Campesinos de Guerrero cambian el cultivo de amapola por el de aguacate, pese al asedio de la Familia Michoacana

Comunidades de Guerrero cambiaron el cultivo de amapola por el de aguacate; piden al Gobierno apoyos para comercializar este fruto y consolidarlo como una alternativa a la producción de plantas ilícitas.


Texto y foto: Emiliano Tizapán Lucena/Animal Político 

12 de febrero 2024

 

Este domingo más de 110 millones de personas vieron el Super Bowl LVIII entre los equipos de los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En millones de hogares consumieron uno de los productos emblemáticos para ver este evento deportivo: el guacamole.

A 3 mil 132 kilómetros de distancia, en la localidad de El Crucero de San Antonio Texas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, donde antes cultivaban amapola para enviar la goma de opio también a Estados Unidos ahora desde hace al menos 15 años están produciendo aguacate.

En la última temporada, la empresa Aguacates Don Prudencio ha cosechado al menos 200 toneladas a pesar de estar en una zona con violencia por el asedio del grupo delincuencial La Familia Michoacana, y lograron vender su cosecha a un intermediario que exporta el producto a Estados Unidos.

Pero la violencia no es la única adversidad de los productores guerrerenses de aguacate, sino el abandono histórico por parte del Estado mexicano que continúa en la Sierra de Guerrero.

Mientras que la esperanza puesta en el aguacate como un producto legal que detone la economía de la zona se pone en duda ante la expansión en la Sierra de los cultivos de hoja de coca, sobre todo en los campesinos que añoran la época de bonanza económica antes de que el fentanilo tumbara el precio internacional de la goma de opio.

Foto: Emiliano Tizapa Lucena

Un corredor bajo asedio

En la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, los pobladores están acostumbrados a cuidar sus espaldas por la violencia desde hace 10 años. El municipio es la entrada de un corredor que en los últimos dos años ha sufrido el asedio del grupo delictivo La Familia Michoacana.

A cuatro horas y media en vehículo por un camino en su mayoría de terracería se encuentra El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, donde el 10 de diciembre de 2022, integrantes de La Familia Michoacana asesinaron a siete hombres, uno de ellos calcinado sobre su cuatrimoto.

Desde que ocurrió esta masacre todo el corredor de El Durazno-Santa Rosa de Lima ha estado bajo asedio por esta banda criminal: se han registrado balaceras, asesinatos, enfrentamientos, e incluso ataques con drones que cargan con explosivos.

Víctor Espino Cortés, uno de los productores de aguacate de esta región, cuenta que desde hace prácticamente 10 años los habitantes se han estado defendiendo de secuestros y extorsiones por parte de grupos criminales, pero fue hasta hace dos años que incursionó la Familia Michoacana.

Espino Cortés dice que este grupo delictivo busca apoderarse de esta zona porque conecta con comunidades de la Tierra Caliente donde tienen presencia, y cuando son atacados por las autoridades rápidamente buscan huir y esconderse o atravesar esos pueblos.

“Aquí estamos muy ricos. Aquí hay mucha agua para empezar, toda el agua a la Costa Grande y toda el agua de Tierra Caliente aquí se produce. Hay zonas de minas, de hecho aquí en mi ejido hay tres lugares donde están las minas destapadas, nunca se han trabajado, pero ahí están. Una de ellas está en un lugar que se llama El Venado está concesionada a los canadienses desde el 1974, pero ahí está, no la puedes tocar tampoco. Y los maderables, le tiran mucho eso, porque eso es nada más llegar y cortar (los árboles) y vámonos, y eso es lo que defendemos”, explica como otra de las razones.

Además, esta región que colinda entre los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Coyuca de Catalán es una zona ganadera, en el último estudio, en el que no participaron todos los pobladores, se contabilizaron 15 mil cabezas de ganado. Apropiarse de todo eso también les interesa a la Familia Michoacana.

