El número de amparos presentados contra instituciones de salud pasó de 229 en 2017 a mil 602 en 2022, de acuerdo con el colectivo Cero Desabasto. Con estos recursos legales, personas buscan que se garantice su derecho a la salud con los medicamentos o las cirugías que necesitan.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Rumy tiene casi cinco años y nació con hipoacusia en los dos oídos. La hipoacusia severa es un padecimiento que impide escuchar casi completamente. Su mamá nació con el mismo diagnóstico, pero con un aparato auxiliar logró escuchar bien y tener una comunicación funcional complementada con lengua de señas. Para Rumy, la solución era un implante coclear, dispositivo que se coloca mediante cirugía dentro del hueso que rodea al oído.
El implante se complementa con un dispositivo externo que tiene un receptor, un procesador de lenguaje y una antena. El aparato recibe el sonido y lo envía a la parte interna del implante. Después de meses de peregrinar por varias instituciones de salud, Federico, su abuelo, logró que se lo colocaran en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), pero solo gracias a la orden de un juez, en respuesta a la acción legal que interpuso en diciembre de 2022.
En ese mismo año, otras mil 602 personas interpusieron amparos contra instituciones de salud pública por desabasto de medicamentos e insumos, la mayoría contra el IMSS (mil 024), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el ISSSTE (227). Aunque en 2022 la cifra se redujo respecto de 2021, el año con peores efectos para la salud, cuando sumaron 2 mil 307, en los últimos cinco años la promoción de amparos ha crecido siete veces, pues en 2017 fueron solo 229, de acuerdo con la Radiografía del desabasto de medicamentos en México 2022, del colectivo Cero Desabasto.
Para 2018, se mantuvieron más o menos igual, pues se registraron 220, mientras que en 2019 crecieron a 387 para dispararse en 2020 a más de mil. La cifra de 2022, aunque se reduce respecto del año previo, representa un aumento de 600 amparos más respecto del año en que comenzó la pandemia. Las organizaciones Renace San Luis y Justicia que Transforma México, dos de las que promueven gratuitamente estas acciones, coinciden en que la mayor parte responde a la falta de suministro de medicamentos.
Hoy, Rumy pasea por su casa, en el municipio de Ecatepec, mientras intenta balbucear algunas palabras. A veces también presta atención, cuando su abuelo le hace alguna señal, a los ruidos más diversos: el golpe de llaves contra el vidrio, el grito lejano del hombre que pasa vendiendo pan, la licuadora o un toquido en la puerta. Su abuelo remarca las sílabas de ciertas palabras para que ella las repita: “pa-pá”, “a-zul”, “ver-de”.
Así es como la ayuda a sacar el máximo provecho del pequeño aparato que ahora trae en el oído, como le indica la terapeuta cada 15 días. Mientras Rumy colorea, una de sus actividades favoritas, su abuelo explica cómo empezaron a lidiar con el sistema de salud: cuando Rumy tenía poco más de un año, su familia notó que no escuchaba porque le hablaban y no hacía caso.
Cuando nació, en el centro de salud de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, le habían hecho un tamiz auditivo que indicó erróneamente que sí escuchaba. Al notar lo contrario, un pediatra particular les dijo que una audiometría era necesaria para determinar sus niveles de escucha. Le hicieron también un estudio de potenciales auditivos. Entonces, llegaron al INER.
Era abril de 2020, así que, tras una cita inicial, la pandemia de COVID-19 aplazó su atención indefinidamente. Para entonces, Rumy estaba por cumplir dos años.
La familia exploró la posibilidad de que la atendieran en otros hospitales, pero en todos los casos posibles, la pandemia lo impidió. Finalmente, casi dos años después, volvieron a abrirse las citas en el INER. Ahí le hicieron de nuevo todos los estudios y en noviembre de 2022 les confirmaron que la niña era candidata a un implante coclear. Sin embargo, el instituto argumentó que no contaba con el aparato.
