Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Arturo de Dios /Archivo 6 de febrero del 2023 Chilpancingo
De 2016 hasta el cierre del año pasado, 25,000 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, así lo informó el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A través de un comunicado expuso que en Guerrero las víctimas de desplazamiento forzado interno podrían llegar a las 30,000 este año “si las autoridades no frenan la situación de violencia que se vive en las regiones del Centro, Tierra Caliente, Sierra y Costa Grande”.
Además que el Centro Morelos acusa al gobierno estatal de minimizar la violencia que hay en la entidad.
También realizó un recuento de hechos violentos de los últimos meses, donde incluyó “la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan”, el ataque armado del pasado 2 de febrero, donde un grupo de pobladores y policías estatales se enfrentaron a balazos en El Parotal, municipio de Petatlán, hecho que dejó el saldo de cinco muertos.
“Con estos hechos violentos no hay paz ni tranquilidad y es la consecuencia de una guerra por el control del territorio, lo que ha provocado que decenas de familias sean desplazadas de sus lugares de origen”.
En el documento explican a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda que de 2016 al 2021 hubo 22,840 personas desplazadas, además de los 2,500 que documentaron sólo en 2022.
El Centro Morelos estima que a la fecha ya suman 25,000 personas desplazadas víctimas de violencias previas.
El Centro Morelos también llamó a las autoridades a actualizar y reglamentar la Ley 487 para Atender y Prevenir El Desplazamiento Forzado Interno y que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Plantearon que los tres niveles de gobierno atienda este problema para que las personas desplazadas sean reubicados o regresen a sus comunidades, y les garanticen una reparación del daño con “una estrategia de paz y seguridad que en realidad aporte resultados”.
Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero
Chilpancingo
Debido a los hechos de violencia ocurridos en varias comunidades de la Sierra, familias de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, decidieron desplazarse para evitar nuevas agresiones.
Una mujer que pidió que se omitiera su nombre dijo que hombres armados atacaron a balazos sus casas el lunes pasado, pero que afortunadamente no hubo personas lesionadas.
Contó que ella y otras mujeres de la colonia Linda Vista de Santa Rosa veían cuando llegaban al pueblo un grupo de vecinas que fueron a sepultar a un familiar asesinado en el enfrentamiento a balazos en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, el pasado sábado 28 de enero, del cual se informó en este medio.
En ese momento, hombres armados que se escondían en los cerros empezaron a disparar hacia sus viviendas. Dijo que el tiroteo duró aproximadamente una hora y media y cesó hasta que llegó el Ejército y la Guardia Nacional.
Santa Rosa Lima, del municipio de Tecpan de Galeana, es resguardado por fuerzas de seguridad después balaceras.
Dijo que durante el ataque se quedaron sin señal de teléfono de celular pero algunas de ellas pidieron comunicarse para solicitar auxilio.
La mujer aseguró que las balas atravesaron los muros de varias casas.
Recordó que en diciembre del 2022, luego de que un grupo criminal, al parecer de la Tierra Caliente, asesinó a tiros a seis personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, los delincuentes asentados en el territorio de la Costa Grande, es decir, otro grupo criminal, les pidió su apoyo, pero como se negaron, los atacaron a balazos este lunes pasado.
Es decir, la versión de la señora es que en Satanases Rosa les agredieron delincuentes asentados en la Costa Grande. Esta región colinda en la Sierra con la Terra Caliente de Guerrero.
Otra versión que contó otro grupo de vecinos de Santa Rosa de Lima es que en el enfrentamiento del lunes fue entre miembros de la Familia Michoacana y pobladores del pueblo.
Además de que muchas de las personas que viven en la colonia de Linda Vista son familiares de uno de los tres individuos que pertenecen a la Familia Michoacana, grupo que está del lado de Tierra Caliente, y que murieron en el enfrentamiento a tiros entre policías estatales y pobladores de El Parotal, el pasado sábado 28 de enero. Los tres individuos subieron con los mismos policías vestidos con uniformes de agentes.
Después de la balacera del lunes, en Santa Rosa de Lima, el gobierno instaló una base de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal.
Sin embargo, comisarios de comunidades de los municipios de Tecpan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán exigen que instalen otras dos bases iguales en la región de la Sierra, como lo prometió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Propone que estos filtros de seguridad estén en Las Mesas, municipio Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y en el crucero de San Antonio Texas, municipio de Petatlán (Costa Grande).
Ayer martes, después de tres días de balaceras en esa zona de la Sierra, comisarios municipales y comisariados ejidales de localidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Tecpan, Petatlán y Ajuchitlán del Progreso se reunieron en Santa Rosa de Lima para denunciar el acoso y hostigamiento que sufren por parte de integrantes de la Familia Michoacana.
