Ejército y Guardia Nacional aseguran vehículos y tres tigres en Quechultenango

Fue un operativo que se realizó días antes de que los militares fueran retenidos y expulsados


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

17 de febrero del 2022

Chilpancingo 

 

Días antes que pobladores de Quechultenango expulsaran a 50 militares y 20 agentes ministeriales estatales, la Fiscalía General dió a conocer que en un operativo realizado en este municipio aseguró tres tigres, once vehículos y la detención de un individuo.

En este operativo en el que participaron efectivos del Ejército y Guardia Nacional y que la Fiscalía no precisa el día que lo realizó, se aseguraron cinco inmuebles donde había autopartes en la comunidad de

Tlanicuilulco que está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

En un cateo que se realizó en la calle Libertad, en Quechultenango se aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea además de 28 kilos de hierba seca parecida a la marihuana.

También fue detenida una persona que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

La Fiscalía señala que seguirá con las investigaciones para lograr la detención de los responsables.

El operativo en el que el Ejército y la Guardia Nacional realizaron cateos y aseguraron un arma, marihuana y vehículos, fue realizado el pasado domingo 13 de febrero.

 

Sin capacitación previa, Guardia Nacional manda a exfederales de caminos a combatir secuestros

Agentes se quejan de que no se analizaron perfiles y solo los están enviando sin mayor preparación. Experto advierte que emplear a personal sin la formación adecuada no dará resultados y puede poner en riesgo a las víctimas.


 

Texto: Arturo Angel / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

17 de febrero de 2022

 

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

Dos de estos elementos, que pidieron reserva con su identidad, confirmaron que les avisaron del cambio de un día para otro, y que no han recibido preparación o curso especial alguno para indagar secuestros. Animal Político solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (a la que pertenece tanto la GN como la CONASE) información sobre las razones de estos cambios y la capacitación que se ha impartido a los elementos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

 

La lista de cambios incluye 101 nombres de inspectores, oficiales, agentes y subagentes que estaban desplegados en estaciones de vigilancia carretera en 17 estados: Durango, Aguascalientes, estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Coahuila, Morelos, Sinaloa y San Luis Potosí.

Son exagentes federales que hasta antes de la desaparición de la Policía Federal estaban adscritos a la División de Seguridad Regional, responsable de la seguridad en carreteras y vías federales (antes Policía Federa de Caminos). Con la extinción de la Policía Federal y el surgimiento de la Guardia Nacional, estos elementos civiles pasaron a la nueva corporación y fueron agrupados en los llamados Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones; esencialmente se mantuvieron realizando las mismas funciones.

Sin embargo, desde el año pasado y por instrucciones de su alto mando, la Guardia Nacional comenzó un proceso escalonado de relevos de todos los policías civiles que estaban en las funciones de vigilancia carretera para reemplazarlos con elementos provenientes exclusivamente de la policía militar. Este medio informó que, al cierre de enero pasado, dichos relevos ya se habían completado en 12 estados y, para el cierre del primer semestre de 2022, se esperaba completar el proceso al cien por ciento.

Los agentes civiles relevados han sido progresivamente desplazados hacia entidades donde aun no se han dado los cambios, pero una vez que se concluya con dicha estrategia, todos serán asignados a otras direcciones. Varios de ellos han comentado que no saben que ocurrirá y que las nuevas asignaciones, como la que ahora se documenta al área de secuestros, se dan de último minuto y sin aviso una planificación previa.

Para los exagentes federales de caminos que no alcancen a ser reubicados en otras direcciones, la Guardia Nacional ya alista un programa de retiro voluntario que se estará poniendo en marcha en los próximos meses.

En su momento este medio ha intentado obtener de parte de la Guardia Nacional alguna respuesta en torno a las razones por las cuales se decidió reemplazar a todos los agentes civiles de las tareas de seguridad en vías federales e instalaciones como aeropuertos, pero hasta ahora no se ha recibido alguna respuesta. Públicamente tampoco se ha anunciado los objetivos de este plan.

 

Puede ser ineficaz y hasta riesgoso, advierte experto

 

La investigación de un secuestro requiere de policías de altísima especialización, advierte el excomisionado general de la Policía Federal y maestro en Ciencias Penales Manelich Castilla Craviotto. Requiere, primero, de dominar las técnicas de investigación policial y, a partir de ahí profundizar en la adquisición de habilidades y conocimientos enfocados a la atención de secuestros.