El 28 de enero de 2023, a sólo unos 40 minutos en vehículo de Santa Rosa de Lima está ubicado El Parotal, un pequeño pueblo ubicado a un costado de un río, donde un convoy de la Policía Estatal llegó acompañado por tres civiles y los pobladores los acusaron de entrar a sus viviendas sin órdenes de cateo y los acusaron de robarles; cuando les pidieron que se identificaran reconocieron que esos tres civiles pertenecían a la Familia Michoacana.

Al final, los tres hombres fueron asesinados, también un policía y el encargado del operativo, el capitán de la Marina y jefe de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Ruiz.

Las autoridades del estado jamás dieron una respuesta clara del por qué los tres hombres iban en la operación.

Foto: Emiliano Tizapa Lucena

Aguacate, un negocio desigual

A pesar de las masacres y el acoso criminal, la última temporada de cosecha de aguacate que comenzó en septiembre y culminó en enero de este año fue buena.

El problema es el precio, la empresa intermediaria que controla el negocio les pagó a nueve pesos el kilo a los productores del Crucero de San Antonio Texas, para almacenarlo y posteriormente llevarlo a Estados Unidos.

El aguacate de Guerrero también llegó al Super Bowl, pero del dinero que genera en Estados Unidos a los productores no les llega nada.

El ingeniero del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guerrero, José Agustín Brito, es quien supervisa que las huertas de aguacate cumplan con los requisitos para la certificación del producto, se cuida que el aguacate sea producido sanamente para que también mejore el costo de su venta.

En el ejido de San Antonio Texas, desde 2018 se lograron certificar cuatro unidades de producción, en 2023 fueron siete las que se certificaron; y para junio de este 2024 lo harán ocho más.

Los requisitos, explica José Agustín Brito, son que cada unidad de producción, sea campo o unidad de empaque, debe tener instalaciones sanitarias para que el personal no haga sus necesidades fisiológicas a campo abierto y se evite así la contaminación. Deben tener un almacén para guardar el material que utilizan en las huertas, tanto los fertilizantes, químicos, herramientas, sistemas de riego, y también un área de mezclas donde preparan los agroquímicos.

Actualmente en esta región hay una superficie entre 350 y 380 hectáreas sembradas de aguacate de variedades Hass, Méndez y Flor de María.

En el estado hay otros municipios donde se produce aguacate, pero las superficies por productor son menores.

José Agustín Brito ha recorrido la mayor parte de la Sierra y asegura que en los terrenos donde antes había sembradíos de amapola ahora hay aguacate.

“El aguacate les está dando una nueva oportunidad de vida para sacar a su familia adelante y una de esas pruebas es que están tratando de certificar sus huertas para estar al día con lo que pide el cliente, en un proyecto a mediano y largo plazo”.

La venta de aguacate

El segundo domingo de febrero en Estados Unidos se centra alrededor del futbol americano, el Super Bowl. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por sus siglas en inglés, en torno a este evento deportivo se comercializa el 20 por ciento de las ventas anuales de aguacate debido a que su consumo se dispara, es decir, cerca de 54 millones de aguacates.

Y México suministra cerca del 81 por ciento de los aguacates que se consumen en Estados Unidos, por lo que la USDA reconoce que sólo en 2023 el valor de las importaciones de aguacate mexicano a su país fue por aproximadamente 2,500 millones de dólares.

La USDA estimó que las semanas previas al Super Bowl se importaron a Estados Unidos más de 6 mil camiones llenos de aguacates mexicanos, de los cuales, según las autoridades nacionales el 73 por ciento se produce en Michoacán, el 12.2 por ciento en Jalisco y el 14.8 en el resto de los estados.

El guacamole es uno de los productos emblema del Super Bowl.

 

El fentanilo le ganó la batalla a la goma de opio

“Vamos a ser honestos, aquí lo que ven ustedes aquí se sembraba amapola antes”, se sincera Víctor Espino Cortés sobre la huerta familiar Los Fresnitos. “Nosotros sembramos un tiempo y de ahí poco a poquito fuimos avanzando (en la siembra de aguacate), trabajando y trabajando, pero no robándole a nadie, solo trabajo, trabajo y más trabajo”.

La amapola ha tenido desde hace muchos años altas y bajas, desde que recuerda Espino Cortés van tres veces que el precio de la goma de opio ha caído completamente, “que nadie la quiere ni regalada”.

