Los otros documentos sobre los ‘vuelos de la muerte’ del archivo de Eureka

Tres testimonios sobre los “vuelos de la muerte”, que usaba el ejército para desaparecer a quienes eran considerados enemigos del régimen, se suman al recién hallado documento con una lista de 183 posibles víctimas de esta práctica; forman parte del archivo del comité fundado por Rosario Ibarra de Piedra y pueden consultarse en el Camena. La lista encontrada fue incluida en el informe final del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico 

Texto: Marcela Turati / A dónde van los desaparecidos
22 de agosto del 2024

Estos señores, torturadores y asesinos, tienen como cementerio particular los lugares despoblados y el mar; y para adentrarse a este último, usan helicópteros y un avión panzón como sapo de color gris, el que se ha visto llegar al Campo Militar Pie de la Cuesta, Mpio. de Acapulco, Gro., desde 1972, en el cual suben a los presos amarrados y vendados, saliendo inmediatamente después con rumbo al mar y a la media hora regresa, bajan una lona cubierta de sangre y al instante los militares la comienzan a lavar, éstas ‘hazañas’ son efectuadas hasta el momento por las noches, a las 11:00 P.M. y a las dos de la mañana, por lo regular usan los días jueves y viernes.

Esta declaración, fechada el 13 de mayo de 1980, figura en una carta hallada en los archivos del Comité ¡Eureka! Es la denuncia de un estudiante guerrerense de bachillerato recién escapado de una cárcel clandestina de Acapulco, que describió su captura, dio señas para la ubicación de la vivienda donde estuvo preso por su militancia política y relató las torturas que sufrió junto con otros detenidos.

Ese testimonio y otra carta dirigida en 2003 a la fundadora del comité, Rosario Ibarra de Piedra, en la que un soldado asegura haber arrojado desde helicópteros a personas heridas al mar, así como el documento —publicado hace dos semanas por este medio— que un presunto militar desertor le entregó en 2004 con una lista de 183 personas que habrían sido desaparecidas en los “vuelos de la muerte”, forman parte del Archivo Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ordenó, sistematizó y digitalizó, y desde hace dos años está disponible para consulta pública.

Esta reportera, tras conocer y solicitar los documentos, pudo localizar y contactar a dos de los tres remitentes para conocer más sobre sus denuncias; consultó sobre dichos hallazgos a cuatro personas que formaron parte del Comité ¡Eureka! —como se conoce al Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México que desde 1977 ha luchado ferozmente por la presentación con vida de las personas detenidas-desaparecidas durante la contrainsurgencia—; y entrevistó a las archivistas del Camena sobre la historia de este importante repositorio casi desconocido.

El bachiller recién fugado, además de declarar haber sufrido toques eléctricos; sumersión constante en agua electrizada; introducción de tehuacán, agua Taxco y agua natural a presión en la nariz; sonido ensordecedor para el desquiciamiento de la mente; simulacro de violación; introducción de parafina caliente en los oídos; golpes constantes con pies y puños y con cables de luz en los testículos; [y] aplicación de drogas, se acercó a Eureka para solicitarle que buscara al obrero Rogelio Díaz Betancourt, quien lo acompañaba y fue también detenido.

El comité reclamó la aparición del obrero con vida hasta que un funcionario de la Procuraduría General de la República, en una carta con el sello de “CONFIDENCIAL” enviada al domicilio particular en Monterrey de Ibarra de Piedra, que forma parte del Archivo Eureka, le informó que había regresado a su hogar.

Cuando esta reportera contactó al entonces estudiante, Ciro Jaimes, hoy un abogado de 67 años que perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación —aunque pensó que se había metido al Partido de los Pobres—, se dijo sorprendido.

Jaimes aseguró que aún siente temor al contar esa parte de su historia sobre los aviones que usaba el Ejército para echar gente al mar. No recordaba que lo que sabía de los “vuelos de la muerte” hubiera quedado por escrito y se conservara en un archivo.

Apenas en 2023 publicó un libro titulado Compartiendo una experiencia de vida, de lucha social y de sobrevivencia personal en la desaparición forzada.

—¿Cómo supo de los vuelos que denunció en 1980?—, se le preguntó vía telefónica.

Jaimes mencionó a su padre ya fallecido que, junto con unos pescadores, iba de madrugada a recolectar huevos de tortuga cuando aún no estaba prohibido en la costa y la laguna de Pie de la Cuesta, en el municipio de Acapulco, donde está ubicada la base aérea militar número 7; actualmente, en la base tienen un criadero de tortugas.

“No sé por dónde andes tú, hay que tener mucho cuidado por las cosas que pasan. Si te agarran asegúrate que no sea vivo”, le advirtió un día su papá, quien sospechaba de su militancia clandestina, y para prevenirlo le contó lo que él vio y que sabían los pescadores: “Que había un avión panzón, y entiendo que era un hidroavión porque aterrizaba sobre el mar, que ellos veían que le subían gente en fila, que se veían como campesinos. ¿Qué tanta? Diez-quince personas, con las manos hacia atrás, que los llevaban como bultos y los hacían subir arriba de ese avión. Como a los 30-40 minutos el avión regresaba, yo supongo que había luz o un foco, y le sacaban una lona y con cepillos empezaban a rastrillarla, a lavarla. Regresaban ya sin la gente. Eso es lo que ellos veían, en el entorno era conocido lo que se estaba haciendo”.