“Los agentes de secuestro no pueden ser improvisados, necesitan una capacitación en temas como manejo de crisis, negociación. Deben tener perfiles empáticos, saber de atención a víctimas. El secuestro es el delito más grave de todos, que destruye no solo a la víctima directa sino a muchas indirectas. Un policía que investiga secuestros debe tener empatía, conocimiento de manejo de crisis y muy importante: análisis e investigación”, indica el experto en entrevista.

No obstante, uno de los agentes que se encuentra en la lista de los que fueron reasignados dijo que ni él ni sus compañeros han recibido ninguna preparación especial para atender delitos de secuestro. Los conocimientos que tiene son en materia de investigación policial pero enfocado a temas de tránsito, transportes de mercancías, y similares.

“Es algo para lo que no estamos capacitados. Se requiere tener preparación en materia de

análisis táctico, operaciones encubiertas, técnicas de sonsacamiento, fotografía y video encubierto. Se debe tener un perfil y capacitación para ser negociador o perfilador criminal. Labores totalmente distintas a las que desempeña un oficial de la dirección de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional”, dijo el policía que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.

Castilla Craviotto, quien en su momento también estuvo a cargo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, dijo que hay policías de caminos que sí tienen las capacidades para desempeñar funciones de investigación policial. No obstante, el experto sostuvo que no se trata de una realidad general, y que cada designación debe ser analizada para ver si la persona en cuestión cuenta con un perfil.

Ese sería el primer paso, porque luego vendría la capacitación enfocada en la atención, investigación y manejo de secuestros. Es una tarea que no es ajena a la extinta policía Federal – que en el pasado ha comisionado a agentes a las unidades especializadas en combate a secuestros con buenos resultados – pero que sí requiere de una preparación de cada agente.

“Es un área de altísima especialización. El trabajo no termina con la liberación de la víctima si no con el seguimiento de los grupos que se dedican a esto. Por eso se necesita que las asignaciones sean las correctas. Si esto solo se está decidiendo porque tienen a un grupo de policías que ya no saben donde colocarlos y los están asignando a la fuerza a este tipo de tareas, el asunto no va a funcionar”, dijo el experto.

Castilla advirtió que una investigación de secuestro que no esté bien trabajada desde la investigación de gabinete hasta la de campo puede resultar peligrosa tanto para los propios agentes, así como para las personas privadas de su libertad. En 2009, por ejemplo, un operativo de rescate mal diseñado, ejecutado e implementado dejó un saldo de cuatro personas muertas en una casa de seguridad en Xochimilco, Ciudad de México. Entre las personas fallecidas estaba la víctima del plagio, la empresaria Yolanda Cevallos Coppel.

Informe identifica fallas en formación y capacitación

El Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, presentado ayer en el Senado de la República, identificó irregularidades y contradicciones en los supuestos programas de formación, capacitación y evaluación en el proceso de conformación de esta nueva corporación.

Por ejemplo, el informe detalla que en junio de 2019 la corporación había indicado – en respuesta a una solicitud de transparencia – que los elementos provenientes de las fuerzas armadas con los que se constituyó la corporación recibirían cursos de 584 horas de duración en total. Sin embargo, en agosto de ese mismo año indicó que el curso sería en realidad de 385 horas, es decir, 199 horas menos.

En noviembre de 2021, detalla el informe, la Guardia Nacional reportó que se había dado el curso de capacitación policial inicial a 2 mil 274 efectivos, y alguna preparación especializada a 16 mil 916 efectivos. Las cifras son muy lejanas al estado de fuerza total de esta corporación que ronda los cien mil efectivos.

También hay rezagos en cuanto a la certificación obligatoria con la que deberían de contar todos los elementos de dicha fuerza para acreditar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar bien la función policial. En mayo de 2021 el 90 por ciento de los elementos carecían de dicha certificación, en una clara violación a la ley de Guardia Nacional. Para noviembre del año pasado se reportó que la cifra había crecido a 20 mil 995 efectivos con el CUP, cifra que ele informe considera poco realista y que, además, apenas representa la quinta parte de todo el estado de fuerza.