“Yo tenía familiares que en el ochenta y tantos se hicieron de mucho dinero. Unos lo aprovecharon y están muy ricos en otros estados, incluso, pero hay otros que no supieron aprovechar y están más pelados (pobres) que en un palo de guayaba. Entonces viendo, aprendiendo de la historia, cómo se van dando las cosas, cuando tuvo el auge de la amapola la última vez, empezamos a sembrar aguacates”.

El fentanilo le ganó la batalla a la goma de opio. Antes un kilo de la resina que se extrae al rayar la cabeza de la amapola se pagaba a los campesinos entre 30 a 40 mil pesos, el precio más bajo tras el auge del fentanilo fue de 6 mil pesos.

De la goma de opio se extraen productos como la morfina, la heroína y la codeína.

“Si el gobierno quisiera realmente que se acabara eso de la amapola, que la gente no regrese a eso, debe apoyar el aguacate o los frutales, porque también hay más frutas como la manzana, pera o durazno”, dice Espino Cortéz.

“Nosotros no queremos despensas”, dice.

Foto: Emiliano Tizapa Lucena

Lo que piden es que el gobierno los apoye en la tecnificación de las huertas, para aumentar la producción y se consolide el aguacate como una alternativa en los lugares donde antes se sembraba amapola.

Necesitan además la pavimentación de los caminos, casi todos de terracería, angostos, porque se abrieron principalmente en tiempos de extracción maderera y de contrainsurgencia por el Estado mexicano en la Sierra de Guerrero, y así se quedaron.

Otra necesidad de los productores de la zona es la comercialización, porque exportar a Estados Unidos es casi imposible, aunque lo ideal sería establecerse en el mercado estatal.

“Es una de las mejores soluciones que puede haber”, plantea Espino Cortéz: “Esto da muy buen dinerito, da para uno y para dar empleo”.

Cuando termina la cosecha de mango en la Costa Grande, muchas personas buscan cosechar el aguacate, sólo la familia Espino Cortéz emplea a 150 trabajadores.

La seguridad también urge, aunque a pesar de la violencia han podido continuar con la producción de aguacate.

Los cultivos de coca

En febrero de 2021, en el ejido de Río Santiago, en la parte media de la sierra de Atoyac fueron localizados los primeros plantíos de hoja de coca. El Ejército destruyó los cultivos y el laboratorio de químicos para su procesamiento. Las autoridades informaron que se encontraban en una etapa experimental. Ese año fueron destruidos siete plantíos de hoja de coca.

Un año después, en 2022 se contabilizaron 73 plantíos destruídos por los militares en Atoyac.

En 2023, hasta julio el Ejército ya contabilizaba 93 plantíos destruidos en Atoyac, lo que evidencia que el experimento cumplió su papel, y que los campesinos lograron adecuar la planta a la zona.

Para Víctor Espino, la plantación de hoja de coca no se siembra solo en Atoyac, su plantación ya resuena en toda la Sierra de Guerrero, y si el gobierno reconoce solo en este municipio es porque no le conviene. Pero los campesinos, abandonados por el Estado mexicano, respaldados con programas asistencialistas como Sembrando Vida que no igualan la bonanza que dejaba en las familias la producción de amapola, van encontrando en la plantación de hoja de coca una alternativa, aunque nuevamente ilegal.

Que el cultivo de hoja coca y la combinación química para producir pasta de coca no pulule en toda la Sierra depende no de su destrucción, sino de que las alternativas económicas y de desarrollo que ofrezca el gobierno mexicano sean eficaces, inmediatas, donde se tome en cuenta realmente a los campesinos y se garantice la seguridad de la zona.

“Al presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo hemos invitado para esta zona muchas veces. Él dice que primero los pobres, pero me imagino que hay de pobre a pobres, porque a nosotros no se nos arrima”, reprocha Espino Cortéz.