“El gobierno quitó la ayuda; el programa se llamaba Siglo XXI. Quitaron ese programa y no pusieron ningún otro para que nos ayudaran”, relata Federico. La única posibilidad —según le comentaron los médicos— era conseguir los aparatos por fuera con una asociación o con sus propios recursos, y entonces la dependencia les apoyaría con la operación. Le dieron una cita de seguimiento hasta dentro de dos meses.
El programa Seguro México Siglo XXI, destinado a las infancias, entró en vigor en México en 2007, mediante un esquema de aseguramiento médico de cobertura total con recursos públicos para niños menores de cinco años incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Contemplaba todas las intervenciones médicas de rehabilitación física y neurosensorial; sin embargo, para 2022, se eliminó por completo el presupuesto que se le destinaba.
El abuelo de Rumy investigó con las empresas que comercializan los aparatos y con las asociaciones que podían conseguirlos, pero eran inaccesibles: entre 600 y 800 mil pesos dependiendo la marca. “No tenemos los recursos para solventar ese gasto así de un solo golpe, y yo le comentaba a mi yerno, al papá de la niña, que si existiera la facilidad de dar un enganche y luego irlo pagando mensualmente, adelante, pero no”, explica.
Finalmente, le dieron el contacto de Renace San Luis para iniciar un proceso legal que obligara al hospital a poner el implante. “No tengo nada que perder”, pensó Federico. Firmó la demanda y en unos días el amparo ya se había ganado parcialmente: aunque el proceso legal llevara dos o tres años, la operación se haría lo más rápido posible. Al principio, el INER trató de desplazar la responsabilidad al Insabi, porque esa dependencia concentraba los recursos federales.
Ante ello, se presentó una ampliación de demanda contra el Insabi, la Cámara de Diputados y el INER. Volvieron a ganar, y el INER finalmente estuvo obligado a conseguir y colocar el implante. Finalmente, el instituto se comunicó a finales de febrero para avanzar en el proceso, hacer los estudios preoperatorios y explicar lo que seguiría. La cirugía se retrasó algunos días más por pruebas positivas de COVID-19, pero sucedió por fin, el 6 de abril, tres años después de la primera ocasión en que el abuelo de Rumy buscó atención.
El abogado José Mario de la Garza, de Renace San Luis, explica que el resultado relativamente rápido se debe a que los jueces deben otorgar medidas de carácter urgente, lo que obliga a las instituciones a brindar la atención aun cuando el juicio no está resuelto: una vez que los recursos legales se presentan ante los jueces federales competentes —en el lugar donde se busca la atención—, tardan entre tres o cuatro días en admitirlo o rechazarlo. En el momento que hacen lo primero, también deben tomar una resolución sobre una suspensión, es decir, ordenar esas medidas.
“Como se trata de derechos humanos, hay unas medidas de carácter inmediato que se tienen que llevar a cabo. En el tema de salud, estas medidas son muy importantes porque, si yo te estoy diciendo que necesito una operación, en principio no debería esperarme hasta que se concluya un juicio. Un juicio de amparo puede durar un año y medio, dos años, dependiendo la complejidad del tema”, abunda.
El implante de Rumy es de por vida. Su familia solo debe tener particular cuidado con evitar golpes en la cabeza, agua a demasiada profundidad, resonancias magnéticas o puertas imantadas. Al aparato que lleva afuera hay que darle mantenimiento; su abuelo también recibió pilas recargables y una antena extra, pero hay que actualizarlo. Hasta hoy, el INER sigue atendiendo su tratamiento, y la acción legal continuará para lograr lo mismo en su otro oído.
De acuerdo con su informe de avances y resultados 2022, el INER retomó, a partir de junio de 2022, la implantación coclear en sus instalaciones, pero al cierre de ese año, colocó únicamente cinco dispositivos. En su momento, durante ese periodo y antes del amparo, negó contar con alguno para Rumy. Según la dependencia, el año pasado también realizó un proyecto para la actualización de procesadores de implante coclear a los pacientes del INER con apoyo de la beneficencia pública, que atendería a 111 pacientes. En el momento de publicación del informe, el plan estaba en espera de aprobación.
