Denuncian desaparición de ocho supuestos policías comunitarios; el gobierno estatal lo desmiente

Texto: José Miguel Sánchez y Amapola periodismo

Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública 

26 de enero del 2023

Chilpancingo

 

 

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla de Castrejón informaron que ocho de sus integrantes están desaparecidos después de ser detenidos durante un operación de seguridad organizada por el gobierno estatal y federal el pasado 20 de enero.

La versión de la Policía Estatal, una de las corporaciones que realizó la operación, sobre el caso informó que estas personas, o sea los reportados como desaparecidos, fueron regresadas a Apaxtla escoltados por elementos de la Policía Ministerial y Guardia Nacional.

Mediante un comunicado, los grupos de autodefensa que se autodenominan Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón informaron de la desaparición de sus compañeros.

Seis de los desaparecidos forman parte del grupo de Heliodoro Castillo y los otros dos al de Apaxtla de Castrejón.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de enero. La operación de la Policía Estatal era para desalojar a un grupo de 20 civiles armados que resguardaban las entradas al municipio de Apaxtla.

Los civiles armados de ambos grupos de autodefensas, según sus propias versiones, estaban en las entradas de Apaxtla para impedir la entrada de la Policía Tecampanera a su municipio.

La Policía Tecampanera es otro grupo armado amparado como autodefensa que opera en los límites de las regiones Tierra Caliente y Norte del estado, y son acusados por los pobladores de Apaxtla de, a través de diversos retenes por las carreteras de la zona, cobrar un impuesto de 20 a 25 por ciento adicional sobre los productos de la canasta básica que ingresan a la zona.

Los grupos de autodefensa de Heliodoro Castillo y de Apaxtla difundieron que su movimiento también responde a una cuestión de seguridad, al impedir que el grupo delictivo conocido como La Bandera ingrese a la zona.

En respuesta al desalojo de los grupos de autodefensa de Apaxtla, la mañana del 20 de enero, decenas de transportistas de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo se apostaron a la salida de Chilpancingo, en el carril su-norte de la Autopista del Sol. Ante la presencia de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin los transportistas decidieron retirarse por su cuenta.

Durante la operación policiaca del sábado, donde fueron detenidas ocho personas, las autodefensas acusaron a las fuerzas de seguridad de violar derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza; denunciaron que detuvieron a personas que no portaban armas.

Los detenidos durante la operación policiaca y hoy presuntos desaparecidos son: Jorge Torres Ríos, Juan Torres Rojas, Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Santiago, Carlos Mosso Barragán, Emilio Hurtado Gonzales, Esteban Silva Delgado, además del chofer de la Urvan en que eran trasladados, Julio César Reyna Díaz.

Los ocho detenidos fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Coyuca de Catalán “acusados por desobediencia y resistencia de particulares, donde fueron dejados en libertad con el apoyo de un abogado”.

“El lunes 23 de enero, las ocho personas iban a ser trasladas a Teloloapan, ciudad por la que se ingresa para ir hacia Apaxtla, pero las familias de estos pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se buscará una ruta alterna ante el temor de un grupo criminal”, se lee en el comunicado de las autodefensas.

Desde ese momento, denunciaron las autodefensas, ya no supieron más de los detenidos.

La Policía Estatal emitió un comunicado en el que asegura que las ocho personas fueron regresadas a Apaxtla escoltadas por un convoy con elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Ejército.

“Esperamos un tiempo prudente para que aparezcan nuestros elementos, de lo contrario iniciaremos acciones para encontrarlos y llevar a los responsables ante la justicia comunitaria”, insisten los autodefensas.

Confirman autoridades desaparición de autodefensas y asesor

La vocería de la Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero confirmó la desaparición de las ocho personas retenidas durante una operación policiaca en Apaxtla de Castrejón, además del asesor jurídico y chofer del vehículo en el que las trasladaban de regreso a zona Norte después de ser liberadas.

En total son nueve los desaparecidos.

A través de un comunicado, la vocería de la Coordinación informó que las ocho perosnas fueron puestas a disposición del Ministerio Público con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, se entiende que después de la operación policiaca, pero que el 21 pasado los liberaron y entregaron a un asesor jurídico.

El mencionado asesor jurídico, se lee en el comunicado, «llevaba un medio de transporte para su traslado (de las ocho personas ya liberadas) al municipio de Apaxtla de Castrejón (municipio de zona Norte)».

El vehículo, informaron, sería escoltado hasta la entrada Apaxtla, pero por petición del asesor jurídico y chofer del vehículo, Julio César Reyna Díaz, tomaron otro camino que incluía entrar al municipio de Riva Palacio, Michoacán.

En ese momento los elementos de seguridad que los escoltaban le dijeron que ese camino ya no era su jurisdicción y, por tanto, ya no podrían acompañarlos.

Desde ese momento, informaron las autoridades, las nueve personas están reportadas como desaparecidas.


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Verdad y justicia, la exigencia de familiares de Doroteo a 48 años de su desaparición forzada

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan 

Chilpancingo

Doroteo Iturio de Jesús trabajaba en la construcción de caminos en Coyuca de Benítez. Una tarde del 15 de octubre de 1974 regresaba del trabajo con sus compañeros cuando en un reten militar, a la altura del vado de Aguas Blancas, lo detuvieron y nadie más supo de él.

Cada mañana Doroteo salía a trabajar, era parte de la Junta Local de Caminos de Coyuca de Benítez, un organismo que dependía de la Dirección de Obras Públicas municipal que se encargaba de construir, reparar y dar mantenimiento a las carreteras locales, principalmente a las que conducían a las comunidades rurales.

Se lo llevaron de la carretera que lleva a Aguas Blancas, donde trabajaba.

Desde la mañana de ese 15 de octubre, Doroteo, también junto a un grupo de compañeros, vio el retén militar, pero los soldados sólo los pararon minutos y los dejaron ir a trabajar.

“Entonces los militares le dijeron que fuera a trabajar y que al regreso se iba a quedar con ellos. Si él hubiera sido otro, entonces, ya no pasa, pero él era obediente y por eso regresó, y cuando lo detuvieron ya no lo soltaron”, cuenta una de sus hijas, Carmen Iturio Nava, en entrevista.

“Entonces, uno de sus compañeros del trabajo nos fue a avisar, me dijo: ‘agarraron a Doroteo, ya no lo dejaron venir y yo no sé qué va a pasar’”.

La familia buscó ayuda de inmediato para localizar a Doroteo, pero nunca la consiguió.

