Crisis migratoria: 13 mil personas preparan éxodo migrante en la frontera sur el 24 de diciembre

Un grupo de más de 13 mil migrantes preparan el inicio de una caravana masiva en Tapachula, Chiapas, ante la falta de atención del Instituto Nacional de Migración; exigen documentos para transitar libremente por el país.


Texto: Diana Delgado / Animal Político 

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo 

23 de diciembre 2023

 

Más de 13 mil personas migrantes iniciarán un éxodo el 24 de diciembre en Tapachula, Chiapas, ante la falta de respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en sus trámites pues solicitan permisos para transitar libremente por el país para llegar a Estados Unidos.

En la caravana participan organizaciones como el Centro de Dignificación Humana A.C. y migrantes que desde hace meses están varados en Chiapas y han solicitado asilo, visas por razones humanitarias y formas migratorias pero no han tenido respuesta.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro dijo en entrevista con Animal Político que la caminata iniciará alrededor de las 6 de la mañana por toda la costa chiapaneca con el objetivo de llamar la atención de autoridades y de la opinión pública para que se atienda las peticiones de los migrantes.

“Vamos a salir de Tapachula y vamos a tratar de llegar en el primer día a Huixtla que está a unos 42 km, ahí haremos un descanso para continuar los días siguientes. Viendo el contingente que somos, para mí no es caravana, para mí es un éxodo de la pobreza, un éxodo de la injusticia, un éxodo de menesterosos y de la gente más pobre porque esta región se ha convertido en una cárcel migratoria”, denunció.

De acuerdo con el defensor de derechos, entre las más de 13 mil personas que participarán el 60% son originarios de Honduras, Cuba y Haití; también hay de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil.

Además de Mauritania, Mali, Bangladesh, Siria, China, El Congo, Guinea Bissau, la India y de países africanos. En total son 24 nacionalidades.

Del total, detalló García Villagrán, hay unas mil 300 personas en condiciones de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y algunos con enfermedades crónicas.

Agregó que caminarán hacia el norte del país pues la Ley de Migración contempla la figura del “rescate” con lo que les podrían entregar oficios de salida, sin embargo, este podría ser válido para la frontera más cercana, es decir, Guatemala “lo que equivale a una deportación, mientras que en otros casos les dan 20 días para llegar al norte lo cual es imposible al ir caminando”, explicó.

Tras hacerse pública la organización de la caminata, el activista aseguró que autoridades se acercaron a él para detener la salida y una de las propuestas es atender a las mil 300 personas en vulnerabilidad; sin embargo, el director del Centro de Dignificación Humana dijo que aunque lo están valorando, no confían en el resultado pues hay personas que han sido deportadas pese a que cuentan con documentación para el libre tránsito.

 

INM acusa falta de presupuesto; organizaciones presentan amparos

De acuerdo con un oficio que circuló internamente en el Instituto Nacional de Migración (INM) se anunció la suspensión de deportaciones y traslados de migrantes sin documentos por la falta de recursos económicos, en medio de un año que está batiendo todos los récords tanto de paso de migrantes por México, detención de personas sin papeles, así como de solicitantes de asilo y refugio

En 2023, el INM tuvo asignado un presupuesto de más de 1 mil 700 millones de pesos, sin embargo, el documento fechado el 1 de diciembre de 2023 y firmado por el comisionado Francisco Garduño, detalla que ante la falta de liquidez “se suspende el servicio aéreo para traslado de personal y migrantes para retornos asistidos, se suspenden los servicios de transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares y se suspenden las comisiones de AFM en el país”, entre otros puntos.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, hasta octubre de este 2023 suman 588 mil 626 migrantes detenidos en territorio nacional; hasta 117 mil 217 detenciones más que en todo 2022, que ya era año récord, y casi 279 mil más –un 90% al alza– que en 2021, el primer año de la postpandemia.

Además de las detenciones, este 2023 también está siendo récord de solicitudes de asilo en el país. El pasado 20 de septiembre, Animal Político publicó que en apenas 8 meses las solicitudes de refugio ya habían sobrepasado las 100 mil y que, probablemente, sobrepasarán las 150 mil peticiones, lo cual rebasaría por mucho el récord histórico de las casi 130 mil solicitudes que se registraron en 2021.

Luego de que por falta de presupuesto dejaran de entregar tarjetas por razones humanitarias, organizaciones como el Centro de Dignificación Humana lanzó una convocatoria para que a partir del 12 de diciembre las personas interesadas se enlistaran para interponer juicios de garantía a fin de permitir la entrega de tarjetas u oficios de salida.

“Nosotros desde hace dos semanas hemos venido interponiendo juicios de garantía de manera gratuita y llevamos hasta el momento como 4 mil 600 interpuestos ante los Juzgados de Distrito y en estos días vamos por más, vamos a llegar a unos 7 mil”, dijo Luis Rey García quien aseguró que hay mucho más personas interesadas pero ni ellos ni la organización cuentan con recursos para el pago de copias que se necesitan para los trámites.

Hasta el momento, el juzgado tercero de distrito en Chiapas concedió los amparos para evitar la detención y deportación a sus países de origen y obligó al Instituto Nacional de Migración y a la Comar continuar los trámites de regularización iniciados, sin embargo, les negaron la posibilidad de transitar libremente por México.

El defensor de los derechos de las personas migrantes detalló en entrevista que esta resolución los protege “a medias” pues al no permitirles transitar los dejan en una condición de indefensión pues en Tapachula muchos no tienen empleo y viven en situación de calle; mientras que la Comar anunció que regresa de vacaciones el 2 de enero y migración no tiene presupuesto.

A esto se suma que muchas personas no tienen cómo comprobar el avance de sus trámites ante Comar porque les dan citas escritas en papelitos, no están por sistema.