Al mismo tiempo que los amparos han crecido, las autoridades también han ido encontrando mecanismos para no cumplir, y la complejidad se ha incrementado. “Ya no son amparos así tan fáciles que tú llegabas, presentabas un amparo, te daban una suspensión y a los dos días te daban los medicamentos. Ahora ya nos encontramos que han ido buscándole formas, contestan de una manera, te dicen que no tienen los medicamentos y van haciendo que el amparo se vuelva complejo”, afirma el abogado.
Él calcula que esta complejidad data de los últimos dos años a dos años y medio, aunque también depende del juzgado y de que este comprenda bien el alcance de la acción legal. “Es casuístico, porque cada amparo lo tienes que presentar ante un juez diferente en una ciudad diferente y en otras circunstancias, pero yo te diría que se ha agravado la situación cuando menos en los últimos dos años, más complejo, más tiempo, más tardado”, añade.
Otra complejidad es que la mayor parte de la población que está sufriendo la violación a sus derechos por la falta de medicamentos o tratamiento ni siquiera tiene la posibilidad de promover amparos. “O no tiene acceso a las personas que lo hacemos, o no sabe que se puede hacer esto o viven en situaciones de poblaciones marginadas, nos pasó mucho, hay gente que se tiene que trasladar a las capitales de los estados para que le atiendan ciertas enfermedades, mucha gente está invisibilizada también y difícilmente van a ir a promover un amparo”, explica.
Por ello, estas acciones legales se han concentrado, mayormente, en personas con cierto nivel de vida urbana y conocimiento o acceso por redes sociales. La necesidad es enorme, de acuerdo con la organización, y aunque muchas veces han encontrado maneras de intentar justificarse ante el juez por falta de infraestructura, recursos o abasto, las autoridades tienden a cumplir porque la Ley de Amparo establece que es posible destituir a los funcionarios que no lo hagan. Por otro lado, el incumplimiento puede conllevar delitos federales.
“Entonces, por un lado, el sistema está en una situación crítica, no atiende a las personas, no les da medicamentos; por otro lado, algunos y algunas mexicanas logran promover amparos, algunos logran que esos amparos se materialicen en cuestiones prácticas, y también ocasionamos que los doctores estén atendiendo, de manera desproporcionada, demandas y demandas de amparo que les llegan todos los días”, lamenta el abogado.
De acuerdo con el registro actualizado de Renace San Luis, de 2020 a la fecha la organización ha gestionado un total de 38 amparos por violación al derecho de acceso a la salud: dos por omisión de medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio de COVID-19; 24 por omisiones en medicamentos para niños y adultos con cáncer en CDMX, Jalisco, Puebla, Morelos, Yucatán y Aguascalientes; 11 por desabasto de insumos médicos o medicamentos en Estado de México, CDMX, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua y San Luis Potosí, y uno por omisión de dictar medidas ante COVID-19 en centro penitenciario.
Presentar amparos desde una plataforma virtual
La asociación Justicia que Transforma México —antes conocida como Justicia contra el cáncer— hace énfasis en que la recurrencia a amparos es muestra de que no está funcionando el sistema de salud, aunque no todas las personas lo hacen, ya sea por desconocimiento de sus derechos, de la ley o por temor de que pudieran generarse represalias en la atención. A partir de la pandemia, fue cuando los amparos empezaron a adquirir notoriedad y “es una medida que llegó para quedarse”.
“Ante este conocimiento de la población, y de voz en voz, de que el amparo puede solucionar entre la vida y la muerte, o el hecho de hacer efectivo que te escuchen a través de esta vía cada vez tiene más relevancia. Cuando menos nosotros tenemos dos, tres, cuatro casos por semana propiamente para temas de cáncer o de casos urgentes de acceso a la salud, y creemos que esto va en aumento”, señala Guillermo Rivera, director de la organización.
La promoción de los amparos también les ha permitido ver, en diversas entidades e instituciones, que cada vez falta más medicamento, hay menos camas, más escasez de medicinas de patente, aparatos costosos y menos subrogaciones. Sin embargo, el motivo que permanece más recurrente es el desabasto de medicamentos. A este le sigue la necesidad de quimioterapia para pacientes con cáncer, así como la radioterapia e inmunoterapia.
