Durante el sepelio del periodista Fredid Román Román, asesinado el pasado lunes en Chilpancingo, familiares exigieron justicia y seguridad para ellos.
El sepelio se realizó en Buenavista de la Salud, del municipio capitalino, lugar donde residió Román Román y donde sus familiares se pronunciaron para exigir que el crimen no quede impune.
«Lo único que quiero es justicia, pueden decir muchas cosas, pueden hablar muchas cosas, pero solo Dios tiene la verdad», mencionó su familiar durante el sepelio.
Román Román fue velado en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, con mucha seguridad policiaca en el entorno.
«El (Román Román) siempre fue un hombre muy inteligente, por eso lo admiramos, pero unos cobardes nos lo quitaron, quisieron callarlo», mencionó entre llantos el familiar.
Tras el homicidio del comunicador en Chilpancingo, a unos pasos de la zona militar, la familia decidió trasladar el cuerpo a su lugar de residencia, a pesar de que es una localidad en donde de manera frecuente se registran enfrentamientos entre hombres armados de dos grupos del crimen organizado que se pelean el control del territorio.
Por el crimen de Román Román y la situación de violencia que se vive en el valle de El Ocotito, y específicamente en Buenavista, la familia dijo temer por su seguridad.
«Si tememos, tememos mucho por la seguridad de la familia porque la cosas no están bien, pero hay un Dios y yo lo único que pido es justicia».
Acerca de que el periodista temía por su vida, sus familiares dijeron que siempre fue muy reservado en su vida laboral, por lo que nunca les mencionó si estaba amenazado o en peligro.
La casa de Román Román, fundador del semanario La Realidad, se ubica a dos cuadras de la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), sobre la carretera federal México-Acapulco, a menos de cinco minutos de El Ocotito.
Durante el sepelio del periodista se observaron varias unidades de la policía estatal y de la Guardia Nacional (GN).
La mañana de hoy, en la comandancia de la Policía Comunitaria de El Ocotito, se realizó una conferencia de prensa convocada por integrantes de la UPOEG.
Ahí, el comandante José Deivy Barrientos Salazar deslindó a la UPOEG del asesinato y acusó a un hijo y un sobrino del periodista de pertenecer al grupo del crimen organizado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Celaya Gamboa, aseguró a un grupo de periodistas que se siguen varias líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Fredid Román Román, una de ellas relacionadas con su profesión.
Los periodistas fueron atendidos por Celaya Gamboa en las instalaciones de la FGE después de que realizaron una marcha que partió de la plaza Libertad de Expresión, en el centro de Chilpancingo a la Fiscalía.
El grupo de medio centenar de comunicadores arribaron a las oficinas de la FGE en donde realizaron un mitin para exigir el esclarecimiento del crimen y castigo a los asesinos de Román Román, quien era fundador y director del diario La Realidad y autor de una columna que publicaba en las redes sociales y en el periódico impreso Vértice, de esta ciudad.
Su última columna se publicó en las redes sociales y en Vértice, este martes.
En esta última entrega, el periodista de 58 años, escribe sobre el caso Ayotzinapa y la detención del ex Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.
La protesta del grupo de reporteros comenzó a las 12 del día con un mitin en la plaza Libertad de Expresión, en el centro de Chilpancingo, donde los reporteros decidieron marchar a las instalaciones de la FGE, ubicadas al sur de la ciudad.
En la FGE, los reporteros fueron atendidos por el visefiscal Ramón Celaya Gamboa; el fiscal especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Roberto Mermejo Zapata, y el director de gobernación, Francisco Rodríguez.
Durante la audiencia, Celaya Gamboa informó acerca de dos líneas de investigación.
Dijo que no descartan ninguna, entre ellas, el negocio de venta de pollos del hijo de Román Román, asesinado en la comunidad de El Ocotito, del municipio de Chilpancingo, el pasado 1 de julio.
Esa fecha, un grupo armado asesinó a balazos a tres distribuidores de pollos, dos en el mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo, y al hijo de Román Román, en El Ocotito.
«Cabe aclarar que esas no son hipótesis ni conclusiones, son líneas de investigación que tendrán que comprobarse, cada una, a través de investigaciones periciales», dijo Celaya Gamboa.
Adelantó que si la línea de investigación sobre su actividad periodística es positiva el caso será atraído por la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos humanos.
«Es una línea de investigación (por su actividad periodística) que tendrá que agotarse, no está confirmada».
La única certeza que tienen es que fue un ataque directo contra Román Román pero dijo que no descartan un ataque «de la delincuencia organizada o delincuencia común».
De acuerdo con Celaya Gamboa, Román Román nunca manifestó sentirse amenazado o en peligro.
Agregó que ya tienen en la investigación testimonios y videos acerca del asesinato.
Por su parte, la delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), con sede en Chilpancingo, emitió un comunicado para condenar el asesinato de Román Román.
«Como organización gremial de trabajadores de medios de comunicación, exigimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realicen una investigación exhaustiva para esclarecer este oprobioso crimen que enluta al gremio periodístico, que encuentren a los responsables materiales e intelectuales y sean juzgados para que se aplique la ley», se lee en el pronunciamiento del SNRP.
Román Román quien era originario de la comunidad de Oxtotitlán, del municipio de Teloloapan, fue director del periódico Expresión Popular, un medio de tinte oficial. El dueño de este medio fue diputado local del PRI en la década de los noventas.
También fue jefe de información del desaparecido diario Palabra, cuyo propietario era el empresario Pioquinto Damián Huato, otro medio apegado al poder.
En 1996, fungió como subdirector de Comunicación Social del gobierno estatal durante la administración de Ángel Aguirre Rivero y en un tiempo fue jefe de prensa del PRI estatal.
Román Román fue autor del libro Crónicas de un gobierno democrático y popular en donde escribe sobre las acciones de gobierno de Aguirre Rivero.
Con el homicidio de Román Román suman 15 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022.
El director del portal Evidencias, Hiram Moreno, ha sufrido en dos ocasiones agresiones físicas, y más de tres veces agresiones y amenazas, y por todas las veces lo ha informado al Mecanismo y a la Defensoría de Oaxaca.
Texto: Diana Manzo /Itsmo Press
Fotografía: Itsmo press 14 de julio de 2022 Salina Cruz, Oaxaca
Frustrado y molesto habla el periodista istmeño, Hiram Moreno, a quién el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le quitaron la protección y seguridad física , a pesar de haber denunciado agresiones físicas y amenazas por su actividad reporteril.
Desde su hogar en Salina Cruz, Oaxaca donde ha pensado en dejar su apasionada actividad por el riesgo que corre a su vida, relata que el Mecanismo “todo es apariencia”, y que en realidad no cumplen.
Hiram Moreno relató que cuenta todos los documentos donde el Mecanismo le dictó medidas cautelares desde el 2015, y que consistieron en personal de seguridad, botón de emergencia y también medidas de seguridad para su vivienda y desde el 2019, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la junta de gobierno del Mecanismo dictó con base a su análisis de riesgo que ya no requería seguridad privada.
“La junta de gobierno del Mecanismo determinó quitarme la seguridad física, que para mí es primordial, me dejaron únicamente con las medidas del portón metálico, vídeo portero y reja de acero, y eso me deja en la vulnerabilidad”, enfatizó.
Dijo de nada sirve que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita recomendaciones a instancias federales por la violación a los derechos humanos y la falta de debida diligencia, así como el incumplimiento al deber cuidado en agravio de su colega periodista, Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en junio del 2021, sí el Mecanismo es inoperante.
“El Mecanismo como dependencia lo único que ha hecho bien es gastarse el dinero en foros que no sirven para nada, porque no proponen, únicamente están escuchando lo que ya saben, realmente es una vergüenza”, dijo.
Agregó, qué después de casi seis meses de análisis, el Mecanismo le informó que no podría darle seguridad física , y que habría una coordinación con el gobierno del estado, a lo que el periodista se refiere como algo absurdo y que por supuesto nunca ocurrirá.
