Texto: Beatriz García
Fotografía: Salvador Cisneros Silva
24 de abril del 2021
Chilpancingo
La defensa del territorio en la Sierra de Guerrero es una lucha histórica que han dado los pueblos campesinos para proteger sus bosques y su agua. Los campesinos ecologistas saben que con la tala inmoderada la capacidad de los mantos acuíferos disminuye, y las comunidades son las más afectadas. Esta defensa les ha costado la vida y, en el menor de los casos, su libertad.
De acuerdo con la documentación de organismos defensores de derechos humanos que dan seguimiento a la represión contra defensores ecologistas en Guerrero, este problema se vive principalmente en el cinturón de la sierra, una región rica en recursos naturales.
Hace 20 años aproximadamente se gestaron los precedentes de asesinatos, desaparición, tortura y detenciones arbitrarias contra estos defensores.
A continuación hacemos un recuento de ecologistas que son parteaguas de este problema que enfrentan los defensores del bosque en Guerrero.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera
El primer caso que impactó en el estado fue en 1999, con los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes junto con Felipe Arriaga, otro de sus compañeros, conformaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).
En entrevista, el director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, contó sobre este caso, quien intervino luego de que a Teodoro y Rodolfo los detuvieron efectivos del Ejército. Fueron torturados y encarcelados.
En ese tiempo los ecologistas notaron el saqueo de la madera fina de sus bosques. La encargada de este saqueo era una empresa canadiense que hizo un convenio con el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa. Al mismo tiempo esta empresa tenía apoyo del Ejército, caciques locales como Rogaciano Alba, quien después fue detenido por vínculos con el narcotráfico. Ante este panorama los campesinos bloquearon las salidas para impedir que sacaran la madera de su territorio.
No era un problema sencillo, había una red de complicidades, actores políticos y económicos involucrados. Cuando impidieron que sacaran la madera, militares detuvieron a Rodolfo y a Teodoro. Los acusaron de portación de armas y privación ilegal de la libertad.
“Lo grave que los detuvieron y los torturaron para que confesaran quiénes integraban la organización, qué vínculos tenían con otras organizaciones porque el Ejército siempre tiene la visión de contrainsurgencia, qué vínculos tenían con grupos armados”, dijo Barrera Hernández.
Amnistía Internacional los declaró “presos de conciencia”. El entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, los liberó.
El 3 de noviembre del 2004, Felipe Arriaga, fue acusado de homicidio. Tlachinollan llevó la defensa y los abogados comprobaron su inocencia. También Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y lo liberaron.
“Desde esa fecha tenemos conocimiento de que la disputa por el bosque en Guerrero es una disputa que encierra intereses económicos muy fuertes, donde están involucrados grupos políticos y grupos económicos, pero al mismo tiempo están involucrados fuerzas del orden como las policías y el Ejército”, precisó el director de Tlachinollan.
2011-2012: ola de asesinatos y desapariciones de ecologistas
Para este tiempo 2011-2012 los ecologistas supieron que el problema no solo era la tala inmoderada, de la mano estaba el trasiego de drogas, en ese entonces de la Amapola.
El 29 de noviembre, Aristegui Noticas informó: “La dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynado Santana, de 17 años de edad, fueron asesinados ayer en la comunidad La Laguna, en la parte alta de la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero”.
El motivo del asesinato: la defensa de sus bosques y las denuncias reiteradas que hizo Juventina contra el Ejército y la Marina y con grupos criminales. Un año antes fue asesinado el esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso.
Al siguiente mes del asesinato de Juventina y su hijo, el 7 de diciembre en Petatlán, los también integrantes de la OCESP, Eva Alarcón y Marcial Bautista, fueron detenidos y desaparecidos en un retén del Ejército y la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Eva también denunció la participación del Ejército y de la Marina en asuntos de alianzas con grupos criminales.
“Hay información que los asesinaron, luego no se sabe con precisión, porque las investigaciones no se sabe si siguen o están archivadas, se supone que identificaron los cuerpos, pero no hay certeza”, informó Abel Barrera.
Guajes de Ayala y Las Conchitas
El 3 de febrero Amapola. Periodismo transgresor documentó que al menos ocho muertos y dos desaparecidos se registraron en una serie de enfrentamientos entre grupos delictivos y pobladores del ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, Luego trascendió que los muertos podrían ser hasta 15.
Guajes de Ayala tienen 32 anexos, pero actualmente solo están habitados El Pescado, Guajes de Ayala, El Saibal, Los Órganos y Saiba María, del resto de los ejidos las familias huyeron por la violencia. Algunos de ellos se refugiaron en El Pescado, otros más se distribuyeron en el estado, fuera del estado e incluso algunos se fueron a Estados Unidos.
El problema que vive este ejido es la misma causa de hace 20 años, la causa que detuvo y torturó a Teodoro y Felipe: la defensa del saqueo de sus bosques, la complicidad de las autoridades y grupos criminales.
En el ejido se desplazaron forzadamente más de 1,000 habitantes, de acuerdo con el secretario del comisariado ejidal, Javier Hernández Peñaloza.
Después de estos hechos, San Miguel Totolapan, otro municipio de la sierra de Guerrero, cercana a Coyuca de Catalán, vivió un hecho que también desplazó a la gente. Se trata del asesinato del comisario municipal, Carlos Márquez Oyorzabal, el 3 de abril pasado.
Un año antes el comisario decidió armarse junto a otros compañeros de la localidad, ante la necesidad urgente de proteger sus bosques, y evitar la tala clandestina en complicidad con grupos criminales.
El día de su asesinato el comisario viajaba en cuatrimoto cuando fue interceptado por hombres armados. Luego en la comisaría ejidal lo mataron y desmembraron frente a familiares.
Ambos ejidos siguen denunciando que pese a estos hechos las autoridades gubernamentales los tienen en el abandono. El desplazamiento forzado persiste y las condiciones de vida que tienen que ver con la salud, alimentación, vida digna, seguridad no las tienen.
El Estado y los grupos criminales
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, plantea una hipótesis que ayuda a entender el contexto en esta zona de la entidad.
“La sierra que comprende a varios municipios, la de la Costa Grande y Tierra Caliente es una zona con muchos recursos, una zona que puede servir de comunicación de la costa hacia carreteras que van a Michoacán hacia la ciudad de México, donde se pueden llegar a zonas del bajío, es muy disputada por bandas del crimen organizado”, dijo Díaz Taboada.
Cuando el gobierno habla que son disputas entre comunidades, manifestó, minimizan el problema, porque lo que realmente pasa es que los pobladores están defendiendo su territorio.
La sierra está abandonada. Incluso las autoridades solo se presentan cuando sucede un hecho violento, ni siquiera los políticos van a hacer campaña electoral, señaló.
“Nosotros desde el Colectivo siempre decimos que no hay crimen organizado si no hay participación del Estado, con esto podemos decir que puede ser uno o dos servidores o funcionarios públicos que permiten que sucedan cosas”, expuso.
Al mismo tiempo Abel Barrera dijo que “el crimen organizado” se transformó en un actor que logró incursionar en varios ejidos comerciales y económicos de la sierra, de ciudades como Altamirano, y que aparte de imponer un control territorial a punta de bala somete a las comunidades por encima de las instancias federales o estatales.
En el cinturón de la sierra hay bosques, minas, agua, un potencial acuífero y boscoso importante, que en lugar de que sirva para que las comunidades tengan una vida digna siguen siendo vasallos de quienes vienen de fuera, empresas, grupos delincuenciales, mientras que las instituciones del Estado están ausentes, precisó Abel Barrera.
