto riesgo y lo que sabemos es que muchos funcionarios se robaron el dinero de esos apoyos que era para nosotros”, expresó el comisario.
“Ahí está una prueba de que el gobierno no voltea sus ojos hacia los pueblos marginados”, mencionó.
Contó que otra de las demandas les incumplieron es la construcción de un puente.
En el pliego de demandas que las familias de San Vicente, Ahuejito y Amojileca le plantearon a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez es la construcción de una universidad y un hospital básico comunitario en esa zona, además de la rehabilitación de caminos.
Después de la reunión con la edil morenista y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera Eeroportuaria (Cicaeg), los campesinos entraron a las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CEDHG), en donde frente a la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, lanzaron huevos contra las paredes.
El dirigente de la APPG acusó a Narciso Gaytán de ser “una traidora”, porque no ha resuelto las demandas de los trabajadores del organismo , quienes desde hace una semana permanecen en paro de labores en demanda de incremento salarial.
“Nosotros la respaldamos para que el Congreso la designara para la presidencia de la Comisión, pero ha traicionado a las organizaciones sociales y a los trabajadores”, dijo Chávez Adame.
Los campesinos guardaron un minuto de silencio por las personas desaparecidas y asesinadas en Guerrero. Después lanzaron huevos contra la fachada de la Comisión.
“¡Vámonos, vámonos!”, indicó Chávez Adame al contingente.
Cuando el activista salía del salón, la presidenta de la Comisión dijo que el enojo real del dirigente de la APPG es que ella no le asignó un cargo en el organismo de derechos humanos.
“Nicolás Chávez está enojado porque no se le dio ningún cargo público en esta Comisión”, gritó la presidente de la Comisión.
