El gobierno que ofreció orden y paz culmina sin hacer justicia a víctimas de violencia

Texto: Marlén Castro

Fotografía: José Luis de la Cruz

12 de octubre del 2021

Chilpancingo

 

El jueves 14 de octubre se cierra un capítulo de la historia: culmina el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y también se cumplen cuatro años de uno de los crímenes más cruentos en la historia reciente de Guerrero.

 

El 14 de octubre del 2017 fueron hallados calcinados al interior de un vehículo y con huellas de tortura el luchador social y militante de izquierda Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juanita Dircio, de 94 años, y su ahijado Antonio Pineda.

 

Las víctimas no han tenido justicia.

 

La noticia de los cuatro asesinatos sacudió a la población, en una entidad acostumbrada a recibir todos los días noticias de ejecuciones extrajudiciales y hallazgos de cadáveres desmembrados y decapitados.

 

Las personas asesinadas, incluida la madre de Lucía Hernández, halladas a la medianoche del 14 de octubre, evidenciaban en sus restos calcinados que habían sido torturadas y quemados aún con vida. Fue un crimen que sacudió la conciencia colectiva y cuestionó las estructuras de la prevención del delito y al sistema de justicia.

 

El crimen múltiple se cometió en la entrada de Nejapa, una comunidad del municipio de Chilapa, a un kilómetro de un puesto de vigilancia del Ejército, a poca distancia de la entrada de la cabecera de este municipio que ha sido priista sin interrupciones. Aquí ningún otro partido ha ganado elecciones locales.

 

El cuarto año de la exigencia de justicia de los hijos de Ranferi Hernández y Lucía Hernández coincide con el cierre del mandato de Héctor Astudillo Flores y, ejemplifica, lo que fue este gobierno.

 

Diana Hernández Hernández, una de los cuatro hijos de Ranferi y Lucía, cada aniversario del crimen, indicó a Astudillo Flores que estaba en sus manos pasar a la historia como alguien que hizo justicia o como un gobernador más al servicio de la impunidad.

 

“Si no resuelve el asesinato de mi madre, de mi padre, de mi abuelita y de nuestro amigo Toño, Astudillo se va a ir con las manos manchadas de sangre”, dijo.

 

Así se va Astudillo, aunque pregone que estos dos últimos dos años de su mandato se redujo la tasa de homicidios, el indicador que sirve para medir la violencia en un lugar y que también disminuyeron los delitos de alto impacto.

 

Un crimen múltiple con beneficio político

En la Montaña baja, como se conoce a una zona que se ubica entre la zona Centro y la Montaña, era conocido que el viejo luchador social Ranferi Hernández Acevedo era la carta fuerte del grupo ProAmlo para buscar la diputación federal en el distrito 06.

 

En julio del 2016, de acuerdo con la tesis de maestría titulada Cuando la lucha es el deber, del egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Abel López Rosas, Hernández Acevedo junto a varias ex líderes del PRD, conformaron la coordinadora ProAmlo con la intención de apoyar la tercera postulación de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, por el partido Morena.

 

Hernández Acevedo tenía en su historial de lucha haber enfrentado a uno de los grupos políticos más poderosos del PRI, el que encabeza el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, razón por la cual en la década de los noventas, después del episodio conocido como la masacre de Aguas Blancas, de la cual Hernández exigió castigo a Figueroa, se autoexilio en Francia con toda su familia.

 

López Rosas afirma en su tesis que los municipios que componen el sexto distrito electoral federal están controlados por grupos políticos y económicos coludidos con dos organizaciones del crimen organizado conocidos como Los Ardillos y Los Rojos.

 

Agrega que esos grupos veían en Ranferi Hernández una amenaza a su control político y territorial si se diera el caso de que consiguiera la postulación de Morena a la elección federal.

 

En las elecciones del 2018 se hizo evidente, afirma el tesista, que la ausencia de Ranferi Hernández, a causa de su eliminación física tuvo consecuencias claras y beneficios específicos.

 

El distrito 06 federal fue ganado en esa elección por el perredista Raymundo García Gutiérrez y los distritos 24 y 25 locales se los adjudicaron otro perredista, Bernardo Ortega Jiménez, y la priista Alicia Zamora. En las elecciones 2021, PRD y PRI se aliaron y, ahora juntos, ganaron de nuevo.

 

El asesinato de Ranferi Hernández y su familia ocurrió cuando regresaban de Ahuacuotzingo, el municipio del que eran originarios.

 

Ese 14 de octubre del 2017, Ranferi y su familia salieron de Ahuacuotzingo rumbo a Chilapa alrededor de las cinco y media de la tarde.

 

A las nueve y media de la noche, los familiares que los esperaban en Chilapa se alarmaron porque no llegaban y sus celulares mandaban a buzón.

 

Esa noche, soldados y policías acudieron a apagar una camioneta en llamas a la entrada de Nejapa. Horas después se sabría que los ocupantes eran Ranferi Hernández, Lucía Hernández, Juanita Dircio y Antonio Pineda.

 

 

2017 se disparan homicidios

Durante la mayoría del tiempo del mandatario que ofreció orden y paz para Guerrero, la entidad se mantuvo entre los cinco estados del país más violentos, de acuerdo con el estudio Índice de Paz México.

 

Durante el 2017, año en que asesinaron a Ranferi Hernández y su familia, la tasa de homicidios de Guerrero aumentó 12 por ciento, de acuerdo con la medición del Instituto para la Paz; un total de 69 homicidios por cada 100,000 habitantes que la ubicó en la segunda entidad más violenta del país, después de Baja California Sur, entidad que se clasificó por primera vez en esa categoría, quitándole el lugar precisamente a Guerrero.

 

El Instituto para la Paz afirma en su informe 2018 que el que Guerrero mejorara en su posición se debió “en parte a la gravedad de la escalada de violencia en Baja California Sur”, aunque reconoce “algunas mejoras realizadas en el estado”.

 

El informe 2021 de este Instituto que durante estos últimos seis años la entidad pasó de ser la entidad más violenta del país a ubicarse en el séptimo lugar, por una reducción del 23.7 por ciento en su tasa de homicidios durante el año 2020.

 

Afirma que esta es la reducción más grande de todos los estados y que “también redujeron la tasa de crímenes de la delincuencia organizada” en un 9.8 por ciento.

 

Aunque también alerta que el estado registró aumentos en las tasas de violencia familiar y delitos sexuales en un 12.4 por ciento y 3.1 por ciento, respectivamente.

 

El instituto para la Paz establece que podría haber una relación entre la disminución de la tasa de homicidios con la disminución de la demanda de heroína por el aumento del uso de opioides sintéticos como el fentanilo.