Reclamar públicamente por la falta de atención en el IMSS le costó a un derechohabiente la “estigmatización”, una atención precaria y la incertidumbre ante la posibilidad de perder el tratamiento.
Texto: Nayeli Roldán / Animal Político
Foto: Facebook Secretaría de Salud
7 de agosto del 2024
En enero de este año, Javier Delgado, de 50 años, sufrió un infarto. Fue atendido en el IMSS de Mérida, y gracias a un cateterismo pudieron salvarle la vida. Cuando aún estaba en el hospital avisó a los doctores que sentía una bolita en la lengua, pero le dijeron que tal vez era una infección y sólo necesitaba enjuagarse con astringosol.
Dos meses después la bolita era más grande y “no se quitaba con nada. Se nos hizo muy raro, por eso decidimos ir con un médico internista, porque no era normal”, relata Adriana Promotor, su esposa.
Por esa sospecha y aún con las limitadas condiciones económicas de la familia, pagaron 800 pesos por una primera consulta con un médico internista. Al revisarlo, sospechó que era cáncer y lo envió con un oncólogo quien cobró otros mil pesos por la consulta, y una segunda revisión por mil pesos. Ahí ordenó una biopsia urgente.
Con ese diagnóstico y sabiendo que la biopsia era más cara que pagar una consulta, la familia acudió a solicitarla al Hospital General Regional 17 del IMSS de Cancún, donde vivían, pero les dijeron que no podrían realizarla hasta al menos tres meses. “Es urgente”, les insistió Adriana, pero de nada valió. Tenían que esperar ese tiempo.
Decidieron hacerlo por su cuenta, vendiendo lo que pudieron, “el aire acondicionado, una mesa, todas nuestras cosas. Las subimos a Mercado Libre y así las fuimos vendiendo”, cuenta Adriana con la voz entrecortada.
Lograron juntar 8 mil pesos para pagar la biopsia y el resultado confirmó las sospechas de los médicos particulares: era cáncer. El tratamiento, les explicaron, consistiría en radioterapias que costarían 350 mil pesos y quimioterapias de 5 mil pesos semanales.
Esas cifras, impagables para casi cualquiera en este país, eran más inalcanzables para Javier, quien trabajaba en el sector hotelero como técnico mecánico, y sólo recibía 5 mil pesos mensuales como parte de una pensión temporal ante la imposibilidad de volver al trabajo por las complicaciones de salud.
Adriana, su esposa, es ama de casa; su hija, de 32 años, tiene una bebé de seis meses y el esposo trabaja como lavaplatos en el aeropuerto de Cancún. Definitivamente necesitarían del servicio público para atender a Javier, pensaron.
Aunque vivían en Cancún, el hospital de ahí no podía atender cáncer, al no contar con médicos ni aparatos, pero de urgencias, lo canalizaron a Mérida nuevamente, a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Ignacio García Téllez”. Por eso, Adriana, su hija y su nieta se fueron allá. Rentaron un cuartito por 3,500 pesos y desde entonces sólo sobreviven con el sueldo del yerno y la pensión de Javier.
En el IMSS de Cancún no le realizaron ningún otro análisis y tampoco recibieron los estudios que le habían hecho de forma particular. Con la revisión de los doctores en emergencias de Quintana Roo lo trataron como paciente confirmado de cáncer en Mérida.
Lo citaron para el 15 de julio para la primera sesión de radioterapia y la familia creía que al menos todo el sacrificio y el batallar de los meses previos tendría buen puerto y por fin comenzaría el tratamiento que Javier necesitaba, porque lo que comenzó como una ‘bolita’ ya le había cubierto toda la lengua para entonces.
Pero no fue así. El día de la cita, el área de oncología del hospital no tenía luz y no lo pudieron atender. Le dijeron que volviera al siguiente día. Así lo hicieron, pero el 16 de julio los recibieron con otra mala noticia: la máquina de radioterapia estaba descompuesta y abría servicio hasta tres días después.
“Por eso perdió las primeras quimioterapias porque primero van las radioterapias, pero como no se las dieron, las citas se perdieron para lo demás. Ya después, nos dijeron que no había un medicamento para la quimio. Y así nos han traído”, dice Adriana.