“Acá todo es apariencia, simulación, y no lo digo yo, si no lo vemos, cuántos periodistas que tenían protección del estado fueron asesinados, son muchos, y lo peor es que las autoridades siguen siendo omisas e irresponsables”, recalcó.
El pasado 10 de febrero, la noche en que fue asesinado su colega periodista Heber López Vásquez, y después de que la Fiscalía informara de la detención de los dos presuntos responsables del homicidio, Hiram Moreno subió información a su portal, que nuevamente lo pusieron en riesgo, por lo que notificó al Mecanismo y también a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
“Después de qué publique en mi portal que los dos detenidos como presuntos culpables del homicidio de Heber López Vásquez, una camioneta con dos personas llegó a mi casa y tocaron, pero en mi casa hay protección y oprimí el botón de emergencia, eso fue apenas el 10 de febrero, hace 10 días y ahora resulta que el Mecanismo dice que no sabe quién soy, eso es una mentira, me da mucho coraje porque está en juego mi integridad y mi vida”, expresó.
El director del portal Evidencias ha sufrido en dos ocasiones agresiones físicas, y más de tres veces agresiones y amenazas, y por todas las veces lo ha informado al Mecanismo y a la Defensoría de Oaxaca .
Ante el clima de violencia y tensión que asegura cada vez se endurece en la zona por los megaproyectos que pretenden instalarse en el Istmo de Tehuantepec, y por el homicidio de su colega Heber, Hiram Moreno hizo un llamado al Mecanismo a ser funcional, redoblar esfuerzos y de “verdad” proteger, pues en lo que va del año han sido asesinados 12 periodistas en México.
“No podemos seguir permitiendo que el Mecanismo siga actuando de forma arbitraria, esto que me dicen que no saben nada de mi, eso es absurdo, porque de donde voy a sacar yo que tengo botón de emergencia, o donde lo voy a comprar, pues no son papás ni palomitas, es una seguridad para mi vida, y que ahora me desconoce”, concluyó.
Ayer, mientras reporteros, fotógrafos y camarógrafos se reunían en el Ángel para protestar por la violencia hacia el gremio, corría la noticia del asesinato de otras dos colegas: Yessenia Mollinedo y Johana García.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez
10 de mayo de 2022
A las 16:00 horas, una hora antes del mitin convocado este lunes en el Ángel de la Independencia para protestar por los continuos ataques a la prensa en México, reporteros, fotógrafos y camarógrafos comenzaron a reunirse en el Paseo de la Reforma. Algunos portaban las ya clásicas mantas, cartulinas y lonas con el lema “No se mata la verdad matando a periodistas”, y otros llevaban en sus manos las fotografías con el rostro de Luis Enrique Ramírez, hasta ese momento el último periodista asesinado en los cinco meses que van de 2022: el noveno.
Pero Luis dejó muy pronto de ser el último comunicador asesinado en México este año.
“¡No mames, no puede ser!”, comenzaron a exclamar algunos reporteros, que tenían la mirada clavada en sus celulares y en las redes sociales. En pleno preparativo de la protesta, la noticia del asesinato de otras dos periodistas se esparció rápidamente entre los comunicadores, que se llevaban las manos a la cara.
“Esto es increíble”, comentaban, mientras a toda prisa alguien iba a una papelería cercana a Paseo de la Reforma para imprimir las fotografías de las últimas dos víctimas de la ola homicida en contra del gremio: Yessenia Mollinedo, de 45 años, directora de la agencia informativa El Veraz, y Johana García, reportera y camarógrafa de apenas 24 años. Ambas fueron asesinadas en Cosoleacaque, Veracruz. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados rafaguearon el vehículo en el que las dos mujeres esperaban en el estacionamiento de una tienda.
Hasta el momento, se desconoce si alguna de las dos periodistas había recibido amenazas. Aunque denunciar esto incluso públicamente tampoco es garantía de seguridad ni de mayor protección, como demostró el caso del propio Luis Enrique Ramírez, quien en una entrevista en 2015 llegó a decir: “Sé que yo soy el siguiente en la lista”. Siete años después, el pasado 5 de mayo, fue encontrado en un camino de terracería a las afueras de Culiacán, con signos de haber sido asesinado de varios golpes en la cabeza. O como lo demuestra el caso emblemático de Lourdes Maldonado, periodista tijuanense asesinada el pasado 25 de enero, a pesar de que, incluso, fuera personalmente a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir ayuda por las amenazas que estaba recibiendo.
“Matar periodistas en México sale totalmente gratis”, gritaron en el mitin de ayer los periodistas que, con puño en alto, tomaron la pancarta que rezaba “¡Alto a la violencia y a los asesinatos a periodistas en México!”.
“A mi papá lo asesinaron por la espalda”
“Es muy fácil matar a periodistas —insistió en su turno con el micrófono Griselda Triana, la viuda de Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017—, sobre todo en estados violentos, como Veracruz, Guerrero o Michoacán, por citar solo algunos ejemplos. Me siento muy dolida cada vez que matan a un colega, porque pienso en sus familias y en el calvario que están por iniciar en la búsqueda de justicia en este país”.
“Cada vez que nos plantamos en una protesta, lo hacemos con la convicción de que, si no salimos a exigir que sus crímenes sean esclarecidos, el Estado nunca lo hará por su cuenta”, agregó Triana, que durante su intervención criticó al presidente López Obrador y a su gobierno por la falta de protección a periodistas.
“Usted es muy delicado ante cuestionamientos de quienes ejercen su libertad de expresión. Pero con las víctimas, no, por favor. Así que déjeme preguntarle: ¿por qué no se ha evitado el asesinato de periodistas?; ¿por qué se ponen en duda sus llamados de auxilio?; ¿por qué tardan tanto tiempo en otorgarle medidas de seguridad?; ¿por qué siguen sin encontrar a los más de 20 periodistas desaparecidos hace décadas?; ¿por qué todos estos delitos siguen en la impunidad?; ¿por qué no les interesa la justicia para los periodistas asesinados?; ¿por qué reprueba que otros países muestren su preocupación cada vez que en México matan a un periodista?”.
Óscar Takeshi, hijo de Fredy López Arévalo, comunicador asesinado el pasado 28 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tomó el micrófono para hacer un pase de lista de los ahora 11 periodistas asesinados en los apenas cinco meses que van de 2022.
“A mi papá lo asesinaron por la espalda, entre las sombras. Un gatillero se escondió cobardemente y le disparó en la espalda”, denunció el joven, que acusó a las autoridades chiapanecas de haber “evadido su responsabilidad” en la investigación del caso.
Ese otro punto, el de la impunidad en los ataques a la prensa —en México, el 99% de los delitos contra la prensa permanece sin una sentencia—, fue otro de los que más indignación causaron en la manifestación de ayer en la escalinata del Ángel de la Independencia.
“No vemos al gobierno hablando de por qué el Mecanismo de Protección no sirve, ni por qué la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Prensa (Feadle) no da resultados y no sirve para nada. Ambos organismos se convirtieron en tumbas de la memoria; en tumbas de casos que no se resuelven; de casos donde nunca se llega hasta los autores materiales”, dijo por su parte el periodista Témoris Grecko.
“Me voy del mecanismo, prefiero cuidarme por mis medios”
Mientras, el también periodista Rodolfo Montes anunció que, tras haber mantenido varias reuniones con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, tomó la decisión de abandonar dicha instancia. “Prefiero cuidarme por mis propios medios antes que estar inscrito en un mecanismo negligente”, aseguró.
“Y a los compañeros y compañeras periodistas, les digo: cuidémonos nosotros mismos, porque el Estado mexicano no lo va a hacer”, agregó.