Del mismo modo, se han presentado casos por falta de recursos materiales, como agujas para las biopsias, limpieza de catéteres o máquinas inservibles para la aplicación de estudios. Antes de retomar todas esas causas, el colectivo Justicia Covid originalmente se formó a raíz de la pandemia en Baja California, para prestar un servicio jurídico gratuito a quienes estaban viviendo los peores efectos de la pandemia. A partir de ahí comenzaron a ubicar abogados en los 32 estados que estuvieran dispuestos a sumarse pro bono.
“Gran porcentaje de los amparos que nosotros estábamos promoviendo, sobre todo en materia de salud, casi todos eran en sentido favorable por parte de los criterios de los jueces, y vimos que existía una necesidad de crecer y de sumar a más personas que estuvieran dispuestas a dedicarle horas pro bono a nuestra ciudadanía. También nos dimos cuenta que ya cuando teníamos cumplido un año, más del 50% de los asuntos que nosotros recibíamos pertenecía al sector salud, es decir, que había una gran masa de ciudadanía que estaba percibiendo los efectos del desabasto de medicamentos”, añade Fernanda Rizo, parte de la organización.
De esa manera, de las mil 295 asesorías en total que ha dado la organización, 383 resultaron en acciones legales, 275 de ellas —poco más del 70%— relativas al derecho a la salud. Estas últimas se han presentado por diversos motivos pero principalmente por servicios médicos (37), vacunas para menores de edad en Campeche (36), vacunas COVID para menores de edad (32), otorgamiento de medicamentos (19) y diferentes atenciones médicas y tratamientos específicos.
Ahora, Justicia vs Cáncer es una plataforma virtual que permite a la ciudadanía hacer una demanda de amparo y presentarla ante el Poder Judicial para que un juez le ordene a cualquiera de las instituciones públicas de salud que, de manera inmediata, detenga la violación del derecho al acceso a la salud, desde lo más particular —medicamentos, citas médicas— hasta tratamientos como quimioterapia o radioterapia. En diciembre de 2021, nació como asociación Justicia que Transforma México, que arropa a sus dos antecedentes.
Mediante esta plataforma, se han generado 229 demandas, de las que la organización ha presentado 97 ante el juez con fallo en favor de los pacientes —la herramienta puede usarse para hacerlo con cualquier otro abogado—. Esto representa más de 4 mil horas de trabajo pro bono. Con ello, en 25 estados se ha logrado obtener servicios como quimioterapia, medicamentos, inmunoterapia, biopsias, tomografías, cirugías, entre otras, con un valor de más de 74 millones de pesos, principalmente para cáncer de mama, de próstata, de riñón, de colon, de ovario y cervicouterino.
“El reto que nosotros tenemos es que esta plataforma sea para cualquier tipo de enfermedad, que de repente sí hay usuarios que tienen una necesidad muy urgente, de vida o muerte, y claro que la atendemos, pero la intención sería que esta plataforma se ampliara a todas las enfermedades y le pudiéramos dar abasto de manera inmediata a todas las personas que lo necesitaran”, añade Rivera.
Para generar una demanda de amparo en casos de cáncer, es necesario acceder a https://justiciavscancer.com.mx/genera-tu-demanda/, donde hay un video tutorial para hacerlo. Después de elegir el estado de residencia, el servicio público del cual se es derechohabiente en caso de serlo, el representante legal que se desea, el tipo de cáncer, la falta de tratamiento que se demanda o de medicamento, si se tiene un caso específico y los datos personales, la demanda de amparo se genera tras esos ocho pasos.
“Desafortunadamente, la demanda existe en los 32 estados de la República. Creo que mientras siga existiendo esta falta de capacidad operativa por parte de nuestras autoridades en hacer las gestiones necesarias presupuestales y administrativas suficientes para dar a toda la ciudadanía que se encuentre inscrita a un padrón de una institución de salud, vamos a seguir como ciudadanos ejerciendo este tipo de acciones que nos permiten exigirle a las autoridades asegurarle un derecho a una persona”, concluye Rizo.
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