Él fue detenido en tiempos del gobernador Rubén Figueroa, cuando había una fuerte persecución contra campesinos y estudiantes. Los tres meses que pasó en 1979 en un centro de tortura en manos de la Policía Judicial de Guerrero —que durante el periodo de la llamada “guerra sucia” era un brazo del ejército en la estrategia contrainsurgente— escuchaba en clave que iban a transportar detenidos. Pero él ya sabía a dónde, dice.

Un militar le contó que a los detenidos que subían al avión en esa época “los llevaban amarrados con bloques de cemento a un pie, que les daban tres puñaladas y al que seguía otras tres, y que [los] arrojaban en una fosa marina muy profunda, decían de 3,000 metros de profundidad, desde el hidroavión especial que podía planear o aterrizar en el mar”, detalló sobre la información que dio a conocer en 1980 al comité. El hombre no recordaba la carta con la declaración que escribió hace 44 años. Incluso, cuando pudo, se mudó de Guerrero.

Fragmento del testimonio brindado en 1980 al Comité ¡Eureka! por Ciro Jaimes, quien entonces era un bachiller sobreviviente de las torturas que le infligió durante tres meses la Policía Judicial de Guerrero, hasta que pudo fugarse y denunció lo que vio. (Captura de pantalla del documento, Camena)

“Información valiosa”

Otro documento que menciona esta práctica de desaparición forzada es una carta que un ex presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que se identifica con su nombre completo, envió el 6 de octubre de 2003 a Ibarra de Piedra tras verla en la televisión.

Le ofrecía contactarla con un exmilitar que había participado en Guerrero en los “vuelos de la muerte”; sus víctimas eran integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas, el fundador del Partido de los Pobres.

El autor de la carta reproducía el relato que el exmilitar le confesó: Una vez tuve que sustituir a un cabo en un grupo de “picados” porque yo nunca pasé de soldado y lo que hacíamos era subirnos a un helicóptero con siete de los guerrilleros de Lucio Cabañas o de alguno de los otros maestros líderes que traían grupos de guerrillas, […] los subíamos amarrados y en el piso del helicóptero los picábamos con la bayoneta cuando ya estábamos arriba del mar y los aventábamos para que se los comieran los tiburones. Nos decían que la picada era para que les saliera la sangre y los tiburones la olieran, […] hice el trabajo, no una sino varias veces. Nos decían que siete era la cantidad que el helicóptero podía cargar junto con el piloto y nosotros dos.

Contactado por esta reportera, el remitente —quien es empresario y escritor— dijo que el exmilitar se llamaba Eleno; fue su chofer casi dos años, pero ya dejó de verlo.

”¿No te acuerdas cómo se apellidaba Eleno o de dónde era?”, le preguntó a su esposa cuando recibió la llamada telefónica de esta reportera. Ella respondió que no, que parecía estar todo el tiempo en fuga. Pero les contó, recordaron, que en el Mar de Cortés había tirado a unas estudiantes de Sonora.

Conozco bien a este ex soldado de las tropas del Estado de Guerrero, sé donde vive y tal vez podría ponerlo en comunicación con Ud. En otro tiempo dudé en hacer pública esta información o enviársela, […] ahora el panorama se ve más claro, tal vez le pueda ser útil este conmovedor testimonio si conseguimos de manera inteligente y discreta que el testigo esté dispuesto a cooperar, afirmaba en la carta.

La misiva fue recibida en el correo electrónico eureka@eureka.org.mx; alguien que firmó como Pepe se la envió a la activista encargada de hacer la base de datos de las víctimas de desaparición forzada, quien la remitió a un cofundador del comité. Dos de las personas copiadas en esos correos al ser consultadas dijeron que no recordaban haberla recibido.

La información que anexo es en extremo delicada, indicaba el remitente. Confiando en que será entregada directamente a ella [Ibarra de Piedra] la envió. La única finalidad es ayudar a la causa de Doña Rosario y demás madres valerosas de esa organización. Me hago directamente responsable del contenido de este correo.

El mensaje se titulaba“Información valiosa”. Nadie le contestó.

Fragmento de la carta que un ex presidente municipal envió al correo de Eureka para contactarlos con un militar desertor que participó en los “vuelos de la muerte”. La carta quedó sin respuesta en los archivos. (Captura de pantalla del documento, Camena)

Estos documentos se suman a la lista de 183 personas detenidas entre 1972 y 1974 que estaba en el Archivo Eureka desde 2004, entregada por un supuesto desertor del ejército a Ibarra de Piedra. Contiene los nombres de personas que —aseguraba— habrían sido arrojadas al mar desde aviones que despegaron de la base de Pie de la Cuesta, por órdenes del capitán Francisco Barquín Alonso, uno de los orquestadores de los “vuelos de la muerte”.

Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto, escribió el informante en la carta de cinco hojas escritas a máquina.

El presunto desertor se identifica como Benjamin Apresa, lo que podría ser un seudónimo porque su nombre no figura en el registro de 1974 del 2o. Batallón de Policía Militar, al que pertenecía el capitán Barquín.

En la misiva, fechada el 26 de mayo de 2004, se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, a las 183 víctimas —nueve mujeres— que son identificadas con sus nombres.

La información comenzó a ser entregada a líderes de colectivos y familiares de víctimas desde julio. Tanto defensores de derechos humanos como historiadores expertos en el periodo de la contrainsurgencia señalaron que la carta era un hallazgo importante que aporta información sobre uno de los destinos de 183 personas, detenidas y en poder del ejército, que siguen desaparecidas, aunque pidieron cautela para saber si la lista se refería a traslados entre bases militares o realmente a “vuelos de la muerte”, en los que se desaparecía, arrojándolos al mar, a disidentes políticos e integrantes de grupos guerrilleros o personas sospechosas de serlo.