En las oficinas de la Junta Local de Caminos tampoco dieron razón de él, le dijeron a la familia que na sabían nada.

Las pocas pistas que recabó la familia los llevo a un búsqueda que tampoco tuvo éxito. Les dijeron que a Doroteo lo llevaron a un retén de Pie de la Cuesta, en Acapulco; uno de sus hijos lo fue a buscar pero nunca lo vio y las autoridades militares no le dieron información.

El caso de Doroteo también es parte de una recopilación de testimonios publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el que los ocho hijos cuenta parte su vida después de la desaparición de su padre.

“Lo buscamos en los retenes, lo buscamos en el cuartel militar de Atoyac, lugar donde realmente nos cerraron las puertas, no decían nada o nos decían a lo mejor anda por ahí de borracho, a lo mejor se fue con otra mujer, le decían a mi mamá, o sea, vulgaridades que los militares tenían preparadas para alejar a las familias”, es un fragmento en el libro del testimonio de Antonio Iturio Nava, otro de los hijos de Doroteo.

En la imagen, Carmen Iturio Nava muestra la foto de su padre desaparecido durante un testimonio a la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, el pasado 9 de diciembre del 2022, en Chilpancingo.

En el momento de su desaparición, Doroteo tenía siete hijos y una más que estaba por nacer. Derivado de su desaparición, su familia se vio en la necesidad de emigrar a Chilpancingo ante la falta de condiciones para vivir en su natal Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.

Doroteo era el sustento de su familia, su esposa era ama de casa y cuidaba a los siete hijos.

Con la desaparición de Doroteo la familia se quedó sin ingresos y las tierras fueron acaparadas por otros familiares.

“Mis hermanos trabajaron de lo que fuera para tener, los más pequeños hacían mandados en las casas por unas monedas que les pudieran dar”, recuerda Carmen.

En época de cosecha, la familia se alquilaba para el corte de café, pero fue insuficiente y al final migraron.

La familia Iturio Nava también sufrió acoso e intimidación de parte del Estado. “(…) Después de que desaparecieron a mi papá, cerca de la casa, todas las noches, pasaban los militares y se oía cómo andaban recorriendo en la colonia donde vivíamos nosotros, porque era parte de la intimidación que hacían hacia los hijos y esposas”, narra Carmen.

“Nosotros denunciamos al Estado mexicano que nos hizo víctimas de lo que ahora somos y de la situación en la que estamos, porque nosotros quisiéramos que nuestro familiar estuviera a lado de nosotros, pero no es así por culpa del Ejército”.

La detención de Doroteo, creen algunos familiares, fue porque era familiar del entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos –sus padres de ambos eran primos–, y por algunas colaboraciones a su primo.

Era 1974, la época de la llamada guerra sucia, término que algunos académicos y familiares de las víctimas prefieren llamar terrorismo de Estado.

Entre 1960 y 1980 el Ejército y grupos paramilitares desaparecieron, de acuerdo con cifras oficiales, a 800 personas, entre estudiantes, militantes de izquierda y personas sumadas a la guerrilla, por considerarlos un peligro para el Estado.

Entre esas 800 personas está Doroteo, de quien no hay pistas de su paradero. 48 años después todavía exigen su aparición con vida y justicia.

“Queremos que nos explique y se nos diga dónde está nuestro padre. Puedo decir que a mi no me avergüenza que mi padre haya sido un guerrillero, a mí me enorgullece ser hija de Doroteo Iturio de Jesús y quiero se escuche su nombre donde quiera que vaya yo”, dice Carmen.

La familia de Doroteo es parte del Colectivo de Integrantes Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde junto con otras familias en la misma situación piden justicia y reparación del daño.

“Mi padre no era un criminal, era un guerrillero que peleo por sus ideales y del que siempre voy a vivir orgullosa”.


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Con juguetes, aguinaldos y regalos festeja colectivo a niñas y niños que son hijos de desaparecidos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera festejó el Día de Reyes y e inicio de año con las niñas y niños que son familiares de desaparecidos.

«Hacemos este festejo pequeño, pero emotivo, para todos los niños que conforman el colectivo y que han perdido un ser querido”, dijo Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo María Herrera.

La actividad “para dar alegría a los niños” la organizaron todas y todos los integrantes del colectivo, quienes aportaron recursos, aun en su situación, de muchos de ellos, precaria.

Los niños bailaron, jugaron y recibieron aguinaldos de dulces y regalos. También rompieron piñatas. Antes, los asistentes, sobre todos los adultos, gritaron, “¡por todas nuestras personas desaparecidas!”.

El festejo a las niñas y niños ocurrió en una casa ubicada en la colonia Lomas de San Antonio, la tarde de este miércoles.

En total, son unos 83 menores del colectivo que tienen un familiar desaparecido: un padre, una madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía (…). Al festejo acudieron 30 niñas y niños acompañados de sus familiares.

El resto, por la dificultad del traslado no asistieron; mucho viven fuera de la ciudad, como Iguala, Tixtla Chilapa, o hasta en otros estados de la República porque se han desplazado, como Chiapas y Nayarit.

Durante el festejo, las niñas, niños y sus familiares omitieron hablar más allá de la consigna de sus desaparecidos. “Queremos que esta momento lo disfruten los niños, es por y para ellos”, mencionó la madre de uno de los niños que asistieron al festejo.

Las piñatas, juegos, regalos, juguetes y aguinaldos fueron también gestionadas por el colectivo entre la sociedad civil, quienes aportaron los dulces.

“Diciembre fue para ellos muy triste porque muchos no tienen para festejar la navidad, año nuevo o Día de Reyes, y es para nosotros muy importante no dejar pasar desapercibidas las fechas”, mencionó Antúnez Flores.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) también les donó juguetes.

Por cierto, la CEAV tuvo un incremento de 20 millones el presupuesto este año porque aumentaron los desaparecidos en el país. En total tiene un presupuesto de 35 millones de pesos.

Sobre eso, Antúnez Flores mencionó que “esto es un tema que está creciendo, yo siempre digo que es como un cáncer que está avanzando y afecta bastante a la sociedad”.

El Colectivo María Herrera, comentó Antúnez Flores, insistió y gestionó ante el Congreso local un aumento en el presupuesto para la CEAV y para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

“Nosotros esperamos que ese aumento responda a las necesidades y al problema de las familias de personas desaparecidas”.

