El registro y observación de especies como parte de este reto se llevará a cabo el 28 de abril en el bioparque Ranchito Viejo, en Petaquillas, de Chilpancingo
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Marisol Castro Torreblanca
Martes 23 de abril del 2024
Chilpancingo
iNaturaList lanzó el Reto Naturalista Urbano 2024, una iniciativa Internacional que busca conocer y valorar la biodiversidad que habita en las zonas urbanas de la región.
La actividad consiste en que las personas salgan a explorar su municipio y observen, plantas, animales y hongos que encuentren en su recorrido.
Las especies que se observen pueden ser conocidas o nuevas, no hay excepción.
Para participar en este reto es importante descargar la aplicación iNaturalist, es totalmente gratuita y está disponible en App Store y en Google Play.
Al crear la cuenta en esta aplicación es indispensable registrar el municipio en el que te encuentres y seleccionar y unirse al proyecto participante.
En la aplicación se tienen que subir fotos o vídeos de las especies que observaste y agregarle una pequeña descripción.
Las ciudades y municipios que tengan mayor número de observaciones y especies registradas recibirán un reconocimiento. Si bien esto no es una competencia, la actividad sirve para aprender y conectar con la naturaleza.
Participar en el reto ayudará a que conozcan mejor las distintas especies que hay en el entorno, muchas de ellas por no tener tiempo o no poner atención pasan inadvertidas.
Con esto también aportan a la ciencia ciudadana, pues las observaciones realizadas en este reto ayudarán a los científicos a comprender mejor la distribución y conservación de las especies urbanas.
De manera individual, el reto ayudará a conectar con la naturaleza y eso trae beneficios para la salud física y mental.
Se puede participar de manera individual o grupal con familiares y amigos.
El grupo Observadores de Aves de Chilpancingo lanzó el pasado jueves 19 de abril la invitación para las personas que se quieran unir al reto. El grupo organiza en Chilpancingo la realización del Reto Naturalista Urbano 2024.
Observadores de aves en la Facultad de Ciencias Naturales UAGro, Ex-Rancho Shalako, Petaquillas, el 16 Marzo del 2024. Foto: Marisol Castro Torreblanca
También se realizará un picnic entre los participantes. La actividad se llevará a cabo en Ranchito Viejo, un bioparque de la comunidad de Petaquillas, el domingo 28 de abril de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
El principal requisito es descargar la aplicación iNaturaList en su celular, para realizar el registro y para más información enviar un mensaje a la página de Facebook Observadores de Aves de Chilpancingo.
iNaturaList es un espacio en donde se puede aprender sobre la flora y la fauna de México y del mundo.
Ahí se comparten los registros de lo que se observa en la naturaleza.
Es un espacio formado por profesionistas y aficionados inmersos en lo que pasa con la naturaleza, en específico con los animales y plantas.
Comunidades de Guerrero cambiaron el cultivo de amapola por el de aguacate; piden al Gobierno apoyos para comercializar este fruto y consolidarlo como una alternativa a la producción de plantas ilícitas.
Texto y foto: Emiliano Tizapán Lucena/Animal Político
12 de febrero 2024
Este domingo más de 110 millones de personas vieron el Super Bowl LVIII entre los equipos de los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En millones de hogares consumieron uno de los productos emblemáticos para ver este evento deportivo: el guacamole.
A 3 mil 132 kilómetros de distancia, en la localidad de El Crucero de San Antonio Texas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, donde antes cultivaban amapola para enviar la goma de opio también a Estados Unidos ahora desde hace al menos 15 años están produciendo aguacate.
En la última temporada, la empresa Aguacates Don Prudencio ha cosechado al menos 200 toneladas a pesar de estar en una zona con violencia por el asedio del grupo delincuencial La Familia Michoacana, y lograron vender su cosecha a un intermediario que exporta el producto a Estados Unidos.
Pero la violencia no es la única adversidad de los productores guerrerenses de aguacate, sino el abandono histórico por parte del Estado mexicano que continúa en la Sierra de Guerrero.
Mientras que la esperanza puesta en el aguacate como un producto legal que detone la economía de la zona se pone en duda ante la expansión en la Sierra de los cultivos de hoja de coca, sobre todo en los campesinos que añoran la época de bonanza económica antes de que el fentanilo tumbara el precio internacional de la goma de opio.
Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Un corredor bajo asedio
En la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, los pobladores están acostumbrados a cuidar sus espaldas por la violencia desde hace 10 años. El municipio es la entrada de un corredor que en los últimos dos años ha sufrido el asedio del grupo delictivo La Familia Michoacana.
A cuatro horas y media en vehículo por un camino en su mayoría de terracería se encuentra El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, donde el 10 de diciembre de 2022, integrantes de La Familia Michoacana asesinaron a siete hombres, uno de ellos calcinado sobre su cuatrimoto.
Desde que ocurrió esta masacre todo el corredor de El Durazno-Santa Rosa de Lima ha estado bajo asedio por esta banda criminal: se han registrado balaceras, asesinatos, enfrentamientos, e incluso ataques con drones que cargan con explosivos.
Víctor Espino Cortés, uno de los productores de aguacate de esta región, cuenta que desde hace prácticamente 10 años los habitantes se han estado defendiendo de secuestros y extorsiones por parte de grupos criminales, pero fue hasta hace dos años que incursionó la Familia Michoacana.
Espino Cortés dice que este grupo delictivo busca apoderarse de esta zona porque conecta con comunidades de la Tierra Caliente donde tienen presencia, y cuando son atacados por las autoridades rápidamente buscan huir y esconderse o atravesar esos pueblos.
“Aquí estamos muy ricos. Aquí hay mucha agua para empezar, toda el agua a la Costa Grande y toda el agua de Tierra Caliente aquí se produce. Hay zonas de minas, de hecho aquí en mi ejido hay tres lugares donde están las minas destapadas, nunca se han trabajado, pero ahí están. Una de ellas está en un lugar que se llama El Venado está concesionada a los canadienses desde el 1974, pero ahí está, no la puedes tocar tampoco. Y los maderables, le tiran mucho eso, porque eso es nada más llegar y cortar (los árboles) y vámonos, y eso es lo que defendemos”, explica como otra de las razones.
Además, esta región que colinda entre los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Coyuca de Catalán es una zona ganadera, en el último estudio, en el que no participaron todos los pobladores, se contabilizaron 15 mil cabezas de ganado. Apropiarse de todo eso también les interesa a la Familia Michoacana.
