Trabajo infantil y niñez trabajadora no es lo mismo: CODENI
Texto: Cristina Campos/Perimetral Press
Foto: Archivo/Perimetral Press
Martes 25 de junio del 2024
Santiago vive actualmente en Tapalpa, Jalisco y comenzó su vida laboral desde los 13 años.
Él, como muchos otros adolescentes al sur de Jalisco, consiguió su primer trabajo en una huerta de aguacate en el rancho de San Martín y no, no es el único niño.
En ese primer empleo tuvo que soportar condiciones complicadas de clima y de transporte, teniendo que trasladarse a la huerta en tractor aunque estuviera lloviendo.
En los siguientes empleos Santi dejó de laborar en el campo y comenzó a trabajar en el sector de servicio al cliente como lavaplatos en un restaurante y luego fue «bartender» y mesero.
Si bien ha tenido que cumplir con jornadas de más de 12 horas seguidas,
Santi considera que su salario lo vale, me contó que una tercera parte se la entrega a su mamá y lo demás lo utiliza para solventar sus estudios en el bachillerato y el ejercicio.
En los empleos que ha tenido, en algunas ocasiones, el trato diferente por su edad es para bien: permitiéndole salir antes del horario o exigiéndole menos que a las personas mayores de edad.
Pero reconoce que las largas jornadas y el cansancio posterior no le permiten tener tiempo y energía para dedicarse a otros gustos como aprender otro idioma o completar sus tareas extraclase.
Diferenciar niñez empleada de trabajo infantil
El pasado 12 de Junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
La Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (CODENI) se posicionaron porque se reconozca a las infancias trabajadoras y que se aborde el trabajo infantil en México desde una perspectiva que respete más y criminalice menos.
Ambos colectivos piden al Gobierno mexicano y a las instancias responsables que los derechos de los niños, las niñas y adolescentes sean garantizados.
Ponen el foco en aquellos sectores en donde las infancias se vuelven más vulnerables a la desigualdad, discriminación y pobreza, lo cual podría llevarles a explotación laboral o reclutamiento delincuencial.
Tanto la REDIM como la CODENI consideran importante reconocer la diferencia entre trabajo infantil y niñez trabajadora.
El trabajo infantil es aquel <<que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, siendo perjudicial para su desarrollo físico y mental>> en cambio, los colectivos explican que se trata de niñez/infancia trabajadora cuando está situación no les priva de sus derechos, no son obligados ni explotados y se respeta su participación en la economía familiar y de la comunidad.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La deuda de México con las infancias
En su último boletín informativo la REDIM y la CODENI, advierten sobre el preocupante aumento del Trabajo Infantil en México.
Según los datos recabados por la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2019-2022) del INEGI, esta situación aumentó del 11.5% al 13.1%
El 3.7 de los 36.3 millones de niñas, niños y adolescentes registrados hasta el 2022 trabajan.
Las organizaciones civiles apuntan a que en Jalisco, Guerrero e Hidalgo, se concentra el mayor aumento de niñas, niños y adolescentes en situación de Trabajo Infantil.
Ante estas cifras, la REDIM y la CODENI, reiteran sus exigencias al Estado mexicano para:
Reconocer a las infancias trabajadoras y abordar el trabajo infantil con políticas públicas no criminalizantes.
Dignificar a las infancias trabajadoras como un paso crucial para garantizar sus derechos y proteger a las poblaciones más vulnerables.
Combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia, factores que impulsan el trabajo infantil.
Fortalecer la educación de calidad y la protección social como herramientas para prevenir el trabajo infantil.
Erradicar el trabajo infantil explotado y promover condiciones laborales dignas para niños, niñas y adolescentes.
La diferencia que nos ofrece la REDIM y la CODENI entre Trabajo infantil y e Infancia trabajadora, nos invita a ampliar nuestra perspectiva al respecto.