El informe indica que estas irregularidades cobran relevancia si se toma en cuenta que la conformación de la GN se ha hecho esencialmente con militares que son reclutados y comisionados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, con personas que no son reclutadas bajo criterios de un estándar policial, sino como soldados.

“No se ha construido por tanto una corporación civil como lo establece la Constitución”, concluye el informe.

 

Buenavista de la Salud, el pueblo que se curó de espanto después de la masacre a sus comunitarios

Durante enero hubo 87 muertos en Guerrero, entre estos al menos ocho feminicidios. El enfrentamiento de esta comunidad dejó oficialmente seis bajas y después en otro hecho ese mismo día de armados contra la policía, hubo heridos. Acapulco, Iguala y Chilpancingo, las ciudades con más sucesos violentos durante el primer mes del año


Texto: Vania Pigeonutt

Fotografía: Carlos Navarrete y Oscar Guerrero 

8 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

Una de las creencias de Buenavista de la Salud, una comunidad perteneciente al Valle del Ocotito, es el espanto–la pérdida de alma por una gran impresión –, por eso desde el 26 de enero, cuando decenas de hombres de una agrupación criminal irrumpieron a la base de su Policía Comunitaria y se enfrentaron con sus guardianes por casi dos horas enlutando a cuatro familias, el curandero del pueblo recibe en promedio a 10 personas cada día.

El señor contó a una vecina de Buenavista que después de la balacera atiende entre niños, adultos, jóvenes, incluso matrimonios con sus hijos, para curarse el espanto. No se da abasto. Para la gente del pueblo, muchos incluso decidieron irse, fue una gran impresión. Otra más. Desde 2017 su base de seguridad ciudadana ha intentado ser tomada por armados que pretenden usar a la comunidad como paso libre para sus actividades ilícitas.

Buenavista, junto con otros pueblos de ese corredor comunitario, en donde está el parque industrial de la zona ubicado en la carretera federal México-Acapulco, han soportado varias irrupciones armadas, de acuerdo a lo que reconoce la misma Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la agrupación criminal local Los Ardillos.

A inicios de marzo de 2018, los hombres armados atacaron con granadas y armas largas la misma base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación a la que la gente se adhirió en 2014, debido al aumento de secuestros, cobro de cuotas, extorsiones, homicidios, feminicidios y desapariciones.

Ha habido otros asesinatos y heridos resultado de estas irrupciones. El cambio social inmediato son los cierres de negocios y la suspensión de clases. Esta vez las clases son en línea en la mayoría de las escuelas, pero aún así la comunidad famosa por su manantial, parece desértica. Gente se fue dejando a sus animales. Otros se quedaron pero con miedo.

La gente habla de más de 10 muertos del saldo del 26, porque aunque aquí cuatro de sus policías perdieron la vida, entre ellos, el maestro Mario Zamora, comandante y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del lado de los armados también reportan bajas, pero aseguran que esos cadáveres fueron trasladados de regreso por esos mismos civiles con armas largas.

Frente a la comunidad de Acahuizotla, la FGE reportó otra confrontación entre los integrantes de un supuesto grupo criminal y policías del estado en el que murieron otros dos hombres. Tres policías estatales resultaron heridos tras esos acontecimientos más tres del sistema de seguridad de la UPOEG en Buenvista.

Una historia por tomar el control ataña

Hace cuatro años, Buenavista recibió otros ataques juntos, el 29 de enero y 21 de febrero del 2018, lo que orilló a las personas y autoridades educativas a suspender las clases, también en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos y Rincón de la Vía. Fueron 32 escuelas las que todavía hasta septiembre de ese año, no podían reanudar clases a falta de seguridad pública prometida por el ese entonces gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.

Aunque estos ataques empezaron desde 2017, la gente no podría acostumbrarse nunca al sonido de las balas.

Esta historia de más de cinco años, tuvo otro episodio este 26 de enero, miércoles. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando una familia que vivía casi frente a la base de la Upoeg, al pie de carretera de Buenavista, terminaba de comer. Primero oyeron como si hubieran encendido cohetes, aunque sus fiestas patronales quedan lejos, el Señor de la Salud, su santo patronal, no se festeja sino hasta marzo. Se les hizo raro.