“Son tácticas que utilizan ellos, por todo eso vamos a salir el 24 de diciembre, con amparos o sin ellos, si las autoridades se dan cuenta de la crisis que implica y deciden entregar los documentos, los podrán llevar mientras vamos caminando porque quedarnos en Tapachula es un suicidio”, dijo García Villagrán.

La crisis migrante en Tapachula, Chiapas

Organizaciones aseguran que Chiapas se ha convertido en un “tapón” para los miles de migrantes que buscan obtener permisos para transitar por México rumbo a Estados Unidos.

 

Esta situación ha causado una crisis humanitaria y que se presenten diversos problemas que han causado pérdidas de vidas. El Centro de Dignificación Humana A.C. calcula que en la frontera sur hay unas 60 mil personas que buscan transitar y que actualmente están varados en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Metapa, Cacahoatán, Tapachula, Huahuetán, Huixtla y mapastepec, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.

“Imagínese que en Tapachula hay una población de 400-500 mil habitantes y con unos 60 mil migrantes que llegaron se hace inhabitable la ciudad, sin contar que la frontera sur es una de las zonas más olvidadas en materia de gobernabilidad, seguridad e infraestructura”, dijo a Animal Político el director del Centro de Dignificación Humana.

“Esto ha provocado un tapón, un nudo humano que está causando una una crispación aguda en esta frontera sur principalmente en la ciudad de Tapachula donde se encuentran cuatro oficinas de Comar, pero también hay una población que se ha infectado de una cultura del odio en contra de la migración y eso hace un caldo de cultivo perfecto para aumentar la tensión, es una pelea de pobres contra pobres”.

La cantidad de personas que buscan que las autoridades de migración les entreguen sus tarjetas para que puedan circular por el país sin el riesgo de ser detenidos ha provocado bloqueos, protestas, una estampida e incluso la muerte de migrantes que deciden continuar su camino en camiones de carga que se han accidentado o que aparecen abandonados en carreteras con las personas al interior.

El pasado 18 de septiembre de 2023 se registró una estampida en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de Tapachula, Chiapas, que dejó dos migrantes lesionados.

Los hechos ocurrieron luego de que más mil personas estuvieran a la espera de ser atendidas y un grupo intentata entrar “por la fuerza” al área de atención, informó Segob. Un día después, 2 mil migrantes se presentaron en las oficinas en espera de atención.

El 26 de septiembre, el INM reubicó a 8 mil 152 migrantes que se encontraban en las instalaciones de la Comar en Tapachula para para “despresurizar” las instalaciones y “evitar actos de violencia”.

Fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, en Chiapas; a Villahermosa, Tabasco, y a Acayucan, Veracruz, en 189 autobuses y 73 camionetas tipo van, informó el Instituto.

A esta situación se suma la protesta en Huixtla, Chiapas, el 3 de noviembre, en la que 10 migrantes originarios de Centroamérica se suturaron los labios para protestar contra las autoridades migratorias mexicanas y exigir libre tránsito por el país en su ruta hacia Estados Unidos.

La caravana de más de 6 mil personas pidió a la Comar la entrega de un documento que aclare su estancia legal con lo que podrán evitar ser extorsionados por policías y dejarán de circular por zonas controladas por el crimen organizado al no tener que huir.

Días después bloquearon la carretera costera en el tramo Huixtla-Escuintla e instalaron un plantón en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF). En ese momento, Irineo Mújica, activista y director de la organización Pueblo Sin Fronteras, acusó que el INM es insensible a la crisis migratoria.

¿En dónde está mi hogar? Adolescencias e infancias migrantes sin derecho a permanecer en México

Más de 70 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han sido retornados a sus países de origen entre el 2021 y 2023 en Jalisco. Negándoles su derecho al tránsito libre y seguro, así como a continuar su proyecto de vida. Sólo tres personas menores de edad pudieron iniciar procesos de solicitud de refugio en el estado. 

Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) reconocen que la política de deportaciones masivas de personas en contexto de movilidad humana y con necesidades de protección internacional alcanza también a las infancias y adolescencias.


Texto: Arleth Delgadillo, Iberia Campos, Nubia Ramírez, Oriana Rivero y Sarahí Flores / Zona Docs

Fotografía: Cortesía / Zona Docs 

13 de diciembre 2023

 

Johan de 19 años es un joven hondureño que fue deportado de Chiapas cuando aún era menor de edad. En aquel momento sólo su amigo acompañante logró cruzar el norte de la frontera mexicana y ahora se encuentra en los Estados Unidos.

Actualmente lo único que quiere Johan es tener una oportunidad para continuar con su proyecto de vida en el país que eligió para vivir.

Niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes se ven obligados a transitar por México tras salir de sus países de origen junto a sus familias o en solitario, huyendo de la violencia o buscando reunirse con sus familiares en Estados Unidos. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y a la Unidad de Política Migratoria, en enero del año 2023 se registró el ingreso de 6 mil 833 personas migrantes de entre 0 y 17 años.

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. La migración internacional desde distintos países del mundo hacia México ha sido impulsada por diversos factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar y, en algunos casos, la huida de la violencia y la inseguridad en algunas regiones.

Jalisco, según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), es una de las 10 entidades con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, y a su vez un estado de tránsito y destino para la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional.

Sobre este último dato, de acuerdo con el Diagnóstico de Movilidad Humana en Jalisco (2022) hay un aumento creciente de la población solicitante de la condición de refugiado o de protección complementaria que reside en Jalisco. Y es que, entre 2020 y 2021 se registró un incremento del 437% en las solicitudes de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) pasando de 603 a 3 mil 240 entre ambos años. Esta última cifra registrada representa el 4% de las TVRH emitidas en todo el país.