El miedo paraliza a periodistas guerrerenses por la desaparición de tres comunicadores

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Oscar Guerrero 

10 de enero del 2023 

Chilpancingo 

 

Tres comunicadores están desaparecidos en Guerrero desde finales de diciembre del 2022. Se trata del periodista Jesús Pintor Alegre y de los administradores de una página de Facebook, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, desaparecidos en la región de Tierra Caliente.

Aunque la información está confirmada, el miedo a las reacciones de los líderes del grupo del crimen organizado que probablemente los privó de su libertad, la Familia Michoacana (FM), impidió mayores reacciones del gremio para exigir su búsqueda.

Información incierta, porque no se tiene una fuente que diga cuándo y cómo desaparecieron, da cuenta de que probablemente estén desaparecidos desde el 26 o 27 de diciembre. Se desconoce si los tres comunicadores desaparecieron el mismo día o en momentos y lugares diferentes.

Esta mañana, un grupo de periodistas en la capital leyeron un documento con un posicionamiento del gremio de Guerrero. Pero pidieron cautela de parte de los medios de información que hicieron la cobertura para que la actividad no resultara contraproducente ante la incertidumbre del destino de los comunicadores.  Las familias y amigos de los comunicadores permanecen en silencio porque temen que cualquier cosa que digan afecte la integridad de los tres desaparecidos.

En este contexto, la única institución que se pronunció fue la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), organismo que mediante un comunicado exigió a las autoridades la aparición con vida de los periodistas.

La noticia de la desaparición se hizo pública hasta el lunes 9 de enero, porque Fernando Moreno y Alan García, administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, fueron exhibidos en un video en el que aparecen encadenados.

En ese video no aparece ni se menciona nada del tercer periodista desaparecido, Jesús Pintor Alegre, quien fue uno de los reporteros fundadores del medio La Jornada Guerrero, medio que lo contrató y envió a esa región de Guerrero como su corresponsal, quien se quedó allá desde el año 2007.

Pintor es escritor y trabajaba para otros medios locales y nacionales. Realizaba su labor periodística básicamente en el municipio de Coyuca de Catalán, desde donde se movilizaba a otros municipios de la región calentana.

En la página Escenario Calentano, que cuenta con 48,000 seguidores, se publicó el video en el que aparecen encadenados los administradores Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, quien subió la información es ajeno al medio, pues advierte de manera sórdida el hecho de publicar el material desde la misma página.

«Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video”, se lee en descripción del video.

En el video, Fernando Moreno Villegas dice que está “pagando las consecuencias” por sus publicaciones “en contra de estas personas y de diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”, sin precisar a quienes se refiere.

Por su parte, Alan García Aguilar indica que abrió la página hace cinco años y que él fue su creador.

El paradero de Pintor Alegre sigue sin conocerse.

Escenario Calentano es una página de Facebook en la que, desde su creación, habla sobre los nexos entre los políticos de Tierra Caliente y los grupos del crimen organizado que operan en la región. Es una fanpage cuyo centro de operación es el municipio de Ciudad Altamirano, la ciudad principal de esa región.

 

Periodistas en Chilpancingo durante la lectura del documento afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Palacio de Gobierno estatal.

La CDHEG, la única institución oficial que se pronunció al respecto de la desaparición de los tres comunicadores, lo hizo con mucha cautela. Menciona solamente que dará seguimiento al caso, «a fin de que se garantice la seguridad de los comunicadores Jesús Pintor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar y se logre su pronta localización».

También periodistas de Chilpancingo leyeron un documento afuera de las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que exigen al gobierno la búsqueda de los tres periodistas.

Los periodistas, en grupos, entregaron de manera física el documento en la delegación estatal de la Fiscalía General del Estado (FGR), la sede del Ejecutivo estatal (Palacio de Gobierno) y la CDHEG para exigir a las autoridades estatales respuestas y acciones para dar con el paradero de sus compañeros.

“Exigimos a las autoridades correspondientes que inicien los trabajos encaminados a establecer la localización de Jesús Pintor, Fernando y Alan, en atención a las responsabilidades que les imponen la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado”, se lee en el texto que también algunos reporteros leyeron de manera pública afuera de los edificios institucionales.

En el documento, los periodistas guerrerenses mencional la publicación del video, reconocen la labor y trayectoria de Jesús Pintor Alegre como periodista, y hacen evidente también el silencio de la familia de quienes están retenidos por el temor de que algo les ocurra.

En el escrito, los manifestantes aseguran que en los últimos 20 años han sido asesinados al menos 21 periodistas en Guerrero, además actualmente hay comunicadores con desplazamiento forzado en las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y la Montaña baja.

El documento que va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


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Denuncian omisión de la FGE para dar con el paradero de desaparecido en Chilpancingo

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo 

 

Orlando Mauro Santos desapareció el 7 de septiembre pasado en la comunidad de Mazatlan, municipio de Chilpancingo. Después de un complicado trámite porque les tomaran su declaración, y a casi tres meses de su desaparición, familiares denunciaron omisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las acciones de localización.

Los familiares, en conferencia de prensa, pidieron ayudan a la ciudadania para proporcionar información que ayude a su localización.

Orlando se desempeñaba como albañil en Mazatlán, un comunidad de Chilpancingo. El 7 de septiembre salió de su casa alrededor de las cuatro de la tarde «a dar una vuelta”, y a partir de entonces nadie sabe de su paradero.

Por la desaparición de Orlando, su esposa y un sobrina de él acudieron a la FGE a interponer una denuncia por el caso, pero les negaron el trámite porque no fue una desaparición forzada.

Ante la negativa, los familiares acudieron a la Comisión Estatal de Búsqueda para interponer una denuncia. «Ahí sólo le tomaron una muestra de ADN a los familiares»,  comentó en la conferencia de prensa Isabel Guadalupe Salvador Mauro, sobrina de Orlando.

Después acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo y ahí les dijeron que tenían que ir a la FGE para tomarles una muestra de ADN.

Al final la FGE les tomó la denuncia, “pero a tres meses de la desaparición no se han realizado acciones efectivas para su localización”.

La sobrina denunció que apenas hace 7 días la FGE emitió la ficha de búsqueda.

Después de la desaparición de Orlando, sus familiares publicaron una denuncia en redes sociales para pedir ayuda, pero por la publicación comenzaron a recibir llamadas falsas de extorsión.

Desde la desaparición, y ante la omisión de las autoridades, los familiares emprendieron una búsqueda por su cuenta.