El 28 de enero de 2023, a sólo unos 40 minutos en vehículo de Santa Rosa de Lima está ubicado El Parotal, un pequeño pueblo ubicado a un costado de un río, donde un convoy de la Policía Estatal llegó acompañado por tres civiles y los pobladores los acusaron de entrar a sus viviendas sin órdenes de cateo y los acusaron de robarles; cuando les pidieron que se identificaran reconocieron que esos tres civiles pertenecían a la Familia Michoacana.
Al final, los tres hombres fueron asesinados, también un policía y el encargado del operativo, el capitán de la Marina y jefe de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Ruiz.
Las autoridades del estado jamás dieron una respuesta clara del por qué los tres hombres iban en la operación.
Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Aguacate, un negocio desigual
A pesar de las masacres y el acoso criminal, la última temporada de cosecha de aguacate que comenzó en septiembre y culminó en enero de este año fue buena.
El problema es el precio, la empresa intermediaria que controla el negocio les pagó a nueve pesos el kilo a los productores del Crucero de San Antonio Texas, para almacenarlo y posteriormente llevarlo a Estados Unidos.
El aguacate de Guerrero también llegó al Super Bowl, pero del dinero que genera en Estados Unidos a los productores no les llega nada.
El ingeniero del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guerrero, José Agustín Brito, es quien supervisa que las huertas de aguacate cumplan con los requisitos para la certificación del producto, se cuida que el aguacate sea producido sanamente para que también mejore el costo de su venta.
En el ejido de San Antonio Texas, desde 2018 se lograron certificar cuatro unidades de producción, en 2023 fueron siete las que se certificaron; y para junio de este 2024 lo harán ocho más.
Los requisitos, explica José Agustín Brito, son que cada unidad de producción, sea campo o unidad de empaque, debe tener instalaciones sanitarias para que el personal no haga sus necesidades fisiológicas a campo abierto y se evite así la contaminación. Deben tener un almacén para guardar el material que utilizan en las huertas, tanto los fertilizantes, químicos, herramientas, sistemas de riego, y también un área de mezclas donde preparan los agroquímicos.
Actualmente en esta región hay una superficie entre 350 y 380 hectáreas sembradas de aguacate de variedades Hass, Méndez y Flor de María.
En el estado hay otros municipios donde se produce aguacate, pero las superficies por productor son menores.
José Agustín Brito ha recorrido la mayor parte de la Sierra y asegura que en los terrenos donde antes había sembradíos de amapola ahora hay aguacate.
“El aguacate les está dando una nueva oportunidad de vida para sacar a su familia adelante y una de esas pruebas es que están tratando de certificar sus huertas para estar al día con lo que pide el cliente, en un proyecto a mediano y largo plazo”.
La venta de aguacate
El segundo domingo de febrero en Estados Unidos se centra alrededor del futbol americano, el Super Bowl. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por sus siglas en inglés, en torno a este evento deportivo se comercializa el 20 por ciento de las ventas anuales de aguacate debido a que su consumo se dispara, es decir, cerca de 54 millones de aguacates.
Y México suministra cerca del 81 por ciento de los aguacates que se consumen en Estados Unidos, por lo que la USDA reconoce que sólo en 2023 el valor de las importaciones de aguacate mexicano a su país fue por aproximadamente 2,500 millones de dólares.
La USDA estimó que las semanas previas al Super Bowl se importaron a Estados Unidos más de 6 mil camiones llenos de aguacates mexicanos, de los cuales, según las autoridades nacionales el 73 por ciento se produce en Michoacán, el 12.2 por ciento en Jalisco y el 14.8 en el resto de los estados.
El guacamole es uno de los productos emblema del Super Bowl.
El fentanilo le ganó la batalla a la goma de opio
“Vamos a ser honestos, aquí lo que ven ustedes aquí se sembraba amapola antes”, se sincera Víctor Espino Cortés sobre la huerta familiar Los Fresnitos. “Nosotros sembramos un tiempo y de ahí poco a poquito fuimos avanzando (en la siembra de aguacate), trabajando y trabajando, pero no robándole a nadie, solo trabajo, trabajo y más trabajo”.
La amapola ha tenido desde hace muchos años altas y bajas, desde que recuerda Espino Cortés van tres veces que el precio de la goma de opio ha caído completamente, “que nadie la quiere ni regalada”.
“Yo tenía familiares que en el ochenta y tantos se hicieron de mucho dinero. Unos lo aprovecharon y están muy ricos en otros estados, incluso, pero hay otros que no supieron aprovechar y están más pelados (pobres) que en un palo de guayaba. Entonces viendo, aprendiendo de la historia, cómo se van dando las cosas, cuando tuvo el auge de la amapola la última vez, empezamos a sembrar aguacates”.
El fentanilo le ganó la batalla a la goma de opio. Antes un kilo de la resina que se extrae al rayar la cabeza de la amapola se pagaba a los campesinos entre 30 a 40 mil pesos, el precio más bajo tras el auge del fentanilo fue de 6 mil pesos.
De la goma de opio se extraen productos como la morfina, la heroína y la codeína.
“Si el gobierno quisiera realmente que se acabara eso de la amapola, que la gente no regrese a eso, debe apoyar el aguacate o los frutales, porque también hay más frutas como la manzana, pera o durazno”, dice Espino Cortéz.
“Nosotros no queremos despensas”, dice.
Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Lo que piden es que el gobierno los apoye en la tecnificación de las huertas, para aumentar la producción y se consolide el aguacate como una alternativa en los lugares donde antes se sembraba amapola.
Necesitan además la pavimentación de los caminos, casi todos de terracería, angostos, porque se abrieron principalmente en tiempos de extracción maderera y de contrainsurgencia por el Estado mexicano en la Sierra de Guerrero, y así se quedaron.
Otra necesidad de los productores de la zona es la comercialización, porque exportar a Estados Unidos es casi imposible, aunque lo ideal sería establecerse en el mercado estatal.
“Es una de las mejores soluciones que puede haber”, plantea Espino Cortéz: “Esto da muy buen dinerito, da para uno y para dar empleo”.
Cuando termina la cosecha de mango en la Costa Grande, muchas personas buscan cosechar el aguacate, sólo la familia Espino Cortéz emplea a 150 trabajadores.
La seguridad también urge, aunque a pesar de la violencia han podido continuar con la producción de aguacate.