«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si ellos (los de la FM) nos atacan nosotros vamos a responder, porque también estamos armados, aunque sea con rifles de calibre 22», dijo uno de los comisarios que pidió omitir su nombre.
En la reunión participaron la comisaría Azucena Rosas de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán; Guillermo Salas, comisario de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan; Pablo Mejía, autoridad municipal de La Calera, municipio de Petatlán, entre otros.
Fotografía: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
22 de enero del 2023
Antonio Trujillo Benito falleció el 21 de enero y nunca pudo regresar a su casa, Campo de aviación, un pueblo de la Sierra de Leonardo Bravo, de donde salió hace cuatro años de manera forzado.
La depresión de Antonio, que se desprende desde su desplazamiento forzado, lo condujo al alcohol y este a su muerte, informó Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
El 11 de noviembre de 2018 un grupo de civiles armados “habrían invadido a comunidades de Filo de Caballos en El Ranchito, Puentecillas, Carrizal, Mirabal y Campo de Aviación donde habrían disparado contra la población civil”, se lee en una recuento de los hechos realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV) que da cuenta de la razón por la que salió desplazado Antonio.
Derivado de esa agresión, en total, unos 2,000 pobladores de dichas comunidades salieron en calidad de desplazados ese mismo día y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
“Duele mucho la partida de nuestro querido compañero Antonio Trujillo Benítez, pero más me duele que se fue con la esperanza de algún día volver a su pueblo natal”, se lee en el comunicado del Centro Morelos, organización que acompaña personas desplazadas.
En el contenido del comunicado se entiende que derivado de estar fuera de su hogar y con toda su familia, Antonio se refugió en el alcohol, porque pensó que así “encontraría la solución a su tristeza y coraje en contra de un gobierno insensible al cual no le importamos”.
En marzo de 2019, durante un plantón fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solucionar el tema de las personas desplazadas, Francisco, otra persona desplazada tuvo un infarto y fue Antonio, quien con “desesperación fue capaz de darle respiración de boca a boca, tratando de salvarlo, pero finalmente se nos adelantó y ahora él (Antonio)”.
“Finalmente la depresión lo venció, pues es dura y sabemos que por esa causa podemos en cualquier momento perder la vida, por tanta tristeza provocada por haber tenido que dejar todo desde el 2018 para salvar la vida, el no poder regresar a su tierra, la falta de justicia, reubicación y reparación del daño”.
El 17 de noviembre de 2018, seis después de que Antonio huyó de su hogar, los desplazados intentaron retornar en una caravana acompañados de militares, policías, activistas, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fueron atacados entre Los Morros y Campo de Aviación, dos comunidades de la Sierra.
Por el ataque, los pobladores decidieron no seguir hacia sus hogares y se regresaron a Chichihualco, donde muchos permanecen, otros migraron a Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México, pero esperan el apoyo federal para un retorno seguro.
“Seguiremos luchando para que sus hermanos e hijos alcancen la reubicación y un trato digno, exigiendo justicia para las víctimas que se quedan”, precisó en el texto Centro Morelos.
También exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con su promesa de pronta reubicación y reparación del daño para todas las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.
“Que ningún/a compañera/o más mueran sin tener un lugar y un techo seguro donde vivir. Hasta siempre compañero Toño, abrazos hasta al cielo”.
En la imagen, Antonio Trujillo Benito en su posición de víctima de desplazamiento forzado durante una manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
A seis días de que un grupo armado asesinó a balazos a siete personas en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, al menos 50 personas de esta comunidad se desplazaron a otros lugares de Guerrero por razones de seguridad.
El éxodo de las familias de esta localidad ocurrió en las últimas 24 horas aunque desde el pasado domingo se puso en marcha una operación con fuerzas de seguridad federal y estatal para resguardar a los habitantes y detener a los responsables.
“Dejaron todo, sus casas, sus parcelas”, dijo la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García.
Después que ocurrió la masacre de seis adultos y un menor de 11 años, los habitantes de este pueblo enclavado en la Sierra recibieron la visita de diversos funcionarios y mandos de corporaciones de seguridad.
Desde este domingo 11 de diciembre, luego de que transcurrieron más de 24 horas de la matanza, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con un contingente de marinos, Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.
Además, el lunes 12, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, visitó a los pobladores y les prometió que se hará justicia en el caso de los siete asesinatos y llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común para que los familiares de las víctimas interpusieran sus denuncias.