El 55% fueron solicitadas por población proveniente de Haití, el 10% a personas originarias de Venezuela, el 7% a población chilena, 6% a personas de Brasil, 5.5% a población cubana y el resto (cerca del 5%) a personas procedentes de Honduras.

 

Compromisos por cumplir

El actual Gobierno de México ha asumido el compromiso de “promover una migración ordenada, segura y regular”, así como “el reto de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes estableciendo una política humanitaria”. Especialmente de las poblaciones que viven una situación de riesgo o vulnerabilidad dentro de sus naciones de origen, para facilitar “su integración”. Como es el caso de las infancias y adolescencias en situación de movilidad humana o con necesidades de protección internacional.

Por lo tanto, los cambios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México nombraron al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como el órgano gubernamental encargado de establecer instrumentos, políticas, servicios y acciones de protección de los derechos de esta población en el país.

En ese sentido, el SIPINNA declaró que los esfuerzos realizados por la federación, los estados y los municipios deben orientarse a la consolidación de subsistemas de Protección Especial, a través de Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes adscritos al Sistema DIF.

Bajo este contexto, el marco legal establece que las Procuradurías de Protección son la autoridad responsable de la determinación del Interés Superior de la Niñez, y por lo tanto, deben enfocar su total atención en garantizar -desde la no discriminación- que el Estado mexicano promueva, garantice y defienda los derechos de las infancias y adolescencias en México, sean migrantes o no.

Al respecto, Rosa del Carmen Ochoa, directora de Protección y Restitución de Derechos de la Procuraduría de Protección en Jalisco, afirmó en entrevista que tanto el Sistema DIF como la Procuraduría estatal tienen “la total responsabilidad de lo que les suceda a las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes (NNA)”.

Frente a esta responsabilidad gubernamental e interinstitucional, las Procuradurías de Protección deben actuar de manera responsable bajo el marco de las políticas públicas federales establecidas en la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración.

De hecho, para facilitar la tarea al funcionariado obligado, el Instituto para la Mujeres en la Migración (IMUMI) elaboró el Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración en febrero de 2022.

“La ruta señala qué es lo que le toca a cada autoridad hacer cuando se detecta a un niño, niño o adolescente en situación de migración, en caso de ser no acompañado se informa al DIF para que pueda asignar un Centro de Asistencia Social o algún albergue…Se tiene que entrevistar al infante, bueno eso es lo ideal, pero la realidad es que no es lo que pasa”, declaró Sandra Mejía abogada del IMUMI.

De esta manera, la ruta establece cinco etapas que buscan de forma puntual la protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias en situaciones de movilidad humana, ya sea en contextos donde viajan acompañados o no acompañados.

Rosa del Carmen Ochoa subrayó que todas las dependencias de gobierno deben actuar bajo los mismos lineamientos y bajo el mismo enfoque de derechos de protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.

Esta guía contempla el monitoreo constante de los flujos migratorios tras el ingreso de las personas migrantes al país; en este proceso las Procuradurías de Protección son responsables de la identificación de las infancias y adolescencias migrantes.

Una vez identificadas las niñas, niños y adolescentes, el proceso continúa por medio de la designación de un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por las áreas de psicología, medicina, trabajo social y jurídica quienes realizan una evaluación integral de cada persona menor de edad para establecer un plan de reintegración social.

Finalmente, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración lleva como principal fundamento el cuidado del principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implica la toma de decisiones efectivas que resguarden y garanticen los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Protocolos de acción… ¡Ignorados!

Johan este año volvió por tercera vez a México, esperando no ser deportado nuevamente. Cuenta que “ya abandonó” su sueño de llegar a los Estados Unidos y lo único que desea ahora es asegurar su bienestar y obtener un trabajo “decente” en México.

 

Por ello, ha iniciado su proceso de solicitud de refugio, debido a que en años anteriores, encontrándose en la frontera de Chiapas, el estado siempre negó su entrada. Esto resulta contrario a los estatutos de la Ruta de Protección, la cual se rige bajo el principio de no devolución.

 

El derecho internacional obliga a los Estados a no devolver o expulsar a una persona a un estado donde exista la posibilidad de que su vida o libertad estén en riesgo inminente.

 

A pesar de ello, se estipula que “cuando la Procuraduría de Protección detecte que resulta necesario el retorno asistido en observancia del Interés Superior de la Niñez emitirá una medida de protección al Instituto Nacional de Migración para que este gestione el procedimiento de retorno”.

 

Sin embargo, ¿qué circunstancias y desafíos deben de sufrir las niñas, niños y adolescentes para dejar su país de origen y aventurarse en un proceso migratorio?

 

“Fue feo como me llegó a pasar todo el viaje… Por los carteles, porque pues lo secuestran a uno… Tuve mucho miedo” afirma Johan sobre su recorrido por la frontera vertical que representa México para las personas migrantes, debido a las condiciones de inseguridad que el país atraviesa.

 

Sandra Mejía, abogada del IMUMI explicó que en casos como el de Johan “se tendría que detectar si el niño o adolescente tiene necesidades de protección internacional, es decir, si viene huyendo. Las razones por las cuales las niñeces pueden estar huyendo y necesitan de la protección internacional por el regular es por crimen organizado, reclutamiento en narcotráfico, o violencia familiar”.

 

El Gobierno de México reconoce que en los últimos 4 años al menos 120 mil niños, niñas y adolescentes han sido contabilizados dentro de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos.