Ante la incesante oleada de homicidios de periodistas en 2022 —en lo que va de sexenio suman 36, según el recuento de la organización civil Artículo 19—, otra de las preguntas que flotaban en la manifestación de ayer era: “¿Qué se puede hacer para detener esta situación?”. Las respuestas no fueron unánimes. Unos proponían acciones “más contundentes” de protesta para ser escuchados por las autoridades. Otros exigían la dimisión del titular del Mecanismo de Protección de Periodistas. Y otros demandaban una mayor unión del gremio para hacer frente a esta situación.
“Una de las cuestiones que más nos dejan vulnerables, además de la falta de garantías del gobierno, es que los periodistas somos muy poco unidos ante este tipo de situaciones. Estamos demasiado metidos en nuestro trabajo, en investigar, en la cobertura, y muy poco en hacer trabajo de fortalecimiento, en exigir seguridad, en demandar respeto por nuestro trabajo”, señaló en entrevista con Animal Político la periodista Adriana Urrea.
“Hemos exigido muchas veces que paren los ataques, que se nos brinde seguridad, pero en el gobierno solo hay simulación mientras se echan la bolita unos a otros. Y ante esta situación, lo único que podemos hacer los periodistas es no dejar de alzar la voz. No podemos parar de presionar. Y por ello, debemos generar acciones en conjunto, para que nuestras voces sean escuchadas en todo el país”, propuso.
El comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado en Culiacán, tuvo que huir de Sinaloa en 2011 tras recibir amenazas. Aunque volvió a su estado, siguió sintiéndose en riesgo y ayer se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en 2022.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Internet
6 de mayo de 2022
“Yo soy el que sigue”. Desde hace casi siete años, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión.
“Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo”, dijo en noviembre de 2015 en una entrevista con MVS Radio, luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la Ciudad de México. Ahí, tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este jueves, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que su cuerpo fue encontrado a las 10:40 de la mañana al borde de una carretera, en mitad de la maleza crecida junto a un taller, próxima a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente, que le provocaron la muerte. Días antes, había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán, según informó el portal Fuentes Fidedignas, del que Ramírez era fundador.
El periodista sinaloense tenía casi 40 años de trayectoria. Además de fundar Fuentes Fidedignas, colaboró con agencias de noticias y medios como El Debate, donde en la actualidad publicaba una columna de opinión. Además, era autor de dos libros, La muela del juicio y La ingobernable, y fue galardonado por su trabajo periodístico en 14 ocasiones, según publicó ayer El Debate.
En la entrevista que dio para MVS Radio en 2015, aseguró que él no escribía sobre “narco”, como tampoco lo hacía Humberto Millán, periodista sinaloense director del medio digital A Discusión, quien también fue asesinado en 2011, el año en que salió huyendo de su estado para refugiarse en la capital mexicana.
“Yo no escribo del narco; yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto tampoco y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y, sobre todo, para conservar su vida”, dijo.
“Y es lo que pasa, Humberto Millán y yo solo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”, cuestionaba Ramírez en esa plática con el periodista Luis Cárdenas, en la que sin entrar en detalles señaló al entonces gobernador Mario López Valdez, a quien calificó de “intolerante a la crítica”.
“Hay una situación de riesgo inminente para quienes incomodamos a los políticos. Esa es la situación”, recalcó el comunicador en 2015, casi siete años antes de que fuera encontrado muerto en una carretera de terracería al sur de la capital de su estado.
No estaba en el mecanismo
Leopoldo Maldonado, director de la oficina en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, explicó en entrevista que, en efecto, en 2011 se brindó protección al periodista sinaloense luego de que recibió amenazas.
“Cuando aún no existía el mecanismo federal de protección, Artículo 19 gestionó su desplazamiento, su salida de Sinaloa, por amenazas que recibió, al parecer, de grupos políticos, como él mismo denunciaría años después en esa entrevista con MVS”, dijo Maldonado.
“Estuvo bajo refugio durante un mes y medio, aproximadamente. Y ahora, 11 años después, nos enteramos de la trágica noticia de su muerte. Exigimos a las autoridades que hagan una investigación a fondo”, añadió.
El diario estadounidense Los Angeles Times hizo eco ayer de la muerte del periodista, en una nota para la que entrevistó a Francisco Chiquete, reportero en Culiacán.
“Luis Enrique era un periodista muy profesional, muy capaz”, dijo Chiquete, que si bien hizo mención de que el periodista había denunciado amenazas en 2015, en la actualidad señaló desconocer si había recibido nuevos ataques.
El Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación dijo a Animal Político que Ramírez no formaba parte de esta instancia, a pesar de las amenazas recibidas años atrás.
“El mismo Luis Enrique apuntó en 2015 hacia los políticos. Aunque ahora, a la distancia, habrá que analizar con mucho cuidado si hubo en todo este tiempo nuevos elementos de riesgo, o si hubo agresiones o amenazas más inmediatas”, consideró Leopoldo Maldonado.
“Lo que nos queda claro es que hace 11 años, cuando no existía ningún mecanismo, Luis Enrique logró sobrevivir a las amenazas. Y ahora que existe un mecanismo… pues no vemos que se haya reducido el riesgo para los periodistas”, apuntó el activista. Agregó que, a pesar de que 2022 aún no llega a la mitad, ya se registraron nueve asesinatos de comunicadores en México, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya van 34 homicidios de periodistas.
“Este último suceso lo que nos confirma es que estamos ante una de las peores espirales de violencia contra la prensa y los medios de comunicación de la que se tenga registro en México”, recalcó el director de Artículo 19.
La tarde de ayer jueves, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, prometió que la fiscalía no descartará ninguna línea de investigación en el homicidio.
“Se citará a quien sea necesario para las indagatorias, aunque esto represente llamar a actores de la vida política del estado”, aseguró la fiscal.
El lugar más mortífero para la prensa
Ante la creciente espiral de violencia en contra de periodistas y medios, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución para pedir al gobierno de López Obrador que garantice la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de los derechos humanos.
La Eurocámara destacó: “México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Este pronunciamiento desató una respuesta del presidente mexicano, quien descalificó a los eurodiputados llamándoles “borregos” que se oponen a su administración.
“Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México”, criticó el mandatario en la conferencia de prensa matutina del 11 de marzo.
Poco antes de la postura de la Eurocámara, el 23 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos mostró, a través de Antony Blinken, secretario de Estado, su “preocupación” por las amenazas y agresiones en contra de la prensa en México. Estas mismas declaraciones también fueron descalificadas por el presidente López Obrador, quien dijo que Blinken estaba “mal informado” o actuaba “de mala fe”.
El aumento de la violencia contra la prensa en el último trienio está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades, a lo que se suma la denostación de la labor periodística desde la presidencia.
Texto: Dalila Sarabia / Animal Político
Fotografía:
6 de abril de 2022
Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.
“No nacimos hace tres años. Precisamente por eso, sabemos, a pesar de la negación, que hoy el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018”, afirma la organización en su informe anual 2021 titulado Negación.
“La continua violencia contra la prensa es el resultado de gobiernos ausentes, tanto el actual como los pasados, que han sido incapaces de impedir la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión y de reparar el daño, y que, por el contrario, agreden directamente a los medios mediante el estigma, la violencia física y el acoso, entre otros agravios”, subrayan.
De acuerdo con el informe, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 1,945 ataques contra la prensa, entre ellos, el asesinato de 33 periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más. Si estos datos se contrastan con los registrados por Artículo 19 durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 1,053 agresiones, entre ellos, el asesinato de 16 comunicadores, se advierte un incremento del 85%.
El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades. “Por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.
Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron: la intimidación, con 199 casos (30.95%); las amenazas, con 96 ocasiones (14.91%), y el uso ilegítimo del poder público, que ocurrió 64 veces (9.94%). En conjunto, estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total.
Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, es importante señalar que año con año esta forma de violencia contra los periodistas ha tenido un incremento inquietante.
En 2015, por ejemplo, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.
“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar”, revela el informe anual.
