Agua, tierra y libertad, clama la 5ta Asamblea Nacional por el Agua

Este fin de semana se llevó a cabo la quinta edición de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Los de arriba quieren que olvidemos que somos parte de la naturaleza, pero nosotros nos empeñamos en defender a nuestra madre tierra, advirtieron.


Texto y foto: César Ernesto Hernández / Revista Espejo 

19 de agosto del 2024 

 

Ciudad de México – Con el lema “No habrá paz, vida y futuro sin Agua”, este fin de semana se llevó a cabo la 5ta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en la Ciudad de México.

Con presencia de 800 delegados de 269 organizaciones y colectivos de los territorios y pueblos indígenas de todo el país, la Asamblea trabajó en seis mesas en las cuáles respondieron a tres preguntas: ¿Cómo y quién despoja y contamina el agua y el territorio?, ¿Cuál es la respuesta del narcoestado? y ¿Con quiénes caminamos para fortalecer la resistencia?

El trabajo de la Asamblea, iniciado tras la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2021 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena, busca generar procesos de cooperación para fortalecer la lucha de los pueblos y organizaciones en defensa del agua, la vida y el territorio.

Desde su nacimiento, la asamblea se ha declarado como autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista y antimilitarista.

“La asamblea es una respuesta necesaria a la violencia gubernamental, ante el saqueo capitalista que amenaza la vida y los territorios. Busca unir esfuerzos para resistir y luchar dignamente sin pedir permiso ni perdón”, señala la organización.

En sí, a través de las mesas, la asamblea y la redacción de acuerdos y conclusiones, la asamblea busca fortalecer la organización comunitaria y propone acciones efectivas frente a la crisis hídrica desde la acción y la denuncia.

Existimos porque resistimos

Este año, la asamblea se llevó a cabo los días sábado 17 y domingo 18 de agosto en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes“, dónde con una gran carpa, pósters y los camiones que traían a los delegados desde las regiones del país, se cerró la avenida México-Coyoacán en una especie de protesta organizativa para acordar las próximas acciones de los pueblos frente a la crisis hídrica y la lucha por los territorios en todo el país.

Luego de llevarse a cabo las mesas de trabajo, el domingo 18 de inició el día con un desayuno comunitario con arroz, tortas de huevo, pozole, té y café como un primer gesto de comunidad y convivencia entre los asistentes. Más tarde, en reunión plenaria se leyeron las conclusiones de las seis mesas de trabajo y se llevó a cabo una rueda de prensa en la cual se dieron a conocer los acuerdos tomados por los pueblos organizados.

Tras una presentación de los delegados presentes, durante la amplia rueda de prensa se leyó la declaratoria final, en la cual los pueblos indígenas reiteraron a empresas, autoridades y crimen organizado que para los pueblos indígenas el agua es sagrada; esto ante la intención reiterada de “los de arriba” para que las comunidades olviden que son parte de la naturaleza.

En ese sentido, la asamblea reiteró su compromiso por defender a la madre naturaleza de las nuevas formas de despojo, destrucción y acaparamiento escuchadas durante los dos días del evento, como “la perforación de pozos y construcción de tuberías para la industria, simulando el cumplimiento del derecho al agua, pero otorgando concesiones ilimitadas para las industrias, mineras y empresas, mientras a la población es limitada”.

“Para los pueblos el agua es sagrada porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina; por eso pedimos permiso al territorio, por eso no lo traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman nosotros también, si el agua muere, nosotros y la vida, todo se acaba; si el agua ya no cae nada florece, nada vive”, se indicó en la declaratoria.

“Para ellos, los de arriba, resulta fácil mirar nuestro territorio e identificar las fuentes de agua, minerales y tierras fértiles; trazar carreteras, vías de tren, gasoductos para transportar mercancías y proveer a la industria. Les es fácil mirar el mapa y decir que población desplazar y eliminar. ·En esta guerra sangrienta, que no es más que una continuidad de la que inició hace más de 500 años, los pueblos seguimos en resistencia, caminando en ese territorio llamado México, en ese lugar llamado mundo, y en este caminar nos encontramos con nuestra historia y con nuestros pueblos y comunidades”, se puntualizó.

