Pide movimiento por los 43 desaparecidos apoyo a su causa y no represión

Desde el 2014 que iniciaron las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la policía municipal, estatal antimotín, el Ejército y otras corporaciones han intenado o disuelto manifestaciones, en algunas ocasiones dejando a algunos padres heridos


Texto: Beatriz García

Foto: Oscar Guerrero

30 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron que e lugar de buscar a sus hijos, las autoridades gubernamentales los someten, expresó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez Telumbre.

En su opinión, deberían tener el derecho a la libre manifestción, como el resto de la ciudadanía con una exigencia de verdad y justicia; sin embargo, lamentó los últimos acontecimientos del viernes pasado cuando antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado les impidieron manifestarse en la caseta de cobro de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, creando un cerco que cerró totalmente los carriles de ambos sentidos de la Autopista del Sol.

Según los cálculos de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron cerca de 800 efectivos que llegaron a la caseta de cobro a crear los cercos que impidieron que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa se manifestaran el pasado viernes.

Los padres han protagonizado cientos de protestas desde el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición masiva en Iguala.

“Se está haciendo lo mismo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con tolete en mano”

Las autoridades gubernamentales no han dado respuesta sobre el paradero de los 43 a las madres y padres, pero al mismo tiempo les llega el mensaje de que les impedirán manifestarse enviándoles policías antimotines para reprimirlos, acusó Clemente Rodríguez.

El padre recordó que el viernes los policías fueron “prepotentes y groseros” al impedirles no manifestarse, cuando sabe que es un derecho.

“Vamos a poner sobre la mesa al presidente (Andrés Manuel López) Obrador junto con el fiscal o con quienes vayan a estar en la mesa, porque no es posible que cuando estamos en alguna movilización estén haciendo lo mismo que con Enrique Peña Nieto, ya con el tolete en la mano, con policías, la Guardia Nacional”, precisó.

Estas acciones “timoratas, tenues, pusilánimes” no son las mismas contra los grupos criminales

Mientras, en la opinión de uno de los abogados del movimiento, Vidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo en entrevista que no se ha habido ningún diálogo con autoridades federales y estatales, pero en los próximos días se reunirán los padres y el abogado para ver qué procede después de lo que vivieron.

Previo a lo sucedido el viernes, el abogado recibió una llamada telefónica de la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien le advirtió que había un operativo en curso y que hablara con los normalistas que si tenían previsto manifestarse se contuvieran, pero para ese momento las madres y padres ya tenían planeada la manifestación.

Consideró que fue un atentado “sumamente grave” a la libertad de expresión, a la protesta social, de reunión, de asociación, al que tienen derecho los padres de familia, porque es un problema no resuelto, y a través de estos actos de protesta los padres informan los pocos avances de la investigación y ejercen su libertad de manifestación, así confrontar a un estado que no brindó seguridad y las garantías a sus hijos.

Insistió que estos hechos exhibieron arrogancia, prepotencia y autoritarismo del gobierno federal y el estado.

“Esta exhibición de fuerza del Estado no corresponde con las acciones timoratas, tenues, pusilánimes ante la delincuencia organizada.

Hay grupos por ejemplo en Chichihualco, Quechultenango, Tixtla, en Buenavista de la Salud, todos esos territorios no tiene control el Estado. En la vida fáctica quienes controlan es la delincuencia organizada. Y ahí no hay una acción decidida del estado donde ahí si ameritaría porque se tienen que salvaguardar”, puntualizó el defensor.

Además para el abogado, con estos hechos, se envía un mensaje funesto para el movimiento social en Guerrero, porque el movimiento de las madres y padres de los 43 es emblemático a nivel nacional, y que entonces el movimiento social va a ser acallado, limitado, restringido.

“Esa fuerza del estado que vimos tan eficaz tan rápida, un despliegue impresionante debidamente organizado, sincronizado, la federación y el estado no se ve contra los grupos delictivos que ellos sí hacen daño, generan muerte, dolor, terror, desestabilizan al estado”, insistió Rosales Sierra.