Fotografía de dos aviones Arava de la Fuerza Aérea Mexicana; el de atrás porta el número 3, donde se habrían ejecutado “vuelos de la muerte” en 1974. (Página de Facebook Mexican Military Aviation History)

“Decían que los pescados se iban a dar un banquete”

En el archivo de 5,057 documentos que Ibarra de Piedra permitió que se digitalizara y consultara en el Camena, como dejó firmado en un convenio, se encuentra también una carta escrita a mano en 1982. Es el testimonio de un hombre de 58 años originario de El Porvenir, municipio de Atoyac de Álvarez, quien se identificó como Maximiliano Nava Martínez y relató que con tres de sus hijos y dos jóvenes fue detenido por el ejército el 20 de agosto de 1974.

En la escuela de San Vicente de Benítez los mantuvieron vendados, amarrados de pies y manos, y fueron torturados para que dijeran dónde estaba “el Maestro”, pues en ese momento había un cerco militar y judicial para capturar a Cabañas.

Cinco días después llevaron a la escuela al luchador social Rosendo Radilla Pacheco, detenido por componer un corrido sobre la lucha social del líder del Partido de los Pobres.

En su testimonio menciona: Al día siguiente fuimos trasladados en helicóptero al cuartel de Atoyac, en el camino nos preguntaron que dónde nos gustaba para tirarnos. […] Cuando sacaban a alguien nos decían a todos que los pescados se iban a dar un banquete. A los dos días lo sacaron al señor Radilla junto con Pablo Loza Patiño, Austreberto García Pintor y otros que no conocí (7 en total), en una camioneta pic-up roja, diciendo que dentro de poco vendrían por los que quedábamos allí, mientras se acababan “estos cadáveres”. Desde entonces no los volví a ver.

Relató que él y su familia fueron liberados, pero que el ejército se llevó a sus hijos Macario y Esteban Nava Hipólito, en noviembre y diciembre de 1974, los cuales siguen desaparecidos.

Según la lista de supuestos “vuelos de la muerte” que el presunto desertor del ejército entregó en 2004 a Ibarra de Piedra, en el “1/er. viaje” iba un hombre llamado Pablo Loza Patiño, en el  “2/o.” Austreberto García Pintor, y en el “3/o.” Rosendo Radilla Pacheco, los tres aprehendidos por personal de la 27/a zona militar de Guerrero, uno en El Porvenir, otro en Cacalutla y otro en Alcochola. En esas naves habrían viajado 21 detenidos, todos de Guerrero. Veinte fueron capturados ese mismo agosto del 74.

Por la desaparición forzada de Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano. El mandato es encontrarlo.

La lista que este medio publicó fue compartida desde finales de julio al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que la incluyó en su informe final, presentado la semana pasada; también fue compartida a organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas antes de su divulgación.

Esta revelación abrió una discusión pública sobre la procedencia de la información que, por 20 años, no había sido dada a conocer.

Tras la publicación del reportaje se supo que la lista forma parte de un segundo informe del MEH coordinado por la comisionada Eugenia Allier, quien aún no presenta al público sus hallazgos. Esta información fue proporcionada por la investigadora Soledad Lastra, quien revisó las distintas colecciones del Camena.

Beatriz Torres (der.) y Cristina Jiménez, directora y archivista del Camena, revisan el acervo del Comité ¡Eureka!; la fotografía muestra a Rosario Ibarra de Piedra en una manifestación para exigir la presentación con vida de las personas detenidas-desaparecidas por el régimen priista. (Marcela Turati)

Un archivo “perseguido”

En 2016, el rector de la UACM, Enrique Dussel, firmó un convenio con Ibarra de Piedra para que el Camena —dirigido por la exiliada chilena Beatriz Torres, a cargo de ese acervo de documentos sobre la guerra fría en Latinoamérica— organizara, sistematizara y digitalizara los documentos en poder del Comité ¡Eureka!

La archivista Bettina Gómez Oliver, quien militó de 2011 al 2015 en el colectivo de H.I.J.O.S. México —organización formada por descendientes de personas sobrevivientes de prisión política y víctimas de desaparición forzada, exilio o ejecuciones extrajudiciales— veía ese archivo amontonado en cajas de cartón en un espacio “oscuro, muy húmedo” de la casona otorgada en comodato a Eureka por el gobierno de la Ciudad de México, que desde 2012 es la sede del Museo Casa de la Memoria Indómita (Mucmi), un museo independiente dedicado a mostrar la lucha política de Ibarra de Piedra y sus compañeros contra la desaparición forzada, y por la búsqueda de sus familiares.

“Lo veía por la ventana y decía: ‘Ay, dios mío’. […] Estaba apilado, todas las cajas unas sobre otras, sobre el piso, y habían empezado a sacar el material de las cajas y a ponerlo en estas micas, dentro de carpetas de argollas —sin ningún tipo de organización—, que sirven normalmente para archivos administrativos. Tenían una etiqueta circular de diferentes colores con un número, que supongo que era el orden que le estaban dando, y que cuando las empezamos a trabajar no tenían sentido esos colores y esos números”, dijo en entrevista.

Esas cajas, que años antes estuvieron dispersas en las distintas casas de Ibarra de Piedra, en el Distrito Federal o en Monterrey; en las mesas de su casa en pilas de papeles, e incluso un tiempo en una alacena, y después fueron albergadas en la antigua casona del Centro Histórico de la Ciudad de México, comenzaron a llegar al Camena a finales de 2016.

Además de las limitaciones impuestas por la pandemia, hubo que salvar resistencias para que las más de 120 cajas de documentos que albergaba el Mucmi —dirigido por Jorge Humberto Gálvez Girón, yerno de Ibarra de Piedra— pudieran trasladarse a la UACM del plantel del Valle.

