La estrategia antidrogas del gobierno federal la lidera la Sedena, y la apuesta sigue siendo por los decomisos y quema de cultivos
Texto: Samedi Aguirre / Animal Político
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de abril de 2022
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de ponerle fin a la ‘guerra contra las drogas’ y adoptar una nueva estrategia de prevención y tratamiento de adicciones.
“El modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación”, dice el Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio publicado en 2019.
La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas, dice el mismo plan, “reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas”.
Pero en la práctica, a tres años de distancia, la estrategia antidrogas del gobierno federal la lidera la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la apuesta sigue siendo por los decomisos y quema de cultivos; hay un discurso estigmatizante que criminaliza a los consumidores, fundado en la desinformación y el miedo, y la regularización de algunas drogas, como la mariguana, sigue sin ser una realidad.
A decir de los expertos consultados por Animal Político, la erradicación de cultivos declarados ilícitos no es una política efectiva para reducir la oferta de drogas, ni tampoco se trata de un cambio de paradigma, como prometió el presidente.
«partir de su primera ingesta, el promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas, como #fentanilo y #metanfetaminas, oscila entre 17 y 18 años.
En esta administración se han asegurado más de 76 mil 452 mdp en este tipo de estupefacientes a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/xtPRlESCwy «.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 31, 2022
El paradigma no se rompió
Apenas la semana pasada, el presidente pidió al secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, que informara sobre “lo sé está haciendo en el combate a las drogas”.
Así lo hizo, y en su presentación incluyó cifras de aseguramientos de laboratorios, plantíos y drogas. Pero también algunos ”efectos” de las drogas sintéticas que ilustró con imágenes de una campaña estadounidense que, dicho sea de paso, no resultó efectiva según reveló una investigación.
Dicho estudio fue realizado por Marcos Anderson del Departamento de Economía en la Universidad de Washington, para determinar si el Proyecto Montana Meth (MMP) redujo el uso de metanfetamina entre los jóvenes; los investigadores encontraron que no tuvo un impacto perceptible, pues el consumo de metanfetamina entre los jóvenes de Montana y de todo el país tenía una tendencia a la baja mucho antes de la adopción de la campaña.
Pero además, celebrar los supuestos logros de la erradicación —como hizo el secretario de la defensa el pasado jueves— es una política inefectiva, según explica Frida Ibarra, directora de incidencia en México Unido Contra la Delincuencia.
“Esta política que se ha mantenido de control de la oferta a través de erradicación de cultivos es inefectiva dado que no es sostenible a lo largo de los años”, señala.
De acuerdo con la investigadora, las consecuencias de mantener esta política — que según el Plan Nacional se iba a abandonar— es que afecta a las comunidades que cultivan productos como el cannabis en México.
Además, este modelo hace que “el Estado aparezca con militares, que son los que se encargan de la radicación, pero no para otorgar servicios de salud o servicios que necesitan en esas comunidades, que son casi siempre en zonas muy marginadas y de difícil acceso en el país”, refiere.
Said Slim, cofundador de la organización civil Verter y secretario general de Red Mexicana de Reducción de Daños coincide, y señala que la estrategia actual se ha mantenido por 30 o 40 años.
Slim señala que en otros países ya no hacen esto de erradicar los cultivos, sino que se regulan, lo que ha mostrado mejores resultados, sobre todo para evitar la incidencia del consumo de drogas entre adolescentes.
Por ejemplo, un informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas señala que “las drogas actualmente prohibidas deben ser reguladas”. Pues esto conlleva ventajas como desempoderar al crimen organizado.
“El proceso de regulación legal debe ser cauteloso, gradual e informado en evidencia, guiado en todo momento por los principios de protección y promoción de los derechos humanos, la salud pública, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad”, señala.
Al inicio del sexenio, parecía que el gobierno federal era consciente de ello, pues en el mismo plan de desarrollo se menciona que “en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo”.
Pero a decir de Slim solamente se continúa con algunas estrategias de gobiernos anteriores, como la del expresidente Calderón que inició la llamada “guerra contra las drogas” con el apoyo del Ejército. Pese a las críticas, ahora López Obrador hace lo mismo pero con la Guardia Nacional.
No hay modelo regulador
Said Slim explica que un modelo de regulación justo busca legalizar todo el tema de drogas desde la producción, la distribución y el consumo de una manera ordenada y controlada, para beneficiar al consumidor.
“Permite que las personas que consumen no tengan riesgos a la salud en todos los sentidos, al consumir una sustancia que tiene visibilidad en todo su proceso de producción”.
En cambio, señala que “la persona que consume en un sistema no regulado tiene riesgos a la salud, puede sufrir problemas derivados por el consumo”. Pues no se conoce la seguridad y la calidad de la sustancia que se ingiere.
Pero pese a que López Obrador dijo en su Plan de gobierno que se regularían las drogas, hasta el momento es algo que no se ha concretado.
Otro punto es que a principios de año la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) indicó que no tenía previsto realizar este año la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat), por motivos presupuestales, aunque en la conferencia del 31 de marzo, al hablar sobre el tema de drogas, el presidente dijo que “todavía estamos esperando los resultados de una encuesta”, sin dar más detalles.
Se criminaliza y estigmatiza
“Lo único que tiene es una campaña de comunicación estigmatizante, desinformada, en la cual criminaliza y estigmatiza a las personas que consumen drogas”, dice Slim.
La campaña de comunicación “Juntos por la Paz”, menciona, está encaminada a crear miedo entre las personas se consumen y crea una escena de estigmatización, al compararlas, por ejemplo, con el ejercito nazi.
En cambio, Slim dice que las campañas útiles deberían de contener mensajes enfocados en temas como la reducción de riesgos.
Para Ibarra, “lo que hace la Sedena es presentar información engañosa y estigmatizante”. Por ejemplo, el secretario presentó una serie de efectos de consumo pero no especificó que son consecuencias de un consumo frecuente, ni que hay distintos tipos de consumo.
Otro de los errores que la especialista percibió de la presentación es que se presenta en la misma categoría a la heroína y la morfina, con la cocaína.
“Son drogas completamente distintas y el titular de la Sedena no tiene por qué saber esto, pero entonces con mayor razón no tiene por qué presentarlo porque solo está difundiendo el miedo”, recalcó Ibarra, quien también se cuestionó qué papel juegan la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
La investigadora también menciona que otro aspecto preocupante es que durante la conferencia de prensa que se transmite a nivel nacional y por diversos canales digitales, se emplearon fotografías de personas aparentemente demacradas por el consumo de drogas, las cuales forman parte de una campaña que aunque se consideró exitosa, en realidad resultó inefectiva, según un análisis complementario.
De forma específica sobre los spots que se transmiten en radio y televisión como parte de la campaña “En el mundo de las drogas no hay final feliz”, que conforma la segunda etapa de “Juntos por la Paz”, Ibarra recalca que no hay que olvidar que las personas consumidoras de drogas “son personas con derechos y no como se representan en esas campañas”.
Al final, concluye, lo que esto genera “es que la gente que consume sustancias no quiera acudir a los servicios de salud o hablar sobre su consumo, o preguntar cómo puede reducir los riesgos porque todo se ve como muy malo y que incluso son delincuentes”.
Desde noviembre de 2019, cuando el gobierno relanzó su estrategia contra las adicciones, especialistas señalaron contradicciones y vacíos, al no asignar suficiente presupuesto, no atender el déficit de personal especializado, e insistir desde entonces en el discurso estigmatizante