El presidente López Obrador, continúa el documento, utiliza su conferencia matutina para estigmatizar la labor periodística, lo que ha abonado a que miles de periodistas deban ejercer su labor en un contexto hostil. Incluso, revela Artículo 19, en 2021 –por primera vez– se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país. Ningún estado es ajeno a esta situación.
La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.
El informe detalla, por ejemplo, que en la CDMX los periodistas que más violencia padecen son quienes cubren las acciones de personas funcionarias públicas, sus procesos de transparencia o de corrupción. “Con 33 ataques perpetrados por personas funcionarias civiles y por fuerzas de seguridad civiles, es también la entidad con más agresiones realizadas por autoridades locales”, exponen.
En tanto, en Guerrero –segunda entidad con mayor número de ataques contra la prensa–, el 19.23% de las agresiones fueron cometidas por integrantes del crimen organizado, mientras que 38.46% fueron perpetradas por personas servidoras públicas, lo cual refleja la colusión y las pugnas por el poder en la entidad “que tienen larga data en el marco de una historia cargada de cacicazgos, intervenciones militares, represión y pobreza”.
El comunicador independiente, Bernandino Hernández, lo ha vivido desde 2019 al ser víctima de múltiples agresiones por su ejercicio profesional cubriendo la inseguridad que se vive en Acapulco y en municipios aledaños. De acuerdo con su testimonio, contenido en el informe de Artículo 19, cuando acudió a la policía a reportar homicidios, la respuesta que recibió fue que dejara de hacerlo o que “se atuviera a las consecuencias”.
En 2021 de nueva cuenta fue víctima de agresiones, en esta ocasión, por parte de integrantes de la delincuencia organizada quienes lo forzaron a publicar información sobre las actividades que llevaba a cabo el grupo delincuencial. Denunciar los hechos representó ser víctima de más agresiones.
“Oficiales de la policía me dicen: ‘atente a las consecuencias de lo que estás diciendo’. En los mismos Ministerios Públicos donde hace uno la denuncia, deja su número y tiempo después nos llegan mensajes y amenazas a nuestros teléfonos”, señala Hernández.
Realidades que se niegan
En los últimos años, desde el poder presidencial se ha privilegiado un discurso en contra de la labor periodística en México. Cuando se confronta este actuar con datos, la respuesta del ejecutivo es negar la realidad y estigmatizar.
Esto se hace particularmente en las conferencias matutinas que encabeza a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se han convertido en el espacio perfecto para la concentración de la comunicación social, la desinformación oficial y clausura de los mecanismos formales de acceso a la información pública. “Vemos a un Estado muy presente para ejercer la violencia y ausente para lograr la prevención, la protección, la justicia y la reparación anheladas”.
De enero a diciembre de 2021, Artículo 19 registró que por lo menos en 71 ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente, el propio López Obrador –u otros integrantes del gabinete– denostaron a la prensa en general y su labor con afirmaciones como “son amarillistas”, “están en contra del gobierno”, “son parte de la mafia del poder”, entre otras.
Se trata de un discurso que ha tenido un efecto cascada en al menos 46 casos en los que tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso de la mañanera – como “fifís”, “chayoteros”, “vendidos”– en eventos públicos dentro y fuera de la capital del país. De ellos, 27 tuvieron lugar en Baja California, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz y Chihuahua, reveló la organización.
“De este modo, las conferencias de prensa –principal modelo de comunicación social de esta administración– se han consolidado como un mecanismo de difusión de información engañosa, difícilmente verificable o, a veces, simplemente errónea”, advierte Artículo 19.
De hecho,para contrarrestar la crítica y deslegitimar a la prensa, desde el 30 de junio de 2021 el ejecutivo federal institucionalizó la sección semanal “Quién es quién en las mentiras”, espacio encabezado por Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.
Esta sesión se inauguró para “corregir” la presunta tergiversación dolosa de medios de comunicación respecto al actuar del gobierno federal; sin embargo, se trata de un espacio en el que se comparte información falsa o engañosa.
En este contexto, y de forma paralela, los ciudadanos, haciendo uso de su derecho a la información pública, se han topado con pared. Información inexistente, declaraciones de incompetencia o la clasificación y reserva de esta se ha convertido en la constante.
“Al inicio de este sexenio se observó un uso combinado de declaratorias de inexistencia y de notoria incompetencia. Sin embargo, en 2020 y 2021 se consolidó la tendencia a privilegiar esta última como principal mecanismo para negar información. El Sistema Nacional de Transparencia permite ver que en la administración pública centralizada hay un incremento de las declaratorias de notoria incompetencia a nivel nacional, la cantidad más alta desde que se tienen datos”, alertó Artículo 19.
De hecho, solo entre mayo y noviembre de 2021 se presentaron 602 denuncias administrativas por incumplimiento a resoluciones del pleno del INAI ante órganos internos de control de instituciones federales.
“Se trata de una administración pública que se niega a ofrecer datos abiertos para no verse sometida a ningún tipo de crítica y escrutinio públicos”, subraya la organización.
Discrecionalidad del gasto en publicidad
En un contexto en el que la polarización y la construcción de verdades “legítimas” e “ilegitimas” es la constante, conocer qué uso se le da a la publicidad oficial resulta de suma importancia, pues aunque es cierto que durante 2021 se mantuvo la tendencia a la baja en este gasto con respecto a administraciones pasadas e incluso al 2020, los procesos a través los cuales se decide la entrega siguen siendo discrecionales.
De acuerdo con cifras preliminares de la pagina de Comunicación Social a nivel federal se ejercieron mil 326 millones 202 mil 915 pesos, es decir, 922 millones menos de lo ejercido en 2020; sin embargo, expone Artículo 19, la concentración del gasto en ciertos medios, la acumulación de su ejercicio al final del año o “gasto decembrino” y los montos privilegiados para algunas instituciones, genera una relación igualmente perversa que el gasto exacerbado.
Durante 2021, la concentración de los recursos se centra en un grupo privilegiado de medios de comunicación y por vez primera, el periódico La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca. Estos tres medios representan 33% de la totalidad de los recursos recibidos.
Es importante mencionar que, de acuerdo con la revisión hecha por Artículo 19, del total de los recursos ejercidos en publicidad oficial, casi el 60% se ejerció en el mes de diciembre.
“Es preciso mencionar que en la administración actual ha cambiado el mecanismo de control de los flujos de información con respecto a gobiernos anteriores. En el pasado, el dominio de las líneas editoriales era posible a través de un gasto excesivo en publicidad oficial, lo que generó un panorama de dependencia financiera desde el momento en que podía ser retirada arbitrariamente.
“En la administración actual, en cambio, existe un mecanismo que denominamos de ‘asignación positiva’. En este nuevo modelo hay una reducción excesiva del presupuesto, en el marco de que más bien se premia la alineación con los discursos oficiales. Ejemplo de ello ha sido el evidente discurso oficialista del periódico La Jornada y el hecho de que en los últimos tres años haya estado entre los tres medios que más recursos reciben”, agrega la organización en su informe.
El 31 de enero pasado, el director del medio regional Monitor Michoacán, Armando Linares López, repudió el asesinato de su colaborador Roberto Toledo. Exigió justicia en lo que eran hasta ese mes las instalaciones de su portal, habilitadas como un set de televisión. 43 días después, el 16 de marzo, él también fue asesinado.
Armando fue el octavo periodista asesinado en 2022, a la mitad del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo periodo han matado a 33 colegas.
Enero fue un mes letal. Primero fue José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, en Tijuana, Baja California, luego Roberto, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.
Febrero y marzo completó la cifra oprobiosa. Hebert López, en Oaxaca; Jorge Camero Zazueta, Sonora y Juan Carlos Muñiz, Zacatecas. Todos con armas de fuego. Todos impunes.