Aunque las infancias también tienen derecho de decidir el trabajar o no, es importante que nos involucremos en observar que las condiciones de estos empleos sean dignas y respetuosas a sus derechos humanos.
Este texto es original de Perimetral Press y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Este miércoles 19, la Primera Sala de la Suprema Corte decidirá si atrae o no la discusión sobre si los abusos sexuales en contra de menores pueden prescribir.
Texto: Manu Urueste / Animal Político
Fotografía:
19 de enero de 2022
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si atrae o no la discusión acerca de si los delitos sexuales en contra de menores pueden prescribir. De atraer la discusión, entonces la Corte deberá someter el asunto a una posterior revisión a fondo para emitir una postura al respecto.
La solicitud de atracción 462/2021, que fue turnada para su estudio a la ministra Margarita Ríos Farjat, surge a partir del caso de una niña de 9 años que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato.
Los abusos habrían tenido lugar entre febrero y marzo de 2018, pero debido a los impactos psicológicos que sufrió la menor, ésta no verbalizó los hechos hasta dos años después, en 2020, cuando finalmente sus padres interpusieron la denuncia ante la Fiscalía guanajuatense.
Por este caso, un juez de León giró una orden de aprehensión en contra de Roberto ‘N’, el presunto agresor. Sin embargo, la defensa de éste interpuso un amparo para tratar de evitar la detención alegando que el delito ya había prescrito.
El abogado defensor de la menor, Moisés Castillo, expuso que actualmente el Código Penal de Guanajuato prevé una pena máxima por abuso sexual de tan solo dos años. Por lo que, debido a que a la denuncia por la agresión fue interpuesta dos años después de los hechos, y la pena máxima es de dos años, el delito a perseguir ya habría prescrito. Y aunque en noviembre de 2020 se llevó a cabo una reforma al artículo 123 del Código Penal que establece que este tipo de delitos ya no pueden prescribir tampoco en el estado de Guanajuato, los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se llevara a cabo esa reforma. De ahí que la defensa del imputado se aferra a la caducidad del delito para evitar la detención.
Al entrar a discutir de fondo el asunto, el juez resolvió el 30 de abril de 2021 negar ese amparo argumentando que, si bien el delito había prescrito según lo establecido en el Código Penal de Guanajuato antes de la citada reforma de noviembre de 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los delitos cometidos en contra de menores no pueden prescribir.
Sin embargo, la defensa de Roberto ‘N’ interpuso un recurso de revisión en contra de esta decisión, que le tocó analizar al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, mismo que el 2 de septiembre pasado decidió turnar el caso a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que este miércoles 19 decidirá si atrae o no el asunto para su discusión.
El abogado Moisés Castillo subrayó en entrevista que aunque con la reforma reciente al Código Penal de Guanajuato el delito de abuso sexual ya no puede prescribir, es de “vital importancia” que la Suprema Corte entre a analizar a fondo el caso, pues de atraerlo y pronunciarse a favor de la no prescripción estaría sentando un precedente jurídico “histórico” en todo el país, que “cerraría por completo” la puerta en otros estados a que más agresores puedan alegar la caducidad del delito.
Por el momento, aunque este miércoles la decisión únicamente versará sobre si la Primera Sala de la Suprema Corte entra o no a la discusión del tema, el abogado dijo que por tratarse de un asunto “de extrema importancia” espera que la Corte lo atraiga y que, además, “lo eleve al Pleno de la Suprema Corte” para que los 11 ministros lo discutan ampliamente.
Incluso, Castillo dijo que también espera que la discusión del tema en la Corte también pueda servir para iniciar otra en el legislativo de Guanajuato, para que los diputados estatales revisen la pena máxima de dos años de cárcel en esta entidad por abuso sexual, cuando en otras entidades, como el Estado de México, se castiga hasta con 15 años.
“Una de nuestras intenciones es también modificar la pena para este delito. Queremos llevar el caso también hasta el Congreso del Estado”, recalcó el letrado en entrevista.