Ante eso, Javier decidió hacer videos que publicó en Tik Tok para denunciar la falta de atención. Apenas pudiendo hablar por la afectación en la lengua, pero con la esperanza de ser escuchado y, sobre todo, atendido. Mientras que Adriana interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, a través de una organización no gubernamental interpuso un amparo para lograr el tratamiento.
También manda correos frecuentemente a todas las autoridades para suplicar atención. “¿Van a esperar a que mi esposo se muera?”, decía Adriana a todos los funcionarios con los que hablaba. Sin embargo, su exigencia le trajo el reclamo de funcionarios del instituto, como el que hizo Gabriela Paredes, trabajadora para la atención y orientación del derechohabiente del IMSS en Cancún.
“Me habló muy molesta. Me dijo que no tengo por qué hacerlo público porque ella ha estado en la mejor disposición para ayudarme. Y si ella quisiera no me daría ningún medicamento para mi esposo. Me dio a entender que ya no diga nada porque las personas que me están ayudando solo lo hacen por ‘lucro’ y ‘no se vale’”, relató Adriana.
Tres horas después, me avisaron que el medicamento ya estaba disponible.
Gracias a su exigencia ha conseguido un poco de respuesta. Hasta el inicio de agosto Javier ha recibido cuatro sesiones de radioterapia y una primera sesión de quimioterapia. La segunda la tiene programada para el 7 de agosto.
Sin embargo, viven en permanente incertidumbre de que el tratamiento sea interrumpido porque la experiencia hasta el momento no ha sido satisfactoria. De hecho, el medicamento para tratar los problemas del corazón después del infarto no los obtienen del Seguro Social, porque nunca ha habido, lo tienen que comprar en 2 mil pesos la caja que dura un mes.
Su exigencia, dice, les ha provocado que ahora “estamos marcados. Cada vez que vamos a la radioterapia nos hacen esperar horas y horas. Mi esposo se ha desmayado en el baño por lo débil que ya está, ha bajado 25 kilos, y está muy débil, pero no les importa. No tienen corazón”.
Además, con los gastos que ha traído una mudanza forzada, la familia está atravesando una situación económica aún más carente. “Allá (en Mérida) vendíamos tamales, pero acá no conocemos a nadie, no tenemos ni para empezar a vender y yo cuido a mi esposo y mi hija a su bebé; mi yerno tiene que pagar la renta de allá, y nosotras otra acá. A veces no tenemos ni para comer”, relata Adriana.
Por eso busca alguna organización que pueda ayudarles económicamente y apela a algún donativo que pueda ayudarles en estos momentos. (El número de cuenta sping de Oxxo es 646690146402951032, a nombre de Adriana Promotor).
El carente sistema de salud
Las carencias en el sistema de salud no son nuevas. En realidad han recrudecido en el actual sexenio. Como documentó Animal Político en la investigación periodística No Fuimos Dinamarca, el presupuesto al sector salud ha disminuido, mientras los servicios han ido a la baja.
Todas las instituciones de salud tuvieron menos recursos que tradujeron en menos servicios. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tuvo hasta 39% de recorte en servicios básicos como agua y 37% menos en la “instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico”.
El IMSS tuvo 67% de recorte en la partida de “materiales, accesorios y suministros de laboratorio”, referidas a “materiales para radiografía, electrocardiografía, medicina, y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios médicos”. Mientras en 2018 gastó 4 mil 630 millones de pesos, en 2024 tuvo 2 mil 32 millones de pesos.
En el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el presupuesto a la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar, que atienden a quienes no tienen seguridad social, es decir, a los más pobres, registró un subejercicio de 16.8 % hasta el primer semestre de 2024.
Mientras que un nuevo programa llamado “La Clínica es Nuestra”, que consiste en entregar dinero directamente a las comunidades para que se encarguen de mejorar la infraestructura de sus centros de salud, ya gastó mil millones de pesos en el primer semestre del año.
Se trata de un modelo parecido al programa educativo “La Escuela es Nuestra”, mediante el cual se han entregado más de 84 mil millones de pesos durante el sexenio a los comités escolares, sin que hasta el momento hayan comprobado cómo y en qué se gastaron.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