Desde el 2000 hasta este marzo, han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 desaparecidos por su labor de informar, de acuerdo a la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Fotografía: Oscar Guerrero
En estados al sur como Guerrero, donde ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, los periodistas sufren desplazamientos masivos; en el Estado de México, uno con altas tasas de feminicidio, secuestraron a una de las periodistas más críticas, Teresa Montaño, mientras que, en el estado del oeste, el efecto Monitor Michoacán ha hecho que cierren sus cortinas otros medios regionales, por mencionar algunos casos.
Antes de ser desaparecido o asesinado, un periodista mexicano padece la precariedad de su profesión— hay medios locales que pagan cuatro mil pesos al mes—, el acecho de políticos que responden con agresiones a las críticas, persecuciones y hostigamiento. Los freelancers la pasan peor, hay meses que no consiguen vender ni una nota o fotografía.
Un periodista no tiene seguro de vida, tampoco capacitaciones constantes de parte de sus empleadores para cumplir con su trabajo, mucho menos en materia de seguridad, aunque lo mismo se mueven en las sierras donde se siembra amapola, en medio de enfrentamientos o en pueblos fantasma donde la gente huyó para conseguir una mejor vida.
Una nota de ocho columnas, le puede costar la vida, como a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo del 2017 o a Miroslava Breach, en marzo de ese mismo año y cuyo caso es de los pocos en donde hay detenidos: Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio de Chínipas, fue condenado a ocho años por participar en su homicidio .
Por poner un ejemplo de la informalidad laboral en la que se hace periodismo en México, en 2020 el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Zoé Robledo informó que en país 22 mil periodistas no están afiliados a un sistema de seguridad social.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para los medios, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF). Lo ubica en un lejano sitio, el 143 de 180 países evaluados, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021. En Latinoamérica, equiparables violencias viven Venezuela, Colombia y Brasil.
“La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado—especialmente a nivel local—, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría”, apunta RSF.
La violencia contra los periodistas en México, en un país con un promedio de hasta 100 asesinatos al día, es un fenómeno más que completa un abanico criminal que incluye feminicidios, desaparición forzada, desplazamientos, asesinatos a defensores de derechos humanos, entre otros. Al igual que la mayoría de casos, los homicidios y desapariciones de periodistas están impunes. El 99.3 por ciento de casos sin resolver, según Artículo 19.
Organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) han alertado que este sexenio se perfila como uno de los más violentos para la prensa en México, no sólo por los asesinatos y desapariciones, sino también porque el presidente López Obrador mantiene una confrontación diaria y abierta contra los medios de comunicación y periodistas que considera contrarios a su gobierno.
Su representante en México, Jan-Albert Hoosten, dice que el gobierno de López Obrador debe demostrar voluntad política para resolver los crímenes contra la prensa, hacer claras sus reglas de operación sobre la publicidad oficial y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) que mantiene a mil 455 personas inscritas, en el cual 467 son comunicadores y 988 defensores, hasta abril del año pasado.
El del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) había sido el período más letal para la prensa: 48 asesinatos en esos años que inició la “guerra contra las drogas”, una estrategia que envió a los militares a las calles, supuestamente a pelear contra las bandas criminales, a quienes en ese sexenio les atribuyeron las altas tasas violentas.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 47 periodistas asesinados. Aunque con Calderón en cifras sólo fue un colega más, el hostigamiento y agresiones aumentaron año con año. Artículo 19 alertó que hasta 2018 cada 24 horas un periodista era agredido, mientras que con López Obrador la frecuencia escaló: cada 14 horas la organización registró un ataque contra la libertad de expresión hasta 2021.
Artículo 19 registró 507 agresiones a periodistas en 2017; en 2018, fueron 544; en 2019, sumaron 609; en 2020, 692 y en 2021 documentó 644.
Todo esto, en un contexto de violencias traslapadas. El delito de feminicidio aumentó en un máximo histórico. Hasta 2021, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hubo mil cuatro casos de feminicidios, sin dejar de considerar que también las violaciones sexuales y la violencia familiar aumentaron durante la pandemia de COVID-19, en 2020.
Aunque la explicación presidencial refuta que hayan aumentado los delitos como consecuencia de una fallida estrategia de seguridad nacional, aún con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional—la corporación militar que suplió en tareas de seguridad a la Policía Federal que operó hasta el sexenio anterior—, al cierre del 2021 el gobierno de López Obrador registró más de 106 mil víctimas de asesinato.
Nuestra única defensa es una pluma
“Exhibir gobiernos, funcionarios y políticos corruptos nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros… Nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta”, fue el mensaje con el que Armando Linares exigió justicia el 31 de enero.
Fotografía: Oscar Guerrero
¿Qué pierde la sociedad cuando se cierra un medio, cuando asesinan a un periodista?
Montitor Michoacán era una voz importante para los ciudanos de ese estado, característico por la cantidad de civiles armados y las estretegias de seguridad que han iniciado, como en diciembre del 2006, cuando Calderón comenzó allí su combate al nacotráfico con el despliegue de 7 mil soldados. Desde el asesinato de Armando Linares, al menos seis portales más pausaron su actividad. Algunos periodistas salieron de ese estado.
Desde el 2 de diciembre del 2021, dos meses antes de que asesinaran a Roberto Toledo, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR) y denunció amenazas de muerte. No fue escuchado.
Este organismo, desde su creación en 2010, sólo ha logrado 149 órdenes de aprehensión y formal prisión para 14 personas de 247 indagatorias iniciadas. De este caso hubo detenciones, de acuerdo a lo que el equipo sabe, pero no por el asesinato de Roberto sino de Armando. También que fueron asesinados dos presutos pistoleros a finales de marzo.
Sólo a Armando Linares el gobierno federal le dio el estatus de periosista, Roberto Toledo fue tratado por el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, como un ayudante, demeritando de ese modo su colaboración periodística con Monitor Michoacán, aunque con su nombre firmó investigaciones que señalaban claramente corrupción política.
Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, considera que las características de los reporteros asesinados en 2022 ponen en evidencia la descomposición de los lugares, la corrupción política y cómo es en las regiones más apartadas donde registran el mayor número de casos, además, son los funcionarios, elementos de corporaciones policiacas y servidores públicos, los principales agresores .
Para Balbina Flores, representante de RSF en México, el periodismo local como el que hacía Roberto, es similar a casos como el de Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Reporteros en la calle que tienen sus propios medios, lo cual es más vulnerable, porque están alejados y solos.
“Es el periodismo más frágil y más solitario es el que se hace en los últimos cinco años en México. La impunidad se instala como la práctica más común a dónde las Fiscalías locales no les importa hacer investigaciones profundas y pueden pasar años y años los expedientes allí”, critica.
Un ejemplo de esto: Guerrero, Michoacán y por su puesto Veracruz, el estado más letal para la prensa con 31 asesinatos en los últimos 20 años.
Joel Vera repitió a la Feadle lo que ya habían denunciado en la Fiscalía local de Michoacán, que las amenazas provenían de funcionarios y políticos vinculados al ex gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, uno de ellos encarcelado en 2009. Él y su equipo están exiliados.
Dos homicidios después, con una querella iniciada con folio de investigación 100053/2021, en la que también compareció Armando Linares y reveló los nombres de varios políticos, no hay una sola indagatoria que indique al equipo, si el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís o el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, a quienes denunciaron con investigaciones sobre supuestos actos de corrupción, son investigados.
A Roberto Toledo lo sepultaron en Morelos, de donde era originario, había ido a ese estado en busca de oportunidades. “Lo importante era llevarlo donde está su papá, está la familia, es como le digo, lo llevamos para Cuernavaca, triste, porque no es la forma en la que la familia se reúne”, comparte su hijo.
Su hijo exige justicia, se siente vulnerable y le da miedo, como al resto de su familia, todo en torno al asesinato. Quieren que el Mecanismo de Protección a periodistas y todos los protocolos sirvan antes de que alguien denuncie amenazas. Después para qué. “¿Uno qué hace cuando su familiar ya está asesinado?”.