“Aquí siguen los soldados, los policías estatales y Guardia Nacional pero solo andan recorriendo las calles del pueblo y no van al monte a detener a los delincuentes que ahí andan escondidos listos para entrar y solo esperan que se vayan las fuerzas de seguridad”, dijo la comisaria.
El Durazno es una localidad en donde el único sustento de las familias es la agricultura con la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile, pero además tienen huertas de aguacate.
“La gente tiene que ir a sus parcelas para sembrar y sigue en sus casas porque no tienen ninguna garantía de regresar con vida”, indicó.
Otro problema que enfrentan los habitantes de El Durazno es de que los proveedores de diversos productos no acuden a la localidad para surtir a las tiendas y no lo harán mientras no haya garantías de seguridad.
De seguir esta situación, lo más seguro es de que los niños de la escuela primaria y preescolar no regresen a clases en enero luego de sus vacaciones de fin de año.
“La escuela primaria (Ignacio Zaragoza) en donde el grupo armado citó a la gente para asesinarla está baleada y tiene que ser remozada”, dijo la comisaria.
Este jueves los pobladores recibieron la visita de una funcionaria del DIF estatal que envió la presidenta de este organismo, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado.
La enviada de Salgado Pineda entregó 200 despensas.
“Esas despensas alcanzan para dos o tres días, es una burla que nos hace el gobierno; lo que queremos es de que se nos haga justicia y que los delincuentes que andan escondidos cerca del pueblo los detengan”.
Mencionó que la funcionaria del DIF estatal llegó acompañada por el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores Morales.
“Nosotros pensábamos que el de derechos humanos se quedaría aquí en el pueblo para recabar nuestras denuncias pero se fue rápido con la funcionaria del DIF, pues se ve que les dio mucho miedo estar aquí”, dijo la comisaria.
Uno de los programas sociales que puso en marcha el gobierno federal desde el 2018 fue Sembrando Vida, pero aquí en El Durazno todavía ningún campesino ha sido beneficiado.
En el 2019, cien campesinos se inscribieron en este programa pero sus nadie salió en las listas de beneficiarios.
“El gobierno federal no nos ha apoyado en nada, es más ni siquiera con becas para los niños que van a la escuela”.
A la gente, aseguró, no le importa mucho que hayan sido excluidos en los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque les interesa más tener tranquilidad.
Rosas García reconoció que tiene miedo de que la pase a ella y a su familia por las denuncias que ha hecho de manera pública por la situación de inseguridad que existe en su pueblo.
“La verdad temo que me maten porque esa gente mala ya me tiene ubicada pero a pesar de eso yo seguiré dando la cara por mi pueblo porque para eso me eligieron”, dijo.
A seis días del asesinato de los seis adultos y un menor de 11 años, las fuerzas policiacas solo aseguraron dos camionetas con las siglas de la FM (Familia Michoacana) en las que presuntamente se moviliza el grupo armado, además de cartuchos útiles.
La comisaria de la comunidad de El Durazno, Azucena Rosas García, se escucha por teléfono con miedo, y a la vez con coraje: “estamos analizando si nos vamos del pueblo porque aquí el gobierno no puede con los delincuentes que nos siguen amenazando de muerte”.
A cuatro días de que integrantes de un grupo del crimen organizado, identificado como la Familia Michoacana, irrumpieran en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán y asesinaran a balazos a siete personas, entre ellas un menor de 11 años, el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal sólo se pasea por las calles del pueblo.
Los habitantes en vilo esperan que hagan algo más.
“Los hombres armados están a cinco kilómetros de nuestro pueblo y los soldados y policías no van por ellos para detenerlos”, dice Rosas García.
Contó que este martes alrededor de las dos de la tarde, una persona del pueblo recibió una llamada telefónica de uno de los líderes del grupo armado, quien le advirtió que ahora sí entrarán al pueblo y acabarán con todos.
La comisaria aseguró que los integrantes de este grupo criminal están escondidos en los lugares vecinos de El Pescado y San Antonio de las Texas.
En El Pescado, una comunidad que pertenece al ejido Guajes de Ayala, expuso la comisaria, los miembros de este grupo de crimen organizado –entendido como una amalgama de relaciones criminales, económicas y políticas– están protegidos por los habitantes y autoridades porque tienen una complicidad.
Pero en San Antonio de las Texas, otro ejido de la Sierra por medio de la cual conectan las regiones Tierra Caliente y Costa Grande, la gente comienza a salirse de su comunidad por la presencia del grupo armado.