Los cultivos de coca
En febrero de 2021, en el ejido de Río Santiago, en la parte media de la sierra de Atoyac fueron localizados los primeros plantíos de hoja de coca. El Ejército destruyó los cultivos y el laboratorio de químicos para su procesamiento. Las autoridades informaron que se encontraban en una etapa experimental. Ese año fueron destruidos siete plantíos de hoja de coca.
Un año después, en 2022 se contabilizaron 73 plantíos destruídos por los militares en Atoyac.
En 2023, hasta julio el Ejército ya contabilizaba 93 plantíos destruidos en Atoyac, lo que evidencia que el experimento cumplió su papel, y que los campesinos lograron adecuar la planta a la zona.
Para Víctor Espino, la plantación de hoja de coca no se siembra solo en Atoyac, su plantación ya resuena en toda la Sierra de Guerrero, y si el gobierno reconoce solo en este municipio es porque no le conviene. Pero los campesinos, abandonados por el Estado mexicano, respaldados con programas asistencialistas como Sembrando Vida que no igualan la bonanza que dejaba en las familias la producción de amapola, van encontrando en la plantación de hoja de coca una alternativa, aunque nuevamente ilegal.
Que el cultivo de hoja coca y la combinación química para producir pasta de coca no pulule en toda la Sierra depende no de su destrucción, sino de que las alternativas económicas y de desarrollo que ofrezca el gobierno mexicano sean eficaces, inmediatas, donde se tome en cuenta realmente a los campesinos y se garantice la seguridad de la zona.
“Al presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo hemos invitado para esta zona muchas veces. Él dice que primero los pobres, pero me imagino que hay de pobre a pobres, porque a nosotros no se nos arrima”, reprocha Espino Cortéz.
La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero denunció que el programa de fertilizante gratuito del gobierno federal no ha tenido el impacto esperado en la producción del maíz.
Aunque reconocieron que para este 2023 hubo incremento en el presupuesto, beneficiarios, cantidad y superficie atendida, aún falta otras cuestiones para que sea un programa integral y se cumpla la expectativa de duplicar la producción.
«Su objetivo de incrementar la producción de los cultivos prioritarios no se cumple plenamente debido a que solo se subsidia el fertilizante químico: No incluye estudios de suelos, semillas mejoradas ni acompañamiento técnico», mencionó, Gloria Rosario Gutiérrez Ordoñez, integrante de la Coordinadora.
En conferencia de prensa que ofrecieron este jueves en un edificio del centro de Chilpancingo, las autoridades ejidades y comunales mencionaron que en el programa de Fertilizante para el Bienestar «todavía persiste la corrupción, la opacidad, burocratismo y ausencia de participación social.
Esto lo mencionaron porque, de acuerdo con los datos que la Coordinadora proporciono, de 359,000 beneficiarios a nivel estatal, 30,000 no cultivan y otros 40,000 que si lo hacen no reciben el bioquímico.
«Transitar hacía el uso racional del fertilizante, incorporar estudios de uso de suelo, insumos, agroecológicos, acompañamiento técnico y contraloría campesina», son algunas de las propuestas de la Coordinadora para mejorar el programa de Fertilizante para el Bienestar.
En el encuentro con los medios de comunicación, la organización dio a conocer un posicionamiento derivado de la apertura del programa el martes pasado que puso en marcha el Secretario de Agricutlura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Manuel Villalobos Arámbula y la gobernadora Evelyn Salgado PIneda en la explanada del Palacio de Gobierno.
Dijeron que algunas de las mayores problemáticas es un listado deficiente “que no tiene pies ni cabeza”, el burocratismo de funcionarios “que no se comprometen con la cuarta transformación y deficiencias administrativas.
Además, la Coordinadora pidió una audiencia con Villalobos Arámbula, para darle a conocer los problemas que persisten en Guerrero.
Una de las peticiones que hace la Coordinadora de Comisarios es la emitir una nueva convocatoria que permita depurar el padrón de beneficiarios y el ingreso de otros productores que fueron excluidos.
También solicitan que se establezca un sistema de venta de fertilizante a precio de gobierno «para que quienes siembran más de dos hectáreas».
Por último piden se instale una Comisión Mixta de seguimiento operativo del programa de fertilizante, en el que la Sader, Segalmex, Bienestar, Ayuntamientos y la Coordinadora monitoreen el reparto y los resultados.
Antes de la conferencia de prensa los representantes de la agrupación presentaron el libro: El Fertilizante en tiempos de la 4T, de Carlos García Jiménez, integrante de la organización.
Los productores cerraron las instalaciones donde se quedaron el titular de esta dependencia, Jorge Peto Calderón; la directora de Programas Sociales, Emperatriz Basilio; el subsecretario de Ganadería, Salvador Mojica Morga, y trabajadores administrativos.
Texto: Jesús guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Campesinos de varias organizaciones tomaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) para exigir transparencia en el uso de 253 millones de pesos para cuatro programas al campo.
Los productores cerraron las instalaciones donde se quedaron el titular de esta dependencia, Jorge Peto Calderón; así como la directora de Programas Sociales, Emperatriz Basilio; el subsecretario de Ganadería, Salvador Mojica Morga, y trabajadores administrativos.
La inconformidad de las organizaciones campesinas es porque el titular de la Sagadegro pretende destinar 253 millones de pesos para programas que algunos de ellos fueron proyectados de manera ilegal porque no hubo una licitación como lo establece la ley.
Calificaron de ilegal la convocatoria que el pasado viernes 23 de junio publicó la Sagadegro para que los campesinos entregaran su solicitud para acceder a uno de los cuatro programas sociales en este 2022.
Marco Antonio Reyes Campos, líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dijo que esta convocatoria de la Sagadegro es improcedente porque no fue aprobada en el seno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
Este consejo la integran las organizaciones campesinas y el titular de la Sagadegro, pero las decisiones deben ser colectivas, expuso el dirigente de la UNTA.
Reyes Campos comentó que por las irregularidades de esta convocatoria pueden interponer un amparo ante la justicia federal para echarla abajo.
«Nos dieron el clásico sabadazo porque la convocatoria la publicaron el viernes 23 de junio en la noche para que no nos diéramos cuenta y, además, a todos los beneficiarios de los programas se les dan dos días para que se inscriban en una sola ventanilla que se abrió en Chilpancingo», dijo Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Romero Sotelo no descartó que Peto Calderón ya tenga una lista de beneficiaros morenistas para que se inscriban.
