Al niño Hidelberto lo mataron militares. La última revisión de expertos de la Fiscalía General de la República destruye totalmente la hipótesis de que habían disparado desde los árboles. A cuatro años de que un operativo policiaco-militar les arrebatara a su niño, los familiares siguen exigiendo justicia.
Texto y fotografía: Rodrigo Caballero
16 de octubre del 2019
Aquila, Michoacán
La trayectoria de la bala que mató al niño Hidelberto Reyes García señala que fue disparada desde la caja de una camioneta del Ejército Mexicano. Sólo falta que un juez emita una orden de aprehensión para detener a los militares que participaron en los hechos.
Eso es lo que espera la comunidad indígena de Santa María Ostula en la región de la Sierra-Costa del estado de Michoacán, donde el 19 de julio de 2015, un operativo policiaco-militar dejó una decena de heridos y la muerte de Hedilberto, de 12 años.
Los comuneros nahuas de la costa michoacana esperan que ahora sí se castigue a los 15 soldados que dispararon aquel domingo en medio de una protesta, tras la detención del ex coordinador del movimiento de autodefensas, Cemeí Verdía Zepeda.
El 19 de junio del 2015 cientos de pobladores cerraron la carretera para impedir la detención del entonces comandante comunitario–sin saber que lo trasladaron en helicóptero hasta la ciudad de Morelia– pero en el puente vehicular de Ixtapilla, un oficial de policía estatal disparó al aire provocando que los militares abrieran fuego contra la población desarmada.
El abogado de la comunidad indígena, Raymundo Ortiz Martín del Campo, precisó en entrevista exclusiva, que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) emita el dictamen correspondiente se tendrán los elementos suficientes para llamar a cuentas a los soldados que dispararon sus armas.
La reconstrucción del disparo
Es miércoles 2 de septiembre del 2019, la FGR viajó hasta la comunidad de Ixtapilla en la carretera costera de Michoacán, a unos 200 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, para realizar una diligencia que determinaría la trayectoria del proyectil que acabó con la vida del niño Hidelberto Reyes García.
“Todavía en esta fecha está el agujero en el cristal del restaurante que permite la referencia del cuerpo, se hizo un ‘dummy’ con la estatura exacta y se llevó a cabo la prueba poniendo un vehículo Chevrolet como el que utilizan los militares”, explicó el abogado de la comunidad.
La experta perito de la FGR trazó el trayecto de la bala con un hilo, desde las esquirlas que pegaron en una pared del restaurante Costa Michoacana hasta la caja de una camioneta tipo Cheyenne, ubicada sobre la carretera costera, desde donde testigos de los hechos narraron que habían disparado los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La prueba fue positiva. Un oficial de la Policía Federal Ministerial sostuvo su rifle en posición de tiro apuntando hacia el restaurante que está ubicado al pie de la carretera y el hilo trazó una línea directa hasta la ventana del local; en el vidrio, la bala se partió en seis esquirlas y dos de ellas le pegaron en la cabeza a Hedilberto.
“Lo que aparece ahora es que encontramos la altura más cercana a los hechos desde donde se disparó, que sigue comprobando que fue desde un vehículo militar y que fue un militar quien disparó, eso sigue corroborado y destruye totalmente la hipótesis de que habían disparado desde los árboles”, aseguró Raymundo Ortiz.
Luego de cuatro años por fin se realizó esta diligencia que se retrasó entre otras cosas porque en todo el país solamente hay una experta perito para este tipo de pruebas, además de que el expediente que consta de cuatro tomos y más de mil hojas pasó por al menos cuatro agentes ministeriales en tres ciudades distintas de Michoacán.
Los comuneros indígenas nahuas esperan que el dictamen que emita la FGR con base en esta prueba pericial sea determinante para que se giren las órdenes de aprehensión y se haga justicia para la comunidad y para la familia de Hidelberto; sin embargo, este proceso podría tardar hasta ocho meses.
Militares con paradero desconocido
Al menos 15 militares regresaron con menos balas de las que salieron del cuartel aquel 19 de julio, por lo que es fácil saber quiénes detonaron sus armas, el problema es que seis de ellos se dieron de baja de la Sedena a los tres días del operativo y actualmente se desconoce su paradero.
“El Ejército solamente presentó sus bajas con su último domicilio conocido en donde se les notificó que se tienen una orden de comparecencia por eso no está muy claro quién fue directamente el que disparó”, dijo Raymundo Ortiz.
La Sedena reportó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se dispararon 17 armas por parte de personal del 65 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Coalcomán, Michoacán y que solamente ellos dispararon contra la población de la Sierra-Costa.
Raymundo Ortiz dijo que la comunidad no solamente buscará consignar a los militares que participaron en el operativo sino también a los mandos que lo ordenaron; pues aseguró que se cuentan con elementos para comprobar que fue ilegal y se actuó con premeditación, alevosía y ventaja.
“No había ninguna orden de aprehensión ni nada que justificara un operativo de esa magnitud, a Cemeí Verdía lo presentaron detenido en flagrancia por portación de arma de fuego, un arma que le dio el mismo gobierno. Era todo un despliegue militar para provocar a la población y justificar una masacre de autodefensas”, aseguró.
Uno de los elementos claves es el reporte de la Sedena que informa que sus elementos viajaban para “patrullar” la zona, cuando en realidad era un operativo conjunto con el gobierno de Michoacán y portaban equipo antimotín, por lo que esperaban una posible confrontación con los pobladores de la costa.
“No puede nada más consignarse por lesiones y homicidio sino que también se tienen que desprender las responsabilidades penales de los mandos civiles y militares por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”, comentó el abogado.
Ahora sólo queda esperar que el dictamen de la FGR corresponda a lo que se realizó el pasado miércoles 2 de octubre de 2019, mientras que los pobladores indígenas nahuas siguen el juicio para llamar a cuentas a militares, policías y mandos que participaron en el ataque.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