Este lunes, los habitantes de El Durazno recibieron la visita del director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros y de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El domingo pasado, más de 24 horas después de la masacre, llegó al pueblo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez junto con elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
“De qué sirve que haya llegado mucha seguridad si no van a buscar a los delincuentes y detenerlos”, dice.
Hasta el momento, aclaró, las fuerzas armadas siguen sin poder localizar al ganadero Cecilio Chávez González, a quien el sábado pasado los delincuentes se lo llevaron, después de la masacre de las siete personas.
“Ese grupo armado ya nos mandó decir que a don Cecilio ya no lo busquemos y eso nos da entender que ya lo asesinaron”, cuenta la comisaria.
La familia de Chávez González está en el pueblo en espera de que los mandos de las fuerzas armadas les informen sobre el paradero del ganadero.
La comisaria dijo que en la visita que realizó la fiscal a El Durazno dejó a un agente del Ministerio Público para encargarse de recibir las denuncias de los familiares de las siete personas asesinadas.
“Nosotros le dijimos a la fiscal que de qué sirve que se reciban las denuncias si nunca hacen nada, porque llevamos cuatro años haciendo muchas acusaciones contra esos delincuentes que han asesinado y secuestrado a muchos de nuestra gente y nunca han hecho nada”, comenta Rosas García.
Este miércoles los habitantes de El Durazno tuvieron una primera reunión para analizar la situación que viven.
“La gente tiene mucho miedo y hay voces a favor de que nos salgamos del pueblo pero otros dicen que hay que quedarse y seguir exigiendo al gobierno que nos defienda y nos garantice que no nos hará daño la delincuencia”.
A cuatro días de la masacre, la gente prácticamente sigue encerrada en sus casas y solo de vez en cuando sale a las calles para realizar sus compras.
“Los hombres no pueden ir al campo a trabajar porque corren peligro de que el grupo armado los asesine”, agrega Rosas García.
Este martes, narró, le contaron a un mando de las fuerzas de seguridad las amenazas que recibieron de los hombres armados que irrumpieron y le contestó que no había veracidad en esa información, y que ellos solamente actuarían cuando vieran los hechos.
“Estamos viendo que el gobierno no nos está garantizando nuestra seguridad y si algo nos llega a pasar en estos días las autoridades serán las responsables”, advierte.
Por su parte, un miembro de la dirigencia de la Policía Comunitaria de comunidades de la Sierra dijo que hasta el momento cuatro familias del pueblo de San Antonio de las Texas se salieron de sus pueblos y se refugiaron en lugares de Tecpan de Galeana.
“Es que la Familia Michoacana ya está en San Antonio y otros pueblos intimidando a la gente y, seguramente, en las próximas horas vendrán bajando de la Sierra varias caravanas con personas desplazadas”, comenta.
Denunció que la inacción del gobierno para detener a los responsables de la masacre en El Durazno es el reflejo de la colusión con delincuentes.
En la imagen, desplazados de la Sierra de Guerrero en el 2020.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.
En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.
Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.
Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.
Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.
«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.
De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.
También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.
También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.
Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».
El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.
Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.
Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.
En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.
Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.
“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.
“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.
Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.
Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.
“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.
Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.
Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.
Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.
En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.
Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.
Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.
La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.
Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.
La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.
“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.
Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.
“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.
Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.
Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.
En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.
“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.
Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.
“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.
En un encuentro que tuvieron durante dos días aquí en Chilpancingo desplazados por la violencia de cinco estados y de la Ciudad de México denunciaron la inacción del gobierno federal y de sus entidades para frenar la inseguridad y falta de atención a las víctimas.
Durante los dos días de esta reunión que se desarrolló en el parque de la iglesia El Sagrado Corazón ubicada al sur de Chilpancingo, estuvieron desplazados de los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México.
Los desplazados dieron su testimonio de sus diversas etapas de sufrimiento que han vivido.
«Los gobiernos del PRI y PAN y ahora la Cuarta Transformación con Morena no han resuelto nuestra situación y nosotros seguimos viviendo igual, lejos de nuestros pueblos porque si regresamos nos matan», dijo uno de los desplazados de Chihuahua.
Este domingo en la tarde concluyó el encuentro con una plenaria en donde aprobaron el acuerdo de exigir al Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que se encuentra en comisiones legislativas.
Otro de los acuerdos es de que todos los colectivos de desplazados se mantengan unidos y agrupar a otros más para que se unan a la lucha.
Una de las demandas es exigir al Estado una estabilidad material y psicológica para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.