CDHG enviará un documento al gobierno del estado para agotar el diálogo, porque la manifestación de las madres y padres tienen una razón de ser

La postura desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG), ante lo acontecido en la caseta de cobro, es ponderar el diálogo con las autoridades, las madres y padres de los 43, para evitar se vulneren sus derechos fundamentales, entre ellos el de la manifestación, expresó la presidenta del organismo estatal, Cecilia Narciso Gaytán.

La presidenta de la CDHG mencionó que sí tenían conocimiento de que la Guardia Nacional iba a resguardar las casetas de cobro de la Autopista del Sol, y que desde el organismo se verificaría que con estas estrategias se están implementando los protocolos para no generar algún conato de violencia y respetar los derechos humanos.

“Ellos me refieren que por eso nos piden intervención para que se haga la revisión, nosotros observemos que no llevan armas de fuego, nada más lleven equipo antimotín”, dijo la ombudsman.

 

‘Duda razonable’: los presuntos culpables del nuevo sistema penal

Tras el gran éxito de Presunto culpable (2011), Roberto Hernández vuelve con Duda razonable: historia de dos secuestros, una miniserie que cuenta la historia de cuatro hombres acusados injustamente de secuestros. Un documental brillante y didáctico que denuncia un problema sistémico de la justicia mexicana.


Texto: Richard Godin / Pie de Página

Fotos: Sisters in the Jungle

28 de enero de 2022

 

“La verdad es que es increíble que puedan pensar que esto genera convicción más allá de toda duda razonable”. Esta frase fue pronunciada por Andrés Andrade, el abogado defensor de los acusados cuando fueron declarados culpables. Es el corazón de la historia y un principio fundamental del derecho. “México tiene una regla muy clara y muy lógica: quien tiene que demostrarte que cometiste un delito es el Estado. Tú, como defensor, nada más tienes que demostrar una duda razonable, ni siquiera tienes que demostrar la inocencia de las personas”, dice Roberto Hernández, director de la película. A pesar de ello, los tribunales operan bajo una norma de presunción de culpabilidad que va en contra de las reglas de la justicia y deja la puerta abierta a todo tipo de injusticias expuestas en la miniserie.

La historia se desarrolla en cuatro episodios. La primera, titulada “El accidente”, detalla los hechos que llevaron a Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin a ser detenidos, torturados, juzgados y encarcelados por cargos falsos y, sobre todo, por pruebas falsas. En 2015, Héctor tiene un accidente de coche cerca de una gasolinera. Cuando se baja para pedir explicaciones, el otro conductor, llamado ACP, saca una pistola y le dispara en la mano. Cuando la policía llega, detiene a Héctor, así como a Gonzalo y Juan Luis, que habían acudido a la gasolinera para repostar. Más tarde se les une Darwin, que es detenido en otro lugar por otra situación y los cuatro son acusados de intento de secuestro.

La historia se desarrolla en Macuspana, Tabasco. Aunque el director precisa que esta elección no tiene nada que ver con el origen del presidente López Obrador, tampoco fue al azar. La idea se remonta al 18 de junio de 2016, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto puso en vigor en todo el país el nuevo sistema penal basado en el juicio oral, que supuestamente ayudaría a una mejor justicia.

“Se nos ocurrió decir: ‘¿Por qué no les preguntamos a las personas que están en la cárcel cómo les fue? ¿Cómo los trataron los jueces, los ministerios públicos, los policías?’. Y uno de los municipios, curiosamente, que fue de los primeros en los que entró en vigor el nuevo sistema penal fue Macuspana”, explica Roberto Hernández. Así se entera de la historia de sus inocentes que llevan más de un año en prisión, defendidos por abogados incapaces de hacer las preguntas más básicas en el tribunal.

“Entonces, yo decido buscar un abogado que si tuviera la formación necesaria para enfrentar un litigio de esta naturaleza. Y me recomendaron a Andrés Andrade, que ha trabajado en la Fiscalía. Yo dije: ‘Se trata de un abogado que ni siquiera fue enviado a hacerlo. Está espectacular la cosa porque es alguien que entiende cómo opera esta institución y va a poder exhibirla”, dice el investigador y documentalista.