“Se oía horrible, desde el balazo más leve hacía que vibraran las ventanas, imagínate las granadas que echaron. Fue muy feo. Como vivimos muy cerca, hasta pudimos escuchar las voces de los hombres, las cosas que se gritaban y cómo se coordinaban. –¡Dispárale! ¡Agáchate! – se gritaban. Supongo que a uno de ellos lo hirieron enseguida, porque clarito escuché que le dijo: –¡Súbetelo a la camioneta y llévatelo, que se nos va a ir!”.

La esposa de la familia narra que esta irrupción les agarró a todos desprevenidos, ni por qué habían presenciado las otras balaceras y esas habían sido incluso a las tres de la tarde, les pareció algo familiar. A esa hora los niños salen a jugar a la calle, hay albañiles, todo está muy transitado, por eso es que mucha gente vio cómo el grupo de al menos 50 hombres armados llegó y empezó a disparar desde diferentes ángulos. Incluso a gente en la calle.

“Escuchamos todo, clarito se oía como cortaban cartucho. Nos metimos al cuarto más protegido, pero las balas rebotaban en las paredes de la casa, y se escuchó como caían casquillos. Destendimos las camas y nos acomodamos para poner a nuestros niños ahí, los cuatro nos acomodamos mientras pasaba todo. Esta vez se escuchaba más, se oían las bombas o no sé que se lanzaban”, relata.

Narra que se escuchaban las camionetas quemando llanta a toda velocidad, se gritaban, se bajaban, subían. Todo eso les tocó oír. Debajo de las camas, no sólo esta familia, muchas más permanecieron porque les daba miedo que una bala hiciera que saltara un vidrio de la ventana y los hiriera. Ahí se metió la gente con sus pequeños. También los gatos y perros se escondieron.

“El más pequeño ni supo que pasó, pero el mayor ya está más consciente y nos preguntaba: —¿Qué está pasando, mamá?, ¿Qué es lo que está sonando? —como los teníamos abrazados y con los oídos tapados—. Mi bebé se acurrucó y se quedó dormido rápido, pero el mayor se puso nervioso y desesperado ya se quería salir; tenemos un gatito y no lo encontrábamos, esto lo puso más nervioso porque el gato no entró al cuarto con nosotros. Encontramos al gato cuando terminó todo, hasta las ocho de la noche. Se metió debajo del sillón, escondido”, cuenta.

Aunque toso duró como dos horas, asegura que se escuchaban disparos después de que terminaron con la acción en el cuartel, irrupción que cobró la vida de Mario. “Dicen que estuvieron hasta por la Autopista. Se oían muchas camionetas. Mínimo estuvimos hora y media encerrados debajo de las camas”.

La diferencia de que esta vez sí lograran matar a los principales líderes de su policía comunitaria, coinciden pobladores consultados vía telefónica por Amapola. Periodismo transgresor, fue que estaban comiendo. Los agarraron desprevenidos.

“Los agarraron a todos juntos. Se ponían afuerita, una mesa con sus sillas y ahí comían, según para vigilar también. Dicen que vieron a la camioneta que comenzó a disparar, que Mario entró a la base para sacar armas y salió disparando igual, pero estaban todos desprevenidos y ellos traían un montón de refuerzos”, explica.

Otro testigo considera una pieza clave al profesor Mario Zamora. Cuenta que “en la base estaban a lo mucho unos quince, y de los otros mínimo eran cuatro camionetas repletas de personas armadas, y todavía murieron más de los armados que de los comunitarios. Se escuchaba todo esto, se escuchaban sus gritos, no claramente, pero sí de como se estaban coordinando. De los armados murieron como seis”.

“Mario fue una pieza clave para nosotros como lugareños. Él siempre estuvo al pendiente de todo, buscaba la manera de llevar algo hacía el pueblo y la justicia. Él adentro del pueblo tenía ese objetivo, buscar justicia, que estaba siendo violentado por los grupos armados que se disputan las plazas de aquí”.

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Violencia en enero: feminicidios, asesinatos políticos, comunitarios y comerciantes

La violencia en Guerrero se concentró en tres regiones; la Centro, donde está Buenavista de la Salud, Acapulco-casi la mitad- y la zona Norte, que colinda con la región de la Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Iguala y Taxco, donde además, comerciantes reportan un repunte de cobro de cuotas a partir de enero del 2022.