Con sus propios recursos acudieron a las comunidades vecinas a Mazatlán para preguntar por Orlando y pegar en las calles la ficha de búsqueda. La cabeceras de Chilpancingo, Tixtla, Quechultengango, Apango, y las comunidades de Ocotito son algunos de los lugares donde fueron por su cuenta.

La sobrina comentó que un conocido les dijo que vio a Orlando ese mismo 7 de septiembre cerca del restaurante Tecuán, ubicado al norte de Chilpancingo, y le comentó que necesitaba efectivo para viajar a la Ciudad de México.

Sus familiares ofrecieron algunas señas particulares de Orlando: tiene dos tatuajes en los brazos, un corazón con el nombre de Yolanda y el otro es un alacrán.

Al momento de su desaparición vestía camisa gris de manga larga, pantalón de mezclilla y huaraches.

La familia de Mauro Santos se dijo desesperada y pidieron a la población les ayudara a localizarlo, porque “estamos inmersos en la angustia”.

“¡¿Nuestros hijos dónde están?!”: familias de personas desaparecidas protestan al paso de la marcha de AMLO

A la altura de la Glorieta de las y los Desaparecidos, un grupo de personas reclamó al gobierno federal la falta de suficiente atención al problema de las desapariciones y la búsqueda de personas.


Texto: Animal Político

Fotografía: Herminia Miranda

 

Familias de personas desaparecidas protestaron la mañana de este domingo sobre Paseo de la Reforma al paso de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vestidas de blanco, portando mantas con imágenes de sus seres queridos y con consignas como “¡¿Nuestros hijos dónde están?!”, los familiares reclamaron al gobierno federal que no preste suficiente atención al problema de las desapariciones, así como a las tareas de búsqueda.

Algunas de las manifestantes gritaron “AMLO decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, es la misma porquería”, a lo que simpatizantes del presidente respondieron con gritos de “¡Obrador, Obrador!”.

La protesta se realizó en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

En días pasados, colectivos habían advertido que se manifestarían este domingo, a la misma hora de la marcha del presidente, para mostrarle los rostros de las personas desaparecidas.

 

Tras el paso de la marcha, las y los manifestantes se quedaron ahí para continuar con su protesta.

 

López Obrador afirma que combatir la inseguridad y proteger los derechos humanos son prioridades de su gobierno, aunque organizaciones civiles y activistas señalan que no lo demuestra e incluso toma acciones que agravan la situación de violencia.

Entre ellas, mencionan su apoyo a extender la presencia de militares en tareas de seguridad pública.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Presentan iniciativa sobre Ley de Personas Desaparecidas en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

La diputada de Morena, Nora Yanek Velázquez Martínez, presentó una iniciativa para crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas para atender la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares en el estado.

Uno de los puntos principales de esta ley es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) deje de depender de la Secretaría General de Gobierno y sea un organismo público descentralizado.

“Como órgano autónomo se le tendrá que otorgar un presupuesto propio para desempeñar las tareas de búsqueda y de identificación de restos forenses”, mencionó Velázquez Martínez durante su participación.

La designación del titular de este órgano se plantea que sea de manera pública, a propuesta de la gobernadora o gobernador en turno y con la aprobación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En la iniciativa se plantea la creación de un Consejo Ciudadano que de seguimiento y observe las acciones que las dependencias de seguridad y forenses realizan en materia de búsqueda de personas.

Además incorpora un capítulo especial para los casos de desapariciones de mujeres que específica un tratamiento inmediato, confidencialidad, no revictimización y una investigación con perspectiva de género.

“La necesidad de generar un marco jurídico que ofrezca seguridad, certeza jurídica en el desempeño responsable de las autoridades para la búsqueda de personas y, principalmente, integrar una propuesta para construir la normatividad necesaria para delimitar responsabilidades específicas a las autoridades en la investigación de los delitos de desaparición”, justificó Velázquez Martínez.

La iniciativa fue propuesta por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, la morenistas Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel.

Esta ley pretende homologar a nivel estatal la Ley General de Desaparición Forzada y sumarse a las ya existentes en los estados de Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Veracruz y Pueblo.

“No solo estamos cumpliendo con la obligatoriedad de armonizar nuestro marco jurídico a la ley General, o de llenar el vacío legal que limita a la actual Comisión Estatal de Búsqueda; sino de atender con un elemental sentido humanitario, la urgencia, la desesperación, el dolor de quienes quieren encontrar a un ser querido que ha desaparecido”, dijo Velázquez Martínez.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y posterior dictaminación y votación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos para buscar a miles: una de cada tres comisiones de búsqueda funciona con menos de 10 personas; dos son unipersonales

Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

8 de noviembre del 2022

 

Una de cada tres comisiones de búsqueda estatales opera con menos de 10 personas en su estructura, mientras que las de Oaxaca y Yucatán permanecen unipersonales: en esos dos estados, una sola persona es la encargada de buscar a cientos de desaparecidos, 406 y 330, respectivamente.

La de Colima, aunque a finales de 2021 fue reportada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como unipersonal, para este año ya cuenta con tres personas encargadas de buscar a 962 desaparecidos.

En algunas comisiones, la información reportada por la CNB sobre sus estructuras es contradictoria respecto de lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos más recientes para acceder al subsidio federal de 2022. En la mayoría de los casos, esto se debe a que dependen de empleados temporales, cuya contratación está sujeta, a su vez, a obtener el recurso federal; por ello, vuelven a incorporarse a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses del año.

En otros casos, sin contar con empleados temporales, solo cuatro personas buscan a 4 mil 259 desaparecidas, como pasa en Michoacán, o a mil 128, como pasa en Nayarit. En Sonora, solo tres funcionarios buscan a 4 mil 249 desaparecidos, según lo reportado por la comisión estatal en su diagnóstico de este año, obtenido a través de una solicitud de información. Mientras tanto, en San Luis Potosí, 35 personas buscan a 568, pero en Quintana Roo apenas seis buscan a 565 y en Durango seis buscan a 707.

Otros estados, aun con una estructura más amplia, enfrentan panoramas más adversos: en Baja California, donde se alcanza un registro de mil 265 personas desaparecidas, hay dos empleados fijos en la comisión, frente a 18 temporales que dependen de la obtención de recursos. Además, este organismo pasó de tener 25 personas en 2021 —ya con las temporales— a 20 en 2022.