Los tres episodios siguientes (“El secuestro”, “La acusación” y “La sentencia”) muestran el trabajo de la defensa para demostrar la inocencia de los cuatro hombres. Una elaboración precisa del caso de un abogado, explicada al nivel de los simples curiosos, que permite ver los absurdos e injusticias del sistema judicial. Tan pronto como toma el caso en sus manos, Andrés Andrade ya se plantea cuestiones sobre el caso.

“La primera gran sorpresa es que casi todos estaban acusados de secuestro, lo cual estadísticamente era casi imposible, pero bueno”, dice.

La mayor parte del caso, sin embargo, se esconde en otro lugar con el secuestro en mayo de 2015 de la hermana de la víctima.

«¿Qué es lo que sucede? continuó el defensor, ACP, en algún momento, cuando los señala de tentativa de secuestro, entiende y, probablemente, los fiscales le dicen que el asunto no va a poder sostenerse. Pues no tienen absolutamente nada. No hay evidencia de nada. Entonces, toma la decisión de vincularlos con el secuestro de su hermana. Presionan, tanto él como la fiscalía, a la señora GLP, a su hermana, y hacen un reconocimiento de personas viciado con la única y exclusiva finalidad de señalarlos como los responsables del secuestro de ella”.

El cambio de víctima y por tanto de acusaciones permite a Darwin retirarse porque no estaba señalado en el asunto de GLP. Para los demás, es la continuación de una larga lucha contra el absurdo: otras personas acusadas por la víctima unos días después, suspensión de la vista en la que se había decretado la absolución y la inocencia por otra en la que se formulan nuevos cargos, influencia del fisco sobre los testigos, intento de intimidar a los testigos de la defensa, corte de las cámaras que son elementos clave del nuevo sistema judicial, cambio de juez en el momento del veredicto e incluso sabotaje del coche del defensor.

“Había sido un proceso discontinuo”, dice el documentalista. Hay un juicio oral en donde se busca desacreditar cada elemento aportado por la defensa. “Todo esto es en el contexto de que quien tiene la puta responsabilidad de probar culpabilidad son ellos, no nosotros la inocencia”, dice el defensor con molestia.

Pues Andrés Andrade está frustrado. Gracias a sus habilidades y a su conocimiento del sistema, consigue plantear una defensa sólida que no se traduce en la inocencia de sus protegidos. Durante todo el proceso penal, se enfrentó a los más importantes representantes de la Fiscalía del Estado de Tabasco. “La licenciada Delfín es la mejor que tienen en Alto Impacto. Los asuntos delicados los lleva ella. Y es un asunto delicado”, explica Andrés con una media sonrisa. Y si es la mejor, seguramente es porque sus métodos son los más radicales (apela a una decisión que en última instancia convenía a todos), tiene una personalidad sin sensibilidad social y realiza un trabajo basado en la fabricación de pruebas falsas.

Con sus denuncias, la miniserie va más allá del simple caso de estos cuatro hombres. “A mí me encantaría pensar que el caso de los muchachos es aislado. Que es raro o difícil que en nuestro país a alguien se le fabrique la culpabilidad, que se fabriquen pruebas para hacer parecer a alguien culpable…”, se lamenta Andrés Andrade.

Pero el problema es demasiado grande para ser único. Comienza al principio de una investigación con el trabajo de campo. Normalmente, los agentes de policía deberían saber cómo afrontar este tipo de situaciones. Pero sin una formación adecuada, es difícil exigir un resultado satisfactorio del trabajo que realizan en malas condiciones. « Ellos mismos son víctimas de abuso por parte de las autoridades. Están mal pagados, mal alimentados. México tiene una de las más altas tasas de homicidios de policías. Anualmente, son asesinados como 350 policías. Prácticamente, uno al día. Y tampoco los homicidios de los policías son investigados, dice Roberto Hernández.

Otra víctima colateral de un delito es ACP. Tras el intento de secuestro de un hermano y el secuestro de su hermana, el miedo está presente. Roberto afirma que el hombre « viene de una comunidad en donde, en esas épocas, hubo una enorme cantidad de secuestros, donde él, posiblemente, se sintió con el riesgo de que le podía pasar a él mismo ».