En Buenavista de la Salud casi ya no se ven comunitarios, según comentan vecinos, a partir del miércoles 26. Algunas comunidades de la Sierra de Chilpancingo, como El Fresno, Coacoyulillo y Azinyahualco, pretenden enviar refuerzos comunitarios para que el pueblo no se quede sin su propia seguridad. La Guardia Nacional, la policía estatal, incluso el Ejército dan rondines, pero no están de fijo.

De acuerdo al reporte mensual de muertos que realiza Amapola. Periodismo transgresor, en contraste con el análisis de El Sur, hubo 87 homicidios dolosos en Guerrero durante enero. Fueron asesinados políticos y mujeres. Varios hechos de violencia se concentran en municipios donde hay una policía civil confrontada con grupos delincuenciales.

Hubo en enero, un promedio de tres asesinatos cada día y aunque el 2021 cerró, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación con 1,165 homicidios el año, éste comenzó con un repunte de casi 20 muertos, a diferencia del último mes.

Fueron asesinadas al menos ocho mujeres. Una de ellas a mediados de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años, madre de dos niños pequeños originaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en cuya comunidad, también hay un grupo de policía comunitaria, este de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) confrontado con un grupo delincuencial.

En Taxco a inicios de mes fue hallada asesinada, Janelle Millán Laguna, quien fue líder juvenil del Partido Acción Nacional (PAN). Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, pero también asfixiadas y en algunos casos dejaron mensajes, provenientes supuestamente de grupos delictivos que operan en la entidad.

Otra víctima en la zona Centro, la segunda más violenta después de Acapulco, es el ex candidato a la alcaldía de Tixtla por el PRI, Saúl Nava Astudillo, quien ya había sido atentado y logrado escapar con vida de este primer hecho.

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En Buenavista los velorios se mantuvieron en muy bajo perfil. “Sobre Mario, no supimos cómo fue, ni si lo enterraron o cremaron, fue muy bajita la mano. Del señor que fue su tío (otro asesinado el 26), si supimos que hasta lo fueron a despedir ahí mismo en la base, pero igual, los velorios fueron muy rápidos, los enterraron al día siguiente. La gente no acompañó a los muertos, luego por el covid-19. Además, estaban todos con el miedo y susto”.

La gente de Buenavista mantiene vatios recuerdos. Esta zona del Valle del Ocotito es muy bonita. Este es un pueblo muy conocido por el manantial que tiene y lo agarran de balneario. Hace unos 10 años aún era un pueblo muy tranquilo donde todos tenían  su rutina: los domingos iban a los tamales que vende la señora Mica, también por un chilate.

“Son tamales verdes, rojos, de puerco, pollo, de dulce y vende chilate. Es un negocio muy famoso por acá. Es de ley, ella es muy conocida en todo el Valle, incluso gente de Acapulco ha llegado a venir acá para comprar tamales y chilate. Desde que yo me acuerdo de que me llevaba mi abuela de pequeña, desde que yo tenía dos o tres años”, cuenta una vecina.

La gente extraña los días en los que podías caminar por los establos que están junto a la Autopista desde las seis de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por esta zona. Desde 2014 la gente no se siente absolutamente en paz.

 

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López Obrador atribuye hechos de la Autopista del Sol a “infiltrados” en Ayotzinapa

A 89 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pendiente del gobierno federal, AMLO hizo un llamado a los estudiantes a no dejarse llevar por los grupos del crimen organizado que hay la región


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

7 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

En su opinión con respecto a la confrontación del pasado viernes en la Autopista del Sol, entre fuerzas de seguridad y estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta que haya infiltrados en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

«Tenemos información de que hay que gente dedicada a actividades ilícitas que son infiltrados en las movilizaciones de Ayotzinapa», dijo el mandatario al referirse a la zona donde está ubicada la escuela normal que es en Tixtla en donde desde hace casi una década un grupo delictivo mantiene el control de esa demarcación que ha sido gobernada por distintos gobiernos emanados del PRI, PRD y actualmente Morena.