La comisión de Tamaulipas, entidad con 11 mil 065 personas desaparecidas, tiene una estructura de 14 integrantes, mientras que la CDMX, que ya acumula 3 mil 636 desaparecidos, trabaja con 11 funcionarios en 2022. Incluso algunas de las comisiones más grandes, como la del Estado de México, conformada por 76 miembros, aseguran que sus recursos son insuficientes y no cuentan con la capacitación necesaria.

“La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es una de las CLB con mayor número de personal y se ha procurado la contratación de personas con perfiles acordes a las funciones que llevan a cabo. No obstante, se requiere de especialización tanto del personal en el área de búsqueda de gabinete, como en búsqueda de campo. Aunado a esto, pese a tener el mayor número de personal, este es insuficiente para atender la problemática que aqueja a todo el territorio estatal en relación con el número de casos de desaparición que son reportados”, se lee en el diagnóstico presentado por la entidad ante la CNB este año.

La comisión de Chiapas, donde hasta ahora hay un registro de mil personas desaparecidas, cuenta con nueve empleados fijos y cinco temporales, y plantea un escenario mucho más difícil. El organismo asegura que tiene 13 equipos básicos de cómputo con internet, tres impresoras y una copiadora, pero no con los consumibles ni la papelería necesaria; de los recursos para la operación de las actividades de la comisión, como los viáticos para acciones de búsqueda, señala que son escasos porque el presupuesto asignado es insuficiente. Sin embargo, en 2021, esa comisión devolvió poco más de 6 millones de los más de 8 que le habían sido otorgados.

“Los materiales utilizados en algunos de los casos fueron comprados con recurso del personal que labora en la comisión para realizar las funciones mínimas requeridas, incluyendo el servicio de limpieza, lo cual minimiza las capacidades operativas de la comisión, no solo por el reducido número de personal, sino por las limitaciones técnicas y de recursos para la realización de las funciones encomendadas”, señala su diagnóstico.

En Chihuahua, donde la comisión cuenta con 20 personas, de las cuales nueve son agentes estatales de investigación y siete agentes del Ministerio Público, el organismo reconoce que su personal no tiene certificación en materia de búsqueda de personas ni una especialización respecto del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Para el organismo de Michoacán, sus recursos son insuficientes ante las necesidades crecientes de contexto local. Además, plantea la necesidad de mejorar el equipamiento de sus áreas para la búsqueda, el panteón y el laboratorio de identificación forense, así como la ampliación de la capacidad de procesamiento de la información para generar análisis de contexto, patrones de desaparición y registro de seguimiento de caso, según informa en su diagnóstico para 2022.

Los documentos presentados por las comisiones de Sonora y Zacatecas dejan ver dependencia de contrataciones eventuales. La primera explica: “A la fecha en esta comisión se encuentran únicamente tres personas laborando, y se están haciendo las gestiones pertinentes para que el personal que se encontraba por honorarios se reintegre a la brevedad, así como también se ha solicitado se dote a esta comisión de más personal”.

En tanto, la comisión de Zacatecas asegura que tiene abogados, criminólogos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros en sistemas y expertos en la materia de ciencias forenses, pero depende de eventuales “para dar mejores resultados”.

La comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoce que la falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas de las comisiones estatales. Sin embargo, afirma que el personal no puede depender únicamente del subsidio federal que reciben los estados, sino que la coparticipación estatal también debe servir para su contratación.

“El personal no puede depender solo de la parte que le corresponde a los estados de los subsidios; tendrían que tener personal contratado y sumarlo mediante la coparticipación estatal del 10%. Luego hay muchos reclamos a principios de año que preguntan a qué hora van a caer los subsidios para que puedan contratar a las personas de las comisiones, cuando eso lo permitimos nosotros para incentivar que haya gente, pero en realidad mantener una estructura le corresponde a las entidades. No puede depender la operación de eso”, señaló.

Además, detalló que, para la construcción de los próximos lineamientos, se está buscando la manera de que las comisiones locales no puedan adquirir una mayor cantidad de bienes que el personal que tienen para operarlos.

El informe del CED de la ONU sobre su última visita a México advierte que, aunque la creación de todas las comisiones ha sido un paso importante, “muy pocas cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para su operación, y algunas son unipersonales”.

“Tanto el gobierno federal, a través de la CNB, como el Sistema Nacional de Búsqueda, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las comisiones locales de búsqueda”.

La Ley General y la vigilancia ciudadana

La Ley General sobre desaparición de personas establece que las comisiones nacional y locales deben contar, como mínimo, con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y un área de gestión y procesamiento de información, además de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 62 especifica que estos organismos también deben tener consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta. En respuesta a solicitudes de información a las comisiones, solo ocho pudieron dar cuenta de la instalación y conformación de su consejo ciudadano: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas. Sin embargo, Coahuila, con un consejo de 16 personas instalado desde 2019, afirmó que “hasta el momento no ha sido consultado para ninguna acción”.

Los consejos ciudadanos deben tener una participación de equilibrio, y sobre todo de vigilancia y retroalimentación, para verificar que las comisiones estén funcionando como se espera desde la sociedad y el gobierno, sostiene Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa complementariedad implica no solo que estén instalados, sino dotarles de infraestructura segura para sesionar. Chávez dice que esto ayuda a la ciudadanía a saber que tiene una comisión, cómo funciona, qué atribuciones tiene y qué pueden hacer las personas en caso de tener a un familiar desaparecido.

“Se supone que somos los aliados, en este caso, los consejos estatales o las personas que estamos acompañando, o que hacemos este ejercicio también de acompañamiento de las autoridades, y aliados de las víctimas, porque están ahí para ver que realmente funcione o dotar de información de por dónde no se está buscando o algo no se está haciendo bien”, afirma.

Aunque 21 comisiones estatales refirieron el número de personas destinadas a los grupos especializados de búsqueda, Durango no solo indicó que su consejo ciudadano no se ha conformado, sino que además no tiene grupo especializado y, por ello, no le aplicaba reportar ninguna acción de búsqueda.

En tanto, la comisión de Puebla señaló que no cuenta con personal específico para el grupo especializado de búsqueda, sino que en cada acción se despliegan brigadas que varían en número de personas. Jalisco y Zacatecas reservaron el nombre de los servidores públicos que conforman ese grupo, alegando razones de seguridad, pero el segundo sí reveló la identidad de sus consejeros ciudadanos.

En cada comisión, el número de acciones de búsqueda puede variar de las 12 que realizó Tabasco en 2021 o las 16 de Colima en 2022 a las más de mil que reporta Puebla en 2021 y 2022. Únicamente 17 entidades dieron cuenta de las acciones de búsqueda que han realizado los últimos cuatro años.