¿Es todo esto una razón o justificación para encarcelar a personas inocentes? La respuesta es obviamente no. Estos detalles están ahí para exponer a los ojos de la mayoría que la injusticia no está ligada a Macuspana, es propia del sistema de justicia mexicano que nunca ha sido cambiado en sus mismos fundamentos. «Recordemos que, en el origen, el sistema de persecución criminal mexicano estaba como un sistema de control político que no se diseña para esclarecer la verdad. Y nunca lo cambiamos de raíz. Aunque cambiamos las reglas y el juicio oral, nunca hubo un acuerdo político fundamental de que los políticos saquen las manos del sistema, uno, y dos, de que el sistema produce verdad», señala Ana Laura Magaloni, abogada e investigadora.

Una reforma de los juicios orales, que es el origen de esta miniserie y sobre la que Roberto, tras cuatro episodios y otros tantos años de investigación, puede opinar:

«No es que la reforma de los juicios orales sea una mala reforma. Simplemente, es una reforma incompleta. Lo que falta es que esas ideas, que están en la cúspide de la pirámide de la justicia, desciendan a la base y que haya también una videograbación de las entrevistas policiales, de los operativos, de los arrestos. Eso va a permitir que, entonces, podamos acabar con la tortura como método de investigación criminal. Y cambia la estructura de incentivos de los agentes del orden en México, de los fiscales».

Esta triste operación le empuja a seguir con su papel de abogado con cámara, como se describe a sí mismo y como explica a las familias de los acusados: «Yo no formo parte del equipo de defensa. Me interesa la verdad, me interesa lo que realmente occurió, pero mi labor aquí son estas cámaras, documentar lo que está pasando y contar la verdad».

La serie da un lugar privilegiado a las familias de las víctimas y a las propias víctimas. Sus palabras son preciosas y nos permiten insertar el elemento humano en esta disputa legal, sin caer en el patetismo.

El trabajo documental es también de gran calidad y explica perfectamente los absurdos de la ley con la ayuda de los ponentes, que dan explicaciones precisas y resúmenes brillantes de los hechos con líneas de tiempo en particular. Los elementos presentados y las secuencias propuestas (sobre todo los extractos de los ensayos) están elegidos con precisión. Es imposible perderse y es con gran facilidad que uno puede sumergirse en este embrollo judicial.

Desde 2015, cuando se inició el caso, Héctor, Juan Luis y Gonzalo están en prisión. No se ha llevado a cabo ninguna investigación por tortura y la mayoría de los funcionarios implicados siguen en activo. En 2018, «Tabasco eligió a un nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial,y el mundo se enfrentó a la llegada del covid-19 ». Cambios importantes que no han cambiado nada o han empeorado la situación.

Roberto realizó este documental para que miles de inocentes puedan recuperar su libertad y contra un sistema de miedo permanente.

«Tiene que haber algo más fino y más sofisticado que cualquiera te señale de algún delito y que ese sea tu juicio. Eso es una cosa elemental. Tenemos derecho a la libertad. Y en México, no está garantizado tu derecho a la libertad».

‘Un niño nunca olvida un abuso’: piden a Suprema Corte que delitos sexuales contra menores no prescriban

Este miércoles 19, la Primera Sala de la Suprema Corte decidirá si atrae o no la discusión sobre si los abusos sexuales en contra de menores pueden prescribir.


 

Texto: Manu Urueste / Animal Político

Fotografía:

19 de enero de 2022

 

Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si atrae o no la discusión acerca de si los delitos sexuales en contra de menores pueden prescribir. De atraer la discusión, entonces la Corte deberá someter el asunto a una posterior revisión a fondo para emitir una postura al respecto.

La solicitud de atracción 462/2021, que fue turnada para su estudio a la ministra Margarita Ríos Farjat, surge a partir del caso de una niña de 9 años que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato.

Los abusos habrían tenido lugar entre febrero y marzo de 2018, pero debido a los impactos psicológicos que sufrió la menor, ésta no verbalizó los hechos hasta dos años después, en 2020, cuando finalmente sus padres interpusieron la denuncia ante la Fiscalía guanajuatense.