Durante varias horas, el grupo de unos 200 manifestantes impidieron que campesinos provenientes de otras partes del estado ingresaran a las oficinas de la secretaría para entregar una solicitud de crédito de algún programa social, como lo establece la convocatoria. El cierre de inscripción a estos programas del campo concluía mañana miércoles.
Peto Calderón aceptó que una comisión encabezada por Marco Antonio Reyes, Pilar Campos Tapia, dirigentes de la UNTA; Evencio Romero, de la Liga Agraria y Sindicatos Campesinos; Maclovio Avilés, de la Central Campesina Independiente (CCI) y Gerardo León Hurtado, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Roja (CIOAC), para dialogar con ellos.
Después de una ríspida reunión con el funcionario estatal firmaron una minuta de acuerdos con una serie de puntos, entre ellos es que ampliarán el plazo de inscripción de los campesinos para que se beneficien con los créditos de los programas del campo.
La convocatoria publicada por la Sagadegro el pasado viernes 23 de junio establecía que la inscripción de solicitudes para este beneficio cerraba este miércoles.
Marco Antonio Reyes, dirigente de la UNTA, afirmó que el plazo se prolonga hasta el próximo 10 de julio y habrá ventanillas en las siete regiones del estado, no sólo en Chilpancingo como decía la convocatoria.
Además Peto Calderón se comprometió a publicar en el portal electrónico de la Secretaría los montos de los recursos que se van a otorgar a los campesinos que sean beneficiados con los programas.
Después de que se firmó la minuta, los campesinos liberaron a los funcionarios y a los trabajadores administrativos.
Las organizaciones campesinas anunciaron protestas a partir de este martes 28 de junio y se constituyeron bajo el nombre de Fuerza Guerrerense.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
27 de junio de 2022
Chilpancingo
Dirigentes de 20 organizaciones anunciaron movilizaciones para denunciar la posible desviación de recursos públicos destinados para el campo con fines político electoral por parte del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Jorge Peto Calderón.
En rueda de prensa, los líderes de las agrupaciones de productores dijeron que la Sagadegro pretende destinar 253 millones de pesos para programas que algunos de ellos fueron proyectados de manera ilegal porque no hubo de por medio una licitación como lo establece la ley.
Calificaron de ilegal la convocatoria que el pasado viernes 23 de junio publicó la Sagadegro para que los campesinos entreguen su solicitud y accedan a uno de los cuatro programas sociales para este 2022.
Marco Antonio Reyes Campos, líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dijo que esta convocatoria de la Sagadegro es improcedente porque no fue aprobada en el seno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
En este consejo donde se toman las decisiones lo integran las organizaciones campesinas y el titular de la Sagadegro, entonces las determinaciones no son responsabilidad sólo de una persona, expuso el dirigente de la UNTA.
Reyes Campos comentó que por las irregularidades de esta convocatoria pueden interponer un amparo ante la justicia federal para echarla abajo.
«Nos dieron el clásico sabadazo porque la convocatoria la publicaron el viernes 23 de junio en la noche para que no nos diéramos cuenta y además a todos los beneficiarios de los programas se les dan dos días para que se inscriban en una sola ventanilla que se abrió en Chilpancingo», comentó Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Tampoco descartó que Peto Calderón ya tenga una lista de beneficiaros morenistas para que se inscriban.
Ventura Reyes Urióstegui, presidente del Consejo Estatal del Maíz, dijo que esta convocatoria para acceder a los programas del campo es «amañada» y abierta a «la corrupción».
«Por ejemplo en uno de los programas se establece un apoyo de 60,000 pesos para la compra de un tractor y eso es una burla para los productores porque este vehículo cuesta 700,000 pesos», comentó.
«¿Qué vamos hacer las organizaciones?, pues, debemos de protestar porque no podemos estar de acuerdo y avalar que de esta manera se aplique el recurso público de manera fraudulenta», planteó Reyes Ventura.
Gerardo León Hurtado, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Roja, agregó que el titular de la Sagadegro entiende la problemática del campo desde la academia y ahora detrás de un escritorio.
«Estamos peor que con (Héctor) Astudillo y reconozco que yo voté por el actual gobierno de Morena», expresó León Hurtado.
Aseguró que en la actual administración que encabeza Evelyn Salgado Pineda hay nueve secretarios y subsecretarios de su gabinete que pertenecen al grupo político del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Las 20 organizaciones campesinas que anunciaron protestas a partir de este martes 28 de junio se constituyeron bajo el nombre de Fuerza Guerrerense.
Con información aportada por la Auditoría Superior, la FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, operación fraudulenta que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) y cuyo expediente ya se presentó ante un juez.
En su declaración ministerial, Ovalle —quien fue removido de Segalmex pero obtuvo un nuevo cargo en la Segob— incurrió en varias contradicciones, por ejemplo, que no recordaba haber visto el documento que lleva su firma, o que no podía corroborar la autenticidad del trazo porque este se veía borroso; incluso, admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos.
“Después de que se me puso a la vista copia simple del documento titulado ‘Papel certificado fiduciario de Segalmex’, del 6 de febrero de 2020, en el cual se observa en la parte final (…) la autorización para la compra de papel certificado bursátil fiduciario, con cupón de seis meses, a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual de 11%, así como de las inversiones a corto y mediano plazo, en las que la empresa obtenga rendimientos favorables; y posterior a ello, se observa la firma de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como solicitante, y mi supuesta firma de autorización, en mi carácter de director general de Segalmex. Al respecto, deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento(en) el cual aparece mi supuesta firma”, dijo Ovalle en su declaración, que rindió ante el Ministerio Público el pasado 1 de abril y a la que este medio tuvo acceso.
Pocos días después de su declaración, el 19 de abril, Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex sin mayor explicación y fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación.
Durante la entrevista con los fiscales de la FGR, el funcionario dijo que no podía reconocer la autenticidad de su firma porque no le estaban presentando el oficio original, sino una copia.
“De la firma que aparece en el documento, y que se me atribuye, no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla, debido a que el documento que se me pone a la vista es una copia simple, que no se encuentra legible y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”, refirió.
Pero después dijo que, suponiendo que sí hubiera firmado el oficio, pudo no haberse dado cuenta de la relevancia de su contenido, porque, en su cargo de director de Segalmex, solía signar numerosos documentos a diario y no revisaba todos, pues, justificó, para eso estaban los directores generales.