Jalisco —que ocupa hoy el primer lugar en número de desaparecidos— informó que no cuenta con esa estadística, Aguascalientes señaló que no era posible referir esas acciones, Guerrero que no cuenta con la información porque sus bases de datos están en proceso de conformación, y Quintana Roo la reservó argumentando que están relacionadas con actos de investigación.

Las organizaciones también asumen costos y trabajo de búsqueda
Los micrositios Desaparecer en Baja California, impulsado por Elementa DDHH, y Tus Derechos, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), son dos ejemplos de iniciativas de la sociedad civil ante los vacíos en la información y el trabajo de las autoridades, además del desorden y precariedad con el que operan las comisiones.

El primero es un proyecto que reúne información sobre desapariciones en Baja California, definido como un espacio “vivo” con actualizaciones constantes para la construcción de memoria colectiva, mientras que el segundo está destinado a dar información sobre los derechos que tienen, dónde exigirlos y qué trámites pueden realizar las víctimas o familiares en casos de desaparición de personas y tortura.

Renata Demichelis, de Elementa DDHH, relata que cuando llegaron a trabajar en Baja California, en 2019, se encontraron con una entidad en la que no existía documentación sobre el fenómeno y que, además, está muy alejada de los debates del centro del país, no forma parte de los focos de atención y ha enfrentado abandono.

Ante el cobijo de un discurso que minimizaba la inseguridad en el estado, particularmente en Tijuana, y sin información confiable, se acababa de adoptar la Ley de Víctimas y se había lanzado la primera convocatoria para ocupar la titularidad de la comisión de búsqueda. Apenas se empezaban a crear las instituciones que supuestamente darían solución y atención a la crisis.

“Nos dimos a la tarea, primero, de intentar llenar esos vacíos de información, nadie sabía cuántas personas había desaparecidas en Baja California; y segundo, empezar a hacer este seguimiento institucional: cómo se empezaban a configurar, velar para que, si no había ley local, por lo menos se siguieran los objetivos de la Ley General, etcétera. Así es como surge el proyecto, que en su momento implicaba buscar información y no quitar el dedo del renglón sobre cómo se iban a ir configurando las nuevas instituciones”, explica Demichelis.

Con el tiempo y el acompañamiento a colectivos, también fueron detectando las realidades a las que se enfrentaban constantemente las familias, y que tampoco estaban documentadas. Finalmente, después de tres años buscaron la mejor manera de darle salida a toda la información, y Desaparecer en Baja California se convirtió en una herramienta útil para diversos actores, que además abre con el contraste de las cifras reportadas por la fiscalía del estado entre 2007 y 2021 —más de 14 mil personas desaparecidas— y las que alberga el RNPDNO, apenas mil 154.

“Hemos visto un montón de discrepancias, y estamos todavía trabajando en las hipótesis, pero sabemos, porque el fiscal lo declaró, que están haciendo una reclasificación de las carpetas, no sabemos bien en qué consiste, pero en los últimos registros, valga la redundancia, y es parte de los fenómenos de doble y triple desaparición, desaparecen carpetas, nos reportan menos y sabemos que no es que estén encontrando a las personas o que se estén identificando restos; esa ha sido una consecuencia de publicar la información”, asegura la activista.

Con este proyecto, han descubierto también que no hay una documentación adecuada de los reportes que le llegan directamente a la comisión, y por eso ni siquiera es una fuente para el micrositio. De ese organismo, han percibido opacidad absoluta, que es una combinación que surge desde el desconocimiento de la ley hasta la posición deliberada de no querer rendir cuentas. A esto se le suma una forma de actuar reactiva a las solicitudes de los colectivos.

“Se sientan y esperan a que los colectivos les digan ‘necesito ir a este punto de búsqueda y necesito que me acompañes y necesito que vengas conmigo’, prácticamente la comisión no hace su chamba si no es porque los colectivos se la piden. Otro factor gravísimo es los perfiles; operan con poco presupuesto y poco personal; entonces, son realmente contratos temporales, de tres meses, que es problemático en sí, pero además no cumplen con los perfiles para ocupar esos cargos”, añade.

Al oeste del país, ante un contexto de impunidad —hasta hoy se han emitido solo 36 sentencias por el delito de desaparición a nivel nacional—, y particularmente en Jalisco, el CEPAD ha percibido que las respuestas de las autoridades no han ayudado a la garantías de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

Ante ello, las familias se acercaban con frecuencia a la organización para saber sus derechos, consultar qué hacer ante una desaparición, qué autoridades existen, cuáles son sus funciones y qué acciones pueden emprender. No había respuesta, lo que condujo a la construcción del micrositio Tus derechos, para brindar información a las víctimas y fortalecer sus conocimientos para que de manera segura y autónoma sepan los procedimientos ante las autoridades y tengan claridad en sus diligencias.

“Hemos visto, en muchas ocasiones, una situación de capacidad rebasada ante el contexto y ha sido una saturación en cuanto a ese dolor, ese sufrimiento de las víctimas y esa falta de información y falta de orientación de qué deben hacer. Tratamos de juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y en conjunto y construyendo estas herramientas con las familias, pensar qué pudiera realmente servir para responder a sus necesidades”, explica Anna Karolina Chimiak, de CEPAD.

Creada en 2018, la comisión de Jalisco fue una de las primeras ante la publicación de la Ley General, pero también como respuesta a una fuerte exigencia de los familiares de personas desaparecidas, recuerda la activista. Al inicio fue sumamente débil, con apenas una a tres personas empleadas. Con los años, ha crecido y empezado a conformar las áreas que mandata la ley, más una de atención que contempla la ley local.

“El área de búsqueda es una de las que más se trató de reforzar porque estuvieron muy presentes las prácticas más enfocadas en el gabinete, mediante oficios, y ante la constante exigencia de operativizar las acciones de búsqueda en campo, fue una de las apuestas reforzar esa área, igual que la de gestión y procesamiento de información, que ha trabajado en los datos de personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es la creación del registro estatal de personas desaparecidas, que tiene ya un año de incumplimiento”, asegura.

Además, para el área de análisis de contexto no se dio la misma intención de fortalecerla, en parte porque la comisión estatal no cuenta con reglamento interno y no ha podido generar más plazas, según ha sabido CEPAD. Otro pendiente es la presencia efectiva de psicólogos para la atención a víctimas y acompañamiento en los operativos de búsqueda.