Por este caso, un juez de León giró una orden de aprehensión en contra de Roberto ‘N’, el presunto agresor. Sin embargo, la defensa de éste interpuso un amparo para tratar de evitar la detención alegando que el delito ya había prescrito.

El abogado defensor de la menor, Moisés Castillo, expuso que actualmente el Código Penal de Guanajuato prevé una pena máxima por abuso sexual de tan solo dos años. Por lo que, debido a que a la denuncia por la agresión fue interpuesta dos años después de los hechos, y la pena máxima es de dos años, el delito a perseguir ya habría prescrito. Y aunque en noviembre de 2020 se llevó a cabo una reforma al artículo 123 del Código Penal que establece que este tipo de delitos ya no pueden prescribir tampoco en el estado de Guanajuato, los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se llevara a cabo esa reforma. De ahí que la defensa del imputado se aferra a la caducidad del delito para evitar la detención.

Al entrar a discutir de fondo el asunto, el juez resolvió el 30 de abril de 2021 negar ese amparo argumentando que, si bien el delito había prescrito según lo establecido en el Código Penal de Guanajuato antes de la citada reforma de noviembre de 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los delitos cometidos en contra de menores no pueden prescribir.

Sin embargo, la defensa de Roberto ‘N’ interpuso un recurso de revisión en contra de esta decisión, que le tocó analizar al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, mismo que el 2 de septiembre pasado decidió turnar el caso a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que este miércoles 19 decidirá si atrae o no el asunto para su discusión.

El abogado Moisés Castillo subrayó en entrevista que aunque con la reforma reciente al Código Penal de Guanajuato el delito de abuso sexual ya no puede prescribir, es de “vital importancia” que la Suprema Corte entre a analizar a fondo el caso, pues de atraerlo y pronunciarse a favor de la no prescripción estaría sentando un precedente jurídico “histórico” en todo el país, que “cerraría por completo” la puerta en otros estados a que más agresores puedan alegar la caducidad del delito.

Por el momento, aunque este miércoles la decisión únicamente versará sobre si la Primera Sala de la Suprema Corte entra o no a la discusión del tema, el abogado dijo que por tratarse de un asunto “de extrema importancia” espera que la Corte lo atraiga y que, además, “lo eleve al Pleno de la Suprema Corte” para que los 11 ministros lo discutan ampliamente.

Incluso, Castillo dijo que también espera que la discusión del tema en la Corte también pueda servir para iniciar otra en el legislativo de Guanajuato, para que los diputados estatales revisen la pena máxima de dos años de cárcel en esta entidad por abuso sexual, cuando en otras entidades, como el Estado de México, se castiga hasta con 15 años.

“Una de nuestras intenciones es también modificar la pena para este delito. Queremos llevar el caso también hasta el Congreso del Estado”, recalcó el letrado en entrevista.

“El abuso sexual nunca prescribe en la mente del niño”

Madres, padres, y familiares de menores víctimas de abuso sexual dijeron a este medio que irán este miércoles a las inmediaciones de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, para exigir a los ministros que atraigan el caso.

“Ojalá que la Suprema Corte atraiga el caso y vote a favor de la no prescripción de los abusos sexuales a menores”, apuntó en entrevista Carlos Alfonso Navarro, padre de un niño de ocho años que también denunció ser víctima de abuso sexual de Roberto ‘N’, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido luego de que se girara otra orden de aprehensión en su contra por este caso.

“Si el abuso sexual no se olvida ni prescribe nunca en la mente de un niño, ¿por qué debería hacerlo el delito?”, cuestionó por su parte el señor Juan, padre de una menor que también denunció un caso de agresión sexual distinto.

“Este caso de Guanajuato significa mucho para muchos niños en todo el país porque se abre una puerta a que tengan justicia más allá del tiempo que pasó de la agresión”, agregó el padre de familia, que criticó que los jueces no entienden que, en muchos casos de violencia sexual, los menores pueden tardar años en verbalizar los abusos, y por eso le restan credibilidad a su testimonio.