 

Por su parte, de acuerdo con una nota realizada por le periodista Aletse Torres para ZonaDocs, el proyecto Inclusión Digna, un modelo de cuidados alternativos para la niñez y adolescencia migrante, solicitantes de asilo y refugiados impulsado por AVSI México en alianza con el albergue FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C. identificó que los perfiles más habituales en la niñez y adolescencia en contexto de movilidad son los siguientes:

 

  • Adolescentes provenientes de zonas urbanas huyendo de amenazas e inseguridad de las pandillas y con falta de protección estatal, ya sea directamente hacia su persona o hacia su familia.
  • Infantes que viajan acompañados por sus padres en una migración forzada de la familia nuclear.
  • Infancias acompañadas de su madre por eventos de violencia de género en sus países de origen.
  • Adolescentes indígenas no acompañados provenientes de comunidades rurales.
  • Adolescentes transgénero no acompañadas que han sido rechazadas por su familia y la sociedad homofóbica.

Los niños, niñas y adolescentes en flujos masivos que transitan por nuestro país, merecen, por encima del control migratorio de cualquier estado, tener un viaje digno, el respeto, protección y ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, los esfuerzos realizados por las instituciones gubernamentales de Jalisco han sido limitados, pues resulta paradójico el número de jóvenes migrantes no acompañados que son repatriados a sus países de origen; esto a sabiendas de que existe un protocolo de acción que estipula el no retorno de las infancias.

Según datos del DIF Jalisco y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionados a través de solicitudes de acceso a la información durante 2021, 2022 y lo que va del 2023 se han recibido 226 notificaciones de infancias y adolescencias migrantes por el Instituto Nacional de Migración.

En el primer semestre de 2023, el DIF Jalisco contabilizó 92 notificaciones, es decir, 92 niñas, niños y adolescentes que requerían asistencia. De estos sólo 14 fueron resguardados y 78 continuaron su camino voluntariamente ya que venían acompañados.

No obstante, en el caso de las niñas, niños y adolescentes que viajaban no acompañados, “todos fueron retornados a su país de origen”, informó Rosa del Carmen Ochoa.

Esta situación resulta violatoria del principio de la no devolución, así como contradictoria frente al potencial riesgo del que podrían estar huyendo, pues como establecen las organizaciones los perfiles que mantiene esta población menor de edad dejan en evidencia los contextos de vulnerabilidad de los que vienen huyendo.

Rosa del Carmen Ochoa insistió que a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados “nos los dejamos continuar, no hay manera de que nosotros los dejemos continuar solos, porque los estamos exponiendo a un riesgo”.

Los registros del DIF y la Procuraduría de Protección han determinado que durante los años de 2021 y 2023 se han resguardado a 74 niños, niñas y adolescentes migrantes en calidad de no acompañados.

Rosa del Carmen Ochoa comentó que en promedio la edad de los adolescentes es de 15 y 17 años, por lo que de acuerdo a “su nivel de madurez” se les explica directamente las posibilidades de restitución de sus derechos:

 

  1. Regresar a tu país de origen debido a que después del diagnóstico inicial no se detectaron elementos de riesgo.
  2. Quedarse en México, pero sin conocer el tiempo de espera para una posible reunificación familiar.
  3. En caso de que en el diagnóstico sea detectado riesgo de vida para los NNA, solicitar calidad de refugiado en COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).

Hace dos años retornaron a Johan a su país de origen cuando era un menor de edad, sin considerar que sólo le faltaba una semana para cumplir 18 años. Ninguna autoridad se encargó de evaluar su situación y, por ello, fue obligado a regresar a Honduras:

“Había un señor que nos iba a esconder, pero no teníamos suficiente dinero, entonces le dije a mi amigo que le iba a dar mi dinero para que lo escondiera a él y nomás a ver que cómo la hacía yo… Y me agarró migración”, cuenta su experiencia como si se tratara tal cual de una hazaña de historieta.

Sandra Mejía, reconoció que las autoridades mexicanas no están garantizando el derecho de las infancias y adolescencias a la no devolución y, por lo tanto, les retornan de manera masiva, sin considerar sus condiciones de riesgo y situaciones particulares:

“Lo que estamos viendo en la realidad es que las procuradurías no están haciendo diagnósticos conscientes y que están haciendo retornos masivamente. Son muy pocos los NNA que tienen la oportunidad de reunificarse en un tercer país, o de solicitar asilo en México”.

Por su parte, Rosalba Rivera coordinadora del área de infancia migrante en IMUMI,

refirió que hay una clara diferencia entre lo que establece la ley federal y los protocolos de acción, así como con lo que realmente sucede en la práctica de dichos manuales.

En el caso de Johan, él no sentía la disposición para compartir sus motivaciones de migración, pero, el simple hecho de que cada año busqué la forma de salir de su país podría significar que sus planes están fuera de éste.

Las niñas, niños y adolescentes también se ven obligados a tomar la decisión de emigrar, por lo tanto, cuando la autoridad decide ignorar o no prestar atención a estas condiciones no sólo violenta sus derechos, sino que les niega la oportunidad de vivir vidas más dignas y seguras.

“Un proyecto de vida en pausa”: niñas, niños y adolescentes que se quedan 

Las instituciones públicas y las Procuradurías de Protección deben garantizar los derechos de las infancias y adolescencias migrantes no acompañados que deciden quedarse en el país.

Según reportes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante el 2023, Jalisco ha presentado 427 casos de personas solicitantes de refugio en el estado. Al mismo tiempo, el DIF Jalisco reporta que durante el mismo año únicamente 3 adolescentes atendidos solicitaron la condición de refugiado.

Johan se encuentra frustrado, dice que en su tercera travesía para volver a entrar a México, había decidido que esta vez llegaría hasta Jalisco, esperando recibir una atención digna por parte de las oficinas de migración, puesto que, en Chiapas esto no fue así “es la primera vez que yo llego hasta aquí, y son igual de mala onda que en Chiapas”, confiesa.