En este momento, el que gobierna este municipio es el morenista Moisés González Cabañas, un egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de grave las acciones de los normalistas del pasado viernes, cuando se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, donde  incluso lanzaron un tráiler a las fuerzas policiacas sin que hubiera lesionados.

Los informes oficiales del gobierno señalan que hubo 22 lesionados, 14 de la Guardia Nacional y ocho policías estatales, en tanto que el comité estudiantil de Ayotzinapa dijo que 20 jóvenes resultaron heridos.

La versión de los normalistas es de que no iban a tomar la caseta y que solamente tenían planeado realizar un mitin y que si hubo un enfrentamiento fue porque las fuerzas de seguridad iniciaron con la agresión.

López Obrador hizo un llamado a los estudiantes a no dejarse llevar por los grupos del crimen organizado que hay la región.

El presidente calificó las tomas de casetas como una situación insostenible. Explicó que por eso el Senado de la República aprobó una ley que tipifica como delito grave ese tipo de acciones y que dicha legislación entró el vigor el pasado 28 de enero después de que se publicó en el Periódico Oficial de la Federación.

Dijo que si a los estudiantes les hace falta recurso para estudiar que se inscriban a las becas (Benito Juárez) que otorga el gobierno federal.

Hizo un llamado a los normalistas a deponer su actitud, les pidió que no le hagan el juego a la derecha e incluso pidió la ayuda de los padres de los jóvenes para calmarlos.

Informó que realizan las investigaciones para determinar a los responsables de los hechos ocurridos el pasado viernes en la Autopista del Sol.

Obrador aseguró que ya dio instrucciones el gobierno de Guerrero para que dialoguen con los normalistas de Ayotzinapa.

 

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Normalistas de Ayotzinapa se confrontan con la Guardia Nacional y Policía Estatal

Es la primera confrontación de esta dimensión entre el gobierno de la 4T en Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa


Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
3 de febrero de 2022
Chilpancingo
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, luego de que las agrupaciones policiacas evitaran que los estudiantes entregaran volantes sobre su movimiento, que entre otros puntos demanda la presentación con vida de sus 43 compañeros desarecidos en Iguala y que tomaran los módulos de cobro de la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
El saldo de esta confrontación fue de al menos una decena de heridos. Durante casi una hora la autopista del Sol lució como un campo de batalla. Los normalistas lanzaron petardos y piedras, mientras que los policías con equipo antimotín y pistolas de gas lacrimógeno disparaban para dispersar la manifestación.
Sobre los heridos, cinco eran de la Guardia Nacional y cinco por parte de los normalistas.
Cuando los estudiantes se retiraban, detuvieron un tráiler, bajaron al conductor pusieron la palanca de velocidades en neutral y dejaron que se desplazara y se estrellara en una caseta de información turística dejando daños materiales.
Hasta las 14 horas, los más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal mantenían cerrada la caseta en tanto que los normalistas se retiraron en seis autobuses a las instalaciones de la escuela, en Tixtla.
A su paso por el punto conocido como el Parador del Marqués de la misma vía de cuota, a la salida de Chilpancingo, los normalistas lanzaron un petardo, de acuerdo a versiones de un automovilista que circulaba por esa vía, a una patrulla de la Guardia Nacional.
A la protesta acudieron organizaciones sociales en respaldo de los normalistas, que también exigen mejoras para su escuela rural ubicada en el municipio de Tixtla y que hasta el momento las autoridades no les han cumplido.
Estos hechos se dan, un día después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunciara el operativo para resguardar las casetas ante la toma de éstas por parte de los normalistas para continuar financiando las acciones de sus exigencias de justicia de justicia.
Durante al menos tres horas ese tramo, el kilómetro 20 de la autopista del Sol, mantenía el tránsito lento.
Acivistas condenaron los hechos y que la Guardia Nacional sea empleada para estos fines.

Guardia Nacional y policías cercan caseta por presencia de normalistas

Con este despliegue impiden que los normalistas tomen las casetas de cobro


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía:
Chilpancingo
4 de febrero de 2022

 

Más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal tienen cerrada la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para impedir que los normalistas de Ayotzinapa que exigen la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos realicen una actividad de reparto de propaganda a los automovilistas.

Los agentes de seguridad tienen cercados en dos frentes a los normalistas, lo que ha provocado que la situación este tensa.