“Este tipo de delitos no pueden prescribir nunca -hizo hincapié el hombre, que pidió proteger su identidad y la de su hija menor-. Los niños se tardan mucho en hablar porque es un proceso muy doloroso y complicado, y hay veces que hasta se mueren y no lo verbalizan por miedo. Por eso, este caso es una gran oportunidad”.

La psicóloga María del Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la organización civil Guardianes, dijo que, en efecto, un mecanismo de defensa de las menores víctimas de abuso es tratar de olvidar lo sucedido, debido al dolor y al sufrimiento que les generan los recuerdos. De ahí que muchos menores puedan verbalizar los hechos hasta años después, algo que deberían de tener muy en cuenta los juzgadores que analizan este tipo de casos.

“Actualmente, las leyes en México están hechas de una forma no empática ni conectada con las necesidades de los menores víctimas de abuso”, criticó la psicóloga.

“Se tiende a minimizar todo lo relacionado con el abuso infantil; se ve como algo chiquito, cuando, si pusiéramos en el centro de todo el interés superior de los niños, nos daríamos cuanta de que esa es la etapa mas importante en el desarrollo de una persona porque se está estructurando su cerebro y se está formando su personalidad”.

De ahí, subrayó la psicóloga, la importancia de que se siente un precedente jurídico que evite que haya entidades donde el delito de abuso sexual infantil pueda quedar sin castigo.

 

Este contenido es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización

Lupita: buscar hasta el último aliento

Texto: Beatriz García y Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de agosto del 2021

Chilpancingo

 

Es la tarde del 25 de noviembre del 2020, y Lupita, junto a sus compañeros del Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País y efectivos de la Guardia Nacional descienden del Cerro El Veladero, de Acapulco, después de una exhausta búsqueda en fosas clandestinas.

De pronto, camionetas de policías ministeriales y estatales les cierran el paso y les toman fotografías y videos. Lupita les reclama: “¡No somos criminales… nosotros buscamos a nuestros familiares desaparecidos!”.

La escena anterior que representa parte de las consecuencias que viven familiares de desaparecidos y asesinados en México encargados de las búsquedas ante la inacción institucional, la describió la propia Guadalupe Rodríguez Narciso el 7 de julio pasado, con la intención de documentar su trabajo por los desaparecidos, como parte del contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado ayer.

El viernes 27 de agosto por la noche, Lupita, como la llamaban de cariño, murió a causa del virus SARS-Cov-2; estuvo hospitalizada desde el 9 de agosto en el Hospital Covid-19 de Iguala.

La vida de la abogada cambió para siempre desde hace siete años. La desaparición de su hijo Josué Molina Rodríguez, ocurrida el 4 de junio del 2014, lo transformó todo. A raíz de su lucha por hallarlo la convirtieron en la portavoz de familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero.

Lupita es una de las cientos de madres en el país que se volvieron líderes, porque asumieron una responsabilidad que le toca al Estado: buscar a sus desaparecidos y la justicia por los asesinados.

En un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las personas desaparecidas y no localizadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que: “la desaparición de personas, desafía y cuestiona las capacidades y recursos de las autoridades gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un obstáculo que impide la consolidación de una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”.

Este texto busca visibilizar y mostrar a Lupita en sus siete años de búsqueda junto a otros familiares de desaparecidos frente a la impunidad.

El comienzo del camino

A las cuatro de la tarde del 4 de junio del 2014, Josué salió de su casa para llevar a su esposa a la escuela, estudiaba en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a donde llegaron veinte minutos después.

Instantes después de eso, Josué recibió una llamada en su celular. De acuerdo con la investigación que hizo la madre de Josué, Guadalupe Rodriguez Narciso, la llamada salió de la Escuela Secundaria Técnica 30 de la capital, ubicada en la colonia Alianza Popular, al sureste de la ciudad.

A las 4:45 existe el reporte en las autoridades policiacas que fuera de la secundaria, tres hombres armados se llevaban a un joven en un Jetta negro. El vehículo del hijo de Lupita.

En su despacho, Lupita concedió una entrevista a Amapola. Periodismo transgresor a mediados de julio, antes de que enfermara. Habló de Josué, el hijo que la movió a luchar por él y otros desaparecidos.