“Hemos visto que se trata de procesos muy complicados, muchas veces las personas regresan frustradas de sus citas con COMAR porque no las atienden o porque les regresaron la documentación. Incluso, si pones una palabra diferente a como ellos lo piden te regresan el trámite y eso también causa miedo a las personas porque sienten que los pueden deportar”, explicó Sharon, voluntaria en el Refugio Casa del Migrante, espacio humanitario que ofrece sus servicios a la población en movilidad humana, así como aquella con necesidades de protección internacional.

Por otro lado, el proceso de restitución de derechos establecido por la Ruta de Protección Integral para aquellas niñas, niños o adolescentes que deciden quedarse en el territorio nacional continúa a la par de la construcción de un proyecto de vida independiente.

El Manual de Capacitación para Autoridades de Protección a Niñas Niños y Adolescentes en Situaciones de Migración, establece que el proyecto de vida independiente es aplicable a las y los adolescentes en situación de migración que se encuentran en cualquier modalidad de cuidado alternativo y están próximos a cumplir la mayoría de edad, asimismo, señala que el DIF y las Procuradurías de Protección son las responsables de ayudar al adolescente para diseñar su proyecto de vida, además de ayudarlo a desarrollar habilidades en el área laboral, social, relaciones interpersonales, vida cotidiana, educación sexual, vida en pareja, entre otras.

“Cuando los NNA migrantes no acompañados están por cumplir los 16 o 17 se les va preparando para su sustento independiente. Hay un departamento de proyecto de vida en la Dirección de Adopciones y Familia de Acogida”, agregó Rosa del Carmen Ochoa.

Johan tenía 17 años la primera vez que fue deportado, pero ¿por qué estos principios no fueron aplicables para él? Sandra Mejía del IMUMI reconoció que esto sucede porque no todas las autoridades están dando cumplimiento a los estatutos de la ruta de protección:

“Lo que pasa en la realidad es que no se les está apoyando. La procuraduría no está cumpliendo con estas medidas de protección para transición a la vida independiente, sino más bien es con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto son muchos los adolescentes que se quedan a vivir aquí en México” finalizó Sandra Mejía.

Por ahora, después de tres intentos, Johan sigue persistente en la búsqueda de su objetivo de una vida digna frente a los vacíos institucionales de los que sigue siendo objeto.

 

 

 

Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.

“Nuestra apuesta es por la justicia menstrual”: Primer Encuentro de Educadoras Menstruales

El 2 y 3 de diciembre se realizó el Primer Encuentro de Educadoras Menstruales, ahí debatieron y crearon una nueva visión del panorama sobre la educación menstrual en el país, en la que buscan visibilizar la urgencia e importancia de la Educación Menstrual en nuestro país, esto con la intención de generar saberes y promover acompañamientos que favorezcan la salud sexual de la población.


Texto y fotografía: Zona Docs

06 de diciembre 2023

 

Con el objetivo de crear una hoja de ruta nacional de acciones en pro de la Dignidad Menstrual, desde la mirada y la experiencia de las educadoras menstruales como actoras clave en la incidencia en cada bioregión del territorio mexicano, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Educadoras Menstruales, el cual se realizó en la Ciudad de México, el 2 y 3 de diciembre.

El encuentro entre educadoras menstruales se propuso “debatir y crear una nueva visión del panorama sobre la educación menstrual y las políticas públicas en torno a la Dignidad Menstrual en México”, esto porque consideran que se vive un momento histórico donde la menstruación forma parte de la agenda de las iniciativas políticas.

Como parte del Encuentro se realizó un posicionamiento en el que se consignan:

“Este Manifiesto es para nombrarnos y reconocer nuestro trabajo, sostenido durante años, desde la autogestión y la autonomía. Nuestro posicionamiento político es antipatriarcal, anticapitalista, descolonial, antiracista, interseccional, antihigienista y comunitario-popular, desde nuestras experiencias corporales y sentipensamientos.”

Como parte del Encuentro se realizó un posicionamiento en el que se consignan:

“Este Manifiesto es para nombrarnos y reconocer nuestro trabajo, sostenido durante años, desde la autogestión y la autonomía. Nuestro posicionamiento político es antipatriarcal, anticapitalista, descolonial, antiracista, interseccional, antihigienista y comunitario-popular, desde nuestras experiencias corporales y sentipensamientos.”.

Y agregaron:

“Nuestra apuesta es por la justicia menstrual, por el reconocimiento, por el derecho al recurso público, para dignificar nuestro trabajo y va en contra de la feminización de la pobreza. Levantamos la voz porque estamos comprometidas con las niñas, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad y las disidencias sexuales que menstrúan. Unimos esfuerzos por políticas públicas que nos representen y exigimos reconocimiento de la trayectoria y trascendencia de la Educadora Menstrual. Exigimos respeto por nuestro trabajo, que no se inmiscuyan intereses económicos del sector privado y partidista-clientelar en la implementación de la educación menstrual como un derecho humano”.

Por ello, declararon al 3 de diciembre como “el Día de la Educadora Menstrual”, fecha en que se realizó el Primer Encuentro de Educadoras Menstruales en Territorio Mexicano.

En el marco de este Encuentro, las educadoras menstruales, además, debatieron el papel de la educadora menstrual como parte fundamental en la incidencia social de la salud menstrual y sexual de la población; por lo que instaron a las autoridades a que reconozcan: “la importancia de valorar el profesionalismo y salario digno de la educadora menstrual”.

También presentaron el Primer Mapeo de Educadoras Menstruales, una iniciativa que impulsa la Red de Educadoras Menstruales para “visibilizar las colectivas y educadoras activas en territorio mexicano, quienes cuentan con las herramientas para implementar programas educativos en ese ámbito”.

El mapeo, precisaron, tiene como objetivo principal que se pueda:

“Contactar a las colectivas y educadoras con experiencia de campo para implementaciones dignas y coherentes conforme a los derechos humanos y de las niñas, mujeres y personas menstruantes”.