Por otro lado, la organización repudió el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al cual calificaron de capataz al servicio de los grandes intereses económicos con proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y el proyecto integral Morelos, entre otros; además señalaron que el próximo sexenio ha dado muestras de que seguirá con está línea.

“El sexenio termina y contrario a lo que prometieron no termina la guerra ni el despojo. Peor aún el próximo gobierno promete continuidad un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo”, indicaron.

Entre las exigencias de la Asamblea se mencionó el cese de criminalización de defensores del territorio, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos; la investigación a Omar García Harfusch, justicia para los Yaquis desaparecidos por el estado, entre otros llamados a defensa del territorio en sitios como la Sierra del sur de Guerrero, la comunidad mazateca de los Ojitlán de Flores Magón Oaxaca, el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la Península de Yucatán y a la selva Calakmul.

Durante la asamblea participaron personas de comunidades de Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Edomex, San Luis Potosí, Colima, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Sonora, Jalisco, Guerrero, Yucatán, Tamaulipas y Chihuahua. Asimismo, se contó con observadores enviados de países como Alemania, Italia, Francia, España, Canadá, Colombia, Perú, Suiza, Guatemala y Estados Unidos.

Este texto es original de Revista Espejo y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.

Rechazan familias desplazadas ayuda de la gobernadora, la califican de dádivas

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayutla

 

Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.

Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.

En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.

Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.

“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.

“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.

Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.

Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.

“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.

Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.

Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.

Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.

En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.

Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.

Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.

La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.

Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.

La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.

“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.

Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.

“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.

Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.

Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.

En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.

Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.

 

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Gobierno de Evelyn Salgado ofrece 400,000 pesos a desplazadas en vez de retorno a sus pueblos

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Arturo de Dios y Oscar Guerrero

28 de abril del 2022

Chilpancingo

 

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reconoció que no puede garantizar a los desplazados por la violencia el retorno a sus pueblos y por eso les ofrece 400,000 pesos a cada una de estas familias para que lo utilicen en la construcción de una vivienda.

El pasado 20 de abril acudió al municipio de Ayutla de los Libres, en representación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Alberto García para hacerles este ofrecimiento económico a las familias desplazadas de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.   

Desde el 2011 estas familias desplazadas viven en las localidades de Tepango y La Unión, ubicadas cerca de la cabecera del municipio de Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero.

«Con este ofrecimiento que hace la gobernadora Evelyn Salgado quiere finiquitar el asunto de los desplazados y se pierde el compromiso de regresarlos otra vez a su lugar de origen», dijo Hoger Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP); junto a varias mujeres desplazadas dio a conocer esta situación.

El activista y los desplazados ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) este miércoles a mediodía.

Después que el funcionario estatal les planteó esta propuesta las familias desplazadas se reunieron en una asamblea en la que acordaron recibir los 400,000 pesos con la condición de que el gobierno deje en libertad a sus compañeros Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes están presos en el penal de Ayutla desde el 2018, acusados de los delitos secuestro y homicidio.

La versión de los familiares de los dos encarcelados es de que son inocentes y el gobierno les fabricó los delitos.

Morales Miranda quien asesora a las familias desplazadas comentó que el gobierno sigue sin cumplir la Ley 487 que es para prevenir y atender el desplazamiento interno.

«Uno de esos beneficios que dice esa Ley es garantizar el regreso de los desplazados pero el mismo gobierno dice que no hay condiciones», expuso el activista.

Las familias viven en estos dos pueblos del municipio de Ayutla en unos terrenos que les prestó la comunidad se salieron de La Laguna en noviembre del 2011 después del asesinato de la dirigente ecologista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana.

«La gente desplazada que vive en Tepango y en La Unión que ahora se llama la Libertad, no tiene terreno propio, agua, drenaje, centro de salud y a los niño no se las garantiza el derecho a la educación», dijo Morales Miranda.

Desde hace 11 años el gobierno estatal les prometió a las familias que en su nuevo lugar de residencia (en Ayutla) tendrían tierras para vivir y tierras para sembrar.