La Coordinación pretende a través de los diversos colectivos que lo conforman obtener datos de la problemática a nivel nacional para estadísticamente conocer la magnitud del problema y visualizar el desplazamiento forzado a través de marchas para que el Estado deje de criminalizarlos, señala el acuerdo de la plenaria.
Los asistentes acordaron realizar, en seis meses, una convención nacional para trabajar la Ley General de Desplazamiento Forzado desde la perspectiva de las víctimas.
“La ley que se estamos impulsando y que está atorada en el Senado contemplado todo, justicia social y jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado que muchas veces son ignoradas por las autoridades”, comentó Teodomira Rosales Sierra, directora general del Centro Morelos en una entrevista que le hizo AMAPOLA periodismo transgresor
Detalló que los puntos más importantes de la ley son garantizar un apoyo económico a las víctimas, acceso a los programas sociales estén donde estén, garantizar un retorno seguro a sus hogares, o en caso una reubicación digna y tipificar en el Código Penal Federal el delito de desplazamiento interno forzado.
En Guerrero existe una ley que contempla a las víctimas de desplazamiento forzado, pero sin un marco jurídico nacional que lo sustente legalmente en base a una legislación federal.
El centro Morelos da acompañamiento a 469 personas que huyeron de sus hogares por la violencia generada por grupos del crimen organizado.
De esas 469 personas que esta organización da acompañamiento, 304 son del municipio de Leonardo Bravo, 115 de Heliodoro Castillo y Zitlala, otros 16 del municipio de Petatlán.
Además de 25 de Quetzalcoatlán, del municipio de Zitlala, señala el Centro Morelos.
Actualmente solo 80 son reconocidos por el gobierno como desplazados porque han interpuesto la denuncia ante las instancias correspondientes.
Rosales Sierra dijo que la ley que está en el Senado no es aprobada porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene intenciones de destinar el recurso económico para la ley.
La Coordinación Nacional de Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado que aglutina a colectivos de estados del país y de la Ciudad de México fue fundada en diciembre del 2021.
Personas desplazadas por la violencia de Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo realizaron un encuentro en Chilpancingo en donde se pronunciaron porque el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado.
Las víctimas que fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos se concentraron en el jardín de la iglesia Sagrado Corazón que está ubicada al sur de esta capital.
Durante la presentación de cada uno de ellos contó su historia de como fueron obligados a salirse de sus pueblos por las amenazas de las organizaciones criminales.
Un vecino de la comunidad de Los Morros, del municipio de Leonardo Bravo que desde hace casi cuatro años junto con su familia fue expulsado por un grupo armado, dice que en el 2021 su mamá falleció y no pudo ir a su pueblo para sepultarla y rezarle los 9 días como es la costumbre en Guerrero.
«Llevamos casi cuatro años viviendo en Chichihualco (cabecera del municipio de Leonardo Bravo) y como ya no vamos a regresar a nuestras comunidades que el gobierno nos reubique un lugar donde vivir pero hasta el momento no lo ha hecho», señaló.
En este encuentro que va a durar dos días, hay familias desplazadas de las comunidades de Filo de Caballos, La Escalera e Izotepec, del municipio de Leonardo Bravo.
El noviembre del 2018, unos tres mil civiles armados que se identificaron como policías comunitarios expulsaron a tres mil personas de 9 comunidades del municipio de Leonardo Bravo.
Apenas el pasado 8 de mayo, este grupo de civiles que desplazó a estas tres mil personas desfiló por las calles de la localidad de Tlacotepec mostrando su armamento.
«El gobierno no hace nada por nosotros, ni el PRI, el PAN ni tampoco hoy Morena», señaló un desplazado de Los Morros.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, señaló que este el segundo encuentro nacional de víctimas y de organizaciones defensoras de desplazamiento forzado en México.
Dijo que este tipo de actividades es para impulsar la Ley General de Desplazamiento Forzado que está atorada en el Senado de la República.
«Esta Ley es para que las víctimas tengan acceso a la verdad y justicia y no repetición así como puedan acceder a las ayudas humanitarias de manera inmediata», señaló.
Señaló que esta ley que está en las comisiones en el Senado fue consensada por las víctimas en el 2020.
Indicó que en dicha Ley, se contempla que a las familias desplazadas se les otorgue una reubicación en caso de que no puedan retornar a sus comunidades.
«Que tengan reubicación, educación y alimentación segura», expreso.
Mencionó que aquí en Guerrero existe la Ley Estatal de Desplazamiento Forzado Interno pero que está no se cumple en nada.
«Hay miles de personas desplazadas por la violencia en Guerrero y el gobierno las tiene abandonadas e incluso las revictimiza», señaló Rosales Sierra.