En Michoacán han sido asesinados del 2000 a la fecha 12 compañeros.
Fotografía: Amílcar Juárez
Vivir desplazado
Guerrero es uno de los estados más peligrosos para ser periodista. No sólo por sus insurrecciones, también cuenta con seguridad federal y presenta los más altos índices de violencia histórica. El 2013 fue el más mortífero: tuvo la tasa más alta de homicidio doloso, 69.57 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Muy por encima de la media nacional.
Desde 1999 a la fecha han sido asesinados 15 periodistas, el último, el 2 de agosto del 2020, Pablo Morrugares en Iguala. Las amenazas se cumplieron, porque a partir del 26 de septiembre del 2014, el día que fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa en ese municipio, la tragedia representó un hito para el periodismo local.
Al menos 30 colegas de la zona Norte, una región que colinda con los estados de México y Morelos han tenido que abandonar Iguala por amenazas. La mayoría no está en el Mecanismo de Protección.
Colegas entrevistados al respecto, sin revelar su identidad por seguridad, hicieron una narración de lo que ha pasado en los últimos siete años en Iguala.
Una de las voces explicó que esta violencia se presentó desde 2012. No era tan visible pero ya comenzaban las extorsiones, secuestros, que los criminales se llevaran gente, que la reclutaran para sus actividades, cuando pasó la desaparición masiva del 2014. Fue a partir de que Iguala se convirtió en una gran fosa clandestina cuando la violencia escaló.
Tan sólo en los registros de los colegas locales, de 2014 a 2017 habían encontrado a 300 personas en los cerros. Cuando las organización criminal Guerreros Unidos se fractura por las detenciones que hubo en torno a Ayotzinapa, los colegas empezaron a recibir amenazas.
“Te decían qué publicar, que no. Los de la nota policiaca quedábamos en medio de esos dos grupos, mientras uno te amenazaba con no publicar cierta información, el grupo contrario te amenazaba si no publicabas información”, narra.
Los criminales hicieron grupos de WhatsApp y allí metieron a colegas. Les daban indicaciones.
“Mi incorporación al Mecanismo es desde el 2018, pero mi desplazamiento fuera de Iguala, lo hice por propios medios en 2020, porque el Mecanismo te obliga como opción ser desplazado, pero tiene que ser forzosamente fuera del estado, en mi caso, por la cuestión laboral no podía estar retirado de mi fuente de trabajo”, dice otra voz.
Los compañeros han recibido amenazas personales y a sus familias. Les arrebataron su tranquilidad. El desplazamiento no sólo afecta su economía, también la manera en la que hacían periodismo. Muchos dejaron de publicar noticias referentes a la seguridad. Actualmente en Iguala sólo hay dos colegas que trabajan en la nota roja.
Con el gobierno actual de Evelyn Salgado aumentaron los refuerzos de seguridad en ciudades con índices violentos como Iguala. Participan la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército sin que esto garantice a la población estar en paz.
No se escuchan los hechos de violencia en la misma frecuencia que hasta 2018, pero porque ya no hay quien los reporte como tal. Como ejemplo, hace unos días mataron a seis personas sin que nadie diga nada.
“Hay un antes y un después de Ayotzinapa. Lo que evidenció el caso es que hay mucha gente involucrada con el crimen organizado, desde comercios, gente que se dedicaba al cobro de cuotas, a la venta de narcóticos… me llama la atención que a la gente le incomoda, critica mucho las movilizaciones de organizaciones sociales, porque acabaron con la lucha social en la zona”, dice.
La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) considera que el gobierno estatal distribuye los recursos públicos de manera discrecional y es el principal agresor, tan sólo en 2017 registraron 32 agresiones en contra de 40 periodistas. El dirigente de esta organización, Jesús Guerrero, considera que los gobiernos de Morena, afines al presidente agreden aún más emulando el discurso golpista del presidente.
A salto de mata: así se hace periodismo en México
Tere Montaño, una reportera con 30 años de experiencia, quien probablemente es la mujer que más ha revisado el ejercicio público en el Estado de México fue secuestrada, ha padecido hostigamiento, amenazas, precariedad laboral, desplazamiento y censura.
En 2016 fue demandada por supuesto «daño moral» por cinco millones de pesos por parte de abogados de un regidor del municipio de Metepec, quien fuera secretario particular del exgobernador César Camacho Quiroz, cuando fungió como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que gobernó por más de 70 años México, por una investigación sobre contratos adjudicados por el gobierno mexiquense a empresas de dicho político.
En esa entidad fueron asesinados Enrique García y Nevith Condés, uno de ellos ocurrido el 17 de junio del año pasado en Metepec y el otro sucedido el 24 de agosto del 2019 en Tejupilco, quienes al igual que Tere hacían un trabajo crítico. Ella ha publicado en varios medios nacionales y extranjeros. En El Heraldo de México la corrieron por presiones del gobierno del Estado de México. No bastó con esa intimidación, fue secuestrada en 2021.
“Durante el secuestro del año pasado, no sólo me privaron de mi libertad durante más de tres horas, saquearon mi tarjeta, se llevaron el contenido completo de un archivo, mi computadora, donde tenía documentos digitales de las últimas investigaciones, mi carro…”.
Ella tiene miedo de que sus secuestradores atenten contra su vida y la de su hijo. Las agresiones contra los periodistas aumentaron, pero también es importante que las autoridades revisen con transversalidad cada caso. Ella tuvo que poner una lonchería para sobrevivir porque no puede mantenerse como periodista, no la contratan.
“Lo que pasa que la amenaza fue hoy mañana o en dos años: regresamos por ti y por tu hijo. Los del Ministerio Público estatal me decían: ah no eso les dicen a todos…Me da miedo porque me quedo sola, con mi hijo, es un joven, pero yo siempre tengo miedo, a qué hora van a venir y se lo llevan”, confiesa.
Ve un panorama complejo para ser mujer, periodista y vivir en estados violentos como el suyo; además, no descarta que esta estrategia contra los periodistas en México venga de la oposición a López Obrador, en cuyo periodo es innegable, se siente con mayor vulnerabilidad.
“Sería espantoso, pero que no lo podemos descartar. Nos llama la atención a quienes hemos sufrido agresiones y por lo que vemos que en esta 4T-gobierno de López Obrador- se hayan incrementado las violencias, los asesinatos, coincide con esta esta guerra política que trae la 4T y la derecha, sería espeluznante que los asesinatos de periodistas formen parte de la estrategia de la derecha, sería horrible que nos estén utilizando”, dice.
El gobierno federal sigue sin clarificar el móvil de los asesinatos de periodistas ocurridos en lo que va del año para saber si estos estaban o no relacionados con su actividad profesional. Sólo reconoce el asesinato de seis comunicadores.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló en el último informe al respecto que hasta el momento hay 16 detenidos por cuatro de los seis homicidios que reconocen: 10 en el caso de Margarito Martínez, tres por el de Lourdes Maldonado, dos por Heber López y uno por Juan Carlos Muñiz.
De acuerdo con el medio de comunicación, Juan Carlos era conocido en el zona como Rigoberto o el TX y colaboraba desde años en Testigo Minero y otros medios, y al mismo tiempo trabajaba como taxista.
El periodista Juan Carlos Muñiz, colaborador del diario Testigo Minero, fue asesinado este viernes en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
De acuerdo con el medio de comunicación, Juan Carlos era conocido en el zona como Rigoberto o el TX y colaboraba desde años en Testigo Minero y otros medios, y al mismo tiempo trabajaba como taxista.
“Se exige a las autoridades realicen un exhaustivo trabajo de investigación a fin de aclarar el móvil de éste reproblable homicidio y dar con los responsables. Es urgente reflexionar ante la cruda realidad que se vive en nuestro país, estado y municipio. Para desde nuestra trinchera contribuir en un cambio como miembros de la sociedad y como comunicadores con el ejercicio libre y crítico de la expresión”, sostuvo el medio en un posicionamiento.