«Nosotros solo íbamos a realizar un mitin de manera pacífica», dijo uno de los normalistas en el acto de protesta.

La movilización de los normalistas de Ayotzinapa se da a un día de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo estar de acuerdo que las casetas estén resguardadas por fuerzas federales y estatales para impedir que sean tomadas por «vándalos» que cobran dinero a los automovilistas.

La presencia de la Guardia Nacional y los policías estatales y normalistas ha provocado que la vía de cuota este cerrada desde hace más de una hora.

Impiden fuerzas policiacas que madres y padres de los 43 tomen caseta

Organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez. La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

30 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen un cerco en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, para impedir que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala intenten tomarla.

La decisión de la gobernadora morenista Evelyn Salgado y el gobierno federal de mantener esa vigilancia se dio después de que este viernes los padres de los 43 y un grupo de cien normalistas de Ayotzinapa intentaron ocupar la caseta con dos propósitos:

Entregar volantes a los automovilistas para hacerles saber los motivos de su lucha y pedirles una cooperación económica de cien pesos.

Este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de intimidación y censura de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Guerrero por los actos de intimidación contra los padres de los 43 normalistas.

Este organismo pidió a los gobiernos federal y estatal garantizar su derecho de manifestación pacífica a los padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa.

“Las acciones de las fuerzas de seguridad federal y estatal impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos, el 26 de septiembre del 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión consagrados en leyes e instrumentos nacionales e internacionales”, señala el comunicado de la CNDH.

En tanto, organizaciones sociales, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa realizarán una marcha conmemorativa el próximo miércoles 2 de febrero en Chilpancingo, por los 50 años del asesinato del guerrillero Genaro Vázquez Rojas.

La movilización será también para condenar los actos de intimidación y hostigamiento que sufrieron los padres de los 43 por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal el pasado viernes en la caseta de Palo Blanco en donde hubo la intención de desalojarlos.

En la marcha del miércoles participarán las 14 organizaciones que el pasado 11 de enero tuvieron una reunión con la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en la residencia oficial de Casa Guerrero en donde le reclamaron su inacción para frenar la violencia y resolver las demandas sociales de las comunidades.

Según los organizadores, se prevé un contingente de cuando menos 5 mil personas que arribarán a Chilpancingo desde el miércoles en la mañana.

Guardia nacional impide que padres de los 43 y estudiantes tomen caseta

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

28 de enero de 2022

Chilpancingo

 

Agentes de la Guardia Nacional y policía militar instalaron un cerco para impedir que padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala avancen para tomar la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
Los de la GN y policías militares con sus escudos están colocados a unos 20 metros de la caseta.
Estudiantes y padres de los 43 pretendían ocupar la caseta para pedir cooperación económica a los automovilistas.
Este 26 de septiembre se cumplieron seis años cínico meses de los hechos de Iguala.
«Este es el verdadero rostro represor del presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo un padre.

 

 

Siete muertos en enfrentamiento entre policías comunitarios y grupo delictivo

El profesor Mario Zamora, quien militaba en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) y que era comandante de las autodefensas de su pueblo, resultó herido en el ataque y murió posteriormente, confirmó Bruno Plácido Valerio


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Carlos Navarrete

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

Siete muertos y al menos tres heridos fue el saldo de un enfrentamiento a balazos entre aparentes policías comunitarios y un grupo de integrantes del grupo criminal de Los Ardillos en la comunidad de Buenavista de la Salud, Chilpancingo, ubicado a sólo 30 minutos de la capital.

“Los Ardillos nos atacaron, hay cuatro muertos y heridos por parte de nuestros compañeros”, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.

En entrevista, Plácido Valerio dijo que durante el enfrentamiento murió uno de los agresores en Buenavista de la Salud y dos más en la comunidad de Acahuizotla, pero en este último punto el choque fue contra los policías estatales.

Según las versiones de los vecinos de Buenavista de la Salud, que está a la orilla de la carretera federal Chilpancingo- Acapulco, la balacera empezó alrededor de las cinco y media de la tarde.

Plácido Valerio dijo que fue el grupo delictivo de Los Ardillos los que llegaron a la base de los policías comunitarios, supuestas autodefensas, para atacarlos a tiros, y sus compañeros repelieron la agresión.