Gómez Oliver, quien es responsable de los acervos históricos del Camena, contó que cuando lo recibieron ya había pasado un proceso de ordenamiento en el que participaron simpatizantes y familiares de víctimas que se fueron relevando a lo largo del tiempo, y que tenían distintos métodos de clasificación. La iniciativa de guardar en micas cada documento pudo dañarlos: dentro del plástico se generan microclimas que incuban hongos; las etiquetas de colores que les pegaron encima, con el tiempo, entintan los papeles.

“Encontramos muchos documentos echados a perder por la humedad. Ya no había mucho que hacer por ellos, […] se aislaron para no contaminar el resto de los archivos”, dijo.

“La historia del archivo también justifica que fuera un desastre, un desorden, porque es un archivo perseguido. Muchas veces tuvo que moverse de lugar, sacar las cajas, aventarlas a una camioneta y llevártelo a otro lado, cuando el archivo estaba siendo compilado por Las Doñas  [como se conocía a las mujeres que formaban parte del Comité Eureka]. Entonces se iba a Monterrey [a la casa de Ibarra de Piedra], se regresaba, se mudaba”.

Documentos que forman parte del acervo del Comité ¡Eureka! digitalizado por el Camena, los cuales dan cuenta de la lucha por la recuperación de personas desaparecidas y la liberación de presos políticos del régimen. (Marcela Turati)

Al abrirlo, en el Camena encontraron mucha correspondencia, pósters, volantes, escritos, recortes de periódicos, bases de datos, fichas con registros de personas que estaban desaparecidas después de que agentes del gobierno se las habían llevado, y fotografías de eventos de Las Doñas y de doña Rosario con diferentes personas.

Además de las complicaciones que hubo para lograr el acceso completo, tanto Gómez Oliver como su colega, la etnohistoriadora y archivista Cristina Jiménez, recordaron que fue difícil trabajar el archivo por su doloroso contenido y por la sensación de impotencia ante tanta impunidad.

“Al principio sí, hubo mucho llanto, sí, mucho. Sobre todo por los testimonios de las chicas que habían estado en alguna casa clandestina y contaban lo que habían visto, las torturas, y los casos de las chicas embarazadas. Todo ese tipo de información, porque una cosa es medio escuchar y otra estar ocho horas al día leyéndolo”, dijo Jiménez.

“El trabajo en este archivo no es fácil para la cuestión anímica”, agregó Gómez Oliver.

“Son cosas que sabías, que te enojan, que te pegan durísimo al ánimo, que horrorizan. O sea, leer sobre torturas, sobre la propia desaparición forzada, que sabes que hay tortura involucrada y demás, es muy fuerte para cualquiera. Cristina se me rompió alguna vez y le dije: ‘Déjalo un rato’”.

El acervo está clasificado en dos: el fondo “R” es el archivo personal de Ibarra de Piedra, consta de 1,561 expedientes y versa sobre su actividad pública y política.

Beatriz Torres, la directora del Camena, reconoció que hubo un momento en que la familia Piedra Ibarra quiso retirarlo. “Es entendible”, dijo, ya que contiene documentos personales. No solo sobre la madre y la activista, que fue diputada, senadora, columnista de El Universal, impulsó la fundación del Frente Nacional contra la Represión —que, a partir de la lucha de las madres de Eureka, aglutinó a más de 50 organizaciones contra el autoritarismo y la violencia de Estado en 1979—, y fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República.

Bajo las siglas “CE” está organizado lo que corresponde al Comité ¡Eureka!, con 3,496 expedientes.

Las archivistas señalaron que al menos un 25 por ciento de las personas registradas como desaparecidas forzadamente, por la falta de información que se tenía en esa época y posiblemente la precariedad o el miedo de sus familiares, ocupa solo una hoja; sus únicos datos son esos formatos escritos a mano con los nombres de cada víctima.

La lista que armaron en esa época mal llamada “guerra sucia” (desde 1969 a 1990) llegó a 557 nombres. A los que se suman 148 que fueron rescatados vivos, muchas veces gracias a la presión de las familias organizadas en Eureka.

Doña Rosario coleccionaba toda la información que obtenía o se publicaba de su hijo Jesús Piedra Ibarra, detenido-desaparecido en 1975, pues ocupa alrededor de siete tomos.

El archivo del Camena no solo tiene esas referencias sobre los “vuelos de la muerte”. Otra de las copias que las responsables entregaron a esta reportera es una referencia a escritos del general José Francisco Gallardo —encarcelado entre 1993 y 2002 por haber propuesto la creación de un ombudsman militar—, en la que menciona que en 1971 recibió a una veintena de civiles encapuchados y atados que estaban en la Comandancia de la Zona Militar. Que después supe que fueron ejecutados tirados desde un avión militar a un lago, en el grupo se encontraba una persona allegada al entrante Presidente de la República Luis Echeverría, lo que provocó una investigación, el relevo del Comandante del Regimiento y la consignación de los responsables (todos militares); por supuesto que, al igual que a los que victimaron, fueron torturados y mantenidos incomunicados por más de seis meses en los sótanos de la policía judicial militar y en las negras (celdas de castigo) de esta prisión militar, pero más tarde por su “lealtad” y silencio se les otorgó absolución.