Con la realización de este Primer Encuentro se buscó visibilizar la urgencia e importancia de la Educación Menstrual en nuestro país, esto con la intención de “brindar herramientas, generar saberes y promover acompañamientos que favorezcan la salud sexual de la población”; así como el reconocimiento biopsicosocial de las personas para una vida digna libre de violencias y con acceso a la educación como derecho fundamental para el autocuidado y la corresponsabilidad ciudadana.

 

Aquí se puede leer de manera íntegra el manifiesto completo.

“Anhelábamos llegar a Estados Unidos”: cuatro sobrevivientes del incendio en el INM cruzan la frontera en busca de asilo

Procedentes de la Ciudad de México, donde estuvieron hospitalizados, los migrantes regresaron a Ciudad Juárez para ingresar a Estados Unidos, a casi seis meses la tragedia en la estación migratoria donde murieron 40 personas


Texto: Blanca Carmona / La Verdad 

Fotografía: Alicia Fernández / La Verdad 

20 de septiembre 2023

 

Cuatro migrantes extranjeros que sobrevivieron al incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, cruzaron a Estados Unidos en las primeras horas de este 20 de septiembre.

 

Los hombres, quienes pidieron ser identificadas con las iniciales de sus nombres: Bryan Eduardo F.Q., de 27 años originario de El Salvador; Bryan Orlando R.F., de 26 años procedente de Honduras; Eliseo G.V., de 22 años, de Guatemala, y Stefan A., de 31 años originario de Venezuela, expresaron que su anhelo continúa siendo llegar al país del norte en busca de una mejor calidad de vida.

 

“Siempre anhelamos ingresar a Estados Unidos, lo vemos como un país de muchas oportunidades y que obviamente siendo licenciado (en su caso) pueda entrar en el área deportiva. Lo vemos como algo muy anhelado y con la ayuda de Dios va a ser posible”, dijo una de las víctimas que sobrevivieron al incendio donde 40 personas migrantes murieron atrapados por el fuego en la estación migratoria.

 

Procedentes de la Ciudad de México, donde estuvieron hospitalizados tras la tragedia, ellos se trasladan ahora a los estados de Colorado, Carolina del Norte, Dallas y otra comunidad en Texas. Este miércoles, unos minutos antes de las 7 de la mañana, llegaron al puente internacional Paso del Norte para cruzar la frontera.

Stefan, de Venezuela, sobreviviente del incendio en las Oficinas de Migración en Ciudad Juárez, se presenta ante la patrulla fronteriza para ser revisado e ingresar a Estados Unidos, este 20 de septiembre

 

Los sobrevivientes cruzan a Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas

Jalando sus maletas, y asistidos por personal de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), subieron la joroba del puente internacional y se detuvieron en la parte más alta justo donde acaba el territorio mexicano para colocarse frente a los oficiales del servicio de Aduana y Protección Fronteriza del Sector El Paso, Texas, a quienes les indicaron que cuenta con un permiso humanitario, conocido en inglés como parole.

 

Todas las personas entraron de inmediato a Estados Unidos. Otros sobrevivientes cruzaron la frontera antes, mientras algunos más aún permanecen en México.

Blanca Navarrete, directora de DHIA, informó que las cuatro personas y tres familiares de ellos recibieron un parole humanitario, es decir un permiso que el gobierno estadounidense otorga a las personas debido a una emergencia y una razón humanitaria urgente.

 

Las gestiones las realizó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUVI) con apoyo de la organización de Las Américas, luego de que las autoridades estadounidenses mostraron lentitud en la respuesta para admitir a los sobrevivientes de la tragedia en Ciudad Juárez.

“Ellos aún continúan en seguimiento médico, de hecho, están ingresando también con medicamento, con sus recetas, algunos de ellos tienen una protección para quemaduras, otro para mejorar articulaciones. Entonces va a ser necesario continuar la atención médica en Estados Unidos”, explicó Navarrete.

Los sobrevivientes externaron sentimientos encontrados al dejar México e internarse a Estados Unidos, a donde buscaban llegar desde hace meses cuando salieron de sus países de origen, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Lo lograron este miércoles, aunque ahora lo hicieron con secuelas físicas y psicológicas por haber quedado atrapados en un fuego que se propagó de forma muy rápida y sin recibir auxilio por parte de los responsables de la estación migratoria.

Dos de los sobrevivientes expresaron tener temor a no poder trabajar, debido a las secuelas que les dejaron las lesiones sufridas durante el siniestro.

Bryan Orlando estuvo casi dos meses intubado, los últimos 20 días consciente, porque sufrió quemaduras en el 20 por ciento del cuerpo, de segundo grado y tercer grado, así como quemaduras en la vía aérea.

Él presenta todavía un trastorno del plexo braquial – es decir en la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y la mano–, que le afecta la movilidad del brazo y la mano del lado derecho, también presenta tos con una flema negra por el humo que inhaló, falta de sensibilidad en algunas partes del cuerpo y en otras un exceso de sensibilidad.

El hombre dijo que por su nivel académico ha laborado en trabajos que requieren esfuerzo físico, pero ahora está imposibilitado para mover su brazo y mano derecha.

El sueño de él es aprender el idioma inglés, obtener un empleo y terminar de recuperarse.

Sobrevivientes del incendio en las instalaciones de las Oficinas de Migración en marzo de este año, en Ciudad Juárez, caminan por el puente Internacional Paso del Norte para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos desde Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas

Mientras que Eliseo, tiene quemaduras en ambas manos. Las más severas en la izquierda donde le fue colocado un colgajo de piel tomada de otras partes de su cuerpo y para evitar que le fuera amputada fue necesario “pegarle” la mano a su abdomen durante tres semanas.