“Ahora bien, en caso de que dicho documento, si lo hubiera firmado, éste pudo haber sido introducido entre un conglomerado de documentos que firmo a diario, y que por su volumen no me es posible leer a detalle cada uno de ellos, pues para eso se establecen las direcciones generales a las que les corresponde la revisión exhaustiva de los temas especializados, y de los cuales me dan cuenta mediante acuerdo. Por lo que, reitero, no recuerdo que se me haya informado del tema, y mucho menos que lo haya autorizado en esas condiciones, debido al riesgo que implica la inversión bursátil”, aseguró.
Ovalle –que en el gobierno de Carlos Salinas fue director de Conasupo, el antecedente de Segalmex– reconoció que la ruta legal para autorizar las inversiones bursátiles era someter la propuesta a consideración del Consejo de Administración, máximo órgano de dirección de la empresa paraestatal, y no la firma del oficio que finalmente suscribió.
“Tampoco recuerdo haber tenido un acuerdo sobre ese tema (de las inversiones) con René Gavira Segreste, ya que, por la trascendencia del monto que sería motivo de inversión, lo hubiera llevado como acuerdo ante el Consejo de Administración de Segalmex; esto, debido a que todos los asuntos relevantes de la dependencia que represento, los presento ante el Consejo para su aprobación”, comentó.
Este medio envió un correo electrónico a la dirección de comunicación social del Inafed para preguntar si su titular quería emitir un posicionamiento o comentario, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Procesan solo a subalterno
Con información aportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
La acusación no solo señala que dichas inversiones fueron ilícitas, sino que, además, se denunció el “extravío” de 10.6 millones de pesos en rendimientos que no fueron depositados a las cuentas institucionales.
Del total del monto invertido, 850 millones de pesos fueron tomados del presupuesto de Liconsa, y los restantes 100 millones del de Segalmex, ambas instituciones dirigidas por Ovalle.
A pesar de que existe el oficio de autorización de inversiones suscrito por Ovalle, solo el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira –quien ejecutó la instrucción– fue vinculado a proceso el pasado 6 de abril por el delito de uso indebido de facultades.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento de autorización firmado por Ovalle y que fue obtenido por Animal Político mediante solicitudes de transparencia.
Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas vía transparencia.
La estrategia antidrogas del gobierno federal la lidera la Sedena, y la apuesta sigue siendo por los decomisos y quema de cultivos
Texto: Samedi Aguirre / Animal Político
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de abril de 2022
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de ponerle fin a la ‘guerra contra las drogas’ y adoptar una nueva estrategia de prevención y tratamiento de adicciones.
“El modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación”, dice el Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio publicado en 2019.
La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, dice el mismo plan, “reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas”.
Pero en la práctica, a tres años de distancia, la estrategia antidrogas del gobierno federal la lidera la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la apuesta sigue siendo por los decomisos y quema de cultivos; hay un discurso estigmatizante que criminaliza a los consumidores, fundado en la desinformación y el miedo, y la regularización de algunas drogas, como la mariguana, sigue sin ser una realidad.
A decir de los expertos consultados por Animal Político, la erradicación de cultivos declarados ilícitos no es una política efectiva para reducir la oferta de drogas, ni tampoco se trata de un cambio de paradigma, como prometió el presidente.
«partir de su primera ingesta, el promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas, como #fentanilo y #metanfetaminas, oscila entre 17 y 18 años.
En esta administración se han asegurado más de 76 mil 452 mdp en este tipo de estupefacientes a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/xtPRlESCwy «.
Apenas la semana pasada, el presidente pidió al secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, que informara sobre “lo sé está haciendo en el combate a las drogas”.
Así lo hizo, y en su presentación incluyó cifras de aseguramientos de laboratorios, plantíos y drogas. Pero también algunos ”efectos” de las drogas sintéticas que ilustró con imágenes de una campaña estadounidense que, dicho sea de paso, no resultó efectiva según reveló una investigación.
Dicho estudio fue realizado por Marcos Anderson del Departamento de Economía en la Universidad de Washington, para determinar si el Proyecto Montana Meth (MMP) redujo el uso de metanfetamina entre los jóvenes; los investigadores encontraron que no tuvo un impacto perceptible, pues el consumo de metanfetamina entre los jóvenes de Montana y de todo el país tenía una tendencia a la baja mucho antes de la adopción de la campaña.
Pero además, celebrar los supuestos logros de la erradicación —como hizo el secretario de la defensa el pasado jueves— es una política inefectiva, según explica Frida Ibarra, directora de incidencia en México Unido Contra la Delincuencia.
“Esta política que se ha mantenido de control de la oferta a través de erradicación de cultivos es inefectiva dado que no es sostenible a lo largo de los años”, señala.
De acuerdo con la investigadora, las consecuencias de mantener esta política — que según el Plan Nacional se iba a abandonar— es que afecta a las comunidades que cultivan productos como el cannabis en México.
Además, este modelo hace que “el Estado aparezca con militares, que son los que se encargan de la radicación, pero no para otorgar servicios de salud o servicios que necesitan en esas comunidades, que son casi siempre en zonas muy marginadas y de difícil acceso en el país”, refiere.
Said Slim, cofundador de la organización civil Verter y secretario general de Red Mexicana de Reducción de Daños coincide, y señala que la estrategia actual se ha mantenido por 30 o 40 años.
Slim señala que en otros países ya no hacen esto de erradicar los cultivos, sino que se regulan, lo que ha mostrado mejores resultados, sobre todo para evitar la incidencia del consumo de drogas entre adolescentes.
Por ejemplo, un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas señala que “las drogas actualmente prohibidas deben ser reguladas”. Pues esto conlleva ventajas como desempoderar al crimen organizado.
“El proceso de regulación legal debe ser cauteloso, gradual e informado en evidencia, guiado en todo momento por los principios de protección y promoción de los derechos humanos, la salud pública, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad”, señala.
Al inicio del sexenio, parecía que el gobierno federal era consciente de ello, pues en el mismo plan de desarrollo se menciona que “en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo”.
Pero a decir de Slim solamente se continúa con algunas estrategias de gobiernos anteriores, como la del expresidente Calderón que inició la llamada “guerra contra las drogas” con el apoyo del Ejército. Pese a las críticas, ahora López Obrador hace lo mismo pero con la Guardia Nacional.
No hay modelo regulador
Said Slim explica que un modelo de regulación justo busca legalizar todo el tema de drogas desde la producción, la distribución y el consumo de una manera ordenada y controlada, para beneficiar al consumidor.