“El abuso sexual nunca prescribe en la mente del niño”
Madres, padres, y familiares de menores víctimas de abuso sexual dijeron a este medio que irán este miércoles a las inmediaciones de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, para exigir a los ministros que atraigan el caso.
“Ojalá que la Suprema Corte atraiga el caso y vote a favor de la no prescripción de los abusos sexuales a menores”, apuntó en entrevista Carlos Alfonso Navarro, padre de un niño de ocho años que también denunció ser víctima de abuso sexual de Roberto ‘N’, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido luego de que se girara otra orden de aprehensión en su contra por este caso.
“Si el abuso sexual no se olvida ni prescribe nunca en la mente de un niño, ¿por qué debería hacerlo el delito?”, cuestionó por su parte el señor Juan, padre de una menor que también denunció un caso de agresión sexual distinto.
“Este caso de Guanajuato significa mucho para muchos niños en todo el país porque se abre una puerta a que tengan justicia más allá del tiempo que pasó de la agresión”, agregó el padre de familia, que criticó que los jueces no entienden que, en muchos casos de violencia sexual, los menores pueden tardar años en verbalizar los abusos, y por eso le restan credibilidad a su testimonio.
“Este tipo de delitos no pueden prescribir nunca -hizo hincapié el hombre, que pidió proteger su identidad y la de su hija menor-. Los niños se tardan mucho en hablar porque es un proceso muy doloroso y complicado, y hay veces que hasta se mueren y no lo verbalizan por miedo. Por eso, este caso es una gran oportunidad”.
La psicóloga María del Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la organización civil Guardianes, dijo que, en efecto, un mecanismo de defensa de las menores víctimas de abuso es tratar de olvidar lo sucedido, debido al dolor y al sufrimiento que les generan los recuerdos. De ahí que muchos menores puedan verbalizar los hechos hasta años después, algo que deberían de tener muy en cuenta los juzgadores que analizan este tipo de casos.
“Actualmente, las leyes en México están hechas de una forma no empática ni conectada con las necesidades de los menores víctimas de abuso”, criticó la psicóloga.
“Se tiende a minimizar todo lo relacionado con el abuso infantil; se ve como algo chiquito, cuando, si pusiéramos en el centro de todo el interés superior de los niños, nos daríamos cuanta de que esa es la etapa mas importante en el desarrollo de una persona porque se está estructurando su cerebro y se está formando su personalidad”.
De ahí, subrayó la psicóloga, la importancia de que se siente un precedente jurídico que evite que haya entidades donde el delito de abuso sexual infantil pueda quedar sin castigo.
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Durante la pandemia de la COVID-19 en México, las niñas, niños y adolescentes se enfrentaron a múltiples crisis, entre éstas: la profundización de las desigualdades y violencias, el incremento de la pobreza, así como, a la marginación adultocéntrica, racista y machista.
La sindemia, ha sido el término que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) utilizó para evidenciar la relación e interacción que mantienen las desigualdades sociales y los efectos nocivos que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19 para ciertos sectores de la población.
En su informe destacan que la crisis de derechos humanos que ya vivía el país expuso nuevas y “dolorosas” cifrassobre la niñez desaparecida, reclutada o asesinada. También, sobre la niñez y adolescencia migrante que se encuentra en México.
A la par de estas situaciones, de acuerdo con su análisis, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a nuevos retos como el regreso a las escuelas, el desabasto de medicamentos y su exclusión en diversos espacios. Por estas razones, la REDIM reconoce que estos resultados tienen el propósito de plantear la agenda pendiente que el país debe cubrir este 2022.
La salud es un derecho de todas, todos y todes
Durante el 2021 hubo una grave desatención en la cobertura de insumos básicos para la plena garantía del derecho a la salud de la niñez mexicana, afirma la REDIM. De tal forma que, las niñas, niños y adolescentes sufrieron la exclusión del plan de vacunación contra la COVID-19, la caída del esquema de vacunación y el desabasto de medicamentos contra el cáncer.