Marcha de poblaciones LGBTI+ en Chilpancingo, una edición por la reivindicación y reconocimiento de sus derechos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes de las poblaciones LGBTI+ marcharon la tarde de este 16 de junio con motivo de la 22 marcha estatal de la diversidad sexual que fue nombrada Todos los derechos para todas las personas. La exigencia fue el reconocimiento a la identidad de género.

El año pasado las poblaciones LGBTI+ tomaron las calles de Chilpancingo para exigir al Congreso del estado la aprobación del matrimonio igualitario; lo aprobaron el 24 de octubre del 2022.

«A pesar de que ya hemos avanzado nos falta, hoy el justo reclamo es por todas las personas trans; marchamos hoy por la ley de identidad de género», se escuchó cuando integrantes del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero leyeron un posicionamiento.

Este año las poblaciones LGBTI salieron a las calles para continuar con la exigencia de los derechos que, aseguran, todavía las instituciones les niegan.

Los pendientes que las poblaciones LGBTI+ piden son la tipificación de los crímenes de odio, adopciones entre parejas del mismo sexo y la prohibición de las terapias de conversión.

El contingente de la marcha salió del Congreso local y recorrió las principales calles de Chilpancingo hasta llegar a la Plaza Civica Primer Congreso de Anahuac.

Antes del comienzo de la marcha, Juan Carlos Salvador López, presidente del Colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero, mencionó que esta marcha no es un festejo como en otros estados o paises, aclaró que continúan en una protesta por el reconocimiento de sus derechos que por años el Estado y la sociedad les han negado.

Esta marcha tambien fue un reconocimiento para Orlando Pastor Santos, David Moyao Morales y Francisco Viruel, los primeros activistas que hace 22 años emprendieron la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTI+ de Chilpancingo.

En un carro alegórico colocaron en grande las fotos de estos tres activistas, a quienes les agradecen ser los precursores de su lucha aún no termina.

Ya en la marcha muchas personas salieron a las calles para observar; algunos apoyaban con aplausos.

«Derechos iguales para personas homosexuales», «No más crímenes de odio», «Alerta, alerta que camina será pura jotería», fueron algunas de las consignas que entonaron los más de 1,000 asistentes.

Tradicionalmente, antes de la marha coronan de manera simbólica a su reina, que este año fue Yuya, activista y mujer trans de Chilpancingo, con más de 40 años de trayectoria.

Yuya fue una de las pioneras de los shows travestis en Chilpancingo, por su trayectoria y en homenaje a su legado la nombraron reina de este año.

A la marcha asistieron todas las expresiones de género que conforman las poblaciones LGBTI+: lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales.

La marcha avanzó al ritmo de música de viento y consignas de protestas; recorrió la avenida Juan Alvarez hasta llegar a la Plaza Civica Primer Congreso de Anahuac, donde finalizaron con un show de trasvestis y de drags queens.

Aumentaron agresiones contra poblaciones LGBTI+

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

13 de abril del 2023

Chilpancingo 

 

A inicios de febrero integrantes del colectivo Lgbti+ Orgullo Guerrero llevaban cuatro agresiones contra miembros de estas poblaciones, pero a la fecha ya suman ocho.

Uriel Mena Flores, integrante del colectivo, informó que las víctimas de estas agresiones coinciden en un mismo modo de operar y agredir a estas poblaciones en las ciudades.

Los agresores contactan a las víctimas por medio de una aplicación de citas, los citan, y el agresor llega con una botella de vino en el que vierten alguna sustancia que provoca que la víctima pierda la conciencia para, entonces, despojarlos de sus pertenencias.

Las primeras cuatro agresiones las registraton en enero y las últimas cuatro entre enero y febrero; del agresor poco se sabe debido a que muchas de las víctimas no quieren denunciar por miedo y, por tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede iniciar carpeta de investigación.

Los ochos casos sucedieron en Chilpancingo.

Uno de los casos más graves que documentó el colectivo Orgullo Guerrero fue el de una persona que fue golpeada hasta quedar en estado de coma.

El agresor en cada uno de estos casos robó celulares, carteras y lo que halló a su alcance.

En febrero el colectivo lanzó una campaña de prevención llamada Aguas con tu ligue.