Él presenta cortadas en ambas piernas pues los médicos estuvieron buscando un vaso sanguíneo viable para conectar la mano izquierda. También sufrió quemaduras en la vía aérea, dice que al precisar que trago el humo.

Además, sufre una sensación de molestia y enojo por lo sucedido, por el daño a su mano derecha.

 

“No quería yo quemarme, pero me quemé… no quería tener daño en mi cuerpo, verdad, pero es injusto porque me quemé. Donde me desmayé, no sentí cómo me quemé, vine a despertar en el hospital”, expresó.

 

Él estuvo internado 12 días en un hospital de Ciudad Juárez y dos meses y medio en un nosocomio en la Ciudad de México, actualmente utiliza una protección en la mano izquierda para cubrir la quemadura y el colgajo.

En la mano derecha se le hizo un trasplante de piel y tiene movilidad.

Eliseo también tiene temor de no poder volver a laborar por la condición de la mano izquierda.

Bryan Eduardo fue una de las personas trasladadas a la Ciudad de México y estuvo internado en dos hospitales. Permaneció un mes intubado porque sufrió una lesión en un pulmón, quemaduras de la vía aérea y presentó un daño renal.

No quería yo quemarme, pero me quemé… no quería tener daño en mi cuerpo, verdad, pero es injusto porque me quemé. Donde me desmayé, no sentí cómo me quemé, vine a despertar en el hospital”, expresó.

 

Él estuvo internado 12 días en un hospital de Ciudad Juárez y dos meses y medio en un nosocomio en la Ciudad de México, actualmente utiliza una protección en la mano izquierda para cubrir la quemadura y el colgajo.

 

En la mano derecha se le hizo un trasplante de piel y tiene movilidad.

 

Eliseo también tiene temor de no poder volver a laborar por la condición de la mano izquierda.

 

Bryan Eduardo fue una de las personas trasladadas a la Ciudad de México y estuvo internado en dos hospitales. Permaneció un mes intubado porque sufrió una lesión en un pulmón, quemaduras de la vía aérea y presentó un daño renal.

 

“Mi recuperación ha venido en poco presentó daño renal y está mejorando. Si de los exámenes que me he estado haciendo en el hospital gracias a Dios me ha salido positiva. Siempre la recomendación de los doctores por lo que ya pase, un doctor me dijo que los riñones estaban curados a un 90 por ciento pero que si llego a pasar una gripa, una diarrea o cualquier otra enfermedad… que no me dejen tomar medicamentos fuertes porque puede perjudicar mi salud”, expresó.

 

Stefan sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando iba a ser intubado, se le practicó una pleura pulmonar, debido a la inhalación de monóxido, quemaduras en la oreja izquierda, afectaciones en la retina en el ojo derecho por el fuego y un golpe en la cabeza cuando perdió el conocimiento.

 

Él presentó úlceras a causa de la falta de movilidad mientras estuvo intubado.

 

“Fui dado por muerto”, recuerda S.A., al precisar que ya estaba dentro de una bolsa térmica acomodada en el piso del estacionamiento de la estación migratoria incluso con el rostro tapado cuando una mujer militar se percató que tenía signos vitales.

 

El hombre estuvo internado del 27 de marzo al 19 de abril, permaneció dos días fuera y regresó seis días más al hospital para una apendicitis.

 

El grupo de migrantes y sus familiares llegaron a Ciudad Juárez el 19 de septiembre provenientes de la Ciudad de México donde estuvieron hospitalizados, y ese día acudieron a la estación migratoria que se quemó, ubicada junto al puente internacional Lerdo-Stanton, para una sesión en la que pretendían cerrar un ciclo.

 

Al llegar a ese lugar, cuentan, personal de seguridad que vigila el inmueble los corrió, diciéndoles que ahí no pasó nada importante, solo “unos quemados”.

Permiso para matar: más de 1,500 víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad en tres sexenios

La investigación «Permiso para matar» busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.


Texto: Daniel Moreno / Animal Político

Ilustración: Jesús Santamaría y Andrea Paredes 

28 de agosto del 2023

 

Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90 por ciento de homicidios quedan impunes.

Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.

Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.

Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.

Además, las víctimas registradas oficialmente por el Inegi no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.

Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.

¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?

¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?

Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.

¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?

¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?

Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos como la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.

Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.

Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.

Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…

***

La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, víctimas que fueron “detenidas” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.

Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.

Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.

Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.

Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…

En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.

La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.

Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.

Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?

La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.

La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.

Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.

Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.

Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.

Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.

Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.

Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.

Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.

***

La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.

Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).

Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX).

Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.

Permiso para matar documenta casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de fuerzas de seguridad | Ilustración: Jesús Santamaría / @re.zndz y Andrea Paredes / @driu.paredes

 

Tras las elecciones, Morena se perfila a gobernar en 20 de 32 entidades del país

De confirmarse los conteos rápidos dados a conocer anoche, Morena se quedará con 20 de 32 gubernaturas, que aumentan a 22 considerando aquellas en manos de sus partidos aliados PES y PVEM.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político 

Fotografía: Facebook Morena Si 

6 de junio de 2022

 

Tras la jornada electoral de ayer, que le dio a Morena ventaja en cuatro de seis estados en disputa, según los conteos rápidos difundidos por los institutos electorales locales y el INE, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a ampliar su dominio territorial y ahora gobernar un total de 20 entidades federativas, esto es, el 65% del territorio nacional.

A su vez, la alianza Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, perdió cobertura electoral y ahora se encamina a gobernar ocho de los 12 estados donde tenía presencia.

Ayer, con una votación favorable de hasta 55%, esa alianza retuvo el control de Durango con un candidato colocado por el PRI, el exdiputado local Esteban Villegas Villarreal, que venció a la morenista Marina Vitela, de acuerdo con el conteo rápido.