 Imagen de una publicación perteneciente al archivo de la integrante de Las Doñas de Eureka, Sara Hernández, esposa del detenido-desaparecido Rafael Ramírez Duarte. (Marcela Turati)

“Sentíamos miedo”

Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977, quien fue muy cercana a Ibarra de Piedra y una de las cofundadoras del Comité ¡Eureka!, recordó que a casa de doña Rosario todo el tiempo llegaba gente que quería declarar o que traía denuncias que enviaban presos políticos; pocas veces llegaban por correo postal.

Las Doñas de Eureka, como se les conocía, tomaban los testimonios en un formato creado por el comité, que compilaba también los datos básicos de cada declarante y de la persona que había sido detenida y desaparecida.

Otros documentos valiosos que conservaban, dijo, son los del Frente Nacional contra la Represión, que crearon con todas las agrupaciones y personas solidarias después de la huelga de hambre en la Catedral de la Ciudad de México en 1978 para reclamar la presentación con vida de los desaparecidos, y que incluyen también la historia de leyes que después se aprobaron, como la Ley de Amnistía o la Ley de Organizaciones Político-Electorales.

Hernández explicó que Ibarra de Piedra era desconfiada con la información que le entregaban, y que cuando algo le inquietaba lo consultaba con sus contactos de alto nivel. Tenían razón para la desconfianza: en sus primeros años sentían miedo. Recordó que un ex preso político que acababa de sobrevivir a torturas y estuvo a punto de ser desaparecido —“se llamaba Domingo Estrada”—, después de mucho meditarlo se animó a contactar a doña Rosario y le dio su testimonio, y “jodidamente, diez días después lo mataron”. Fue en 1980. El cuerpo de Estrada no apareció, con él secuestraron a dos niños hijos suyos.

En las casas de la luchadora social, en la calle Medellín de la colonia Roma, o en la de Culiacán en la Condesa, las víctimas siempre encontraban puertas abiertas, apapachos, el respaldo para brindar sus testimonios o para levantar denuncias ante ministerios públicos. Cuando las familias eran muy pobres les daban apoyo económico.

Hernández tiene su propio archivo con recuerdos de aquella lucha que dieron y siguen dando por encontrar a sus familiares desaparecidos. Las paredes de la sala están adornadas con fotografías de Rafael y de la familia que construyeron en común, imágenes de momentos históricos y afiches de esos años. Tiene una mesa con álbumes de documentos.

Para el historiador Camilo Vicente, autor de Tiempo Suspendido: una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los aprendizajes de los nuevos hallazgos, que se suman a lo que ya se conocía sobre la existencia de los “vuelos de la muerte”, es que para la reconstrucción de la memoria se requiere buscar no solo en los archivos oficiales, los llamados archivos de la represión, sino en otros como el de Eureka, perseguidos, creados con amor y —a pesar del miedo— alimentados por años.

Foto del convenio entre la UACM y el Comité ¡Eureka! para la sistematización y digitalización de los archivos de la lucha de las familias por la presentación de sus familiares desaparecidos forzadamente y de la vida pública de Rosario Ibarra de Piedra. (Marcela Turati)

Foto de portada: En Memórica, un repositorio digital de archivos, se pueden consultar documentos del archivo del Comité ¡Eureka! (Captura de pantalla)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Texto de Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos. Puedes leer la publicación original aquí. 

Se descubre lista con 183 nombres de posibles víctimas de ‘vuelos de la muerte’

Texto: Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos

7 de agosto del 2024

  

Una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido

Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar. 

El informante le dejó una carta en la que se lee, textualmente: “Tengo en mi poder relacion de los vuelos efectuados que creo que le serviran de mucha ayuda para que se investigue directamente a [el capitán] Javier Barquin ya que el fue el autor material de esos crimenes. Como comprendera no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos documentos con un propio”. 

La misiva, con fecha del 26 de mayo de 2004, iba acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus nombres.

De confirmarse la información en poder del Comité Eureka, que fundó Ibarra de Piedra, sería la primera revelación de las identidades de personas desaparecidas en los “vuelos de la muerte” en México: 174 hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las detuvieron.

Diez corresponden a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cinco a la Policía Judicial de Guerrero, y las restantes a manos del Ejército: 116 capturadas por elementos de la 27a Zona Militar ——distrito cuya sede en esa época estaba en El Fuerte de San Diego; actualmente en Acapulco—, 32 por la Policía Militar, y 17 por el Batallón de Fusileros Paracaidistas.. 

Entre los nombres figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón —registrado en el cuarto viaje con una cruz, una clave en los registros militares de que la persona murió cuando era torturada—. También está el músico y cantautor Rosendo Radilla —a bordo del tercero—, por cuya desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por los crímenes de Estado del periodo conocido como la “guerra sucia”. 

La inédita información, que desde 2004 reposaba como un papel más en los archivos del Comité Eureka, es actualmente analizada por personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia e investigadoras de organizaciones de derechos humanos que representan legalmente a víctimas de ese periodo histórico o son independientes, quienes han encontrado similitudes con otros documentos generados por el Ejército y la DFS durante esa época, así como coincidencias con los datos de los registros de las personas desaparecidas esos años, y con testimonios y documentos oficiales sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Los especialistas aún no han llegado a una conclusión.

Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974  hasta 1979 el Ejército mexicano utilizó los “vuelos de la muerte” para deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.

Por eso, esta nueva información es devastadora para muchas familias.

Hasta el momento no ha sido posible determinar si Benjamin Apresa, el firmante, es el nombre real del supuesto delator. Su nombre no aparece en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas. Lo que queda claro es que su autor conocía bien la logística de la desaparición de personas. 

A pesar de eso, esta semana diversas autoridades comenzaron a distribuir el documento a líderes de colectivos de víctimas y a familias de las personas mencionadas en las bitácoras, que a su vez lo compartieron con más familias de víctimas. A algunas de las ya informadas se les contactó para ser entrevistadas para este reportaje para no ocasionar más impactos emocionales.  