Pegaron carteles en escuelas, dependencias de gobierno y plazas públicas para concientizar a los jóvenes sobre este peligro.

El colectivo logró una reunión con Cinthia Velázquez Sánchez, encargada de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género.

De acuerdo con Mena Flores la Fiscalía estaba dispuesta a brindar acompañamiento a las víctimas.

«Ella (Cinthia) específicamente dijo que lo hablaría con sus superiores para que identificarán cómo sería el proceso. Sin embargo no se le dio seguimiento porque en ninguno de los casos hubo disposición para denunciar», aclaró Mena Flores.

Los integrantes del colectivo también dieron acompañamiento a las víctimas para temas de apoyo emocional, médico y jurídico.

La negativa de las víctimas a denunciar es por miedo y por los estigmas que existen contra los integrantes de las poblaciones LGBTI+.

«Las víctimas no quisieron denunciar porque no querían ser revictimizadas. Por parte de las autoridades no hay protocolos de acción ante estos casos».

Aspectos de la marcha del orgullo LGBT+ en junio del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

 

La ausencia del Estado ante los crímenes de odio

El asesinato de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Jalisco, y el ataque con fuego a un niño indígena en Querétaro alertan sobre la intolerancia y los crímenes de odio en México. Son el reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes son “diferentes”.


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de página

Fotografía: José Luis de la Cruz / archivo

Ciudad de México

 

A Luz Raquel Padilla la quemaron viva. Su hijo Bruno, de 11 años, tecía autismo severo y epilepsia, y sus crisis enfurecían a los vecinos. El 16 de julio, los colonos de Arcos de Zapopan, en Jalisco, vieron cómo la madre cuidadora ardía en un parque y tres días después, Luz falleció en un hospital, con 90 por ciento del cuerpo quemado.

Semanas antes, en Querétaro, Juan Zamorano, de 14 años, sufrió un ataque por parte de sus compañeros de la telesecundaria a donde asistía. Ellos le prendieron fuego mientras estaba sentado en su pupitre. El muchacho resultó con heridas de gravedad que, al menos, requirieron cuatro cirugías. El motivo del ataque fue que Juan no sabía hablar español debido a su origen hñöhñö.

Estas agresiones han conmocionado e indignado a la sociedad mexicana. Pues el nivel de violencia que padecieron Luz y Juan –así como los motivos de sus agresores– desnuda la intolerancia en nuestro país, empapada de racismo, machismo y una profunda discriminación a quienes no “encajan” –o caben– en la vida cotidiana.

Aunque estos crímenes horrorizan a la mayoría, son el reflejo de un malestar estructural. Reflejo de un Estado fundado sobre la opresión, el miedo, la segregación y el olvido a quienes por decisión, o contexto, son “diferentes”.

Así lo describe Alexandra Haas, defensora de derechos humanos y actual directora ejecutiva de Oxfam en México. Explica que nuestra sociedad está basada en prejuicios y estereotipos que nos vuelven intolerantes a la diversidad.

El problema con los prejuicios, estereotipos y estigmas es que están socializados desde la calle, la escuela, la casa y el trabajo. Ahí se replican estos discursos discriminatorios que, lamentablemente, se convierten en prácticas”, detalla.

Alejandra Hass, directora de Oxfam México

La abogada, sin embargo, enfatiza en que esta socialización es posible gracias a un Estado ausente que no atiende sus compromisos con las poblaciones vulnerables o que pueden sufrir discriminación.

“El papel del Estado es proteger a sus ciudadanos, y estamos viendo que desde hace mucho el Estado mexicano ha dejado de hacerlo”.

Crimenes de odio

Estos casos, sumados a los cientos de agresiones que han sufrido mujeres trans y personas de la comunidad LGBTTIQ+ son, en resumen, crímenes de odio, dice Alejandra Haas.

Son actos de violencia motivados por la diferencia. Ya sea por la raza, la religión, la diversidad sexual o alguna discapacidad, este tipo de crímenes se fundamentan en la intolerancia a la diversidad. Y mes con mes en nuestro país se reportan agresiones o asesinatos ligados a los prejuicios o estigmas. Pero hay una especie de negación institucional a reconocer que estos crímenes siguen pasando en México. Inclusive, dice, en el caso de las personas con alguna discapacidad muchas de las veces no se sigue esa línea de investigación.