“Sólo dios sabe por qué lo hizo, si mi hijo no hubiera desaparecido no hubiera ayudado a tantas familias”, dijo.

Sobre la mesa y el escritorio hay pilas de carpetas amarillos con copias de documentos y formatos. Ese día Lupita alistaba los documentos porque al siguiente viajaría a la Ciudad de México a realizar trámites de familiares de desaparecidos. Acudiría al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para revisar declaraciones, demandas y situación jurídica de algunos casos de asesinados y desaparecidos.

Lupita conocía todo el trámite.

Después de que desapareció Josué acudía todos los días al Ministerio Público y a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en busca de noticias sobre su paradero. Ahí se dio cuenta que muchas familias vivían su misma situación.

Por su profesión conocía el ámbito legal. Se dio cuenta que había personas a quienes ni siquiera les tomaban la denuncia, y regresaban una y otra vez a las oficinas para una serie papeleo, a la par que recibían mala información y malos tratos.

En ese 2014, después de varios meses de dar vueltas a las oficinas de la FGR en espera de una respuesta que nunca llegó, Lupita hizo amistad con otras familias y supieron del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), una organización que ayudaba a familiares de desaparecidos y se sumaron.

Por su astucia, capacidad de dialogar y resolver conflictos, compartieron otros integrantes del colectivo, Lupita se ganó la confianza de otras víctimas, quienes la siguieron cuando decidió dejar Tadeco para comenzar las búsquedas por su cuenta.

“Íbamos a la radio a solicitar una piñata (para hacerles posadas a los niños víctimas), dulces y ahí es donde daba mi teléfono, mi domicilio, para decirles que podían ingresar a nuestro colectivo para luchar juntos”, relató la abogada.

Su colectivo alberga ahora a poco más de 500 familiares víctimas de desaparecidos y asesinados desde el año 2000 en diferentes partes del estado.

“Les pedía sus datos para integrarlas, primero no teníamos grupo de WatsApp, cuando iniciamos todavía no había eso, yo les tenía que marcar y hablar por teléfono, a todas les tenía que avisar, o por mensajes, entonces así se fue consolidando el colectivo, y de ahí algunas personas también me las mandaban de la Fiscalía del estado”, narró.

Lupita no paró en enviar escritos a los gobernadores en turno. Ese día recordó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y ex procurador Iñaki Blanco nunca los recibió.

Fue en 2015 que a su grupo lo nombraron Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País.

Estas imágenes corresponden al día 7 de julio, día de la entrevista con Lupita Rodríguez Narciso.

El terreno impere sinuoso para los buscadores

Guadalupe sale de la Fiscalía y un hombre con una mochila colgada en el pecho la sigue. Ella piensa: “¡Me quiere matar!”, pero no muestra miedo, y decide internarse en la vía rápida de la Autopista del Sol. Decide rápido que si habría de morir, que sea arrollada por los autos, pero frente a ella se para un taxi y el chofer le grita: “¡Súbase doña!”. Se sube.

El chofer se dio cuenta que el hombre la seguía y le contó que él lo vio cuando metió su mano a la mochila, como intentando sacar algo, quizá una arma.

Ella suelta el llanto y exclama: “¡Dios me manda a sus ángeles para protegerme, él sabe que no estoy haciendo nada malo, yo estoy buscando a mi hijo y le ayudo a otras madres a buscar sus hijos!”.

Ese día de la entrevista, Lupita dijo que le daba coraje hacerle el trabajo a las autoridades, que son quienes debían buscar a sus familiares y no sólo llenar las sillas de los escritorios en las oficinas.

En diversas ocasiones, Lupita y los familiares de este colectivo también se enfrentaron a otros escenarios violentos, como cuando se plantaron en oficinas de dependencias federales y los desalojaron de manera violenta.

En una protesta en el periodo del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, policías antimotines los rodearon y golpearon miembros del colectivo.

La persistencia

Las búsquedas de los desaparecidos por parte de las autoridades no existían, tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ni la Comisión Estatal de Búsqueda. Lupita está segura que las instituciones las crearon a raíz de la exigencia de los colectivos.