“Cuando me avisaron de la lista y que aparece mi papá sentí un vuelco en el corazón, empecé a llorar en silencio, tratando de asimilar la información que estaba recibiendo, pensando lo que sufrió, que lo arrojaron al día siguiente de que lo capturó el ejército”, dijo en entrevista Angélica María Ramírez Hernández, hija de Gorgonio Santiago Alvarado, quien es registrado en el “viaje 23” junto a otras cinco personas, dos de ellas mujeres. 

Ella habló del impacto de la noticia: “Ya va a cumplir 50 años desde que se lo llevaron y hasta hace menos de un mes aparece una ruta de esto, pero la sensación es que si esto le pasó nunca vamos a poder recuperar los restos, y que lo asesinaron de esa forma, que de todas las alternativas escogieron ese método. Siempre pensando si le rompieron los huesos, si lo torturaron con choques eléctricos, si lo picaron y lo aventaron al mar, si los aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese terror”. 

Ramírez Hernández pertenece al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez; su padre fue capturado por el ejército el 24 de noviembre de 1974 y llevado en helicóptero a la base militar de ese municipio. Ella aún no cumplía dos años de edad. Ha pasado su vida esperándolo.

“No he podido decirle a las familias que conozco, a las que aparecen sus familiares. No es porque no merezcan saberlo, sino porque quiero dejar a la autoridad que nos explique si la lista es cierta o no, que nos expliquen lo que han investigado”, dijo entristecida luego de que un exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda le dio la noticia.

El nombre de Gorgonio Santiago Alvarado, desaparecido por el ejército en 1974, está registrado en el “viaje 23” consignado en el documento. (Óscar Guerrero / Cromática/ Obturador MX)

‘Metidos en el avión para arrojarlos al mar’

La mayoría de las personas mencionadas en la lista de “los viajes” (el documento original no los registra como vuelos) fueron capturadas en Guerrero —164 del total— durante la feroz persecución, por tierra y aire, de militares, agrupaciones especiales y judiciales contra la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el profesor que fundó el Partido de los Pobres, movimiento en el que participaba Gorgonio Santiago. El castigo fue también contra los pobladores de la costa y la sierra que eran sospechosos de simpatizar con Cabañas o se apellidaban como él. 

Del resto de las personas registradas, siete fueron detenidas en Michoacán, cuatro en Hidalgo, dos en el Distrito Federal, dos en el Estado de México, una en Morelos, otra en Oaxaca y una más cuyo lugar de captura no se especifica. 

Solo cuatro fueron detenidas en 1972, once en 1973, y el resto, 168, en el mortífero año de 1974, cuando —sugiere la carta— fueron asesinados. 

“Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto”, escribió, textual, el informante en la carta escrita con mayúsculas y dirigida a Rosario Ibarra de Piedra. 

El desertor se refiere a Javier Barquín Alonso, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba, que trabajaba bajo el mando del coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo, operador de la salvaje represión. Se sabe que Barquín era el encargado de registrar en “un libro de pastas negras” la relación de los “paquetes”, como en el argot militar se referían a las personas presas en cárceles clandestinas, que serían torturadas para extraerles información y después —en su mayoría— desaparecidas. 

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a estos militares —y al general Mario Arturo Acosta Chaparro— de haber desaparecido a 143 personas. Calcula que durante la contrainsurgencia 1,200 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra 532 casos. 

El informante menciona el avión Aravat, aunque su nombre correcto es Arava; se refiere a las aeronaves de fabricación israelí compradas por el gobierno mexicano, diseñadas para transportar carga, sobrevolar superficies y practicar el paracaidismo, pero que fueron usadas para desaparecer guerrilleros y disidentes políticos y, posteriormente, traficar droga.

La carta no era conocida, hasta ahora, por las familias que desde hace medio siglo exigen al gobierno la presentación con vida de sus seres queridos detenidos-desaparecidos durante el periodo de la mal llamada “guerra sucia”, tampoco por sus representantes legales ni por quienes han investigado de manera independiente la represión en esa época. 

El documento pasó 20 años inadvertido en los archivos del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, como se conoce al Comité Eureka. Fundado en 1977 por doña Rosario a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1974, aglutinó a cientos de familiares de personas desaparecidas en el país por su militancia o afinidad con movimientos políticos, sociales o armados que el régimen priista veía como una amenaza.Esta reportera recibió la lista al solicitar documentos del archivo de Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, digitalizó, ordenó y clasificó por varios años, y que planea publicar en septiembre. Dos integrantes de Eureka consultados para este reportaje dijeron que desconocían la existencia de la carta.

Extracto de un expediente de los juicios contra tres militares (Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Javier Barquín) en 2002, en el que se reconstruyeron los “vuelos de la muerte” con base en las declaraciones de miembros del ejército. (Captura de pantalla)

Nuevas pistas

Tres expertos que revisaron el documento consideran la lista como “plausible” y su contenido “coincidente” con otros documentos generados en esa época. 

“¿Quién tiene esta información reunida en esa época? ¿Quién puede tenerlo todo? ¿Quién puede saber qué corporación y en qué fecha detuvieron a quién y lo de los vuelos? Pues la DFS o el ejército”, opinó Javier Yankelevich, quien fue jefe del Equipo Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente durante la “Guerra Sucia”, perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El historiador obtuvo por su cuenta la relación de vuelos al solicitar todo el acervo de Eureka vía Transparencia.