No obstante, el tricolor se perfila a perder la gubernatura de Oaxaca ante el candidato de Morena, Salomón Jara, que obtuvo hasta el 61% de la votación, e Hidalgo, ante Julio Menchaca, también de Morena, que ganó con hasta el 63%. Los gobernantes salientes de ambas entidades son, respectivamente, Alejandro Murat y Omar Fayad. El virtual triunfo de Menchaca en Hidalgo significa el primer gobierno de alternancia en Hidalgo tras 93 años de gobiernos del PRI.

Durante décadas el partido hegemónico que llegó a gobernar todos los estados del país, al tricolor ahora solamente le quedará el control de dos gubernaturas en solitario: el Estado de México, con Alfredo del Mazo —primo del expresidente Enrique Peña Nieto—, y Coahuila, con Miguel Riquelme. Ambas entidades celebrarán comicios el próximo año.

Por su parte, el PAN perdió ayer dos de ocho de sus gubernaturas ante los candidatos de Morena: Tamaulipas, frente a Américo Villarreal, quien tuvo hasta 52% de la votación, y Quintana Roo, ante Mara Lezama, con hasta 58% de los votos. Los mandatarios salientes de esos estados son Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Joaquín González, quien fue postulado en 2016 en conjunto con el PRD.

Con la alianza Va por México, Acción Nacional logró retener Durango —actualmente gobierna el panista José Rosas Aispuro— y Aguascalientes, con la candidata Teresa Jiménez, que obtuvo hasta el 55% de la votación. El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó en ambas entidades la presunta injerencia de elementos policiacos que hicieron detenciones arbitrarias de operadores y legisladores morenistas. Por ello, adelantó que su partido impugnará ante tribunales.

 

El PAN también mantiene el gobierno de Chihuahua con María Eugenia Campos, Querétaro con Mauricio Kuri, Guanajuato con Diego Sinhue Rodríguez y Yucatán con Mauricio Vila. Estas dos últimas entidades celebrarán comicios en 2024.

Por su parte, el PRD se quedó con representación estatal únicamente en Durango, aunque la entidad tendrá ahora un gobernador priista emanado de la alianza Va por México. Ningún estado del país es gobernado por un político perteneciente al sol azteca.

Reacomodo electoral

De confirmarse las tendencias arrojadas por los conteos rápidos, 20 entidades federativas estarán gobernadas por políticos pertenecientes a Morena. No obstante, en otros dos estados, los mandatarios actuales pertenecen a sus partidos aliados, con lo que Morena tendría influencia en 22 entidades.

En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco es militante del extinto Partido Encuentro Social (PES), que se alió a Morena en 2018. En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo pertenece al PVEM, que en la elección estatal de 2021 contendió en solitario y sin unirse a Morena, que postuló a su propia candidata.

Dos estados son gobernados por Movimiento Ciudadano (MC): Jalisco, con Enrique Alfaro, y Nuevo León, con Samuel García. Este partido no ganó ninguna de las elecciones para gubernatura de ayer.

Otros dos estados, Edomex y Coahuila, son gobernados por el PRI y seis por el PAN: Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y Durango.

La paulatina pérdida de hegemonía de los partidos de oposición es proporcional a los triunfos de Morena. En 2018, el partido oficial ganó cuatro gubernaturas: la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Ese mismo año, su alianza con el PES ganó Morelos.

En 2019, Morena ganó en Puebla en una elección extraordinaria. En 2021, triunfó en 11 entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ese año, San Luis Potosí fue ganado por el PVEM, partido con el que Morena tiene una alianza en el Congreso y en prácticamente todos los estados.

En la jornada electoral de ayer, Morena sumaría otros cuatro estados: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

 

Economía de México cierra 2021 con crecimiento de 5%, pero entra en recesión técnica

En el cuarto trimestre, la actividad económica retrocedió 0.1% tras una baja de 0.4% en el trimestre inmediato anterior.


Texto: Animal Político – AFP

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

31 de enero de 2022

 

La economía de México creció 5% en 2021, según cifras de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), elaborada por Inegi.

Sin embargo, el país entró en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos con retrocesos. En el cuarto trimestre, la actividad económica retrocedió 0.1% tras una baja de 0.4% en el trimestre inmediato anterior.

En ese periodo, la economía se vio arrastrada por un descenso de 0.7% en el sector servicios y un avance de solo 0.4% en la actividad industrial.

“La caída de 0,1% en el PIB de México en el último trimestre confirma que la economía cayó en una recesión en la segunda mitad de 2021 y creemos que el crecimiento este año será más débil de lo esperado”, escribieron analistas de Capital Economics en una nota a sus clientes.

En su comparación anual, la economía creció 1% en el último trimestre del año pasado frente al mismo periodo de 2020.

El Inegi indicó que en 2021, la actividad industrial, que representa un 30% del PIB, creció 6.8%.

El sector servicios, que representa el 60% de la economía, avanzó 4.2% y las actividades primarias crecieron 2.7%.

La economía mexicana se vio duramente golpeada en 2020 por el cierre de actividades que trajo la pandemia de covid-19, que ha dejado en el país 4,9 millones de contagios y 305.893 defunciones.

Para enfrentar la emergencia económica, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar apoyos fiscales a las empresas y en su lugar se concentró en programas sociales y sus obras de infraestructura como el nuevo aeropuerto para Ciudad de México y una refinería en el sureste del país.

Para este año, los analistas privados que regularmente encuesta el autónomo banco central esperan que la economía crezca 2,7%.

El 25 de febrero próximo, el Inegi dará a conocer las cifras definitivas de crecimiento económico.

Vendedores ambulantes en los pasillos del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla. Foto José Luis de la Cruz (Archivo)

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