Condeno el acto en el que fue privado de la vida, la tarde de hoy, en Fresnillo, Juan Carlos Muñiz, trabajador del portal de noticias Testigo Minero y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y colegas.
— David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) March 4, 2022
Juan Carlos Muñiz es el séptimo periodista asesinado en lo que va de 2022.
Aunque en las últimas semanas se ha presentado información sobre el caso de Lourdes Maldonado, el asesinato de la periodista tijuanense sigue sin esclarecerse; en contraparte, el caso de Margarito, el fotorreportero asesinado un mes atrás, parece estar en el olvido institucional
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Fotografía: María Ruiz
18 de febrero de 2022
Este jueves, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los avances en la investigación de los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. La información, sin embargo, sigue sin ofrecer claridad sobre el móvil de ambos asesinatos. Asimismo no hay indicios sobre la autoría intelectual de los crímenes.
Este jueves, el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía explicó la metodología que llevó a las detenciones de los tres presuntos asesinos de la periodista, quienes hoy se encuentran vinculados a proceso. De igual forma ahondó en otros casos de periodistas asesinados en el país.
Además, afirmó que existe otro sujeto que puede resultar clave para develar la autoría intelectual del crimen.
Ante esto, periodistas de Tijuana han expresado sus dudas respecto a los alcances de las investigaciones que realizan el gobierno federal y las autoridades locales desde el 25 de enero, pues no ha habido una línea de investigación clara para esclarecer los homicidios.
La prioridad gubernamental, señalan, se ha centrado en el caso de Lourdes Maldonado, y no en el de Margarito Martínez. El motivo, intuyen, es el interés que tiene la federación para proteger la imagen del exgobernador Jaime Bonilla, quien tenía un conflicto laboral con la periodista tijuanense.
Federación insiste en no adelantar juicios contra Bonilla
El 26 de marzo de 2019, la periodista Lourdes Maldonado se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Fue a pedir apoyo ante un litigio laboral que sostenía con una empresa del ahora exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Durante su intervención, Maldonado dijo temer por su vida.
“Vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia; y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, expresó en aquél entonces. Años después, y unos días antes de su asesinato, Maldonado informó que ganó un juicio laboral contra el exgobernador.
Estos antecedentes hicieron que la opinión pública centrara sus ojos sobre Jaime Bonilla. El contexto lo justificaba y, mínimamente, ameritaba investigar a profundidad esta relación; pues además de esto, la periodista se encontraba bajo el mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Pese a esto, en las investigaciones que coordina una fiscalía especial de Baja California (en coordinación con el gobierno federal), el nombre del exgobernador no ha resonado.
Inclusive, un día después del asesinato de Lourdes, el presidente declaró que, respecto a la probable responsabilidad de Jaime Bonilla, no se hicieran “juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no son los tiempos de antes, ayer lo dije: no somos iguales”.
Este jueves, la titular de la SSP repitió el mensaje:
“No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes, o se intenten construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, con profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables”.
Rosa Icela Rodríguez.
Por su parte, el presidente López Obrador dijo que “no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla”.
Y demandó a los medios de comunicación que no utilizara “estos lamentables hechos con propósito politiqueros”, pues para el presidente, en este caso, “ni siquiera se puede hablar de política”.
No obstante, y aunque los presuntos autores materiales del asesinato de Lourdes ya están bajo proceso, en el caso de Margarito Martínez la justica ha tardado en llegar ya que, desde su muerte, aún no hay información sobre las investigaciones que se realizan para esclarecer su asesinato.
Móvil difuso
Aunque el pasado 9 de febrero la federación dio a conocer la detención de tres sujetos identificados como los presuntos asesinos de Lourdes Maldonado
; hasta el día de hoy el móvil del homicidio no se ha resuelto. Inclusive, la detención de estos hombres, inicialmente, fue por el delito de narcomenudeo, y no por homicidio. Su identificación deviene de la revisión de los videos por parte del cuerpo especial de investigación.
En el caso de Margarito Martínez, no hubo tal “golpe de suerte”.
El 19 de enero, la Fiscalía de Baja California informó la detención de Ángel N., presunto homicida de Margarito. Sin embargo, al igual que con Lourdes, el motivo por el que resguardaron a este sujeto fue por narcomenudeo. Días después, Ángel N. quedó en libertad.
Estas detenciones parecen indicar que en ambos asesinatos estuvo involucrado el crimen organizado. Esto, por la relación que existe entre los sujetos detenidos con el tráfico de drogas. Sin embargo, para algunos reporteros de Tijuana esto no explica nada, pues en la ciudad fronteriza es difícil separar a las organizaciones criminales de cualquier hecho violento; es decir, las problemáticas allá se moldean a partir de esto.
Versión federal
La versión del gobierno federal gira en torno a que, en los dos casos, se presume la participación de grupos delincuenciales. No dicen más, lo que se sabe es mínimo debido a una reserva en la información pública sobre las audiencias (en el caso de Lourdes), o las líneas de investigación (en el caso de Margarito).
Respecto a la opacidad en la información (específicamente en el caso de Lourdes Maldonado), Rosa Icela Rodríguez afirmó que “no se ha hecho una audiencia pública por el riesgo de uno de los testigos, especialmente. Entonces, más adelante se dará a conocer exactamente cuáles fueron las medidas que se tomaron, pero hoy es por el riesgo de un testigo”.
Y añadió que esto “no significa una medida discrecional del Ministerio Público (de Baja California). Nosotros (la Federación) estamos de acuerdo con esa medida”.
Pese a esto, los dos casos tienen similitudes: ambos periodistas se encontraban bajo la protección del mecanismo estatal; así como la forma en que fueron asesinados. Un solo disparo, a la cabeza, en ambos casos.
Asimismo, el asesinato de los dos periodistas ha hecho que la indignación al interior del gremio crezca, por lo que su muerte, así como la de otros periodistas y comunicadores, ha generado una serie de protestas en distintos estados de la república.
Del 2000 a la fecha, en Guerrero 15 periodistas han sido asesinados. Ocho durante los seis años de gobierno del priísta Héctor Astudillo y uno en estos casi tres meses en lo que va la administración estatal que encabeza la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
14 de febrero del 2022
Chilpancingo
En rechazo a las agresiones y asesinatos que se han cometido contra periodistas en Guerrero y en el país, reporteros de esta ciudad protestaron afuera de las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR).
La reportera de El Sur, Lourdes Chávez quien leyó un pronunciamiento, dijo que el gremio periodístico atraviesa por la crisis más violenta en el país desde el 2017 cuando aún gobernaba el régimen neoliberal, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura al inicio de su gobierno en 2018, esta época había terminado.
En los primeros 42 días de este 2022, cinco periodistas han sido asesinados. José Luis Gamboa, en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Baja California Norte, así como Roberto Toledo, en Michoacán y apenas el pasado 10 de febrero, Heber López Vázquez.
Indicó que de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha, suman 150 periodistas asesinados en México, posiblemente relacionados con su labor; 138 eran hombres 12 mujeres.
De estos crímenes, 47 se registraron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en lo que va del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, van 30. Del 2000 a la fecha, en Guerrero 15 periodistas han sido asesinados.
Ocho durante los seis años de gobierno del priísta Héctor Astudillo y uno en estos casi tres meses en lo que va la administración estatal que encabeza la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda.
Durante la protesta, los trabajadores de los medios colocaron en varias sillas las fotografías de los cinco periodistas asesinados en los últimos 42 días de este año.
También pintarrajearon de color rojo las rejas del acceso principal de la delegación estatal de la FGR. Justicia, era la consigna.
Lourdes Chávez dijo que en todo el territorio del país se han registrado atentados, desapariciones, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y otros ataques contra la prensa.
Desde el 2003, 23 periodistas han desaparecido; tan sólo en el primer semestre del 2021, en México se agredió a un periodista cad 12 horas, de acuerdo a datos de Artículo 19.