“Solo para indagar esta lista se necesitaría otra comisión de la verdad; este es el inicio de lo que debería de ser una gran investigación y no el fin”, consideró en entrevista, tras conocer los papeles, el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a varias víctimas de las llamadas “desapariciones del pasado”.

Otras personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia que han tenido acceso al contenido de la carta también lo consideran verosímil. Notaron que coinciden fechas, lugares de detención, compañías participantes, seudónimos, así como el estilo de redacción y la manera de registrar de la Sedena y la DFS, que son similares a otros documentos bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN). 

Sin embargo, algunos especialistas piden cautela. “El documento en sí tiene mucha relevancia, aunque no podamos decir que todo su contenido efectivamente trata de los ´vuelos de la muerte´. Es muy relevante porque nos permite hacer preguntas y abre una línea de investigación sobre los vuelos. Si después de una investigación seria resulta que no tiene que ver con esto, de todos modos va a estar relacionado con otras cosas sobre las estrategias de contrainsurgencia”, estimó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Consideró que se requiere un análisis más profundo del documento para dar por válido su contenido. Al experto le llama la atención que la relación de viajes, en sí misma, no contiene la palabra vuelos —como sí aparece en otros archivos históricos—, solo viajes, y que carece de un título que indique de qué es el listado y de la fecha en que se hicieron los traslados. 

Lo que llamó la atención al Centro Prodh, tras un primer análisis, es que incluye 13 nombres que no están mencionados en fuentes abiertas o en registros oficiales o en las listas de víctimas de la CNDH, la Comverdad de Guerrero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los archivos de la represión encontrados en el AGN, u otras investigaciones de esclarecimiento histórico. También considera relevante que de un número elevado, 170 nombres, haya coincidencias con distintos informes.

De las 183 personas enlistadas, 40 no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).Hasta ahora no se habían mencionado las identidades de las posibles víctimas de los crímenes cometidos hace medio siglo, solo los tipos de aeronave —al menos dos aviones Arava de manufactura israelí y un número no identificado de helicópteros que despegaban de las costas de Guerrero—, los métodos de ejecución, los nombres de los generales y capitanes que ordenaban los operativos y de los subalternos que los llevaban a cabo, y los modus operandi que confesaron pilotos, mecánicos y militares de distintos rangos en el juicio que la Procuraduría General de Justicia Militar entabló en 2002 contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y el ya retirado Barquín Alonso, por las desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que Acosta fue absuelto. 

El nombre de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue registrado en el cuarto viaje. Estas fotos son de los archivos de la DFS, la corporación que se encargó de sus torturas e interrogatorios.

Señalan coincidencias

Yankelevich, historiador que este sexenio estuvo a cargo de la unidad que investigaba las desapariciones del pasado en la CNB, de donde fue despedido este año, pidió por transparencia el archivo digitalizado por Camena y comenzó sus propios cotejos. Releyó la confesión que en 1975 envió desde Petatlán, Guerrero, a su casa en Mexicali, el soldado Benito Tafoya Barrón, en la que se refiere a los mortales vuelos en los que participó; el AGN tiene una copia.

Tafoya formaba parte de una de las unidades que cercó y atrapó al guerrillero Lucio Cabañas. La misiva contiene dos datos que llamaron la atención de Yankelevich. Habla de dos mujeres que acababan de ser arrojadas al Pacífico —en el viaje 23 se mencionan los nombres de dos mujeres—, y cuenta que participó en la captura de Cabañas y en echar al mar a uno de sus acompañantes. Efectivamente, en el “viaje 24” de la lista aparece Marcelo Serafín Juárez, un menor de edad, quien fue el único compañero del líder guerrillero del que, tras ser detenido, aún se desconoce su paradero.

La carta del soldado, publicada por primera vez por el periodista Gustavo Castillo en La Jornada en 2008, dice: “Hermanos quiero que en cuanto reciban esta carta me contesten, mándenme decir si ya les mandaron decir de la casa de la Güera [Nicolaza] se fue con su novio y que Raquel y Paz se andan metiendo en problemas muy serios, que se andan metiendo de guerrilleras, digo problemas serios porque me ha tocado ver como acaban los que se dicen guerrilleros, digo que me ha tocado ver porque yo participé cuando rodiamos a Lucio Cabañas y su gente y murieron muchos y a los que agarramos vivos [fueron varios] a mí me tocó subirlos a un helicóptero amarrarlos de pies y manos y atados a unas barras de fierro e irlos a tirar al mar y entre ellos iban dos muchachas, por eso yo temo que ellas lleguen a caer en manos de la policía y tengan el mismo fin, de mis compañeros del batallón mataron nada más a uno y a nosotros nos tocó matar a Lucio Cabañas”.

Aunque cuando se descubrió la carta el militar fue interrogado por un Ministerio Público —según consta en el AGN—, a quien dijo que era una broma, los datos sobre su hermana son reales: Raquel fue detenida y encarcelada en Sinaloa y fichada como miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Para Yankelevich, las menciones de Tafoya y las listas tienen datos coincidentes. La información que dio el mecánico militar Margarito Monroy Candia en los juicios de 2002 sobre el número de personas que cabían en cada vuelo (siete u ocho) —aunque se refería a los que partieron de 1975 en adelante y en el Arava 2005—- concuerda con el número de personas registradas en los vuelos enlistados en la carta

“No es claro cuándo se hizo la lista, acá no hay fechas de viajes, sí de detenciones. El estilo es consistente con lo militar, las siglas, las puntuaciones”, señaló Yankelevich. “Menciona a personas de detención tardía; haciendo una inferencia, el documento se elaboró en diciembre del 74, […] [y en 1975] la carta del soldado que dice que desde el helicóptero tiró al mar a los detenidos, y te da un cruce fuerte: Serafín está en la lista de gente lanzada al mar”.