“Lo que queda de manifiesto en el caso de Luz Raquel es que la discriminación a las personas con discapacidad también deriva en crímenes de odio. Si lo calificamos de crimen de odio podemos salir de la idea equivocada de que en México no hay discriminación a personas con discapacidad. Hay que reconocer que las personas con discapacidad son receptoras de discriminación”, explica.

Alejandra Hass, directora de Oxfam México.

Asumir esto, explica la abogada, es un primer paso para construir una política pública que reconozca el trabajo de cuidados que muchas personas, en su mayoría mujeres, realizan con sus seres queridos.

“Hay que reconocer la absoluta y enorme carga que tienen las mujeres cuidadoras, y mujeres que cuidan a personas con discapacidad. El Estado no está asumiendo generar condiciones para repartir cuidados, pues en su mayoría son las mujeres quienes se encargan de estas tareas, y una vez que tu hijo empieza a crecer, hay dificultad de acceder a servicios públicos y de calidad”.

¿De qué tamaño es el problema?

Otro problema es la ausencia de indicadores para contabilizar los crímenes de odio en el país es un reflejo de la poca importancia que las autoridades gubernamentales dan a estos hechos.

“A nivel federal se debe reaccionar con un sistema para comprender los crímenes de odio. No sabemos si hay 100, 10 o cinco mil. No tenemos idea del número de casos que hay en México. No sabemos si esto ocurre de manera reiterada”, reflexiona Haas.

De hecho, uno de los pocos indicadores que existen para medir los crímenes de odio es el que elabora la organización Letra S. Sin embargo, este solo se atañe a delitos en contra de la población LGBTTTIQ+.

No obstante, precisa Alejandro Brito, director de Letra S, su esfuerzo es sesgado, pues solo se pueden identificar estos crímenes a través de notas de prensa porque las fiscalías no tienen un tipo penal específico para determinar los casos.

Tienen que construirse protocolos de investigación. Un protocolo más general que hable acerca de todas las pertenencias de las personas que han sido víctimas de un crimen de odio. Un protocolo que establezca cómo categorizar e investigar estos crímenes”, añade Alexandra Haas.

Tener un conteo es indispensable para identificar la gravedad del problema. En esto, detalla la abogada, deberían incluirse también los casos de linchamiento.

“Estos casos se deben sumar a una reflexión de los niveles de violencia que viven las comunidades, también para analizar la situación de salud mental que ahí se tienen, sin quitar la responsabilidad que tienen las personas en el acto”, precisa.

Consecuencias del miedo

¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo hacer frente a las fallas del Estado para proteger a quienes están en riesgo? ¿Cómo cuidar a quien está vulnerable? ¿De quién es la responsabilidad? Son las reflexiones que se desprenden ante estos hechos violentos que han copado la discusión pública en los últimos meses.

Para Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la respuesta está –sin deslindar la responsabilidad gubernamental– en los cuidados comunitarios y el reconocimiento de que la pandemia modificó las formas en que se ejerce la violencia en la sociedad.

“No hay salidas o herramientas comunitarias para contener el enojo o la frustración; eso lo veníamos diciendo desde la comisión desde el año pasado como uno de los efectos más visibles de la pandemia”, explica.

Por su parte, Alejandra Haas explica que el impacto de estos crímenes en la sociedad es algo que también se está dejando atrás, pues además de proyectar un problema de salud mental a nivel social, las afectaciones que tienen estos hechos en las poblaciones vulnerables son gravísimas.

El crimen de odio causa un impacto en todo el grupo, no solo en quien lo recibe. Tiene el potencial de poner al grupo entero en alerta. La dimensión del impacto en la salud mental en el país es algo muy importante a analizar. Imagínate: ¿cómo vuelve a tener confianza el chico de Querétaro o el hijo de Luz Raquel? Es difícil volver a la vida cotidiana sin las consecuencias del miedo, agregado a esto los problemas cotidianos que padecen estas personas”.

