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Texto: Vania Pigeonutt
Fotos: Lenin Mosso
9 de agosto del 2019
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Tlapa de Comonfort
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cumplió un cuarto de siglo. En 25 años han defendido diversas luchas históricas que resonaron a través de sus víctimas y defensores. En el foro: “Palabras de vida, caminos de esperanza”, confluyeron varias luchas, familiares de desaparecidos, víctimas de desplazamiento forzado interno, y de diversas masacres ocurridas en los últimos 50 años.
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En el foro que se lleva a cabo este 9 y 10 de agosto en la Casa Católica de Tlapa, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, recordó que la impunidad prevaleciente hermana las luchas del pasado con el presente.
Juntos, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigieron justicia con Karla Nogueda Radilla, nieta del compositor de corridos, Rosendo Radilla, desaparecido en la llamada “Guerra sucia” de los 70´s.
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Durante el primer día se llevaron a cabo cuatro paneles. “De la guerra sucia a la trágica noche de Iguala; el continuum de la violencia y la impunidad en Guerrero”, el primero. En este, Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), recordó el caso de su hermana Rocío Mesino, asesinada brutalmente en Atoyac. Eustolia Castro, sobreviviente de la masacre de El Charco, Ayutla, recordó que esta matanza sigue en la impunidad: allí fueron asesinados por soldados 11 personas, entre ellos un estudiante.
En los paneles, los activistas, víctimas y defensores hablaron de la represión política, las violaciones a los derechos humanos, la militarización y los saldos del supuesto combate de los grupos criminales iniciado por el ex presidente Felipe Calderón.
La señora Guadalupe Narciso, quien busca a su hijo Josué Molina Rodríguez– desde hace cuatro años desaparecido–, contó su testimonio, como otras madres, padres, hermanos y familiares de desaparecidos, torturados y asesinados. Con una voz estruendosa, reclamó al gobierno: “¡Ya párele de esta masacre, no podemos seguir así!”.
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Narró que: “nos ha engañado, revictimizado, y nadie ha hecho justicia”. Le reclamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, su inacción. Dijo que seguirá con el Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilpancingo, el cual encabeza, exigiendo que sus familiares sean devueltos, que se hagan los análisis correspondientes de ADN a los cuerpos.
“Porque mis nietos me lo exigen, porque cada día que salgo, les digo: voy a buscar a tu padre, pórtense bien, para que le den cuentas cuando regrese. ¡Cada que regreso no tengo nada que decirles!”, dijo con la voz potente y entrecortada.
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Asistieron otros colectivos de familias de desaparecidos y desplazados forzados. Como Víctor Erasmo Gasparillo, del Colectivo de familiares de personas desaparecidas de Zitlala, y gente de Leonardo Bravo (Chichihualco) que, desde noviembre de 2018, exigen a las autoridades regresar a sus casas, tomadas por civiles armados.
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Convivieron en la misma sala, Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas que lograron el perdón del estado mexicano, tras haber sido víctimas de violación tumultuaria, junto a personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representante, Jan Jarab, entre otros.
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Para el sábado, esperan la presencia de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dará la conferencia: ¿Cómo implementar acciones eficaces para que la justicia llegue?, con quien las víctimas de desaparición y desplazamiento forzados, los que exigen justicia por familiares asesinados y sus propios defensores, tienen resoluciones pendientes de la federación.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