La falta de dotación de medicamentos y de atención especializada ocasionó que 2 mil 077 niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, (897 mujeres y 1,180 hombres) perdieran la vida como consecuencia de tumores (neoplasias) en 2020, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lamentablemente no solo faltaron las medicinas, también las vacunas pertenecientes al esquema básico. Desde 2019, se ha documentado su desabastecimiento para la inmunización de enfermedades como: tuberculosis (BCG), hepatitis (HepB), sarampión, difteria, tos ferina y tétanos (DPT3, Tdap, TT), según datos del Informe de País del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones en el contexto del Sistema de Salud).
Y pese a los esfuerzos de la autoridad por invisibilizar el impacto que ha tenido la pandemia en la niñez y adolescencia, -restando importancia al número de contagios e, incluso, muertes como consecuencia de la propagación del coronavirus en esta población-, para diciembre de 2021 un total de 82 mil 234 niñas, niños y adolescentes habían sido infectados por COVID-19en México.
De éstos, 812 niñas, niños y adolescentes habían muerto, según las cifras del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA. De cara a la magnitud del problema, la REDIM denuncia que se les excluyó del plan de vacunación contra la COVID- 19, sin una explicación, incluso, pese a que diversos países del mundo y Latinoamérica comenzaron las campañas de vacunación para los y las menores de edad.
En cambio, México se vio forzado a incluirlos luego de que los niños, niñas y adolescentes exigieron su derecho a vacunarse frente al Palacio de Gobierno.
Sin un plan para la niñez huérfana
México, fue el país con más niñas y niños que enfrentaron la muerte de uno o ambos padres (178 mil), así como, de sus cuidadores primarios o secundarios (275 mil 800), de acuerdo con las cifras del estudio “Orfandad COVID-19” de la revista “The Lancet”, citado por el informe anual de la REDIM.
Lamentablemente, advierte el informe, el Sistema Nacional DIF no ha ofrecido datos oficiales desagregados sobre cuántos son, en qué entidades se encuentran, cúal es su situación jurídica y cuáles son los planes de restitución de derechos para cada niña, niño y adolescente en condición de orfandad por COVID19.
La institución declaró a finales de año que existen aproximadamente 118 mil niñas y niños en orfandad por COVID-19, sin otorgar fuentes verificables o contexto que explique la razón de la cifra.
Esta omisión por parte de las autoridades, deja a las niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia, sexual, el embarazo temprano y el abandono escolar.
El esperado regreso a las escuelas
El comienzo de la pandemia en marzo de 2020 implicó el cierre de todas las escuelas de educación básica, media superior y superior del país, así como, el traslado de la clases a la modalidad remota; por ello, el 2021 se auguraba como un año clave para planear el regreso a clases presenciales.
A decir de la REDIM, la interminable discusión de “volver o no” mostró el profundo adultocentrismo en las políticas y la cultura mexicanas, debido a que los argumentos estuvieron marcados por una estigmatización de los espacios escolares como “poco seguros y poco responsables”, dando por sentado que niñas y niños no podrían atender a las medidas sanitarias necesarias.
REDIM, insistió en la urgencia de generar una estrategia de retorno gradual y segura, dialogando con las comunidades escolares y con la niñez, tomando como referencia a otros países que no asociaban el retorno a las escuelas con el incremento de contagios.
De tal manera que, para junio del 2021, en Latinoamérica solo tres países habían alcanzado las 50 semanas sin clases presenciales y México fue uno de ellos.
La organización, explicó que las escuelas son también un espacio de contención y protección social, por lo que, un año de cierre implica una crisis de aprendizaje, problemas de salud mental, incremento del abandono escolar y trabajo infantil..