Violencia y precarización

Los indicadores mundiales lo advierten desde hace tiempo: la pandemia ha acarreado un aumento en la violencia que viven las sociedades.

Fenómenos como el aislamiento, sumados a la precarización y el malestar social, son algunos elementos que resalta Nashieli Ramírez que se deben de identificar para poner un primer piso de prevención de la violencia en México.

“Hay un incremento de la conflictividad social que nosotros veníamos apuntalando como efecto del mundo que nos está dejando la pandemia. Los indicadores generales de violencia familiar, y otros, van creciendo. Lo que vamos a estar viendo es la combinación de dos cosas: una herencia de aspectos de psicología social, pero también con lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar en relación a la precarización”.

¿Cuáles son estos elementos relacionados a la psicología social? El racismo, machismo, clasismo y la discriminación estructural que sigue permeando en México.

“El nivel de percepción y permisividad de violencia hacia las mujeres sigue estando, y el caso de Luz Raquel es la prueba. También seguimos siendo una sociedad sumamente racista que además no asume ese racismo”, añade Ramírez.

La deuda con la prevención

No obstante, Ramírez es clara al afirmar que estas condiciones no eximen al Estado de su responsabilidad. Pero, enfatiza, más allá del castigo a los responsables –lo cual no debe perderse de vista– su papel como garante de la seguridad de la ciudadanía debería centrarse en la prevención antes que en el punitivismo.

“Estamos con la gran deuda de cómo hacer prevención. Estamos muy trepados en la visión punitivista y no nos damos cuenta que el Estado tiene un deber en la prevención de este tipo de actos. Ahí la apuesta es más bien cambiar el enfoque, cada vez más hacia la prevención que pensar que con los castigos, cuando los hay, se va a resolver el problema”.

Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM

Tanto en el caso de Juan como en el de Luz Raquel las señales de agresión eran claras. Inclusive con Raquel existía ya una orden de otorgarle medidas de protección. Estas señales, sin embargo, no fueron escuchadas.

El caso de Raquel es algo que hemos venido señalando. Lo que pasó ahí en términos de cómo falla el Estado es una constante de su nivel protector. Están las denuncias, los llamados de auxilio; está la obligación del Estado de protegerla y no lo hace. Y si nos vamos en el caso de Querétaro es algo que se está repitiendo, pues supuestamente la autoridad emitió una medida de protección, pero los agresores siguen amenazándole, paseándose con la gasolina frente a su casa”.

Nashielli Ramírez, titular de la CDHCM

La revictimización de quienes sufrieron las agresiones es otro factor que demuestra la ausencia del Estado frente a estos casos.  Como ejemplo, de nuevo, el caso de Luz Raquel. La Fiscalía de Jalisco está conduciendo la investigación hacia un camino que pone al centro a la madre cuidadora como responsable de su propia muerte.

En un informe presentado este martes, la autoridad jaliciense señaló que Luz Raquel compró dos botellas de alcohol y un encendedor antes de su muerte; induciendo con esto la idea de que ella podría haber provocado su muerte, cuando previamente la activista había denunciado amenazas y hostigamiento por sus vecinos. Inclusive, testigos de los hechos han señalado que al menos tres hombres y una mujer atacaron a la madre cuidadora en el parque.

Hay cosas que le tocan al Estado, como es esta. Hay momentos previos donde la gente no escucha. Se veía venir lo que iba a pasar, pues es difícil que estos hechos ocurran espontáneamente y se emita esa descarga de violencia. Aquí es la autoridad, en tanto medidas de protección, como primeros respondientes, tienen que abrir más los ojos para prevenirlos”, enfatiza Nashieli Ramírez.

Pero también, concluye, la sociedad debe asumir la responsabilidad del cuidado colectivo.

“No podemos seguir siendo permisibles a eso, y pensar que como no me toca a mi, o no me lo están dirigiendo específicamente a mi, no me va a tocar. Mientras no lo señalemos lo que va a pasar es que esto, lamentablemente, seguirá ocurriendo en el país”, concluye la defensora.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

 

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