“Permite que las personas que consumen no tengan riesgos a la salud en todos los sentidos, al consumir una sustancia que tiene visibilidad en todo su proceso de producción”.
En cambio, señala que “la persona que consume en un sistema no regulado tiene riesgos a la salud, puede sufrir problemas derivados por el consumo”. Pues no se conoce la seguridad y la calidad de la sustancia que se ingiere.
Pero pese a que López Obrador dijo en su Plan de gobierno que se regularían las drogas, hasta el momento es algo que no se ha concretado.
Otro punto es que a principios de año la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) indicó que no tenía previsto realizar este año la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat), por motivos presupuestales, aunque en la conferencia del 31 de marzo, al hablar sobre el tema de drogas, el presidente dijo que “todavía estamos esperando los resultados de una encuesta”, sin dar más detalles.
Se criminaliza y estigmatiza
“Lo único que tiene es una campaña de comunicación estigmatizante, desinformada, en la cual criminaliza y estigmatiza a las personas que consumen drogas”, dice Slim.
La campaña de comunicación “Juntos por la Paz”, menciona, está encaminada a crear miedo entre las personas se consumen y crea una escena de estigmatización, al compararlas, por ejemplo, con el ejercito nazi.
En cambio, Slim dice que las campañas útiles deberían de contener mensajes enfocados en temas como la reducción de riesgos.
Para Ibarra, “lo que hace la Sedena es presentar información engañosa y estigmatizante”. Por ejemplo, el secretario presentó una serie de efectos de consumo pero no especificó que son consecuencias de un consumo frecuente, ni que hay distintos tipos de consumo.
Otro de los errores que la especialista percibió de la presentación es que se presenta en la misma categoría a la heroína y la morfina, con la cocaína.
“Son drogas completamente distintas y el titular de la Sedena no tiene por qué saber esto, pero entonces con mayor razón no tiene por qué presentarlo porque solo está difundiendo el miedo”, recalcó Ibarra, quien también se cuestionó qué papel juegan la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
La investigadora también menciona que otro aspecto preocupante es que durante la conferencia de prensa que se transmite a nivel nacional y por diversos canales digitales, se emplearon fotografías de personas aparentemente demacradas por el consumo de drogas, las cuales forman parte de una campaña que aunque se consideró exitosa, en realidad resultó inefectiva, según un análisis complementario.
De forma específica sobre los spots que se transmiten en radio y televisión como parte de la campaña “En el mundo de las drogas no hay final feliz”, que conforma la segunda etapa de “Juntos por la Paz”, Ibarra recalca que no hay que olvidar que las personas consumidoras de drogas “son personas con derechos y no como se representan en esas campañas”.
Al final, concluye, lo que esto genera “es que la gente que consume sustancias no quiera acudir a los servicios de salud o hablar sobre su consumo, o preguntar cómo puede reducir los riesgos porque todo se ve como muy malo y que incluso son delincuentes”.
Desde noviembre de 2019, cuando el gobierno relanzó su estrategia contra las adicciones, especialistas señalaron contradicciones y vacíos, al no asignar suficiente presupuesto, no atender el déficit de personal especializado, e insistir desde entonces en el discurso estigmatizante
Sus seis hijas también saben labrar y sembrar la tierra, ella misma les enseñó. Para ella y su familia estar en el campo se trata de algo íntimo y emocional
Texto y fotografía: Beatriz García
Ilustración: Saúl Estrada
10 de marzo del 2021
Zitlala
La profesora Felícitas Alejo Teyuco creció sembrando y respetando la tierra que la vio nacer, Ayotzinapa, un pueblo de Zitlala. Ahora tiene 56 años y el oficio se lo transmitió a sus seis hijas.
Desde que ella tenía cinco años, sus padres, Albina Teyuco Cabrera y Plácido Alejo Pérez, comenzaron a llevarla al campo para que aprendiera la agricultura, pero, principalmente, a que conociera la misticidad y el respeto a la tierra. En esto estriba la cosmovisión de este pueblo nahua.
Felícitas permitió conocer la intimidad de su casa, a su familia y los lazos que unen a todos con el campo.
Sus ojos se abrillantan cuando narra sus recuerdos de pequeña a lado de sus padres y sus seis hermanos y cuatro hermanas.
Plácido, su padre, ya murió, pero con él recuerda la temporada de secas, cuando fabricaba mezcal y la llevaba a cortar maguey. Trabajaba por año de dos a tres semanas recolectándolos.
Conforme Felícitas creció, sus padres le permitieron estudiar; pero fue hasta los 11 años, porque en su pueblo no había maestros. A esa edad conoció a unos profesores que llegaron a Ayotzinapa a enseñarles a leer y escribir a los niños. Luego se fundó la escuela. Fue la única de sus hermanos que estudió hasta convertirse en profesora de preescolar.
Las cosas pasaron así: después de culminar la primaria logró irse a Chilapa para continuar estudiando. Empezó la secundaria; trabajaba y vivía en la casa de una de sus profesoras. Pero aun así cuando no tenía clases, los fines de semana y vacaciones, regresaba su pueblo a labrar y sembrar la tierra.
Siempre cultivó maíz, frijol, garbanzo, calabaza y cilantro. También se encargaba de limpiar el terreno de la maleza, barbechar, cortar hoja de milpa, pelar y desgranar la mazorca, y guardar el maíz.
En el caso de doña Felícitas, su padre nunca consideró que trabajar en el campo era labor de hombres, como históricamente se ha documentado. Para él este trabajo lo podían hacer las mujeres, mientras ellos cortaban leña, acarreaban piedras y construían sus casas.
Todavía recuerda cuando junto a su hermano mayor se levantaba a las cuatro de la mañana para viajar dos horas al lugar de la siembra, para ir por hoja de milpa. Tenían que regresar antes de entrar a la escuela.
Sus labores de pequeña fueron sembrar, ir al molino, hacer tortillas, acarrear agua y estudiar.
Felícitas, después de terminar la secundaria, hizo un examen para adquirir una plaza con clave baja para dar clases. Pero continuó estudiando, hizo preparatoria y se inscribió en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); ahí se graduó como profesora de preescolar.
La nueva familia de Felícitas
A los 23 años, la profesora se casó y se fue a vivir a la cabecera municipal de Zitlala y dejo de sembrar. Hasta el nacimiento de su cuarta hija volvió a cultivar la tierra junto a su esposo.