Pese a las intenciones de fortalecimiento que la comisión ha expresado a la asociación, es uno de los estados que desde 2019 ha devuelto montos significativos del subsidio federal: 5 millones 700 mil de los 9 millones 600 mil que recibió en 2019, 7 millones 300 mil de los más de 17 que recibió en 2020 y poco más de 12 de 33 millones que le fueron otorgados en 2021. Con una estructura de 45 personas, aseguró en respuesta a una solicitud de información que no cuenta con listado ni estadísticas de sus búsquedas de campo.

Édgar Chávez subraya su preocupación de que en México sigan sin existir los mecanismos de seguimiento necesarios cuando no hay un familiar que pueda buscar a las personas desaparecidas. Cuando hay una investigación y nadie que dé seguimiento, las carpetas sencillamente se cierran. Particularmente, en las desapariciones que vienen de décadas atrás, por edad o por salud, es posible que la familia ya no pueda salir a buscar o a revisar la carpeta de investigación, si es que la hay.

“Hay varias cosas que tenemos que repensar en este país; lamentablemente, se nos están acumulando, y yo creo que algo importante y reiterativo en las familias como una exigencia es la no repetición. Si no hacemos un antes y un después de lo que tenemos en este momento, va a ser un acumulativo por décadas, y entonces, vamos a seguir buscando a personas nuevas, y a otras y a otras, y es un ciclo sin fin”, concluye.

 

Ante la CIDH, madre de 4 hijos desaparecidos denuncia violaciones a derechos humanos

Texto: Animal Político

Fotografía: Centro Prodh

3 de noviembre del 2022

 

María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, denunció ante la Comisionada Relatora para México y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), violaciones a los derechos humanos de ella y su familia por parte del Estado mexicano.

La denuncia, realizada en compañía del Centro Prodh en Washington D.C., es una petición individual contra el Estado por las violaciones que han sufrido tras la desaparición forzada de sus hijos en 2008 y 2010.

Cuatro hijos de María Herrara desaparecieron en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, en agosto de 2008, en Guerrero; Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, en Veracruz, en septiembre de 2010.

La petición detalla cómo hubo participación en las desapariciones de autoridades con el crimen organizado, falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas.

Por ello, al no encontrar recursos efectivos a nivel interno, la familia Trujillo Herrera decidió acudir a la Comisión Interamericana.

La petición señala las violaciones a diversos derechos -reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)- que ha cometido el Estado mexicano, entre ellos el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, y el derecho a ser buscados.

De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, la petición establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, por el tiempo transcurrido, y las omisiones y negligencias en la investigación.

En el documento se aborda el incumplimiento del Estado mexicano de implementar disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación; también se denunció que los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas y atención a víctimas.

En los últimos catorce años, la señora María y su familia se han dedicado a la búsqueda de sus hijos; formaron el Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente la Red de Enlaces Nacionales, integrada por más 167 Colectivos de Búsqueda en todo el país.

En junio de 2011, María Herrera reclamó al entonces presidente Felipe Calderón, durante los llamados ‘Diálogos de Chapultepec’, que el número de desaparecidos ya superaba las 12 mil 600 personas en México.

Le dijo: “Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellas, existen miles, algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta tres mil. Yo siento que son más”.

La presentación del caso ante la CIDH ocurre en un contexto donde voces en el poder han intentado deslegitimar y poner en duda la labor de este organismo internacional; sin embargo, la petición presentada por María Herrera da cuenta de la vigencia y necesaria acción de la Comisión, dijo el Centro Prodh.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace 

Localizan los cadáveres de tres desaparecidos en supuesto accidente en Quechultenango

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y dos personas que lo acompañaban, los tres reportados como desaparecidos, fueron hallados muertos en el fondo de un barranco tras sufrir un presunto accidente vehicular en el municipio de Quechultenango.

Se trata del encargado de despacho de la dirección de recursos humanos de la CDHEG, Adolfo Aparicio Bello, así como Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo.

Dos de ellos fueron hallados en el interior de la camioneta Toyota, tipo Hilux, color gris y, el otro cadáver, a escasos metros del vehículo en el fondo de un barranco.

Este lunes, familiares y amigos de los tres desaparecidos cerraron la Autopista del Sol a la altura del kilómetro 272, en el punto conocido como el Parador del Marqués, para exigir al gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda, reanudar la búsqueda que según los manifestantes en forma inexplicable la habían suspendido.

Por la presión de los manifestantes, casi a la una de la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE), policía estatal y Guardia Nacional reiniciaron la búsqueda en Quechultenango, municipio controlado por el grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos.

La mamá de Aparicio Bello contó que la última vez que entabló conversación telefónica con su hijo fue a las 05:25 de la tarde del viernes 28 de octubre, quien avisó que ya venía de regreso a Chilpancingo.

La FGE y la CDHEG dieron a conocer este domingo 30 de octubre que el rastro de Aparicio se había perdido en las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Quechultenango.

Esta localidad enclavada en un cerro está ubicada a máximo 20 minutos de la cabecera de Quechultenango.

Para llegar a esta localidad se transita por una carretera con tramos pavimentados y otros de terracería, con muchas curvas.

La versión que contó la mamá de Aparicio Bello es de que desde hace cinco meses después del fallecimiento de su esposo, su hijo le ayudaba con los trabajos de una empresa de madera, ubicada en una colonia de Chilpancingo.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres voy a hacerme cargo de la empresa», le dijo Aparicio a su mamá.

En el 2021, Aparicio Bello participó en el proceso interno de Morena como aspirante a la candidatura a la alcaldía del municipio de Copala.

En mayo del 2021, Cecilia Narciso Gaytán fue designada por el Congreso local como presidenta de la CDHEG y semanas después nombró a Aparicio Bello como encargado de despacho de la Dirección de Recursos Humanos.

Las autoridades estatales informaron que personal de la FGE, Protección Civil, Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Nacional realizaron las labores de rescate de los tres que habrían muerto en un accidente.

Sin embargo, el gobierno reconoce que todavía no están establecidas las causas del accidente.

Hace exactamente un mes se reportó la desaparición de la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Alma Yadira Astudillo, quien dos días después fue hallada muerta dentro de su automóvil, supuestamente se desbarrancó, también en territorio de Los Ardillos.

 

Uno de los tres era desplazado por violencia

 

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dio a conocer que Pedro Romero Sotelo, uno de los tres desaparecidos y hallado muerto, era un desplazado de la violencia del municipio de Leonardo Bravo.