En el ciclo escolar 2020-2021, 1.5 millones de personas de 3 a 18 años en el país ya no se inscribieron al nuevo ciclo escolar por motivos asociados al COVID-19. Además, 529 mil ya no se inscribieron por falta de dinero o recursos y 310 mil personas entre 13 y 18 años tampoco lo hicieron porque tenían que trabajar.
México Evalúa, estimó que aproximadamente el 67% de la población escolarizada regresó a las aulas, esto implica un alto riesgo de abandono escolar no contabilizado oficialmente.
Hasta la fecha, las autoridades mexicanas carecen de una estrategia educativa y de articulación interinstitucional para identificar y reintegrar al sistema educativo a los millones de niñas y niños que no regresaron a la escuela, afirma la REDIM..
Entre el juego y la guerra
Tras el inicio de la Guerra contra el narcotráfico y las reiteradas medidas de militarización del país en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las infancias mexicanas han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Niñas, niños y adolescentes viven en México todas las formas conocidas de violencia ocasionada por la guerra. Y también mueren por ellas. Entre los meses de enero a noviembre de 2020 y 2021 los homicidios de personas entre los 0 y los 17 años aumentaron de 2 mil 182 a 2 mil 240, representando unincremento del 2.7% respecto al año anterior.
La REDIM señaló que estas cifras dan cuenta de los fallidos resultados de las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia y el crimen organizado. Cabe mencionar que, la violencia tiene marca de género, ya que “existe una mayor incidencia en prácticamente todos los indicadores de violencia si se trata de las niñas y adolescentes mujeres”.
Entre el primero de enero y el 5 de diciembre de 2021, 12 mil 918 personas entre 0 y 17 años fueron atendidas en hospitales de México por violencia familiar; de éstas, 88.3% eran niñas y mujeres adolescentes (11 mil 409 en total).
De igual forma, 6 mil 814 personas de 0 a 17 años se atendieron en hospitales del país por violencia sexual en el mismo periodo, siendo 92.8% niñas y adolescentes.
“La mezcla del machismo y el adultocentrismo genera una huella que marca múltiples dinámicas sociales en los hogares” declaró la organización en su informe.
12 niñas, niños y niñes desaparecen al día en México
La niñez desaparecida en México continuó siendo un fenómeno en constante crecimiento en el país, el cual se ha invisibilizado por el adultocentrismo de las autoridades y de los propios sistemas de búsqueda.
En el año 2021 se registró una estadística que mostraba que 12 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, no localizados o localizados cada día, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esta cifra es una expresión de la violencia que se materializa en múltiples violaciones a los derechos humanos de la niñez.
Desde que se tiene registro 80 mil 344 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en México hasta el 20 de diciembre de 2021. De estos casos, 15 mil 818 continúan en estado de desaparición o no localizados.
Esta epidemia invisible se expresa en todo el territorio nacional. No obstante, resaltan el Estado de México (con 3 mil 626 casos), Tamaulipas (con mil 701) yJalisco ( con mil 247) como las entidades federativas con mayor número de desapariciones de niñez y adolescencia.
¿Qué se tiene que hacer?
La REDIM propone una serie de recomendaciones para reorientar las políticas públicas del Gobierno Federal, así como, de los estatales, en diversos rubros que conciernen a los derechos y la atención a la niñez y adolescencia en México:
Reorientar la atención y contención de la COVID-19al enfoque sistémico basado en los derechos humanos y carácter global de la pandemia.
Fortalecer el Estado a través de la gobernabilidad democrática, construcción de ciudadanía y prioridad del Interés Superior de la Niñez.
Incrementar la inversión del gasto públicoen frenar el impacto negativo de la pandemia.
Crear mecanismos institucionales de participación ciudadana desde la niñez, iniciando en las escuelas.
Fortalecer el sistemas de salud pública y la prevención comunitaria.
Reducir el impacto de la crisis alimentaria y estimular el retorno a una dieta saludable.
Fortalecer la autodeterminación nacional para decidir la política migratoria de México.
Este texto fue elaborado por el equipo de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