«Pero nada se ha cumplido, la gente sigue viviendo igual», expresó el activista.

La hermana del preso Gildardo Díaz Pérez comentó que ellos anteponen los 400,000 pesos que les ofrece el gobierno para su vivienda por su libertad y la de suegro Ubaldo Santana Alonso.

Dijo que no existe ninguna prueba de que ambos hayan cometido algún delito.

Además están pidiendo que el gobierno deje sin efecto las órdenes de aprehensión que existe contra 16 desplazados.

«Nosotros no queremos regresar a nuestro pueblo porque no existen las condiciones y lo que queremos es de que nos ayuden aquí donde estamos», mencionó Catalina Díaz Salgado.

Recordó que cuando ella y sus padres se salieron de su comunidad de La Laguna ella tenía 10 años de edad y que se percató de que muchos de sus familiares fueron asesinados. A pesar de la tragedia que vivió de niña nunca recibió ayuda psicológica de parte del gobierno.

En marzo de este año, familias desplazadas que desde el 2019 vivián en Vallecitos de Zaragoza, acompañados por el Ejército y la Guardia Nacional, regresaron a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Pero ocho días después nuevamente se salieron de su pueblo porque integrantes de una organización delictiva los amenazó de muerte.

Hasta el momento, las familias viven en Vallecitos de Zaragoza, municipio de José Azueta, sin que el gobierno de Salgado Pineda les garantice el retorno a su pueblo.

Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, aseguró que desde hace menos de una década, 20,000 personas fueron desplazadas por la violencia en decenas de comunidades de las regiones de Guerrero, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin frenar la violencia.

Para la activista los gobiernos locales son incapaces de detener a las bandas de la delincuencia, porque, dijo, es evidente que están coludidas.

Agregó que la situación de violencia que vive en Guerrero atrae la mirada de gobiernos de países del primer mundo, porque ven esta situación como un signo de preocupación.

Este miércoles, la activista tuvo una reunión con el director de la política exterior de la embajada de la Gran Bretaña en México, Bhavik Shah, quien después en entrevista con los reporteros, reconoció que es preocupante la violencia en Guerrero en donde recibió informes de personas desaparecidas y desplazamientos de manera forzada.

El funcionario de la embajada británica realizó un recorrido de tres días en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, dijo Rosales Sierra.

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Familias de la Sierra desplazadas por la violencia regresan a su comunidad

Tras una serie de denuncias que las familias desplazadas hicieron por la inacción del anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este sábado fuerzas de seguridad federal y estatal acudieron para darles garantías de su regreso.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

20 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Después de dos años de haberse desplazado por amenazas que sufrieron por parte de un grupo delictivo,  familias regresaron este fin de semana a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán.

En un comunicado del Gobierno estatal informa que  68 personas que regresaron a este pueblo ubicado entre las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente recibieron el acompañamiento del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El grupo de desplazados estaban en calidad de refugiados en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en el municipio de José Azueta a tres horas de distancia de su pueblo.

La mayoría de los pobladores que estaban desplazados se dedican a elaborar de manera artesanal uno de los mejores mezcales de Guerrero.

En enero del 2020, las familias de Zihuaquio se salieron de su pueblo por las amenazas que sufrieron por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las versiones de las familias, ese día que llegaron a su pueblo y a otras demarcaciones aledañas los pistoleros del CJNG, incendiaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal.

La agresión que sufrieron los pobladores es porque se negaron a colaborar con esta organización de la delincuencia organizada que tiene bajo su control poblados de el municipio de Zirándaro y de demarcaciones vecinas del estado de Michoacán.

Pese a que durante estos dos años que las familias de Zihuaquio y otros pueblos aledaños estaban en otro sitio eran amenazados de muerte.

Tras una serie de denuncias que las familias desplazadas hicieron por la inacción del anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este sábado fuerzas de seguridad federal y estatal acudieron para darles garantías de su regreso.

Sin embargo, los pobladores esperan que los militares, Guardia Nacional y Policía Estatal permanezcan en la zona para impedir que los pistoleros del CJNG regresen y ahora sí cumplan con sus amenazas de hacerles daño.

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