Romero Sotelo y su familia, al igual que cientos de personas, fueron expulsados de la comunidad Campo de Aviación por un grupo armado de supuestos policías comunitarios vinculados con el grupo de Los Tlacos.

Esto ocurrió en noviembre del 2018 y las familias se refugiaron en la cabecera de Chichihualco, en donde hasta la fecha reciben apoyo oficial a cuentagotas por parte de los gobiernos federal y estatal.

«Nosotros sabíamos que Pedro (Romero Sotelo) se venía de Chichihualco a trabajar a Mochitlán y a Quechultenango», dijo una fuente del organismo.

A casi cuatro años de que las 1,800 personas fueron expulsadas de al menos seis comunidades de esa parte de la Sierra varias de ellas han fallecido en diversas circunstancias; unos por enfermedades y otros asesinadas.

Sociedad civil organiza ofrenda para visibilizar el problema de los desaparecidos en México

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Ciudadanos de Chilpancingo realizaron una ofrenda en el Monumento a Las Banderas para concientizar y visibilizar el problema de las desapariciones en México.

La iniciativa fue de una familia que no quiso dar nombres; dijeron preferir el anonimato y evitar protagonismos.

«La intención es que todas las personas que tengan un desaparecido vengan a colocar su foto, para visibilizar el problema y podamos concientizar a la sociedad», mencionó una de las organizadoras.

Está ofrenda la realizaron en el contexto del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre.

La ofrenda fue colocada en las escalinatas del Monumento a las Banderas, al sur de la ciudad, sobre la Avenida Lázaro cárdenas.
La familia decoró con flores de cempasúchil, pan de muerto y velas, además de una lona que decía: «en memoria de todos los desaparecidos de México».

La idea de esta ofrenda fue porque, según contó la familia, ellos tienen una persona desaparecida y en memoria de él y para visibilizar el problema de las desapariciones es que surgió la idea de realizar la actividad, una idea de tipo familiar, pero abierta para todas las personas que se quieran sumar.

«Esto es un homenaje, pero al mismo tiempo una protesta para decir que ya no queremos este problema (de las desapariciones) y demostrar que somos más los buenos», mencionó una de las organizadoras de 91 años.

«La invitación a participar en esta ofrenda es para todos, nosotros de manera anónima, queremos poner nuestro granito de arena para que haya paz», mencionó la mujer de 91 años.

La ofrenda estará hasta mañana 1 de noviembre; y está abierta para que todas las personas que tengan un familiar, amigo o conocido desaparecido lleven una foto.

En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la Secretaría de Gobernación, desde 1970 hasta junio del 2022, hay un registro de 100,000 personas desaparecidas.

Para dimensionar el problema, Amnistía Internacional, una organización de derechos humanos, advierte que se deben comparar cifras con otros países para ver la magnitud del problema.

«Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99,000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30,000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45, 000», se lee en un informe de Amnistía Internacional.

Con bloqueo en la Autopista del Sol, familiares de tres desaparecidos lograron que FGE inicie búsqueda

Texto: Redacción

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Familiares de un empresario y dos de sus trabajadores que desde el pasado viernes están desaparecidos en el municipio de Quechultenango lograron con un bloqueo en la Autopista del Sol que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reiniciara su búsqueda por tierra y aire.

«No han buscado nada», afirmó la madre de Adolfo Aparicio Bello, quien forma parte de una empresa familiar que se dedica a la venta de madera y que junto con los trabajadores Efrén Barrios Cárdenas y Pedro Romero Sotelo no fueron localizados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante la inacción de las autoridades del gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los familiares de las víctimas cerraron el carril norte sur de la Autopista del Sol. Aparicio Bello quien fue precandidato morenista para la alcaldía del municipio de Copala en el 2021 es encargado de despacho de Recursos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

La versión que contó la madre del empresario y funcionario de la CDHEG) es de que la última vez que se supo de su hijo fue a las siete con 25 minutos de la noche cuando se dirigía del municipio de Quechultenango hacia Chilpancingo.

«A las siete 25 me habla que ya viene de regreso a Chilpancingo pero no llega en toda la noche», afirmó la mamá.

Mencionó que la misma noche del viernes, cuando vieron que su hijo no aparecía se organizaron para ir en su búsqueda pensando que a lo mejor se había quedado varado en la carretera derivado de la ponchadura de una llanta de su camioneta. «Fuimos a buscarlo y preguntamos a la gente si no habían visto la camioneta de mi hijo y todos me decían que no habían visto nada», explicó.

Contó que su hijo ( Aparicio Bello) desde hace cinco meses se hizo cargo del negocio familiar luego de que su esposo murió.

«No te preocupes mamá, yo en mis ratos libres te voy ayudar», le dijo Aparicio a su mamá, según la versión de ella. Al sitio donde se realizó el bloqueo en el carril norte-sur de la vía de cuota llegó la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán.

También arribó al lugar el director de Gobernación del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien pidió a los manifestantes que desbloquearan la vía. A uno 20 metros, donde estaba la protesta, llegaron unos 50 policías estatales antimotines.

Los familiares denunciaron que apenas hasta este domingo la FGE inició la búsqueda de los tres desaparecidos pero muy tarde.

«Hoy lunes todavía no reiniciaron la búsqueda y por eso decidimos protestar en la Autopista del Sol», dijo la familiar de otro de los desaparecidos.

Los familiares exigían la presencia de la titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, pero ella nunca llegó porque Rodríguez Cisneros les dijo que la fiscal estaba en Acapulco.

«Aquí la esperamos», le dijeron los manifestantes a Rodríguez.

Cerca de la una de la tarde, se les informó a los familiares que la Guardia Nacional y Policía Estatal reiniciarían la búsqueda por tierra y aire.

Según la FGE, el funcionario de la CDHEG y sus dos trabajadores habrían desaparecido en la comunidad de Santa Cruz, ubicada entre 15 y 20 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

Este poblado está en lo alto de un cerro y por las noches se vuelve inaccesible por la neblina.

Los familiares decidieron bloquear la Autopista en forma intermitente al enterarse de que se reiniciaba la búsqueda.

Quechultenango, donde desde el pasado viernes están desaparecidos los tres hombres, es un municipio bajo control del grupo del crimen organizado (se denomina crimen organizado a las organizaciones articuladas con agentes estatales) .

Aquí en esta zona de Guerrero nada se mueve sin la autorización de los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, líderes de esta organización criminal.

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