El grupo que atacó a las autodefensas detuvo un camión torton, le ponchó las llantas y lo atravesó en la vía federal.

Después del enfrentamiento varias camionetas blindadas quedaron en la carretera.

Cuando ocurrió el enfrentamiento las familias se escondieron debajo de las camas y otros se tiraron al piso.

Varias personas enviaron a través del WhatsApp la grabación del tiroteo.

Después de la balacera había un caos en la comunidad por la zozobra a que en cualquier momento pudiera registrarse un nuevo enfrentamiento a balazos pese a la presencia en el lugar de las fuerzas federales y estatales.

Las ambulancias para recoger a los policías heridos no llegaban a la comunidad.

El profesor Mario Zamora, quien militaba en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) y que era comandante de las autodefensas de su pueblo, resultó herido en el ataque y murió posteriormente, confirmó Plácido Valerio.

En el choque entre ambos grupos se utilizaron armas de grueso calibre, como AK-47 y AR-15.

Hasta la noche de este miércoles, agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército resguardaban la comunidad que está ubicada a 30 minutos de la ciudad de Chilpancingo.

Fiscalía confirma cinco muertos

En un comunicado emitido después de las diez de la noche, el gobierno de Guerrero confirmó a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que la tarde de este miércoles ocurrieron dos hechos de violencia en Buenavista de la Salud y Acahuizotla, pertenecientes a Chilpancingo, en los que asesinaron a cinco personas y una más resultó lesionada.

“Al atender dicho reporte, un grupo de elementos de la Policía Estatal, al transitar sobre la carretera México-Acapulco, a la altura del crucero de la comunidad de Acahuizotla, tuvieron contacto con tres vehículos en los que se trasladaban civiles armados, quienes al notar la presencia de los agentes iniciaron una agresión armada. En estos hechos perdieron la vida dos civiles armados, quienes vestían equipo táctico y portaban fusiles de alto poder”, se lee en el comunicado.

Fuerzas de seguridad federales y de Guerrero buscan a desaparecido en zona de «Los Ardillos»

Los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda en el lugar conocido como Los Ocotitos y en un rancho que se encuentra a la salida de la localidad de Hueycantenango. En la zona tan sólo en diciembre se registraron tres desapariciones


 

Texto: Jesús Guerrero

Foto: Oscar Guerrero

14 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una zona del municipio de José Joaquín Herrera donde opera el grupo delictivo de «Los Ardillos», elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales y policía estatal realizaron la búsqueda de un ex policía comunitario que se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de diciembre.

Desde al mediodía de este viernes, las fuerzas de seguridad arribaron a Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín de Herrera, para realizar el operativo de búsqueda.

Se trata del indígena Juan José Reyes Ventura, quien pertenecía a la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y tiene más de un mes sin que se sepa de su paradero.

Los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda en el lugar conocido como Los Ocotitos y en un rancho que se encuentra a la salida de la localidad de Hueycantenango.

Este jueves, la señora Juana Ventura, pidió a la fiscal, Sandra Valdovinos que se realizara la búsqueda de su hijo.

Los dirigentes de la CRAC-PF de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera también participaron en esta reunión con la Fiscal.

José Juan es uno de los tres desaparecidos que el pasado jueves 6 de enero denunció la CRAC-PF durante una marcha que realizaron en Ayahualtempa.

El siete de diciembre, desaparecieron Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, el primero originario de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa y el segundo del pueblo de Ayahualtempa.

La búsqueda de uno de los tres desaparecidos se dio luego de que la CRAC-PF emplazó a los gobiernos federal y estatal realicen las tareas de su localización.

La CRAC-PF, advirtió a las autoridades que si no atendían sus demandas iban a organizar operativos de búsqueda con la participación de niños armados.

Otra de las demandas que exigen los habitantes de esta zona de la Montaña Baja es el repliegue de la policía municipal de José Joaquín Herrera que tiene tres módulos de seguridad en ese territorio comunitario y que los hace suponer que tienen vínculos con el grupo de «Los Ardillos». Además de infraestructura de salud y educativa.

En la búsqueda de este viernes participaron perros rastreadores y hasta se utilizó un dron.

 

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