«Dichas agresiones son perpetradas principalmente por los gobiernos coludidos con el crimen organizado, en un claro esfuerzo por callar las voces de quienes nos dedicamos a la labor informativa, cuestionando y contrastando datos, con el único fin de contribuir a que la sociedad forje su criterio propio», dijo la reportera de El Sur.
Chávez también expuso las otras formas de violencia que sufren los periodistas como es la negación de sus derechos laborales.
«Las y los trabajadores de los medios laboramos durante largas jornadas con salarios miserables, sufrimos acoso laboral y sexual, tememos por nuestra seguridad y aún así no tenemos garantizada una vejez digna, en caso de que lleguemos a la vejez», expresó.
Planteó el cese de la violencia hacia la prensa, misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros gobernantes en el país promueven a través de su discurso de odio hacia los medios y sus trabajadores .
«No somos enemigos del Estado y exigimos garantía para ejercer nuestra labor sin temer por nuestras vidas», afirmó la reportera durante el mitin.
Exigió que los asesinatos de las y los periodistas no queden impunes y que su labor periodística sea considerada dentro de las líneas de investigación.
«Queremos justicia real, basta de simulación en la investigación que supuestamente realizan las autoridades», dijo la reportera que leyó el posicionamiento.
Por su parte, el reportero Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada, denunció que los gobiernos federal y estatal siguen sin garantizar el regreso de un grupo de periodistas de Iguala, Taxco y Zihuatanejo que siguen desplazados debido a las amenazas que han recibido de la delincuencia que esta coludida con las autoridades.
Ocampo quien es integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) señaló que existen zonas silenciadas de esta entidad en donde los reporteros no pueden realizar coberturas informativas por la presencia del crimen organizado.
En mayo del 2018, Sergio y una decena de periodistas fueron retenidos más de media hora por miembros de un grupo de sujetos armados en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en las inmediaciones de la localidad de Acapetlahuaya, en Tierra Caliente.
«Lo que estamos exigiendo es de que el gobierno nos garantice nuestro derecho a la libertad de prensa y que paren las agresiones y asesinatos», pidió.
Luis Blancas, dirigente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), denunció que hasta ahora los crímenes contra los periodistas han quedado en la impunidad.
Esta página aparece en blanco como acción de protesta y memoria por el asesinato de Heber López Osorio, reportero de la página Noticias Web de Salina Cruz, Oaxaca. Él es el sexto periodista asesinado en México en 2022. Desde Amapola. Periodismo transgresor exigimos justicia y un alto a la violencia contra las y los periodistas en el país.
En 2019, el reportero Leonardo Martínez Peralta huyó de Zihuatanejo después de que rafaguearon las oficinas de los periódicos El Despertar de la Costa y el ABC, en este último, lugar donde trabajaba, tres años después regresó porque según el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) su riesgo disminuyó. El pasado cuatro de febrero lo amenazaron de muerte.
El reportero recordó que en febrero del 2019 cubrió una nota del hallazgo de unos cadáveres, pero en el ABC llegaron amenazas de dos grupos criminales contrarios, uno pidiendo que se publicara la nota y otro que no. Se publicó. Al siguiente día rafaguearon las instalaciones del periódico y de El Despertar de la Costa.
Leonardo Martínez salió de inmediato de Zihuatanejo hacia la Ciudad de México junto con otros de sus compañeros, con apoyo del mecanismo de protección.
En agosto pasado, cuando estaba a punto de terminar la medida cautelar impuesta por el mecanismo, el analista Alfonso de la Peña le llamó para informarle de la evaluación que le habían hecho, el resultado: tenía que regresar a Zihuatanejo porque “ya no corría riesgo” y “con cierta precaución”.
Lo único que le aportaron en el mecanismo a su regreso fue: un botón de pánico- que en diversas ocasiones han denunciado reporteros que no sirve porque no se atiende el llamado cuando lo piden-, a su casa le colocaron una reja con alambre de púas y doble chapa. En agosto pasado regresó a Zihuatanejo.
El regreso del reportero no fue fácil. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. Encontró negativas, así como le pasó en Ciudad de México, que al enterarse que era desplazado le negaban trabajos. No le quedó de otra que ir a El Despertar de la Costa a pedir que le permitieran ser colaborador, sin pago, para no perder sus derechos en el Fondo de Apoyo a Periodistas.
En el periódico no mandaría nada que tuviera que ver con grupos criminales, y hace unos días mandó su primera nota sobre los Bancos del Bienestar que están sin funcionar en Petatlán, Zihuatanejo y en La Unión.
El pasado 4 de febrero reporteó sobre la contaminación del agua y acudió a dependencias como Ecología municipal, a la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseg) y al Centro de Salud, para saber sobre los riesgos en torno a la problemática. Le tomaron sus datos.
Luego fue al arroyo de la colonia El Calechoso, tenía una entrevista con pobladores.
“Llegué al lugar y me atendieron. Y en eso veo que pasa un tipo en una moto. Hasta ese día me di cuenta que ya llevaba días siguiéndome. Ya tenía tres días que me estaba siguiendo”, relató.
Al regresar, debajo de un árbol, estaba un hombre de unos 25 años, lo notó sospechoso porque se le quedaba viendo, cuando se lo topó paró al reportero y lo insultó.
“Mira hijo de tu puta madre, ya sabemos que ya regresaste, vimos tu nombre en el periódico”, le dijo el hombre al reportero, para finalizar con un manotazo en el pecho y el arrebato del botón de pánico que traía colgado en el cuello.
Al subir a su vehículo, el reportero, dijo, que marcó al 911 para reportar lo sucedido y llegaron seis patrullas para hacer un retén. Los policías le dijeron que denunciara por la amenaza de muerte que vivió. Aceptó.
La amenaza y el robo también lo notificó al mecanismo de protección, y envió correos al coordinador ejecutivo nacional, Enrique Irazoque Palazuelos, al jefe de la Unidad de Evaluación de Riesgos, Alfonso de la Rosa López, y a su primer contacto Columba Pérez Pacheco. Además le notificó a la empresa RCU, quien le dotó del botón de pánico y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cuando a Leonardo Martínez le notificaron que debía regresar a Zihuatanejo porque el riesgo había disminuido tuvo la certeza que conforme empezara a escribir las amenazas regresarían, y así fue.
Antes de huir en 2019, las amenazas que recibió, dijo, eran de muerte y sabía que venían de grupos criminales, por ejemplo, una vez le dijeron que lo iban a matar, a cortar la cabeza y le iban a dejar cartulinas.
“Uno de los acuerdo con el mecanismo fue que iban hacer rondines en las cercanías de mi domicilio, en todo este tiempo sólo una vez han venido. Vinieron el 2 de noviembre del 2021, sólo me hicieron firmar un formato de que habían venido”, lamentó el reportero.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también le hizo una promesa, que le ayudarían a buscar empleo, tampoco cumplió. Además tiene la duda de si pronto le quitarán el apoyo de 4,000 pesos al mes que le da comisión ejecutiva.
“A veces siento que no me van a dar trabajo, eso me pone triste, me deprime. Acá siento que los compañeros se alejan de mí por el riesgo. La verdad si estoy pensando que si no encuentro trabajo en algún medio pues irme a la iniciativa privada, porque es difícil trabajar de gratis para los periódicos”, expresó el reportero.
Aunque la amenaza de muerte está latente Leonardo Martínez decidió hacer pública su situación, porque además el mecanismo de protección no está haciendo su trabajo pese al riesgo que vive, y no quiere ser un muerto más en la lista.
De acuerdo al organismo internacional Artículo 19, del 2000 al 2022 registró el asesinato de 48 periodistas en el país. Durante enero asesinaron a cuatro periodistas y durante el sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 29 periodistas.
El pasado 3 de enero, el colaborador del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos, en Zitácuaro, municipio de Michoacán, por hombres desconocidos.
