Ley de Desplazamiento Forzado, un pendiente para las víctimas: Centro Morelos 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.

En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.

Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.

Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.

«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.

De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.

También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.

También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.

Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».

El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.

Rechazan familias desplazadas ayuda de la gobernadora, la califican de dádivas

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayutla

 

Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.

Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.

En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.

Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.

“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.

“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.

Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.

Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.

“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.

Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.

Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.

Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.

En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.

Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.

Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.

La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.

Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.

La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.

“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.

Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.

“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.

Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.

Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.

En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.

Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.

 

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Concluye Encuentro Nacional de Desplazados por la violencia y exigen atención del gobierno

Texto: Jose Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

En un encuentro que tuvieron durante dos días aquí en Chilpancingo desplazados por la violencia de cinco estados y de la Ciudad de México denunciaron la inacción del gobierno federal y de sus entidades para frenar la inseguridad y falta de atención a las víctimas.

Durante los dos días de esta reunión que se desarrolló en el parque de la iglesia El Sagrado Corazón ubicada al sur de Chilpancingo, estuvieron desplazados de los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México.

Los desplazados dieron su testimonio de sus diversas etapas de sufrimiento que han vivido.

«Los gobiernos del PRI y PAN y ahora la Cuarta Transformación con Morena no han resuelto nuestra situación y nosotros seguimos viviendo igual, lejos de nuestros pueblos porque si regresamos nos matan», dijo uno de los desplazados de Chihuahua.

Este domingo en la tarde concluyó el encuentro con una plenaria en donde aprobaron el acuerdo de exigir al Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que se encuentra en comisiones legislativas.

Otro de los acuerdos es de que todos los colectivos de desplazados se mantengan unidos y agrupar a otros más para que se unan a la lucha.

Una de las demandas es exigir al Estado una estabilidad material y psicológica para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.

La Coordinación pretende a través de los diversos colectivos que lo conforman obtener datos de la problemática a nivel nacional para estadísticamente conocer la magnitud del problema y visualizar el desplazamiento forzado a través de marchas para que el Estado deje de criminalizarlos, señala el acuerdo de la plenaria.

Los asistentes acordaron realizar, en seis meses, una convención nacional para trabajar la Ley General de Desplazamiento Forzado desde la perspectiva de las víctimas.

“La ley que se estamos impulsando y que está atorada en el Senado contemplado todo, justicia social y jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado que muchas veces son ignoradas por las autoridades”, comentó Teodomira Rosales Sierra, directora general del Centro Morelos en una entrevista que le hizo AMAPOLA periodismo transgresor

Detalló que los puntos más importantes de la ley son garantizar un apoyo económico a las víctimas, acceso a los programas sociales estén donde estén, garantizar un retorno seguro a sus hogares, o en caso una reubicación digna y tipificar en el Código Penal Federal el delito de desplazamiento interno forzado.

En Guerrero existe una ley que contempla a las víctimas de desplazamiento forzado, pero sin un marco jurídico nacional que lo sustente legalmente en base a una legislación federal.

El centro Morelos da acompañamiento a 469 personas que huyeron de sus hogares por la violencia generada por grupos del crimen organizado.

De esas 469 personas que esta organización da acompañamiento, 304 son del municipio de Leonardo Bravo, 115 de Heliodoro Castillo y Zitlala, otros 16 del municipio de Petatlán.

Además de 25 de Quetzalcoatlán, del municipio de Zitlala, señala el Centro Morelos.

Actualmente solo 80 son reconocidos por el gobierno como desplazados porque han interpuesto la denuncia ante las instancias correspondientes.

Rosales Sierra dijo que la ley que está en el Senado no es aprobada porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene intenciones de destinar el recurso económico para la ley.

La Coordinación Nacional de Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado que aglutina a colectivos de estados del país y de la Ciudad de México fue fundada en diciembre del 2021.

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Piden desplazados por la violencia una ley para que tenga justicia y verdad

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

14 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Personas desplazadas por la violencia de Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo realizaron un encuentro en Chilpancingo en donde se pronunciaron porque el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado.

Las víctimas que fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos se concentraron en el jardín de la iglesia Sagrado Corazón que está ubicada al sur de esta capital.

Durante la presentación de cada uno de ellos contó su historia de como fueron obligados a salirse de sus pueblos por las amenazas de las organizaciones criminales. 

Un vecino de la comunidad de Los Morros, del municipio de Leonardo Bravo que desde hace casi cuatro años junto con su familia fue expulsado por un grupo armado, dice que en el 2021 su mamá falleció y no pudo ir a su pueblo para sepultarla y rezarle los 9 días como es la costumbre en Guerrero.

«Llevamos casi cuatro años viviendo en Chichihualco (cabecera del municipio de Leonardo Bravo) y como ya no vamos a regresar a nuestras comunidades que el gobierno nos reubique un lugar donde vivir pero hasta el momento no lo ha hecho», señaló.

En este encuentro que va a durar dos días, hay familias desplazadas de las comunidades de Filo de Caballos, La Escalera e Izotepec, del municipio de Leonardo Bravo.

El noviembre del 2018, unos tres mil civiles armados que se identificaron como policías comunitarios expulsaron a tres mil personas de 9 comunidades del municipio de Leonardo Bravo.

Apenas el pasado 8 de mayo, este grupo de civiles que desplazó a estas tres mil personas desfiló por las calles de la localidad de Tlacotepec mostrando su armamento.

«El gobierno no hace nada por nosotros, ni el PRI, el PAN ni tampoco hoy Morena», señaló un desplazado de Los Morros.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, señaló que este el segundo encuentro nacional de víctimas y de organizaciones defensoras de desplazamiento forzado en México.

Dijo que este tipo de actividades es para impulsar la Ley General de Desplazamiento Forzado que está atorada en el Senado de la República.

«Esta Ley es para que las víctimas tengan acceso a la verdad y justicia y no repetición así como puedan acceder a las ayudas humanitarias de manera inmediata», señaló.

Señaló que esta ley que está en las comisiones en el Senado fue consensada por las víctimas en el 2020.

Indicó que en dicha Ley, se contempla que a las familias desplazadas se les otorgue una reubicación en caso de que no puedan retornar a sus comunidades.

«Que tengan reubicación, educación y alimentación segura», expreso.

Mencionó que aquí en Guerrero existe la Ley Estatal de Desplazamiento Forzado Interno pero que está no se cumple en nada.

«Hay miles de personas desplazadas por la violencia en Guerrero y el gobierno las tiene abandonadas e incluso las revictimiza», señaló Rosales Sierra.

 

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