La actividad del campo hasta sus 56 años la sigue combinando con su profesión; la desempeña en la localidad de Atzacoaloya, Chilapa, ubicada a una hora de distancia de Zitlala. Cuando no había pandemia por la Covid-19 viajaba diario.
Ella y su familia siembran cerca de la localidad Las Trancas, también del municipio de Zitlala.
–¿Qué la hizo regresar a sembrar la tierra?, –se le pregunta.
–De cualquier manera ahí nos apoyamos con recursos económicos, sembrando y al cosechar sacamos para apoyar nuestra economía.
Sembrar la tierra también hizo posible que sus seis hijas estudiaran. Cinco son profesionistas y una estudia preparatoria.
De lo que cosecha Felícitas y su familia, una tercera parte es para autoconsumo y el resto lo venden.
El arte de sembrar
Sembrar es todo un proceso. La familia de Felícitas primero siembra el maíz y el frijol, y después de cosecharlos siembran garbanzo, cilantro y flor de cempasúchil.
–¿Usted conoce todo el proceso para sembrar?
–Desde la semilla, seleccionando la semilla.
Explicó que la semilla del maíz que se cosecha y que será usada para sembrarla en el siguiente temporal, primero se le quita la punta y la parte de abajo, segundo, cuando desgranan el maíz, guardan el olote, es decir, la espiga desgranada de la mazorca, para que a la próxima siembra “no lo tumbe el viento”. Desde su cosmovisión así evitan que el aire rompa sus elotes tiernos.
La sembradora cosecha con su familia cuatro clases de maíz: de colores, híbrido, pozolero y menudo.
En el caso de la calabaza que será usada para la siembra del siguiente temporal, la semilla se extrae del fruto y se tiende bajo el sol para secarla, pero antes de que se oculte debe guardarse, porque las estrellas y la luna no deben de ver las semillas. De lo contrario la cosecha no resultar.
Otras creencias de Felícitas es que quienes deben sembrar la semilla de calabaza son las mujeres u hombres que cuando nacieron tenían enredado su cordón umbilical en el cuello, también quienes no gatearon. Esto garantiza que las guías de calabazas den buenos frutos.
La herencia de la siembra a sus seis hijas
Todas las enseñanzas de Felícitas son herencia de sus padres. Y conforme crecieron sus seis hijas conocieron los saberes de sus abuelos para sembrar, cuidar y respetar la tierra.
Ahora cuatro de sus hijas son independientes, dos más siguen estudiando, una la carrera de la medicina y otra la preparatoria.
–¿Cómo era una jornada en el campo al lado de sus seis hijas?
–No metíamos peones, solamente íbamos en las mañanitas o en las tardes, porque estaba fuerte el sol. Sólo cuando era trabajo pesado sí alquilábamos peones.
–¿Alguna vez hubo conflictos con su esposo?
–No. Al contrario, él se siente orgulloso de las mujeres, porque ellas pueden, hasta en ocasiones ellas fumigan (la siembra).
Sus hijas aprendieron a sembrar, abonar la tierra y cosechar. Enseñanzas que también está transmitiendo a sus nietos.
–¿Alguna vez pensó que hacía más trabajo que su esposo? Usted además de cultivar la tierra se hace cargo de la casa.
–Como tenemos muchas actividades. Tenemos los marranos, él se encarga de ellos, de los pollos.
Para Felícitas, su esposo y sus hijas estar en el campo en realidad no es trabajo, se trata de algo más íntimo y emocional, es convivir con la tierra.
El día que Felícitas deje de sembrar será cuando hereden las tierras a sus hijas. La condición cuando eso ocurra es que esas tierras deben sembrarse y cosecharse.
Contenido patrocinado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
Su historia es la representación de muchas mujeres de Tixtla involucradas en el proceso agrícola, las que traspasan las fronteras del cultivo
Texto: Margena de la O
Fotografía: José Luis de la Cruz
Ilustración: Saúl Estrada
9 de marzo del 2021
Tixtla
Enriqueta Arcos García acaba de regar los surcos de su terreno donde brotan plantas de diferentes tamaños. Es domingo 21 de febrero a mediodía. La tierra de labor, ubicada en la zona de parcelas del barrio de El Santuario, todavía se ve húmeda y sus pies siguen cenizos después de intentar quitarse el lodo.
Esas matas de diferentes tamaños, porque algunas apenas se asoman de la tierra, son de huauzontle, epazote, hierbabuena, cebolla, cilantro, rábano, col, calabazas, tomate y hasta tapayola, como conocen a la flor cempasúchil en la región.
Durante el camino a las parcelas de El Santuario, la vista conecta a un gama de distintos verdes. De un lado están los surcos de tiernas milpas y del otro, casi a ras de suelo, las hojas de distintas hortalizas.
Una mujer joven que asomó la cabeza de un alambrado que delimita una de las milpas, la cual limpiaba, fue quien me sugirió seguir por el camino donde corría el aire fresco y olía a tierra mojada para hallar el terreno de Enriqueta. La participación de las mujeres en la producción de Tixtla se notó pronto.
En el sembradío de Enriqueta sobresalía el tono oxidado de algunas plantas, era huauzontle maduro. Ella misma explica que lo dejó madurar para ocupar sus flores con apariencia de bolitas como semilla. Espera cosechar más de esas herbáceas en los próximos días; se acerca la Semana Santa. El huauzontle es base de uno de los mejores platillos en cuaresma.
Cuando Enriqueta sabe que pedí referencias sobre su terreno a una mujer que limpiaba su milpa, pronto dice que a ella no le gusta sembrar maíz. Su determinación no tiene que ver con que en Tixtla se produzcan más hortalizas y flores.
Cuando sus cuatro hijos estaban pequeños, también sembró maíz para darles de comer, pero cosecharlo es pesado: “es mucha joda despegarlo, sacarlo, empacarlo”.
Cree que ya no tiene la fuerza de antes. “Ya estoy más viejita. El elote– lo que más se vende en Tixtla –es pesado, hay que cargarlo y aquí hay que cortarlo temprano; si lo corto (en la tarde) a otro día no lo vendo, porque se pone simple, y tiene que ser recién cortado”. Pero en realidad su falta de fuerza es sólo su percepción: se levanta máximo a las cinco de la mañana para vender su cosecha en el mercado, durante el día da dos vueltas a sus parcelas, y se encarga de las actividades domésticas en su casa.
De sus 58 años, 28 años los ha dedicado a la producción agrícola. Comenzó junto a su esposo, Joel Tlalmanalco López, después de que se regresaron de la Ciudad de México, donde vivieron un tiempo.