De acuerdo a lo que está publicado en la página web del gobierno federal, fue hasta el 12 de octubre del 2017 que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. Luego se determinó crear la CNB y las comisiones locales. El 7 de marzo de 2018 rindió protesta el primer comisionado, Roberto Cabrera Alfaro.

En ese 2015, la denuncia de Lupita por la desaparición de su hijo se integró en la Unidad de Búsqueda de Personas de la PGR, desde ese momento solicitó ante estas autoridades la investigación y las búsquedas, no sólo de su hijo, si no de los familiares de sus compañeros y compañeras de colectivo.

Al año siguiente, en el 2016, estaba de titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes. Lupita recordó que fue tajantemente con ella al decirle que en esa Fiscalía no se hacía investigación. “Aquí se hacen puras búsquedas, pero, pues, no hay para ti, porque yo siempre estaba insistiendo, exigiendo y para ella era una molestia”, recordó que le contestó la funcionaria.

Pero el trabajo de Lupita siguió. Recabó información de sobre desaparecidos que estaban vivos, pero retenidos por otras personas. Las autoridades nunca la escucharon y creyeron en esa posibilidad, y otra vez vivieron las consecuencias de estar solos en este: uno de sus compañeros del colectivo fue desaparecido después que denunció estos hechos.

Sin la intervención del gobierno del estado, la federación otorgó la primera búsqueda liderada por los familiares del colectivo en el 2019.

Sus 62 años, la diabetes e hipertensión que le detectaron antes de la desaparición de su hijo, no fueron impedimento para Lupita. Desde entonces bajaba barrancas, escalaba cerros y caminaba por lugares pedregosos y con maleza en busca de fosas.

Ella y sus compañeros se volvieron un espacie de expertos en búsquedas. Lupita no faltó a ninguna de las más de 10 jornadas que realizaron; la última la realizaron del 14 al 23 de julio. Y si faltaba era porque debía ir a hacer trámites en las diferentes dependencias federales para otros familiares.

Al hablar de la primera búsqueda, Lupita se conmueve, se le humedecen los ojos. “Fue un triunfo tener la oportunidad de buscar a los desaparecidos, es una esperanza para encontrarlos, un trabajo que debería de hacer el Estado”, comentó ese día.

El colectivo localizó más de 100 restos óseos y cadáveres en todas las jornadas de búsqueda, pero el trabajo todavía esta incompleto, los peritos forenses o el Estado debe hacer las confrontas con el ADN de los familiares de desaparecidos para posibles identificaciones. Hasta ahora han identificado a tres desaparecidos.

Buscar hasta el último aliento

En julio pasado fue la última jornada de búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas en la que participó Lupita. Durante esas búsquedas, que ocurrieron en Acapulco y Leonardo Bravo, una bacteria se alojó en un pulmón de Lupita, contó su compañera Gema Antúnez Flores, integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.

Gema también se convirtió en activista después de la desaparición de su hijo, Sebastián García Antúnez, de 22 años, desaparecido en Chilpancingo el 27 de febrero del 2011. Ella, al igual que Lupita, tampoco paró en pandemia para exigir justicia por los desaparecidos.

El 7 y 8 de agosto, ambas acudieron a la Ciudad de México a reuniones en al Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Conavim), la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), y antes a la FGR y en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En esas reuniones Lupita se sintió mal y se fue directo al médico, pero pensó que era la bacteria alojada en su pulmón de la que ya se recuperaba. Le hicieron la prueba y dio positivo a Covid-19.

Gema y otros integrantes del colectivo también se contagiaron, pero algunos ya se recuperaron y otros aún se recuperan.

A Lupita la hospitalizaron el 9 de agosto y después la intubaron.

“Le puedo decir las mil maravillas de la señora, porque para mí siempre fue una persona que daba todo a cambio que las familias estuvieran bien. Yo le puedo decir que era una persona que les transmitía seguridad, paz y ha sido una guerrera, y Dios permita siga adelante porque sería una gran pérdida por todos nosotros”, dijo Gema dos horas antes de que se conociera sobre la muerte de Lupita.

Su muerte ocurrió el viernes 27 de agosto, tres días antes del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

 

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