Con estos hallazgos, Yankelevich comenzó a hablar con algunos familiares para explicarles, paso por paso, la información encontrada, y los hallazgos de sus cotejos.

Lo que el informante de la carta pretende dejar claro es que todos los detenidos desaparecidos estuvieron en 1974 en la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar que fue el destino final de un número aún indeterminado de disidentes políticos del régimen priista, pues se sabe que los vuelos continuaron hasta 1979.

“Es un documento valioso. Pero hay que irse con cuidado, indagar y hacer una investigación mucho más compleja para verificar el documento”, advirtió Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido, sobre las desapariciones forzadas.

Señala que el documento también pudo haber sido construido por el propio Ejército para desviar la atención o engañar; o porque en 2004 entre las filas castrenses existían rencillas internas. 

“Puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’, el problema es saber cómo está relacionado. No irnos con la finta: ¿qué tipo de traslado menciona?, ¿por qué dice la palabra viaje y no vuelo?, ¿de dónde a dónde eran esos traslados? Falta ver cómo podemos relacionarlo con Pie de la Cuesta, con los vuelos, con las bitácoras y cosas por revisar. Esta es una pieza de un rompecabezas pero tenemos que saber qué nos dice”, precisó.

La carta generó esta semana que las organizaciones de derechos humanos Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, integraran un grupo de trabajo para contrastar su contenido con los datos que se tienen de ese periodo, y para planear un posicionamiento. 

Detonó también que la agrupación Fundar —representante legal de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla— enviara la carta a la Fiscalía General de la República, al área donde se investigan los llamados delitos del pasado para que se analice, y eso mismo hizo el área de esclarecimiento histórico de la Secretaría de Gobernación que, junto con la CNB, crearon ya un grupo de trabajo para examinar la carta. También ha llegado a manos de los comisionados de la verdad del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que presentarán este mes su informe final.

‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’

¿Hubo alguna razón por la que la fundadora de Eureka descartó su contenido? ¿Hizo Rosario Ibarra de Piedra algo con la lista? Es difícil saberlo; la también exsenadora, quien llegó a ser  la primera mujer candidata a la Presidencia de México, murió en 2022. Su familia no respondió a una petición de entrevista.

Este martes por la noche la información llegó a algunas de las compañeras de Rosario Ibarra, conocidas como Las Doñas. 

Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1974 e integrante de “Las Doñas de Eureka”, respondió que dudaba que el documento sea certero.

“Primero, Rosario hubiera buscado la forma de confirmar esa información. Tenía muchos contactos para eso. Segundo, nunca se buscó a los desaparecidos muertos, siempre con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tercero, ella algo hubiera hecho pero jamás archivarlo”, opinó.

Pero quienes conocieron a Ibarra de Piedra —madre de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra— saben de su eterna renuencia a considerar que las personas desaparecidas forzadamente pudieran estar muertas.

“Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno”, declaró en 2002 al periodista Gustavo Castillo, cuando trascendió que tribunales castrenses juzgaban los “vuelos de la muerte”. Siempre consideró sospechoso que la Procuraduría General de Justicia Militar aceptara que 143 desaparecidos políticos en Guerrero fueron asesinados y arrojados al mar.

Éramos radicales en nuestro lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, confesó una persona perteneciente a Eureka, omitían hablar de los indicios de que algunos de los desaparecidos ya habían sido asesinados.

En ese contexto hay que situar a Eureka. Ibarra recibió la carta cuando acababan de terminar los juicios y se cerraba la decepcionante investigación de los delitos del pasado de la Femospp, y recibía muchos documentos y confesiones de todo tipo; las familias habían sido engañados durante años por funcionarios de gobierno, que les mentían o entregaban información falsa. Y la consigna de Eureka era que aparecieran con vida, no dejaba que se mencionara otra posibilidad.

Sin embargo, entre familiares que reciben la lista siempre surge la pregunta: ¿Por qué Rosario no nos informó?

Han sido días difíciles para mucha gente a partir de que circuló esa información. También han comenzado a escucharse las exigencias de verdad.  

“Si el ejército tuvo la lista de 1974 debe existir listas de los años posteriores, al menos hasta 1979 que se tienen documentados los vuelos de la muerte. La mayoría de las víctimas enlistadas fueron aprehendidas por el ejército y su último paradero conocido fue en las instalaciones militares. Este hallazgo es un punto de inflexión que hace vigente la exigencia histórica de las familias de que el Estado mexicano entregue todas las listas con los nombres de las víctimas de esta operación”, dijo Contreras, del Centro Prodh.

“Pedimos a la Sedena que colabore y no ponga obstáculos o nos dé información a cuentagotas. También llamamos a la cautela; aunque tiene información verídica, Tita Radilla ya antes había recibido otra lista de ‘vuelos de la muerte’ que tenía inconsistencias; esta tiene datos verídicos, por eso pedimos a las autoridades darle importancia”, concluyó el abogado Humberto Guerrero Rosales, de Fundar.

La lista de los presuntos vuelos comenzó a divulgarse en grupos de mensajería de colectivos de víctimas desde este martes por la noche. En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab decidimos publicarla porque ya está en los celulares de las familias de las víctimas de manera descontextualizada y sin explicaciones certeras. Como sabemos que está causando dolor e indignación preferimos que esté acompañada de esta investigación.

 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Texto de Marcela Turati/A dónde van los desaparecidos. Puedes leer la publicación original aquí. 

 

Salir de la versión móvil