Lo que sabe Enriqueta de la siembra se lo debe a su suegra, Gonzala López Jiménez. En El Paraíso, el pueblo de Chilapa de donde es originaria, sus padres sembraban maíz, pero poco se involucró, además “allá sólo siembran en temporadas de lluvias”.
Acá, en Tixtla, cultiva todo el año, en lluvias o en secas, y cuando no son hortalizas son flores. Ese domingo, junto a su esposo, regó media hectárea de las tres cuartas partes de hectárea que rentan para sembrar y cosechar.
Enriqueta tiene presente las recomendaciones de su suegra: en la siembra del rábano, que nace y crece escondido en la tierra, la hoja lo dice todo. “Me decía cómo se veía cuando ya estaba bueno”, cuenta.
En este momento ya sabe qué cortará más tarde para la venta de mañana. El lunes 22 llevará al mercado un poco de rábano, cilantro y calabaza.
Mujeres de Tixtla, más que sembradoras
Aun cuando ya regó las matas, en realidad este domingo es un día ligero para Enriqueta, porque hoy no se levantó de madrugada para ir vender al mercado. Los últimos meses sólo ha vendido cada tercer día.
Las empleadoras, como llaman a las comerciantes intermediarias, le compraron ayer sábado la calabaza, el tomate, la hoja de mole y el cilantro que cortó el viernes por la tarde. Para eso se levantó de madrugada. Una noche antes, se acostó a dormir hasta que manojó todas las ramas y separó los vegetales.
Ese día de venta quizá se encontró con Rosario, Mary o Lucía, sembradoras de otras parcelas y productoras que son vendedoras. Lucía es una de las que más temprano termina, porque a las dos de la mañana ya está con sus rollos de epazote en el mercado, esperando a las empleadoras que entregan en Chilpancingo, la capital, ubicada a unos 30 minutos de distancia.
O quizá se topó con Rosa, Rufina o Romana. O algunas de las sembradoras de flores como Patricia, Moni, Esther, Celia. Enriqueta también vende flores, pero regularmente en temporadas, como en la celebración de los difuntos o Día de las madres. Sólo la tapayola la siembra casi todo el año.
Todas estas mujeres si no se encuentran en el campo se ven en el mercado. Algunas de ellas, algunas veces, se quedan a vender de manera directa sus productos a clientes habituales del mercado, para eso les compran o intercambian a otras sembradoras parte de sus cosechas.
Enriqueta algo tiene claro: “todas participamos”. Se refiere a las multifunciones ligadas al campo: sembrar, cosechar o cortar, manojar, vender, preparar alimentos o encargarse de otras funciones del hogar, que aun cuando se considere fuera del proceso agrícola, son determinantes para que ocurra.
–Pero, ustedes hacen el mismo trabajo (que los varones) o más, –le comento sólo a ella al ver que su esposo se distancia de nosotras.
–Sí. A veces nos peleamos: ‘bueno, ¿y tú cuándo vas a hacerme mi café? Me voy sentar acá, ahora te toca. Si yo también me canso, si no estamos bailando’, –cuenta que le dice a su esposo.
Poco antes dije en voz alta que, entonces, las mujeres hacían más trabajo, y él apresurado contestó: “Pues, todos”. Aunque, después, sin que nadie le preguntara, comentó que el trabajo de las mujeres en el campo es el más importante.
Enriqueta dice que por fortuna sus dos hijos que aún viven en casa, Juan Carlos y Juan Armando, son diferentes, porque colaboran en el campo (aunque no les guste) y con el aseo en el hogar.
No cabe la duda de la contribución de Enriqueta en el campo.
–¿Cómo es un día normal para usted?, –se le pregunta.
–Me levanto voy al mercado, regreso, almorzamos, medio preparo la comida, la dejo y me vengo (al terreno). De acá ya me regreso como a las tres. Antes todavía hacíamos tortillas y que el nixtamal, ahora nada más compro mis tortillas porque no me da tiempo. Hago mi comida, comemos y nos volvemos a regresar (al sembradío) como a las cinco.
Enriqueta vuelve a casa alrededor de las siete de la tarde y todavía tiene pendiente preparar los productos de la cosecha para la venta.
La pregunta que se contesta sola es: ¿qué tan importante es el papel de las mujeres de Tixtla en la producción agrícola?
Los saberes de Enriqueta en la siembra
La mujer sabe que en tiempos de lluvia la cebolla no se da. “Se va derecha, no echa bola”. Ella y su esposo no la siembran de julio a octubre, lo que dura el temporal.
Hasta en enero comienzan a tirar la semilla para el pachole. Aun cuando usan algunas semillas híbridas, la siembra es manual. El pachole es la pequeña planta– mide unos 10 centímetros –que sale de la semilla al mes de que fue plantada. Las “plantas bebés”, como las llaman sus nietas cada vez que van a jugar a las parcelas.
Después esa pequeña planta es trasplantada en surcos más amplios, cuidando la distancia entre una y otra, y al mes y medio o a los dos meses se cosecha su fruto, de acuerdo con la explicación de la sembradora.
Además de la cebolla así crece la col, la tapayola, la lechuga, el tomate, la hierbabuena. El rábano, el cilantro, el huauzontle, el epazote, la calabaza, el ejote, el papaloquelite va directo al suelo sin contratiempos.
De todos ellos, Enriqueta tiene cultivos preferidos al momento de cosechar: la cebolla, la lechuga y la col. Son más fácil de desprender del suelo. Aquí fue el momento en que insistió que su fuerza no es la de antes, pero todos los días, desde hace 28 años, hace lo mismo.
Pero es que Enriqueta tuvo una buena maestra. Gonzala, su suegra, quien murió hace unos cinco años. Dejó de ir al campo “hasta que ya no pudo”.
Además de poner cuidado en el lenguaje de las hojas del rábano y del resto de la siembra, le enseñó cual debería ser el grosor de los manojos de las matas (manojar) y las porciones de los vegetales para vender.
También la llevó al mercado a que la viera negociar las ventas con las empleadoras. Hasta que llegó el momento del relevo. “Después me decía: ahora hasta me ganas a vender”, recuerda Enriqueta.
Gonzala parió cinco hijos, uno de ellos es el esposo de Enriqueta, el único que se dedica al campo. En las parcelas de Tixtla, Gonzala dejó legado, y Enriqueta, sin proponérselo, está dedicada a preservarlo.
Contenido patrocinado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
